El Dr. Ramírez habló de un proceso judicial que se desarrolló “en tiempo récord”. “En siete jornadas hábiles de juicio, de ocho horas más o menos cada una, se han tomado más de 30 testimonios, se ha leído la acusación, en principio. Se produjeron casi nueve horas de alegatos, entre los de la parte acusadora que es la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, de la Nación y la Fiscalía, y la de los dos abogados defensores”, repasó.
“Hemos tenido la posibilidad de hacer un balance de toda la prueba que se reunió durante el juicio y lo que resta es esperar el dictado de la sentencia que va a ser el 30 de abril, a las 8”, sostuvo.
“Hemos dado por probado todos los hechos que se imputan. Son 33 hechos, muchísimos, histórico para la provincia del Chaco. No ha habido un juicio de lesa humanidad con tanta cantidad de víctimas, son ocho imputados. La prueba fue harto suficiente, contundente, clarísima. Los testigos han podido expresar lo que les ha acontecido y sus vivencias fueron corroboradas por documentación y fallos de juicios anteriores”, valoró.
Mencionó que la acusación pidió “una gama de penas y condenas que van de los 10 a los 25 años en función de la cantidad y la gravedad de los hechos que pesan sobre cada uno de los imputados”, dijo y aclaró que no todos los imputados están implicados en los mismos hechos. “Quienes tienen mayor cantidad de hechos que se les imputan son Manader y Rodríguez Valiente”, precisó.
“En este juicio hay básicamente cuatro figuras delictivas que se intentó probar: la violación de domicilio; la privación ilegítima de libertad; las torturas en diverso grado, de las más variadas; la desaparición, cuatro de las personas torturadas desaparecieron hasta el día de hoy; y tenemos un caso de violencia sexual que se le adjudica a dos imputados”.
Ante la consulta, comentó que la mayoría de los imputados declaró y negó toda acusación. “Manifestaron que no realizaban estas tareas ilegales, o que las víctimas los confundían con otras personas y no tenían vinculación con los hechos represivos. Sin embargo, la mayoría de ellos ya tiene condena. Sobre la mayoría de ellos ya se probó que participaron del aparato represivo que se encargó de torturar gente, secuestrarla, eliminarla físicamente”.
No descartó que posteriormente pueda surgir una nueva causa por delitos de lesa humanidad. “De los testimonios, aparecen hechos que nosotros desconocíamos, hechos de violencia sexual particularmente”.
“Tenemos confianza en que se ha probado todos los hechos que estaban sobre la mesa, el trabajo profesional que se hizo es suficiente para demostrar la autoría de estas personas sobre estos hechos y también tenemos conocimiento que tenemos 6 juicios previos de lesa humanidad que demostraron que sucedían apremios ilegales, secuestros, torturas en la Brigada de Investigaciones de la Policía”, manifestó.
Las penas pedidas por las partes acusadoras
A César Pablo Casco (Servicio Penitenciario de U7): 10 años de prisión por considerarlo coautor de los delitos de tormento agravado psíquico y físico por la condición de detenido político de la víctima por un hecho. Para el ex policía Jorge Ibarra solicitaron 20 años de prisión por tormentos (1 hecho), desaparición forzada (4 hechos) y privación ilegítima de libertad (1 hecho).
A Jorge Ibarra (Policía de Brigada de Investigaciones): 20 años de prisión por desaparición forzada en 4 hechos y privación ilegítima (1 hecho) y tormentos (1 hecho).
Francisco Álvarez (Servicio Penitenciario de Alcaidía) 18 años de prisión por tormentos en 8 hechos (y la absolución en 4 hechos de desaparición forzada)
A Gabino Manader (Policía de Brigada de Investigaciones) 25 años de prisión por tormentos (4 hechos), por privación ilegítima de la libertad (10 hechos), por violación (1 hecho) y por desaparición forzada (4 hechos)
A José Rodríguez Valiente (Policía de Brigada de Investigaciones): 25 años de prisión por tormentos (5 hechos), por privación ilegítima de la libertad (5 hechos), por violación (1 hecho) y por desaparición forzada (4 hechos)
A Luis Alberto Patetta (Ejército) 15 años de prisión por tormentos y privación ilegítima de libertad (2 hechos) y violación de domicilio (1hecho)
José Tadeo Bettolli (Ejército) 15 años de prisión por tormentos y privación ilegítima de libertad (2 hechos), y 3 hechos de privación ilegítima de libertad.
A José Marín (Policía de Brigada de Investigaciones) 25 años de prisión por tormentos y desaparición forzada en 4 hechos y tormentos (1 hecho).
En todos los casos la pena solicitada tuvo en cuenta que al momento de la comisión de los hechos el máximo de pena temporal para la pena privativa de libertad en el concurso de delitos era de 25 años (aplicación de la Ley más benigna).
