El Parlamento chaqueño sancionó por amplia mayoría un Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias Provinciales, a partir de la acumulación de dos proyectos, uno de la UCR y otro del Ejecutivo provincial.
El diputado Nicolás Slimel, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, obró de informante de la iniciativa legislativa y explicó que se trata de una moratoria para que puedan acogerse quienes sujetos pasivos de obligaciones fiscales, que hubieran operado antes del 31 de agosto. El régimen excepcional es hasta el 31 de marzo de 2022. “Da la posibilidad de cancelar cualquier tipo de deuda con tributos provinciales sea a través de un plan o en efectivo”, recalcó.
Como relevante mencionó tasas de interés del 0% en el caso de un solo pago al contado y escalonadas, con un tope del 30% cuando se proyecte el pago hasta en un plazo máximo de financiación de 48 meses.
Desde el NePAR, Juan José Bergia destacó que se trata de una moratoria que, en el caso de aquellas actividades que fueron puntualmente perjudicadas por la pandemia, tendrá un financiamiento “de 60 meses sin anticipo y tampoco la ATP puede iniciar acciones judiciales a partir de marzo del 2022. Se va a ver la mejoría económica que puedan llegar a tener estas empresas”, destacó.
Desde el Frente Integrador, Clara Pérez Otazú propuso una modificación del artículo primero. “En estas épocas de crisis, bienvenido sea el proyecto para regularizar obligaciones tributarias pero el punto 1 excluye a los agentes de retención y de percepción. Nosotros queremos proponer, y voy a solicitar pasar a un cuarto intermedio para trabajar fuera de las grietas, tratar de incluirlos porque también están endeudados y en esta situación de crisis no es fuera de ética o moral poder darle la posibilidad de regularizar su situación”.
El diputado Slimel aclaró que en esos casos “hay una retención indebida y que no se compara con la situación de empresas que atravesaron una crisis en pandemia y necesitan de esta herramienta”. Sin embargo, sostuvo que se podría contemplar esa idea en un proyecto distinto “como ya se hizo en otra oportunidad”. “Para nada considero que tenga que ver con una cuestión de igualdad o equidad dentro del marco normativo”, recalcó.
Desde la UCR, Livio Gutiérrez pidió la acumulación de un proyecto de su bloque vinculado a una prórroga de regularización excepcional. “Este, enviado por el Ejecutivo, mejora el nuestro y da mejores oportunidades”, aclaró, pero pidió que su proyecto encabece la propuesta.
Compartió además en un pleno el planteo de la diputada Pérez Otazú. “Creo que si no hay cuarto intermedio deberíamos poder votarlo cuando se vote en particular. No nos parece ilógico el planteo de la diputada, nos parece razonable”.
El jefe de la bancada Frente Chaqueño, Juan Manuel Pedrini aceptó que se acumule el proyecto 666 y sea cabeza. En cuanto a la propuesta de Pérez Otazú, aseguró que “es de absoluta discrepancia el planteo”. Bajo una serie de argumentos razonables, aseguró: “No podemos legislar para un agente de retención. No podemos poner en una ley esta ganancia extraordinaria para un agente de retención”, reiteró.
Pérez Otazú aseguro comprender la cuestión en el caso de un agente de retención, como ser un escribano, tal había sido el ejemplo que dio Pedrini. No obstante marcó: “Me parece que tenemos que abrir la cabeza y las posturas porque hay muchas pymes agentes de retención y que al no poder pagar esas retenciones que hicieron le están perjudicando al contribuyente directo. Son retenciones indebidas. Si el agente no deposita esas retenciones el contribuyente tampoco va a poder. En todo caso que les regule la moratoria la ATP, pero no los excluyamos”, insistió.
Desde el Partido del Obrero, Aurelio Díaz pidió que el proyecto vaya a cartera y que se revise quienes son los deudores del fisco, “que no haya un Eurnekian o un forestal que negrea a los trabajadores entre estos 3 mil deudores. Que sea justo para el bolichero”, sostuvo.
La justicialista Nadia García Amud coincidió en un pleno con Pedrini. “Podemos encontrar una solución para lo que plantea la diputada Pérez Otazú, en una reunión con asesores, pero no en este proyecto. No vamos a resolver esto en un cuarto intermedio”.
La ley se votó en general y se sancionó con 24 votos a favor y uno cartera del Partido del Obrero. En la votación en particular, frente a la modificación propuesta al artículo primero por la diputada Pérez Otazú, la votación fue de 16 votos en mayoría por mantener el texto original. La ley no incluyó a agentes de retención en el beneficio.
