Como abogado querellante en la causa, Marco Molero se refirió en CIUDAD TV a los avances en la investigación tras la denuncia penal y administrativa realizada por la Secretaría General de la Gobernación, por la posible transferencia de más de 200 vehículos del Estado.
Explicó que la denuncia que inició en el fuero provincial también derivó en una causa federal. “Una causa es por la venta de vehículos automotores, patrimonio del Estado, que solo pueden salir de la órbita del Estado por un remate público, cuando son compactados y transformados en chatarra o si se autoriza la donación a ciertas instituciones”, se explayó.
Sin precisiones, dijo que “se habría constatado que se habrían vendido vehículos” y que, para poder realizar esta venta, “lo que motiva la investigación de Fiscalía N° 6 de la ciudad de Resistencia, a cargo del fiscal Roberto Villalba”, se habría utilizado documentación apócrifa, denuncia que fue realizada “por el titular de un registro automotor y sería de competencia federal. A la par de una investigación en la provincia, se estaría dando inicio a una investigación en el fuero federal”.
Habló de una causa de “gravedad institucional que amerita su seguimiento”, dijo y adelantó que “en el día de la fecha me informaron que estarían redactando los poderes para que tomemos intervención en las causas y darle la entidad y celeridad que amerita el hecho. Es de gravedad”, aseguró.
“Es tan grave que, si fuera un vehículo o 300 es lo mismo, no debería pasar jamás esto. Abarca a la provincia, el erario público provincial es el que se ha visto afectado, disminuido como consecuencia de este proceder”.
Recalcó que afecta a distintas áreas del Estado, “algunas cualitativamente de mayor envergadura, pero de más de un área seguro”.
Si bien aclaró que se respetará el curso de la investigación, dijo que “habría vehículos que pertenecerían a la Policía de la Provincia del Chaco, por lo menos es lo que reza la denuncia que está radicada en la Justicia Federal”. “Como toda investigación, cada uno de los fiscales armará su estrategia para recopilar la información que tiene que concluir de dos maneras. Acusando y requiriendo la elevación de la causa a juicio o instando al sobreseimiento. En el medio, seguramente habrá pedidos de informes, allanamientos también. Y en función de eso se imputará a personas físicas”, sostuvo.
En el caso de la denuncia radicada por ante la Fiscalía provincial, “se individualizaría, al menos, en principio, a dos personas físicas”, apuntó.
