El sector opera al 35% de su capacidad instalada, acumula una baja de 7,8% en 2025 y enfrenta una creciente ola importadora de prendas que trepó 129% en cantidad. Las exportaciones, única nota positiva, crecieron 203% en volumen. La actividad en la industria textil no encuentra piso, con una una caída del 25,7% interanual, según el último informe mensual de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA). La capacidad instalada del sector es una de las más bajas de la industria, ubicándose casi 8% por debajo de diciembre del año previo. A eso se le suma una pérdida de puestos de trabajo que supera los 19.000 desde el cambio de gobierno. En el acumulado de 2025, el textil cedió 7,8%, mientras que el total industrial logró crecer 1,6%. Al interior del sector, los rubros más golpeados fueron los tejidos y acabado de productos textiles e hilados de algodón, con caídas superiores al 30% en la comparación interanual. La preparación de fibras de uso textil también registró un deterioro significativo, siendo el principal factor explicativo de la baja acumulada en el año. En diciembre, el sector textil operó al 35% de su capacidad, el segundo guarismo más bajo de toda la industria, apenas por encima de la automotriz. Si bien el dato implicó una mejora de 6 puntos porcentuales respecto a noviembre, todavía se encuentra 7,9 puntos por debajo del nivel registrado un año atrás. La industria en general, en tanto, operó al 53,8%. Empleo en caída libre y precios que no acompañan El mercado laboral sectorial acumula un deterioro que ya se mide en años. Según datos de la Secretaría de Trabajo, en noviembre de 2025 el sector textil, confecciones, cuero y calzado contabilizó 102.000 puestos formales, 11.000 menos que en el mismo mes de 2024. Desde diciembre de 2023, la pérdida acumulada supera los 19.000 empleos, con caídas interanuales ininterrumpidas desde febrero de 2024. En materia de precios, el sector muestra una dinámica particular: en enero de 2026, el IPC del rubro “prendas de vestir, cuero y calzado” registró una variación mensual de -0,5%, posicionándose como el sector con el menor incremento de precios de toda la economía, cuando el nivel general subió 2,8% en el mes. En términos interanuales, el sector acumuló una suba de 15,6%, aproximadamente la mitad de la inflación general (32,4%). El índice de precios mayoristas del textil mostró un comportamiento similar: creció 17,7% interanual, unos 9,6 puntos por debajo del promedio industrial. La importación crece y el alivio exportador El comercio exterior presenta una dualidad que preocupa al sector. En enero de 2026, las importaciones totales de productos textiles sumaron 16.582 toneladas por u$s39 millones, con caídas del 31% en cantidad y 40% en valor respecto a enero del año anterior. Sin embargo, el renglón de prendas de vestir va a contramano: creció 129% en volumen y 91% en valor frente al mismo mes de 2025. El principal proveedor es China, que domina las principales posiciones arancelarias tanto en prendas de punto como en tejidos planos. Del lado de las ventas al exterior, enero de 2026 deparó una sorpresa positiva: se exportaron 1.237 toneladas por u$s3 millones, lo que representa un alza del 203% en cantidad y 72% en valor respecto a enero de 2025. El salto se explica fundamentalmente por los tejidos de punto, que se multiplicaron por catorce en volumen y por diez en valor. El resto de las categorías —materias primas, hilados, tejidos planos y prendas— también mostraron variaciones positivas, aunque de menor magnitud.
Autor: Redacción General
Se trata de Juan Martín Varas, abogado del comisario César Alegre. El hecho ocurrió este viernes por la mañana en calle Fray Grotti al 60, aproximadamente. Una mujer de 37 años denunció que su ex pareja se encontraba peleando con otra persona. Alrededor de las 9, efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar y demoraron a un hombre de 38 años que, al momento del arribo de la comisión policial, provocaba daños en un automóvil Honda y agredía a su propietario, un hombre de 49 años. Ante esta situación, los uniformados intervinieron en el conflicto y trasladaron al sujeto a la Comisaría Primera Metropolitana, donde permanece alojado. En tanto, la mujer de 37 años radicó la correspondiente denuncia en el Departamento de Violencia Familiar y de Género. Por su parte, el dueño del vehículo dañado también realizó una denuncia en la comisaría interviniente. El detenido fue identificado como Juan Martín Varas, conocido por ser el abogado defensor del comisario César Alegre, uno de los policías chaqueños imputados por el robo de casi nueve kilos de cocaína durante una quema judicial de estupefacientes realizada en Colonia Benítez.
En declaraciones a CIUDAD TV, el diputado provincial Rubén Guillón, repasó el estado de situación de la ley de exámenes toxicológicos obligatorios para funcionarios del Estado chaqueño. También se refirió al proyecto oficial para restringir las licencias gremiales. La ley de exámenes toxicológicos para funcionarios públicos de la provincia del Chaco tiene historia larga. Su proyecto data del año 2013, y fueron necesarios diez años de búsqueda de consensos para que finalmente fuera aprobada a fines de noviembre del año pasado. El 10 de diciembre fue promulgada por el gobernador Leandro Zdero y el 17 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial. El diputado Rubén Guillón, uno de sus principales impulsores, ya se sometía voluntariamente a estos estudios —conocidos como rinoscopia— desde antes de que existiera la norma. “Año tras año fui sometiéndome a estos estudios para acompañar y ser coherente, para reforzar la necesidad de dar respuesta a esta demanda moral que tenemos la dirigencia para con el pueblo del Chaco”, explicó el legislador. La norma establece la obligatoriedad de someterse a controles toxicológicos para los tres poderes del Estado: los 32 diputados del Poder Legislativo, el gobernador y toda la cadena de funcionarios del Ejecutivo hasta el último subsecretario, y el Poder Judicial desde el primer juez hasta el último fiscal en ejercicio. Guillón fue claro respecto de los fundamentos de la ley: no se trata de juzgar las decisiones personales de nadie, sino de proteger el ejercicio de la función pública. “Personalmente no tengo objeción con quien decide consumir en su derecho individual algún tipo de sustancia, pero nuestra preocupación es la necesidad de resguardar la función pública. Cuando trabajamos en ella, estamos legislando para un pueblo, estamos dictando justicia para una persona, para un sector”, sostuvo. Y fue más lejos: “No me imagino a un fiscal dictando algún tipo de medida judicial consumiendo sustancias. No me imagino a un diputado consumiendo sustancias, lo cual implica que no estará en su plena salud mental.” En cuanto a los alcances de los controles, el diputado precisó que lo que se busca es descartar el consumo de sustancias psicoactivas que puedan comprometer las condiciones del funcionario para ejercer su cargo. Sin embargo, aclaró que la ley contempla excepciones para quienes deban consumir determinadas sustancias por prescripción médica, como el aceite de cannabis. “Son casos debidamente considerados y exceptuados. Con el certificado médico correspondiente, y siendo temas legalmente habilitados, no hay objeción”, indicó. Sin embargo, la implementación práctica de la norma enfrenta obstáculos. Al momento de la entrevista, Guillón intentaba realizarse el examen en el Laboratorio Central provincial, pero fue informado de que no podría hacerlo por dificultades con los reactivos. Además, funcionarios y concejales del interior de la provincia plantearon que el traslado hasta Resistencia representa una carga considerable. Para resolver esto, el diputado presentó junto al vicepresidente de la bancada de la Unión Cívica Radical, el diputado Salom, un proyecto de modificación que permitiría realizar los estudios también en laboratorios privados habilitados legalmente y matriculados en el Colegio de Bioquímicos del Chaco. La iniciativa ingresó a la Cámara el martes y aún no fue aprobada, aunque Guillón señaló que existe compromiso para avanzar en la comisión de salud. El legislador también subrayó que la ley incluye una dimensión de acompañamiento: prevé herramientas para la recuperación de aquellos funcionarios que, por diversas circunstancias, atraviesen situaciones vinculadas al consumo. “Queremos ratificar nuestro compromiso de que si algún funcionario cae en desgracia, la ley tiene la previsión de brindarle herramientas para posibilitar su recuperación”, afirmó. El trasfondo de la ley, según Guillón, es el avance del narcotráfico en la provincia. “En los barrios y en los pueblos nos conocemos todos. Sabemos dónde se vende, sabemos quién vende. El que consume está metido en todo lo que sea ese mundo, que también implica que si hay consumidor hay proveedor, y si hay proveedor hay distribución”, señaló. Y añadió: “Un juez, un fiscal tiene la función de repeler, identificar y bloquear el avance del consumo y también de la venta. Necesitamos hacernos carne de que este mundo de la droga no se detiene.” Al cierre de la entrevista, Guillón fue consultado sobre el proyecto de licencias gremiales que ingresó formalmente a la Legislatura. El legislador se mostró prudente: señaló que el tema generará debate y consideró que lo correcto es invitar a los gremios y referentes sindicales a participar del proceso antes de tomar definiciones. “Lo peor que puede suceder es que se esté legislando respecto de derechos y atribuciones del mundo sindical en ausencia de ellos. Lo aconsejable es que sean protagonistas, que conozcan el proyecto, que hagan su descargo y emitan su parecer. A partir de allí, cada uno irá formulando su posición”, concluyó.
La Defensoría General del Poder Judicial del Chaco saludó a todas y todos los integrantes del Ministerio Público de la Defensa al cumplirse diez años de la puesta en funcionamiento de su autonomía funcional, un hito institucional que consolidó el rol de la defensa pública en la provincia. El 7 de marzo de 2016 comenzó a funcionar, dando efectiva implementación a la Ley 913-B (antes Ley Nº 7321), sancionada el 20 de diciembre de 2013, que reorganizó el Ministerio Público y diferenció sus funciones en dos órganos: el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. Este proceso respondió a la concepción establecida por la reforma constitucional de 1994, que reconoce que, en un Estado de Derecho, el acceso a la justicia requiere la coexistencia de un órgano acusador y un órgano de defensa que actúen ante una judicatura imparcial. En este marco, la Defensoría General destacó el compromiso de quienes, hace más de una década, iniciaron el camino hacia la autonomía funcional del organismo. Defensoras, defensores y asesorías de niñas, niños y adolescentes impulsaron un proceso institucional que incluyó extensos diálogos y gestiones para alcanzar la equiparación salarial con fiscales y magistrados, así como la sanción de la Ley 7506 que instituyó el Día del Defensor Público Provincial. A diez años de ese proceso, el Ministerio Público de la Defensa se encuentra fortalecido en el ejercicio de sus funciones en los distintos ámbitos judiciales y extrajudiciales en los que interviene. En este período, el rol de los defensores públicos ha evolucionado desde una función estrictamente técnica hacia una concepción más amplia vinculada con la defensa y promoción de los derechos humanos. La misión central de la defensa pública es garantizar el acceso a la justicia de personas que, de manera individual o colectiva, se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o desventaja estructural. Se trata de grupos que cuentan con una protección jurídica reforzada prevista en el artículo 75 incisos 22 y 23 de la Constitución Nacional, en la Constitución Provincial, en las Reglas de Brasilia y en diversos tratados y convenciones internacionales. Entre ellos se encuentran niñas, niños y adolescentes; personas adultas mayores; mujeres y diversidades; personas con discapacidad; personas con padecimientos de salud mental o consumos problemáticos; víctimas de delitos; personas privadas de libertad; pueblos indígenas y personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Asimismo, la defensa pública desarrolla acciones de promoción de derechos y de acercamiento del servicio a la comunidad, mediante diversas actividades que se realizan en todo el territorio provincial. Desde la Defensoría General señalaron que, si bien aún resta camino por recorrer, estos primeros diez años han permitido consolidar un nuevo paradigma de defensa pública: activa, eficaz, eficiente, presente en el territorio y comprometida con las necesidades de quienes requieren asistencia y representación. Finalmente, ratificó su respaldo al trabajo que realizan diariamente los defensores públicos oficiales, las asesorías de niñas, niños y adolescentes y el Órgano de Revisión de Salud Mental, actores fundamentales para fortalecer el acceso a la justicia y contribuir a la consolidación democrática en la provincia. En este nuevo aniversario, el Ministerio Público de la Defensa celebra los avances alcanzados y renueva su compromiso de seguir trabajando para consolidar una defensa pública de excelencia al servicio de la ciudadanía chaqueña.
El secretario de Asuntos Estratégicos del Chaco, Marcos Resico, encabezó en Colonias Unidas una jornada de trabajo institucional junto a funcionarios provinciales, autoridades locales y representantes de distintos organismos del Estado, con el objetivo de fortalecer la coordinación de políticas públicas y seguir optimizando la gestión en el territorio. La actividad contó con el acompañamiento del ministro de Salud, Sergio Rodríguez; el subsecretario de Salud, Marcelo Ojeda; la coordinadora del programa Ñachec, Tamara Silvestri; el director provincial de PAMI, Marcelo Barrios; el diputado provincial Iván Gyoker; la directora del hospital local Rosa Cammors; Sergio Funes y Marcelo Feldman referentes locales; Alejandro Alloatti, de Pami; la directora regional educativa Silvia Tayara, el facilitador de Ñachec Sergio Bermegui y la concejal Monica Zacgorac, quienes acompañaron las actividades de articulación institucional, además de directores de zonas sanitarias, autoridades educativas y representantes de distintas áreas del Estado. Durante la jornada se abordaron diferentes ejes vinculados al funcionamiento de servicios públicos y la coordinación interinstitucional, incluyendo el control de insumos y medicamentos en el hospital local, el trabajo articulado con el programa Ñachec y la vinculación con organismos como Sameep, Secheep y el Registro Civil. “Estamos convencidos de que la eficiencia del Estado se logra con presencia en el territorio y con articulación entre todas las áreas de gobierno”, expresó Resico. “Estas reuniones de trabajo nos permiten escuchar, evaluar el funcionamiento de los servicios y ajustar las acciones necesarias para mejorar la respuesta del Estado a los vecinos”, agregó. El funcionario remarcó además la importancia de trabajar de manera coordinada entre los distintos niveles del Estado. “La gestión tiene que ser integrada. Salud, Desarrollo Humano, Educación y cada área del gobierno deben trabajar de manera conjunta para que las políticas públicas lleguen con mayor eficacia a cada localidad”, sostuvo. La agenda incluyó también un encuentro con la intendente de la localidad, Alicia Leiva y autoridades municipales, donde se analizaron distintos aspectos del funcionamiento de los servicios públicos y se plantearon acciones de mejora en la gestión. “Nuestro objetivo es seguir ordenando, coordinar y potenciar el trabajo que ya se viene realizando en cada área, para garantizar una mayor eficiencia del Estado y una mejor atención para la comunidad”, concluyó Resico.
El diputado provincial de La Libertad Avanza sostuvo que la iniciativa presentada por el oficialismo busca replicar el sistema vigente a nivel nacional. Admitió que el tratamiento será “complicado” en una Legislatura dividida y apuntó contra la oposición por lo ocurrido en la última sesión. El diputado provincial de La Libertad Avanza, Adrián Zukiewicz, defendió el proyecto impulsado por el oficialismo que busca prohibir las licencias gremiales con goce de haberes en la administración pública provincial. Según explicó, la iniciativa apunta a que los dirigentes sindicales que se tomen licencia para ejercer tareas gremiales no perciban su salario del Estado sino de sus propios sindicatos. “Básicamente lo que se hizo es tratar de imitar lo que pasa en Nación. Cuando un gremialista toma licencia para ejercer su función, la provincia no tendría que pagarle el sueldo; esa plata tiene que salir del gremio”, afirmó en declaraciones a Ciudad TV. El legislador señaló que el esquema ya funciona desde hace tiempo a nivel nacional y sostuvo que la provincia debería avanzar en el mismo sentido. “Hablé con un gremialista nacional y me dijo que esto es así en Nación hace muchísimo tiempo. Bueno, ahora Chaco se moderniza con esa situación”, remarcó. Legislatura dividida Zukiewicz reconoció que la iniciativa deberá atravesar un escenario legislativo complejo, ya que la Cámara está dividida en partes iguales entre oficialismo y oposición. “Estamos mitad y mitad, 16 y 16, y los consensos cuestan conseguir”, admitió. No obstante, consideró que el diálogo institucional permitirá avanzar en el tratamiento del proyecto. En ese marco, también criticó con dureza el clima de la última sesión legislativa. “Para mí fue un circo verdaderamente, donde el bloque opositor vino a decirnos cómo deberíamos hacer las cosas cuando ellos tuvieron 16 años para hacerlo”, sostuvo. Posibles cuestionamientos legales Consultado sobre las normas provinciales que regulan actualmente las licencias gremiales —como las vinculadas al sector docente y a la administración pública—, el legislador reconoció que el proyecto podría requerir ajustes técnicos. Según explicó, el texto fue elaborado por el presidente del bloque oficialista junto al diputado Julio Ferro, quienes trabajan en la revisión de esos aspectos. “Puede haber cuestiones técnicas que analizar, pero ya se están viendo. Ferro es una persona muy aplicada y técnica, así que eso se va a solucionar”, afirmó ante la posibilidad de planteos de inconstitucionalidad. Estrategia para lograr los votos Respecto del tratamiento legislativo, Zukiewicz aseguró que el oficialismo buscará avanzar mediante el diálogo con otros bloques, aunque advirtió que las negociaciones no serán sencillas. “El diálogo siempre tiene que estar. También hay que saber ceder en algunos puntos para sostener tu posición y tu proyecto”, indicó. Aun así, defendió la cohesión del oficialismo dentro de la Legislatura. “De nuestro lado hay unión y una construcción ya armada. Estamos trabajando para generar eficiencia y orden lo más rápido posible”, sostuvo. Debate electoral Durante la entrevista, el diputado también se refirió a la discusión sobre el sistema electoral y reiteró la postura de su espacio de eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). “La Libertad Avanza siempre planteó que no haya PASO. La idea es simplificar el sistema para el votante y que vaya a votar una sola vez o como máximo dos”, explicó. En ese sentido, consideró que las disputas internas deben resolverse dentro de cada fuerza política y no trasladarse al electorado. “Las internas se tienen que arreglar dentro de los partidos. La gente no tiene por qué cargar con esos problemas”, concluyó.
El dirigente peronista Antonio Rodas, quien se desempeñó como intendente de Fontana en varios períodos y ocupó una banca en el Senado de la Nación hasta el pasado 10 de diciembre, falleció este viernes tras atravesar en los últimos años un delicado cuadro de salud que lo había mantenido alejado de la vida pública. Tenía 64 años. Nacido en Resistencia, Rodas desarrolló una extensa carrera política dentro del Partido Justicialista. En 2019 llegó al Senado de la Nación como suplente en la lista encabezada por Jorge Capitanich, a quien reemplazó luego de que el dirigente decidiera no asumir la banca para continuar al frente de la Gobernación del Chaco. Antes de su paso por la Cámara alta, Rodas fue intendente de Fontana durante varios mandatos, consolidando allí su principal base política y manteniendo un fuerte vínculo con esa comunidad a lo largo de su trayectoria. En los últimos años su estado de salud se deterioró significativamente. Estas complicaciones lo llevaron a renunciar a la intendencia de Fontana —cargo para el que había sido electo en 2023— para concentrarse en su recuperación y en su labor como senador. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, el Partido Justicialista chaqueño emitió un comunicado expresando su pesar por la pérdida. “Rodas dedicó su vida a la política con compromiso y lealtad hacia los valores del movimiento justicialista, defendiendo siempre los intereses del pueblo chaqueño y contribuyendo al fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas”, señaló el PJ. “Su paso por el Congreso de la Nación, y su querida comunidad de Fontana, estuvieron marcados por la búsqueda de consensos y por la firme convicción de que la política es una herramienta de transformación social”, añadió el partido. Por su parte, el secretario general del Partido Justicialista del Chaco y parlamentario del Mercosur por el distrito Chaco, Raúl Bittel, también lo despidió a través de sus redes sociales. “Con profundo dolor recibí la noticia del fallecimiento del compañero Antonio Rodas. Lo despido con el respeto y el cariño que se tiene por quienes dedicaron su vida a la militancia, a la comunidad y a las banderas del peronismo. Antonio fue un compañero comprometido, de convicciones firmes y siempre dispuesto a trabajar por los demás”, expresó. En el mismo mensaje agregó que “su partida nos entristece, pero también nos deja el ejemplo de su compromiso y de su lucha por una sociedad más justa”, y envió sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de militancia. “Hasta siempre, compañero Antonio Rodas. Que descanses en paz”, concluyó.
La Municipalidad de Resistencia realizó el jueves por la tarde un nuevo operativo de control del uso de casco, en el que además se verificó la documentación obligatoria para circular y el cumplimiento de la cantidad de ocupantes permitidos por motocicleta. El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de las avenidas Alberdi y Rodríguez Peña. Como resultado de los controles, se secuestraron 26 motovehículos y se retuvieron siete licencias de conducir por infracciones consideradas graves a la normativa vigente. Desde el área de control municipal informaron que estos operativos continuarán realizándose en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y promover el cumplimiento de las normas de tránsito.
El fiscal a cargo de la investigación del criptoescándalo debe expedirse sobre el pedido de indagatoria del Presidente que realizaron CIPCE e INECIP, que son Amicus Curiae en la causa. La solicitud se realizó luego de que se difundiera la existencia de un acuerdo confidencial entre Milei y el impulsor del token. El fiscal federal Eduardo Taiano, quien está a cargo de la investigación del criptoescándalo de $LIBRA, tiene en sus manos el destino del pedido de indagatoria del presidente Javier Milei que realizaron el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (INECIP), que actúan como Amicus Curiae en la causa. La solicitud se realizó luego de que se difundiera públicamente la existencia de un acuerdo confidencial entre Milei y el impulsor del token del escándalo, Hayden Davis. No es lo único sobre lo que debe opinar el fiscal. También debe dictaminar sobre el requerimiento de la defensa del trader Mauricio Novelli, intermediario de la criptoestafa, que reclamó “se disponga la reserva” del peritaje sobre su celulares y computadoras por considerar que hay cuestiones personales que no debieran tener publicidad. En el análisis de los dispositivos electrónicos se halló información relevante para la pesquisa. Una vez que opine Taiano, el juez Marcelo Martínez de Giorgi deberá resolver. Pero la opinión del fiscal será determinante por ser quien tiene a su cargo la instrucción. Este último miércoles el juez Marcelo Martínez de Giorgi corrió vistas al fiscal tanto del pedido de indagatoria de Milei que realizaron el CIPCE y el INECIP así como de las presentaciones que realizaron Novelli y los querellantes. Por ejemplo, el damnificado Martín Romeo pidió copias digitales de los anexos del peritaje sobre los celulares y computadoras de Novelli y Sergio Morales, que se encuentran reservados en el juzgado. En ese material, que fue analizado por peritos informáticos del Ministerio Público Fiscal, se hallaron copias del borrador del contrato que habría firmado Milei con Hayden Davis. El pedido de indagatoria de Milei Julián Alfie, en representación del INECIP, y Pedro Biscay, por el CIPCE, se presentaron ante el juzgado a cargo de Martínez de Giorgi y solicitaron que se cite a prestar declaración indagatoria al presidente Javier Milei por considerar que es hora de que brinde explicaciones sobre su rol en la criptoestafa. Entienden que podría haber incurrido en el delito de negociaciones incompatibles y que la difusión de la transcripción de un contrato confidencial que habría firmado con Hayden Davis lo complica. De acuerdo al escrito, al que accedió El Destape, la solicitud que apunta al Presidente de la Nación tiene como disparador la nota de Clarín en la que se publicó la transcripción del acuerdo que presuntamente firmaron Milei y Hayden Davis. Se trata de la nota “Escándalo cripto: el texto del acuerdo confidencial entre Hayden Davis y Javier Milei firmado hace un año”. Para Alfie y Biscay, “de corroborarse su autenticidad, dicho instrumento aportaría un elemento sustantivamente nuevo que exige profundizar la investigación en torno a la eventual configuración del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”. Como amicus curiae (amigos del tribunal), figura por la cual pueden aportar líneas investigativas a la causa, tanto INECIP como CIPCE sostienen que Mieli tenía “conocimiento” e “interés” sobre el “negocio” de $LIBRA, algo que “se infiere de la secuencia de hechos que se sucedieron en forma previa al 14 de febrero”, es decir, al momento que en el Presidente tuitea para promocionar el lanzamiento del criptoactivo. Tras la difusión de la existencia de un contrato confidencial con Hayden Davis se “terminaría de corroborar esos extremos”. “No se trata aquí de una conjetura abstracta. La nota periodística referida no alude a una mera reunión informal ni a un intercambio epistolar, sino a un acuerdo confidencial formalizado, cuyo contenido —según lo publicado— comprometería al titular del Poder Ejecutivo Nacional en un entendimiento con un empresario privado vinculado a un negocio de naturaleza económica. De confirmarse su celebración, el contenido del acuerdo resulta revelador en cuanto a los alcances que tendría desde el punto de vista penal”, señalaron Alfie y Biscay en su presentación que ahora está en manos de Taiano. Según se desprende de lo publicado por Clarín, Davis haría un asesoramiento “ad honorem” para la “automatización mediante contratos inteligentes”, “digitalización de documentos públicos”, “desarrollo de ecosistemas de innovación digital” y “educación y capacitación” El acuerdo se habría firmado entre el 29 y el 30 de enero de 2025. El 30 fue el día en que se reunieron Davis y Milei en Casa Rosada y cuando el presidente tuiteó sobre ese encuentro presentando al empresario en sociedad. En la misma fecha, Davis giró al menos 500 mil dólares a cuentas que se están investigando. En su presentación, desde INECIP y CIPCE destacaron que por “la amplitud de los ‘servicios’ ofrecidos por el Sr. Davis”, que ninguno “fue descripto en forma detallada”, genera “dudas de si no se trata de un ‘contrato simulado’ que busca ocultar el verdadero objeto del acuerdo, que es el que se concretaría pocos días después a través del lanzamiento del token $LIBRA”. También señalaron que la cláusula de confidencialidad es “injustificable si las finalidades del acuerdo eran nobles” e “ilegal por violar el principio de publicidad de los actos de gobierno que rige en un sistema republicano”. Por otro lado, agregaron que si Milei firmó el acuerdo “de puño y letra, surge la pregunta elemental sobre la consulta respectiva a las diferentes áreas del Poder Ejecutivo con competencias específicas en la materia”, que todo indica que no se realizaron. “La ausencia de información oficial frente a la difusión pública de un documento de tal gravedad no disipa las dudas: las profundiza”, destacaron los amigos del tribunal. En el escrito se recordó que realizaron pedidos de acceso a la información pública a la Procuración del Tesoro de la Nación; a la Secretaría Legal y Técnica, a la Secretaría General de la Presidencia; y a la Oficina Anticorrupción para
Del 6 al 8 de marzo, NBCH lanza una propuesta especial con beneficios exclusivos para comprar con Tarjeta Tuya en el mes de la mujer y acompañar al comercio local. La propuesta combina entretenimiento, gastronomía y comercio e invita a las consumidoras chaqueñas a no pasar por alto esta fecha especial aprovechando las promociones con Tuya. En este marco, Nuevo Banco del Chaco acompaña con una promoción especial para incentivar las ventas, favoreciendo a sus clientas con 20% de bonificación y 4 cuotas sin interés pagando con Tarjeta Tuya en comercios adheridos del Shopping Sarmiento. Además, con la promo de Bares y Resto por el mes de la mujer, las clientas de la tarjeta chaqueña tendrán un 10% de bonificación y 3 cuotas sin interés pagando con Tuya en bares y resto adheridos. Estas promociones estarán vigentes desde este viernes 6 al domingo 8 de marzo, para todas las versiones de la tarjeta chaqueña: Tuya Tradicional, Tuya Joven, Tuya Pyme y Tuya Pyme Rural. Los comercios adheridos y detalles de cada promoción se pueden consultar en el sitio de promociones del banco: nbch.com.ar/promociones Con estas propuestas, Nuevo Banco del Chaco acompaña a sus clientas con más facilidades de pago y ahorro en una fecha especial. Solicitar y activar tarjeta Tuya Las personas interesadas en solicitar la tarjeta chaqueña lo pueden hacer de manera online en nbch.com.ar o acercarse a cualquiera de las sucursales NBCH. Para activar la tarjeta, se puede llamar al 0800-888-6224 las 24 horas o a través del WhatsApp verificado al 362 416 1290, de 8 a 21 horas.
En diálogo con CIUDAD, director de Coordinación del Registro Civil, Juan Segovia, explicó los aumentos de entre el 25 y 35%, las características del nuevo documento y la demanda creciente en la temporada estival. Desde este martes rigen nuevos aranceles para la tramitación de documentos de identidad y pasaportes en toda la provincia del Chaco. Así lo confirmó Juan Segovia, Director de Coordinación del Registro Civil de Resistencia, quien detalló que los incrementos alcanzan entre el 25 y el 35 por ciento y abarcan tanto los DNI —para recién nacidos, cambios de domicilio y nuevos ejemplares— como los pasaportes comunes y exprés. En cuanto a los valores concretos, Segovia precisó que el primer DNI para recién nacidos continúa siendo gratuito por disposición legal: “Los bebés de cero años, aquellas mamás que va y inscriben a su bebé, siempre es por, a través de la ley, cero pesos, no pagan el primer DNI los bebés”, subrayó el funcionario. Las actualizaciones correspondientes a los 5, 8 y 14 años —anteriormente denominada enrolamiento— tienen un costo de 10.000 pesos. Para quienes necesiten el trámite de manera urgente, el DNI express, con entrega en aproximadamente 96 horas, asciende a 26.000 pesos, tanto para menores como para adultos. En el caso de los pasaportes, el incremento es más significativo. El pasaporte común, cuyo plazo de entrega ronda los 30 a 40 días, pasó de 70.000 a 100.000 pesos. El pasaporte express, destinado a quienes tienen una necesidad urgente de viajar en 4 o 5 días, se ubicó en 200.000 pesos. Consultado sobre las modificaciones en las características del documento, Segovia explicó que el nuevo DNI incorpora un chip de seguridad interno y cambia su diseño estético, incluyendo referencias históricas como el mapa del país y los glaciares árticos. Aclaró que el cambio no es obligatorio: solo quienes hayan solicitado un cambio de domicilio o quieran actualizar voluntariamente su documento acceden al nuevo formato. Respecto a las personas en situación de vulnerabilidad que no pueden acceder por sus propios medios a realizar los trámites, el director señaló que existe un marco legal que permite atender esos casos de manera personalizada y que él mismo autoriza esas gestiones de forma directa. La difusión de la noticia sobre el nuevo documento generó en un primer momento cierta incertidumbre entre los ciudadanos, quienes creyeron que debían actualizar su DNI de manera inmediata. “Primero fue la incertidumbre, de que pensaban que tenían que tener ese documento, sí o sí urgente, pero no, no era así”, relató Segovia, y agregó que la cobertura periodística ayudó a calmar la situación. El funcionario aprovechó para alertar a la ciudadanía sobre la mayor demanda que experimenta el Registro Civil durante los meses de diciembre, enero, febrero, marzo y principios de abril, período en el que bodas, viajes y trámites escolares generan un pico de trabajo. “Es la demanda de años, y años, y años”, sintetizó, instando a quienes necesiten documentación a no esperar último momento. En materia de operativos itinerantes por el interior provincial, Segovia anticipó que estos comenzarán en cualquier momento, tal como ocurre año tras año. Destacó que la demanda en las localidades del interior es constante e inagotable, ya que siempre hay cambios de licencia, documentos perdidos y otros trámites pendientes. “Nunca se va a terminar esto”, afirmó con convicción, próximo a concluir su carrera administrativa. Por último, al ser consultado sobre el volumen de documentos tramitados durante 2025 en la provincia, Segovia estimó que la cifra supera los 52.000 DNI. “Más de 52 mil documentos, DNI”, confirmó, dando cuenta del importante movimiento que tiene el organismo a nivel provincial.
Una investigación nacional de FOPEA, basada en encuestas a 215 profesionales de todo el país, señala que la violencia psicológica, institucional y económica son las más frecuentes y que muchas ocurren al inicio de la carrera, generalmente ejercidas por superiores o colegas. Un estudio nacional sobre la situación de las mujeres periodistas en Argentina reveló que la mayoría ha enfrentado distintos tipos de violencias de género en el ejercicio de su profesión, muchas de ellas desde los primeros años de su carrera. El informe, elaborado por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), advierte que estas situaciones tienen un impacto significativo en la salud, especialmente en la salud mental, y en el desarrollo profesional de las trabajadoras de prensa. La investigación, realizada entre julio y diciembre de 2024 con financiamiento de la UNESCO y el Fondo Mundial para la Defensa de los Medios (GMDF), se basó en una encuesta a 215 periodistas de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo fue analizar sus trayectorias laborales y las violencias que enfrentan, así como identificar posibles acciones para prevenir y erradicar estas prácticas. Entre los principales hallazgos, el estudio detectó que las formas de violencia más mencionadas son la psicológica, institucional y económica, además del hostigamiento y la violencia en línea. En particular, 150 de las periodistas encuestadas señalaron haber sufrido violencia psicológica, 115 violencia institucional y económica, 88 violencia digital y 84 violencia sexual. También se registraron casos de violencia laboral y física. Según el relevamiento, estas agresiones suelen ocurrir especialmente al comienzo de la vida laboral y los principales agresores identificados son varones con cargos jerárquicos dentro de los medios de comunicación, compañeros de trabajo y funcionarios o empleados públicos. En el caso de la violencia en línea, en cambio, los ataques suelen provenir de usuarios particulares, muchas veces mediante cuentas anónimas o perfiles en redes sociales. El informe también señala que muchas de estas violencias se naturalizan o pasan inadvertidas, especialmente aquellas que no dejan marcas visibles, como el hostigamiento psicológico o ciertas microviolencias en el ámbito laboral. Entre los testimonios recogidos aparecen relatos de persecuciones laborales, asignación de tareas o temas estereotipados para mujeres, obstáculos en la carrera profesional o incluso despidos injustificados. En relación con el contexto laboral, la investigación indica que las periodistas encuestadas tienen en su mayoría entre 36 y 60 años y cuentan con un alto nivel educativo. Sin embargo, solo el 28,37% ocupa cargos jerárquicos dentro de los medios de comunicación. De hecho, 200 de las 215 participantes consideran que existen barreras para que las mujeres accedan a puestos de liderazgo. Entre los obstáculos más señalados aparecen factores culturales y la desigual distribución de las tareas de cuidado. Más de la mitad de las encuestadas son jefas de hogar y muchas tienen hijos menores de edad, lo que dificulta la conciliación entre las responsabilidades familiares y las exigencias laborales del periodismo. El informe también advierte sobre la persistencia de desigualdades salariales. Casi la mitad de las encuestadas percibe que las mujeres ganan menos que los hombres por realizar el mismo trabajo. Algunos testimonios incluidos en el estudio describen casos en los que colegas varones recibían salarios significativamente más altos o eran promovidos con mayor rapidez. En cuanto a la respuesta frente a estas situaciones, el estudio señala que la reacción más habitual de las periodistas es compartir lo ocurrido con otras mujeres, sin realizar denuncias formales. Aunque muchas conocen organizaciones que ofrecen acompañamiento frente a la violencia de género, pocas recurren a estos espacios. Las autoras del informe advierten que las violencias contra mujeres periodistas no solo afectan sus trayectorias individuales, sino que también pueden impactar en la libertad de expresión y el derecho a la información. Según el estudio, estas agresiones buscan en muchos casos intimidar o silenciar voces críticas dentro del periodismo. Ante este panorama, las participantes del relevamiento plantearon distintas acciones necesarias para enfrentar el problema. Entre ellas se destacan la implementación de protocolos institucionales para la prevención y el abordaje de la violencia, capacitaciones en perspectiva de género y seguridad digital, y mecanismos de denuncia más claros y accesibles. Para FOPEA, avanzar en el estudio de estas violencias resulta fundamental para dimensionar la magnitud del fenómeno y promover políticas que garanticen condiciones de trabajo seguras y equitativas. El informe concluye que escuchar las experiencias de las periodistas y visibilizar estas problemáticas es un paso clave para fortalecer tanto la igualdad de género en los medios como la calidad democrática del sistema informativo. elDiarioAR
El Gobierno oficializó la reforma laboral sancionada por el Congreso el pasado 27 de febrero. La normativa introduce reformas profundas en la Ley de Contrato de Trabajo (Nº 20.744) y otros regímenes especiales. Según el Ejecutivo, la nueva ley permitirá fomentar el empleo registrado y actualizar las relaciones de trabajo. La Reforma Laboral impactará de lleno en las relaciones laborales, ya que introducirá cambios en las vacaciones, horas extras, negociaciones colectivas y derecho de huelga. Vacaciones Los vacaciones se otorgarán entre 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente, pero podrán no otorgarse en el verano ya que establece que 1 vez cada 3 años le corresponderá al empleado en la temporada estival. Se podrán fraccionar en plazos no menores a 7 días.. Banco de horas Las empresas no tendrán obligación de pagar a los empleados horas extras ya que habrá un sistema de compensación. Si un trabajador trabaja 12 horas en lugar de 8, se le podrá dar 4 horas a compensar. La jornada máxima será de 12 horas (con 12 horas obligatorias de descanso) y esa extensión laboral será compensada con la reducción de la jornada en otra fecha del calendario. Despidos Los despidos serán mas económicos para las empresas ya que no se computará el aguinaldo, vacaciones o premios, y solo se hará en base al salario básico, y se tomará como base el salario promedio de la actividad. Las indemnizaciones se podrán pagar en 12 cuotas en las empresas grandes y 18 en las pymes. Sentencias judiciales Las sentencias se pagarán hasta 6 cuotas (12 cuotas en Pymes) mensuales consecutivas, ajustadas por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y una tasa de interés del 3% anual. La determinación de los montos, de esta manera, ya que dependerá de la interpretación de un juez. Sindicatos Se mantendrá el aporte que le descuentan a los trabajadores para el sindicato con un tope del 2%, y el empleador se mantendrá como agente de retención como exigía la CGT. Las Asambleas requerirán el aval de los empleadores y los sindicalistas solo tendrán 10 días al mes para desarrollar sus tareas en horario de trabajo. Ultraactividad Los convenios colectivos con plazo vencido no mantendrán sus efectos en el transcurso de tiempo hasta la firma de un nuevo acuerdo colectivo. Solo quedarán vigente las normas referidas a las condiciones trabajo. Salario “dinámico” Se permitirá en la negociación colectiva de actividad, rama, región, acuerdo de empresa y/o mediante acuerdo individual o decisión unilateral del empleador, incorporarse por encima de los salarios, otros componentes retributivos dinámicos adicionales, transitorios, fijos o variables. Derecho a huelga Se restringe el derecho a huelga al declararse determinadas actividades como “servicios esenciales” (con la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75%) y “servicios trascendentales” (con la obligación de garantizar una cobertura mínima del 50%). Servicios Esenciales -Salud -Educación -Agua Potable -Energía y gas -Transporte de caudales -Cuidados de menores SERVICIOS TRASCENDENTALES -Industria de medicamentos -Insumos Hospitalarios -Transporte de pasajeros -Radio y Televisión -Industria siderúrgica, aluminio, cementera o cualquier producción que no tenga interrupciones; y alimentación. Bloqueos Serán consideradas “infracciones muy graves” cuando se cumpla alguna de las siguientes hipótesis: a. afectar la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida de fuerza mediante actos y/o hechos y/o intimidaciones o amenazas;
No era la primera vez que el local de la cadena de cafeterías en Belgrano había sido blanco de robos a mano armada. El juicio del damnificado duró 9 años. La Corte Suprema de Justicia revocó una sentencia que había condenado a una cadena americana de cafeterías a indemnizar a un cliente que sufrió el robo de su computadora durante un asalto a mano armada en un local del barrio porteño de Belgrano, al considerar que se trató de un hecho fortuito. El máximo tribunal hizo lugar al reclamo de la empresa y dejó sin efecto un fallo de la Cámara Civil que había responsabilizado al establecimiento en el marco de la protección a los consumidores, recabó la Agencia Noticias Argentinas. El hecho ocurrió el 8 de febrero de 2016 en un local de Starbucks ubicado en la avenida Cabildo 2594, donde Josué Nahum Tapia Araya, un estudiante universitario, estaba con una compañera cuando un hombre armado ingresó al local, los amenazó y se llevó sus computadoras antes de escapar en una moto que lo esperaba afuera. Fallo contra la empresa La decisión la había tomado por mayoría la Sala D de la Cámara Nacional en lo Civil, en la demanda por daños y perjuicios que Josué Nahun Elías Enoc Tapia Araya promovió contra la empresa. El tribunal, con los votos de los camaristas Víctor Liberman y Patricia Barbieri y la disidencia de Liliana Abreut de Bergher (para quien la cafetería no era responsable), condenó a la empresa a pagar 112.499 pesos más intereses por el robo de una computadora y otros valores. No fue esa la primera vez que esa sucursal había sido epicentro de un hecho delictivo. En 2012, un delincuente que se había escondido en un baño del mismo local sustrajo alrededor de 3.000 pesos de la recaudación, amenazando a la cajera.
Desde la empresa energética chaqueña recordaron que el esquema diferencial para provincias de zonas cálidas fue posible gracias a las gestiones realizadas por el gobernador Leandro Zdero junto a los mandatarios del Norte Grande. Con el objetivo de aliviar el costo de las facturas de energía eléctrica durante los meses de mayor consumo, Secheep junto a las distribuidoras de Corrientes y Formosa solicitarán a la Secretaría de Energía de la Nación la extensión del subsidio eléctrico vigente para diciembre, enero y febrero, incorporando también al mes de marzo. La iniciativa surge tras una reunión de trabajo realizada en Resistencia entre representantes de Secheep, la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) y REFSA, donde se elaboró un documento conjunto que será elevado a Nación solicitando la revisión del esquema actual. Según lo establecido por el nuevo sistema de subsidios eléctricos del Gobierno nacional, el Chaco está categorizado como “zona muy cálida”, lo que permite que el beneficio alcance hasta los 550 kWh de consumo base mensual entre diciembre y febrero. Sin embargo, en marzo el tope baja a 150 kWh, a pesar de que las temperaturas continúan siendo elevadas. El presidente de Secheep, José Bistoletti, explicó que el pedido responde a la realidad climática de la región. “Si tenemos en cuenta los registros de los últimos años y el de este 2026, las temperaturas de marzo serán tan cálidas como en los meses previos. Por eso, junto a las distribuidoras de Corrientes y Formosa vamos a solicitar a la Secretaría de Energía de la Nación una revisión del esquema y la extensión del beneficio”, señaló. Durante la reunión también participaron los vocales de Secheep, Germán Perelli y Ariel Muñoz; el interventor y subinterventor de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), Pablo Cuenca y Enrique Durán; y por REFSA el gerente de Servicios Benjamín Villalba y el subgerente Víctor Hugo Matiwiejuk. Nuevo esquema nacional de subsidios El nuevo sistema de subsidios eléctricos fue implementado por el Gobierno nacional en enero de 2026 mediante el Decreto 943/2025, que creó el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y simplificó la segmentación de usuarios. De esta manera, el anterior Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) fue reemplazado por el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), estableciendo solo dos categorías: hogares con subsidio y hogares sin subsidio. El beneficio alcanza a hogares con ingresos menores a tres canastas básicas totales y a grupos vulnerables como viviendas del ReNaBaP, veteranos de guerra o personas con discapacidad. Cómo funciona el subsidio en el Chaco En la provincia del Chaco, los hogares que califican reciben una bonificación del 50% sobre el precio de la energía correspondiente al consumo base. Los topes establecidos son: -550 kWh mensuales en meses de mayor demanda (diciembre, enero y febrero). -300 kWh mensuales en invierno (mayo, junio, julio y agosto). -150 kWh mensuales en meses templados (marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre). Desde SECHEEP aclararon que el consumo que supere esos valores se abonará a precio pleno, sin subsidio. Además, durante 2026 se aplicará una bonificación extraordinaria transitoria de hasta el 25%, con reducción progresiva mes a mes, con el objetivo de garantizar una transición gradual y evitar aumentos bruscos en las facturas eléctricas de los usuarios residenciales.
El sindicato bancario despidió con sentidas palabras a quien consideró un hombre de principios sólidos, destacando que su paso por la vida política y social del Chaco dejó una marca que difícilmente se borre con el tiempo. La Bancaría destacó que Rodas fue “un hombre que abrazó la participación política en las filas del Partido Justicialista, entregando su vida al servicio de la comunidad en su pago chico, Fontana, y proyectándose luego al contexto provincial y nacional”. Además, subrayaron que entre sus legados más destacados se menciona su gestión decisiva en la concesión del predio donde actualmente se construye el Instituto de Alta Complejidad Cardiológico y Oncológico (IACCO), considerada la obra de mayor proyección dentro de la provincia. El establecimiento, emplazado en Fontana, beneficiará a miles de chaqueños y representa un ejemplo concreto de la dedicación y abnegación que caracterizaron toda la vida pública de Rodas. El documento fue firmado por Jorge Victoriano Díaz, Secretario General, y Rubén Belmar Ruffino, Secretario General Adjunto de la Asociación Bancaria, Seccional Resistencia, quienes cerraron el comunicado con una sentida despedida: “Hasta siempre Antonio, que descanses en paz”.
Habrá paro en la educación superior pública desde el 16 de marzo y al menos por una semana por la falta de cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. La adhesión de al menos 31 Universidades públicas de todo el país provocará que miles de estudiantes no comiencen el primer cuatrimestre a término. ¿El motivo? Reclaman que la ley de Financiamiento Universitario, sancionada, vetada y revertida por las dos cámaras durante el 2025, aún no se implementa pese a una medida judicial. Ante ello, el Gobierno trazó un camino alternativo: presentar un proyecto propio y aprobarlo en un Congreso más amigable. “Durante el mes pasado hubo varias reuniones con la cúpula de las Universidades para avanzar en algunos aspectos de la nueva ley”, señalan a este medio desde el oficialismo, en donde subrayan el encuentro del 5 de febrero que quedó registrado a través de un fotografía protocolar, en donde confluyeron Carlos Torrendell (secretario de Educación), Alejandro Álvarez (subsecretario de Políticas Universitarias), Carlos Greco (UNSAM) y Franco Bartolacci (UNR y vicepresidente de la Consejo Interuniversitario Nacional). Las declaraciones de las autoridades académicas tras la reunión mostraban un clima positivo que, un mes después, no se sostiene en la mayoría de los rectores. “No veo sostenible un acuerdo entre ellos porque nunca están unificados. Siempre hay sospechas de algunos dialoguistas que resuelven lo suyo y operan al conjunto, mientras que hay otros más alineados con los claustros docentes y estudiantiles”, explicaron desde el sector que promovió la ley de Financiamiento Universitario. El Gobierno parece haber percibido esta descoordinación entre los directivos universitarios – que contrasta con la postura unánime del personal docente y no docente que convoca al paro desde el 16 hasta el 22 de marzo – y elevó al Congreso un proyecto de ley durante el período de extraordinarias. Aunque la iniciativa no fue ni mencionada por Javier Milei durante su discurso de apertura de sesiones, distintos miembros del bloque libertario aseguran que es prioridad. “Queremos terminar con el tema judicial, el tema político y el tema económico financiero”, plantearon para Ámbito, y consideraron que “el Gobierno quiere una ley que sea cumplible y pagable”. La Comisión de Educación no fue constituida aún ni en Diputados ni en el Senado. El proyecto aprobado en septiembre estipula gastos por 0,23% del PBI, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. En su contrapropuesta, la gestión nacional promete “una recomposición presupuestaria destinada a cubrir los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales” y garantizar la “recomposición salarial del personal docente y no docente de las universidades nacionales”. La última paritaria consensuada entre el Gobierno y los gremios fue en octubre del 2024; a partir de allí todos los incrementos fueron por decreto. Como antecedente que provoca suspicacias se encuentra el intento de Gobierno de derogar en su Presupuesto 2026 la ley de Financiamiento Universitario. Aunque le faltaron votos para ese objetivo, logró eliminar los incrementos paulatinos de inversión en educación presentes en el artículo 30 del proyecto presupuestario, que removió párrafos de la Ley de Educación Nacional y la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, además de suprimir el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional. Conflicto legal entre Universidades y el Gobierno La tensión entre el Gobierno y las universidades se pronunció luego de que se promulgara la ley de Financiamiento Universitario, ratificadas por el Congreso el 2 de octubre luego de que los legisladores rechazaran el veto del presidente Javier Milei. Sin embargo, mediante el decreto 759/2025, el Ejecutivo paralizó la implementación de la propuesta -y por ende, el envío de fondos- aclarando que no podría ejecutarse la medida sin una definición clara de cómo se cubrirán los costos. En esa línea, el Ejecutivo recordó que el Congreso “omitió indicar de manera fehaciente” la forma de financiar las erogaciones que implica la norma. Ante ello, el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°11 hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para que se cumplan los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. Esos artículos establecen la actualización y recomposición de los salarios de docentes y no docentes de las universidades nacionales, así como la actualización del monto de las becas estudiantiles, en función del índice inflacionario. Este jueves, el Gobierno apeló ese fallo, pero la intención de sancionar un proyecto de ley podría reemplazar la estrategia judicial. Según un informe del CEPA, el presupuesto destinado para universidades se redujo en términos nominales un 33% desde el 2023 y un 2,3% desde el 2025 hasta este año, mientras que la caída en becas estudiantiles es de un 76% en los últimos tres años y de un 4,2% en los últimos 12 meses. Es por eso que la agrupación de gremios universitarios nucleados en CONADU criticó “la intención de pagar apenas un 12% de aumento del 55% que nos corresponde” y sujetó la posibilidad de extender el paro de una semana en caso de que no se implemente la actual ley sancionada. Ámbito
Una audiencia pública fue convocada por la Cámara de Diputados para los días 25 y 26 de marzo de 2026 para recibir opiniones sobre un proyecto que propone modificar la Ley de Glaciares. La convocatoria fue publicada este viernes en el Boletín Oficial, a la misma tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas y el formato de la audiencia prevé que habrá doble modalidad de participación, ya que será presencial y virtual, por lo que, quienes estén inscriptos podrán exponer presencialmente el 25 de marzo en la sala 2 del segundo piso del anexo C de la Cámara de Diputados en la Avenida Rivadavia 1841, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En tanto, la dinámica se llevará a cabo de manera virtual el 26 de marzo y, según establecieron las comisiones organizadoras, la audiencia conservará el mismo horario, es decir, se realizará en la franja de 10:00 a 19:00. La Cámara de Diputados había oficializado el jueves la citación a una audiencia pública para los citados días de marzo para escuchar la voz de especialistas y representantes sectoriales interesados en las implicancias del proyecto de reforma a la Ley de Glaciares, que ya tiene media sanción del Senado. Los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, José Peluc, hicieron llegar la convocatoria con la firma del secretario parlamentario de la Cámara baja, Adrián Pagán. Los participantes tienen tiempo para inscribirse hasta el viernes 20 de marzo a las 16:00, y lo podrán hacer de forma presencial en la oficina de la comisión de Recursos Naturales y Conservación (Av. Rivadavia 1841, CABA, piso 1, oficina 149, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00) o a través de un formulario virtual que se publicará en la página web de la Cámara de Diputados, según supo la Agencia Noticias Argentinas. También está habilitada la opción de realizar presentaciones por escrito, con una extensión máxima de diez carillas, ya sea de manera presencial o por correo electrónico a la dirección de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano (crnaturales@hcdn.gob.ar) hasta el 20 de marzo.
El mercado de computadoras portátiles ensambladas o producidas en nuestro país viene mostrando una combinación interesante entre la tradición tecnológica y adaptación a las necesidades locales. Hace años que varias marcas se consolidaron con presencia en Argentina, habiendo algunos modelos ensamblados o con componentes adaptados a nuestro contexto productivo, y otros que, si bien usan piezas importadas, integran partes y soporte técnico local. Esto hace que las opciones disponibles ya no sean homogéneas o que se limiten solamente a equipos muy básicos, sino que vamos a encontrar variedad en términos de rendimiento, autonomía, diseño y versatilidad. Algunos fabricantes con trayectoria, como Banghó o EXO, tienen líneas que cubren desde roles cotidianos hasta segmentos más exigentes. Un ejemplo de esto es la Notebook CX, que resulta ser una alternativa equilibrada dentro del ecosistema de notebooks nacionales, pensada para tareas mixtas – como navegar, usar software de trabajo y estudiar – con un rendimiento estable y buen respaldo técnico local. También otro equipo destacado dentro del panorama local es el modelo Banghó BES X4, que incorpora componentes actualizados y diseño moderno, orientado a usuarios que buscan potencia en tareas más complejas. Esto demuestra que la producción nacional puede presentarse como opción sólida frente a propuestas importadas o globales. Más allá de las marcas, el foco en mantener soporte técnico accesible y repuestos disponibles en el país hace la diferencia respecto de notebooks importadas que requieren envíos largos o gestiones complicadas para reparaciones. Esto, sumado a la posibilidad de encontrar equipos que vienen con teclado español, configuraciones de memoria ampliables o batería de larga duración, convierte a la oferta nacional en una alternativa más que válida para tener en cuenta a la hora de comprar un equipo. Rendimiento y configuración interna El rendimiento de una notebook es uno de los criterios que más inciden en la experiencia de uso, y esto se define principalmente por el procesador, la memoria RAM y el tipo de almacenamiento. Las notebooks nacionales suelen equipar procesadores modernos (como Intel Core o AMD Ryzen) que ofrecen un rendimiento muy bueno en tareas administrativas, docentes o incluso profesionales. La memoria RAM es fundamental: con 8 GB se logra un uso fluido en navegadores, documentos y programas de oficina, y configuraciones que permiten ampliar a 16 GB o más suman margen de rendimiento para multitarea intensa o aplicaciones que consumen más recursos. Muchos modelos nacionales ofrecen slots accesibles para ampliar la memoria en el futuro, lo cual es un punto a favor para quienes buscan prolongar la vida útil de un equipo. El almacenamiento también define la velocidad general del equipo. Las unidades SSD (especialmente NVMe) reducen drásticamente el tiempo de arranque del sistema operativo y la apertura de programas, frente a los discos rígidos tradicionales. Esto se siente especialmente cuando se trabaja con archivos pesados o múltiples aplicaciones abiertas al mismo tiempo. Si las tareas del usuario incluyen edición de video, diseño gráfico o algunos juegos casuales, contar con una unidad gráfica dedicada o integrada de última generación puede hacer una diferencia sustancial. Mientras que para el uso académico o administrativo basta con una gráfica integrada eficiente, para tareas gráficas de mayor exigencia conviene buscar modelos que la incorporen, como puede suceder en gamas más potentes que ofrecen algunas marcas nacionales. Diseño, materiales y portabilidad El diseño externo no es solo un aspecto estético, sino que influye en la vida útil y en el confort de uso diario. Algunos modelos de línea nacional combinan tapas metálicas con bases plásticas reforzadas, equilibrando resistencia con un peso moderado. Esto se nota al transportar el equipo entre clases, oficinas o viajes de trabajo. Un equipo liviano y estéticamente bien resuelto mejora la sensación de portabilidad, pero siempre es importante revisar que esta liviandad no vaya en contra de su robustez o la posibilidad de ampliar memoria y almacenamiento. Algunos diseños ultradelgados sacrifican puertos tradicionales para mantener un perfil estrecho, mientras que otros logran integrar HDMI, USB-A y lector de tarjetas sin un aumento significativo en peso o tamaño. La pantalla es otro aspecto que merece atención. Un panel con resolución mínima Full HD y ángulos de visión amplios (como los IPS) mejora la legibilidad de textos y la visualización de contenidos multimedia. Esto es clave para quienes pasan muchas horas frente a la pantalla, ya sea estudiando o trabajando. También resulta relevante el teclado y el touchpad, ya que estos elementos influyen directamente en la productividad diaria. Un teclado con buena respuesta, distribución en castellano y, en algunos casos, retroiluminación facilita el uso en ambientes con poca luz, mientras que un touchpad preciso evita frustraciones durante tareas que requieren destreza. Conectividad, autonomía y soporte técnico Contar con conectividad actualizada es esencial en cualquier notebook, ya que hoy muchos trabajos requieren una conexión estable a redes con Wi-Fi de doble banda y compatibilidad con Bluetooth. La inclusión de puertos modernos como USB-C también son necesarios, porque permiten tanto la carga como la transferencia de datos. La autonomía de la batería determina cuántas horas se puede usar el equipo sin estar conectado, y esto se ve influido por la eficiencia del procesador, la capacidad de la batería y la optimización general. Equipos con buena autonomía son buscados sobre todo por estudiantes y profesionales que trabajan fuera de casa o en espacios sin acceso continuo a enchufes. Un sistema de disipación térmica bien diseñado evita que el equipo se caliente en exceso durante sesiones largas de uso, lo que no solo mantiene el rendimiento sino también protege los componentes internos con el tiempo. Este aspecto de ingeniería interna es más evidente en gamas medias y altas, y suele estar mejor resuelto en notebooks que integran ventilación inteligente y sensores de temperatura. El soporte técnico local y la disponibilidad de repuestos son ventajas claras de las notebooks nacionales. Tener un centro de servicio cercano reduce tiempos de espera ante un problema o falla, y es un punto de tranquilidad para quienes dependen del equipo para sostener tareas académicas o laborales. Segmentación por perfiles de uso Para
En un contexto marcado por la guerra en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos recibió al capitán argentino y a la delegación del Inter Miami en la tradicional recepción a equipos campeones de la MLS. Finalmente, Lionel Messi formó parte de la delegación del Inter Miami que visitó este jueves la Casa Blanca y terminó posando junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una imagen que rápidamente dio la vuelta al mundo. El encuentro se dio en el marco de la tradicional recepción que el gobierno estadounidense realiza a los equipos campeones de las principales ligas deportivas del país. La presencia del capitán de la Selección argentina había generado expectativa durante las horas previas, ya que la agenda oficial de la Casa Blanca solo mencionaba la visita de “Inter Miami” sin mayores detalles. El equipo fue invitado tras consagrarse campeón en la Major League Soccer (MLS), y acudió acompañado por dirigentes y referentes del club, con David Beckham entre las figuras de la delegación. Para Messi fue su primera visita a la Casa Blanca. El rosarino había sido invitado en enero de 2025 por el entonces presidente Joe Biden para recibir la Medalla Presidencial de la Libertad —el mayor honor civil de Estados Unidos—, pero en aquella ocasión no pudo asistir por cuestiones de agenda. Esta vez, aprovechó el viaje del Inter Miami a Washington, ya que el equipo jugará el sábado ante DC United en Baltimore, ciudad cercana a la capital. Página 12