Como miembro informante del bloque del Frente de Todos, el diputado Hugo Sager pidió el ingreso y tratamiento sobre tablas del proyecto 533/22, que establece la prórroga de la emergencia económica y financiera en el Chaco hasta el 31 de diciembre de 2023, a partir de la fecha de su vencimiento.
El proyecto de ley lleva la firma de la vicegobernadora a cargo del Ejecutivo, Analía Rach Quiroga, y adjunta una misiva dirigida a la titular del Parlamento, Elida Cuesta, en la que manifiesta que el proyecto se justifica “en la necesidad de proteger los fondos públicos de embargos e inhibiciones como consecuencia de deudas tanto exigibles como contingentes, que, dada su naturaleza y magnitud no pueden ser programadas, resulta preciso a su vez adecuar la norma a la actual coyuntura”.
“Debe tenerse presente que la actual situación socioeconómico a nivel nacional, la continuidad de la emergencia económica y sumado a ello la inexistencia de una Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2022 constituyen factores que atentan contra la previsibilidad en la planificación del programa financiero de la Provincia debido a nuestra baja autonomía fiscal y financiera producto de la dependencia de los recursos de origen nacional”, señala el texto.
“Asimismo, la administración de la pandemia de COVID-19 en el bienio 2020-21 y su parcial continuidad en 2022 han significado un esfuerzo extraordinario en materia fiscal por parte del sector público provincial, debido a la urgente necesidad de fortalecer el sistema sanitario, adaptar la infraestructura básica a las nuevas condiciones epidemiológicas y proteger los ingresos de las familias y de las empresas locales en un contexto de parálisis económica como el que atravesó la economía global”, sostiene.
Manifiesta que, en ese contexto, “la obligación primordial de un Estado social y democrático es garantizar la prestación de servicios esenciales para el desarrollo inclusivo de la sociedad, entre ellos la educación y la salud de carácter pública y gratuita, así como la prestación de los servicios de seguridad y justicia en pos de resguardar la vida, la libertad y los bienes de las personas”.
Y concluye que, “para cumplir con estas obligaciones, que constituyen además el modo de garantizar los derechos de las chaqueñas y chaqueños consagrados en la Constitución Provincial, el Estado debe poner a resguardo sus recursos de toda contingencia, que como se ha manifestado previamente no pueden cuantificarse y/o programarse”.