La ley sancionada por unanimidad establece la capacitación obligatoria en la perspectiva de la discapacidad con enfoque de Derechos Humanos para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías. Se toma como eje la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo” con especial énfasis en el principio de dignidad y su reconocimiento como sujetos de derecho.
La Autoridad de Aplicación será el Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad(IPRODICH), que articulará una mesa interpoderes para coordinar criterios y unificar el plan estratégico y operativo de las capacitaciones que comprende la ley.
Promoverá además de manera anual campañas de sensibilización y concienciación desde una perspectiva de discapacidad con enfoque de derechos humanos. Realizará campañas de educación y capacitación, en coordinación con asociaciones civiles, gremiales, empresas privadas que lo deseen y la ciudadanía en general.
También el IPRODICH, a través de la Comisión, certificará la calidad de las capacitaciones que elabore e implemente cada organismo.
Quienes se nieguen sin justa causa a realizar las capacitaciones previstas por ley serán intimadas y dicha intimación será considerada falta grave dando lugar a una sanción disciplinaria.
El debate
La diputada justicialista Jessica Ayala y la del Frente Integrador, Clara Pérez Otazú pidieron un cuarto intermedio para unificar un texto a partir de los diversos proyectos en danza en ese sentido.
La diputada Ayala destacó el logro de una sociedad inclusiva.
El diputado de la UCR, Leandro Zdero adelantó el acompañamiento del bloque y destacó el objetivo del proyecto tendiente a sensibilizar a los empleados de la administración pública. “Nosotros acompañamos porque creemos que no solo debe darse en torno a la capacitación, sino que también sirva para entender y acompañar”, dijo y mencionó que “el objeto es conocer y aplicar herramientas de comunicación y experimentar sobre las barreras que afectan a las personas con discapacidad. Es necesario remover estas barreras promoviendo la inclusión”.
Su par radical, Débora Cardozo, acotó que el 5 de abril impulsaron un pedido de informes dirigido al IPRODICH y al Ejecutivo, referido al cupo laboral.
El diputado justicialista Hugo Sager remarcó la falta de empatía generalizada en el sector público provincial frente a personas con discapacidad y remarcó que todos y cada uno de los proyectos impulsados en ese sentido tienen de fondo la intención de revertir esto. Destacó sí los avances notables en el ámbito deportivo.