Profesionales del Colegio de Abogados y autoconvocados se manifestaron este viernes contra el proyecto de ley de colegiación obligatoria que impulsa el oficialismo en el Parlamento chaqueño. En conferencia de prensa desde la Casa de las Culturas, y junto a profesionales también del interior provincial, se declararon “en lucha permanente contra el proyecto de colegiación obligatoria compulsiva y elitista que quieren implementar en la provincia del Chaco”. “Hemos pedido, a través de todos los medios, por todas las voces, que el cuerpo legislativo sea serio, que se respete la Constitución, el artículo 15 inciso 3, donde expresamente se prohíbe este tipo de cuestiones”, manifestaron desde la entidad.
Defendieron asimismo la ley 2275 b, de regulación del ejercicio de abogados y procuradores de la provincia, sancionada en 2014 y vigente hoy que, en el caso de las profesionales mujeres, también contempla “una suspensión de términos o plazos en el caso de maternidad y de lactancia”. “La sanción de esta ley implicó un avance en Latinoamérica ya que otras legislaciones no la contemplan. Constituye un derecho adquirido para abogadas y procuradoras y, con relación al acceso a justicia pensemos en ese grupo etario vulnerable, las mujeres de nuestra sociedad que no cuentan con la capacidad económica suficiente para afrontar los gastos de un juicio como es la cuestión de reclamo por alimentos para sus hijos menores o de guarda judicial”, sostuvieron. “Pedimos los derechos para todas, para las que somos abogadas y procuradoras y para nuestras clientas que no lo son también”.
“La única manera de salir de esta situación es seguir luchando por la plena vigencia de la ley 2275 b, superadora del arcaico sistema colegialista que responde a un movimiento que se da en Latinoamérica contra las corporaciones colegialistas que el único objetivo que tienen es recaudar y dominar, no el de defender los intereses de los profesionales”, ahondaron.
“Nuestra matrícula está a cargo del Superior Tribunal de Justicia, somos auxiliares de la justicia. Tenemos tribunal de ética para las faltas que cometamos. Cualquiera que esté en el ejercicio profesional sabe que un sistema de esa naturaleza encarece por completo la actividad, implica un sistema de manipulación total para los afiliados. Para la sociedad sería sumamente grave que se instaure este sistema atento a que prevé pagos por causa y por abogado interviniente, lo que llevaría a crear una caja de más de $700 millones anuales. Imagínense el centro de poder del que estamos hablando. Por eso mucha gente está interesada en que esto se sancione, pero los abogados que ejercemos la profesión y luchamos por el derecho de la gente nos oponemos rotundamente”, manifestaron.
