Hace aproximadamente un mes, el fiscal Especial en Derechos Humanos, Luciano Santos clausuró la investigación de la causa por violencia institucional por la cual hay 10 policías de la Comisaría 3ra de Fontana imputados por delitos de vejaciones agravadas, allanamiento ilegal, detención ilegal, falsedad ideológica y encubrimiento, en el marco de los hechos ocurridos a finales de mayo de 2020, en el barrio Banderas Argentinas de esa localidad.
“El fiscal solicita la elevación de la causa a juicio por entender que tiene todas las pruebas para que este caso sea juzgado. Desde las querellas del Comité para la Prevención de la Tortura, la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros y la querella por parte de la familia, representada por la Defensa Pública, estamos de acuerdo con la clausura de la investigación, no así con la carátula con la que se pretende elevar esta causa a juicio”, comentó. Con el planteo, las tres querellas presentaron una oposición a la calificación, que será resuelta el 4 de febrero por el Juzgado de Garantías N°3, a cargo de la Dra. Rosalía Zózzoli.
“En audiencia se va a definir si se mantiene la carátula actual por vejaciones o si, en cambio, la jueza de Garantías ordena al fiscal cambiar la carátula a la de tortura, que es la que nosotros sostenemos. Esto tiene que ver con la adecuada calificación que tienen que tener estos hechos, producto de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino y chaqueño, particularmente la Convención contra la Tortura”, apuntó.
Recordó que esta no es la primera oposición a un intento de elevar a juicio por parte de la Fiscalía. “Ya nos opusimos en el intento de elevarlo sin la imputación de la comisario Beatriz Lucena. Ahora, estamos de acuerdo con la cantidad de imputados, las pruebas recabadas, pero no acordamos con la calificación legal. Pedimos que este caso sea elevado a juicio con la carátula correcta y que sea reparatoria a las víctimas, esa carátula es la de tortura”, aseguró.
Explicó la que la diferencia entre una carátula por vejaciones y la de tortura radica en la intensidad del sufrimiento. “Esa es la diferencia que existe. Entre los apremios de vejación y de tortura hay una cuestión de gradualidad en el sufrimiento. Esto es muy interesante porque inclusive, el fiscal de derechos humanos, atento a los pedidos de la querella, de calificar como tortura ordena nuevas pericias a las víctimas para poder analizar la situación psíquica de ellas. Así es que las pericias son contundentes en acreditar el grave sufrimiento que sufrieron y aún hoy sufren las víctimas de estos hechos: dificultad para conciliar el sueño, llantos, angustia, depresión, dificultades laborales e incluso estado de crisis ante la presencia de un patrullero. Tenemos el grave sufrimiento acreditado, la carátula adecuada es la de tortura”, aseguró.
