Juan Manuel Urtubey, Graciela Camaño, Eduardo Bucca y Pablo Kosiner debatieron la iniciativa y acordaron que el Gobierno necesita herramientas para afrontar la crisis.
La diputada por el Interbloque Federal, Graciela Camaño, analizó el megapaquete junto a su par del bloque Justicialista, Eduardo “Bali” Bucca, el exdiputado Pablo Kosiner y el exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, quien compartió fórmula presidencial con el economista Roberto Lavagna.
Todos ellos consideran que “el Gobierno nacional debe contar con las herramientas necesarias para afrontar esta crisis” que golpea con más fuerza a los sectores vulnerables.
“La idea es contribuir con algunos aportes vinculados a la aplicación de las compras con trajeta en dólares e incentivos a pymes cumplidoras”, explicó uno de los presentes a El Destape. Las medidas a sugerir todavía son evaluadas, pero estiman serán consensuadas previamente y propuestas en el recinto al momento de la votación.
En un momento del encuentro apareció el presidente del bloque de Todos, Máxima Kirchner, y junto a él escucharon la conferencia de prensa que dio el ministro de Economía, Martín Guzmán. “Le transmitimos nuestro apoyo al proyecto, pero le comentamos inquietudes que trabajaremos en el bloque. La idea es que el interbloque pueda aportar en el recinto los cambios acordados”, explicó la fuente.
De hecho, El jefe del Interbloque Federal, Eduardo “Bali” Bucca, contó que dará el quórum junto al resto de los legisladores y expresó: “El gobierno necesita las herramientas para poder diseñar una política social, sanitaria y económica de mediano y largo plazo que revierta esta situación”. Y sumó, en diálogo con Radio Caput: “La mirada más allá este proyecto, del Interbloque Federal, es una mirada constructiva, de colaborar para que la Argentina pueda salir de esta situación tan crítica y compleja”.
En el proyecto se establece que la emergencia se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2020 y delega en el Poder Ejecutivo, las facultades comprendidas en la presente ley, en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, con arreglo a las bases de delegación establecidas en el artículo 2º, hasta el 31 de diciembre de 2020.
La iniciativa tiene como objetivo crear condiciones para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, la que deberá ser compatible con la recuperación de la economía productiva y con la mejora de los indicadores sociales básicos.
Además, estipula regular la reestructuración tarifaria del sistema energético con criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva y reordenar el funcionamiento de los entes reguladores del sistema para asegurar una gestión eficiente de los mismos.
También buscará promover la reactivación productiva a través de la generación de incentivos como la implementación de planes de regularización de deudas tributarias, aduaneras y de los recursos de la seguridad social para las micro y medianas empresas.
En sus más de 80 páginas se establece la necesidad de “fortalecer el carácter redistributivo y solidario de los haberes previsionales considerando los distintos regímenes que lo integran como un sistema único, con la finalidad de mejorar el poder adquisitivo de aquellos que perciben los menores ingresos” e “impulsar la recuperación de los salarios”.
En consonancia con lo anunciado este lunes por Ginés González García, ministro de Salud, para abaratar el costo de los remedios, el proyecto de ley busca procurar el suministro de medicamentos esenciales para tratamientos ambulatorios a pacientes en condiciones de alta vulnerabilidad social, el acceso a medicamentos e insumos esenciales para la prevención y el tratamiento de enfermedades infecciosas y crónicas no trasmisibles y asegurar a los beneficiarios del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y del Sistema Nacional del Seguro de Salud, el acceso a las prestaciones médicas esenciales.
