La secretaria de Derechos Humanos y Géneros del Chaco, Silvana Pérez, dio detalles de las medidas de contención y acompañamiento a los familiares de Marilú Robledo, la mujer asesinada por su expareja Héctor Gutiérrez. También se refirió a las intervenciones previas que había tenido ese organismo a partir de las denuncias de la mujer de 27 años. En ese sentido, la funcionaria provincial habló sobre la necesidad de ajustar las intervenciones estatales en casos de violencia de género.
“El caso de Marilú es sumamente lamentable, grave, y que implica necesariamente repensar y ajustar tanto en la comunidad pero sobre todo en las instituciones estatales algunas intervenciones”, consideró Pérez. En ese sentido, dijo que la vicegobernadora Analía Rach Quiroga mantuvo un contacto de manera personal con los familiares de Marilú y puso a disposición todos los dispositivos del Poder Ejecutivo para el acompañamiento y la gestión de diversas medidas y ayudas a familiares de víctimas de femicidio, como por ejemplo el acceso a la ley Brisa, que consiste en una reparación económica para hijas e hijos víctimas de femicidios equivalente a una jubilación mínima.
La secretaria de Derechos Humanos y Géneros describió que también se generó un espacio de contención y acompañamiento para el grupo familiar, que incluyó a la abuela que “está en una tarea muy difícil que tiene que ver con el duelo pero también con el cuidado y contención de sus nietos, para sus nietos, para el hermano de Marilú”.
Cuatro pedidos de detención para el agresor
“Tuvimos reuniones donde se brindó información de cuáles habían sido las comunicaciones que Marilú había tenido en el 2019. Nosotros estamos con las líneas de emergencia donde se puede ver que se ha hecho una evaluación de alto riesgo, que se solicitó en cuatro instancias al Poder Judicial la detención de la persona que cometió el femicidio, con firma de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, con fechas concretas en las que se solicitó esta intervención, con un espacio de seguimiento telefónico para ver si esto pasaba, y con disposición porque, cada vez que ocurre, están las líneas de emergencia para que la víctima pueda, además de la policía, recurrir a una instancia estatal para reforzar el pedido que viene haciendo al sistema judicial”.
Pérez consideró que “es muy importante” entender cuáles son las funciones y tareas de cada uno de los espacios estatales como la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, que es la de “poder articular con los distintos espacios la contención psicológica, el acompañamiento, la información para las ayudas económicas urgentes, la contención social y, sobre todo, el aviso, exigencia y evaluación de riesgo hacia la justicia”.
“La potestad de la detención, que es una herramienta con la que se cuenta, tiene un sentido protectorio, no cautelar, como suele interpretarse en una justicia que no tiene perspectiva de género”, reflexionó la funcionaria provincial.
En el caso particular de Marilú Robledo, Pérez reveló que “se puede ver claramente que hay una primera medida de protección”. Sin embargo, advirtió que “cuando esa medida de protección se incumple, y eso está avisado por la víctima, inmediatamente a lo que se tiene que proceder es a la detención. Mucho más si es una persona que tiene una libertad asistida o condicional”.
“La justicia tiene que hacer un seguimiento a la libertad condicional, y si esta persona está cometiendo nuevos delitos, como es la violencia de género, tiene que haber una detención”, insistió.
En ese contexto, aclaró que “la postura del Estado y la lectura conceptual de los espacios y movimientos feministas no es en general punitivista pero si tiene que ver con el sentido proteccional. No son los 4 mil casos de la provincia los potenciales femicidas, pero tenés casos que vos sabés que hay alto índice de riesgo, y eso está informado, la medida que queda, si fracasa la primera medida que es la prohibición de acercamiento, es lo que dice la ley, que es la detención provisional”.
