El presidente del Comité contra la Tortura, Kevin Nielsen, dialogó con CIUDAD TV tras la sanción la Ley Nº 3794-J, que limita el uso de telefonía celular e internet en los establecimientos penitenciarios de la provincia. Comentó que se anoticiaron del orden del día en la jornada del martes, lo que los llevó a sentar posición aun antes de la aprobación de una iniciativa que data de 2016. “Nos sorprendimos porque en todo proyecto o iniciativa legislativa que tenga que ver con las personas privadas de libertad nos piden consultas, y no es una opción, esto lo indica la ley 3124-B que crea el Comité, el asesoramiento obligatorio. Con lo cual lo primero que hicimos fue entablar comunicación con algunos diputados, pero sobre todo, entender la necesidad de sentar un posicionamiento público atento a la inminencia del tratamiento del proyecto de ley”, apuntó.
“Consideramos que era una ley que iba a ser regresiva en términos de derechos humanos. Cuando el Estado avanza en términos de garantizar derechos consagrados en la normativa, no puede retroceder. No es una ideología ni un capricho sino una cuestión jurídica internacional y puede traer consecuencias internacionales aparejadas al Estado argentino y chaqueño. Cuando una ley es regresiva en materia de derechos es inconstitucional”, aseguró.
Indicó que en la actualidad, hay más de 980 teléfonos registrados en la órbita del servicio penitenciario. “Consideramos que debería haber sido consultado al propio servicio penitenciario”, cuestionó y proyectó un escenario en el que se deban “sacar esos 980 teléfonos celulares”.
Comentó que también entablaron diálogo con la Jefa del Servicio Penitenciario, “ella no está de acuerdo con esta medida. La propia autoridad que hoy gestiona las cárceles no está de acuerdo. Sobre todo porque trajo aparejado múltiples y diversos beneficios a la vida cotidiana de las cárceles, disminuyendo la conflictividad y posibilitando el acceso a derechos contemplados en la normativa, pero muy difícil de garantizar en contexto de encierro como la vinculación familiar por las distancias y hay gran cantidad de personas que no tienen visitas con todo lo que ello conlleva”.
En cuanto a la educación, recalcó que también es “autoformativa”. “El acceso a contenidos culturales, el contacto con abogados defensores y con las instituciones de derechos humanos. Nosotros y la Secretaría de Derechos Humanos tenemos una guardia telefónica. El 80% de los llamados son de personas privadas de su libertad, hemos podido así salvaguardar derechos y evitar hechos muy graves como casos de torturas o malos tratos”, indicó.
Desde 2016, cuando fue impulsado el proyecto, hasta la jornada del martes cuando fue incluido en el combo legislativo, no hubo ninguna comunicación entre el Comité y el diputado Livio Gutiérrez, autor de la iniciativa. “Ni bien nos enteramos tomé contacto vía mensaje instantáneo con el diputado y le expresé mi preocupación, pero en la figura de la institución. Le sinteticé los argumentos por los cuáles no debería prohibirse el uso de teléfonos celulares en las cárceles del Chaco y, además, lo invito a conversar acerca de la realidad profunda de la situación penitenciaria en la provincia porque muchas veces se legisla de una manera ajena a la realidad, muchas veces de manera bien intencionada o sensibilizados tal vez por hechos que no obedecen a nuestra realidad local. Un ejemplo de ello es que el propio diputado cita, en el proyecto y en el debate, hechos que tienen que ver con la provincia de Santa Fe y Rosario. De hecho cita un informe de la Procuraduría Federal contra la Narcocriminalidad, que tiene que ver con los delitos federales, con las cárceles federales, donde informa la Corte Suprema 18 hechos de bandas criminales que operaban con uno de sus eslabones dentro de cárceles, pero cárceles federales. Y tampoco de Chaco, de Córdoba y de Santa Fe”.
Dicho esto, remarcó que el principal argumento en términos estadísticos para prohibir el uso de teléfonos celulares en la provincia del Chaco estuvo dado por hechos que sucedieron en otras provincias y en el sistema penitenciario federal donde nunca estuvieron permitidos los teléfonos celulares”, cuestionó.
“La regulación justamente permite detectar cuándo hay un uso prohibido y separar al 99% de la población carcelaria que lo usa para contactarse con sus familiares y afectos, con instituciones de derechos humanos o para canalizar demandas, de ese menos del 1% que tal vez genera un uso inadecuado”, remarcó Nielsen.
Se cumplió un año de la regulación legal en la provincia, con la habilitación plena de los dispositivos. “En el servicio penitenciario son 1200 presos y 980 tienen teléfonos. Los que no tienen es porque no tienen medios económicos para solventarlos. Primer gran mito es que el gobierno regalaba celulares y esto es falso. No existe en los hechos y tampoco tienen wifi libre sino que se tienen que solventar sus propios datos móviles. Hace dos meses, entablamos comunicación con el Jefe de Policía, porque en comisarías también está habilitado el uso de celulares, y con la Jefa del Servicio Penitenciario que informó que no había detectado usos ilegales o criminales”, informó.
Remarcó que hubieron dos casos específicos que se mediatizaron. Uno de ellos es el de una persona que contacta con un teléfono legalizado a una adolescente que se termina suicidando. En ese caso específico, se comprobó que no era una teléfono legal y que nunca hubo un contacto entre el detenido y la chica sino que “fue una situación intrafamiliar con la madre”. “Esto quedó en a opinión pública, que un privado de libertad en la provincia indujo al suicidio a un adolescente y esto nunca sucedió”.
El segundo hecho se vinculó al autor de un femicidio que, “si bien no hizo un uso delictivo, se refirió a la víctima a través de redes sociales. Estos son hechos que las propias personas privadas de libertad cuidan mucho, no es un uso prohibido”.