“Por esta cuestión institucional que pone en juego este caso, si es uno de los más graves al que hayamos asistido en los últimos años”, aseguró Luciana Sampietro, directora del Centro Judicial de Género del Poder Judicial. Fue en referencia al femicidio de Marilú Robledo por parte de su expareja, a quién había denunciado en más de veinte ocasiones antes de que este acabara con su vida. En ese contexto, admitió que, si bien el asesino ya había sido condenado por un hecho de violencia de género, “se pudo haber trabajado mucho mejor, en forma más eficiente”.
Sampietro sostuvo que “es verdad que esta chica, esta víctima, realizó muchísimos pedidos de auxilio al Estado, en su faceta justicia y a otros organismos del Estado. Sin perjuicio de eso, este agresor, este violento, este asesino, fue condenado, fue procesado, tenía muchísimas causas que ya estaban procesadas”. De hecho, la funcionaria judicial reveló que tuvo una condena de parte del Juzgado Correccional Nº 1 que fue dictada este año, aunque señaló que “era una persona claramente con un profundo desprecio por la norma, mucho tiempo pasó prófugo en estos procesos, era difícil ubicarlo”.
“Queda en evidencia, con el desenlace tremendo que tuvimos, que todavía faltan muchísimas cosas por corregir y mejorar en lo que son las prácticas del Estado a la hora de abordar estos casos”, reflexionó la directora del Centro Judicial de Género del Poder Judicial del Chaco.
En ese sentido, insistió en que “se hicieron cosas, se atendió la problemática, pero quizá se pudo haber trabajado mucho mejor, en forma más eficiente”.
“Hay algunos sujetos como éste que claramente tenía cuestiones psicopatológicas, un nivel de gravedad en su accionar mucho más alto de lo que se ve normalmente, lo cual no le quita gravedad a los otros. Son personajes muy complejos y quizás ese nivel de gravedad, de riesgo, no fue detectado a tiempo, no fue atendido a tiempo como para realmente evaluar la situación de riesgo y vulnerabilidad en la que estaba esta víctima. Si bien la justicia accionó, se podrían haber hecho mejor las cosas”, subrayó Sampietro.
La titular del Centro Judicial de Género consideró que “sería muy osado de mi parte querer explicar hoy en una nota periodística a la sociedad, a las familias, cuestiones de detalles que han fallado. Desde los plazos, hasta cómo intervienen o no los jueces y fiscales en determinadas situaciones propias del expediente, el manejo de los abogados defensores, cómo se trabaja eso desde la justicia. Es decir, muchas respuestas que deberían darlas específicamente el fiscal y las juezas que abordaron estos casos”.
Al respecto, aseguró que “todavía falta muchísimo incorporar en las prácticas judiciales la comprensión cabal de que las violencias de género son tremendamente graves y no son hechos aislados. Aparte eso ya está incorporado en nuestra normativa constitucional y convencional de derechos humanos. No se deben interpretar las violencias de género como otros casos penales, tienen características muy particulares que ponen a las mujeres en un contexto de interseccionalidad de violencias, están atravesadas por muchas violencias, entre ellas la institucional, que es el hecho de no encontrar respuestas adecuadas a nivel de la gravedad de lo que están sufriendo, claramente esta es una muestra de eso”.
