“Soy uno de los 24 cesanteados por el reclamo salarial de 2013, por el cual se nos da cese de funciones con un decreto de 2020 que había quedado en stand by. Trabajamos los dos años de pandemia y el 31 de marzo nos separaron del servicio, nos cesantearon”, reclamó este lunes Walter Molina, uno de los agentes separados de la fuerza por el autoacuartelamiento de diciembre de 2013, en el marco de una movilización que realizaron junto a familiares y allegados.
En diálogo con el móvil de CIUDAD TV, recalcó que el decreto del Ejecutivo lleva fecha 23 de julio de 2020, tras lo cual remarcó que “todo el personal trabajó los dos años de pandemia”.
Cabe mencionar que el gobierno provincial acató una medida judicial de la Sala 1° de la Cámara de Apelación Civil y Comercial de Resistencia, por la cual se resolvió cesantear a este grupo de 22 agentes del Servicio Penitenciario y de Readaptación Social, quienes estuvieron involucrados en el autoacuartelamiento y levantamiento de diciembre de 2013 en la provincia.
Molina informó también que ya trabajan en una acción judicial. Entre tanto, se movilizaron hoy hasta Casa de Gobierno a fin de solicitar una audiencia con el gobernador Jorge Capitanich o la ministra de Seguridad, Gloria Salazar.
Recordó que en julio de 2020 mantuvieron una audiencia con la ministra Salazar. Según recordó, la funcionaria “nos dijo que ese expediente iba a quedar en stand by para que nosotros no perdamos nuestro trabajo, pero nos hicieron trabajar dos años, cuando fuimos personal primordial por pandemia, y hoy en día, con la pandemia aplacada, nos dan la cesantía”.
“Somos 24 familias, con mujeres, hijos, algunos tienen a cargo familiares como los padres. Y hoy estamos en cese de funciones”, expresó el hombre.
Explicó que el cese de funciones, les significa el retiro, “nos dan la baja”. “Cobramos el mes de marzo que trabajamos y desde abril ya no vamos a percibir sueldos, ya no tendremos sueldos, no tendremos nada. Hoy en día estamos desocupados”, afirmó.
Cabe mencionar, que las acciones judiciales de la Institución y el Estado provincial se fundaron en la participación de los agentes en el levantamiento, “incumpliendo faltas graves como infidelidad al servicio, subversión, insubordinación, falta al debido respeto al superior, faltas al régimen del servicio, todas establecidas por el Reglamento del Régimen Disciplinario Policial (R.R.D.P.) entonces vigente para el Servicio Penitenciario y de Readaptación Social”.
Según lo describió Molina, “en 2013 nosotros hicimos un reclamo salarial en el Complejo de Sáenz Peña N°2, y se nos acusa de sedición. Y está mal acusado porque la sedición es un levantamiento en armas en contra del Gobierno. Nosotros no poseíamos armas y estábamos adentro del predio del Complejo de Sáenz Peña. Nunca fuimos en contra del Gobierno, ni vinimos acá a ciudad capital a querer tomar Casa de Gobierno. En ese tiempo el gobernador era el Sr. (Juan Carlos Bacileff) Ivanoff. Nunca fuimos en contra de ellos, ni a pedir su destitución”, sostuvo el agente cesanteado.
Añadió que, en ese momento, “la Dra. Niremperger (Zunilda), que era jueza federal en Sáenz Peña, dijo que no era viable, que no era sedición porque nunca salimos del predio ni teníamos armas”.
Reiteró que “fue un reclamo salarial”.
Se despegó de los levantamientos que se multiplicaron en otras provincias del país por parte de agentes de las Fuerzas. “Ese reclamo lo hicieron ellos, nosotros no incitamos a que ellos se levanten para hacer el reclamo salarial; nosotros hicimos nuestro reclamo”, sostuvo.
“Queremos que nos reciban el Gobernador y la ministro de Gobierno y queremos nuestro reintegro efectivo de los 24 cesanteados en la causa. Nosotros jamás tuvimos una causa judicial, siempre fue administrativo. Si tuviéramos causa judicial estaríamos presos y no acá en la calle pidiendo hablar con el gobernado”, manifestó.
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