El Comité para la Prevención de la Tortura, junto con la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros y la defensa particular de la familia, en su calidad de querellantes, solicitaron y participaron de la realización de la medida de prueba ordenada por la fiscal de Derechos Humanos adjunta, Silvia Mariela Sluzar.
Posteriormente, los restos fueron trasladados a la morgue de Sáenz Peña, con custodia de Gendarmería Nacional, procedimiento que también acompañaron el Comité y la Secretaría, para control y resguardo de las pruebas. Allí permanecerá a la espera de una nueva autopsia, a realizarse siguiendo el protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas, para determinar la responsabilidad de la Policía en los hechos.
Roberto Sotelo, abogado querellante por el Comité, dijo que “resulta importante que esta medida de prueba se haya concretado, entendiendo que va a aportar claridad para resolver el caso, pero, sobre todo, para aplicar los protocolos internacionales que debieron ser aplicados al momento de sucederse los hechos, ya que se trataba de una muerte en custodia”.
Y agregó: “Este caso resulta una bisagra en razón de que, a través del trabajo que se viene articulando de forma mancomunada entre el Comité y la Secretaría de Derechos Humanos, visibilizando situaciones de violencia institucional, como organismos que están dispuestos a luchar para prevenir, sancionar y erradicar estas prácticas, la gente entiende la importancia de poder denunciar estos hechos y que el mal obrar de la Policía debe ser sancionado”.
Para Romina Duarte, abogada de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, “el procedimiento fue correcto, y es importante porque nos permite conservar el cuerpo para poder realizar una autopsia de acuerdo al protocolo de Minnesota, que no se aplicó en la primera”.
Los hechos
Según el relato de la Policía, Leandro Bravo fue detenido por personal policial que había recibido una llamada y murió de un paro cardiorrespiratorio no traumático luego de descompensarse mientras era examinado en el área de medicina legal. Sin embargo, una testigo que presenció el momento de la detención indica que Bravo habría sido alcanzado, esposado y brutalmente golpeado por tres policías que intervinieron en el operativo.
A su vez, la familia de Leandro denuncia que la causa de la muerte fue la golpiza que recibió el joven: “A mi hermano lo torturaron bajo custodia policial. Hay un hecho irrevocable: a Leo lo subieron a un patrullero y lo bajaron sin vida en el hospital”, publicó la hermana en redes sociales tras su muerte.
El martes 15 de marzo, la fiscal Sluzar ordenó la detención de cuatro policías que participaron en la detención y posterior muerte de Leandro Bravo, y el jueves prestaron declaración como imputados por el delito de tortura seguida de muerte.
