Lo resolvió el Juzgado Federal de Sáenz Peña respecto al contador Walter Pasko y sus hermanos, Carlos y Alvaro Pasko, quiénes eran investigados por evasión agravada tributaria y asociación ilícita, a partir de un desprendimiento de una causa por lavado de activos que se tramita en la Justicia Federal de Resistencia. El Juzgado Federal de Primera Instancia de Presidencia Roque Sáenz Peña dictó el sobreseimiento de los hermanos Walter, Carlos y Alvaro Pasko en una causa por evasión agravada tributaria y asociación ilícita, aplicando la Ley de Inocencia Fiscal impulsada por el gobierno de Javier Milei y vigente desde principios de 2026. La resolución, dictada el lunes 16 de marzo, lleva la firma del juez federal subrogante de Sáenz Peña, Fernando Carbajal. Marca uno de los primeros antecedentes judiciales en el Chaco en los que la nueva normativa beneficia directamente a personas que enfrentaban cargos penales por delitos tributarios, al elevar sustancialmente los montos mínimos requeridos para que una conducta sea considerada delito. La investigación tuvo su origen en una causa tramitada ante el Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, en la que se pesquisaba a una organización criminal dedicada a la generación y comercialización de crédito fiscal apócrifo. En ese marco se determinó, prima facie, la existencia de una asociación ilícita encabezada por Walter Antonio Pasko e integrada, entre otros, por las administradoras de la firma La Reina del Norte S.A.S., cuyo objeto era emitir facturas apócrifas para su uso en el circuito económico formal. A partir de esa investigación se detectó que la firma aquí denunciada habría utilizado esa facturación falsa para incrementar indebidamente créditos fiscales en el IVA y deducir gastos inexistentes en el Impuesto a las Ganancias. Entre los elementos que vinculaban a los imputados con la organización investigada figuraba el análisis de las direcciones IP utilizadas para la emisión de facturación electrónica, las cuales coincidían con las de otros contribuyentes identificados como emisores de facturas apócrifas. Además, ante los requerimientos de la AFIP, la firma no pudo acreditar la efectiva realización de las operaciones cuestionadas. Del análisis de acreditaciones bancarias del período fiscal 2020 surgió una omisión de ingresos por más de veinte millones de pesos, cifra que la propia contribuyente terminó reconociendo mediante la rectificación de sus declaraciones juradas. Todos inocentes, con la ley de Milei Sin embargo, el escenario legal cambió radicalmente con la entrada en vigor de la Ley de Inocencia Fiscal. La norma elevó los montos mínimos de evasión para configurar delitos penales, fijando la evasión simple en cien millones de pesos y la agravada en mil millones por tributo y por año. Las sumas investigadas en esta causa quedaron así muy por debajo de los nuevos umbrales, tornando atípica la conducta imputada. Fue la defensa técnica de uno de los imputados quien solicitó formalmente el sobreseimiento invocando la aplicación retroactiva de la ley penal más benigna, principio consagrado en el artículo 2 del Código Penal. Corrida la vista al Ministerio Público Fiscal, el Fiscal General dictaminó a favor del sobreseimiento de todos los encausados, argumentando que el aumento de los umbrales de punibilidad constituye una mejora objetiva para la situación de los imputados y que la aplicación retroactiva de la norma más favorable no es una facultad discrecional del juez sino una obligación constitucional y legal, que debe operar incluso de oficio. El fiscal sustentó su posición en el Código Penal, en la Constitución Nacional y en tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Citó además precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, subrayando que el máximo tribunal ha rechazado la interpretación según la cual estas modificaciones son meras actualizaciones por depreciación monetaria, afirmando en cambio que el cambio en las condiciones objetivas de punibilidad obliga a aplicar el principio de benignidad sin excepciones. El juez hizo lugar a lo solicitado y dispuso el sobreseimiento de los tres imputados, señalando que las sumas evadidas que se les atribuían no alcanzan el nuevo umbral legal, por lo que la conducta investigada ha devenido en atípica. En el mismo sentido, el magistrado extendió el sobreseimiento a la imputación por el delito de Asociación Ilícita, dado que el Ministerio Público también dictaminó en contra de mantener esa calificación y en virtud de que la atipicidad tributaria arrastra la improcedencia de sostener ese cargo de manera autónoma.
Autor: Redacción General
Ocho efectivos de la Prefectura Naval Argentina recibieron condena o suspensión condicional del proceso por haber manipulado la escena del crimen y obstaculizado la investigación policial en las horas inmediatas a la muerte de Alegre, quien viajaba junto a su hija Araceli cuando fue alcanzado por un disparo efectuado desde el arma reglamentaria del cabo primero Claudio Sánchez. Ocho efectivos de la Prefectura Naval Argentina recibieron condena o suspensión condicional del proceso por haber manipulado la escena del crimen y obstaculizado la investigación policial en las horas inmediatas a la muerte de Víctor Alegre, quien viajaba junto a su hija Araceli cuando fue alcanzado por un disparo efectuado desde el arma reglamentaria del cabo primero Claudio Ismael Sánchez. La sentencia fue dictada este miércoles por el Tribunal Oral Federal de Resistencia en el marco de la causa que investigó el encubrimiento del homicidio de Víctor Alegre, ocurrido el 22 de agosto de 2016 en el paraje San Pedro, jurisdicción de Colonia Benítez, provincia del Chaco. El cabo primero Alfredo Ardiles, superior jerárquico a cargo del operativo de encubrimiento, fue condenado a tres años de prisión en suspenso como coautor del delito de encubrimiento doblemente agravado. La agravación de la pena se sustentó en dos factores: la gravedad del delito previo encubierto —un homicidio con una pena mínima superior a los tres años— y la condición de funcionario público del imputado, quien se valió de su posición jerárquica dentro de la fuerza para coordinar las maniobras que buscaron distorsionar la realidad de lo ocurrido. El juez de cámara Fabián Gustavo Cardozo homologó el acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre la fiscalía y la defensa de Ardiles, y consideró que la pena acordada resultaba justa y proporcional a la magnitud del injusto cometido. Instalar una versión falsa Según quedó acreditado en el expediente, Ardiles llegó al lugar de los hechos junto a personal subalterno y de inmediato adoptó medidas para impedir que los agentes de la Policía del Chaco del Puesto Rural del Puente San Pedro pudieran intervenir con normalidad. Les negó toda información, les prohibió acercarse al automóvil donde yacía el cuerpo de Alegre y mantuvo aislada e incomunicada a Araceli Alegre, hija de la víctima, quien ni siquiera recibió atención médica durante el tiempo en que los efectivos de Prefectura estuvieron a cargo del lugar. Fue un amigo de la familia quien debió llamar al servicio 911 para alertar sobre la situación, casi una hora después de que los prefectos ya se encontraban en el sitio. El tribunal estableció además que Ardiles no solo obstruyó el acceso policial, sino que activamente intentó instalar una versión falsa de los hechos. Ante el médico de policía que se presentó en el lugar, el imputado describió lo ocurrido como un accidente automovilístico, sin mencionar en ningún momento los disparos con arma de fuego. Asimismo, introdujo falsedades en el informe oficial que redactó, afirmando que los agentes involucrados en el hecho vestían uniforme al momento del episodio fatal, extremo que fue luego desmentido por testigos. Para completar el cuadro de manipulación, los efectivos de Prefectura recogieron una bolsa con bochas de marihuana halladas en inmediaciones del lugar y buscaron responsabilizar por el transporte de estupefacientes tanto a la víctima como a su hija, en un intento por justificar la actuación de sus compañeros de fuerza. Fue recién a las 20:38 horas que un actuario del Juzgado Federal N° 1 de Resistencia ordenó a Ardiles retirarse del lugar junto a su personal y no alterar la escena. Para entonces, el daño sobre la integridad probatoria del sitio ya era considerable. El caso se conecta directamente con la causa principal tramitada bajo el expediente N° 5797/2016, en la cual el mismo tribunal había condenado en 2019 al cabo primero Claudio Ismael Sánchez por homicidio agravado y al cabo segundo Walter Hernán Pérez por abuso de armas, ambos por la muerte de Alegre. Suspensión del juicio a prueba para los otros imputados Los otros siete imputados —Luis Miño, Adrián Mancedo, Salvador De Jesús Barrios, Rodrigo Franco, Roberto Schukel, Víctor Valdez y Raúl Roldán, todos suboficiales de la Prefectura Naval Argentina— obtuvieron la suspensión del juicio a prueba por el término de dos años. Como condición para acceder a ese beneficio, cada uno de ellos se comprometió a abonar dos millones de pesos en concepto de reparación del daño a los familiares de Víctor Alegre, pagaderos en cuatro cuotas de quinientos mil pesos. Asimismo, deberán fijar domicilio, informar cualquier cambio de residencia y realizar dos horas mensuales de trabajo comunitario en instituciones de bien público durante toda la vigencia de la suspensión. El fallo del juez Cardozo subrayó que la actuación coordinada de los imputados constituyó un único diseño criminal en el que cada uno cumplió un rol esencial, configurando así una coautoría funcional sustentada en el dominio compartido del hecho. En ese marco, el magistrado rechazó aplicar de oficio la inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos respecto de Ardiles, por entender que dicha sanción no había sido parte del acuerdo alcanzado entre las partes y que imponerla de manera autónoma vulneraría el derecho de defensa. LITIGIO-Periodismo Judicial
Por unanimidad, el Senado aprobó una modificación a su reglamento. Las propuestas del Poder Ejecutivo sí se difundirán por la web y las redes de la Cámara alta y el Boletín Oficial. El Senado aprobó por unanimidad (69 votos positivos) un proyecto para modificar dos artículos del reglamento interno, con el fin de que ya no se publiquen en los diarios las candidaturas al Poder Judicial impulsadas por el Poder Ejecutivo. La iniciativa se iba a tratar esta semana en la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero finalmente se suspendió y fue al recinto sin dictamen. Pero, por el respaldo de todos los bloques, se habilitó con los dos tercios y posteriormente se aprobó de forma unánime. El proyecto había sido presentado con las firmas de Patricia Bullrich, jefa de La Libertad Avanza, y José Mayans, titular del interbloque peronista, entre otros jefes y referentes de demás bloques. De acuerdo a las modificaciones de los artículos 22 bis y 123 bis del reglamento del Senado, se elimina la publicidad de los edictos de “los dos diarios de mayor circulación del país” y se incorpora, a su vez, la difusión mediante las redes sociales de la Cámara alta. En tanto, en la redacción se mantiene intacto la publicidad mediante la página web del Senado y el Boletín Oficial. El nuevo artículo 22 bis reza: “En caso de tratarse de pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para la designación de jueces y conjueces de la Corte Suprema de Justicia, magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, la Secretaría Parlamentaria deberá arbitrar las medidas necesarias para darlos a conocer además, mediante su publicación en el sitio web y las redes sociales de esta Cámara y en el Boletín Oficial, durante dos días, con una antelación no menor de quince días corridos de la fecha de celebración de la audiencia pública”. También hay cambios respecto a la difusión a nivel provincial. “Cuando se trata de la cobertura de cargos en jurisdicciones ajenas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá comunicarse al Poder Legislativo provincial y publicarse en el Boletín Oficial de la jurisdicción pertinente a los fines de la difusión local”, establece. En los fundamentos del proyecto, los senadores sostuvieron que “la propuesta tiene dos objetivos fundamentales: la actualización de los medios de comunicación por los cuales se garantiza la publicidad del procedimiento y la economicidad de dicho procedimiento. Ambos objetivos se logran prescindiendo de las publicaciones de los edictos en los ‘diarios de mayor circulación del país’”. “De acuerdo a los estudios realizados en referencia, la lectura de los diarios nacionales y provinciales en formato papel viene en descenso marcado. Las razones de esta merma son claras: la mayor parte de los ciudadanos de nuestro país (y podríamos decir del mundo) acceden a los medios de información de noticias de forma digital, con un marcado uso de las computadoras personales y de los teléfonos celulares, entre otros dispositivos”, justificaron. Además, señalaron que “los elevados costos que conlleva la publicación de los edictos en los diarios de mayor circulación del país o en los de las jurisdicciones específicas, no se encuentran justificados ante la disminución del consumo de este formato periodístico”. “Es posible considerar que el requisito de la publicación en los diarios de mayor circulación y/o de las jurisdicciones específicas es una práctica que, junto a la lectura del diario en papel, se reputa antigua y de poca efectividad”, agregaron. Parlamentario
La decisión fue adoptada por la Sala I del tribunal, integrada por los jueces Javier Carbajo, Ángela Ledesma y Mariano Borinsky. La Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a una queja del Ministerio Público Fiscal y habilitó la revisión de un conflicto de competencia en una causa por presunto lavado de activos con conexiones en distintas jurisdicciones. La decisión fue adoptada por la Sala I del tribunal, integrada por los jueces Javier Carbajo, Ángela Ledesma y Mariano Borinsky, al considerar que existen cuestiones federales que justifican la intervención, pese a que este tipo de resoluciones no suele ser recurrible. El planteo del fiscal cuestionó que la Cámara Federal de San Martín asignara la investigación al Juzgado Federal de Campana, al sostener que esa decisión carecía de fundamentación suficiente y vulneraba garantías constitucionales como el debido proceso y la defensa en juicio. Según se desprende del fallo, la causa investiga maniobras complejas de presunto lavado de dinero que involucrarían a la firma REAL CENTRAL SRL y a diversas personas físicas y jurídicas, con operaciones desarrolladas en la Ciudad de Buenos Aires y en localidades bonaerenses como Pilar y La Matanza. El Ministerio Público Fiscal argumentó que, por la multiplicidad de jurisdicciones y la posible vinculación con estructuras del fútbol profesional, resultaba prematuro definir la competencia y correspondía mantener la causa en el juzgado que previno, en este caso el fuero penal económico porteño. Asimismo, cuestionó que no se hubiera dado intervención efectiva a la fiscalía en la resolución del conflicto, lo que a su criterio también afecta la validez del pronunciamiento. La Cámara de Casación entendió que los agravios planteados presentan una cuestión federal suficiente, en particular en lo relativo a la garantía del juez natural, por lo que resolvió conceder el recurso de casación y avanzar en su tratamiento. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el tribunal fijó una audiencia para el 30 de marzo próximo, donde las partes expondrán sus argumentos antes de una definición sobre el fondo del conflicto de competencia.
El Ministerio de Salud, en articulación con la Subsecretaría de Modernización del Estado, impulsan un proceso de mejora integral del sistema de turnos con el objetivo de optimizar el acceso a los servicios sanitarios de la provincia y garantizar una atención más eficiente y centrada en el paciente. En una primera etapa, se convocó a equipos de los hospitales Pediátrico y Perrando, junto a centros de salud de Villa Libertad, Villa Río Negro, Barranqueras y Fontana, para implementar ajustes en la gestión de turnos. La iniciativa surge a partir de un diagnóstico que permitió identificar oportunidades de mejora en el sistema actual. El subsecretario de Modernización, Federico Valdés, explicó que “hemos detectado cuáles son los ajustes necesarios para achicar la brecha con el ciudadano y ofrecer una mejora concreta en la atención”. Por su parte, el ministro de Salud, Sergio Rodríguez, destacó que el eje del trabajo está puesto en garantizar mayor accesibilidad y eficiencia: “Estamos trabajando para mejorar los sistemas de turnos digitales, corrigiendo errores y avanzando hacia una plataforma más amigable para la gente”. En ese marco, el funcionario remarcó la necesidad de avanzar hacia un cambio de paradigma en la atención sanitaria: “Debemos dejar atrás un modelo en el que el paciente tenía que salir a buscarnos. Hoy el desafío es contar con un sistema centrado en el paciente, donde el Estado esté al servicio de sus necesidades”. Asimismo, señaló que uno de los principales problemas detectados fue la limitada disponibilidad de turnos: “En muchos casos, las agendas se abrían el día anterior, generando una ‘cola digital’ que no resolvía el problema, sino que lo trasladaba. Necesitamos un sistema más ordenado, previsible y accesible”. Finalmente, Rodríguez subrayó que este proceso implica también una transformación cultural dentro del sistema sanitario: “Sabemos que es un trabajo que requiere tiempo y compromiso, porque implica modificar prácticas arraigadas, pero estamos convencidos de que este cambio mejorará significativamente la accesibilidad y la calidad de atención para toda la población”.
Ocurrió en Charata. Este jueves a las 23:50, los efectivos de la Comisaria Primera Charata hallaron en calle Libertad y Pueyrredón del barrio Gendarmería, sin vida a Oscar Escalada de 62 años. Seguidamente se hizo presente el Fiscal en turno Dr. Fernando Ojeda, el Perito Gabinete Científico del Poder Judicial Lic. Lugo Alejandro y Médico Forense Dr. Antonio Galeano, quienes se abocaron a sus tareas específicas. Asimismo, el médico forense informó que Escalada, “no presenta signos de violencia externa. Muerte natural”. Seguidamente, el móvil Teratológico de la División Bomberos, quienes procedieron al traslado del cuerpo hasta Hospital local, sector morgue, a efectos de ser entregado a familiares, informó la policía. Oscar Escalada era buscado desde miércoles 17 de marzo de este año, sus familiares denunciaron la desaparición. El ciudadano fue visto por última vez en su domicilio en el barrio Gendarmería. Por esta situación la Policía había activado el protocolo de búsquedas de personas.
En la mañana de este jueves, un joven de 24 años fue detenido tras intentar evadir un control policial sobre la Ruta Provincial N°6, en cercanías de San Bernardo, habiendo colisionado a una agente provocando lesiones leves. Llevaba droga. Todo comenzó alrededor de las 14:30, cuando los efectivos de la División Operaciones Droga Interior Villa Ángela, se encontraban realizando control vehicular en la localidad. Allí intentaron detener la marcha de una motocicleta Honda Titan, cuando en ese momento el conductor realizó una maniobra evadiendo el control. Tras la huida, colisionó a una agente policial y contra un patrullero, perdiendo el control del rodado cayendo. El joven de 24 años fue demorado en el lugar y en su poder hallaron envoltorio con 121,5 gramos de cocaína. Por orden de la Fiscalía Antidrogas, se secuestró la droga, la motocicleta y un celular, y se dispuso la aprehensión del joven por infracción a la Ley 23.737. Asimismo se instruyen actuaciones por “Daños Patrimoniales en vehículo policial y lesiones”.
La diputada denunció al ex ministro de Defensa por presunta administración fraudulenta, malversación de fondos y abandono de deberes. La causa la tiene el juez Daniel Rafecas. La severa crisis de IOSFA sigue generando dolores de cabeza para Luis Petri. Ahora, la diputada Lourdes Arrieta presentó una denuncia penal contra el ex ministro de Defensa por presunta administración fraudulenta, malversación de fondos y abandono de deberes en el manejo del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA). La presentación judicial sostiene que, bajo la administración de Petri, la obras social que cubre a unos 650.000 afiliados sufrió un colapso progresivo, llevando a la suspensión de tratamientos vitales y al endeudamiento crítico de la obra social. La denuncia habla de desmantelamiento del IOSFA y de vaciamiento de las reservas. En ese sentido, destaca que antes de la llegada de Petri a la gestión gozaba de un superávit financiero al inicio del período investigadas pero las reservas se consumieron rápidamente. “Este desmanejo generó un endeudamiento creciente con prestadores médicos, farmacias y proveedores”, apunta. Por otra parte, la presentación que ya está en el Juzgado Criminal y Correccional federal número 3 de Daniel Rafecas, plantea que “el impacto más alarmante para los afiliados es la interrupción de servicios esenciales y detalla la falta de provisión de medicamentos críticos, incluyendo tratamientos oncológicos e insulina, obligando a los beneficiarios a costear tratamientos de su bolsillo o, peor aún, a suspenderlos”. “El resultado de esta gestión ha sido la puesta en riesgo directo de la vida y la salud de nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y de Seguridad,” afirma Arrieta. La acusación de malversación se centra en la aplicación indebida de recursos y la celebración de contratos millonarios con droguerías y proveedores, mientras el sistema se desabastecía. Además, la denuncia pide investigar el destino del préstamo de $40.000.000.000 otorgado por el Instituto de Ayuda Financiera (IAF) supuestamente destinado a la modernización de la infraestructura del IOSFA que nunca fue explicado de manera transparente. En este contexto, Arrieta solicita medidas urgentes, incluyendo el secuestro de toda la documentación administrativa del Ministerio de Defensa y del IOSFA para determinar el alcance del perjuicio patrimonial y la responsabilidad penal de los exfuncionarios. LPO publicó en exclusivo que más allá de haber disuelto la obra social para crear otra (OSFA), los militares están sin cobertura y denuncian un negociados de Petri para vaciar la obra social. Los focos de conflicto que se remarcan qxon Mar del Plata, Trelew, Bahía Blanca, Tucumán y otras provincias del norte hay cero cobertura y en la semana pasada la ciudad balnearia tuvo una protesta en la sede la obra social que la situación se volvió muy dramática. LPO anticipó en exclusivo a fines de enero que los militares estaban en alarma total porque en Mar del Plata cortaron la cobertura social por una deuda de $800 millones. Fuentes castrenses consultadas en ese momento, aseguraron que tanto retirados como activos deben hacerse cargo de trámites que llegan a 400 mil pesos. Ahora se confirmó que el prestador suspendió el servicio por una deuda que supera los dos meses, lo que dejó a numerosos beneficiarios sin la posibilidad de acceder a consultas o tratamientos. Actualmente, solo se atienden pacientes oncológicos o casos de extrema urgencia, mientras que el resto de las prestaciones quedaron interrumpidas Todo esto también generó un profundo enojo de la Fuerza Aérea dado que el actual ministro de Defensa, el General Carlos Presti puso al Ejército a conducir la obra social nueva y aseguran que habrá privilegios para la reanudación de la cobertura en los lugares donde operen como Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, postergando al resto de las fuerzas. Como publicó LPO, la crisis de IOSFA es una marca registrada de la gestión de Petri en el ministerio de Defensa, que se rodeó de coprovincianos para gestionar el ministerio y acumuló sospechas de corrupción. Oscar Sagasti, primer hombre de Petri en IOSFA, pidió un préstamo a la Institución de Asistencia Financiera (IAF) que nunca pagó. Luego pidieron otro préstamo de $42.000 millones que fue destinado a pagar deudas con proveedores y laboratorios en lugar del equipamiento médico planeado, provocando un aumento del déficit a $210.000 millones para junio de 2025. Este tema también fue parte del picante cruce entre Victoria Villarruel y Petri en X tras el discurso de apertura de Sesiones Ordinarias de Javier Milei. La vicepresidenta demandó a Petri explicaciones y tuiteó: “Es preocupante que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA y que hizo su funcionario mendocino. Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país”. “Creo que antes de divagar y comentar cómo una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias. Sigo atentamente la causa judicial”, ironizó Villarruel, que también chicaneó a Petri por sus “cosplays” y “trencitos” con Milei. Villarruel puso énfasis también en los mendocinos que trajo Petri a conducir la obra social y formaron parte de la severa crisis financiera actual y que LPO adelantó en exclusivo. Los presidentes del directorio que Petri puso por su relación de confianza en Mendoza fueron Oscar Sagas, Luis Roberto Fiochi y Betina Surballe. Que la denuncia haya caído en el juzgado de Rafecas es un dolor de cabeza para Petri porque se trata de un magistrado serio e independiente que hará una investigación profunda de la denuncia y no será archivada como pretenden los libertarios. La Política Online
El análisis de la Consultora Politikón indica que en el cuarto trimestre del año, el aglomerado del Gran Resistencia presentó ciertos retrocesos en sus principales indicadores del mercado de trabajo. En comparación con el trimestre anterior, la tasa de actividad se redujo y la tasa de empleo mostró una leve caída; la desocupación, por su parte, también disminuyó, aunque explicada fundamentalmente por la retracción de la población activa. Sin embargo, el dato positivo aparece en la comparación interanual: respecto al cierre de 2024, se observan mejoras en las principales tasas, lo que marca una dinámica más favorable en una mirada de mayor plazo. Detalle de los resultados de Gran Resistencia para el 4° trimestre 2025 Posicionamiento de Gran Resistencia en el plano regional y nacional En términos de actividad, Gran Resistencia se ubicó por encima del promedio regional (44,3%) y se posicionó en el segundo lugar del NEA, solo por detrás de Posadas (46,4%). A nivel nacional, se ubica en el puesto 23 entre 32 aglomerados. En lo que respecta a la tasa de empleo, el 41,6% se ubica levemente por debajo de la media regional (41,8%) y también en el segundo lugar dentro del NEA, nuevamente detrás de Posadas (44,6%). En el plano nacional, ocupa el puesto 24. Por el lado de la desocupación, Gran Resistencia presenta el peor desempeño relativo de la región: su tasa (8,2%) es la más alta del NEA y se ubica muy por encima del promedio regional (5,6%). A nivel país, se posiciona como el octavo aglomerado con mayor tasa de desocupación, quedando por encima de la media nacional (7,5%). ¿Qué muestran los resultados para el Gran Resistencia? El desempeño del Gran Resistencia muestra una dinámica claramente dispar según el tipo de comparación que se realice. En la lectura trimestral, los indicadores reflejan un deterioro: cae la actividad, el empleo no logra crecer y la baja de la desocupación responde más a la contracción de la oferta laboral que a una mejora genuina en la generación de puestos de trabajo. Esto sugiere un mercado laboral debilitado en el corto plazo, con señales de menor dinamismo. Por el contrario, la comparación interanual presenta una imagen más favorable: crecen la actividad y el empleo, y la desocupación muestra una leve mejora. En este plano, el mercado laboral evidencia cierta capacidad de expansión respecto al año previo, aunque sin cambios contundentes. En este marco, la lectura integral indica que Gran Resistencia atraviesa una situación de estancamiento con sesgo a la fragilidad: si bien en el largo plazo reciente logró ampliar su mercado de trabajo, en el corto plazo muestra señales de retroceso. Esto implica que, de no revertirse la caída en la actividad, las mejoras interanuales podrían perder consistencia en los próximos trimestres, consolidando un escenario de bajo dinamismo y persistente debilidad relativa dentro de la región. Politikón Chaco
“DISP. N° 000885 en el marco del Expte N° E-5-2025-1732-Ae. Resistencia, Chaco, 03 de noviembre de 2025. EL DIRECTOR DE DEFENSA AL CONSUMIDOR A/C DISPONE: ARTICULO N° 1: SANCIONAR a la firma VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, CUIT Nº 30-56133268-8 con multa de (0,5) media canasta básica total hogar 3 a fecha de agosto de 2025 (INDEC) que asciende a la suma de SEISCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($610.442,57), por infracción al artículo 19 de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor N°24.240”. Dr. Raúl Giovanni Tessaro – Director de Defensa al Consumidor.
El Superior Tribunal de Justicia del Chaco confirmó parcialmente la sentencia 112/25 de la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Resistencia y ordenó al Poder Ejecutivo que “con carácter urgente y dentro de un plazo razonable” adopte las medidas normativas y presupuestarias tendientes al reconocimiento legislativo “a fin de garantizar la integridad del salario y asegurar la actualización adecuada de las remuneraciones docentes”. Fue a través de la sentencia 70/26 en la que, además, hizo lugar parcialmente al recurso extraordinario de inconstitucionalidad presentado por la provincia contra la sentencia 112/25 de la Sala Segunda de la Cámara Laboral de Resistencia y dejó sin efecto el punto II de la misma en cuanto a la modalidad ordenada para el cumplimiento del fallo que ordenaba restablecer el pago de la cláusula gatillo al personal docente. La decisión firmada por Víctor del Río, Emilia Valle, Enrique Varela, Alberto Mario Modi e Iride Isabel María Grillo tuvo lugar en el marco de las causas 1.370-25-1-L “Federación de Sindicatos de la Educación del Chaco C/ Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; Provincia del Chaco S/ acción De amparo” y 1372-2025-1-L “Federación de Sindicatos de la Educación del Chaco c/ Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; Provincia del Chaco S/ medida cautelar”. El voto mayoritario respecto a la parte resolutiva perteneció a Víctor del Río y las juezas Emilia Valle e Iride Isabel María Grillo. Mientras que Enrique Varela y Alberto Mario Modi se expresaron en disidencia parcial; acordaron con los fundamentos, pero no con la resolución propuesta. Fundamentos Los jueces del STJ resaltaron que “la determinación del régimen remuneratorio y de los métodos de recomposición salarial es resorte exclusivo del Poder Legislativo y Ejecutivo, de acuerdo a las normas constitucionales y legales aplicables” tanto por la Constitución Provincial como por las leyes 647-A y 724-A. “En consecuencia, la fijación, modificación o actualización del sistema salarial requiere una regulación legal que garantice la legalidad del gasto, la previsibilidad presupuestaria y el adecuado control del uso de los recursos públicos”, agregaron. Más adelante recordaron que el STJ determinó que el artículo 87 de la Constitución del Chaco garantiza la intangibilidad de la retribución docente y que es atribución del Poder Legislativo, a propuesta del ejecutivo, establecer el régimen salarial de la Administración pública provincial de acuerdo con la división de poderes sobre la que se sustenta el sistema republicano de gobierno, como quedó sentado en el precedente “Alonso de Martina” por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por tal motivo, consideraron que “la Cámara decidió en exceso de sus atribuciones, al establecer por vía judicial el sistema de actualización del salario docente, pues se subroga en facultades conferidas” a los dos poderes antes mencionados. Sobre todo, debido a que “por la naturaleza de los derechos invocados, el fallo tendrá implicancias sobre el ámbito de actuación de otro órgano del Estado, al disponer el pago de ajustes salariales en el empleo público, lo que torna indispensable la existencia de partidas presupuestarias correspondientes al disponerse erogaciones que afectarán el erario público”. En otro tramo de la fundamentación afirmaron que esta decisión “no implica soslayar los mandatos constitucionales y convencionales que reconocen el derecho a una retribución justa en conexión con el principio de dignidad humana” y reconocieron que “la tarea educativa constituye una función esencial para el desarrollo integral de la sociedad y la efectividad del derecho a una educación de calidad, inclusiva e igualitaria”. Además, fueron contundentes al considerar que la decisión de suprimir el mecanismo destinado a preservar la intangibilidad de las remuneraciones “constituye una medida regresiva que afecta la garantía de una retribución justa y se aparta de los estándares internacionales, en punto a asegurar condiciones laborales compatibles con la dignidad de la parte trabajadora”. Así recordaron la existencia de normas supranacionales que “imponen al Estado argentino la obligación de respetar y garantizar el salario digno. Ello implica el deber de adoptar medidas positivas orientadas a preservar la integridad de la retribución, a fin de que las previsiones constitucionales no se tornen ilusorias”. Y estuvieron de acuerdo en que, ante este escenario, “el Poder Judicial debe asegurar la vigencia efectiva de los derechos y garantías fundamentales que entendemos conculcadas en el presente caso. Es por tal razón que debemos exigir que los Poderes Públicos actúen a fin de reparar y hacer cesar la lesión detectada. En este cometido, hemos de seguir similar criterio al adoptado por el Máximo Tribunal del país al promover la actuación coordinada de los órganos del Estado cuando se encuentran comprometidas garantías de raigambre constitucional”. Disidencia parcial de la minoría Por su parte Varela y Modi estuvieron de acuerdo totalmente con los considerandos, pero disintieron en la respuesta jurídica que debía darse a la cuestión. En tal sentido señalaron que debía ejercerse jurisdicción positiva y hacer lugar a la acción de amparo promovida por SITECH “específicamente en los siguientes términos: disponiendo que el Poder Ejecutivo, dentro de un plazo razonable, proceda a adoptar las medidas normativas y presupuestarias tendientes al reconocimiento legislativo, a fin de garantizar la integridad del salario y asegurar la actualización adecuada de las remuneraciones docentes”.
Todos los bloques votaron el “compromiso permanente” menos el oficialismo que se abstuvo. En otro bochorno político, la bancada libertaria intentó modificar la propuesta y relativizar el golpe de Estado, pero no pudo. A pesar del intento libertario por relativizar el terrorismo de Estado, el Senado aprobó un proyecto que manifiesta el “compromiso permanente con la Memoria, la Verdad y la Justicia” a días de cumplirse el 50 aniversario del golpe del 24 de marzo de 1976. La Libertad Avanza fue el único bloque que se abstuvo, a diferencia del resto que votó a favor. Hubo varios cruces entre la presidenta de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, y el senador e hijo de desaparecidos, Eduardo “Wado” de Pedro, para conseguir una redacción final consensuada, algo que no se logró. El proyecto, que tuvo el acompañamiento de 49 senadores, fue presentado minutos antes del comienzo de la sesión por el senador bonaerense e integrante de H.I.J.O.S., que a mitad de la jornada pidió el tratamiento sobre tablas del proyecto. El texto tuvo 20 abstenciones, todas de LLA. Después de fracasar en dejar sin quorum la sesión, propusieron una versión más lavada del texto, donde no se mencionaba el concepto “Memoria, Verdad, y Justicia” ni se hacía referencia al “terrorismo de Estado” y a la solicitud de “continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad”. La propuesta libertaria A pedido de Bullrich, los bloques hicieron un intento por consensuar una redacción en común porque los libertarios parecían no querer quedarse afuera de un proyecto que buscaba conmemorar un nuevo aniversario del golpe de Estado. De esta forma, se accedió a votar la incorporación de la iniciativa al temario, para que luego los referentes de cada espacio pudieran dialogar sobre un texto único. Esa negociación se desarrolló sin éxito. La propuesta lavada que propuso Bullrich finalmente no fue aceptada como modificación por De Pedro, lo que determinó que la bancada violeta se abstuviera, con la excepción del senador cordobés, Luis Juez que acompañó la iniciativa del peronismo. El texto de la exministra de Seguridad, que luego colgó en sus redes sociales declara: “su compromiso permanente con la defensa del orden constitucional, la vigencia del Estado de Derecho y la democracia, al conmemorarse el 50 aniversario del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que interrumpió el sistema democrático de la República Argentina. Asimismo, condena cualquier tipo de violencia y reafirma el consenso democrático, plasmado en el concepto del Nunca Más”. El voto de los aliados del Gobierno Hubo una modificación clave para lograr el acompañamiento de la mayoría de los bloques. Por pedido de la UCR se eliminaron los fundamentos en los que se daba cuenta de las políticas de derechos humanos durante el kirchnerismo. De Pedro, accedió al pedido del radical Eduardo Vischi, por lo que solo se puso a consideración del cuerpo la parte resolutiva del proyecto y no sus argumentos. El texto de De Pedro declara: “Su compromiso permanente con la Memoria, la Verdad y la Justicia, al conmemorarse el 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que dio inicio a la última dictadura cívico-militar en la República Argentina”. Y agrega: “Asimismo, reafirma el valor del consenso democrático construido por la sociedad argentina a partir de 1983, expresado en el principio de Nunca Más al terrorismo de Estado, en la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad y en la defensa irrestricta del Estado de Derecho, como bases indispensables para la convivencia pacífica y para que las diferencias políticas sean dirimidas a través del debate público y las instituciones de la democracia”. La presidenta de la Cámara, Victoria Villarruel que participó en varias de las votaciones se ausentó y la sesión quedó desprolijamente conducida por Bartolomé Abdala, que, en un paso de comedia, intentó hacer de la propuesta del texto de Bullrich un proyecto que quiso rápidamente poner a votación. Varios legisladores corrigieron al puntano, entre ellos, Wado de Pedro que le preguntó irónicamente sobre el número del proyecto de la libertaria. Finalmente, Abdala tuvo que acceder a votar la propuesta presentada por el integrante de H.I.J.O.S que tuvo el acompañamiento de todos los bloques, a sola excepción de la LLA. Página 12
El beneficio para tasas y servicios municipales estará vigente hasta el 31 de marzo y puede abonarse con distintas modalidades de pago. Desde la Municipalidad de Machagai informaron que más contribuyentes se acercan día a día a realizar las consultas pertinentes para acceder al descuento del 25% por el Pago Anual Anticipado 2026 que se encuentra vigente hasta el próximo 31 de marzo. Recordamos que los descuentos se aplican a todos los impuestos de Tasas y Servicios y los mismos se pueden abonar con diferentes formas de pago. Para mayor información, puede enviar su consulta vía WhatsApp al 3734-525215 o por correo electrónico a direccióntributaria@machagai.gob.ar.
Rubén Leyes presentó “La Máscara Expandida”, una jornada cultural que se realizará este sábado de 18 a 22 en la sede del teatro en barrio Llaponagat. Participarán artistas, docentes y espacios culturales con propuestas abiertas a la comunidad. El director del teatro La Máscara, Rubén Leyes, invitó “La Máscara Expandida”, una jornada cultural que se llevará a cabo este sábado 21 de marzo, de 18 a 22, en la vereda del teatro ubicado en avenida Evaristo Ramírez y Nikola Tesla, en el barrio Llaponagat. “Surge como una experiencia, como un proyecto, como una jornada sencilla, pero potente”, explicó en diálogo con CIUDAD TV. Según detalló, la propuesta reunirá a artistas, gestores culturales, docentes y talleristas con actividades vinculadas a las industrias creativas. Durante la jornada participarán tanto espacios que desarrollan actividades en La Máscara como otros que se sumarán para difundir sus propuestas. “El hecho de estar juntos y que las industrias creativas podamos mostrarnos y que la comunidad se sienta protagonista”, sostuvo Leyes. En ese sentido, remarcó que la iniciativa busca acercar la oferta cultural al público: “Vamos a salir al encuentro y a buscar al público para que venga, se sume y vea todo lo que vamos a tener este año en La Máscara y en otros espacios”. El evento tambien se enmarca en un nuevo aniversario del espacio cultural. “El 21 de marzo cumplimos 4 años en nuestra nueva casa y 29 años desde que se inauguró La Máscara como sala de teatro”, recordó. Y agregó: “No queremos tirar la casa por la ventana, sino abrirla, expandirla, que todos se sientan cómodos”. “Fabricamos ilusión, fabricamos emociones, fabricamos comunidad, fabricamos experiencias”, expresó, al tiempo que destacó el vínculo con el público: “Son experiencias que quedan guardadas en la imaginación”. En relación al contexto actual, el director señaló las dificultades que atraviesa el sector cultural. “Sabemos que es un año difícil y que venimos de años bastante complicados para la cultura”, indicó. Y agregó: “Es un momento de mucha angustia y sentimos que es una necesidad urgente de los artistas poder salir, acompañar y quitarle un rato la angustia a las personas con lo que sabemos hacer”. Además de la jornada del sábado, adelantó que La Máscara contará con una programación sostenida durante el año. “A partir del 29 de marzo hasta el 20 de diciembre tenemos bastante ocupada la agenda”, dijo. También informó que en abril comenzarán talleres y cursos de formación, con actividades desde la mañana y funciones los fines de semana para distintos públicos. Por último, confirmó que la actividad no se suspende por lluvia y que se extenderá más allá del horario previsto como espacio de encuentro. “Después de las 22, si se quieren quedar a tomar algo, nos sentamos, charlamos y de ahí salen un montón de proyectos”, concluyó.
El crudo europeo ‘Brent’ roza los 110 dólares por primera vez desde junio de 2022. Se dispara más de un 50% en lo que dura la guerra. El gas alcanza los 55 euros el megavatio/hora y pone en aprietos al BCE para tomar una decisión mañana en su reunión de marzo El mercado energético vive unas horas intensas después de conocer el ataque de EEUU a la mayor planta gasística de Irán, situada al sur del país. De manera inmediata la tensión sobre el terreno se trasladó al mundo financiero, donde el precio tanto del petróleo como del gas se dispararon por encima del 6%. El barril Brent, utilizado de referencia en Europa, llegó a rozar los 110 dólares, niveles que no se veían desde junio 2022. En el balance de la guerra, el precio del petróleo se dispara ya un 50%, desde los 72 dólares de antes de los primeros ataques a Irán el pasado 28 de febrero. Por su parte, el gas natural europeo, TTF, también escaló hasta cotas de los 55 euros MGWh tras conocer que el ejército de EEUU habría alcanzado el yacimiento de gas de South Pars, compartido con Catar, y unas instalaciones petroquímicas cercanas en Asaluyeh, en la orilla frente a este emirato, dentro del Golfo Pérsico. Se calcula que desde la planta de South Pars se producen diariamente 730 millones de metros cúbicos de gas natural licuado, según informa Trading Economics. En EE.UU, el crudo West Texas llegó a subir más del 2%, apuntando hacia los 98 dólares el barril de nuevo. Frente a las dinámicas habituales del mercado, los inversores siguen vendiendo oro y hoy su caída ha sido superior al 2,6%, por debajo de los 4.900 dólares la onza. También cae el Bitcoin, que recupera su correlación con el metal dorado y cede más del 3%, hasta los 61.800 euros. Con este telón de fondo, las bolsas europeas se dieron la vuelta y siguieron la estela de pérdidas de Wall Street. En el viejo continente el EuroStoxx 50 arrojó pérdidas del 0,54%, hasta los 5.738 puntos, menos que las ventas iniciales. En España el Ibex 35 subió un 0,2%, por encima de los 17.282 enteros, frente a las caídas del 0,88% del Dax alemán. Todas las miradas están hoy pendientes de la decisión que pueda adoptar la Reserva Federal en EEUU, donde las previsiones apuntan a que Jerome Powell mantendrá los tipos de interés estables a la espera de cómo evoluciona el conflicto. De momento, y pese a las declaraciones públicas de Donald Trump sobre el presunto fin de la guerra, la realidad sobre el terreno es muy diferente. Israel ha anunciado este miércoles la muerte de Ismail Jatib, ministro de Inteligencia iraní. Se produce 24 horas después de que el Gobierno de Benjamin Netanyahu anunciara también que había acabado con la vida del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, y del comandante de la milicia paramilitar Basig, Gholamreza Soleimani, en bombardeos de su ejército. Ante el cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo internacional, EEUU sigue buscando vías para liberar barriles de petróleo y contener el alza de precios. Hoy, el departamento del Tesoro de estadounidense acaba de anunciar el levantamiento parcial de las sanciones impuestas hasta la fecha a las empresas que comercializaban con las petroleras venezolanas. Además, la Casa Blanca dijo que Trump eximiría, por 60 días, los requisitos de la Ley Jones para que los bienes enviados entre puertos de Estados Unidos se transporten en embarcaciones con bandera estadounidense. A dicha ley, establecida en la década de 1920 para proteger el sector de construcción naval estadounidense, a menudo se le atribuye el encarecimiento de la gasolina. Estas medidas se suman a la adoptada la semana pasada de manera unilateral por el líder republicano para volver a comprar también petróleo ruso. Trump ponía fin así a cuatro años de embargo acordado con las autoridades de la Unión Europea para sancionar al régimen de Putin por la invasión de Ucrania. Bancos Centrales De lo que no hay duda es de que la hoja de ruta tan ansiada por Donald Trump sobre futuras rebajas en las tasas oficiales en EEUU es hoy papel mojado tras la intervención militar en Oriente Próximo. El mercado sigue descontando, no obstante, que el banco central estadounidense recorte en, al menos, una ocasión los tipos de interés. Esta tarde el organismo dará a conocer sus previsiones económicas, que ya incluirán el comienzo de la guerra en Irán. Este jueves será el turno del Banco Central Europeo, tras una reunión que ha arrancado hoy en el seno del consejo de gobierno que se reúne en Fráncfort. Los analistas no esperan ningún movimiento de tipos por el momento, pero sí un discurso duro por parte de la presidenta, Christine Lagarde, que ya ha reconocido públicamente que hará todo lo que sea necesario para evitar una situación similar a la vivida hace cuatro años con la inflación subiendo a doble dígito. “Sin embargo, creemos firmemente que el BCE será prudente a la hora de extraer conclusiones demasiado contundentes, dado el alto grado de incertidumbre que rodea las perspectivas. Es probable, por tanto, que Lagarde adopte un tono vigilante”, señalan desde MFS Investments. PIMCO, la mayor gestora de renta fija del mundo, en la misma línea, espera que Lagarde “haga hincapié en la mayor incertidumbre geopolítica y adopte un tono más restrictivo, en lugar de modificar la política monetaria de forma inmediata”. De cumplirse las expectativas, los tipos de interés se mantendrán en niveles del 2% para la facilidad de depósito y el 2,15% para el tipo de refinanciación por sexta reunión consecutiva. El Mundo
Los abogados agrupados en los Colegios de todo el país – entre ellos el de Abogados y Procuradores de Resistencia-Chaco – acudieron a la justicia para bloquear dos artículos de la reforma laboral que afectan a sus representados. Casi una treintena de agrupaciones de abogados firmaron una demanda para que se dicte una medida cautelar contra el cobro en cuotas de los honorarios profesionales y la aplicación arbitraria del pago de costas en los juicios. Frente a la tibia reacción de los órganos que representan a los abogados -el CPACF y la FACA- frente a las modificaciones que los impactan en la nueva ley Laboral que se reformó a instancias del gobierno de Javier Milei, unos 29 colegios de abogados con influencia en todo el país, decidieron hacer una presentación conjunta para solicitar que la justicia frene los artículos de la nueva ley. La presentación que busca obtener una medida cautelar por parte de los tribunales para que quede sin efecto parte del articulado se inscribe en el aluvión de presentaciones de similares características que atacan diversos frentes de la nueva norma aprobada por el Congreso y que era una de las principales batallas de la gestión libertaria en sesiones extraordinarias. La vía intentada apunta a demostrar un perjuicio en un caso concreto del derecho a defensa en juicio y el peligro en la demora que se apliquen los controvertidos artículos que perjudican el ejercicio de su profesión. De acuerdo a lo que pudo confirmar Ámbito, la presentación ingresó esta mañana al poderoso fuero Contencioso Administrativo Federal y se suma a otras de diversa índole que se sembraron en otros fueros y apuntan a invalidar por inconstitucional el texto aprobado por el Senado y Diputados que, por contar con el número, el oficialismo y aliados votaron con pocas modificaciones. Qué plantea la demanda Los colegios solicitaron, con el patrocinio del abogado Alberto Spota una medida cautelar autónoma para que se suspendan los artículos 20 y 227 de la Ley de Contrato de Trabajo, modificada en febrero. Esto hasta tanto se dicte lo que consideran inconstitucional, como sentencia definitiva. Aseguraron que se violentan los artículos 14 bis, 17, 18 y 75 de la Constitución Nacional. Por la magnitud y representación de los colegios es casi una acción colectiva para la que aseguran estar legitimados por su representatividad entre los matriculados. Consideraron “una utilización desviada de las herramientas procesales, susceptible de afectar no sólo a las partes involucradas, sino al adecuado servicio de justicia en su conjunto”. Puntualmente, atacan el régimen de percepción de honorarios profesionales en el proceso laboral, alterando las condiciones en que los abogados ejercen su actividad, lo que impacta en intereses de un colectivo. Citaron precedentes de la Corte Suprema en la materia respecto de cautelares cuando se plantean hechos que pueden colisionar con la Constitución. Centralmente, la medida apunta a contrarrestar el eventual pago en cuotas de los honorarios profesionales en los juicios laborales por poseer naturaleza alimentaria y una eventual reducción que pueda impactar en el derecho de propiedad privada. Por otra parte, apuntan contra agravios hacia el derecho procesal como es la regulación de costas de los abogados ante un tribunal, algo que le correspondería dictar a cada provincia de acuerdo a las facultades que se le confieren para dictar su propio sistema de normas de litigación. “El ordenamiento procesal argentino ya contempla mecanismos destinados a sancionar las conductas procesales abusivas o contrarias a la buena fe. El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por ejemplo, establece el deber de las partes y sus letrados de actuar con lealtad, probidad y buena fe en el proceso (art. 34, inc. 6°), facultando a los jueces a prevenir y sancionar los actos contrarios a dichos principios. Asimismo, el artículo 45 del mismo cuerpo normativo autoriza a los jueces a imponer sanciones en supuestos de temeridad o malicia procesal”, afirmaron en la presentación a la que tuvo acceso Ámbito, en exclusiva. La nueva norma sería “redundante” en el mismo tópico. Para los abogados esto generaría un efecto disuasivo ante el riesgo patrimonial que implica que sufran sanciones lo que desvirtúa el derecho de defensa. “Las normas impugnadas aparecen prima facie incompatibles con el orden constitucional y legal vigente, configurándose así el requisito de verosimilitud del derecho exigido para el dictado de la medida cautelar solicitada”. Una multitud de Colegios de todo el país A la vez, y como estrategia, los abogados solicitaron que se declare la inconstitucionalidad de la concesión de un traslado al Estado nacional previsto para evacuar el informe mencionado en el art. 4° de la ley 26854, en forma previa a la resolución del pedido cautelar para evitar las trabas en el proceso que el Gobierno podría intentar. Y tampoco que la medida interina quede sin efecto ante el eventual informe que el Estado aporte a la causa, otra forma de ir ganando tiempo con la que cuenta el Gobierno para evitar la sangría de artículos de la flamante norma. Asimismo, se atajan con el efecto suspensivo que podría tener una apelación oficial para acudir a la Cámara en caso de que se topen en primera instancia con que le otorgan la razón a los abogados. Una forma de blindar -aunque sea temporalmente- todas las herramientas que tiene el Estado para estirar indefinidamente el proceso. Con el impulso de los abogados del Colegio de Abogados de Villa María, representado por su presidente Amalia Itatí Demarchi, entre otros, se tejieron las firmas que lograron la adhesión y participación en la demanda de del Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción Corrientes, el de Córdoba; Paso de los Libres; de Jujuy; el Colegio de la Abogacía de Viedma; el Colegio de Abogadas y Abogados de General Roca; el Colegio de abogados de Laboulaye; Villa Dolores; de Cruz del Eje; el Colegio de Abogados de Río Cuarto; San Francisco; el Colegio de abogados de Bell Ville; Dean Funes; Río Tercero; el de Concepción del Sur; el Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia-Chaco; de
El senador chaqueño Jorge Capitanich presentó proyectos de ley vinculados al sector algodonero para recuperar el Fondo Nacional Compensador y formalizar el MERCAL, segmentación de derechos de exportación para pequeños y medianos productores agrícolas, compensación de costos logísticos para el Norte Grande y seguro agrícola obligatorio. Además, propuso una nueva ley de semillas para modernizar el régimen vigente con el objeto de potenciar la producción. El nuevo esquema contempla una protección especial para los pequeños y medianos productores, y asigna un rol central al INTA para el desarrollo de nuevas tecnologías y la puesta en marcha de una red nacional de semilleros multiplicadores. Entre los proyectos destinados a la producción algodonera propone, primero, la creación de un Programa Nacional de Fomento de la Producción, para “garantizar la sostenibilidad de la fibra de algodón a mediano y largo plazo, enfocándose en el estrato de pequeños y medianos agricultores”. El objetivo principal de la iniciativa se centra en revertir la desprotección que sufren los productores, como consecuencia de la derogación de la ley 20.060 por parte del Gobierno Nacional. Entre las medidas a ejecutar, se encuentran la restitución del FCIPA como fondo compensador de ingresos, por un monto inicial de $25.764 millones, con ajuste automático cada 30 de julio; garantizar el acceso a la semilla certificada, con una bonificación en el precio por la utilización de tecnología del INTA u otro organismo público; la implementación de una línea de crédito del Banco Nación con tasa bonificada para financiar operaciones de compra-venta de fibra con precio estabilizado; el control de calidad de fibra mediante HVI; y la adopción de un seguro multirriesgo con prima subsidiada. Para el sector algodonero, Capitanich también presentó un proyecto para la formalización del mercado. Se trata de un marco regulatorio para institucionalizar el Sistema Obligatorio de Información de Operaciones (SIO-ALGODÓN) y funcionamiento del MERCAL. El proyecto se basa en mecanismos de registro, fiscalización y sanción, a partir de la creación de una “plataforma única y oficial”, en la cual se registran todas las operaciones de compraventa dentro de las 48 horas hábiles. “Buscamos beneficiar a los pequeños y medianos productores de la cadena algodonera, para que puedan conocer la calidad de los productos y acceder a precios justos basados en datos medibles. Eliminar las asimetrías, proporcionar seguridad jurídica, establecer estándares de calidad para la exportación, y brindar acceso al financiamiento con créditos competitivos”, señaló Capitanich. La iniciativa beneficia además al Estado Nacional, por la disponibilidad de la información sistematizada, y a la industria y exportadores en su conjunto. Otro proyecto destinado a los productores agropecuarios es el que busca el establecimiento de un Seguro Agrícola Obligatorio, para aquellos inscriptos en el SISA. “Se trata de un mecanismo preventivo y resarcitorio ante daños causados por contingencias climáticas”. “Es necesario reemplazar el modelo reactivo de la Ley de Emergencia Agropecuaria por un sistema de transferencia de riesgo al mercado asegurador, que brinde mayor previsibilidad y estabilidad en el largo plazo”, dijo el Senador. El proyecto contempla el subsidio de primas financiado con el 0,5% de los derechos de exportación, incentivos fiscales a partir de la adopción del seguro, y el resarcimiento automático para productores asegurados. “El sector agroindustrial es estratégico para la economía federal de la Argentina, por eso tenemos que tener políticas activas para su protección. Hay que garantizar la sostenibilidad productiva y el desarrollo territorial a partir del trabajo de los pequeños y medianos productores”, apuntó Capitanich. En ese sentido, también presentó una iniciativa para segmentar los derechos de exportación a partir de un régimen de reintegro total o parcial para los pequeños y medianos productores agrícolas, propiciando un aumento de la rentabilidad. El esquema funciona como una “segmentación de hecho” de las retenciones vigentes. Se compensa el 100% de las retenciones para las primeras toneladas producidas (500 para soja, 600 para girasol y 700 para maíz), reduciéndose el porcentaje en los siguientes tramos de producción. Junto a un adicional por distancia del 5% en la compensación para establecimientos ubicados a 300 km o más de los puertos de exportación. Para el Norte Grande, Capitanich presenta un proyecto de compensación de fletes (Régimen Federal de Compensación Logística) que busca reducir las asimetrías estructurales y sobrecostos del transporte. Con el Régimen se busca mejorar la competitividad de las economías regionales, afectadas por la desventaja geográfica. Se reconoce a favor del productor la diferencia de costo entre el transporte por camión y el transporte por ferrocarril por tonelada transportada hacia los puertos del Gran Rosario. La compensación tiene un tope total de 2.000 toneladas por año por productor. Además se establecen límites específicos por cultivo. Por último, se elevó una reforma integral de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas (Nº 20.247) “con el fin de modernizar el marco legal de propiedad intelectual en el sector agrícola, adaptándolo a los avances biotecnológicos globales”. La propuesta busca fortalecer los derechos del obtentor mediante la creación del RENAPROV (Registro Nacional de la Propiedad de Variedades Vegetales), limitando el concepto de “uso propio” gratuito a los agricultores familiares inscriptos en el ReNAF y con bonificación especial para el segmento de pequeños y medianos. Se crea, además, un sistema de cobro en punto de entrega; nuevos plazos de propiedad; y la creación del Programa Nacional de Investigación y Desarrollo y la Red Nacional de Semilleros Multiplicadores a cargo del INTA, asegurando la disponibilidad de semillas a precios razonables. “Todos estos proyectos tienen como objetivo central crear beneficios para los pequeños y medianos productores, quienes son la base de las economías regionales y del desarrollo productivo federal de la Argentina. La presencia del Estado es fundamental para implementar las herramientas y los beneficios, y que el crecimiento económico pueda beneficiar a cada vez más chaqueños y argentinos”.
El ministro de Gobierno, Julio Ferro, estuvo este miércoles en la localidad de Miraflores, donde mantuvo reuniones con familias que habitan el Lote 88, con el objetivo de transmitir tranquilidad y exponer las alternativas que analiza el Gobierno provincial para abordar la situación. Durante el encuentro, el funcionario provincial acompañado por el intendente local, Rafael Frías, fue enfático al asegurar que “no habrá desalojos”, al tiempo que explicó que existe un fallo judicial firme que impide la expropiación de las tierras. “Le pedimos a todos los actores involucrados que prime la paz social y que no se utilice esta cuestión de forma política”, remarcó. La llegada se dio luego de que el gobernador Leandro Zdero recibiera al intendente Rafael Frías y le encomendara trabajar en territorio para atender las inquietudes de la comunidad. En ese marco, Ferro destacó: “Queremos resolver esta situación y brindar tranquilidad tanto a las 600 familias criollas como a la comunidad originaria. Tiene que primar el diálogo”. Asimismo, valoró el trabajo conjunto con el Municipio y la predisposición del jefe comunal, así como el acompañamiento de los equipos legales de las partes involucradas. En ese sentido, reiteró el pedido a los vecinos de evitar medidas de fuerza o situaciones de conflicto. “Es fundamental no generar enfrentamientos entre comunidades ni con las fuerzas de seguridad”, señaló. Una problemática compleja El conflicto en el Lote 88 se remonta a una resolución judicial de 2020 que establece la transferencia de 100 hectáreas a la comunidad originaria “Mujeres Fuertes”. Sin embargo, en el lugar residen actualmente más de 600 familias criollas, lo que genera una situación de alta complejidad social. Ferro explicó que el origen del conflicto se vincula a un convenio firmado en gestiones anteriores y que hoy la Justicia exige su cumplimiento, lo que provoca incertidumbre entre quienes habitan el predio. “Estamos dialogando con todos los actores: representantes de la comunidad originaria y las familias que viven en el lugar, porque entendemos que la solución debe encontrarse a través del consenso”, afirmó. En esa línea, adelantó que se continuará con las reuniones y se evalúa la conformación de una mesa de trabajo con todos los sectores, incluido el Poder Judicial, además de analizar una posible prórroga de los plazos establecidos.El ministro también ratificó la voluntad del Gobierno de sostener el diálogo permanente y avanzar en soluciones concretas. “Nuestro objetivo es que al vencimiento del plazo fijado por la Justicia no haya ningún tipo de desalojo, sino un plan de reubicación razonable y en tiempos adecuados”, sostuvo. Entre las varias alternativas, se mencionó el proyecto de ley de ampliación del ejido municipal de Miraflores, que permitiría dar respuesta a situaciones similares y facilitar la reubicación de familias que decidan trasladarse de manera voluntaria, garantizando el acceso a un lote con título de propiedad. Finalmente, Ferro reiteró el compromiso del Gobierno provincial de seguir trabajando en una salida pacífica, priorizando la convivencia, el respeto y la seguridad de todas las comunidades involucradas.
Enojada por la aparición de audios de Novelli, la hermana presidencial quiso callar a quienes informan sobre la estafa cripto. Karina Milei mandó a presionar a los medios de comunicación para que dejen de hablar sobre la estafa con la criptomoneda Libra. “El que tenga Libra en pantalla pasa a las filas del enemigo definitivamente”, fue el mensaje que bajó el martes por la tarde la Secretaria General de la Presidencia a través de allegados. Karina entró en alerta con la aparición de una serie de audios del teléfono de Mauricio Novelli donde el trader habla sin cuidados sobre supuestos pagos mensuales a los hermanos Milei, da detalles sobre sus planes para armar la maniobra de Libra, organiza el Tech Forum y hace consultas para comprar un BMW y un Rolex. La hermana presidencial quiso frenar la difusión de esos audios y a través de Manuel Adorni quiso silenciar a algunos medios, con la advertencia de que se podría cortar la pauta que se distribuye a través de las empresas estatales. Todo indica que la presión de Karina no tuvo mayor efecto, pero según contaron a LPO fue muy fuerte y nunca se había visto algo así durante el gobierno de Milei. El problema de Karina es que las últimas revelaciones sobre la estafa Libra reavivaron fuerte el tema y empezó a penetrar en la sociedad, algo que no había pasado el año pasado. La aparición del contrato de 5 millones de dólares que habría firmado Novelli con Hayden Davis y los Milei hizo que el tema se hiciera más “entendible” para la sociedad lejana al universo cripto. Como contó LPO, la consultora Ad Hoc que mide el pulso de las redes sociales reveló que el fin de semana el tema Libra superó en la conversación digital a los escándalos de Manuel Adorni que habían copado la semana anterior. La Política Online
La Universidad Nacional del Chaco Austral invita a la comunidad a sumarse a una nueva edición de los cursos de idiomas de la Escuela de Lenguas. Las inscripciones ya se encuentran abiertas y se realizan de manera online. La Universidad Nacional del Chaco Austral informó que se encuentran abiertas las inscripciones para una nueva edición de los cursos de idiomas que dicta la Escuela de Lenguas UNCAUS, una propuesta académica orientada a fortalecer la formación cultural, educativa y profesional de estudiantes y de la comunidad en general. La nueva directora de la escuela de Lenguas Ingeniera Tamara Jachesky dio a conocer la oferta formativa que incluye inglés, portugués, italiano, alemán, francés, guaraní y qom, idiomas que serán dictados por docentes especializados y con contenidos pensados tanto para quienes desean iniciarse en una nueva lengua como para quienes buscan profundizar sus conocimientos. Las clases comenzarán el 23 de marzo de 2026, y los cursos están abiertos a estudiantes universitarios, profesionales y público en general interesado en incorporar nuevas competencias lingüísticas. Las personas interesadas pueden realizar su inscripción hasta el 30 de Marzo , de manera online ingresando a la plataforma oficial: https://idiomas.uncaus.edu.ar/ También es posible acceder al formulario de inscripción escaneando el código QR disponible en las piezas de difusión institucional. El rector de UNCAus, Germán Oestmann, destacó la importancia de este tipo de propuestas académicas: “Desde la universidad seguimos generando oportunidades de formación abiertas a toda la comunidad. El aprendizaje de idiomas es una herramienta fundamental para ampliar horizontes académicos, laborales y culturales”.