“Lo que más esperaba es el inicio del fin de esta pesadilla”, afirmó Aída Ayala, previo a la primera audiencia del juicio oral y público por la causa conocida como “Lavado II, en la sede del Tribunal Oral Federal (TOF) de Resistencia, junto a su abogada Olga Mongelos.
La exintendenta de Resistencia y exdiputada nacional de Juntos por el Cambio, y el exsecretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), Jacinto Sampayo, son juzgados junto a otras quince personas acusadas de integrar una banda que se dedicó al lavado de activos de fondos públicos apropiados ilegalmente a través de licitaciones irregulares durante el último tramo de gestión de Ayala como jefa de la comuna capitalina.
La causa inició 2018 y se conoció públicamente como “Lavado II” o PIMP, en referencia a la empresa de recolección de residuos beneficiada con una millonaria licitación en el año 2014.
Previo a esta primera jornada y en diálogo con el móvil de CIUDAD TV, Ayala aseguró: “Tenemos la posibilidad de exponer en este juicio oral todas las pruebas, vamos a disponer de todas ellas y los jueces van a poder valorar. Eso es lo que nos llena de expectativas y es la etapa a la que queríamos llegar”, afirmó.
“En este momento, y esto se lo debo al pueblo de Resistencia y a toda la gente que me acompaño en este tiempo, quiero decirles que soy inocente y esta fue una casa armada. Vaya si no es armada, que empezó en 2017 y en plena época electoral llaman a este juicio oral”, cuestionó.
Consultada sobre los motivos que llevaron a esta demora, afirmó: “Eso habrá que preguntar a la justicia federal, pero ellos tienen sus tiempos. De todas maneras, yo celebro que esto sea ahora, que sea lo más pronto posible porque quiero verdad y justicia”.
“Lo que busco para mí, para mi familia y para la gente es verdad y justicia. Confío en la democracia que está conformada por tres Poderes. Dentro del Poder Judicial hay muchos jueces que no leen, pero yo creo en la justicia y creo en este Tribunal Oral porque es un Tribunal Federal compuesto por personas probas cuya tarea es justamente escucharnos y valorar las pruebas que podamos presentar. Esta es la esta definitiva”.
Por su parte Olga Mongelos, abogada de Ayala, recordó que la causa inició el 23 de enero de 2018, a partir de una denuncia anónima. “Esta es la etapa procesal en la cual las pruebas van a demostrar que la ingeniera es inocente de todas las acusaciones por la cual fue requerida a juicio. Se va a ventilar. La gente en general y ella misma quiere justicia para ella. Se va a demostrar con los elementos probatorios, con las testimoniales que se van a producir, las documentales ya están, que ella es inocente”, afirmó.
Aseguró que hay informes de la UIF, informes periciales, bancarios, del Registro de la Propiedad y de entidades bancarias, “que determinan que, por lo menos para esta defensa, estos elementos probatorios” dan cuenta de su inocencia. “Son los señores jueces los que van a juzgar y las pruebas las que van a condenar alas personas”, afirmó.
Los imputados
En abril de 2021, el fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, requirió que Ayala y Sampayo sean enjuiciados como coautores de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de deberes y lavado de activos agravado. Igual medida solicitó respecto del abogado Alejandro Daniel Fischer y los empresarios Carlos Huidobro y Pedro Alberto Martínez para que respondan como coautores de los delitos de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública y lavado de activos agravado.
También pidió que la contadora Patricia Vázquez y el abogado Rolando Javier Acuña vayan a juicio como partícipes necesarios de asociación ilícita, fraude contra la administración pública, enriquecimiento ilícito y lavado de activos agravado; que Fátima Rigassio, Natalia y Diego Martínez Guarino respondan por enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, y lavado de activos agravado; mientras que a Luis Escobar lo acusó por los dos últimos delitos.
Sabadini también pidió el enjuiciamiento de Cristian Zapata, Víctor Quiroz y Mónica Centurión por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos; y de Eulalio Bouza como partícipe necesario de asociación ilícita, fraude en perjuicio de la administración pública y lavado de activos agravado. Por este último también deberán responder Enrique Baumwollspinner y Elsa Martínez.
La acusación
De acuerdo al requerimiento, los imputados conformaron “una organización destinada a la obtención de beneficios económicos, a través de la implementación de mecanismos articulados para resultar adjudicatarios de determinadas prestaciones por parte de la Municipalidad de Resistencia, valiéndose para ello de la conformación de sociedades creadas a medida tanto para resultar beneficiados en las licitaciones, y al mismo tiempo para ocultar la identidad de los verdaderos dueños”.
En ese contexto, habrían realizado diversas maniobras para ingresar el producido de esos ilícitos al circuito legal mediante propios actos de lavado a través de la compra de bienes inmuebles, vehículos automotores, embarcaciones y pago de servicios, capitalización de empresas, entre otras complejas maniobras de reciclaje, “generando incrementos patrimoniales tanto en los funcionarios públicos involucrados, como así en las personas físicas y jurídicas creadas al efecto, los cuales no resultan compatibles con la capacidad económica e ingresos lícitos registrados por los mismos”.
De acuerdo a la hipótesis acusatoria, la organización estaba encabezada por Ayala y Sampayo “que fueron los encargados de haber conformado e ideado ese eslabonamiento de personas y empresas”. En ese sentido, al, además de haber diseñado el mecanismo que posibilitó la materialización de los delitos precedentes al lavado de activo, permitieron que finalmente PIMP SA, una organización societaria sin estructura, sin medios, sin capital, resulte acreedora de millonarias sumas de dinero provenientes de las arcas del municipio de Resistencia, y luego, nutriéndose de esa estructura, volcaron el producido del ilícito, logrando de esa manera reciclar el dinero, dotando al mismo de una apariencia lícita”.
Finalmente, en su presentación, el representante del MPFN requirió la extracción de testimonios para profundizar la investigación respecto de otras dieciocho personas involucradas en los hechos.