La iniciativa legislativa, de autoría de los diputados radicales de Cambiemos, Gustavo Corradi y Carim Peche crea la bonificación por incompatibilidad parcial” del 75% (setenta y cinco por ciento) a calcularse sobre el total de las remuneraciones que perciban los agentes (salario básico, compensación jerárquica y adicional remunerativo).
    Establece que la erogación que demande el cumplimiento de la presente se imputará a las partidas propias del Poder Legislativo y autoriza al Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias que resulten pertinentes para el cumplimiento de la presente.

    En sus fundamentos, los legisladores sostienen que “los profesionales que poseen título de abogado, se encuentran comprendidos por la prohibición del art. 6º de la Ley 4.865, la cual si bien en principio establece que el ejercicio de las profesiones liberales será compatible con el empleo o función a sueldo de la provincia, las municipalidades y las empresas del Estado o en las que este sea parte, cuando no exista dedicación exclusiva o inhabilidades legales, luego fija limitaciones al establecer que :” el profesional, funcionario o empleado no podrá bajo ningún concepto: a) Prestar servicios, asesorar o representar a empresas que tengan contratos, convenios, obras u obligaciones para con la Provincia, las municipalidades, empresas o sociedades del Estado o en la que este sea parte. b) Representar, patrocinar o actuar como perito ante autoridades judiciales o administrativas a persona natural o jurídica, en trámite o en pleito de cualquier naturaleza en que sea parte el Estado Provincial, las municipalidades, empresas o sociedades del Estado o en las que este tenga participación. c) Ser abogado defensor o patrocinante de funcionarios o empleados que se encuentren acusados, sumariados o imputados ante las autoridades administrativas o judiciales por hechos cometidos contra la Administración Pública Provincial, Municipal, empresas o sociedades del Estado o en las que este sea parte. d) Realizar trabajos profesionales en forma particular dentro del ámbito de sus funciones oficiales”.

    En ese contexto, manifiestan que “los empleados del Poder Legislativo, que ejercen como abogados, ven coartadas sus posibilidades de asesorar, litigar y/o representar a particulares, cuando éstos tengan intereses encontrados con el Estado Provincial y/o Municipal, Entes Autárquicos y/o Empresas del Estado en que tengan participación. Cabe destacar que este tipo de bonificación especial por incompatibilidad, ya es reconocida y abonada a los profesionales del derecho que prestan servicios en el Municipio, la Administración Tributaria Provincial, Asesoría General de Gobierno, Fiscalía de Estado y otros organismos públicos”.

    “Esta discriminación entre profesionales que prestan servicios en diferentes organismos o poderes públicos, constituye una abierta vulneración de los derechos consagrados en nuestra Carta Magna y los tratados internacionales, ya que lesiona y altera el normal y libre ejercicio de la profesión, como así también el derecho a la igualdad. La presente iniciativa procura reestablecer el equilibrio del derecho a la igualdad del cual deben gozar todos los ciudadanos, en este caso en particular, los abogados del Poder Legislativo, cuando pretenden ejercer su profesión en el ámbito del Derecho Público Provincial y Municipal y ven coartadas sus posibilidades por las limitaciones de normas locales”, concluyen ambos legisladores e insisten con solicitar el acompañamiento de sus pares.

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