El representante de Chaco en el Parlasur, Julio René Sotelo, dialogó con CIUDAD TV tras la apertura del proceso para separar a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón del organismo, y avanzar con el juicio político contra el principal operador judicial de Mauricio Macri. La decisión fue avalado por 64 parlamentarios y con la abstención de cuatro representantes de Juntos por el Cambio y uno del Frente Cívico.
El parlamentario chaqueño, repasó las imputaciones contra Rodríguez Simón, y la instancia en la que se lleva a cabo esta votación en dicho Parlamento, “por toda la actuación que le cupo y las denuncias importantes por haber influido en varios temas en donde estaba en juego, inclusive, la libertad de las personas”. “Fue por todo ello, citado a declarar junto con otras personalidades, entre ellas, el propio expresidente (Macri) y el exministro de Justicia; por parte de la jueza actuante que es la Dra. Servini de Cubría”.
Recordó que en la primera citación, “comunicó que estaba en Uruguay, que no podía presentarse a declarar, pero que no tenía inconvenientes en hacerlo en otra oportunidad. Así que se fija una nueva audiencia por parte de la Jueza para la declaración indagatoria y, antes de la fecha, presenta un pedido ante la Justicia uruguaya pidiendo en calidad de refugiado”. “Evidentemente, la jueza entendió que esto era una maniobra, un ardid, para no presentarse a declarar. En Argentina, no existen detenidos políticos, ni perseguidos políticos y, mucho menos, por parte de la Justicia; que no tenía ningún tipo de argumento para evadir el accionar de la Justicia y decreta, inmediatamente su rebeldía y ordena su detención a través de la Interpol, teniendo en cuenta que él ya había fijado domicilio en la Banda Oriental”, refirió. “Este hecho fue incluso repudiado hasta por la propia gente del PRO”, añadió, haciendo referencia al propio Macri. “En esa soledad política, en aquel momento se refugia en Uruguay”.
“Nuestro bloque entendió que, teniendo en cuenta que los integrantes del Parlasur representamos a nuestro país en un organismo internacional, en que participan los países que integramos el MERCOSUR, era poco prudente que una persona que sea prófuga de la Justicia pueda seguir teniendo la calidad de representante del país ante un organismo internacional”, recalcó.
Asís es que el bloque presentó el pedido del cese de mandato, teniendo en cuenta el artículo 30 del reglamento Interno del Parlasur, establece como causal de cese una causa genérica que es “falta de decoro”. “No hay mayor falta de decoro que ser prófugo de la Justicia”
El procedimiento dentro del PARLASUR
Comentó que frente a este escenario, se corrió traslado y derivó la cuestión a la Comisión de Asuntos Internos, de la que forma parte Sotelo junto con la parlamentaria chaqueña Elena Corregido y Benedetto (Humberto) del PRO, entre quienes representan a la Argentina. “La Comisión se reúne y después de un largo debate, por unanimidad, resuelven aprobar un procedimiento para el caso. “Se establece recibir la acusación, por parte de lo parlamentarios que la elevaron a cabo. E inmediatamente después se cita al encartado para que haga su defensa, ofrezca las pruebas y en plazo prudencial, producir todas las pruebas que se ofrezcan. Luego, la Comisión, eleva las concusiones al plenario que es el que debe resolver con las mayorías agravadas”, explicó.
“Entendimos que tenía que ser ratificado por el cuerpo, aún cuando no era necesario, a pedido de la delegación brasilera, para darle mayor transparencia y seguridad”, apuntó. Esto ocurrió el en la sesión del miércoles, “donde se trató como primer punto del orden del día, por un acuerdo de todas las bancadas, de los cuatro países que integramos el MERCOSUR, y fue aprobado por una amplísima mayoría”.
“El propio Rodríguez Simón hizo una especie de descargo preguntando si la falta de decoro era colgarse de la luz del vecino o traficar influencia. Y una de las cosas que se imputan es precisamente el tráfico de influencia”, sostuvo.
El tema debe volver ahora a Comisión y continuar por la vía institucional dicho trámite. “La idea es darle una absoluta y total transparencia, un debido proceso, con el legítimo derecho a defensa que le cabe a cada uno de los imputados y, posteriormente, nos expediremos como comisión y elevaremos a consideración del pleno”, aseguró.
