Autor: Redacción General

La ex presidenta Cristina Kirchner deberá prestar declaración indagatoria en la Causa Cuadernos de manera presencial, luego de 13 audiencias. Será el próximo 17 de marzo a las 9, en el salón Auditorium del Tribunal. Ayer, el TOF 7 rechazó el pedido de nulidad que partió desde la defensa de la ex mandataria y de otros imputados, como el e ministro de Planificación Julio De Vido, que argumentaron irregularidades en la instrucción y cuestionaron la veracidad de los testimonios de los “arrepentidos”. Para el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, los cuadernos fueron manipulados, por lo que no deberían formara parte de las pruebas en el caso. Además, señaló que las declaraciones de los 31 imputados calificados como colaboradores fueron realizadas bajo extorsión. El TOF 7, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, debe decidir sobre los planteos preliminares que se llevaron a cabo hasta ahora y serán los responsables de investigar la presunta red de sobornos y cartelización de la obra pública entre los años 2003 y 2015. La fiscal Fabiana León fue quien intervino para responder a los planteos de las 68 personas imputadas que buscaron cuestionar el proceso.

Jorge “Chaquito” Espinosa operaba con celulares desde la Unidad 7 de Resistencia. También fueron condenados su madre y un transportista. Traían marihuana de Paraguay. El Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó a 13 años de prisión a un hombre que ya cumplía dos condenas por narcotráfico y que, desde una cárcel federal, lideraba una organización criminal de carácter transnacional dedicada al tráfico ilícito y al contrabando de estupefacientes —principalmente marihuana— desde la República del Paraguay hacia la localidad correntina de Itatí y otros puntos del país. El veredicto fue dado a conocer el viernes pasado y el principal condenado es Jorge Eduardo Espinosa (31), alias “Chaquito”, quien se encontraba cumpliendo una pena unificada de 10 años y 6 meses de prisión por delitos vinculados al narcotráfico en la Unidad N°7 del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en Resistencia. Además, el tribunal dispuso penas de 12 años de prisión para Rubén Ángel María Tabares (45), un chofer de aplicaciones, y de 8 años de prisión para la madre de Espinosa, Juana Torres (51). Espinosa fue hallado culpable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por la intervención de más de tres personas, en calidad de autor. Por su parte, Tabares fue condenado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por el número de personas, en concurso real con transporte de estupefacientes —el primer delito en calidad de partícipe necesario y el segundo como autor— y fue absuelto del delito de uso de documento público falso. En tanto, Torres fue condenada por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la intervención de más de tres personas, en calidad de partícipe necesaria. En esta misma causa también fueron condenadas otras doce personas en el marco de juicios abreviados, con penas que van de los 3 a los 6 años de prisión. El debate oral había comenzado el 9 de febrero pasado ante el tribunal integrado por los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Corrientes, con la intervención de los fiscales generales Carlos Schaefer y Tamara Pourcel, la auxiliar fiscal Nancy Vargas y el auxiliar fiscal de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) en el distrito Corrientes, Nicolás Marquevich. La investigación había sido llevada adelante por el fiscal federal Flavio Ferrini y el fiscal coadyuvante coordinador de la Región Noreste de la PROCUNAR, Martín Uriona. Los fundamentos del veredicto se darán a conocer el próximo 20 de marzo. La investigación De acuerdo con lo acreditado en la causa, las 15 personas implicadas participaron en maniobras de tráfico ilícito de estupefacientes —principalmente marihuana— en distintas etapas del circuito delictivo: introducción al país, acopio, transporte y distribución comercial. También se les atribuyeron otras conductas vinculadas al sostenimiento de la estructura criminal y al manejo del dinero proveniente de la actividad ilícita. La organización operó al menos entre mayo de 2021 y marzo de 2023, momento en que se realizaron los allanamientos y detenciones que permitieron desarticular la estructura. En esos procedimientos se secuestraron cargamentos de marihuana de 215,224 y 532,450 kilogramos, respectivamente. En agosto de 2019, Espinoza había sido condenado por el TOF de Corrientes a 7 años de prisión por el delito de facilitador para el uso de estupefacientes. Luego, en agosto de 2021, el TOF N°3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo condenó a 8 años de prisión en el marco de la “causa Sapucay”, por lo que, por contar con una condena previa, se le dictó una pena única de 10 años y 6 meses de prisión. El alegato de la fiscalía Durante el alegato, la fiscal general Pourcel y la auxiliar fiscal Vargas sostuvieron que el objetivo de la organización era obtener estupefacientes —principalmente marihuana— provenientes de Paraguay para su distribución en distintas provincias del país. Explicaron que los principales integrantes operaban en las ciudades correntinas de Itatí y Corrientes capital y en la ciudad chaqueña de Resistencia, mientras que los destinos finales de la droga eran las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Neuquén. Las representantes del MPF señalaron que pese a estar detenido en la Unidad 7 del SPF cumpliendo condenas previas, Espinosa utilizaba un teléfono celular personal y el teléfono correspondiente a ese penal federal para comunicarse con su hermano Edgardo Ezequiel Espinosa, apodado “Viru”, con quien coordinaba los viajes hacia la ciudad de Corrientes para retirar dinero y mantener contacto con el resto de los integrantes de la organización. Respecto de Tabares, indicaron que su función era facilitar vehículos para el transporte de los estupefacientes y su traslado hacia otras provincias. También describieron que la organización contaba con múltiples integrantes con roles específicos: algunos coordinaban el traslado de la droga desde las costas del río Paraná y su acopio, mientras que otros oficiaban de “maleteros” y realizaban los traslados en vehículos. Las fiscales también afirmaron que Espinosa contó con la connivencia y participación de funcionarios públicos del Servicio Penitenciario Federal que prestaban servicios en la Unidad N°7 de Resistencia, donde se encontraba detenido. En ese sentido, sostuvieron que la prueba reunida permitió establecer que la organización funcionaba como una estructura cohesionada: Espinosa dirigía las operaciones desde la cárcel, Torres administraba los fondos provenientes de la actividad ilícita y facilitaba la comunicación, mientras que Tabares aportaba la logística de transporte necesaria para trasladar los cargamentos hacia sus destinos. A ellos tres, los mencionaron en un esquema exhibido en la audiencia como “el triángulo de la impunidad”. Los roles específicos De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, Espinosa organizaba, dirigía y coordinaba las maniobras de tráfico de estupefacientes. “Espinosa no fue un eslabón más de la cadena. Fue quien decidió, organizó y ordenó. Lo hizo incluso desde el interior de una unidad penitenciaria (…) Desde la cárcel coordinó el ingreso de la droga desde Paraguay, fijó destinos, impartió instrucciones, ordenó cobros y administró ganancias. (…) Espinosa sabía perfectamente qué hacía. Sabía que se trataba

Agentes incautaron estupefacientes que se encontraban ocultos en alimentos destinados a un detenido alojado en la Comisaría Cuarta de Presidencia Roque Sáenz Peña. Durante el control de alimentos entregados por una mujer, el personal policial detectó cuatro envoltorios con sustancia vegetal escondidos en albóndigas. Ante ello se dio intervención a la División Drogas, que realizó la prueba de campo correspondiente. El análisis arrojó resultado positivo para marihuana con un peso total de 6,09 gramos, procediéndose a su secuestro y a las actuaciones correspondientes por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Efectivos de la Policía del Chaco detuvieron a un hombre tras intervenir en un hecho de violencia de género ocurrido en una vivienda de Barranqueras. El procedimiento se inició a partir de un pedido de auxilio al sistema de emergencias. Al llegar al lugar, los agentes se entrevistaron con la mujer, quien manifestó que su pareja no le permitía salir del domicilio y la amenazaba con un machete y un cuchillo. Minutos después, el hombre se presentó ante los efectivos portando ambas armas blancas, por lo que fue reducido y detenido. En el lugar se procedió además al secuestro de los elementos utilizados, continuándose con las actuaciones correspondientes.

Joel Borges Correa, sentenciado en Brasil a 13 años y seis meses de cárcel, podrá vivir en libertad en Argentina tras la decisión del Gobierno de Javier Milei. Joel Borges Correa se escapó de Brasil para burlar la pena de 13 años y seis meses de prisión impuesta por la justicia por participar en el asalto golpista a las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo brasileño el 8 de enero de 2023. Este partidario del expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, de 47 años, se declaró víctima de persecución política al llegar a Argentina y pidió asilo. Al igual que decenas de condenados más por el mismo delito, eligió huir a este país con la esperanza de que el Gobierno de Javier Milei se negase a extraditarlo. Acertó. Este martes, la Comisión Nacional para los Refugiados de Argentina (Conare) le notificó que le concedía el asilo político, lo que le permitirá vivir en libertad dentro de sus fronteras. Es la primera vez que la Conare se expide a favor de los condenados brasileños por golpismo que se encuentran en el país. La medida augura un nuevo frente de conflicto entre los dirigentes de los dos grandes países sudamericanos, Milei y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. La policía argentina detuvo a Borges Correa a finales de 2024 en la provincia argentina de San Luis (centro). Lo interceptó cuando viajaba en automóvil días después de que la Justicia argentina hubiese dictado órdenes de captura contra 61 brasileños, a petición del Tribunal Supremo de Brasil, por “atentar contra el orden democrático” tras el traspaso de mando de Jair Bolsonaro a Luiz Inácio Lula da Silva. Borges Correa estuvo encarcelado durante un año y en diciembre se le concedió el arresto domiciliario, a la espera de ser extraditado a Brasil junto a otros cuatro detenidos. Según su defensa, la Justicia argentina debe suspender ahora la causa de extradición. Cuando lo haga, le será retirada la tobillera electrónica y quedará en libertad. La Conare funciona bajo la órbita de la Dirección Nacional de Migraciones, que pertenece al Ministerio de Seguridad. Aunque sus decisiones supuestamente son autónomas, la palabra final la tiene el Ejecutivo. Por ese motivo, la decisión de dar asilo político a uno de los participantes en el asalto golpista puede tensar todavía más la relación entre Milei y Lula en un 2026 marcado por las elecciones presidenciales en Brasil. Con Jair Bolsonaro en la cárcel, donde cumple una condena a 27 años de prisión por liderar una conspiración golpista, Lula busca la reelección frente a su hijo, Flávio Bolsonaro. Milei ya ha dejado clara su preferencia política en esos comicios. “Prefiero una solución con Bolsonaro y no con el socialismo del siglo XXI”, respondió en una entrevista realizada en enero. La concesión de refugio político de la Conare fue recibida con entusiasmo por el entorno ultra brasileño. El diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, agradeció a Milei a través de las redes. “Es una victoria de la libertad”, dijo en un breve vídeo. Otros prófugos en condiciones similares a las de Borges Correa se ilusionan con ser los próximos beneficiados. Es el caso de los cuatro detenidos en Argentina que también tienen órdenes de extradición contra ellos: Joelton Gusmão de Oliveira, Rodrigo de Freitas Moro, Wellington Firmino y Ana Paula de Souza. Sus allegados, reunidos en la Asociación de familiares y víctimas del 8 de enero, confían en que la decisión favorable de la Conare sea la primera de muchas. “Enhorabuena a todos los que contribuyeron a esta conquista”, dijo la Asociación a través de las redes sociales. Entre los agradecimientos incluyeron a los abogados defensores, a parlamentarios locales y “a la nación Argentina”. El País

El juez Miguel Hugo Vaca Narvaja trabaja, por estas horas, en la notificación de las familias. Las identificaciones fueron posibles gracias a la labor del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). No hay mejor antídoto contra la negación que la evidencia. No hay bálsamo más eficaz que la verdad. Tras décadas de búsqueda, la justicia federal de Córdoba informó que identificó los restos de doce detenidos-desaparecidos en el predio donde funcionó el campo de concentración de La Perla. Las doce familias que recibirán la noticia estarán frente a una certeza —desgarradora—: la del exterminio perpetrado por la última dictadura. Para las otras familias, será la esperanza de que la búsqueda quizá las acerque a seres queridos para despedirlos y para que no exista —como dice la sobreviviente Graciela Geuna— una democracia con cuerpos insepultos. El juzgado federal Miguel Hugo Vaca Narvaja trabaja por estas horas en la notificación de los resultados a las familias de quienes fueron identificados por el trabajo conjunto del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de la provincia de Córdoba. Recién cuando las familias sean informadas y se les consulte si están dispuestas a que la información se haga pública, se espera que el juzgado convoque a una conferencia de prensa para dar a conocer los nombres de los doce detenidos-desaparecidos que fueron identificados. Fuentes judiciales estiman que el anuncio podría realizarse entre el viernes de esta semana y el lunes de la próxima. “Es una noticia que confirma la importancia de la búsqueda encarada por parte de los familiares y los organismos de derechos humanos. Para las familias que lograron el hallazgo, es la confirmación de la existencia del plan sistemático. Para otras, es un punto de partida para seguir buscando. La desaparición de personas es un delito que se continúa cometiendo y, a 50 años del golpe, es una responsabilidad inexorable del Estado seguir buscando”, afirma el abogado querellante Ramiro Fresneda en diálogo con Página/12. El fiscal Facundo Trotta comparte la impresión. “Siento una enorme satisfacción de que pudimos identificar a doce personas víctimas del terrorismo de Estado que se encontraban desaparecidas y que finalmente los familiares podrán recuperar los restos de sus seres queridos. Es una noticia que nos alienta a seguir buscando”, le dice a este diario. La maquinaria del horror La Perla funcionó como centro clandestino de detención, tortura y exterminio (CCDTyE) entre 1976 y 1978. Estaba ubicada en terrenos del Tercer Cuerpo de Ejército, a la vera de la Ruta 20 que une Córdoba Capital con Villa Carlos Paz. El campo de concentración dependía del Destacamento de Inteligencia 141 de Córdoba. Entre 2200 y 2500 personas estuvieron secuestradas en esa mazmorra, según investigaciones del Archivo Provincial de la Memoria. La gran mayoría de las víctimas están desaparecidas. Teresa Meschiati, que estuvo allí secuestrada, dejó una frase contundente sobre cuál era la mecánica del exterminio en ese campo de concentración: “Así como en la ESMA se iban para arriba, nosotros nos íbamos para abajo”. En Córdoba, los vuelos de la muerte no fueron la modalidad predominante para hacer desaparecer los cuerpos de las víctimas, sino los enterramientos. En La Perla se hablaba de los pozos, del metro ochenta o de ver crecer los rabanitos desde abajo. Esos eran los eufemismos siniestros a los que recurrían los oficiales que eran dueños de la vida y de la muerte. Había toda una dinámica propia del exterminio. Los secuestrados que iban a ser “trasladados” eran preparados. Se los separaba de la cuadra donde estaba el resto de sus compañeros. Les ponían una venda en los ojos y una mordaza en la boca para que no pudieran gritar. Les sujetaban también las manos por detrás. Después eran subidos a un camión Mercedes-Benz. Con jactancia de su perversidad, los represores hablaban de los “Menéndez Benz” porque eran los vehículos que estaban al servicio de Luciano Benjamín Menéndez, comandante del Tercer Cuerpo de Ejército. En los primeros meses de la dictadura, los traslados eran masivos. Las trasladadas podían ser entre 60 o 70 personas. Con el paso del tiempo, el número fue menguando. Los camiones solían llegar a las tres o cuatro de la tarde, cargaban a los prisioneros que serían asesinados y partían. En general, estaban de regreso en un lapso breve: entre 20 y 30 minutos. “Lo que daba la idea de que el lugar de fusilamiento estaba dentro de los terrenos de la misma guarnición militar”, dejó establecido el tribunal oral que estuvo a cargo de la megacausa La Perla. Hubo militares que hablaron sobre la metodología de exterminio en La Perla. Uno de ellos fue el teniente coronel Guillermo Enrique Bruno Laborda, quien en 2004 presentó un reclamo porque no había sido ascendido a coronel. En ese escrito, Bruno Laborda reconoció haber actuado en La Perla e intervenido en tres fusilamientos —incluido el de una mujer que acababa de parir—. En su descargo, detalló que después de las ejecuciones arrojaban el cuerpo en un pozo y le prendían fuego. También afirmó que había participado “activamente” en la remoción de los cadáveres en 1979, meses antes de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitara el país para documentar las denuncias contra la dictadura. Según la versión de Bruno Laborda, se usaron máquinas del Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 para sacar los restos, que luego eran “compactados” y arrojados en las proximidades de una salina de La Rioja. Existieron también vecinos que vieron cuál era la dinámica. Tal fue el caso de José Julián Solanille, un trabajador rural que se acercó a la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y declaró luego en los juicios. Solanille habló de los camiones que se iban hacia la Loma del Torito, las explosiones que se escuchaban después y de los enterramientos que él mismo llegó a contabilizar. El trabajo del EAAF Entre septiembre y noviembre del año pasado, el EAAF estuvo excavando en la zona de Loma del Torito, que se encuentra dentro

El cabo Mauro Ponte, de 26 años y oriundo del Chaco, falleció tras sufrir un cuadro infeccioso grave mientras prestaba servicio en el Escuadrón 20 de Gendarmería en Orán. Autoridades sanitarias analizan si el caso está vinculado al hantavirus. La muerte de un joven gendarme chaqueño en la ciudad salteña de San Ramón de la Nueva Orán generó preocupación dentro de la fuerza y abrió una investigación para determinar las causas del fallecimiento. El efectivo fue identificado como Mauro Ponte, de 26 años, quien se desempeñaba como cabo de Gendarmería Nacional en el Escuadrón 20. Según trascendió, el uniformado falleció luego de presentar un cuadro infeccioso severo que podría estar relacionado con hantavirus, aunque esa hipótesis todavía no fue confirmada oficialmente. Un cuadro de salud que se agravó rápidamente De acuerdo con información difundida por medios del norte de Salta, el joven gendarme comenzó a manifestar síntomas compatibles con una infección grave mientras se encontraba en funciones. Con el paso de las horas su estado de salud se deterioró rápidamente, lo que motivó su internación. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el cuadro evolucionó de manera crítica y terminó con el fallecimiento del efectivo. Las autoridades sanitarias aguardan ahora los resultados de los estudios epidemiológicos y análisis clínicos que permitirán determinar si la causa del deceso está vinculada efectivamente con hantavirus, una enfermedad viral transmitida principalmente por roedores. Reclamos por la atención médica recibida La muerte del gendarme generó profunda conmoción entre familiares, compañeros de la fuerza y vecinos, y en las últimas horas comenzaron a circular cuestionamientos sobre la atención médica que habría recibido durante el avance de la enfermedad. A través de redes sociales y mensajes difundidos entre allegados surgieron reclamos para que se investiguen posibles fallas en la asistencia sanitaria, incluyendo versiones que hablan de una presunta demora en la atención o en la derivación a centros de mayor complejidad. En ese contexto, algunos testimonios mencionaron incluso la posibilidad de abandono de persona, por lo que se espera que la situación sea analizada en el marco de las actuaciones correspondientes. Alarma por otros efectivos con síntomas La preocupación también creció luego de que trascendiera que otros dos integrantes de la fuerza estarían internados con síntomas compatibles con la misma enfermedad, lo que encendió alertas dentro de la comunidad y entre el personal del escuadrón. Ante esta situación, las autoridades sanitarias trabajan para determinar si existe un posible foco epidemiológico y descartar riesgos de contagio. Mientras tanto, la investigación continúa y se aguardan los informes médicos y epidemiológicos que permitirán establecer con precisión qué provocó la muerte del joven gendarme chaqueño. Fuente: Perfil

El presidente de Industriales Pymes Argentinos, Daniel Rosato, cuestionó las críticas del mandatario al empresariado y pidió abrir un diálogo serio. El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, cuestionó las recientes declaraciones del presidente Javier Milei contra empresarios argentinos y advirtió que el país atraviesa una situación productiva que requiere diálogo y políticas para fortalecer la industria. Las declaraciones del mandatario, realizadas durante una exposición en Nueva York, volvieron a apuntar contra empresarios como Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla, lo que generó repercusiones en el sector industrial. Rosato sostuvo que la Argentina necesita poner el foco en cómo recuperar la producción y el empleo, en un contexto donde numerosas pymes enfrentan caída del consumo, aumento de costos y dificultades para sostener la actividad. “Las pymes industriales estamos atravesando un momento muy difícil. Hay empresas que están reduciendo producción, otras aplicando suspensiones y muchas que luchan día a día para no cerrar sus puertas”, afirmó en declaraciones a Agencia Noticias Argentinas. En ese sentido, señaló que la discusión pública debería centrarse en cómo fortalecer el entramado productivo argentino, que es el principal generador de empleo en el país. “El desafío de la Argentina no es atacar a quienes producen, sino generar condiciones para que la industria crezca, invierta y genere trabajo”, sostuvo el dirigente empresario. Rosato remarcó además que las pymes industriales representan uno de los pilares de la economía nacional, por lo que consideró fundamental avanzar en políticas que promuevan la producción, el mercado interno y la competitividad. “Sin industria nacional, sin pymes y sin producción, es imposible pensar en un desarrollo sostenido para la Argentina”, concluyó.

Las centrales obreras (CGT Chaco y ambas CTA), junto al arco docente y organizaciones multisectoriales, convocan a un Plenario Provincial. El encuentro se realizará este 12 de marzo, a las 9, en el camping de Camioneros en Puerto Tirol. El movimiento obrero y social del Chaco se moviliza en busca de una respuesta estratégica frente al actual escenario económico. La convocatoria, que nuclea a la CGT, ambas CTA, el arco docente y diversos sectores multisectoriales, tiene como objetivo central debatir y unificar criterios de acción ante las políticas nacionales y provinciales que afectan los ingresos y la estabilidad laboral. El camping de Camioneros en Puerto Tirol será el escenario de este encuentro, que contará con la participación de delegados sindicales de toda la provincia. “El carácter abierto de la jornada busca fortalecer la representación gremial, integrando las voces de los distintos sectores que hoy se ven impactados por el ajuste y la pérdida de derechos”, remarca la convocatoria. “Todas las organizaciones sindicales confirmaron la presencia de cada dirigente de nuestra provincia para delinear los pasos a seguir ante el organizado y sistemático ataque que llevan a cabo el gobierno nacional y el provincial. Necesitamos la unidad para dar un horizonte a los trabajadores”, sostiene la misiva. “Puntualizaremos sobre la urgencia de la acción colectiva: Como representantes del movimiento obrero, no vamos a dejar que le mientan a la gente. Estamos frente a una reforma laboral inconstitucional que no va a generar empleo, solo va a abaratar los despidos. Tenemos que estar en la calle y donde haga falta para defender nuestros derechos, porque para eso nos eligieron los trabajadores chaqueños”. “El plenario funcionará como una instancia clave para establecer un plan de acción conjunto, con el fin de proteger las instituciones democráticas y garantizar la defensa irrestricta de los derechos de los trabajadores en cada sector”, concluye la convocatoria.

El informe de la Consultora Politikón señala que e3l año pasado nuestra provincia exportó USD 235 millones (+8,7% interanual), pero el nivel sigue 20,9% por debajo del promedio histórico y perdió peso en el NEA: explicó solo el 21% de las exportaciones regionales (promedio histórico: 34%) y quedó tercera detrás de Misiones y Corrientes. El análisis refleja que el principal producto exportado fue el extracto de quebracho (récord histórico), mientras que la fibra de algodón mostró una fuerte caída y se mantiene muy por debajo de sus niveles históricos. Según el último informe publicado por el INDEC sobre Origen Provincial de las Exportaciones (OPEX) correspondientes al total de 2025, la provincia del Chaco totalizó unos USD 235 millones en exportaciones, registrando una suba del 8,7% respecto al 2024; sin embargo, dicho volumen se ubica -20,9% respecto al promedio histórico de exportaciones medidas en dólares corrientes. En el plano regional, el Chaco perdió participación En 2025, la provincia explicó el 21% de las exportaciones del NEA, cuando su promedio histórico es del 34%. De este modo, se ubicó en el tercer lugar de la región, por detrás de Misiones (USD 533 millones) y Corrientes (USD 336 millones), y solo por encima de Formosa (USD 29 millones). Históricamente, el Chaco ocupaba el segundo lugar en la región, posición que en 2025 quedó en manos de Corrientes. En términos de productos, las exportaciones de extractos curtientes y tintóreos (básicamente, extractos de quebracho) fueron las de mayor volumen en la provincia, con un total de USD 65,2 millones, mostrando un crecimiento del 11,3% respecto de 2024. Además, se destaca que este producto registró en 2025 el mayor volumen exportado desde que hay registros (desde 1993), ubicándose así por encima de su promedio histórico (+36,6%). En segundo lugar se ubicaron los cereales (mayoritariamente maíz), con USD 63,9 millones en ventas al exterior. Este rubro creció 8,4% respecto de 2024, aunque se mantiene muy por debajo de su promedio histórico (-29,0%). A su vez, las exportaciones de semillas y frutos oleaginosos (con predominio de soja) totalizaron USD 47,5 millones y crecieron 45,5% interanual, pero también se ubican por debajo de su promedio histórico (-29,8%). Más resonante es el caso de la fibra de algodón, cuyas exportaciones fueron por USD 17,9 millones: cayeron 37% respecto de 2024 y se ubican 68,7% por debajo de su promedio histórico. El resto de los productos exportados totalizaron USD 40,5 millones en 2025, con un crecimiento del 7,8% interanual y del 17,0% frente a su promedio histórico En el plano nacional, el Chaco explicó el 0,3% de las exportaciones totales del país y si bien tuvo un incremento contra 2024, como se dijo, el mismo estuvo en el lote de los más leves. Ahora bien, si se compara el dato de 2025 con el promedio histórico de exportaciones de las provincias, el Chaco presenta uno de los peores resultados: solo cuatro distritos tuvieron en 2025 ventas al exterior por debajo de su valor promedio y de esas, la del Chaco fue la segunda mayor caída (solo por encima de Catamarca). En el extremo opuesto, casos comoNeuquén, Jujuy y La Pampa presentan incrementos superiores al 100%. Visto por destinos, China fue el principal socio comercial del Chaco Allí fueron el 27,6% de las exportaciones de la provincia (por USD 65 millones) creciendo 11,0% anual: en segundo lugar quedó la Unión Europea con USD 31 millones (13,0% del total) y crecieron 20,6% vs. 2024; la región de ASEAN (la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) completó elpodio con el 10,9% del total (por USD 26 millones) aunque en este caso las exportaciones chaqueñas cayeron -1,1% anual. Politikón Chaco

Los diputados Maximiliano Ferraro, Sabrina Selva y María Inés Zigarán presentaron una nota formal dirigida a Martín Menem, José Peluc y Nicolás Mayoraz para que amplíen la cantidad de jornadas de audiencia pública previstas para el debate de la ley de Glaciares porque la cantidad de inscriptos desbordó todas las previsiones del gobierno. Los legisladores opositores manifestaron que ya hay más de 15 mil personas anotadas y expresaron en su nota que los días fijados originalmente para las exposiciones, limitados al 25 y 26 de marzo próximos -y con el segundo nada más que contemplado para intervenciones de forma virtual-, no serán suficientes. En el plenario de comisiones de la semana pasada, los libertarios aceptaron el mecanismo de audiencias públicas para evitar la judicialización posterior, si se incumplía el acuerdo de Escazú, cuya letra establece que la ciudadanía debe conocer el impacto de la ley y debe participar activamente de la discusión cuando se trate de afectaciones al medio ambiente. Sin embargo, el gobierno creyó que iba a poder liquidar el trámite en dos días. Los activistas del ambientalismo, los movimientos sociales y las organizaciones populares se pusieron al hombro la difusión de la convocatoria y en menos de una semana reventaron la casilla de mails del Congreso. Hasta el lunes por la tarde, había alrededor de 18 mil inscriptos y Menem, desesperado por el aluvión, habría instruido al personal administrativo que esconda la actualización de la cifra para no agigantar el escandaloso rechazo a la modificación de la ley de Glaciares. Ferraro, Selva y Zigarán advirtieron al oficialismo en esa nota que “la obligación asumida por el Estado no se agota en la mera convocatoria formal” sino que “exige adoptar las medidas necesarias para garantizar que la participación pueda ejercerse de manera real y sustantiva”. La pauta aceptada por Peluc y Mayoraz durante la discusión de comisiones había sido la de otorgar 5 minutos por expositor. Con casi 20 mil inscriptos deberían destinarse alrededor de dos meses al debate, lo cual demoraría el trámite parlamentario a niveles exasperantes para sus impulsores, entre los que se cuentan las empresas mineras, el gobierno nacional y los gobernadores de las provincias con recursos metalíferos. La Política Online

El abogado Pablo Vianello se refirió al estado de la investigación por la desaparición de Elvis Benítez, ocurrida en 2017. Explicó que la causa estuvo varios años sin avances y que en los últimos meses surgió un dato que abrió una nueva línea investigativa: la existencia de dos cuentas bancarias abiertas a nombre del joven en 2019 y 2025, cuando ya se encontraba desaparecido. Durante una entrevista en los estudios de CIUDAD TV, el letrado señaló que durante mucho tiempo el expediente permaneció sin datos que permitieran orientar la investigación. “Ya habían pasado 7 u 8 años de la desaparición de Elvis, la causa estaba bastante estancada, no había ningún hilo conector que pueda llegar a marcar una investigación o por lo menos que se produzca algún tipo de prueba”, afirmó. En ese contexto, recordó que el caso volvió a tener visibilidad el año pasado luego de declaraciones vinculadas al caso del clan Sena. “Con el desenlace del clan Sena surge una declaración en un medio radial de la mamá de Cecilia que manifiesta que habían relacionado a Elvis Benítez con César Sena”, explicó. No obstante, aclaró que los testimonios recogidos posteriormente no aportaron datos relevantes. “Toda la segunda mitad del año pasado se produjeron testimonios de esta gente, que sinceramente no aportó nada concreto a la causa”, indicó. “El hallazgo más importante de la causa” Según detalló, hacia diciembre de 2025 la Fiscalía N°3, a cargo de la fiscal Rosana Soto, ordenó nuevas medidas de investigación. Entre ellas, se solicitaron informes a empresas de telefonía y al Banco Central de la República Argentina. A partir de esas medidas surgió un dato que, según Vianello, se convirtió en el hallazgo más relevante de los últimos años en la causa. “Surge lo que hoy tomamos como el hallazgo más importante después de estos 9 años de la desaparición de Elvis Benítez: la aparición misteriosa de dos cuentas abiertas, una en septiembre del 2019 y otra en marzo del 2025”, explicó. De acuerdo con lo informado, una de esas cuentas corresponde a una cuenta sueldo y la otra a una cuenta en dólares. “Lo paradójico de todo esto es que esas cuentas fueron abiertas ya con Elvis desaparecido y no tuvieron movimientos”, sostuvo. El abogado indicó que la entidad bancaria informó que la solicitud de apertura habría sido enviada desde una dependencia de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en Resistencia, aunque ese dato aún debe confirmarse. “Se ha librado un oficio informativo a la ANSES de Resistencia para que informe quién fue el que pidió, por qué se pidió y cuál fue el motivo de la apertura de esta cuenta”, explicó. Vianello remarcó que la situación genera interrogantes, ya que los sistemas actuales exigen mecanismos de verificación de identidad. “Hoy para abrir una cuenta bancaria como mínimo necesitás la presencialidad del titular o bien un reconocimiento facial con las billeteras virtuales. Nada de esto puede ser posible teniendo en cuenta que estamos hablando de una persona desaparecida”, sostuvo. Ante este escenario, el abogado planteó dos hipótesis. “O alguien está usurpando la identidad de una persona desaparecida o bien estamos hablando de que Elvis está con vida”, afirmó. El origen de la solicitud bancaria también volvió a poner en foco datos que habían surgido al inicio de la causa. Según recordó, la madre de Benítez declaró en 2018 que su hijo participaba en un movimiento social y que había sufrido una agresión poco antes de desaparecer. “Ella manifestó que Elvis pertenecía a un movimiento social en el cual cobraba una beca y que había tenido una pelea por la cual había llegado gravemente herido a su casa”, relató. Según ese testimonio, el joven no quiso realizar la denuncia por temor a represalias contra su familia. En ese momento se tomó declaración a una persona señalada por familiares, aunque no se encontraron elementos que permitieran imputarla. No obstante, el abogado indicó que ahora vuelve a analizarse ese contexto porque la cooperativa donde trabajaba Benítez tenía acceso a sus datos personales y bancarios. “La única entidad que tenía acceso a los datos personales de Elvis era la cooperativa para la cual él trabajaba, que era presidida por la persona que la abuela y la madre habían mencionado como quien lo agredió dos meses antes de su desaparición”, señaló. A partir de estos elementos, Vianello consideró que la causa atraviesa un momento clave. “Hoy estamos en el momento más importante de la causa”, afirmó. La investigación ahora busca determinar quién solicitó la apertura de esas cuentas y con qué objetivo. “Necesitamos saber si esas personas que estaban utilizando los datos de Elvis Benítez para abrir estas cuentas tienen relación con la desaparición de él o si saben qué sucedió”, explicó. El abogado señaló que el paso del tiempo representa una dificultad para el avance del caso. “Tenemos una gran contra en esta investigación que es el paso del tiempo”, dijo. Recordó que una de las pocas cámaras de seguridad del lugar donde habría sido visto por última vez no registraba imágenes y que algunos testigos ya fallecieron. “En el momento en el que desapareció Elvis Benítez, la única cámara de seguridad del local donde aparentemente se lo ve por última vez no tenía forma de grabar”, indicó. También mencionó que se intenta reconstruir información a través de familiares de testigos fallecidos. A pesar de esas dificultades, el abogado consideró que el hallazgo reciente permitió retomar la investigación con un nuevo enfoque. “Las cuentas nos van a marcar el lugar hacia dónde tenemos que ir y sobre todo saber quiénes fueron los que manipularon esta información para abrirlas y con qué objetivo”, señaló. Finalmente, sostuvo que las nuevas medidas ordenadas por la fiscalía permiten mantener activa la búsqueda de respuestas. “Esto significa que la investigación sigue viva y que la justicia está trabajando. Si hay algo, lo vamos a encontrar”, concluyó.

El Senado Nacional sesionará el miércoles 18 de marzo para acelerar el tratamiento del pliego del padre del ministro de Justicia, Juan Mahiques, con el fin de que pueda permanecer por cinco años mas en la Cámara Federal de Casación Penal y no tenga que jubilarse dado que cumple 75 años. La bancada de la Libertad Avanza y bloques dialoguistas acordaron realizar esa sesión en una reunión de Labor Parlamentaria, que estuvo encabezada por el presidente provisional del Senado Bartolomé Abdala, ya que la vicepresidenta Victoria Villarruel está a cargo del Poder Ejecutivo. El principal objetivo que tiene el oficialismo es dar ingreso a los pliegos de Carlos Mahiques, seis militares, y aquellos que ingresen hasta esa fecha, según supo la Agencia Noticias Argentinas. Además se debatirán en esa sesión, dos convenios internacionales firmados con Francia y Austria, y otro rubricado Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el 2009. Mahiques es miembro de la Cámara Federal de Casación y va a cumplir 75 años el 1 noviembre que es la edad que debería jubilarse según lo establece la Constitución Nacional, pero ahora el oficialismo promueve que pueda quedarse otros cinco años mas. En su página personal, el juez destaca que tiene “más de cinco décadas de experiencia en jurisdicción penal, seguridad pública y política criminal comparada” y que es “especialista en crimen organizado y terrorismo internacional, ha liderado causas de alta trascendencia” como la causa Amia, ya que en el 2024 dictó sentencia sobre el atentado terrorista que causó 85 muertos. No es la primera vez que un Gobierno busca evitar que un juez se jubile a los 75 ya que lo había intentado la ex presidenta Cristina Férnandez de Kirchner, cuando propuso que continué en su cargo, Ana María Figueroa, pero la Corte Suprema se lo impidió y la obligó a jubilarse, ya que no llego a tratarse ese pliego. Ahora, tras tener ingreso parlamentario, el pliego de Mahiques deberá ser tratado en la comisión de Acuerdos del Senado, que preside el riojano Juan Carlos Pagotto, quien deberá convocar en una audiencia pública al magistrado para que exponga ante los senadores.

El subsecretario de Seguridad Ciudadana de Machagai, Ernesto Saucedo, dio detalles de las acciones realizadas a partir de la confirmación de un caso de rabia canina en la localidad. Autoridades sanitarias y municipales activaron operativos de vacunación casa por casa y monitorean a las personas que tuvieron contacto con el animal. El funcionario señaló a CIUDAD TV que la situación fue informada a fines de febrero por las autoridades sanitarias. A partir de ese momento se activó un trabajo conjunto entre distintas instituciones. Saucedo explicó que existe un equipo que ya venía articulando acciones sanitarias en la ciudad conformado por Salud Pública, la Región Sanitaria y la Municipalidad de Machagai. “De manera inmediata informamos a la doctora Janina Maza, que es de Zoonosis de la provincia, a los efectos de poder articular distintos mecanismos para llevar adelante operativos de refuerzo de vacunación”, explicó. El funcionario recordó que todos los años se realizan campañas de vacunación antirrábica en la ciudad. “El año pasado, en la localidad hemos colocado alrededor de 1000 dosis de vacuna antirrábica, tanto para perros como para gatos”, detalló. Sin embargo, reconoció que en muchas ocasiones no todos los vecinos pueden acercar a sus mascotas a los puntos de vacunación. “Primero se hacen campañas de difusión donde se informa y se invita a los vecinos a que se acerquen a determinados lugares en cada barrio. Lo que notamos es que no se llega a cubrir a todos los vecinos porque a veces no les llega la información o tienen dificultad para llevar la mascota”, señaló. Por ese motivo, tras la aparición del caso positivo se decidió modificar la modalidad del operativo. “Con este refuerzo, debido a este caso, se está implementando la vacunación casa por casa, se visita al vecino en su domicilio”, explicó. Saucedo indicó además que hacía varios años que no se registraban casos de rabia en la localidad. “Hace muchos años que en la localidad no se da un caso positivo de rabia. Desde el momento en que tomamos conocimiento se articularon todos los mecanismos y se puso en funcionamiento el equipo para hacer los trabajos de prevención”, afirmó. En paralelo, se realizó una denuncia para investigar posibles responsabilidades vinculadas al manejo del animal. “Formalmente se realizó una denuncia en la Fiscalía Rural y Ambiental a cargo de la doctora María Emilia Rudas para que pueda realizar una investigación tendiente a determinar si hay alguna responsabilidad por parte de particulares que manipularon animales o medicamentos sin la debida autorización”, explicó. El caso corresponde a un cachorro de entre dos y tres meses de edad que había sido adoptado por una persona que trabaja en una zona rural. “Se trataba de un canino de corta edad, entre 2 y 3 meses. Fue adoptado por una persona que trabaja en zona rural y lo llevó primero a su domicilio en una zona que llamamos Pueblo Viejo”, relató. Según indicó, el animal estuvo en ese lugar durante un día y luego fue trasladado a un campo donde su dueño trabaja. Durante ese período tuvo contacto con varias personas. “Aproximadamente nueve personas manipularon al cachorro”, detalló. El cachorro comenzó a presentar algunos cambios de comportamiento antes de morir. “Empezó a manifestar síntomas, se mostraba un poco nervioso y cambió la mirada”, explicó. No obstante, aclaró que en animales tan jóvenes los signos pueden ser difíciles de identificar. El subsecretario también señaló que, por su edad, el animal aún no había recibido la vacuna antirrábica. “A partir de los tres o cuatro meses recién comienza la vacunación antirrábica de las mascotas, con lo cual este animalito todavía no tenía posibilidad de estar vacunado”, indicó. Respecto del origen del contagio, las autoridades analizan distintas hipótesis. Una de ellas está vinculada a la presencia de murciélagos en la zona donde el cachorro habría nacido. “Una de las hipótesis es que provenga de murciélagos, que son los principales transmisores de la enfermedad. También se maneja la hipótesis de que se le hayan dado vísceras de un animal bovino al cachorro y que el contagio haya provenido de allí”, marcó. Cuando comenzaron los síntomas, los propietarios consultaron a un veterinario que intervino en el caso. “El veterinario identificó los síntomas, tomó medidas y envió la muestra al Centro de Zoonosis de la ciudad de Resistencia, donde luego se confirmó el caso positivo para rabia”, indicó. Tras la confirmación, las autoridades sanitarias activaron un seguimiento de las personas que estuvieron en contacto con el animal. “Las nueve personas que manipularon el cachorro están en tratamiento preventivo. Se les aplicó la vacuna correspondiente y están siendo monitoreadas por Salud Pública y la Región Sanitaria Nº 2”, señaló. Según informó, hasta el momento ninguna de esas personas presentó síntomas. También se realizó un seguimiento de los animales que pudieron haber tenido contacto con el cachorro. “Hasta ahora no hay otros animales ni personas que hayan manifestado síntomas”, explicó. Saucedo indicó que el municipio continuará con los operativos de prevención en la zona. “Actualmente seguimos reforzando en toda la zona donde pudo haber estado el animal la campaña de vacunación casa por casa”, concluyó.

La medida fue oficializada por el Ministerio de Educación mediante la Resolución N°472/5, luego de varias jornadas de intensas lluvias e inundaciones que afectan a la región. La provincia de Tucumán atraviesa varias jornadas de intensas lluvias que provocaron inundaciones, crecidas de ríos y serias dificultades para la circulación en distintas localidades. En este marco, las autoridades dispusieron la suspensión de las clases en todos los establecimientos educativos de la provincia. La medida fue oficializada por el Ministerio de Educación mediante la Resolución N° 472/5, firmada por la ministra Susana Montaldo. Según se detalla en el texto oficial, la suspensión rige desde el 10 de marzo y hasta el viernes 13 inclusive y alcanza a “todos los establecimientos educativos públicos y privados dependientes de la cartera educativa en el territorio provincial”. Si bien en una primera instancia se había dispuesto la suspensión de actividades únicamente en seis departamentos del sur de la provincia, con el avance del temporal, las autoridades advirtieron que las tormentas comenzaron a afectar también al resto del territorio tucumano. Mientras tanto, las lluvias continúan generando inconvenientes en distintos puntos de la provincia y las autoridades mantienen el monitoreo de la situación ante la evolución de las condiciones climáticas durante los próximos días. Fuerte temporal en Tucumán Según informó el secretario de Obras Públicas del municipio, Miguel Abboud, la situación dentro de la ciudad se mantiene controlada, aunque el sistema de drenaje funciona cerca de su capacidad máxima. Los anegamientos en varias localidades cercanas a Juan Bautista Alberdi obligaron a las autoridades municipales a concentrar sus esfuerzos en la asistencia a los vecinos afectados. “La situación es complicada. En este momento lo principal es asistir a la gente, porque no se puede hacer mucho más que eso”, explicó Abboud. De acuerdo al funcionario, algunos barrios registraron problemas por la acumulación de agua, aunque la cantidad de evacuados fue reducida. “Solo 10 personas han sido evacuadas”, detalló. Además, agregó que hubo personas que no quisieron salir de sus casas y se las ayudó ahí. A su vez, las intensas lluvias provocaron el desborde del Dique Escaba. Según reportes oficiales, el fuerte aumento del caudal se debe a las lluvias persistentes, que obligaron a abrir de forma completa las válvulas de escape y las aliviadoras en el dique. Los mayores inconvenientes se registraron en localidades del sur de la provincia y en zonas rurales del departamento. Entre los sectores más afectados, el funcionario mencionó a Donato Álvarez y Villa Belgrano. También indicó que en algunos puntos el agua llegó a cruzar las rutas, lo que complicó la circulación. Ámbito

En el marco de los controles de tránsito que se realizan en la ciudad, este martes se llevó adelante un operativo sobre calle López Vicuña, donde varios conductores fueron sancionados por circular en contramano. La medida se enmarca en lo establecido por la Resolución N.º 0379, promulgada el 28 de enero del 2025, que dispone que la calle López Vicuña tenga sentido único y ascendente desde Capitán Giachino hasta la intersección con Misionero Klein. El incumplimiento de estas disposiciones habilita a la autoridad de control a aplicar las sanciones correspondientes. Durante el procedimiento realizado este martes, los inspectores detectaron varias infracciones, por lo que 8 conductores fueron multados por circular a contramano. Asimismo, tres motocicletas fueron removidas y trasladadas al depósito municipal. Desde el área de tránsito recordaron la importancia de respetar la señalización y las normas vigentes, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y ordenar la circulación en la ciudad.

Una mujer de 37 años y una adolescente de 17 fueron asesinadas en la localidad de Quitilipi. Tras un operativo desplegado por la Policía del Chaco, fue detenido David Ojeda, pareja de la mujer, señalado como el presunto autor del hecho. Interviene la Fiscalía de Investigación Penal Nº 1. Una mujer de 37 años y una adolescente de 17 fueron halladas sin vida este martes por la tarde en la localidad de Quitilipi. Horas después del hallazgo, la Policía del Chaco detuvo a David Ojeda, pareja de la mujer, señalado como el presunto autor del doble femicidio. El hecho se conoció pasadas las 17, cuando personal policial fue alertado sobre la presencia de dos personas sin vida en la intersección de avenida 25 de Mayo y calle Paraguari, en esa localidad. Al llegar al lugar, los efectivos confirmaron el hallazgo de los cuerpos de la mujer y su hija. De inmediato se dio intervención a la Justicia y se iniciaron las actuaciones correspondientes. En la escena trabajaron peritos del Poder Judicial junto a efectivos policiales para realizar las primeras diligencias e intentar determinar las circunstancias del hecho. Desde el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía del Chaco se dispuso el envío de equipos especializados para colaborar con la investigación y avanzar en el esclarecimiento del caso. En paralelo, la Subsecretaría de Género y Diversidad puso a disposición sus equipos para brindar asistencia a los familiares de las víctimas. La intervención judicial quedó a cargo de la Fiscalía de Investigación Penal Nº 1, conducida por el fiscal César Luis Collado. La detención de Ojeda Mientras avanzaban las tareas investigativas, la Policía desplegó un operativo de búsqueda para localizar al principal sospechoso. Según se informó posteriormente en un parte policial, cerca de las 20 se logró la aprehensión del hombre señalado como presunto autor del doble femicidio, David Ojeda. La detención se concretó tras la implementación de un operativo cerrojo que permitió cercar al sospechoso en la zona. El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de la Ruta Provincial Nº 4 y la Ruta Nacional Nº 16. Durante el operativo también se procedió al secuestro de un teléfono celular perteneciente al detenido, elemento que será incorporado a la investigación. El hombre fue puesto a disposición de la Justicia mientras continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

La Municipalidad de Las Breñas llevó adelante la entrega del terreno destinado a la construcción del futuro edificio de la Escuela de Educación Secundaria N° 104 “5 de Mayo”, un paso importante para fortalecer la infraestructura educativa de la ciudad. El espacio asignado corresponde a la reserva municipal ubicada en la Manzana 68, parcela 1, con dimensiones de 47 x 48 metros, en el Barrio Drago Grbavac, donde se proyecta la construcción del establecimiento educativo. Durante la actividad estuvieron presentes el Secretario de Gobierno, Ariel Eguiazabal, el director Jonathan Paz, el secretario de la institución Omar Torrez, junto a personal del área de Tierras Fiscales, quienes participaron de este acto que representa un avance significativo para la comunidad educativa. Esta acción reafirma el compromiso de seguir acompañando el crecimiento de la educación y el desarrollo de infraestructura que beneficie a estudiantes y docentes de Las Breñas.

La secretaria General de la ATECH, Rosa Petrovich, difundió un documento en el que analiza el escenario económico y social que atraviesan los trabajadores apunta al Gobierno provincial por una política financiera y económica a la que da por “fracasada”. (*) Por Rosa Myriam Petrovich “Los ataques a los derechos laborales y sindicales de los trabajadores del Estado y en particular de los docentes por parte del Gobierno Provincial responde a la declarada incapacidad económica y sometimiento al Gobierno Nacional para otorgar incrementos salariales que restablezcan la evidente pérdida del poder adquisitivo del sector laboral -estimado en un 30 %- considerando el índice de inflación dibujado del INDEC, para los años 2024 y 2025,  basado en desactualizadas encuestas de los años 2004 y 2005, hábitos de consumo y precios relativos; pero que sería mucho mayor teniendo en cuenta los índices reales dados a conocer por consultoras, especialistas. La aplicación de la nueva metodología que pretendía aplicar el INDEC, dada la oposición del Gobierno Nacional le costó al Instituto, la renuncia en agosto/2025 de los Directores a cargo del índice de precio (inflación) y de las condiciones de vida (pobreza), y en Enero/2026 del mismo Marcos Lavagna a cargo de la repartición. El rotundo fracaso de la política financiera del Estado Provincial y de la política económica del ensayo libertario,  ha ocasionado que durante el ejercicio 2025, según datos oficiales, la Provincia haya abonado la “módica” suma de pesos 200.000 millones de pesos en concepto de intereses y comisiones por la deuda pública, o sea el 80 % de la coparticipación de febrero/2026, una cifra superior a la masa salarial mensual líquida de activos y jubilados, y a los montos inflados publicados sobre el uso legal de licencias gremiales y suplencias docentes. El Gobierno cuestiona el uso de los derechos sindicales y laborales para distraer la atención de la población, mientras destina el dinero público a la especulación financiera que realiza inversiones con el Estado sin riesgo y garantizada por la coparticipación federal, contribuyendo a mantener una casta ociosa y dueña del capital monetario, que sin esfuerzo físico ni trastornos psicológicos obtienen considerables ganancias, pero además absorbiendo capitales que podrían destinarse a inversiones de riesgo y/o productivas, -calcando las acciones del Gobierno Nacional, como verdaderos “compañeros de ruta”-. En consecuencia, los trabajadores debemos fortalecer la unidad y las acciones para revertir la política retrógrada, dispendiosa y favoritista del Gobierno Provincial y recuperar e incrementar el nivel salarial y la dignidad laboral”. (*) Secretaria General de la ATECH