A fines de abril, el fiscal provisorio de General San Martín, Guillermo Codutti, archivó una medida cautelar dictada en 2012 que limitaba las pulverizaciones de agrotóxicos en el establecimiento que el empresario Eduardo Eurnekian explota en la zona rural de Pampa del Indio. Dos días después, se volvió a fumigar en forma aérea. Ahora, las familias Qom afectadas analizan recurrir a distintos organismos y también la vía judicial.
“Durante un tiempo la empresa respetó las distancias y el compromiso que había asumido, en algunos años por ahí hubo alguna fumigación pero muy aislada. Pero lo que nos llama la atención es que desde hace dos años se reiteraron ya cuatro o cinco fumigaciones y estas últimas en forma aérea”, relató la abogada y referente de la Red de Salud Popular “Dr. Ramón Carrillo”. Precisó, en ese sentido, que “la última fue el 12 de marzo en forma aérea. Se hizo hizo la denuncia, teniendo en cuenta que estaba la medida cautelar, el compromiso asumido por la empresa, más la ley de Biocidas”.
A nueve años de aquella medida, todo pareció volver al punto de partida tras la decisión del fiscal Codutti que decidió archivar la denuncia, lo que fue notificado el 29 de abril, “porque no había más elementos que los relatos de las personas denunciantes”.
“Desconocemos que investigación habrá hecho el fiscal para resolver de esa manera, aparte tampoco tuvo en cuenta la medida cautelar anterior, lo que establece la ley de Biocidas”, reflexionó Gómez.
En ese contexto, reveló que “el 1 de mayo a la mañana vieron el avión fumigar en la misma zona”, y advirtió que “esto genera impotencia porque las familias ya no saben adónde recurrir”.
Así, la abogada de la Red de Salud contó que “las familias se están reuniendo para presentar otra vez notas al defensor del Pueblo de la Provincia, a la Defensoría del Pueblo de la Nación, subsecretaria de Ambiente porque estos organismos habían suscripto el Acta en 2012 como veedores del cumplimiento de la medida, además vamos a evaluar alguna otra presentación judicial”.
Un reclamo de larga data
El reclamo por las fumigaciones con agrotóxicos de los vecinos del Establecimiento Don Panos datan del año 2010 en que presentaron una denuncia ante la Fiscalía de la ciudad de General San Martín. Recién dos años después, por intervención del defensor del Pueblo del Chaco, Gustavo Corregido, el por entonces fiscal José Sorabella dictó una medida cautelar precautoria en la que ordenaba a la firma “se abstenga de efectuar fumigaciones de agroquímicos sobre una franja de chacra de unos dos mil metros de extensión sobre el límite perimetral que divide la Estancia Don Panos con el campo del denunciante Mariano Peñaloza y en una extensión de aproximadamente seiscientos metros hacia adentro del campo de tal Estancia Don Panos, ello a fines de garantizar la integridad física de los habitantes pertenecientes a la comunidad que vive en tal zona”.
Días después, en una asamblea realizada en el CIC de Pampa del Indio, el apoderado de la empresa Don Panos SA suscribió el compromiso de ampliar el área de no fumigación, como veedores suscribieron el Acta el por entonces defensor del Pueblo de la Provincia, Gustavo Corregido, el subsecretario de Ambiente y otros funcionarios provinciales.
