Caravaca Pazos señaló que como sector pudieron manifestar su posición respecto a los puntos que consideraron “podrían traer cierta normalización o un punto de equilibrio a una situación que vemos bastante complicada, sobre todo por la falta de oferta de inmuebles de vivienda en alquiler y de lo que tiene que ver con los valores iniciales, la presión que se da y aún más marcado cuando la ciudad es más grande y receptiva, donde la oferta no llega a cubrir la demanda que hay”.
“Vemos una oferta estancada y una demanda creciente de gente que necesita alquilar y, lógicamente, las unidades que hay no alcanzan muchas veces para dar respuestas”, sostuvo.
Así, remarcó que requirieron “cierta flexibilización de la ley que tenemos, porque generó una situación de dudas, de rispideces entre las partes”. “Por algo hoy, a menos de dos años de su sanción, se está revisando nuevamente. Evidentemente, hay un problema en ello”, indicó.
Explicó que ahora existen dos dictámenes: uno del oficialismo “que va en el camino de sostener la situación que genera la ley e incrementar algunos puntos en cuanto a la intervención”. “El otro dictamen, de oposición, de minoría, tiene que ver con flexibilizar algunas cuestiones y, en cierta manera, estar en una situación intermedia entre lo que era la situación anterior a la ley y la actual”.
“Lo que favorece a quien es profesional del rubro es el que genere menos conflictos entre las partes. Podemos asegurar que, anteriormente, había un clima de mucho menos conflicto al actual y lo que beneficia es que las relaciones sean lo más sanas posibles entre propietarios e inquilinos”, sostuvo.
“A priori, podría decir que un ajuste que se hace cada 12 meses y queda el valor fijo durante esos primeros 12 meses podría interpretarse como un beneficio para el inquilino. Pero la verdad que los ajustes hoy están dando alrededor del 58% y cualquier persona que alquiló un inmueble en Resistencia antes de la ley sabe que nunca los ajustes llegaron a esos valores, jamás, ni cerca”, aseguró.
En paralelo, señaló que de quedar fijo ese monto durante un año, el propietario también sentirá ese perjuicio o ese desfasaje y aumente el valor inicial. “Entonces, lo que en la letra de la ley parecería un beneficio, termina siendo perjudicial para ambas partes que terminan perjudicadas”.
Mencionó que uno de los dictámenes mantiene el contrato de tres años y otro lo lleva a un plazo de dos, “pero que tampoco impide que se pueda hacer un contrato de tres o más años si fuera el caso”. “Hay cuestiones puntuales, una tiene que ver con el plazo, la otra con cómo se ajusta el valor de los alquileres. En el caso del que queda durante 12 meses y luego puede tener una variación como del 58%, o se puede hacer en periodos más cortos, nosotros interpretamos que podría descomprimir un poco la situación y hasta, incluso, estabilizar los valores iniciales porque quien tiene un inmueble en alquiler, al saber que se podrá actualizar cada seis meses, no estará pensando en un valor inicial tan alto a la hora de ofrecerlo”.
“Por otro lado, hay cuestiones que tienen que ver con algunos beneficios impositivos, con la registración; temas que no hacen tanto a la relación inquilinos- propietarios. Pero lo que me parece interesante es que los proyectos contemplan cuestiones que tienen que ver con algunos beneficios para quien dispone su propiedad en alquiler”, indicó.
“Conociendo la realidad de ambas partes, hemos transmitido cual es el diagnóstico que vemos desde el sector para lograr un equilibrio. Con cualquiera de los dos dictámenes no es que la situación se vaya a normalizar de un día para el otro. Lo que tiene que pasar es que haya más ofertas de inmuebles, herramientas diferentes de acceso a la vivienda, créditos. No es una solución mágica modificar la ley, en cualquiera de los sentidos”, aseguró.