Tras asumir formalmente la defensa técnica de toda la familia Sena, el abogado Ricardo Osuna anticipó que solicitará la reprogramación de las audiencias de oposición a las prisiones preventivas fijadas para el 12 y 13 de julio en el Juzgado de Garantías Nº 2 de Resistencia, a cargo del juez Horacio Sandoval.
Con respecto al estado de salud de sus defendidos, quiénes fueron observados entre ayer y hoy por personal médico del Hospital Perrando, Osuna señaló que Marcela Acuña se encuentra “bastante delicada”. “Tenía bajo paso, desganada, por la huelga de hambre que viene haciendo hace 20 días”, señaló.
En el caso de Emerenciano Sena, fue trasladado para ser sometido a una Junta Médica para resolver sobre el pedido de prisión domiciliaria pero explicó que se ordenaron estudios complementarios para luego pedir una nueva fecha para la Junta Médica. “Lo tendrá que determinar la Junta Médica si puede recibir tratamiento dentro de la unidad de detención o si tiene que ordenarse una detención domiciliaria”, sostuvo.
“No lo tienen acreditado”
Con respecto al presunto femicidio de Cecilia, Osuna insistió en que el Ministerio Público Fiscal no tiene acreditada la muerte de la joven. “Por eso el apuro de ellos y la urgencia de hacer pruebas de ADN sobre los restos óseos”, analizó el abogado. Y reveló que “hay una prueba que se agregó que desacredita esta situación que son piezas dentarias que no corresponden a Cecilia y nadie salió a decir eso”.
Para el abogado defensor de los Sena el hallazgo de una valija incendiada en un descampado “de acceso público” no debería constituir una prueba contra sus defendidos y también cuestionó que recién en un tercer allanamiento al domicilio de la calle Santa María de Oro al 1400 realizado por personal de Gendarmería se haya encontrado una billetera y otros elementos que pertenecerían a Cecilia.
No más cartas públicas
Por otro lado, Osuna aclaró a su cliente Marcela Acuña que no aceptará que siga difundiendo notas o cartas públicamente como la de la semana pasada en la que realizó un fuerte alegato político. “Si me contrata a mí para que tenga la responsabilidad de llevar la defensa técnica de ella donde se le está imputando la máxima calificación legal que establece el Código Penal, si ella no me hace caso o no obedece lo que yo le digo, entonces que se decida por otro o por un defensor oficial nomás”, afirmó.