El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia fijó el cronograma de las audiencias del juicio oral y público en el que se juzgará a la exintendenta de Resistencia, Aída Ayala, y al exsecretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto Sampayo, entre otros, por presunto lavado de activos provenientes de licitaciones irregulares en el Municipio capitalino, en una causa que se inició en el año 2018 y se conoció públicamente como causa “Lavado II” o PIMP.
Para este juicio, el TOF de Resistencia estará conformado por los jueces de la jurisdicción, Juan Manuel Iglesias y Enrique Bosch y se completará con la integrante del TOF de Paraná, Marta Berros, quién ya intervino en varios juicios que se desarrollaron en la capital chaqueña. Por el Ministerio Público Fiscal, intervendrán el fiscal general ante el TOF, Federico Carniel y el secretario, Horacio Rodríguez.
Vale recordar que el 7 de mayo de 2021 la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, había confirmado la elevación a juicio de la causa y que la audiencia preliminar se llevó a cabo en diciembre de ese mismo año. Sin embargo, recién el 7 de junio pasado el TOF resolvió convocar a las audiencias del juicio oral y público que, en principio, prevé quince audiencias distribuidas durante los meses de agosto, septiembre y octubre.
La acusación
Ayala y Sampayo llegan al juicio oral en libertad acusados como presuntos coautores de los delitos de asociación ilícita, en concurso real con negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público, todo ello en concurso real con el delito de lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembro de una banda y funcionario público. Además, a ambos se les trabaron embargos por un monto de 200 millones de pesos cada uno.
Además, el Ministerio Público Fiscal, a cargo del fiscal Patricio Sabadini apuntó a los empresarios Daniel Alejandro Fischer, Carlos Huidobro y Pedro Martínez como presuntos testaferros de ambos dirigentes que habrían ocupado un rol fundamental y ejecutivo en el entramado de la supuesta organización con el objetivo de esconder la ruta del dinero proveniente de licitaciones supuestamente amañadas.
La acusación fiscal también se dirige a otras diez personas que ocuparon diversos roles en el entramado y que son allegados a la exintendenta de Resistencia y al exmandamás del Sindicato de Trabajadores Municipales.