En la Casa Provincial por la Memoria se desarrolló este lunes el conversatorio sobre violencia institucional en la república Argentina, con la participación de referentes de distintas partes del país para abordar esta problemática, como Roberto Cipriano García, secretario Ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria de Buenos Aires; Claudia Cesaroini, abogada y magíster en criminología. Además, familiares de víctimas de violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad, tanto Policía, como Gendarmería, Prefectura y Ejército argentino, también de distintas partes del país.
CIUDAD TV dialogó en ese marco con Susana Pintos, madre del soldado Mauro Ramírez, muerto a los 22 años de un disparo en el pecho cuando se encontraba en la guardia del Regimiento de Monte de Apóstoles.
“En los últimos tiempos se sucedieron más casos dentro del Ejército Argentino, por lo que estamos acompañándonos con las mamás, con los familiares. Esto continúa porque no se toman medidas, no hay un control, no hay un Observatorio que monitoree lo que sucede con los soldados voluntarios. la causa de mi hijo lleva 19 años y vengo luchando para que no vuelva a suceder y, sin embargo, ocurre. Es muy triste”, reclamó.
Valoró el conversatorio y aseguró que “es muy oportuno porque es la primera vez que se realiza contra la violencia institucional. Para nosotros, los familiares, es muy importante porque no solamente la violencia policial, de las fuerzas, se ejerce sobre las personas particulares sino contra nuestros hijos que pertenecen a las fuerzas”, sostuvo señalando a madres de hijos gendarmes, prefectos, soldados y policías.
Florencia Villa, madre de Federico Romero, oficial inspector de la Policía de Formosa. Comentó que su hijo se desempeñaba en el Departamento de Drogas Peligrosas. “Estando enfermo, lo llaman a un operativo, lo mandan a hacer un relevamiento a orillas del Riacho Formosa, donde muere en forma dudosa el 18 de enero de 2016. Desde entonces vengo con el pedido de justicia, de verdad, para saber qué es lo que pasó con mi hijo porque él sabía nadar perfectamente y lo hicieron figurar como ahogado”, remarcó.
Comentó que contrató un perito de parte para la toma de muestras y que “no en los resultados no se observaron diatomeas de plancton dentro del organismo y sí dentro del agua”. “En las primeras pericias que se mandaron a hacer aquí en los laboratorios de Chaco también figuraron esos informes. Desde ese entonces vengo pidiendo que esto prospere porque hay pruebas. Y, desde Formosa, venimos con otra mamá, la del agente Luis Gavilán que también falleció en forma dudosa y lo hicieron figurar como suicidio”, relató.
“Como familiares de víctimas venimos a buscar la posibilidad de tener un anexo sobre la violencia institucional, porque aquí en Resistencia tiene el acompañamiento hacia las familias de víctimas y nosotros en Formosa no lo tenemos”, afirmó y añadió: “Sabemos que el camino es largo, pero tenemos la esperanza de poder llegar a la verdad”.
Otra de las mujeres, Patricia Diel, es madre de Pablo Damián Torrilla Diel, “asesinado en el Escuadrón Núcleo 50 de Posadas, Misiones. nosotros somos oriundos de Buenos Aires, pero mi hijo fue trasladado a Posadas para desempeñar su trabajo como licenciado en Seguridad Publica de la gendarmería Nacional”.
Relató que su hijo murió el 28 de mayo, en el marco de un patrullaje con cuatro miembros más de esa fuerza. “A la orilla del río Paraná, en la localidad de Garupá, ellos dicen que se retiró a orinar y se escuchó un disparo. Dicen que se suicidó”, sostuvo. Tiempo después, “me entero que mi hijo el 10 de abril de 2018 había encontrado un cargamento y expresó por medio de un chat a un compañero que era de su segundo comandante que hoy está aquí en Resistencia. En las pericias de las manos salió pólvora a todos, menos al chofer de la patrulla. Y a mi hijo le salió en una sola, la mano izquierda, cuando él no era zurdo. A otros dos integrantes le salieron en ambas manos y a otro a la derecha”, relató la mujer.
“Estamos acá para escuchar, para reunirnos, para pedir asesoramiento, para aprender. Necesitamos ayuda porque nuestros hijos pertenecían a las Fuerzas, entraron a trabajar no a delinquir. Y yo, en particular, quiero desestimar y decir toda la corrupción que hay en cada una de las Fuerzas. Ellos querían captarlos para delinquir, no se prestaron a esa situación y por eso, como en la mayoría de los casos, lo hacen pasar por suicidio. Mi hijo estaba recién casado, hacía cinco meses se había casado, estaba en plena luna de miel. No tenía ningún problema. Venimos a pedir justicia”, exclamó la mujer.
Por último, Bernarda Benítez, también formoseña, relató su caso. Ella es madre de Ariel Eduardo Frutos, desparecido prestando servicio en San Bernardo. “Su causa está en Ezeiza y también vengo a pedir justicia porque hace siete años está desaparecido, desde 2015. Queremos que se investigue porque una persona no puede desaparecer, ser tragado por la tierra. Mi hijo era cabo primero de la Prefectura Naval Argentina. Y desde el momento cero nadie se hizo cargo”. “Estoy pidiendo justicia por mi hijo, por nieto, su hijo desamparado, quien quedó fuera de cobertura”, afirmó.