La acusada se desempeñaba en el área de maternidad del Hospital Roque Sáenz Peña. La fiscalía investiga la posible entrega de recién nacidos a cambio de dinero en otros cinco casos ocurridos entre 1968 y 1980. Además, se ordenó una extracción compulsiva de ADN para determinar si una de las denunciantes, a quien la imputada inscribió como hija propia, es o no su hija biológica y se puso a disposición un canal de comunicación para aportar información y asistir a potenciales víctimas. La fiscal federal Soledad García, a cargo de la Oficina de Criminalidad Económica y Trata de Personas del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, formalizó la investigación penal contra una mujer de 88 años que se desempeñó como partera en un hospital público por los delitos de supresión y alteración del estado civil y de la identidad de una menor de diez años y por falsedad ideológica de instrumento público. La representante del Ministerio Público Fiscal le atribuyó haber confeccionado, cuando se desempeñaba como partera en el Hospital Roque Sáenz Peña, un certificado de nacimiento donde volcó datos falsos sobre los padres biológicos de una beba registrada como nacida en 1970. La pesquisa analiza además denuncias de otras cinco víctimas, una de ellas criada como hija de la propia imputada, identificada por sus iniciales como D.E.V. y conocida con el apodo de “Dolly”, sobre la cual se ordenó la extracción compulsiva de ADN para determinar si existe o no un vínculo biológico. La imputación fue formulada por la fiscal García en una audiencia celebrada el miércoles pasado en los tribunales federales de Rosario ante el juez de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz. En las entrevistas y el acompañamiento a las personas damnificadas intervino el Área de Atención a las Víctimas de la Unidad Fiscal Rosario, a cargo del fiscal Andrés Montefeltro. La imputación La acusada se desempeñaba como partera en el Hospital Roque Sáenz Peña. Durante la audiencia, García señaló que la investigación comprende denuncias sobre otros hechos que habrían ocurrido durante el período en que la imputada trabajó en el área de maternidad del hospital. “De manera sistemática entre 1968 y 1980 separaba bebés de sus madres biológicas y los entregaba por dinero. Hay al menos cinco víctimas, todas denunciaron tener suprimida su identidad”, afirmó la fiscal García. En 1970 la imputada habría confeccionado un certificado de nacimiento en el que consignó datos falsos sobre la filiación de una beba. En particular, se le atribuyó haber certificado que E.A.Q. y A.T.B. —ambos ya fallecidos— eran los padres biológicos de la niña, quien fue inscripta en el Registro Civil como C.E.M.Q. La fiscalía encuadró la conducta en los delitos de supresión y alteración del estado civil y de la identidad de un menor de diez años (artículo 139 del Código Penal) y falsedad ideológica de instrumento público (artículo 293 del mismo código). La fiscal García sostuvo que la conducta investigada “excede una mera irregularidad administrativa” y que la utilización de un documento público para establecer una filiación falsa “produjo consecuencias jurídicas permanentes que hasta el día de hoy se mantienen inalteradas”. “Es un caso gravísimo el que se investiga en esta unidad fiscal, afectó derechos a la identidad y dignidad de esas personas”, evaluó la fiscal. Resoluciones del juez La defensa planteó la prescripción de la acción penal, pero el juez Rodrigues Da Cruz la rechazó y tuvo por formalizada la investigación en relación con los hechos atribuidos, la evidencia reunida, la calificación legal y el grado de intervención asignado a la imputada. El magistrado consideró que se trata de un delito continuado y sostuvo que sus efectos se mantienen mientras no se establezca la identidad de las víctimas. A pedido de la fiscalía, además, autorizó la extracción compulsiva de ADN de la imputada. Al fundamentar la medida, señaló que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoce el derecho de las víctimas a conocer su identidad y consideró que la diligencia no vulnera las garantías de la acusada ni implica una declaración contra sí misma. Como medidas cautelares no privativas de la libertad, el juez dispuso que la imputada se someta al proceso y se presente cada 15 días ante la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal. También ordenó la entrega del pasaporte, la prohibición de salir del país, la prohibición de mantener contacto con las víctimas y la obligación de informar cualquier modificación de domicilio. El origen del caso La denuncia que originó la investigación fue presentada por C.E.M.Q. ante la Unidad Fiscal Rosario el 15 de abril de este año. La mujer relató que durante años tuvo dudas acerca de su origen biológico y en 2012 decidió pedirle a la persona que figura en el acta de nacimiento como su madre que se realizara un examen de ADN. El análisis realizado determinó que no existía vínculo biológico con A.T.B., quien figuraba como su madre en la partida de nacimiento, con una probabilidad de vínculo del 0,0 por ciento. La denunciante detalló que su identidad fue suprimida mediante una maniobra ilícita coordinada por la obstetra “Dolly”, a quien sus padres de crianza le habrían pagado una suma de dinero para acceder a la entrega de la niña. Según la pesquisa, para concretar la inscripción se insertaron declaraciones falsas en un instrumento público, donde la imputada certificó, en su carácter de partera, que el nacimiento había ocurrido en el Hospital Roque Sáenz Peña e inscribió falsamente a E.A.Q. y A.T.B. como los progenitores biológicos. “De manera sistemática entre 1968 y 1980 separaba bebés de sus madres biológicas y los entregaba por dinero. Hay al menos cinco víctimas, todas denunciaron tener suprimida su identidad”, afirmó la fiscal García. La mujer señaló que su madre de crianza le confesó, antes de fallecer, que su nacimiento real habría ocurrido cerca del 27 de diciembre de 1969, pese a que la partida fue confeccionada el 9 de enero de 1970 y consignó como lugar de nacimiento el
Autor: Redacción General
El tradicional encuentro de la Fundación Mempo Giardinelli se realizará del 24 al 26 de septiembre y podrá seguirse de manera online. Natalia Porta López explicó que la decisión responde, entre otros factores, a las dificultades económicas que enfrentan docentes y lectores para viajar hasta Resistencia. La programación reunirá a escritores de Argentina, Latinoamérica y Europa y las actividades quedarán disponibles durante un mes. El Foro Internacional del Libro y la Lectura de la Fundación Mempo Giardinelli tendrá este año una edición especial: por primera vez, el tradicional encuentro se realizará íntegramente de manera virtual. La propuesta se desarrollará del 24 al 26 de septiembre y buscará mantener el espacio de intercambio entre docentes, bibliotecarios, lectores y escritores de distintos países. En declaraciones a CIUDAD TV, Natalia Porta López, directora general de la Fundación Mempo Giardinelli, explicó que la decisión estuvo vinculada a las dificultades que tuvieron muchos docentes para trasladarse hasta Resistencia en la edición anterior. “Ya vimos el año pasado lo que costó que los docentes pudieran venir a pasar dos o tres días en la ciudad”, señaló. En ese sentido, sostuvo que la situación salarial está afectando la posibilidad de afrontar los gastos de traslado y permanencia. El formato virtual permitirá, según explicó, garantizar la continuidad del encuentro y ampliar el acceso a personas que no podrían viajar hasta Chaco. “Para que nadie se pierda dar continuidad a esta conversación que es el foro, esta conversación entre los docentes chaqueños y los grandes autores de Latinoamérica, de Europa y del país, todos van a poder participar”, afirmó Porta. Una programación con autores de distintos países La apertura del encuentro estará a cargo del dramaturgo argentino Mauricio Kartun, reconocido por obras como Terrenal y La vis cómica. Porta destacó además su trayectoria y su vínculo con la lectura y el teatro. Entre las invitadas estará también la escritora ecuatoriana María Fernanda Heredia, actualmente radicada en Madrid y ganadora del Premio Cervantes Chico de Literatura Infantil y Juvenil. La autora participará desde España y forma parte de una programación que busca ampliar el intercambio entre escritores y lectores de distintos lugares. Otra de las participantes será Raquel Patriarca, ganadora del Gran Premio de Literatura Iberoamericana para Jóvenes de este año. Porta destacó que una de las características del Foro es precisamente acercar a los lectores argentinos a autores que todavía no tienen una amplia circulación en el país. “Nosotros hacemos ese puente, tratamos de que inclusive editores de Argentina conozcan a través del foro autores que pueden traducir y editar en el país”, explicó. La programación también incluirá un análisis sobre las políticas y planes de lectura en Iberoamérica. Porta señaló que existen experiencias diversas en la región y cuestionó que Argentina actualmente no cuente con un plan nacional de lectura en funcionamiento. Una modalidad que podría repetirse La experiencia de virtualidad no es completamente nueva para la Fundación. Durante la pandemia, el Foro adoptó este formato y, según recordó Porta, permitió incorporar a participantes que habitualmente no podían trasladarse hasta Chaco. La modalidad también mostró otra ventaja: los contenidos podían ser vistos posteriormente y los participantes tenían acceso a talleres que, en una edición presencial, se desarrollan simultáneamente. “En cambio, lo que pasó con los foros virtuales durante la pandemia es que después vimos que en los días subsiguientes la gente igual visualizaba todos los otros talleres”, explicó. Por ese motivo, las actividades de esta edición quedarán disponibles durante un mes para quienes se hayan inscripto, lo que permitirá completar las horas de formación. Además, las capacitaciones contarán con certificación de la Universidad Nacional Autónoma de México, según informó Porta, quien también adelantó que la Fundación solicitará el auspicio del Ministerio de Educación del Chaco. La experiencia podría incluso modificar la modalidad del Foro en los próximos años. “Quizás se convierta en bianual, que a lo mejor hacemos de ahora en adelante un año virtual y un año presencial”, planteó Porta, aunque aclaró que todavía no existe una decisión definitiva al respecto. 30 años de un espacio de formación El encuentro llega además a tres décadas de trayectoria. Para Porta, durante estos años se construyó en Chaco un público lector y un cuerpo docente con una formación específica alrededor de la literatura y la promoción de la lectura. “Se ha construido un público, se ha construido un público lector y creo que eso es importante y que es importante que no se corte”, sostuvo. La directora de la Fundación destacó también el alcance que puede tener esta edición virtual: además de docentes, bibliotecarios y lectores de distintas provincias, esperan la participación de escritores argentinos y de integrantes de planes de lectura de otros países de Latinoamérica. La inscripción ya está abierta a través de las redes sociales de la Fundación Mempo Giardinelli. El Foro se desarrollará los días 24, 25 y 26 de septiembre y mantendrá disponibles sus contenidos durante las semanas posteriores. La propuesta volverá a reunir así, aunque esta vez detrás de las pantallas, a autores, docentes, bibliotecarios y lectores alrededor de una conversación que lleva 30 años buscando promover la lectura desde Chaco hacia el país y el resto de Iberoamérica.
La Municipalidad de Resistencia realizó operativo de labrado de acta de infracción y posterior retiro de un minibasural ubicado en pleno centro de la ciudad. Se recuerda que este tipo de acciones dañan el medio ambiente, generan un foco infeccioso y pueden provocar taponamientos en los drenajes, con la consecuente acumulación de aguas pluviales. Cabe señalar que las normativas del Código de Faltas sancionan este tipo de infracciones con multas que oscilan entre 100 a 300 litros de nafta súper, valor ACA.El procedimiento fue llevado a cabo este jueves por la noche en el parterre ubicado sobre avenida Belgrano al 200, y personal de limpieza se encargó de despejar el sector. Desde la Secretaría de Gobierno hicieron un llamado a la conciencia ciudadana para evitar el arrojo de residuos a la vía pública. “También despertar un poco el sentimiento del resistenciano y nos encontramos con este tipo de situaciones que dan pena porque es un parterre, en este caso del microcentro de la ciudad, en el cual hubo arrojo de basura en cantidad”, observaron. En ese sentido, recordaron que la región puede sufrir las consecuencias del fenómeno climático de El Niño, por lo que se trabaja en mantener limpios los desagües. “Este tipo de cuestiones no contribuyen. La Municipalidad se va a hacer cargo de la limpieza, pero esta cantidad involucra para el ciudadano la contratación de volquetes y mantener limpia la vía pública”, indicaron. Resaltaron la importancia de respetar los horarios de recolección y la existencia de contenedores metálicos por toda la ciudad para el depósito de residuos en cantidad, además de contar con el Centro de Disposición de avenida Soberanía Nacional 3.150.
La Justicia declaró inconstitucional el límite de 21 años previsto por la ley provincial y extendió hasta los 25 una pensión derivada a un joven que continuaba sus estudios universitarios. El novedoso criterio, luego confirmado por la Cámara y el Superior Tribunal de Justicia, vinculó la protección previsional con el derecho a estudiar y la continuidad de la formación profesional. La sentencia del Juzgado Civil y Comercial N°12 declaró inconstitucional el límite de 21 años previsto por la Ley Provincial N°4917 para un beneficiario que acreditó continuar sus estudios universitarios y ordenó al Instituto de Previsión Social de Corrientes mantener el pago de la pensión hasta los 25 años. La decisión, que según la información aportada fue posteriormente confirmada por la Cámara y el Superior Tribunal de Justicia, planteó una solución novedosa al vincular el derecho previsional con el derecho a estudiar y con las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación. El Juzgado Civil y Comercial N° 12 de Corrientes hizo lugar a una acción de amparo promovida por un joven estudiante universitario y declaró la inconstitucionalidad del artículo 59 de la Ley Provincial N° 4917, en cuanto establece como límite los 21 años para la percepción de una pensión por parte de hijos que acrediten regularidad en sus estudios. Una decisión novedosa en materia previsional El aspecto central y novedoso del pronunciamiento radica en que el magistrado entendió que el límite de edad establecido por la legislación previsional provincial debía analizarse a la luz del artículo 663 del Código Civil y Comercial de la Nación, que contempla que la obligación de proveer recursos a un hijo que se capacita puede subsistir hasta los 25 años cuando sus estudios o preparación profesional le impiden mantenerse independientemente. En el caso, el joven había obtenido una pensión derivada por el fallecimiento de su madre y, al momento de plantear el amparo, tenía 21 años y cursaba regularmente la carrera de Arquitectura en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). El fallo consideró que, acreditada su condición de estudiante universitario, correspondía extender el beneficio hasta los 25 años mientras continuara sus estudios. El juez vinculó esta solución no sólo con la aplicación de una norma de rango superior, sino también con la protección constitucional del derecho a estudiar reconocido por el artículo 14 de la Constitución Nacional. El derecho a estudiar como fundamento La sentencia sostuvo que una norma inferior que limita y desnaturaliza una superior afecta el principio de razonabilidad previsto en el artículo 28 de la Constitución Nacional y consideró que el artículo cuestionado había devenido inconstitucional a partir de la sanción del Código Civil y Comercial. Para fundamentar la decisión, el magistrado también recurrió a antecedentes jurisprudenciales en los que se analizaron situaciones similares y puso en consideración derechos vinculados con la seguridad social y la educación, además de los principios de progresividad y pro persona. Otro aspecto relevante fue la admisión del amparo como vía adecuada. El fallo entendió que existía una afectación continuada por la sucesiva privación del beneficio previsional y que, por esa razón, el plazo previsto en la legislación local no constituía un impedimento para analizar el reclamo. La pensión debía continuar hasta los 25 años En la parte resolutiva, el Juzgado ordenó al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Corrientes continuar liquidando la pensión derivada a favor del estudiante hasta que cumpliera los 25 años, siempre bajo la condición considerada en el fallo respecto de la continuidad de sus estudios universitarios. En el caso concreto, la sentencia estableció como fecha de finalización del derecho reconocido el 11 de noviembre de 2025. Además, ordenó devolver las sumas que habían sido retenidas desde la interposición de la demanda, dentro de los veinte días de notificada la sentencia, con los intereses correspondientes conforme a la tasa activa segmento 1 del Banco de Corrientes. Las costas fueron impuestas por su orden. Una interpretación que amplió la protección del estudiante La particularidad del caso reside en que el fallo articuló normas previsionales con las reglas del Código Civil y Comercial relativas al hijo mayor que continúa capacitándose y con la tutela constitucional del derecho a la educación, para revisar el límite de 21 años previsto por la legislación provincial. De esa manera, frente a la acreditación de la continuidad de los estudios universitarios, la sentencia priorizó una interpretación orientada a garantizar los recursos necesarios para sostener esa formación hasta los 25 años. El criterio adoptado en primera instancia fue posteriormente confirmado por la Cámara y por el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes. Corrientes Hoy
La intervención busca fortalecer la defensa de la costa chaqueña y anticiparse al escenario hidrológico previsto para los próximos meses. El Gobierno del Chaco, a través de la Administración Provincial del Agua (APA), avanza con las obras de protección hídrica en el barrio San Pedro Pescador, ubicado a la vera del puente General Manuel Belgrano. Los trabajos se encuentran en plena ejecución y se prevé completar esta etapa en aproximadamente dos meses. La intervención tiene como objetivo reforzar la defensa de la costa chaqueña frente a los procesos erosivos y prevenir desmoronamientos en un sector estratégico para las familias de la comunidad ribereña. La continuidad de la obra fue posible a partir de las gestiones realizadas por el gobernador Leandro Zdero ante el Gobierno nacional, que permitieron destrabar inconvenientes contractuales que habían paralizado los trabajos y recuperar una intervención considerada prioritaria para la protección de la costa. Trabajos entre los espigones 2 y 3 Actualmente, los equipos trabajan en el sector comprendido entre los espigones 2 y 3, donde se llevan adelante tareas de perforación, colocación de anclajes y llenado de micropilotes. Estas acciones permitirán conformar los bulbos de fijación necesarios para otorgar mayor estabilidad a las mantas protectoras instaladas sobre el talud de la margen chaqueña. La ejecución está a cargo de GINSA S.A.-ARCA S.A.-U.T. II. Desde la APA se busca acelerar el ritmo de los trabajos para completar la protección antes del período de mayores exigencias sobre el sistema costero, teniendo en cuenta las condiciones hidrológicas previstas para los próximos meses y la posibilidad de crecidas del río Paraná, junto con las lluvias propias de esta época del año. Prevención y protección para las familias La obra contempla la ejecución de tres espigones y la colocación de mantas flexibles destinadas a proteger la barranca y fortalecer de manera permanente la defensa costera. El Gobierno provincial avanza con una intervención que apunta a reducir el impacto de la erosión, prevenir nuevos desmoronamientos y brindar mayor seguridad a las familias del barrio San Pedro Pescador. La obra forma parte de las acciones de prevención que lleva adelante la Provincia para anticiparse a los escenarios hidrológicos y fortalecer la infraestructura de protección en sectores vulnerables de la costa chaqueña.
Ya comenzaron los trabajos y la organización de la gran fiesta de los estudiantes, una celebración que forma parte del calendario estudiantil 2026 y que cada año reúne a multitudes en el tradicional Paseo de la Virgen, en el acceso principal de Juan José Castelli. El intendente Pío Sander, el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes y todo el equipo municipal están abocados a los preparativos para recibir a los jóvenes y celebrar juntos la llegada de la primavera. En estos momentos se trabaja en el armado del escenario, tribunas, iluminación, sector gastronómico y todos los detalles necesarios para que el lugar esté listo para esta gran jornada. Una fiesta que ya es tradición entre los estudiantes y que tendrá artistas de primer nivel para vivir una jornada a pura música, alegría y celebración.
La presidenta de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, Silvina Manes, cuestionó la decisión del Superior Tribunal de Justicia del Chaco y sostuvo que la suspensión de la ley, sancionada en 2020, afecta la participación ciudadana y la división de poderes. También cuestionó los argumentos presupuestarios utilizados por la mayoría del máximo tribunal. La decisión del Superior Tribunal de Justicia (STJ) del Chaco de suspender, sin establecer un plazo para su reanudación, la implementación de los juicios por jurados en materia civil generó críticas de sectores vinculados a la defensa de la participación ciudadana en la administración de justicia. Silvina Manes, presidenta de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, calificó la medida como “un grave retroceso” y cuestionó los fundamentos expuestos por la mayoría del máximo tribunal provincial. En declaraciones a CIUDAD TV, Manes recordó que Chaco fue la primera provincia argentina en sancionar una legislación específica para incorporar el juicio por jurados a determinados procesos civiles y comerciales. La norma fue aprobada en diciembre de 2020 y estableció una implementación gradual. Según explicó, la oportunidad para ponerla en práctica surgió a partir de pedidos formulados por dos juzgados civiles y comerciales, en causas en las que las partes, sus abogados y los magistrados estaban de acuerdo con que los casos fueran sometidos a un jurado ciudadano. Sin embargo, el STJ resolvió suspender la aplicación de la normativa por tiempo indeterminado. Para Manes, la decisión implica en los hechos impedir que una ley sancionada por la Legislatura pueda ser aplicada. “Suspenderla sin fecha de aplicación es directamente una derogación tácita”, sostuvo. En ese sentido, cuestionó que la mayoría del tribunal haya asumido, a su entender, facultades que corresponden al Poder Legislativo. “La mayoría se arrogó facultades legislativas que son exclusivas y excluyentes de la Legislatura, que votó a favor de la participación de la gente en los juicios civiles”, afirmó. El argumento presupuestario Uno de los fundamentos que, según señaló Manes, fueron planteados para justificar la suspensión está relacionado con las condiciones presupuestarias necesarias para implementar el sistema. La titular de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados rechazó ese argumento y aseguró que el impacto económico sería reducido. “La afectación del presupuesto es mínima, es del 0,15% del presupuesto total del Poder Judicial”, afirmó durante la entrevista. También cuestionó la consideración de que las causas involucradas no reunirían las condiciones necesarias para ser resueltas mediante un jurado ciudadano. Manes puso el foco especialmente en los procesos de responsabilidad civil extracontractual vinculados con accidentes de tránsito. En ese sentido, sostuvo que se trata de conflictos con una fuerte relevancia social. Como respaldo de ese argumento, mencionó el informe de siniestralidad vial correspondiente a 2025 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y afirmó que durante ese año se registraron 185 víctimas fatales por siniestros viales en Chaco. También sostuvo que la provincia se ubicó tercera a nivel nacional en la tasa de mortalidad por esta causa. Para Manes, esos datos muestran que los casos relacionados con accidentes viales constituyen una problemática social en la que la participación ciudadana puede aportar una perspectiva diferente. “Subestimar la capacidad de nuestra ciudadanía” Ante la posibilidad de que existan reparos dentro de la Justicia respecto de la capacidad de los ciudadanos para intervenir en decisiones judiciales civiles, Manes reivindicó la experiencia chaqueña en materia de jurados populares. “Chaco, con 99 juicios por jurado ya realizados”, sostuvo, “ha dado muestras cabales de una madurez cívica absoluta”. La dirigente consideró que la experiencia acumulada en materia penal permite discutir el argumento de que la ciudadanía no estaría preparada para intervenir en procesos judiciales. “El pueblo chaqueño ha demostrado que está en condiciones como para resolver perfectamente cualquier caso, sea penal o sea civil”, afirmó. ¿Se puede recurrir la decisión? Manes también planteó la posibilidad de cuestionar judicialmente la acordada del STJ. Según explicó, las acordadas de los tribunales superiores tienen naturaleza administrativa y, desde su perspectiva, podrían ser susceptibles de revisión cuando sus efectos pudieran afectar derechos o disposiciones constitucionales. Mencionó como una eventual alternativa la presentación de una acción de amparo, aunque aclaró que se encontraba estudiando esa posibilidad. Su planteo volvió a centrarse en la división de poderes: “Los jueces tienen que aplicar la ley, los legisladores crean la ley y el Poder Ejecutivo la sanciona”, resumió. La ley chaqueña de juicio por jurados civiles, recordó, fue sancionada en 2020 y estableció una implementación gradual. Para Manes, esa gradualidad no puede convertirse en una postergación indefinida. “La gradualidad es una herramienta para empezar con determinados casos, pero no para, de manera encubierta, directamente dejar sin efecto la ley”, sostuvo. Chaco, una experiencia que buscaba expandirse La suspensión también fue interpretada por la Asociación Argentina de Juicio por Jurados como un retroceso respecto del proceso de expansión de este mecanismo en el país. Manes recordó que durante 2025 se realizó en Chaco un congreso internacional que contó con la participación de más de 40 abogados de Estados Unidos, quienes llegaron a la provincia para conocer la experiencia de la única jurisdicción argentina que hasta entonces había previsto legalmente el juicio por jurados en materia civil. También señaló que otras jurisdicciones comenzaron a avanzar en esa dirección. Mencionó a Santa Fe, que incorporó el juicio por jurados civiles a su Constitución, y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde —según indicó— se trabaja en un proyecto para implementar el sistema en materia civil y comercial. En ese contexto, consideró que la decisión del STJ chaqueño constituye un retroceso en un proceso que buscaba ampliar la participación ciudadana en la Justicia. “Esperamos que se pueda hacer efectiva esta ley, que se adopten las medidas necesarias para comenzar con su implementación”, concluyó.
El intendente Pío Sander mantuvo una reunión con autoridades de la Policía de la localidad, en la que abordaron distintos temas vinculados a la seguridad y la prevención en la comunidad. Durante el encuentro se acordaron estrategias de trabajo conjunto de cara a las próximas festividades, especialmente ante la Estudiantina que se desarrollará este fin de semana, para la cual se solicitó el acompañamiento de las fuerzas policiales con tareas de orden, prevención y control, especialmente en los espacios donde se concentrarán los jóvenes. El intendente Pío Sander destacó además el trabajo preventivo que viene realizando la Policía mediante recorridas y presencia en distintos sectores de la ciudad, como parte de las acciones destinadas a fortalecer la prevención y brindar mayor tranquilidad a los vecinos. La reunión permitió además coordinar acciones entre el Municipio y las fuerzas de seguridad para acompañar las actividades previstas y garantizar un desarrollo ordenado. Participaron de este encuentro el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, el Supervisor Zona XIX Comisario Inspector, Enrique Alejandro Sarmiento , el Supervisor Zona XX Comisario Inspector, Eduardo Andrés Villaboa Barbetti, Supervisor Zona XXI Eduardo Daniel Peralta , Jefe División Operaciones Policiales. Comisario Principal Gonzalo Pereyra Jefe Comisaria Primera Subcomisario Romina Elguero.
El fiscal Agüero Iturbe cuestionó la sentencia que favoreció al expresidente y a funcionarios de su gobierno que hoy son ministros de Milei. “Se impone la nulificación del fallo”, cuestionó el fiscal ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe, la sentencia de la Sala I de ese tribunal que archivó la semana pasada la causa por el préstamo de 57.100 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional durante el gobierno de Mauricio Macri por considerar que no se había identificado ningún delito. Su objetivo es que ahora la Cámara de Casación Penal reabra el expediente cerrado por decisión de los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi. Además de Macri, estuvieron imputados funcionarios compartidos por la gestión macrista y la actual, como el ministro de Economía Luis Caputo, el de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili. Decisión “arbitraria” La presentación de Agüero Iturbe es un fuerte respaldo a la investigación que había hecho en primera instancia el fiscal Franco Picardi, donde señaló un abanico de irregularidades en la toma de deuda y su aprobación, y planteó dudas sobre el destino de los fondos, que no se habrían utilizado para los fines establecidos, sino para obtener divisas para su posterior fuga. Pese al caudal de pruebas acumuladas desde 2018, en febrero último la jueza María Eugenia Capuchetti dijo que no había delitos probados y que el tema en análisis podría encuadrar en aquellos considerados no judiciales. Algo similar replicaron la semana pasada los camaristas, menos de 24 horas después de la jura de Bertuzzi y de Pablo Yadarola (aunque este último se tomó licencia y no firmó). El fiscal de Cámara dijo que el fallo del tribunal tiene “un defecto grave de motivación” y utiliza “una fundamentación aparente que resulta equiparable a su total ausencia”. Sostuvo que, además de infundado, es arbitrario y que ni siquiera propició la continuidad de una investigación, si es que se requerían más pruebas, para cumplir –además– con los lineamientos del nuevo código acusatorio, donde supone que los fiscales tienen un mayor protagonismo en la investigación. “La finalidad de la instrucción es comprobar si existe un hecho delictuoso mediante las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad, objetivo que no ha de cumplirse con el temperamento adoptado, cercenando la posibilidad de efectuar cualquier medida de prueba en ese sentido”, dice el dictamen, al que accedió Página/12. “Los señores jueces arbitrariamente desestimaron el cauce investigativo propuesto por la fiscalía”, que “debe profundizarse y, hasta que ello ocurra, cualquier decisión aparece como prematura y por tanto sin fundamento”, advirtió. “En estas actuaciones se investiga un esquema defraudatorio planeado, coordinado y desarrollado -entre mayo del 2018 y septiembre del 2019- por funcionarios públicos del Poder Ejecutivo y el Banco Central, en conjunto con agentes del sector privado, que se configuró contrayendo una deuda estatal insostenible, a sabiendas de que resultaría imposible su repago, por la suma de 57.100 millones de dólares, vulnerando la Constitución Nacional y las leyes nacionales y normas que regulan el funcionamiento de la administración pública nacional y la toma de crédito público”, recordó. La revisión estará a cargo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que integran Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo. Se trata de una causa que, además de unir a los mundos macrista y libertario, sintetiza un sendero económico. Claves del caso La Cámara llegó a decir cosas tales como que, si se habían violado procedimientos administrativos para tomar la deuda millonaria, eso no necesariamente era una conducta delictiva, por más que haya afectado al erario público. Lo planteó en línea con Capuchetti, a quien el fiscal Picardi cuestionó por no haber hecho un análisis integral y con contexto de todas las evidencias, lo que desnaturalizaba y “desmembraba” una investigación compleja en un caso que hacía imprescindible analizar incluso los roles de los exfuncionarios. La investigación de Picardi había concluido que no se respetaron los procedimientos previos y rigurosos para tomar deuda pública de modo “responsable, razonable y legal”. Por acción u omisión se incumplieron esas normas de Hacienda, Finanzas y del Banco Central. Por ejemplo, el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, firmó la primera carta de intención sin facultades. No hubo dictámenes técnicos del Banco Central sobre el impacto en la balanza de pagos; se omitió un decreto del Poder Ejecutivo para dar transparencia y aprobar la operación; tampoco se le dio intervención a la jefatura de Gabinete ni al Congreso. El fiscal señalaba entre los principales responsables también al propio expresidente Macri, a Sturzenegger, Caputo y Guido Sandleris (como extitulares del BCRA). Caputo también, como exministro de Finanzas, y Santiago Bausili, que trabajaba con él. La acusación se basaba además en informes lapidarios de la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación. Este último organismo cuantificó el perjuicio al Estado por lo menos en 29.618 millones de dólares. El fiscal de instrucción dijo que se falseó “el destino y uso de los fondos solicitados al FMI”; hubo una “administración ruinosa” que generó una “deuda insostenible para el beneficio de un reducido grupo privado concentrado con posibles relaciones y/o vínculos con los decisores públicos”; hubo tal “administración arbitraria y discrecional que imposibilitó el control de la trazabilidad de los fondos obtenidos”; y “la generación de prejuicios cuantificables e incuantificables para la administración pública y la sociedad en general”. Página/12
El gobernador partirá el martes y mantendrá encuentros con fondos que poseen bonos de la Provincia y con empresas con inversiones en territorio bonaerense. También disertará en la Universidad de Columbia y fue invitado a un coloquio económico organizado por el alcalde Zohran Mamdani. El gobernador Axel Kicillof viajará el próximo martes a Estados Unidos para reunirse con inversores en la ciudad de Nueva York, disertar en la Universidad de Columbia y participar de un coloquio económico invitado por el alcalde Zohran Mamdani, férreo opositor al presidente Donald Trump. El mandatario viajará junto a su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y regresará el miércoles. Mientras tanto, la primera jefatura provincial quedará a cargo de la vicegobernadora Verónica Magario. Según confirmaron fuentes de la Gobernación a Tiempo, las actividades centrales de la agenda son los encuentros que Kicillof mantendrá“con fondos de inversión que poseen bonos emitidos por la provincia de Buenos Aires y con representantes de empresas que ya cuentan con inversiones en territorio bonaerense o analizan desarrollar nuevos proyectos”. Pero la agenda tendrá también un fuerte componente político ya que el miércoles, el gobernador participará de una charla organizada por el Instituto de Estudios Latinoamericanos (ILAS) de la Universidad de Columbia bajo el título “Argentina’s Future in a Shifting Global Order” (“El futuro de Argentina en un orden global cambiante”). La actividad se desarrollará entre las 16 y las 17 en el International Affairs Building de Columbia y estará moderada por la profesora María Victoria Murillo. Según la convocatoria oficial de la universidad, la conversación abordará las transformaciones económicas y políticas que atraviesan la Argentina y la región, las perspectivas de desarrollo del país y el impacto de las crecientes tensiones geopolíticas y la fragmentación económica. Ese mismo día, Kicillof fue invitado a participar de un coloquio económico organizado por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, junto a la Global Progress Foundation. El encuentro, previsto en Gracie Mansion, la residencia oficial del alcalde neoyorquino, lleva como consigna “Construyendo una economía para la mayoría” y reunirá a dirigentes y referentes progresistas que debaten alternativas para frenar a la ultraderecha. Entre los participantes podría estar también el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. La visita a Estados Unidos llegará apenas tres días después del primer acto de alcance nacional del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), previsto para el sábado en Avellaneda. El encuentro marcará el cierre de una etapa de organización bonaerense del espacio que conduce Kicillof, luego de los plenarios realizados en las ocho secciones electorales y buscará mostrar músculo en medio de la interna peronista. Una agenda internacional con miras a 2027 El desembarco en Nueva York se inscribe también en una agenda internacional que Kicillof intensificó durante este año y que combina objetivos institucionales, comerciales y políticos. En paralelo con sus recorridas por las provincias, el gobernador comenzó a ganar presencia en encuentros de dirigentes progresistas del exterior, donde expuso sus críticas al programa económico de Javier Milei y buscó contrastar el modelo de gestión bonaerense del rumbo adoptado por la Casa Rosada. Uno de los antecedentes más importantes fue su viaje de abril a España. La gira comenzó en Madrid, donde mantuvo reuniones con empresarios y con la vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz, y continuó luego en Barcelona, donde participó de la Movilización Global Progresista, un encuentro internacional que reunió a dirigentes políticos y sociales de distintos países. La agenda continuó en agosto en Montevideo. Kicillof viajó entonces a Uruguay para participar del III Congreso Panamericano, que reunió a dirigentes progresistas de distintos países de la región, y mantuvo además un encuentro con el presidente uruguayo Yamandú Orsi. En la Gobernación tienen, además, otra invitación sobre la mesa: un viaje a China para los primeros días de noviembre, con actividades previstas en Beijing y Shanghái y una agenda de perfil comercial y productivo. Sin embargo, la gira todavía no está confirmada debido a la cercanía con la llegada del papa León XIV al país por esos días. Tiempo Argentino
El Juzgado Federal de Quilmes dictó una cautelar que ordena a la distribuidora abstenerse de interrumpir el suministro eléctrico a la firma Protefilm. La empresa recibió una factura con “subas irracionales” que ponían en riesgo la continuidad de 70 puestos de trabajo. La crisis que atraviesa el sector pyme industrial por el fuerte ajuste tarifario sumó un capítulo judicial determinante en el sur del Conurbano bonaerense. El Juzgado Federal de Quilmes dictó una medida cautelar que le prohíbe formalmente a la empresa Edesur cortar el suministro eléctrico a la planta de la firma Protefilm, una fábrica dedicada a la producción de plásticos. La resolución busca frenar el impacto de un pasivo acumulado en boletas de luz por más de 174 millones de pesos, un monto que la conducción de la pyme calificó de «irracional» y que amenazaba de forma directa con paralizar las líneas de producción y arrastrar la continuidad de 70 puestos de trabajo genuinos. La firma fabril debió acudir a la vía del amparo tras verse forzada a tomar un crédito de emergencia para intentar cubrir los vencimientos asfixiantes impuestos tras la desregulación del mercado energético. La presentación judicial detalló que la empresa sufrió incrementos de hasta el 300% en cargos fijos regulados como el ACPOT y el CESTAB, ítems asociados a la potencia contratada que no guardan relación con los niveles reales de consumo de la planta en un contexto de recesión. El abogado patrocinante de la fábrica, Marcelo Szelagowski, fustigó que las distribuidoras pretendan descargar el costo total de los desequilibrios energéticos y la quita de subsidios nacionales sobre las espaldas del entramado productivo de las pymes. Al convalidar el planteo de la empresa, el juez federal Luis Antonio Armella advirtió sobre el «peligro inminente de quiebra» si se permitía a Edesur proceder al corte del servicio de media tensión, lo que hubiera significado el cese irreversible de la actividad de Protefilm. La decisión judicial sienta un fuerte precedente para decenas de pequeños talleres y fábricas de la provincia de Buenos Aires que enfrentan la misma encrucijada financiera entre pagar los salarios de su personal o transferir la totalidad de sus ingresos operativos a las empresas de servicios públicos. Mientras rige el blindaje judicial, la Justicia federal continuará analizando el reclamo de fondo sobre la inconstitucionalidad de los nuevos cuadros tarifarios. Tiempo Argentino
La fiscalía porteña a cargo de Celsa Ramírez le tomó declaración indagatoria a los influencers libertarios Daniel “Gordo Dan” Parisini y Mariano Pérez. Fue este jueves en el marco de una causa por incitación a la violencia y discriminación que inició el diputado nacional Esteban Paulón. Según fuentes judiciales, los acusados se negaron a declarar y presentaron un escrito. Aun así, la fiscal especializada en Investigaciones Complejas impuso una orden de alejamiento recíproca, tanto virtual como física: no puede haber contacto personal ni digital entre denunciante y denunciados hasta que concluya el proceso penal. La citación responde a publicaciones en redes sociales y a fragmentos del programa La Misa, donde Paulón denunció haber sido víctima de una campaña de estigmatización que vinculó su orientación sexual y su militancia por los derechos de la diversidad con el abuso infantil y el delito de pedofilia. En uno de los posteos denunciados, además, figuró el mensaje “SIDA PARA VOS”, según consta en la presentación judicial. “Me atacaron por ser gay, vinculándome con la pedofilia y el VIH. Lo denuncié. Ahora llegó el momento de que respondan por lo que hicieron”, afirmó Paulón al confirmar el avance del expediente, y sostuvo que los ataques no constituyen opiniones ni críticas políticas amparadas por la libertad de expresión, sino la falsa imputación de un delito. Antes de recurrir a la Justicia, el legislador envió una carta documento exigiendo una rectificación que no obtuvo respuesta e incluso expuso el episodio en el recinto de la Cámara de Diputados. Tras esa intervención, el canal Carajo volvió a emitir el fragmento de su discurso reiterando los señalamientos contra el diputado. El caso había motivado en julio de 2025 un repudio institucional por parte de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara baja, mediante un dictamen firmado por diputados de distintos bloques que calificó los mensajes como ofensivos y hostiles. Con la unificación de las defensas de Parisini y Pérez, la fiscal Ramírez avanzará esta semana con la recepción de declaraciones para determinar si hay elementos suficientes para proseguir con la causa penal. Agencia NA
La Policía del Chaco renovó el pedido de colaboración a la comunidad para obtener información que permita establecer el paradero de Nicolás Gabriel Leiva, quien fue visto por última vez el 4 de agosto de 2017, cuando tenía 23 años. A través de las actuaciones registradas en la Comisaría Décima Metropolitana, la fuerza policial solicitó nuevamente a la ciudadanía y a las instituciones de la región que aporten cualquier dato que pueda contribuir a localizar al joven. Según la información difundida por la Policía, Leiva fue visto por última vez en su domicilio el 4 de agosto de 2017. Desde entonces, se llevan adelante distintas actuaciones y diligencias destinadas a establecer su paradero. Al momento de su desaparición, Nicolás Gabriel Leiva tenía aproximadamente 1,70 metros de estatura, contextura física delgada, tez morena, cabello negro y ojos marrones. La vestimenta que llevaba cuando fue visto por última vez consistía en una remera blanca con una estampa en la zona del pecho, un buzo tipo pulóver gris, pantalón de jean azul oscuro y zapatillas grises con detalles. Desde la Policía solicitaron que cualquier persona que cuente con información que pueda resultar útil para establecer su paradero se comunique de inmediato con la unidad policial más cercana. También se encuentran habilitados los teléfonos de la Comisaría Décima Metropolitana, 362-4417079, y el Servicio de Emergencias 911, de manera gratuita.
Este jueves por la noche, efectivos de la Comisaría Tercera de Fontana intervinieron ante un hecho en el que un joven de 17 años resultó herido por un disparo de arma de fuego. El adolescente fue trasladado inicialmente al hospital local y posteriormente al Hospital Perrando, donde recibió atención médica por una herida de arma de fuego en el ojo izquierdo. Según se informó, permanece fuera de peligro. A partir de las primeras tareas investigativas, los agentes procedieron a la aprehensión de un hombre de 45 años y un adolescente de 17, quienes quedaron vinculados a la causa. Por disposición de la Fiscalía interviniente, ambos fueron notificados de su aprehensión y quedaron a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, informó la policía del Chaco.
Organizadas por los Poderes Judiciales de la Región NEA integrantes de JUFEJUS, a través de sus escuelas y centros de capacitación, junto con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), comenzaron las jornadas que culminarán mañana y que tienen como eje central el abordaje de la situación de la privación de libertad en la Región NEA, así como los hallazgos y recomendaciones del CNPT y de los Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura. La actividad continuará mañana, a partir de las 15. La convocatoria interesó a casi 400 asistentes y contó con la presencia de la presidenta de JUFEJUS NEA, Cristina Leiva; la jueza del STJ del Chaco, Iride María Grillo; los ministros del STJ de Corrientes, Alejandro Chain y Luis Rey Vázquez; el presidente del CNPT, Juan Manuel Irrazábal; los comisionados nacionales Natalia Gabellini y Rodrigo Solá; el secretario ejecutivo del CNPT, Alan Iud, junto con integrantes de su equipo técnico; el presidente del Comité Provincial de Prevención de la Tortura del Chaco (CPPTCH), Darío Gómez, junto con sus integrantes; representantes del Comité Provincial de Prevención de la Tortura de Corrientes y de la Comisión de Buenas Prácticas en Contexto de Encierro de Misiones. Paneles y participantes En la apertura, Irrazábal, presidente del CNPT, y Leiva, presidenta de JUFEJUS NEA, coincidieron en destacar la relevancia del encuentro y la cooperación interinstitucional que posibilitó su realización. Seguidamente, se desarrollaron dos paneles. El primero estuvo dedicado al Sistema Nacional de Prevención de la Tortura: funciones y facultades del CNPT y los Mecanismos Locales de Prevención, a cargo de Natalia Gabellini, comisionada del CNPT, y Silvina Irrazábal, directora del Área de Mecanismos Locales, Nacionales, Consejo Federal y demás Integrantes del Sistema del CNPT. El segundo panel estuvo referido a “La privación de la libertad del NEA en datos: la importancia de la producción de información, registros y transparencia para entender el fenómeno de la privación de libertad y prevenir la tortura y los malos tratos”, a cargo de Bernarda García, directora del Área de Producción y Sistematización de la Información del CNPT.
Finalmente, la parodia de negociación paritaria por parte del Gobierno nacional colmó la paciencia de la comunidad universitaria, que convocó a una nueva marcha federal para el próximo 15 de octubre en la que van a exigir el pleno cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La retención de tareas se harán de manera escalonada. En tanto, los gremios de la Universidad de Buenos Aires anunciaron 23 días de paro escalonado, uno por cada facultad, desde el 21 de septiembre al 22 de octubre. A través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el ejecutivo volvió a insistir con el aumento del 3 por ciento que habían ofrecido a principio de mes, frente al 30 por ciento que reclaman los gremios. Por otro lado, a los rectores les preocupa que en el presupuesto del 2027 presentado por la administración libertaria, les destinan 7,3 billones de pesos, cuando necesitan alrededor de 11 billones para funcionar. El 1 de septiembre, la reunión paritaria entre rectores y gremios con la subsecretaria de Politicas Universitarias fracasó debido a la escasa propuesta del Gobierno, que pretendía darle un 3 por ciento de incremento salarial al personal universitario, cuando aún les adeudan un monto mayor al 30 por ciento de aumento, para volver al poder adquisitivo que tenían docentes y no docentes antes de la asunción de Milei. Eso es lo que establece la Ley de Financiamiento Universitario, que el Congreso de la Nación aprobó con amplia mayoría y respaldó luego del veto presidencial, sin contar las medidas cautelares de la Justicia en las que le exige a la administración libertaria que ponga en funcionamiento de manera inmediata los artículos 5 y 6 del texto. Al final del encuentro, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio con la promesa de que el oficialismo eleve una propuesta superadora el jueves 17. Tal como se temían los universitarios, nada de eso pasó. “No hubo propuesta en el ámbito paritario. En realidad, lo que sucedió es que el gobierno nacional ratificó lo que ya había dicho en la paritaria de hace un mes atrás, prácticamente”, precisó el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci. Con mucho esfuerzo, desde el CIN y los sindicatos venían manteniendo conversaciones con el Gobierno en pos de conseguir la recomposición salarial por la que vienen luchando durante el mandato de Milei. En junio, habían firmado un acta en la que el ejecutivo se comprometió a otorgarle al personal un aumento del 21,3 por ciento a cobrar en junio y otro 3 por ciento en octubre, sumado a fondos para gastos de funcionamiento de edificios y hospitales – que nunca transfirieron – y el llamado a una paritaria para septiembre. Esa buena voluntad se terminó este jueves al ver que el Gobierno sólo buscaba ganar tiempo, mientras le aseguran a la Justicia que están cumpliendo con lo que dicta la Ley de Financiamiento. “Por eso creemos que esta vez hay que hacer una medida contundente que permita visibilizar y concientizar sobre la gravedad de lo que está sucediendo” dijo el secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA), Emiliano Cagnacci. La medida a la que hace referencia Cagnacci y que cuenta con la adhesión de Feduba, Apuba, Aduba y UTE, se trata de 23 días de paro escalonado en todas las facultades de la Universidad de Buenos Aires, de modo que cada instituto tenga un día de huelga en específico. Empezarán el próximo lunes 21 de septiembre con un paro del rectorado y culminará el jueves 22 de octubre en el Hospital de Clínicas. Lo otro que preocupa puertas adentro del CIN son los fondos para el año próximo que le pretende destinar Milei a las universidades en el Presupuesto 2027. Según el texto que ya se trata en las comisiones de Diputados, las instituciones deberán funcionar todo el año con un presupuesto de 7,3 billones de pesos, mientras que los cálculos del CIN sostienen que deberían ser 11 billones para poder cubrir todos los gastos. Durante la reunión del jueves, Bartolacci les trasladó esta inquietud a los delegados libertarios. “El problema es que es muy difícil poder establecer un diálogo con alguien que no quiere conversar. Estamos en una situación realmente muy compleja. No hay novedades ni respuestas en el ámbito paritario, no hay avances ni respuestas en el ámbito judicial”, sintetizó. Ante este escenario, la gravedad de la situación se agudiza. Bartolacci, también rector de la Universidad Nacional de Rosario, advierte que en el caso de que el Congreso apruebe el Presupuesto, “todas las funciones y programas que brindan las Universidades se van a ver afectados, absolutamente todos. No solo porque con ese presupuesto proyectado no hay posibilidad de garantizar el incremento salarial pendiente, y ese ya es un problema grave, sino porque, además, con ese presupuesto que se provee para funcionar, no hay condiciones de hacerlo”, explicó. Es por esa razón que el CIN está llevando una estrategia para convencer a los legisladores de acompañar el reclamo universitario. “Creemos que es importante que la sociedad acompañe en función de que lo que se está defendiendo es un derecho propio, que es el derecho a poder educarse, el derecho a poder tener una Argentina distinta a través del desarrollo científico-tecnológico, es el derecho al ascenso social, grabado a fuego en nuestra memoria en la Argentina, de todos y todas las que pasamos por la universidad” determinó Cagnacci. Página 12
Del 17 al 21 de septiembre, NBCH tiene beneficios especiales con Tarjeta Tuya y QR NBCH24 para celebrar el inicio de la primavera en bares, resto, pizzerías, cafeterías y heladerías de toda la provincia. Nuevo Banco del Chaco acompaña el inicio de la mejor estación del año con promociones especiales para compartir una salida, disfrutar en familia o con amigos durante el fin de semana del 17 al 21 de septiembre. Los clientes pueden acceder a beneficios de cuotas sin interés y reintegros con Tarjeta Tuya y NBCH24 Online Banking en bares, resto, pizzerías, cafeterías y heladerías de toda la provincia. Con NBCH24 Online Banking los pagos con QR tienen un 20% de reintegro en terminales de pago de Unicobros, con un tope de $5.000 por cliente durante la vigencia de la promoción. Hacer un pago con QR desde NBCH24 Online Banking es muy simple: sólo se debe abrir la aplicación y seleccionar el ícono de QR. Se abre el lector, se escanea el código de la terminal de pago y ¡listo! En forma inmediata se acredita la compra y se visualiza en la pantalla del dispositivo. Además, con Tarjeta Tuya, se puede disfrutar de 3 cuotas sin interés durante estos estos días en comercios adheridos de los rubros: bares, resto pizzerías, cafeterías y heladerías. La promoción está disponible para todas las versiones de la tarjeta chaqueña: Tuya Tradicional, Tuya Activa, Tuya Joven, Tuya Pyme y Tuya Pyme Rural. Los comercios adheridos se pueden consultar en el nuevo sitio disponible en promociones.nbch.com.ar Así, Nuevo Banco del Chaco continúa acompañando a sus clientes con promociones pensadas para disfrutar cada encuentro, incentivando el consumo en la gastronomía local y brindando más beneficios a sus clientes con formas de pago fáciles y seguras. Seguridad y canales oficiales NBCH nunca solicitará a sus clientes que realicen simulaciones de préstamos, cambios de contraseñas, instalación de aplicaciones o transferencias de dinero. Es fundamental mantener la seguridad y comunicarse siempre a través de los canales oficiales del Banco, el servicio de NBCH Atiende en el WhatsApp verificado 3624161290 o por medio de las redes sociales oficiales.
En diálogo con CIUDAD TV, el médico psiquiatra Fernando Dortignac aseguró que la prevención del suicidio demanda un compromiso social con las personas más cercanas que puedan llegar a manifestar signos de angustia o de aislamiento. “Si estamos más atentos podemos llegar a prevenir y evitar”, reflexionó. Dortignac cuestionó la idea instalada de que comunicar sobre suicidio puede generar un efecto de imitación. Para el especialista, ese estigma termina jugando en contra: cuanto más se informa la sociedad y más se conocen las señales de alerta, mayores son las posibilidades de intervenir a tiempo. Citó cifras que hablan de una persona que se quita la vida cada 40 segundos en el mundo y remarcó que el acompañamiento psicológico y psiquiátrico oportuno puede reducir sensiblemente esa incidencia. Las señales de alerta “El suicidio no es, no hay que estigmatizarlo como que solamente es un problema de salud mental, hay un montón de otros factores que pueden estar en relación que no son necesariamente de salud mental”, explicó el entrevistado, quien advirtió que también inciden factores psicosociales, económicos y vinculares: la ruptura de una relación, un duelo mal elaborado o una crisis económica sin salida percibida pueden derivar en ese desenlace. En ese sentido, explicó que se trata de un proceso que se gesta con el tiempo, a partir de la acumulación de distintos factores, y no de una decisión que surge de un día para el otro. Entre los signos a observar mencionó el aislamiento progresivo, la ausencia en espacios habituales —el trabajo, la escuela, los grupos sociales— y ciertas conductas de despedida que pueden pasar inadvertidas si no hay atención activa del entorno. Frente a esas señales, recomendó no minimizarlas y animarse a preguntar directamente cómo está la persona, ofrecer compañía concreta y escuchar sin juzgar. “Esto es un trabajo que todos tenemos que hacer, ver en los que nos rodean principalmente, los que nos rodean, como decía: mi amigo, mi familiar, le pasó algo, no le pasó algo, cambió su comportamiento, sus emociones”, graficó. En ese contexto, subrayó la importancia de “de estar más atento, de conocer más esto, toda la sociedad, en donde estemos, comenzando de nuestros amigos que nos rodean, de nuestra familia, porque podemos llegar a prevenir y evitar”. Una diferencia de género Consultado sobre las diferencias entre hombres y mujeres, Dortignac señaló que el suicidio es más frecuente entre varones —explicó que, de cada cinco casos, entre tres y cuatro corresponden a hombres— y lo atribuyó en parte al mandato social que dificulta que puedan expresar que están atravesando un mal momento. Según indicó, las mujeres suelen comunicar más sus dificultades y tienen más intentos previos, lo que en los hechos abre más oportunidades de intervención y ayuda. El rol de las redes sociales y los picos estacionales El especialista relativizó el peso de las redes sociales como causa directa del fenómeno, aunque reconoció que generan malestar por la comparación constante con la vida de otros. También mencionó que, según la evidencia con la que trabajan los profesionales de salud mental, los picos de casos suelen darse en primavera y en verano, cuando una persona que atravesaba un cuadro depresivo recupera algo de energía física para poner en marcha una decisión que durante el invierno no tenía fuerzas para concretar. Dónde pedir ayuda Dortignac remarcó que existen dispositivos de salud mental disponibles, entre ellos la guardia de emergencias psiquiátricas del hospital y líneas telefónicas de asistencia, como el 107 para situaciones de riesgo inmediato y la línea nacional 011-5275-1135. Insistió en que la responsabilidad de la prevención no puede recaer solo en esos canales institucionales, sino que requiere del compromiso activo de la comunidad para animarse a preguntar, acompañar y sostener a quienes atraviesan una crisis.
En Casa de Gobierno, se llevó adelante una nueva reunión del Comité Provincial de Emergencia, con una amplia convocatoria a sectores productivos, instituciones sociales, municipios; representantes de gobiernos locales, fuerzas de seguridad, organismos provinciales, y otros actores involucrados en la atención de posibles contingencias climáticas. Durante el encuentro se presentó la evolución del plan de contingencia provincial, se analizaron los avances realizados y se profundizó la coordinación de acciones preventivas frente al fenómeno de El Niño, cuyo impacto puede darse en distintos puntos del territorio provincial. “Fue una convocatoria muy amplia, en la que estuvieron los gobiernos locales, las fuerzas vivas, el sector económico y productivo, e instituciones del quehacer social y religioso que siempre colaboran en situaciones como las que se pueden presentar”, explicó Zdero. El mandatario remarcó que el Comité de Emergencia se encuentra activo desde el inicio de su gestión y que el trabajo se fue profundizando a partir de reuniones con municipios y organismos de las provincias vecinas. “Estamos trabajando en el antes. Seguramente se actuará en el durante para saber qué hacer después. Lo que queremos es trabajar de manera preventiva y actuar de acuerdo con la información y con lo que sucede en cada lugar”, sostuvo. Prevención, información y monitoreo Uno de los ejes centrales de la reunión fue la necesidad de contar con información actualizada de cada municipio para mejorar la capacidad de respuesta ante una eventual emergencia.“Necesitamos información para poder cruzarla y ser mucho más precisos en la atención”, afirmó, y agregó que el objetivo es seguir un monitoreo exhaustivo que permita una respuesta rápida y organizada. En este sentido, destacó el trabajo articulado con el Gobierno nacional, las fuerzas federales y provinciales, la Administración Provincial del Agua (APA), Vialidad Provincial y los consorcios, además de las provincias de Santa Fe y Santiago del Estero para el seguimiento de las cuencas compartidas. “Tenemos muchos frentes abiertos. Algunos se identifican específicamente en el área metropolitana, pero también hay situaciones vinculadas a las cuencas y al sistema de drenaje que involucran a distintas localidades”, explicó. Obras para mitigar los efectos del agua El Gobernador destacó las tareas preventivas que ya se vienen ejecutando en distintos puntos de la provincia, particularmente la limpieza y adecuación de canales. “Tenemos una inversión realmente importante que hemos hecho en limpieza de canales. No esperamos que llegue el agua: lo hicimos antes”, remarcó. Asimismo, señaló que se trabaja sobre sistemas de desagüe, drenaje, alcantarillado y accesibilidad de caminos para garantizar la llegada a las poblaciones ante eventuales contingencias.“Hay que trabajar fuertemente en el sistema de desagüe, drenaje, alcantarillado y en la accesibilidad de los caminos. Tiene que haber previsibilidad y organización, no salir de manera desorganizada a dar respuestas”, sostuvo. En esa línea, explicó que la provincia también avanza en la preparación de un sistema de bombeo, con equipos que permitirán atender diferentes puntos del territorio, y que el esquema de respuesta no estará concentrado exclusivamente en Resistencia, sino que contará con cinco puntos estratégicos en la provincia. Trabajo conjunto entre provincias Zdero remarcó la importancia de trabajar de manera coordinada con las provincias vecinas debido a que los sistemas de cuencas exceden los límites administrativos. Por este motivo, destacó que las tres provincias llevan adelante acciones conjuntas de monitoreo, incluyendo relevamientos aéreos con drones e inspectores. “Necesitamos trabajar de esta manera, porque el sistema de cuencas requiere coordinación permanente”, afirmó. También mencionó las acciones preventivas que ya llevan adelante productores de distintas zonas, como el traslado de ganado hacia sectores más altos ante la posibilidad de anegamientos. Meiriño: “El Estado provincial no improvisa” Por su parte, la coordinadora del Comité Provincial de Emergencia, Carolina Meiriño, calificó como “muy positivo” el encuentro y destacó que permitió mostrar el trabajo de planificación que viene desarrollando la Provincia. “Pudimos demostrar que el Estado provincial no improvisa, que tenemos una planificación que se inició a principios de año”, afirmó. Meiriño explicó que, a partir de los informes recibidos por los organismos competentes sobre la evolución del fenómeno de El Niño, la Provincia comenzó a organizar los esfuerzos del Comité de Emergencia en torno a un plan de contingencia, un centro de monitoreo y un protocolo provincial de actuación, cuya activación dependerá de las circunstancias. La funcionaria diferenció las obras estructurales de las acciones no estructurales, entre las que destacó la información y las responsabilidades que corresponden a cada municipio. “Necesitamos que este protocolo y las definiciones de acción que se transmitan a través del centro de monitoreo tengan una función efectiva, para que la respuesta del Estado sea ágil, concreta y precisa”, sostuvo.Meiriño remarcó además que el objetivo es que cada municipio pueda informar con precisión las necesidades de su territorio para que los recursos y la asistencia provincial sean destinados de manera eficiente. “Los datos que necesitamos son los que vienen desde los propios municipios. Todavía falta información de una parte importante, pero eso no significa que no tengamos diálogo ni que el Gobierno provincial no vaya a brindar los recursos o la capacitación necesaria”, aclaró. Finalmente, adelantó que el trabajo continuará el próximo viernes en Presidencia Roque Sáenz Peña, donde se realizará una nueva reunión regional con los actores involucrados. “Como dijimos, a la naturaleza no la podemos frenar, pero si trabajamos en conjunto y somos responsables de hacer cada uno lo que nos toca, el resultado va a ser muy positivo”, concluyó.
El beneficio estará disponible durante la tarde en las tarjetas Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco. La medida garantiza previsibilidad a los empleados públicos y se enmarca en una administración ordenada de los recursos provinciales. El Ministerio de Hacienda y Finanzas del Chaco informó que el lunes 21 de septiembre se acreditará el pago del Refrigerio correspondiente a los trabajadores activos de la Administración Pública Provincial. Los fondos estarán disponibles durante la tarde en las tarjetas Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco, permitiendo a los empleados públicos disponer del beneficio el mismo día, de acuerdo con la modalidad habitual de acreditación. El subsecretario de Hacienda, Sebastián Villalonga, destacó el cumplimiento en tiempo y forma de este compromiso, y señaló que “representa una muestra de responsabilidad y compromiso, con una administración ordenada y previsible”. En este sentido, remarcó la importancia de la planificación financiera y del manejo transparente de los recursos públicos para sostener los compromisos asumidos por la Provincia. “Con transparencia y orden en las cuentas públicas, podemos cumplir, una vez más, con el pago del Refrigerio para los empleados activos de la administración”, afirmó Villalonga. Desde la cartera económica señalaron que la acreditación forma parte de una política de administración responsable y previsibilidad, destinada a garantizar el cumplimiento de las obligaciones con los trabajadores estatales. Asimismo, destacaron que estos recursos tienen un impacto directo en el consumo y la actividad comercial local, fortaleciendo el circuito económico provincial. Como es habitual, el Refrigerio será percibido exclusivamente a través de la tarjeta Tuya Recargable, herramienta que permite agilizar la operatoria y concretar la acreditación de manera rápida y segura.