Por unanimidad, el Parlamento chaqueño estableció la bancarización en contratos de alquileres de inmuebles, para aquellos casos en que la administración esté a cargo de un corredor inmobiliario incluido en las previsiones de la Ley 1495-C. Y será su obligación brindar la información a las partes y hacer operativo el cumplimiento de informar al propietario para que la parte locataria pueda, si así lo quisiera, realizar transferencias bancarias o depósitos por cajero automático para cumplir con el pago.
La iniciativa también establece la obligatoriedad de la mediación obligatoria. Determina que las controversias vinculadas con la aplicación del Decreto nacional 320/2020, deberán agotar la instancia de mediación, con carácter obligatorio y previo a interponer la demanda judicial, ante el Centro Público de Mediación dependiente del Poder Judicial. De no acreditar este trámite no se dará curso a la demanda.
La iniciativa tendrá vigencia por un año, desde su sanción. Además, suspende, por ese mismo plazo, toda norma que se oponga a su aplicación
La diputada del Frente Grande, teresa Cubells, señaló durante el debate parlamentario, que el decreto 320 dispone que en tondo el territorio la adopción de determinadas medidas concernientes a los contratos de alquileres. Aseguró que la ley impulsada en la provincia, tenía como propósito “que se tenga una aplicación efectiva de este decreto”.
Gladis Cristaldo, de la Scalabrini Ortiz, explicó que iniciativa “sugiere para las provincias que se establezca claramente que antes de una instancia judicial se prevea una mediación previa obligatoria y gratuita, y que quede establecido en una norma de jurisdicción provincial. Que aquellas controversias que puedan surgir se agoten en la instancia de mediación, antes de una demanda. En este caso será en el Centro Público de Mediación del Poder judicial”.