La declaración de emergencia sanitaria del Ejecutivo provincial tiene como argumento “normalizar la provisión de medicamentos e insumos”. Aunque nuevamente fue cuestionado el procedimiento legislativo y también los fundamentos para declarar una emergencia “retroactiva” al 1 de enero, fue ratificada por la ley que se sancionó con el voto de la mayoría simple que conforman los legisladores del interbloque de Juntos por el Cambio y de la Corriente de Expresión Renovada. El resto de las bancadas votó por la vuelta a comisión.
Desde la oposición, el interbloque Frente Chaqueño adelantó su rechazo en razón de “no convalidar actos que potencialmente podrían ser ilegales. No podemos ratificar un decreto de gobierno cuando se cuestiona la legalidad”. Esto vinculado a la denuncia que patrocinaron contra el titular de la cartera sanitaria provincial, por la compra directa de medicamentos, cuestión que debe resolver la justicia.
El debate
El jefe de JxC, diputado Sebastián Lazzarini, fue informante del proyecto de ley para ratificar la emergencia y el primero en poner sobre el tapete la denuncia que recaía sobre el ministro de Salud por la compra directa de medicamentos, anticipándose a la postura de la oposición. E hizo lo propio con el dictamen técnico “no vinculante” de la Fiscalía de Estado.
“Existe un decreto el 81/24 que han encajonado y puesto contra las cuerdas al ministro de Salud, Sergio Rodríguez porque el estado calamitoso que dejó la gestión anterior en materia de salud preocupaba a todos los chaqueños. Para poner de pie el sistema sanitario se necesitan 15 mil millones de pesos. Y esto tiene que ver con 1.500 millones de pesos para comprar insumos”, sostuvo.
Lo respaldó su par, Silvina Canteros Reiser quien señaló que la emergencia “se fundamenta no en una cuestión de presupuesto o dinero sino de desabastecimiento de la red sanitaria. Se detectaron faltantes, inexistencia de insumos. Se informó la faltante de medicamentos y hubo una descripción del stock real físico. todo esto está en el decreto fundamentado. Además de cortar el flujo de pago a proveedores, se cortaron las licitaciones, el piso mínimo para proveer a la red sanitaria que es el número que indicó el diputado preopinante. Hubo innumerables pedidos de urgencias de los mas de 300 dependencias de la red sanitaria”, mencionó.
“El ministro de Salud tenía que tomar una decisión en este contexto. Estaban suspendidas las licitaciones por 15 mil millones. Los chaqueños necesitaban medicamentos y el sistema de salud estaba desabastecido”, indicó.
Por la oposición, el legislador Santiago Pérez Pons apuntó que toda compra de insumos debe cumplir con el régimen de contrataciones. Mencionó entonces que solo algunas resoluciones con compras directas forman parte de la denuncia que patrocinaron contra el ministro de Salud. Y recalcó: “Hubo varias resoluciones, no todas fueron mencionadas en la denuncia. en febrero se autoriza una contratación directa de más de 454 millones de pesos. después lo extendieron a 50 millones de pesos. el mismo día otra contratación directa de 591 millones de pesos, en un día, sin presupuestos, sin mirar tres empresas. El fiscal de Estado les dice “paren un poco la moto”, un órgano de control. Pide al ministro informe y que lo pase de vuelta. El ministro en otra contratación directa sigue el 21 de febrero, 18 y 19 de marzo, hay más resoluciones que evitan todo control del Estado, sin cotejar presupuestos de empresas”, dijo Pérez Pons y fue respaldado por varios diputados de su bloque en esta idea.
Otra de las posturas fue marcada por el diputado del frente Integrador, Darío Bacileff Ivanoff: “La ley de licitación pública es para que funcionen los organismos de contralor interno y externo. Será la justicia la que se expida sobre los actos administrativos. Si hoy se estaría discutiendo la autorización a compensar partidas o mejorar la celeridad para la compra iba a tener el apoyo del FI, pero no”, adelantó así su voto.
