El subsecretario de Acción Comunitaria, Oscar Enríquez, sostuvo que el proyecto de ley de reiterancia responde a un reclamo creciente de vecinos de distintos barrios del Gran Resistencia. Aseguró que la iniciativa busca incorporar una nueva herramienta para que los jueces puedan evaluar la prisión preventiva de personas con múltiples procesos penales abiertos y destacó las inversiones del Gobierno provincial en infraestructura, personal y prevención.
El subsecretario de Acción Comunitaria, Oscar Enríquez, afirmó que el proyecto de ley de reiterancia, que podría ser tratado la próxima semana en la Legislatura chaqueña, surgió como una demanda planteada por vecinos durante las reuniones barriales organizadas en el marco del Plan Estratégico de Seguridad Pública que impulsa el Gobierno provincial.
De vista en los estudios de CIUDAD TV, explicó que la Subsecretaría fue creada para fortalecer la participación ciudadana en las políticas de seguridad y aseguró que el debate sobre la reiterancia comenzó a instalarse en los encuentros comunitarios. “La gente hoy está informada y nos preguntaba por qué en otras provincias existe esta ley y en el Chaco, pese a haber proyectos presentados, nunca se discutía”, señaló.
En ese contexto, indicó que desde el organismo comenzaron a explicar el alcance de la iniciativa y la situación parlamentaria. Además, comentó que algunos legisladores participaron de las reuniones vecinales para exponer el contenido de los proyectos. Entre ellos mencionó al diputado Carlos Salom, uno de los autores de una de las iniciativas en análisis.
Enríquez sostuvo que los vecinos consideran favorable la incorporación de esta herramienta y destacó que se impulsaron campañas de recolección de firmas, volanteadas y difusión en redes sociales para solicitar que el proyecto avance en la Legislatura. “Hoy somos quienes elevamos también lo que nos piden los vecinos, alzar su voz y pedirle al conjunto de los diputados, sobre todo al sector de la oposición, que el proyecto pase de comisiones y pueda tratarse lo más pronto posible”, expresó.
Según explicó, el objetivo es incorporar la reiterancia delictiva como un nuevo elemento que los jueces puedan considerar al momento de resolver una prisión preventiva. Actualmente, recordó, los criterios contemplan riesgos como la fuga o el entorpecimiento de la investigación.
“La gran modificación en el Código Procesal Penal del Chaco sería incorporar la reiterancia delictiva para que el juez tenga una herramienta más al momento de decidir una prisión preventiva”, explicó.
Precisó que, de aprobarse la ley, una persona con varios procesos penales abiertos podría permanecer detenida preventivamente hasta la finalización del proceso judicial, aun cuando no exista una condena firme, siempre bajo decisión judicial.
El funcionario vinculó el debate con el fortalecimiento del sistema de seguridad provincial. En ese sentido, afirmó que desde diciembre de 2023 el Gobierno provincial inició un proceso de recuperación de la infraestructura policial y penitenciaria.
“Había una institución policial devastada, sin ingreso de personal y sin infraestructura para alojamientos. Hoy se están generando más plazas en el sistema penitenciario, se proyectan nuevas obras y se anunciaron cuatro nuevas comisarías para el Gran Resistencia”, sostuvo.
También hizo referencia a las observaciones formuladas por organismos vinculados a los derechos humanos respecto del proyecto de reiterancia y consideró que todas las posiciones deben ser escuchadas.
“Es importante leer todas las posiciones y discutirlas. También hay que trabajar en materia de reinserción social, pero tenemos que sentarnos a dar las discusiones porque es un pedido de la ciudadanía”, afirmó.
Enríquez remarcó que las reuniones barriales también derivan en respuestas operativas por parte de la Policía y del Ministerio de Seguridad. Como ejemplo, mencionó el avanece en la puesta en funcionamiento de una nueva casilla policial en el ex Campo Zampa, una medida que, según explicó, surgió de los planteos realizados por vecinos de la zona sur de Resistencia.
Asimismo, indicó que el Ministerio de Seguridad trabaja junto a ECOM en la ampliación del sistema de videovigilancia, priorizando las zonas definidas a partir del mapa del delito y de las denuncias registradas.
“Los vecinos nos transmiten que las cámaras ayudan mucho. Se van a seguir colocando cámaras y reforzando las acciones de prevención, pero también es importante que los vecinos nos indiquen cuáles consideran que son los lugares estratégicos”, señaló.
Finalmente, insistió en que el tratamiento legislativo del proyecto constituye una respuesta a una demanda social. “Los vecinos están más que comprometidos con esta causa. Hay campañas de firmas y de difusión. Mientras más pronto se pueda tratar este proyecto, creo que va a ser de un gran beneficio para la ciudadanía”, concluyó.