El intento de proscribir a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner quedó obturado cuando La Libertada Avanza y sus aliados no consiguieron los votos necesarios para sancionar la norma. Por un voto se rechazó el proyecto. Fueron 36 afirmativos y 35 en contra. El resultado tomó por sorpresa a todo el recinto: el oficialismo y el PRO, principales impulsores de la norma, sufrieron una derrota inesperada que dejó expuestas sus fracturas internas y su falta de control parlamentario.

Ezequiel Atauche, titular del bloque libertario, no ocultó su bronca: “La casta misionera fue responsable de la derrota”, disparó a pesar de que estos senadores actuaron como aliados en varias votaciones. A esa altura, ya circulaban acusaciones cruzadas entre los bloques que hasta pocas horas antes negociaban la sanción sin cambios. Con la confirmación del voto de los santacruceños, se especulaba con que los misioneros podían pedir cambios. Pero finalmente votaron en contra. Solo Unión por la Patria – único bloque que votó en contra – celebraba, aún sin terminar de creerlo.

La ley cayó por el rechazo de los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, que responden políticamente a Carlos Rovira. Sus votos eran claves y al retirar el apoyo al oficialismo hicieron naufragar el proyecto. “Nos llevaron hasta acá y a último momento se dieron vuelta”, se lamentó Atauche. Desde su banca, un senador que votó a favor de la ley murmuró resignado: “Jugó el oficialismo”.

La rapidez con la que el Gobierno nacional emitió un comunicado alimentó las sospechas de una maniobra de último momento. “La Oficina del Presidente condena la decisión del Senado de rechazar el proyecto de Ficha Limpia y permitir que los afiliados al Partido del Estado continúen impunes”, decía el texto difundido minutos después de la votación.

“El Presidente Javier G. Milei aborrece la actitud de los senadores nacionales que han optado por priorizar la defensa de sus intereses personales y partidarios por encima de las demandas del pueblo al que dicen representar. Ha quedado demostrado que el kirchnerismo hará cuanto sea necesario para defender la impunidad de sus jefes. El Presidente Javier G. Milei no descansará hasta que Ficha Limpia se convierta en ley”, disparó el comunicado redactado en tiempo record. “Una enorme decepción” sintetizaron los radicales.

La Casa Rosada había intentado evitar la sesión durante toda la jornada. Lo que se ponía en juego no era solo una ley si no también el riesgo de entregarle un triunfo político al PRO, en plena campaña porteña, y dotar a la Justicia de una herramienta que puede volverle en contra, justo cuando el caso $LIBRA salpica al presidente y su entorno.

Durante la tarde el Gobierno se replegó detrás del proyecto y buscó capitalizarlo.
Enviaron al vicejefe de Gabinete José Rolandi a seguir la sesión que se mostró con un pin de la motosierra. Victoria Villarruel se encargó de impedir que la diputada Silvia Lospennato – autora de uno de los proyectos base – pudiera mostrarse en los palcos.

La ley escrita para proscribir a CFK establecía que no podrán ser candidatos a cargos electivos nacionales quienes tengan condenas por corrupción confirmadas en segunda instancia. La inhabilitación solo aplicaba si la sentencia firme se dictaba 180 días antes de la elección. Paradójicamente, varios senadores objetaron su alcance limitado: “Con esta ley, un homicida o un narcotraficante podría competir”, advirtió Sapag. La letra, sin embargo, era clara: se buscaba dejar fuera del juego a la expresidenta aunque ella había adelantado que su intención era competir en la provincia de Buenos Aires.

Desde el recinto, Sagasti enumeró los principales argumentos jurídicos contra la norma: “No solo es inconstitucional porque viola el principio de inocencia, sino también porque vulnera el principio de irretroactividad de la ley”. Y concluyó: “Esto de limpio no tiene nada”.

Por un voto los libertarios y sus socios del Pro se quedaron sin Ficha Limpia. Además el Senado ratificó las autoridades de la Cámara designó a Emilio Viramonte como nuevo secretario administrativo como quería Victoria Villarruel y se aprobó por unanimidad los pliegos de los embajadores en Estados Unidos y España. También se declaró la emergencia en Bahía Blanca y Coronel Rosales por el temporal del 7 de marzo, que dejó 16 muertos, a partir de un proyecto impulsado por Juliana Di Tullio.

Página 12

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