Nuevo Chaco Bursátil invita a un conversatorio abierto – este miércoles a las 19:00 horas en el Salón Auditorio de la sucursal Charata – dirigido a inversores y clientes, donde se analizará el contexto económico y agropecuario actual y se presentarán alternativas de inversión con respaldo institucional. La charla “Agroinversiones: Perspectivas para el Agro 2026/27” estará a cargo de Alejo Sorrentino, gerente general de Nuevo Chaco Bursátil y Nuevo Chaco Fondos, especialista en mercado de capitales, junto a Hipólito Ruiz, periodista agropecuario, creador del Grupo Agroperfiles y editor del suplemento rural de Diario Norte.Durante el encuentro, se abordará el contexto financiero y agropecuario, las condiciones de financiamiento e inversión y las expectativas de rendimiento de los instrumentos financieros. La invitación es para este miércoles 18, a las 19.00, en el Salón Auditorio de Nuevo Banco del Chaco de la sucursal de Charata en Falucho 420, esquina Rivadavia.El encuentro se realizará este miércoles 18 a las 19.00 en el Salón Auditorio de la sucursal Charata de Nuevo Banco del Chaco, ubicada en Falucho 420, esquina Rivadavia. La actividad es abierta al público con cupos limitados, por lo que se requiere inscripción previa al correo: hcardozo@nchacobursatil.com.ar La iniciativa se enmarca en la estrategia del Grupo NBCH para impulsar el desarrollo productivo de la región, ofreciendo distintas herramientas financieras que acompañen a empresas, productores e inversores. Nuevo Chaco Bursátil Nuevo Chaco Bursátil es una empresa del Grupo NBCH, con experiencia y trayectoria en instrumentos de inversión y financiamiento para empresas, pymes e inversores locales y de la región. Nuevo Chaco Bursátil cuenta con el respaldo institucional del Grupo NBCH y la seguridad de tener todas las operaciones registradas en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, garantizadas y liquidadas por BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos) y custodiada su tenencia por la Caja de Valores. A través de una moderna plataforma online y con el asesoramiento de su equipo profesional, en Chaco Bursátil se puede invertir en pesos y en dólares, con todos los instrumentos del mercado: acciones, cauciones, títulos, CEDEARs, Fondos Comunes, Obligaciones Negociables, letras y bonos, entre otros. Nuevo Chaco Bursátil cuenta con oficinas en Resistencia, en Güemes 130, y en la ciudad de Buenos Aires, en Esmeralda 303 (Microcentro), para recibir atención personalizada y asesoramiento profesional en todos los instrumentos operados. También se pueden consultar en todas las sucursales de NBCH y a través de la página web oficial www.nchacobursatil.com.ar y atención telefónica 0800-555-6242 (NCHB).
Autor: Redacción General
En diálogo con CIUDAD TV, la concejala del Frente Chaqueño, Lucila Masin, advirtió sobre las intervenciones realizadas por el municipio en el predio del Parque Caraguatá sin un informe de impacto ambiental previo, y reclamó que el espacio sea declarado reserva natural, educativa y cultural. También cuestionó el intento de derogar la Oficina de Violencia Laboral del Concejo Municipal. Masin recordó que desde su bloque presentaron una iniciativa el 12 de septiembre del año pasado, con el objetivo de dotar al parque de un equipo especializado de manejo. Sin embargo, la propuesta aún espera definición tanto del Ejecutivo como de los concejales. En ese contexto, denunció que en los últimos días el municipio avanzó sobre el predio de manera inconsulta: “Lo real es que nosotros entendemos que es un espacio que hay que preservarlo y que hay que cuidarlo. Es el último pulmón verde de nuestra ciudad, en la que conviven especies nativas, flora, fauna, que ya está en proceso de extinción”. La edila describió que la intervención de las máquinas generó un impacto grave sobre el ecosistema. “Los vecinos del lugar nos exponían de qué manera las especies, los árboles, y cualquier animalito intentaban resguardarse y buscar un lugar seguro frente a la escucha de maquinarias”, relató. Además, señaló que se abrieron senderos de aproximadamente nueve metros de ancho que nada tienen que ver con las tareas de saneamiento que habilitaba la resolución del Concejo Municipal, ya que las chatarras, motos abandonadas y vehículos secuestrados siguen en el predio sin ser retirados. Ante la audiencia de mediación celebrada con el juez Julián Flores, el municipio argumentó que actuó en base a una resolución del propio Concejo que habilitaba intervenciones de saneamiento. Masin rechazó esa interpretación: “Lejos de intervenir con los equipos para sacar las chatarras, lo que hicieron es desmontar. Es decir, que no han cumplido con una resolución emanada y emitida por el Concejo Municipal”. La concejala también cuestionó la falta de coordinación interna entre los funcionarios del Ejecutivo, cuyos discursos sobre el destino del parque resultan contradictorios entre sí. Para Masin, la situación evidencia una forma de gestión que prescinde de la participación ciudadana. “Este municipio es un municipio a puertas cerradas, y hacen y deshacen según sus pretensiones y según sus decisiones, independientemente de lo que piensa el otro”, afirmó, y añadió que Argentina suscribió el Acuerdo de Escazú, que obliga a garantizar la participación de la ciudadanía y las organizaciones en el manejo de estos espacios, algo que en este caso no ocurrió. La legisladora convocó a vecinos, organizaciones y ciudadanía en general a acompañar la audiencia prevista para este jueves a las 17 horas en el propio Parque Caraguatá, donde el juez Flores constatará en el lugar las intervenciones realizadas. “Esto es un espacio que nos pertenece y nos corresponde a todos los resistencianos, independientemente del espacio político. Hay que aprender a separar las discusiones y entender que hay un fin común: la preservación, el cuidado y el avance sobre una iniciativa que tiene que ver con que el Caraguatá sea una reserva para nuestros vecinos y vecinas, educativa y cultural”, sostuvo. Contra el cierre de la Oficina de Violencia Laboral En otro tramo de la entrevista, Masin se refirió a la propuesta ingresada por el concejal Dunrauf para derogar la Oficina de Violencia Laboral del Concejo Municipal, un tema que marcó el inicio de las sesiones ordinarias. Rechazó los argumentos del Secretario de Gobierno, quien aseguró que la oficina continúa funcionando a través de la Subsecretaría de Legal y Técnica. “La oficina está cerrada, en términos operativos y prácticos está cerrada, no funciona, no hay persona designada que pueda trabajar con un equipo interdisciplinario”, señaló. La concejala consideró que derivar las denuncias de trabajadores al área Legal y Técnica del municipio implica una asimetría estructural que desalienta las presentaciones. “Imagínate que yo tenga que ir a denunciar a mi superior, al Ejecutivo, que también es jerárquico. En las relaciones laborales hay una enorme asimetría de subordinado y de jefe. Partimos de la base que la discusión ya hace parte desde esa asimetría y desde esa vulnerabilidad”, explicó. Además, advirtió que el 90% de quienes realizan denuncias por violencia laboral son mujeres, lo que le imprime un sesgo de género a la problemática. Para Masin, la iniciativa de derogar esta oficina forma parte de un retroceso más amplio en materia de derechos laborales. “No es casual que este tipo de iniciativas ingresen, se presenten, se intenten discutir en estos tiempos y en este momento político. Hay un contexto de retroceso enorme en la consagración de los derechos”, concluyó, y reclamó que la discusión se aborde con seriedad y sin eufemismos: “Hay que hablar con la verdad y no esconder ni tapar ni intentar argumentar cuando las cosas se hacen mal”.
El Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3 resolvió cerrar parte de la causa contra el empresario y sus hijos tras la entrada en vigencia de la nueva norma. El proceso seguirá activo solo por el período fiscal 2012. El Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3 dictó este martes el sobreseimiento parcial del empresario Lázaro Báez, sus hijos y otros imputados en una causa por evasión impositiva vinculada a la empresa Austral Construcciones, tras aplicar la Ley de Inocencia Fiscal, que elevó los montos mínimos para considerar delito la falta de pago de impuestos, por lo que la investigación continuará únicamente por el ejercicio 2012. La decisión se tomó luego de que la nueva legislación fijara que la evasión simple solo se configura cuando supera los $100 millones por tributo y por año, y $1.000 millones en casos agravados. Qué investigaba la causa El expediente analizaba presuntas irregularidades en el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Ganancias y otros tributos durante los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. Con la actualización de los montos, gran parte de las sumas investigadas quedaron por debajo del nuevo piso legal. La defensa de Báez solicitó el cierre de la causa al considerar que la nueva ley debía aplicarse de manera retroactiva por ser más favorable para los imputados. El tribunal coincidió con ese planteo y sostuvo que corresponde aplicar la norma vigente cuando beneficia a los acusados. En cambio, el fiscal general Diego Velasco se opuso al pedido. Argumentó que la ley solo actualiza montos por inflación y no implica un cambio en el criterio penal. Qué resolvieron los jueces Los jueces Jorge Zabala, Fernando Machado Pelloni y Karina Perilli rechazaron la postura del fiscal y aplicaron la Ley de Inocencia Fiscal. Según el fallo, los montos correspondientes a los años 2010, 2011, 2013 y 2014 no superan el nuevo mínimo exigido para considerar delito. El único período que quedó alcanzado por la causa es 2012, cuando la empresa registró cifras superiores al límite establecido. A partir de esta resolución, el proceso judicial continuará únicamente por las deudas impositivas correspondientes a 2012. En ese año, Austral Construcciones registró montos que superan los $100 millones tanto en IVA como en Ganancias. A quiénes alcanza la medida El fallo dispuso el sobreseimiento parcial de Báez y de sus hijos Martín y Luciana, mientras que Leandro Báez fue beneficiado con un sobreseimiento total. También hubo resoluciones favorables, totales o parciales, para otros imputados vinculados a la empresa. La Ley de Inocencia Fiscal fue impulsada con el objetivo de actualizar los montos de evasión y concentrar las sanciones en casos de mayor impacto económico. Según el criterio que aplicó el tribunal, esto obliga a revisar causas en trámite cuando los montos investigados quedan por debajo de los nuevos límites. Perfil
Valentina Olguín fue procesada el año pasado por el delito de contrabando por simulación debido a que utilizó los datos fiscales del mandatario tucumano Osvaldo Jaldo. Ahora, el Juzgado Federal N°2 de dicha jurisdicción la señaló como responsable también de una maniobra idéntica que involucra a los gobernadores de Buenos Aires, La Pampa y Entre Ríos. En el marco de la investigación penal seguida contra una influencer, el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, a cargo de Guillermo Díaz Martínez, resolvió ampliar su procesamiento sin prisión preventiva por el delito de contrabando por simulación. La medida alcanza unos 15 hechos, tras acreditarse que la imputada utilizó ilegalmente los datos personales y números de CUIT de tres gobernadores provinciales para realizar importaciones de lujo. Cabe recordar que, en mayo de 2025, Valentina Olguín fue procesada por una maniobra similar que involucraba al gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo. La resolución, que hace lugar a la acusación impulsada por el fiscal federal Agustín Chit, establece que la cantante e influencer simuló operaciones ante el servicio aduanero para eludir los límites del régimen de importación por Courier. Según consta en el expediente, la acusada utilizó las identidades de los mandatarios para recibir paquetes de indumentaria de la marca estadounidense “Revolve” en su domicilio particular. Los hechos que sustentan esta ampliación incluyen operaciones realizadas a nombre del gobernador de La Pampa, Sergio Raúl Ziliotto; el mandatario de Buenos Aires, Axel Kicillof y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Estos hechos se suman a los otros por los cuales Olguin ya se encontraba procesada, cuando utilizó el CUIT y datos personales de Jaldo para realizar compras en el exterior en cinco ocasiones. Además, dada la gravedad y la reiterancia de estas maniobras, se dispuso ampliar el embargo sobre los bienes de la acusada hasta cubrir la suma de 15 millones de pesos. Cómo se llevó adelante la maniobra La investigación desarrollada por la Fiscalía Federal Nº 2 de Tucumán estableció que la imputada habría consignado información falsa ante el organismo recaudador ARCA con el propósito deliberado de obtener un beneficio económico indebido, evitando así utilizar su propio cupo aduanero anual para compras en el extranjero. A lo largo de la instrucción se reunieron diversos elementos probatorios que la vinculan con las maniobras investigadas, entre ellas análisis técnicos de comunicaciones, el examen de sus dispositivos electrónicos y la verificación de impactos de antenas telefónicas que coinciden temporal y geográficamente con la recepción de los paquetes en su domicilio al momento de las entregas. A partir del seguimiento de envíos gestionados por la empresa FedEx, el Ministerio Público Fiscal pudo determinar que distintas compras internacionales de indumentaria eran remitidas al domicilio particular de la acusada en la ciudad de Buenos Aires. El análisis del circuito de los paquetes permitió reconstruir la dinámica de las operaciones y ubicar el punto de recepción final de la mercadería. En el marco de la investigación, se dispuso el allanamiento del domicilio particular de Olguín, donde se secuestraron facturas emitidas por FedEx a nombre de los mandatarios utilizados en las operaciones, distintos dispositivos tecnológicos, dinero en efectivo y una importante cantidad de prendas de vestir que aún se encontraban en sus envoltorios originales. El juzgado rechazó los planteos formulados por la defensa, que sostenían que los datos utilizados en la investigación habían surgido de una supuesta “búsqueda al azar” en internet. De esa forma, se consideró que la reiteración de las operaciones y el perfil de las personas involucradas permiten descartar la alegada falta de conocimiento acerca de la ilicitud de las maniobras. En la misma resolución también se confirmó la competencia de la Justicia Federal de Tucumán para continuar con la tramitación del expediente. Por su parte, la fiscalía continúa con el análisis de la prueba pendiente y con la profundización de la instrucción bajo la calificación legal de contrabando simulado, figura prevista en la normativa penal aduanera y que contempla penas de entre 2 a 8 años de prisión. El origen del caso La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por el gobernador Jaldo, quien el 28 de octubre de 2024 informó que su CUIT personal había sido utilizado sin autorización para realizar compras en el exterior, las cuales fueron ingresadas al país mediante la empresa Fedex por el régimen courier y entregadas en un domicilio particular en el barrio porteño de Núñez. Así, fue posible saber que estas operaciones habían sido llevadas a cabo por Olguín en al menos cinco oportunidades entre septiembre y octubre de 2024. Tras recibir la denuncia, se pidieron informes a Aduana Tucumán y a Fedex, junto con el pedido al Departamento Antisecuestro Norte de la Policía Federal para que realice una investigación reservada en el domicilio donde habrían sido recibidos los envíos. Así, se supo que todas las compras habían sido realizadas en la tienda online de la marca de indumentaria femenina “Revolve” de Estados Unidos. Todos los paquetes habían sido enviados al domicilio de Olguín y recibidos por ella o por gente de su confianza que se encontraba en el lugar. La competencia federal Al momento de la denuncia que originó la causa, se pudo establecer que Olguín había utilizado los datos fiscales de otros cuatro gobernadores provinciales, y todos ellos negaron conocer a Olguín o haber autorizado dichas operaciones. A pedido del fiscal Chit, el juez declaró la incompetencia parcial en razón del territorio respecto de los hechos que involucran a los otros mandatarios provinciales. “Entiendo que corresponde a la justicia federal con competencia en cada una de esas jurisdicciones investigar los hechos ilícitos perpetrados presuntamente en su contra”, señaló el fiscal en el respectivo dictamen. El juez compartió el criterio del representante del MPF y remitió las actuaciones a los juzgados federales de La Plata (por Kicillof), Paraná (por Frigerio), Santa Rosa (por Ziliotto) y San Juan (por Orrego). Posteriormente, el Juzgado de Garantías N° 1 de La Plata, el Juzgado Federal de Santa Rosa, provincia de La Pampa y el Juzgado Federal N° 1 de Paraná,
Hacia 2050, el incremento de las temperaturas será un obstáculo decisivo para millones de personas que se definirán por el sedentarismo. Las regiones pobres, como siempre, serán las más comprometidas. “Una alimentación saludable acompañada de ejercicio físico”, es la frase que, habitualmente y en condiciones normales, prescribe cualquier profesional de la salud a un paciente que busca bienestar. Lo que muchas veces no se tiene tan en cuenta es que, de aquí a los próximos años, para seguir la segunda parte de la receta y mover el cuerpo, se requerirá de condiciones climáticas favorables. Si en la actualidad el calor extremo actúa como barrera para salir a trotar o hacer actividad al aire libre en pleno verano, lo que ocurrirá en un escenario de calentamiento global podrá traducirse directamente en una invitación al sedentarismo. Este martes, un examen de lo que sucede con personas de 156 países, señaló que si se extienden en el tiempo las altas temperaturas podría incrementarse la inactividad física a nivel global. De hecho, las proyecciones van un paso más: hacia 2050, las altas temperaturas podrían provocar medio millón de muertes. El trabajo, publicado en The Lancet Global Health, incluyó datos recabados en 156 naciones a partir de encuestas autodeclaradas, realizadas entre 2000 y 2022. En base a esta información, simularon qué podría suceder de cara a las próximas décadas. Entre los principales resultados, advirtieron que cada mes que registra una temperatura media mayor a 27,8°C se traducía en el aumento de 1,44 puntos porcentuales de sedentarismo. Esto es: si el calor se prolonga, empuja a las personas a quedarse en casa y esto constituye un factor de riesgo decisivo para fallecimientos prematuros. Es cierto: las personas pueden hacer ejercicios en gimnasio o en diferentes espacios cerrados y aclimatados para la ocasión. Sin embargo, no todos los individuos pueden disponer de ese pago mensual y la única opción con la que cuentan es ejercitarse en el espacio público. Por ello, como siempre, las naciones más pobres serán las más perjudicadas; las que, en definitiva, tengan un acceso más restringido a la salud. En los territorios de renta media y baja, indica el estudio, el aumento del sedentarismo no será de 1,44 puntos porcentuales, sino de 1,85. Los perjudicados de siempre Las regiones más pobres y más calurosas serán las más comprometidas: los países que se ubican en Centroamérica, el Caribe, el este del África subsahariana y el sureste asiático ecuatorial. Asimismo, el trabajo puntualiza que las mujeres y los adolescentes serán las poblaciones más perjudicadas por la combinación de calor y sedentarismo, ya que suelen carecer de acceso a espacios de ocio climatizados. Las desigualdades se van solapando y, no casualmente, siempre se perjudica en mayor medida a los mismos. De acuerdo al estudio, con el calor “se incrementa el flujo sanguíneo cutáneo y la sudoración, lo que incrementa la carga cardiovascular, el riesgo de deshidratación y la sensación de esfuerzo”. Si el calor complica las cosas, lo mismo sucede con la inactividad física, que suele ubicarse como un factor desencadenante de diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares y mentales. Por otra parte, el artículo refiere un problema adicional vinculado a lo económico. “La inactividad física provocada por el calor también amenaza la producción económica. La disminución de la fuerza muscular, el deterioro cognitivo y la mala calidad del sueño se traducen en un menor rendimiento laboral y un mayor absentismo”, destaca. En conjunto, ello podría traducirse, hacia mediados de siglo, en pérdidas de productividad anuales de entre 2.400 y 3.680 millones de dólares a nivel internacional. Una mirada más amplia Consultado por Página 12, Adrián Baranchuk, médico cardiólogo y presidente de la Sociedad Internacional para Holter y Electrocardiología No Invasiva, aporta una dimensión adicional: “Durante los últimos años, se ha desarrollado el concepto de sostenibilidad, donde interactúan los aspectos sociales y económicos del individuo, el ambiente, y el impacto de las tres cosas sobre el bienestar físico. Hemos tomado noción de que la soledad, aquellas personas que viven solas y no tienen contacto con sus familiares y amigos, son las que menos se mueven. Son las que adoptan el sedentarismo como modelo de vida“. Y continúa con el detalle: “Están metidos en la casa, consumiendo medios en todas sus dimensiones: si son mayores ven televisión, si son menores, están con el teléfono y la computadora. La falta de contacto social promueve los factores de riesgo cardiovasculares. Desde la medicina debemos pensar en una aproximación multifactorial, en donde se vuelva deseable cuidar el corazón, las arterias, así como el cerebro y las emociones“. Según los datos arrojados por distinta evidencia científica, se estima que un tercio de la población adulta mundial (sí, uno de cada tres adultos) no cumple con los 150 minutos de actividad física a la semana que sugiere la OMS como piso. En esta línea, un artículo difundido una semana atrás por la revista Nature destacaba la relevancia de la actividad física como política de salud pública. “Queremos que se reconozca el papel más amplio de la actividad física para múltiples prioridades sociales y de salud pública”, indicaban los autores. Esta clase de investigaciones constituye una muestra más de cómo el cambio climático –ese concepto que algunos juzgan abstracto y que otros, como el presidente argentino, directamente niegan– provoca impactos reales en la vida de las personas. Combatir el calentamiento global debería ser una misión primordial de la geopolítica global. Sin embargo, cada año, las potencias están más lejos de abandonar sus mezquindades. Página/12
Fuentes oficiales aseguraron a Página/12 que se suspendieron las medidas previstas antes de la asunción del ministro Mahiques. Asimismo, sostuvieron que no habrá mensajes ni posicionamientos de la Subsecretaría de Derechos Humanos con respecto a los 50 años del Golpe de Estado. La expectativa está puesta en lo que hará la Casa Rosada, ahora envuelta en el escándalo de la estafa $Libra. El Gobierno no va a avanzar, al menos por ahora, en los cambios que quería introducir en el museo que funciona en lo que fue el núcleo del campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde hubo 5000 personas secuestradas durante la última dictadura. “Es una idea que no se va a materializar”, le confirmaron a Página/12 en el Ministerio de Justicia. El Museo Sitio ESMA abrió sus puertas al público en 2015, después de años de debates entre funcionarios, expertos, sobrevivientes y organismos de derechos humanos. El guión del Museo se construyó en base a los juicios que se sustanciaron sobre hechos ocurridos en ese campo de concentración. En 2023, la Oficina de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) lo declaró patrimonio de la humanidad. En mayo del año pasado, Javier Milei firmó el decreto 344/2025 a través del cual desjerarquizó el Museo e hizo que pasara a depender del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH). Tanto el CIPDH como el Museo Sitio ESMA quedaron en manos de funcionarios vinculados al Frente Joven –un grupo cuyo eje de activismo es la oposición al matrimonio igualitario y la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Eran parte de las fuerzas del cielo que se encolumnan detrás del asesor Santiago Caputo. El 17 de diciembre pasado, Fernando Vedoya, director del Museo Sitio ESMA, convocó al consejo asesor –integrado por sobrevivientes y organismos de derechos humanos– para informar que trabajaban en una propuesta de reestructuración que incluía dos partes: cambiar el guión del Museo y el video que introduce a los visitantes al recorrido. En los papeles que Vedoya entregó había referencias a “organizaciones extremistas” –como si el proceso de activación de los ‘60 y ‘70 pudiera reducirse a la violencia política– y a “encarcelados y torturados” –como si la ESMA fuera una prisión dentro de un esquema represivo legal. El 18 de febrero pasado, el consejo asesor informó por escrito que se oponía a los cambios porque desvirtuaba la misión del Museo. “No es aceptable una museografía que sugiera que el terrorismo de Estado fue una respuesta, una reacción o un exceso en un contexto de violencia previa. Cualquier narrativa que acerque al visitante a esa lectura contradice el mensaje que se considera valioso y ejemplar a escala universal”, sostuvieron. Sin consultar con el consejo asesor, Vedoya introdujo cambios, como sacar las marcas que hablaban de la violencia diferencial que sufrieron las mujeres que estuvieron allí secuestradas. Por la política de despidos y vaciamiento, se redujeron los días de visita. A eso se suma que los visitantes ya no ven la puesta en la que se ven los represores que han sido condenados por crímenes en la ESMA. Esto no se debió a una orden de las nuevas autoridades sino a que simplemente se fueron rompiendo los proyectores y no los repusieron. El nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y su equipo todavía no estuvieron por la ex-ESMA. Sin embargo, le dijeron a Página/12 que se suspendió lo que se estaba preparando para el Museo. A priori, sostienen que no habrá mensajes ni posicionamientos de la Subsecretaría de Derechos Humanos ni de los organismos que de ella dependen para el 24 de marzo, cuando se cumplan 50 años del último golpe de Estado. La expectativa está puesta en lo que hará la Casa Rosada –que está en medio del vendaval ocasionado por las revelaciones en el caso $LIBRA. Por estas horas, Mahiques busca sucesor para el subsecretario Joaquín Mogaburu. El funcionario lleva menos de tres meses en el cargo: asumió el 24 de diciembre en reemplazo de Alberto Baños, que se llevó el triste récord de haber sido el primer representante de la Argentina de tomar un estrado ante las Naciones Unidas para negar la magnitud de los crímenes de la dictadura. No es fácil que alguien quiera hacerse cargo del área de Derechos Humanos de un gobierno que hostiga a las víctimas y empatiza con los perpetradores. La administración de La Libertad Avanza (LLA) no solo hace gala de un discurso negacionista sino que también ha provocado cambios al degradar la Secretaría de Derechos Humanos y al reducir su planta de trabajadores a menos de la mitad. Trascendió también que Alfredo Mauricio Vitolo, que estaba a cargo del área de jurídicos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, se despidió de sus colaboradores. Si bien no le pidieron la renuncia, es una dependencia en la que Mahiques quiere hacer pie. Allí no solo se dirimen cuestiones vinculadas a los tribunales nacionales sino también conflictos ante organismos internacionales. El 24 de marzo pasado, el Gobierno anunció que había firmado un acuerdo de solución amistosa para calificar como crímenes de lesa humanidad las acciones de los grupos guerrilleros. No logró en estos meses que el acuerdo fuera homologado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Página/12
La secretaria general de Gobierno, Carolina Meiriño, reiteró la importancia de la Subasta Pública de Bienes del Estado Provincial, que se llevará a cabo el próximo lunes 30 de marzo en la ciudad de Resistencia. El acto se realizará en el CEF N°1 Miguel Ángel Campos (Av. Lavalle al 700), donde la acreditación de los participantes comenzará a las 8:00 horas. Desde el Gobierno provincial destacaron que esta iniciativa tiene como objetivo optimizar la administración de los bienes estatales, promoviendo la transparencia y la participación abierta de la comunidad. En ese marco, Meiriño expresó: “Invitamos a todos los vecinos a participar de esta subasta pública, que se realiza con total transparencia y permite dar un mejor uso a los bienes del Estado”. Además, remarcó: “Estas acciones forman parte de una política de ordenamiento y eficiencia en la gestión, donde buscamos optimizar recursos y garantizar procesos abiertos a la ciudadanía”.Asimismo, agregó: “Es una oportunidad tanto para particulares como para instituciones de acceder a distintos bienes, en un marco claro, público y accesible para todos”. Por otra parte, se informó que los interesados podrán acceder a la exhibición previa de los bienes los días 26 y 27 de marzo, de 9:00 a 12:00 horas, y el 28 de marzo, de 9:00 a 17:00 horas, en el predio ubicado sobre avenida Martina y calle S/N, en el galpón “La Mística”. Finalmente, la funcionaria subrayó: “Queremos que más chaqueños se acerquen, conozcan cómo funciona este proceso y participen activamente, porque es una herramienta que fortalece la transparencia en la administración pública”.
La Càmara de Diputados debatirá este miércoles en comisión un proyecto para endurece las penas por los delitos de homicidios viales que fue sancionado por el Senado, en un encuentro en que expondrán las titulares de Madres del Dolor, Vivian Perrone, y de Fundación Estrellas Amarillas, Silvia González. La iniciativa se debatirá a las 11.30 en la Comisión de Legislación Penal que preside la libertaria Laura Rodríguez Machado, y la intención es concretar una reunión informativa y emitir el dictamen en 15 días para pasar al recinto de sesiones, según informaron fuentes legislativas a la Agencia Noticias Argentinas. El proyecto fue sancionado el 18 de septiembre de 2025 en el el Senado por unanimidad, en base a las iniciativas que fueron presentadas por los legisladores Anabela Fernández Sagasti (Justicialista), María Victoria Huala (PRO) y Beatriz Avila (Independencia). Esta ley endurece las penas por impericias e irresponsabilidad en la conducción de un vehículo y establece que en el caso de la lesión grave o muerte de la victima se aumenta la pena mínima de 3 a 4 años y la máxima de 6 a 8 años, aunque puede llegar a los 12 años cuando concurran tres o más agravantes. La inhabilitación, en tanto, para conducir será por el doble del tiempo de la condena. Se incorporan como agravantes de este delito consumir medicamentos que afecten la aptitud para manejar o tomar alcohol, no tener habilitación para conducir, exceso de la velocidad del 30%, utilizar celulares o pasar un paso ferroviario sin estar habilitado.
Ocurrió en la madrugada de este miércoles. El conductor abandonó el rodado y escapó al advertir la presencia policial. Hoy, cerca de las 4, personal de la Comisaría Quinta Metropolitana, en el marco de un operativo preventivo, detectó una motocicleta que circulaba a alta velocidad en Avenidas Chaco y Quijano. Ante esta situación, los agentes iniciaron un seguimiento controlado, lo que llevo a que el conductor abandonara el rodado y huya de a pie Tras verificar los datos del vehículo en el Padron Unificado de Motos, se constató que presentaba pedido activo de secuestro en una causa por “Supuesto Robo a Mano Armada”, solicitada por la Comisaría Séptima Metropolitana. Finalmente, la moto fue secuestrada y llevada a la comisaria solictante hasta tanto se puede dar con su propietario.
El Senado sesionará a partir de las 14 para acelerar el tratamiento de los pliegos de Carlos Mahiques –padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques– y de la ex senadora neuquina Lucila Crexell como embajadora en Canadá, una postulación que había circulado cuando la ex legisladora votó a favor de la ley de Bases en junio del 2024. Será la primera sesión del período ordinario del Senado, donde se buscará dar ingreso parlamentario a los pliegos con el fin de que puedan tratarse luego en la Comisión de Acuerdos que deberá emitir el respectivo dictamen. La bancada de La Libertad Avanza y bloques dialoguistas acordaron la semana pasada realizar la sesión en una reunión de Labor Parlamentaria que estuvo encabezada por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, ya que la vicepresidenta Victoria Villarruel estuvo a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje de Javier Milei a Nueva York. El principal objetivo del oficialismo es dar ingreso a los pliegos de Carlos Mahiques, de Lucila Crexell, seis militares y aquellos que ingresen hasta esa fecha, según supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes legislativas. Crexell, un voto por la Embajada La ex legisladora había quedado en el ojo de la tormenta cuando trascendió que, a cambio de votar a favor de la ley Bases, el Gobierno la iba a proponerla como embajadora ante la Unesco, aunque luego demoró esa decisión debido a la polémica que se desató en esa circunstancia. Ahora, el pliego para ser embajadora en Canadá tomará estado parlamentario este miércoles y luego deberá analizado por la Comisión de Acuerdos, previo a su tratamiento en el recinto de sesiones. El pliego enviado al Senado propone a la ex senadora como embajadora plenipotenciaria, aunque se supo que el destino será Canadá, y lleva las firmas del presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno. Mahiques Mahiques es miembro de la Cámara Federal de Casación y cumplirá 75 años el 1 noviembre, la edad en que debería jubilarse según lo establece la Constitución Nacional. Pero el oficialismo promueve que pueda quedarse otros cinco años. En su página personal, el juez destaca que tiene “más de cinco décadas de experiencia en jurisdicción penal, seguridad pública y política criminal comparada” y que es “especialista en crimen organizado y terrorismo internacional, ha liderado causas de alta trascendencia” como la causa Amia, ya que en el 2024 dictó sentencia sobre el atentado terrorista que causó 85 muertos. No es la primera vez que un Gobierno busca evitar que un juez se jubile a los 75: ya lo había intentado la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando propuso que continúe en su cargo Ana María Figueroa, pero la Corte Suprema se lo impidió y la obligó a jubilarse, ya que no llegó a tratarse ese pliego. Ahora, tras obtener ingreso parlamentario, el pliego de Mahiques deberá ser tratado en la Comisión de Acuerdos del Senado, que preside el riojano Juan Carlos Pagotto y quien deberá convocar en una audiencia pública al magistrado para que exponga ante los senadores. Además se debatirán en esa sesión dos convenios internacionales firmados con Francia y Austria, y otro rubricado Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el 2009.
Puso en marcha el Centro de Estudios Derecho al Futuro, hizo mención a la detención de Cristina y abrió la puerta a quienes “formaron parte de otros proyectos”. El gobernador Axel Kicillof lanzó formalmente este martes su think tank desde La Plata. Se trata del Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF), una usina de ideas con la intención de generar insumos para proyectos de políticas públicas en una red federal. “Principalmente, se trata de una convocatoria y un punto de arranque”, dijo el mandatario ante el auditorio del teatro Coliseo Podestá repleto. “Hay que romper la inercia y no dejarse invadir por el virus del desánimo. Los invito a ir al barrio, a la fábrica, a la escuela, a ir a buscar el potencial del campo popular y hay que despertar”, sumó. Luego de decir que se trata de un espacio que funcionará en “red federal”, expuso que se trata de una convocatoria”a hacer política” y “animarse a debatir”. La presentación primaria estuvo a cargo de la exministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec, quien dejó definidos los lineamientos y funciones que guían el CEDAF y cuáles son los objetivos, siendo el principal “mirar para adelante”. “Tenemos techos y pruritos: no vamos a dialogar con quiénes avalan el golpe de Estado, ni con quienes quieran que la figura política más importante de los últimos 50 años esté presa injustamente”, sumó la economista, que elaboró junto a sus pares Agustín Simone y Pablo Ceriani un documento con “Las 10 mentiras y una zoncera económicas de Milei”. Kicillof hizo el lanzamiento en un marco político de refuerzo de las presencias del MDF como los intendentes Jorge Ferraresi, Fabián Cagliardi, Andrés Watson, Gustavo Barrera, Gustavo Coconi e Ignacio Pugnaloni, entre otros. Los ministros provinciales más cercanos al gobernador, legisladores provinciales, gremialistas como Roberto Baradel, Cachorro Godoy, Fabiola Mosquera, Oscar de Isasi, entre otros además de representantes de instituciones deportivas como el presidente de Villa San Carlos, referentes de universidades nacionales y estudiosos de diversos campos. Antes, en la bienvenida, el intendente platense Julio Alak expuso que el Centro “es para que en Argentina dejemos de estar con una escuela austríaca y dejemos de tener un gobierno que recite lenguas extrañas; que venga un candidato a presidente que recite lenguas criollas y ese candidato se llama Axel Kicillof”. Las únicas banderas que colgaban de los palcos eran las de “Axel-Alak”, salvo por la del “MDF Maipú”. Las diez mentiras y la zoncera económica de Milei El gobernador desagregó los puntos del documentos y expuso de entrada que “la macro está mal y la micro está horrible”. “Estamos tratando de combatir una corriente de opinión que hoy es dominante en medios de comunicación y centros de estudios de la ortodoxia también”, marcó. Al enumerar las medidas, dijo que una de las mentiras es que la economía crece. “Si lo hace, lo hace de una manera sesgada y perjudicial para nuestro tejido productivo”, postuló. “La segunda mentira es que crece la inversión. No es así, hay una caída del uso de la capacidad instalada. Las máquinas que existen están la mitad en desuso. La inversión extranjera directa, el que justificaría la obsecuencia, muestra un desempeño negativo”, añadió. Asimismo, dijo que la tercera mentira es “que el empleo crece cuando estamos en un proceso de caída del capital” y dijo que “hay un cambio en la fisionomía del trabajo en la Argentina y una destrucción del empleo formal y avance de la informalidad”. “La cuarta mentira es que sacó gente de la pobreza. Hay una falsificación de la información en la medición de los ingresos. Cada vez más viven en la calle. Cuando se hacen las cuentas bien se observa un crecimiento de la pobreza”, agregó Kicillof. El quinto punto fue sobre el control de la inflación. Kicillof dijo que Milei “se llenó la boca” diciendo que la inflación es un fenómeno monetario y “obviamente observamos algo distinto” y que “desde que se deja de emitir hasta que dejan de subir los precios tenía que pasar un tiempo” y lo acusó de justificarse con información de “el rincón del vago”. En sexto lugar, marcó que los salarios no están en crecimiento como señala el Ministerio de Economía de la Nación, para marcar que en el séptimo lugar la mentira es que “hay superávit fiscal” y dijo que esos números son “truchos” porque llegan a partir de recortes en transferencias de recursos y en obra pública. Al describir el documento, Kicillof puso en el punto 8 de las “mentiras” que hay menos nivel de deuda cuando crecen los compromisos con organismos internacionales. Luego, le habló a los intendentes “de todo el país”, al señalar como mentira 9 que el gobierno nacional bajó los impuestos. “El peso sobre el PBI de los impuestos municipales se encuentra debajo del 1%. Basta de perseguir a quienes tienen que atender la crisis que está originando el programa económico nacional porque la gente cuando se queda sin laburo o necesita alimentos va a los municipios”, marco en un guiño a los jefes comunales. El último punto apuntó al corazón del lema libertario. “El ajuste no lo pagó la casta, lo pagaron los jubilados, trabajadores, científicos y universidades. La casta viaja en avión”, lanzó. Finalmente, habló de una “zoncera” y marcó que se trata de la frase “este vez es distinto”. Kicillof expuso que se trata de un plan que ya se replicó más de una vez en el país. “Hay una discusión de raíz histórica que lo que permite ver es que el plan de Milei no es liberal no anarcocapitalista, están aplicando un plan que se aplicó tres veces y con el mismo staff”, marcó. Los guiños a la construcción federal En su alocución, el gobernador hizo un ensayo sobre cómo buscar una salida a la propuesta actual y enfatizó en un mensaje abierto: “A todos los que nos escuchan, empresarios, científicos, artistas: no sos vos, es Milei”. “La apuesta es demoler los puntos que confirmar el discurso de ese festejo que parece vivir el Gobierno. El que lea este documento, la
El presidente de la Nación, Javier Milei, aseguró que la inflación mayorista muestra una tendencia descendente y sostuvo que esa dinámica anticipa lo que ocurrirá en los precios al consumidor. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, lo hizo a través de un mensaje en la plataforma digital X (antes Twitter), donde presentó una serie de cálculos para respaldar su visión sobre la evolución de los precios. “A continuación presentaré cálculos que no son proyecciones pero que sirven para ver cómo en dinámica la inflación está cayendo”, expresó el mandatario, quien detalló que la inflación mayorista de los últimos doce meses se ubica en torno al 26% anual, mientras que la medición anualizada del bimestre se aproxima al 17% y la de febrero al 13%. El planteo del Presidente se dio luego de que el índice de precios mayoristas registrara en febrero una desaceleración respecto al mes anterior, lo que, según su interpretación, marca una tendencia que podría replicarse en los precios minoristas en los próximos meses. En ese sentido, Milei remarcó que los precios mayoristas suelen anticipar el comportamiento del índice de precios al consumidor (IPC), aunque advirtió que este último todavía debe reflejar el impacto de ajustes pendientes, como tarifas y desequilibrios monetarios, que suelen trasladarse con mayor rezago. El mensaje se enmarca en la estrategia del Gobierno de mostrar señales de desaceleración inflacionaria, en medio de una política económica orientada a reducir la emisión y estabilizar los precios, mientras continúa el proceso de corrección de variables macroeconómicas.
Es parte del compromiso asumido en el acuerdo comercial con los Estados Unidos. El Gobierno nacional modificó las normas vigentes para flexibilizar el otorgamiento de patentes químico-farmacéuticas, en cumplimiento del acuerdo comercial con los Estados Unidos. Para hacer efectivo el cambio derogó las pautas de patentabilidad para invenciones en el sector que estaban vigentes desde el año 2012 y le otorgó más facultades al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). La medida se efectivizó mediante la Resolución Conjunta 1/2026, suscrita por los ministerios de Salud, Economía y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), que procesó Agencia Noticias Argentinas. La decisión administrativa implica el fin de un marco normativo que restringía el otorgamiento de patentes en el sector salud bajo criterios específicos de examen. A partir de la entrada en vigencia de esta norma, el INPI recupera la facultad de evaluar cada solicitud de forma individual, aplicando los requisitos generales de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial establecidos en la Ley de Patentes. “Con la derogación Argentina se alinea con los estándares internacionales de propiedad intelectual que respetan todos nuestros socios comerciales — incluyendo Estados Unidos, con quien avanzamos en un acuerdo que como contraparte de esta normalización le abre todo su mercado doméstico a nuestra industria farmacéutica”, señaló el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger. El ministro afirmó que “el INPI analizará cada solicitud de patente caso por caso, conforme a la ley, sin restricciones adicionales” y aclaró que la derogación rige hacia adelante. Esto implica que los productos farmacéuticos que ya están en el mercado “no se verán afectados de ninguna manera y podrán seguir comercializándose sin restricciones ni retribución”. Según los considerandos, “el fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual es importante para promover la innovación e incrementar la disponibilidad de nuevos productos químico-farmacéuticos”. Asimismo, el documento señala que contar con regímenes de patentamiento de productos farmacéuticos aumenta “la velocidad a la que nuevas drogas son lanzadas a los mercados”, incluidos los países en desarrollo. La regulación derogada establecía limitaciones técnicas para diversas categorías de invenciones. Por ejemplo, en relación con los polimorfos —diferentes formas cristalinas de una misma sustancia— la norma de 2012 dictaminaba que “tales reivindicaciones no son admisibles” por considerarse una mera identificación de una propiedad de la materia. También excluía a las sales, ésteres y otros derivados, al definirlos como “la misma sustancia ya conocida por el estado de la técnica”. La normativa previa también rechazaba las patentes de “segunda indicación médica” y de “dosificación/dosis”, tratándolas como métodos de tratamiento médico no patentables. Con el cambio de régimen, el análisis de patentabilidad se realizará “caso por caso, teniendo en cuenta los requisitos establecidos por la Ley N° 24.481”. El Gobierno sostiene que la derogación busca generar “condiciones de previsibilidad y seguridad jurídica que faciliten la introducción de innovaciones” y el bienestar general. Argumentan que mantener las guías anteriores resultaba inapropiado frente a la “pérdida de beneficios para la sociedad en su conjunto asociados a la innovación”.
La ministra de Seguridad trasladó a 60 agentes que custodiaban escuelas y templos de la colectividad israelita justo cuando Irán dijo que Milei es el enemigo.Monteoliva levantó la custodia de los establecimientos judíos y abrió un conflicto con la DAIA. La ministra de Seguridad ordenó el traslado de 60 agentes del total de 80 que tenía la Policía Federal asignados a esa tarea, desde el momento en que se transfirió la fuerza a la Ciudad, que se quedó con otros 160 agentes para custodiar escuelas, templos y otros edificios de la comunidad israelita. Monteoliva trasladó a los custodios con el pretexto de engrosar las filas del Departamento Federal de Investigaciones (DFI). El DFI es el “FBI argentino” que impulsó Patricia Bullrich, la antecesora de la actual ministra. El timing de la ministra no podía ser peor: se da justo cuando Irán catalogó a Javier Milei como el enemigo y el mismo día en que se cumple el aniversario 34° del atentado en la embajada de Israel. El Tehran Times, considerada la “voz de la República Islámica”, habló de una “línea roja imperdonable”. Milei ya había calificado a Irán como “enemigo” el año pasado y este martes volvió a mencionar despectivamente a los persas en el homenaje por el aniversario del atentado de 1992, que atribuyó al “cobarde ataque del terrorismo iraní”. La DAIA encendió una luz de alarma tras anoticiarse de la decisión de Monteoliva, que derivó en una negociación con el gobierno que se mantiene en curso. La Política Online
Los Guardianes de la Revolución anunciaron el fallecimiento del alto funcionario, blanco de mayor rango desde la muerte del líder supremo y del comandante de la milicia paramilitar, Gholamreza Soleimani. La muerte del Jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Larijani, fue confirmada este martes por el gobierno iraní, después de que Israel anunciara haberlo matado en un bombardeo anoche en Teherán. Las autoridades de la República Islámica también comunicaron el deceso del comandante de la milicia paramilitar Basij, Gholamreza Soleimani. Mediante un mensaje con la fotografía de quien era considerado mano derecha del asesinado líder supremo de Irán, Alí Jamenei, la cuenta de X de Larijani anunció su muerte “como mártir”, que luego fue reafirmada por la oficina de información del gobierno. La publicación fue realizada horas después de que Israel se atribuyera su asesinato. Además de Larijani, también murieron en el ataque su hijo, uno de sus adjuntos y varios guardaespaldas, según confirmó el propio Consejo citado por la agencia de noticias Mizan. Larijani, una pieza clave de la república islámica y uno de sus ideólogos, fue el blanco de mayor rango desde la muerte del líder supremo Alí Jamenei al comienzo de los bombardeos israeloestadounidenses el 28 de febrero. Larijani fue veterano de la guerra Irán-Irak (1980-1988), ministro de Cultura, negociador jefe del programa nuclear, presidente del Parlamento, candidato presidencial y en los últimos tiempos jefe del Consejo Superior de Seguridad. Desempeñó un papel más visible desde el comienzo de la guerra que el hijo y sucesor del líder supremo, Mojtaba Jamenei, quien no ha sido visto en público desde el estallido del conflicto. El Ministerio de Defensa de Israel aseguró este martes haber “eliminado” al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, en los bombardeos contra “infraestructuras del régimen” iraní. “Larijani y el comandante de la Basij (Gholamreza Soleimani) fueron eliminados esta noche y se unieron al jefe del plan de destrucción, (Ali) Jameneí, y a todos los miembros frustrados del eje del mal en las profundidades del infierno”, dijo el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en un comunicado. Las autoridades iraníes también confirmaron la muerte del comandante de la milicia paramilitar Soleimani. Antes de que estallara la guerra, la Basij fue el principal instrumento de represión durante las protestas masivas de enero de 2026, que causó el fallecimiento de miles de personas, según confirmaron distintos organismos de Derechos Humanos. El comandante Gholamreza Soleimani “cayó como un mártir” en un ataque de Estados Unidos e Israel, declararon los Guardianes de la Revolución en su sitio web Sepah News. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que la muerte de Alí Larijani da a los iraníes una “oportunidad de tomar las riendas de su destino”. El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó que, a pesar de la “amarga” pérdida, “la perseverancia del pueblo (…) y la conquista de la victoria final harán que la situación sea aún más amarga para los criminales sionistas”. Los funerales de Larijani y de Soleimani se llevarán a cabo durante el miércoles en el centro de Teherán, junto con los de los militares de la fragata hundida por Estados Unidos el 4 de marzo frente a las costas de Sri Lanka, según informaron las agencias Fars y Tasnim. Página 12
Las negociaciones salariales en distritos gobernados por oficialistas o aliados del Presidente enfrentan rechazos masivos, paros y acusaciones de “ajuste”. Dos días de paro en Córdoba y regresa la Carpa Blanca a Santa Fe. Un panorama de conflictos que crece en el interior del país. El conflicto docente se extiende con una característica común: en provincias en donde mandan gobernadores que respaldan o aplican políticas alineadas con el gobierno de Javier Milei, los gremios rechazan ofertas salariales y activan planes de lucha. Desde Córdoba hasta Santa Cruz, pasando por Río Negro, San Juan, Jujuy y ahora Catamarca, la tensión en las paritarias marcó el inicio del ciclo lectivo. Córdoba: el “efecto Llaryora” y el paro de 48 horas En La Docta, el gobernador Martín Llaryora -un peronistas cordobesista que mantienen buena sintonía con Casa Rosada- enfrenta una crisis abierta con la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC). La asamblea provincial de delegados rechazó por amplia mayoría la segunda oferta salarial presentada por el gobierno, que incluía un incremento del 5% sobre el valor índice de diciembre y mejoras en códigos salariales. El gremio que conduce Roberto Cristalli respondió con un paro de 48 horas para este miércoles y jueves, en una clara demostración de endurecimiento sindical y complica la posibilidad de una tercera propuesta antes de los días de huelga. Según fuentes del Panal, como se conoce a la Casa de Gobierno, “irán al paro y acumularán tres días de descuentos, sumando el que ya hicieron. Es el 15% del salario de los que adhieran a los tres paros”. El principal escollo para un incremento es la recaudación provincial como variable para definir aumentos, además de la inflación, se señaló desde fuentes oficiales. El secretario general de la Gobernación, David Consalvi, justificó la postura: “La recaudación caerá por noveno mes consecutivo y la inflación se mantiene cerca del 3%. Es un escenario económico muy complejo para comprometernos a pagar algo que no sabemos si podremos cumplir”. Se espera que la medida de fuerza de UEPC tenga un alto acatamiento. Santa Fe: vuelve la Carpa Blanca a lo de Pullaro El conflicto docente en Santa Fe sumará un nuevo capítulo y empieza a escalar en intensidad, ya que luego de dos años de tensión con la gestión del radical Maximiliano Pullaro, aliado de Javier Milei en el Congreso en diversos proyectos, los gremios del sector decidieron profundizar su plan de lucha con una medida simbólica: el regreso de la Carpa Blanca, un emblema histórico de la protesta docente que no se utilizaba desde hace 27 años. La iniciativa, impulsada por el poderoso AMSAFE, comenzará este viernes 20 en el norte provincial -con epicentro en las ciudades de Reconquista y Villa Ocampo- y recorrerá los 19 departamentos provinciales durante los próximos meses. El objetivo es claro: visibilizar un conflicto que, según sostienen, el Gobierno decidió no escuchar. Desde el gremio docente aseguran que el malestar no es reciente, sino el resultado de una acumulación de decisiones políticas que, según denuncian, impactaron de lleno en el poder adquisitivo y en las condiciones laborales del sector. El secretario general de AMSAFE, Rodrigo Alonso, señaló: “Las y los docentes no están enojados, están maltratados y extorsionados por un gobierno que otorga aumentos por debajo de la inflación”. Según estimaciones del sindicato, los salarios docentes perdieron alrededor de un 33% de su poder adquisitivo desde el inicio de la actual gestión provincial. Catamarca: “El sueldo ofrecido no llega a fin de mes” En la provincia gobernada por el peronista Raúl Jalil – quien ha mostrado alineamiento con la Nación -, los gremios docentes rechazaron la propuesta oficial de elevar el salario mínimo de $700.000 a $850.000. La secretaria general de ATECA, Viviana Quiroga, fue categórica: “Los docentes nos dicen que no llegan a fin de mes”. El gobierno provincial propuso un aumento del 5,37% aplicado al índice docente con actualización bimestral según el Índice del Precios al Consumidor del INDEC, además de mejoras en la función jerárquica. Sin embargo, el gremio considera insuficiente la oferta y reclama que el salario básico se eleve a $1.300.000, algo que el Poder Ejecutivo descartó por “financieramente inviable”. Los docentes catamarqueños ya realizaron movilizaciones contra la propuesta salarial y mantienen el conflicto abierto, exigiendo mejoras urgentes que compensen la pérdida de poder adquisitivo. En las dos últimas semanas hubo importantes movilizaciones en la capital provincial y pese a que rige la conciliación obligatoria, los gremios aseguran que se trata de marchas autoconvocadas. Jujuy: “El aumento es insuficiente” En la provincia del radical Carlos Sadir, que también comulga con políticas de la Nación, la paritaria docente también está en conflicto y se mantiene la tensión, luego de las importantes marchas frente a la Casa de Gobierno. La titular del combativo Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS), Mercedes Sosa, cuestionó la propuesta oficial del gobierno provincial y aseguró que “el aumento es insuficiente y no responde a la realidad”. Según trascendidos, el gobierno jujeño ofreció un 10% de aumento más un bono por el Día del Trabajador, pero el gremio ya advirtió que evalúa convocar a un paro docente si no hay mejoras sustanciales en la propuesta. La dirigente sindical adelantó que el conflicto podría escalar en los próximos días si no se presenta una oferta superadora.. Río Negro: sin avances tras nueve horas de negociación En la provincia patagónica gobernada por Alberto Weretilneck, aliado clave del oficialismo nacional en la Patagonia, la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER) mantiene el conflicto abierto. Una reunión paritaria que se extendió por más de nueve horas no logró avances: el Ministerio de Educación no modificó su propuesta inicial. La oferta oficial consiste en un 5,29% de incremento para marzo y una recomposición de $250.000 en dos cuotas, además de subas bimestrales para el cuatrimestre enero-abril equivalentes a los índices inflacionarios de Viedma y Nación. La titular de UNTER, Laura Ortiz, calificó la propuesta de “no superadora” y confirmó que “el conflicto sigue abierto”.
El sindicato de Comercio y OSECAC advirtieron al Gobierno sobre el riesgo de que monotributistas pierdan cobertura médica por el desfasaje entre aportes y costos del sistema de salud. Según el informe presentado, el costo promedio del Programa Médico Obligatorio supera los $100.000 mensuales por adulto. Armando Cavalieri, secretario general de Comercio, y Carlos Pérez, titular de la Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC), se reunieron con el ministro de Salud, Mario Lugones, para plantear la situación crítica del sistema sanitario. Según el informe presentado, el costo promedio del Programa Médico Obligatorio supera los $100.000 mensuales por adulto y llega a entre $160.000 y $170.000 para adultos mayores, mientras que el aporte de un monotributista es de $22.000 mensuales. El documento detalla que ese monto no cubre una consulta médica, con radiografías que cuestan entre $80.000 y $150.000 y análisis clínicos completos entre $200.000 y $300.000. A esto se suman cirugías que oscilan entre $1.000.000 y $2.500.000 y tratamientos de alta complejidad. El dirigente gremial Héctor Cavalieri advirtió que “el sistema de obras sociales no puede sostener indefinidamente este desfasaje, por lo que se requieren medidas urgentes para asegurar la cobertura de los monotributistas”. La preocupación surge en el marco de un debate sobre cómo garantizar la viabilidad financiera de la cobertura de salud para quienes tributan bajo el régimen del monotributo. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, entre las alternativas que se barajan aparece la posibilidad de equiparar los aportes de los monotributistas con los de los trabajadores en relación de dependencia, o bien eliminar directamente el aporte de salud del régimen, lo que implicaría un cambio profundo en la financiación de esas prestaciones. Desde la obra social OSECAC, su vocero Pérez buscó tranquilizar a los afiliados al afirmar: “Desde OSECAC queremos ser claros: no estamos planteando excluir a los monotributistas del sistema de obras sociales”. Aun así, la advertencia de Cavalieri no fue menor: “Actualmente, más de 300.000 monotributistas en todo el país reciben cobertura a través de OSECAC. Si este problema estructural no se discute ni se resuelve, todos ellos podrían quedar progresivamente al margen del sistema”. El debate coloca en primer plano la necesidad de una solución que combine equidad y sustentabilidad: por un lado, la protección del acceso a la salud de los trabajadores independientes; por el otro, la preservación de la capacidad operativa de las obras sociales. A medida que se avance en negociaciones entre gremios, obras sociales y el Estado, será clave definir qué mecanismo de aportes y subsidios se adoptará para ordenar financieramente el régimen sin desproteger a los afiliados. NA
El Gobierno provincial, a través de los Institutos de Cultura y Turismo, junto al Municipio de Resistencia, la UNNE y el Arzobispado, presentó este martes una variada agenda de actividades culturales, artísticas y religiosas, en el marco de la Semana Santa. La propuesta incluye exposiciones de arte, conciertos, actividades recreativas y las tradicionales celebraciones litúrgicas, con el objetivo de ofrecer a la comunidad y a los visitantes múltiples opciones para disfrutar del fin de semana largo. Del anuncio participaron el presidente del Instituto de Cultura, Mario Zorrilla; la titular del Instituto de Turismo, Verónica Mazzaroli; la secretaria de Cultura y Turismo de la municipalidad de Resistencia, Bárbara Losch Rosciani; y el Párroco Jorge Gauna. “Estamos promoviendo una agenda muy variada, que combina cultura, turismo y fe, aprovechando el importante movimiento de personas que se genera en estas fechas”, destacó Zorrilla. Entre las actividades iniciales y destacadas, este sábado 28 de marzo, se inaugurará en el Museo de Bellas Artes una muestra de arte sacro perteneciente a un coleccionista correntino, con obras que datan desde el siglo XVI hasta la actualidad, incluyendo piezas de gran valor vinculadas al Papa Francisco. Además, los días 27 y 28 de marzo se realizarán dos conciertos de las orquestas sinfónicas de la provincia y de la UNNE, bajo la dirección del maestro holandés Frank Adams. El primero tendrá lugar en la parroquia María Auxiliadora y el segundo en el Complejo Cultural Guido Miranda. La agenda también contempla exposiciones en el Centro Cultural del Nordeste, una bicicleteada por la ciudad y las tradicionales celebraciones religiosas como el vía crucis y el recorrido por las siete iglesias. Por su parte, Mazzaroli subrayó la importancia de la propuesta para el turismo local. “Queremos repetir el exitoso movimiento que tuvimos durante el fin de semana largo de carnavales, con una amplia oferta de actividades y servicios de calidad para quienes visiten la ciudad”, señaló. En tanto, el Párroco Jorge Gauna valoró el trabajo conjunto entre el Estado y la Iglesia. “Es una fecha especial para el encuentro espiritual, y nuestras iglesias estarán abiertas para recibir a todos los fieles”, expresó. Turismo de fe y actividades en Resistencia Desde el Municipio, la secretaria Bárbara Losch Rosciani informó que se impulsará el “Turismo de Fe”, con recorridos guiados por distintas iglesias de la ciudad a partir del jueves, destacando su historia, arquitectura y valor cultural. La actividad iniciará en la Plaza 25 de Mayo y requerirá inscripción previa. Asimismo, el sábado por la mañana se realizará una nueva edición del programa “Subite a la Bici”, que incluirá un circuito por edificios religiosos. Por la tarde, se prevé una visita a la capilla de la Virgen de Schöenstatt, también con inscripción previa. Desde la organización invitaron a la comunidad a participar de las distintas propuestas y a informarse a través de los canales oficiales para sumarse a cada actividad. “Buscamos generar espacios de encuentro, promover la ciudad y recibir a quienes nos visiten en una fecha tan significativa”, concluyó la funcionaria.
La salida de María Florencia Zicavo se formalizó en el Boletín Oficial tras el reemplazo de Mariano Cúneo Libarona por Juan Bautista Mahiques. La ex titular de la UTI había encabezado el informe interno del escándalo cripto, que luego fue enviado a la Justicia sin que se conocieran sus conclusiones. La reconfiguración dentro del Ministerio de Justicia sumó un nuevo capítulo en las últimas horas con la renuncia de María Florencia Zicavo, la funcionaria que había quedado al frente de la investigación interna por el caso $LIBRA. Su salida se oficializó este martes a través del Boletín Oficial, aunque el documento consigna que había presentado su dimisión el pasado 5 de marzo. El movimiento se dio en paralelo al desembarco de Juan Bautista Mahiques en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, en un cambio que reordenó la estructura del área. Zicavo se desempeñaba como titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio y, en los hechos, respondía a Sebastián Amerio, quien hasta hace pocos días era el número dos del organismo y uno de los hombres cercanos a Santiago Caputo dentro de la cartera. La salida de la funcionaria también impacta en ese esquema interno, ya que se trata de otra baja que recorta el margen de influencia del asesor. En ese contexto, su figura había cobrado relevancia tras ser designada en febrero por decreto como responsable de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada como respuesta inmediata al escándalo cripto. Sin embargo, esa estructura tenía un funcionamiento limitado. Según se confirmó a partir de un pedido de acceso a la información pública, la unidad contaba con una sola persona. Desde el Gobierno, en su momento, el vocero presidencial Manuel Adorni había explicado el rol que tendría ese espacio. “No tiene el mote de investigadora sino de recolectar toda la información que crea pertinente o que le soliciten para aceitar los mecanismos para que la Justicia pueda avanzar rápidamente”, sostuvo. La tarea asignada a Zicavo consistió en reunir datos y colaborar con el Poder Judicial. Ese trabajo derivó en un informe que fue enviado al fiscal federal Eduardo Taiano, quien tiene a su cargo la causa del criptoescándalo. A pesar de su relevancia, las conclusiones del documento nunca se hicieron públicas. Además, según confirmó la propia funcionaria, no se solicitó asistencia externa ni se convocaron especialistas para su elaboración. En paralelo, Zicavo había sido convocada por la Comisión Investigadora del Congreso que analiza el caso $LIBRA. Frente a ese requerimiento, optó por presentar una cautelar para dilatar su comparecencia y finalmente se negó a responder. En ese proceso, ningún representante del Poder Ejecutivo se presentó a contestar las preguntas formuladas por los legisladores. Abogada especializada en derecho migratorio, de 36 años, la ex funcionaria también tuvo un paso académico como docente de Derecho Administrativo en la UBA, donde durante la pandemia dictó cursos virtuales para el Centro de Graduados. Además, se desempeñó como relatora de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. De perfil bajo, había ingresado al Gobierno en junio de 2024 tras la renuncia de Diego Guerendiain, quien había sido jefe de Gabinete de Cúneo Libarona en los primeros meses de gestión. Su nombre también había tomado exposición pública a partir de una denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo, que la señalaba como autora de un proyecto para disolver la Unidad Especial de Investigación vinculada a la desaparición de niños durante el terrorismo de Estado. Data Clave
La Cámara Nacional Electoral reunió en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) a representantes de los principales partidos políticos, jueces electorales y expertos internacionales para analizar el uso de la boleta única papel (BUP) en las elecciones de medio término del año pasado y debatir su posible implementación en las presidenciales del 2027. Uno de los discursos de apertura estuvo a cargo del ministro del Interior, Diego Santilli. “Este debate va a estar en el Congreso, seguramente, en los próximos meses, y yo tomo, recojo el guante como ministro del Interior de que lo debemos hacer lo más rápido y pronto posible para llegar al proceso electoral del 2027, con tiempo, con trabajo adecuado, con todo lo que tenemos ya adelante para que la ciudadanía y los ciudadanos se sientan en un proceso cómodo, ágil, como lo vivieron en octubre”, señaló el funcionario. Y agregó: “Nos debemos en el Congreso un debate electoral que seguramente en los próximos meses, abril, mayo, junio, estará arriba de la mesa y lo debatiremos”. En esta línea, el presidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto R. Dalla Via, señaló que “había una demanda ciudadana que las autoridades políticas recogieron y transformaron en ley en el Congreso”, con relación al uso de la BUP en los comicios de medio término del año pasado, y agregó: “El debut fue exitoso, tal vez nos sorprendió a nosotros mismos el entusiasmo con el que la ciudadanía lo tomó”. Además, remarcó la importancia de anticipar y planificar cambios electorales: “Es muy importante en materia electoral una previsibilidad temporal. Nosotros celebramos que podamos estar discutiendo la boleta para la elección presidencial del año 2027 ahora”, afirmó, e insistió: “Si el Congreso está dispuesto y el Gobierno está dispuesto a llevarlas adelante, lo más sano es que sea en este año y en lo posible en la primera parte del año, porque después necesitamos tiempo para implementarla”. “Los ciudadanos muchas veces creen que las elecciones son solamente el domingo en el que se va a votar. Sin embargo, hay toda una organización permanente en la elaboración de los padrones, en la preparación de los lugares de votación, que las secretarías electorales y los jueces electorales llevan adelante”, completó. Santilli, por su lado, destacó que la implementación de la BUP “vino para quedarse, donde la sociedad sintió que ir a votar, que ese deber cívico que tenemos de ir a votar se le facilitó el tema, fue mucho más simple y con procedimientos claros”. El ministro compartió datos del último proceso electoral y señaló que el 93% de los electores sienten que fue fluido y rápido, 99% siente que el recuento fue rápido y que fue comprensible, y precisó que $12.800 millones de pesos se ahorraron en emisión de boletas por cada uno de los partidos. El panel sobre boleta única papel y democracia interna partidariae estuvo compuesto por Daniel Pablo Bensusán (senador nacional PJ), Giselle Castelnuovo (diputada nacional LLA), Sebastián Galmarini (diputado nacional PJ) y Silvia Lospennato (legisladora de la Ciudad de Buenos Aires PRO). Fue en esta mesa donde se generaron los principales contrapuntos de la jornada: tanto Bensusán como Galmarini plantearon sus reparos a los cambios que busca implementar el Ejecutivo, mientras que Castelnuovo y Lospennato se mostraron a favor. La legisladora del PRO, sin embargo, planteó algunos reparos, pidió conocer los detalles y reclamó que “es válido dar el debate” sobre el rol de las PASO, y sostuvo que una alternativa podría ser que sean optativas. “Eso debería revisarse, el ciudadano no debería estar obligado”. A su vez, sostuvo que es necesario eliminar la categoría de parlamentarios del Mercosur y pidió a las autoridades tipificar como delito electoral “el uso de la Inteligencia Artificial en las campañas electorales que puedan viciar a sus electores”. En la mesa dedicada a la BUP ante la próxima elección presidencial participaron Patricia Bullrich (senadora nacional LLA, que llegó tarde al panel y se sumó ya iniciadas las exposiciones), Maximiliano Abad (senador nacional UCR), y los jueces María Romilda Servini (jueza federal con competencia electoral en Capital Federal) y Alejo Ramos Padilla (juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires). Durante su intervención, Bullrich sostuvo que la eliminación de las PASO podría ponerse a discusión: “Es un tema para poner en el marco de una serie de temas, nosotros terminamos teniendo un sistema de tres vueltas: primera vuelta, las PASO; segunda vuelta, la elección; tercera vuelta, el ballotage. Un sistema de tres vueltas, eso no es razonable. Quizás es más razonable pensar si es no obligatorio”. Además, sobre la BUP, afirmó: “Es parte de un camino, una parte fundamental. Está muy bien, felicitaciones a todos los que trabajaron en eso. Hay menos manipulación, más transparencia, más eficiencia, más confianza en el proceso democrático. Es un paso. Ahora tenemos que dar todos los demás pasos para que nuestro sistema electoral sea un sistema transparente, de confianza social, con menos partidos que representen verdaderas ideas, con un financiamiento transparente”, indicó. El seminario, además, incluyó una conferencia internacional a cargo de Marta Cartabia, presidenta de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, en la que se analizaron estándares internacionales y buenas prácticas en materia de administración electoral. La misma fue presentada por Simona Granata-Menghini, secretaria de la Comisión de Venecia. El encuentro concluyó con una evaluación institucional en la que participaron el vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral, Santiago Corcuera, quién sostuvo que la implementación de la BUP no fue más económico que el sistema tradicional; el juez de Cámara Daniel Bejas; el ex presidente del CARI y actual miembro del Comité Consultivo, José Octavio Bordón y el presidente del CARI, Francisco de Santibañes. Entre los presentes estuvieron representantes de la sociedad civil y de la política como Argentina Debate, Poder Ciudadano, CIPPEC, Red Ser Fiscal, Pulsar UBA, Observatorio de Derecho Electoral de la Facultad de de Derecho UBA; Ramiro González, Roberto Requejo, Adrián González, Alejandro Tullio, Miguel Ángel Pichetto, Ricardo Gómez Diez, Malena Galmarini, Jesús Rodríguez, Daniel Salvador y Ana María Mustapic, entre otros. Infobae