Mientras la crisis se profundiza en el sector, el Gobierno ensaya un combo aperturista con rebaja de aranceles y apreciación cambiaria. En paralelo, las miradas están puestas en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que permite traer al país equipos importados con menor carga tributaria. En caso de que la ley bases sea aprobada, los empresarios buscarán suavizar su impacto en la reglamentación.
Los industriales rechazan la decisión del Gobierno de bajar aranceles a la importación de bienes que se producen en el país. Sobre todo, cuestionan la secuencia. Es que la medida se tomó en medio de una crisis sin precedentes y sin bajar un solo impuesto a los fabricantes locales que ven todos los días como el mercado interno se derrite.
“La industria hoy compite pero se subió el Impuesto País a los insumos importados, eso encarece los costos y afecta la competitividad con un potencial impacto sobre la generación de empleo”, explicó a Ámbito Agostina Monti Salías, Magíster en Economía Política Internacional, especialista en Desarrollo Productivo.
A la reducción de aranceles promovida semanas atrás para los alimentos, se sumaron en las últimas horas productos como heladeras, lavarropas, neumáticos, insumos plásticos, fertilizantes y herbicidas. En rubros como línea blanca, la caída de ventas alcanza el 40% y en el caso de los neumáticos llega hasta el 50% interanual en algunos puntos del país. En este último sector ya anticipan que la medida podría redundar en una “inundación” de artículos provenientes del mercado chino y que pedirán medidas antidumping.
Pero lo que más llamó la atención de los referentes industriales fue el orden de prioridades que eligió el Gobierno. “La secuencialidad pero a la inversa. Primero bajar aranceles ¿Después bajar impuestos? ¿Cuándo?”, se preguntó en su cuenta de X el CEO de TN&Platex, Tomás Karagozian, y concluyó: “Esto profundiza el problema, atenta contra empresas productivas que generan trabajo privado en ciudades del interior profundo”.
Industria: un combo preocupante
Todo se da al mismo tiempo: una caída de ventas inédita, la apreciación cambiaria que según el ministro de Economía, Luis Caputo, llegó para quedarse y el combo aperturista que contiene rebaja de aranceles y eliminación de licencias no automáticas. La cadena de pagos cruje en varios sectores y muchas empresas cierran sus persianas.
El fenómeno se percibe en el alarmante crecimiento de remates industriales. Mercado le dijo a Ámbito que de unas 15 subastas mensuales por cese el año pasado, pasó a tener unas 65 cada treinta días en 2024. “La cantidad de clientes no varió mucho, la diferencia es que antes se hacían casi todas por la renovación de equipos, hoy un 80% obedece al cierre definitivo”, precisó a este medio.
En cuanto a los rubros que padecen mayores dificultades aparecen el de construcción vial y madereras por el parate de la obra pública, las metalúrgicas por la dura situación del autopartismo, los fabricantes de línea blanca, calzado, textiles y plásticos entre otros, por la baja generalizada del consumo.
Nadie en la industria ve un rebote en “V” como el que imagina el Gobierno. No encuentran ningún argumento para que eso suceda. La recuperación del poder adquisitivo no parece relevante para apuntalar el consumo interno, la salida exportadora con dólar planchado y costos trepando diariamente parece una fantasía y la inversión sigue cayendo de forma acelerada.
El RIGI en la mira
Javier Milei y Caputo apuestan todas sus fichas al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones que podría atraer capitales sobre todo para la minería y los hidrocarburos. Pero el proyecto que cuenta con la media sanción de la Cámara de Diputados no contiene ni una línea vinculada al desarrollo de proveedores.
Al contrario, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), considera que configura un escenario de competencia desleal. “A precios y calidades iguales de máquinas o componentes, solo por estar en el RIGI, los fabricantes extranjeros van a tener una ventaja de entre el 15% y el 40% por los beneficios impositivos que se les otorgan”, explicó Elio del Re, presidente de la entidad.
Los industriales consideran que les están inclinando la cancha en contra. Desde ADIMRA enviaron una carta a los senadores advirtiendo la situación y otro grupo de empresarios ya trabaja en suavizar el impacto en la reglamentación, para el caso de que se convierta en ley. Los sindicatos también están en alerta, creen que se ponen en riesgo unos 300.000 puestos de trabajo.
A todo esto, si el Ejecutivo quiso tranquilizar a los fabricantes locales, no se notó. Este martes el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, expuso en el Senado y dijo que apuntan a que el régimen general vaya a una convergencia con el RIGI, si, pero “dentro de unos catorce años”.
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