El oficialismo no lo pudo blindar y el procurador interino Eduardo Casal tuvo que escuchar las duras críticas de los legisladores opositores sobre la aplicación de la ley del arrepentido y, sobre todo, las acusaciones de “proteger” y “dilatar los tiempos” de un “desafuero” o de un “juicio político” al fiscal federal Carlos Stornelli, declarado en “rebeldía” por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, e incluso la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. Casal, ante la comisión Bicameral de Control y Seguimiento del Ministerio Público Fiscal, buscó defenderse y dijo que no acató el pedido de iniciar el juicio político al subordinado rebelde porque es parte de sus “atribuciones” y se inclinó por el camino más largo con la actuación del Consejo Evaluador –cuyo dictamen “no es vinculante”– por tratarse de un situación que no tiene precedentes. Además, Casal evitó emitir opinión porque “las actuaciones disciplinarias son de carácter reservado”.

    El procurador abrió la reunión con una larga exposición sobre el informe de su gestión interina. Después de más de media hora, la diputada massista Graciela Camaño le puso fin al informe que calificó de “largo y denso”. El macrista Lucas Incicco, que preside la bicameral, trató de que Casal terminara su informe, pero éste entendió que ya no había tiempo para dilaciones y aceptó que comenzara la ronda de preguntas sobre el tema de mayor interés: Stornelli. Camaño se concentró en la implementación de la llamada ley del arrepentido (como autora del proyecto), en especial si existe un protocolo para su implementación. Casal reconoció que “no pudimos fijar criterio ni guía de buenas prácticas”. Pero dijo que hay “consultas y análisis”.

    El diputado Martín Doñate (FpV-PJ) le apuntó a Casal por “proteger” al fiscal Stornelli y sostuvo que “será recordado como el procurador que mantuvo en actividad a un fiscal profugado en rebeldía”. “Está claro que el Ministerio Público, en su interinato, está entrando en las páginas más tristes de la historia”, remarcó Doñate a Casal, a quien también le recriminó que transitara el camino más largo disponiendo iniciar “un expediente disciplinario, se le requirieron explicaciones y se siguió el procedimiento con el Consejo Evaluador”.

    Casal defendió su decisión: “El Consejo Evaluador llegó a la conclusión, por unanimidad, de que era necesaria la instrucción de un sumario para determinar si la incomparecencia de Stornelli a las citaciones constituía una falta. Cuando esté concluido el sumario y estén las conclusiones del sumariante (trabajo a cargo del fiscal de instrucción Marcelo Rettes), debe consultarse nuevamente al Consejo Evaluador, que es un órgano asesor y cuyos dictámenes no son vinculantes”. “Corresponde al procurador -continuó Casal- cerrar el caso, aplicar una sanción o pedir la destitución al tribunal de enjuiciamiento”.

    “Esa decisión de dilatar los tiempos va de la mano de la complicidad y la protección del fiscal que está a su cargo”, replicó Doñate y preguntó: “¿Cómo puede ser que tengamos un fiscal que fue llamado a indagatoria en cinco oportunidades, que fue declarado en rebeldía por el juez de la causa y por la Cámara de Mar del Plata, que le requirió la remoción y el desafuero, y que tengamos que escuchar su silencio?”.

    “Estamos frente a la evidente revelación de una asociación ilícita dedicada a la extorsión y persecución política. Las evidencias probatorias son de una contundencia como nunca se vio antes. ¿No le parece sancionable que un fiscal que reconoce un vínculo tan estrecho con un personaje que dice ser un agente de la DEA, de un servicio de inteligencia de un país extranjero?”, insistió el diputado. Su compañera de bancada, Vanesa Siley le aseguró que “no correspondía ningún sumario”. Casal contestó que “es el primer caso donde tenemos que resolver sobre un desafuero de un fiscal que no se presenta a una indagatoria y que invoca razones de servicio”, dijo y se excusó de no anticipar valoraciones: “No guardo silencio; sé de las oportunidades en las que tengo que hablar”.

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