Tras la resolución de la jueza Zunilda Niremperger de no hacer lugar al pedido para la reapertura de tres sedes de la cadena Exen Gym, hoy en el centro de una investigación por presunto lavado de dinero del narcotráfico, el abogado de los trabajadores, Ignacio Sinkovich, reveló que los empleados que impulsaron el pedido resolvieron no apelar el rechazo de la Justicia Federal y desistieron de continuar ese litigio.
“La resolución nos cayó como un balde de agua fría”, afirmó el letrado, quien explicó que la decisión terminó de desalentar a un grupo de trabajadores que esperaba volver a sus puestos mientras avanzaba la investigación penal.
En declaraciones a CIUDAD TV, Sinkovich contó que, una vez conocida la resolución de Niremperger, se comunicó con los empleados para explicarles que todavía tenían la posibilidad de recurrir ante la Cámara Federal de Apelaciones. Sin embargo, según relató, los trabajadores decidieron no avanzar con esa alternativa.
“Ellos me comunicaron que ya no querían seguir”, explicó el abogado, quien les había advertido que una apelación podía demorar “meses, incluso hasta años”. Para Sinkovich, justamente ese era el principal problema: el tiempo judicial ya no coincidía con la urgencia económica de quienes se quedaron sin trabajo.
El abogado recordó que la cautelar no había consistido solamente en un planteo jurídico. Los trabajadores habían presentado un plan operativo de unas 130 páginas para explicar cómo podía funcionar la reapertura de las sedes de Santiago del Estero, Arturo Illia y avenida Las Heras.
A ese documento le sumaron más de 200 páginas de documentación respaldatoria, con información sobre clientes, gastos, facturación, alquileres y funcionamiento de los establecimientos.
“La verdad que la resolución nos cayó como un balde de agua fría”, sostuvo Sinkovich. Según explicó, el proceso también había generado expectativas entre los trabajadores porque el juzgado les había permitido ampliar la prueba y presentar documentación para respaldar el proyecto de reapertura. El resultado, en cambio, terminó generando frustración y desgaste en los empleados que habían acompañado la presentación.
Un litigio que se termina, pero no los reclamos laborales
La decisión de no apelar el rechazo de la reapertura no implica que los trabajadores pierdan la posibilidad de reclamar judicialmente por salarios o indemnizaciones. Sinkovich explicó que la propia resolución señala que los empleados pueden recurrir a la Justicia laboral para iniciar las acciones correspondientes contra la empresa.
Sin embargo, advirtió que ese camino puede ser extenso y que existe otro problema: la situación patrimonial de Exen Gym. El abogado afirmó que la empresa acumula deudas de alquileres, impuestos y proveedores, y sostuvo que actualmente no genera ingresos. También señaló que sus principales referentes están detenidos y que los bienes y cuentas vinculados a los investigados se encuentran afectados por medidas judiciales.
El riesgo de que los empleados terminen como acreedores
En función de ese panorama, Sinkovich planteó que los trabajadores podrían terminar reclamando sus créditos laborales en un eventual concurso preventivo o quiebra de la empresa.
Explicó que, si obtienen una sentencia favorable y la firma no cumple con el pago, podrían solicitar embargos y avanzar con una ejecución forzada.
Pero, según remarcó, buena parte de los bienes ya se encuentra embargada o alcanzada por medidas judiciales dentro de la causa penal, lo que podría dificultar el cobro efectivo de esas acreencias.
Por eso, consideró que la posibilidad de mantener abiertas las sedes hubiera significado una alternativa para sostener los puestos mientras continuaba la investigación.
Ocho decenas de trabajadores quedaron afuera
Según los datos aportados por el abogado, Exen Gym contaba con alrededor de 80 empleados directos. La medida cautelar había sido firmada por unos 40, ya que otros trabajadores optaron por no judicializar el reclamo o esperar cómo evolucionaba el expediente.
Sinkovich sostuvo que, de haberse concretado la reapertura, el beneficio hubiera alcanzado al conjunto de los empleados.
También estimó que unas 30 personas trabajaban de manera indirecta alrededor de los gimnasios, entre profesores particulares y prestadores de actividades vinculadas con el funcionamiento de las sedes.
A esto se suman, según relató, los clientes que habían contratado planes de tres o seis meses por adelantado y quedaron sin el servicio.