En declaraciones a CIUDAD TV, el presidente del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento, Ricardo Urturi, salió al cruce de las críticas formuladas por la presidenta de la Asociación de Magistrados, quien calificó la nueva ley de honorarios como “inconstitucional, arbitraria y extorsiva”. También se refirió al juicio político contra el fiscal Collado y el juez Lineras.
El presidente del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento, Ricardo Urturi, salió al cruce de las críticas formuladas por la presidenta de la Asociación de Magistrados, quien calificó la nueva ley de honorarios como “inconstitucional, arbitraria y extorsiva”. Consideró que esos dichos “son una barbaridad” y que denotan un menosprecio por el sistema republicano y la división de poderes. También se refirió al juicio político contra el fiscal Collado y el juez Lineras.
“Primero que nada, como todos sabemos, tenemos un sistema republicano. Este proyecto de ley arrancó durante una de mis presidencias, luego siguió la doctora Elisa Fernández y finalmente con el actual Presidente, el doctor Miguel Vigier, se consiguió la sanción y promulgación. Fue un proceso largo que llevó varios años”, recordó Urturi.
El funcionario insistió en que la norma fue sancionada “prácticamente por unanimidad” y promulgada por el Ejecutivo, por lo que cuestionar su validez de entrada resulta, a su juicio, un acto de desprecio hacia la legislatura. “En 1813 la asamblea abolió los privilegios. En la Constitución Nacional todos somos iguales ante la ley. No hay prerrogativas ni privilegios en un sistema republicano, y especialmente los jueces deben estar apegados a las normas”, enfatizó.
Urturi destacó que la mayoría de los magistrados, fiscales y defensores se han pronunciado a favor de la ley, y que incluso muchos jueces del interior manifestaron no tener objeciones. “Es una minoría, un grupo minúsculo el que se opone. La mayor parte nos ha comunicado que no tiene ninguna objeción y que de hecho se está aplicando esta norma”, afirmó.
Uno de los puntos más polémicos es la creación del Observatorio de la Ley de Honorarios (OCLA), que algunos sectores equiparan a un “Gran Hermano”. Al respecto, Urturi defendió su existencia: “El OCLA tiene como misión algo común en todos los colegios públicos del país: ver cuál es el actuar de los jueces, especialmente en la regulación de los honorarios. Téngase presente que ese es el sueldo de abogadas y abogados”.
Además, aclaró que los honorarios no los pagan los jueces, sino los condenados en costas, y que existe un tope legal del 25% del monto del juicio, conforme al artículo 730 del Código Civil y Comercial. “Si hay un proceso de 100 mil pesos, nadie va a tener que pagar más de 25 mil pesos. Decir que se van a regular 3 millones en un juicio de 90 mil es mentira”, sentenció.
Sobre el control judicial, Urturi fue contundente: “El juez que manifiesta que no puede ser observado, que no puede ser controlado, pareciera tener privilegios que nada tienen que ver con la independencia judicial. La independencia se garantiza cuando un juez trabaja de acuerdo a la Constitución y la ley. Si se aparta, debe ser controlado, y no debemos tener miedo a eso”.
Y agregó: “Los políticos, cuando se mandan macanas, cada dos años votamos y los podemos alejar. Los jueces no están por encima de la ley. Si actúan bien, no va a haber consecuencias. Ya se declaró la inconstitucionalidad de algunas normas de esta ley y no pasó nada, no hubo denuncias. Pero deben soportar la crítica”.
Finalmente, Urturi subrayó que el Consejo de la Magistratura chaqueño fue pionero en el país y que su existencia tiene sentido justamente para controlar el desempeño de los jueces. “Sin abogados no hay justicia. Somos pacificadores, llevamos los casos al Poder Judicial. La postura de la asociación de magistrados es inentendible”, concluyó.
Suspensión del fiscal Collado y el juez Lineras: “El mensaje es que acá no hay privilegios”
El segundo eje de la entrevista giró en torno a la decisión del Jurado de Enjuiciamiento, que la semana pasada resolvió por unanimidad avanzar en el proceso contra el fiscal Collado y el juez Lineras, ambos denunciados por su actuación en la localidad de Sáenz Peña. Urturi explicó que las denuncias surgieron de abogados de la matrícula y del propio fiscal Collado contra el juez, y que el cuerpo encontró mérito suficiente para llevar los casos a plenario.
“Entendimos que verdaderamente había cuestiones que merecían ser llevadas al juicio, donde van a poder ejercer su derecho de defensa en el contradictorio. Ambos tienen 10 días abiertos para aportar su defensa”, detalló.
El presidente del Jurado insistió en que la decisión no implica prejuzgamiento ni afectación del buen nombre de los magistrados. “Esto no implica mácula alguna. Ellos siguen gozando de su estado de inocencia hasta que haya una condena firme. Pero tienen que ir a dar explicaciones y llevar pruebas”, remarcó.
Urturi también se refirió a la renuncia presentada por el fiscal Collado, y aclaró que, según la ley 33b, una vez admitido el proceso de enjuiciamiento, no se puede renunciar. “La renuncia la tiene que interponer ante el Superior Tribunal de Justicia, pero la ley prevé que, una vez admitido el proceso, no se puede renunciar. Esto se conoció como la cláusula Saife, porque antes había jueces que renunciaban o se jubilaban y quedaban exentos”, explicó.
En cuanto a la integración del Jurado, Urturi destacó que está compuesto por miembros de distintos estamentos —Poder Judicial, abogados, y representantes políticos— y que la resolución fue unánime. “Tres integrantes pertenecen a la política, pero se resolvió por unanimidad. El mensaje para la sociedad es que acá no hay privilegios, nadie está exento de dar explicaciones”, afirmó.
Consultado sobre si la renuncia de Collado podría frenar el proceso, Urturi fue claro: “En principio no, porque además se trata de un fiscal provisorio, pero tiene las mismas garantías, inmunidades y obligaciones que un fiscal titular”.
Por último, pidió prudencia y respeto hacia la labor del Jurado de Enjuiciamiento. “Así como pedimos respeto por el actuar de los jueces, también debe haber respeto por el actuar del Consejo y el Jurado, que es un órgano constitucional extrapoder. Lo que queremos es transparencia. Que la sociedad sepa que cuando hay mérito para avanzar, lo hacemos”, sentenció.