El Presidente le tomó juramento al flamante funcionario, quien se desempeñaba como fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires. El ex fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires Juan Bautista Mahiques asumió este jueves como nuevo ministro de Justicia de la Nación, en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona. Mahiques prestó juramento ante el presidente Javier Milei, en un breve acto en el Salón Blanco de la Casa Rosada y ante la plana mayor del Gobierno libertario. El ex funcionario judicial será secundado en la cartera por Santiago Viola, lugar que correspondía a Sebastián Amerio. Amerio, un funcionario de excelentes vínculos con el asesor presidencial Santiago Caputo, se enteró ayer en vivo de su salida del cargo. Cerca de Mahiques señalaron a NA que el verdadero nexo entre la administración libertaria y él fue Martín Menem, el titular de la Cámara de Diputados. Ayer, Milei recibió por la mañana a Cúneo Libarona con el objetivo de resolver la interna por la conducción de la cartera tras de varios intentos del abogado por renunciar al cargo, lo que decantó en el nombramiento de Mahiques. En su cuenta de X, Mahiques le agradeció a Milei “por la confianza para asumir” el cargo y agregó: “Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible”. “Ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”, escribió el funcionario judicial. Para el designado funcionario, “ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”. Asimismo, agradeció también a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, “por su apoyo permanente y por la dedicación con la que conduce y fortalece al equipo político del Gobierno”. Mahiques también manifestó su “reconocimiento” a la labor de Cúneo Libarona: “Quien se ocupó de la primera etapa de transformación que debemos consolidar con responsabilidad y firmeza”. “La Argentina necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas; una institución que proteja a las víctimas, que no confunda garantías con impunidad y que reafirme, sin excepciones, que la ley se cumple para todos por igual”, dijo. Finalmente destacó: “Asumo esta función con la convicción de que sin seguridad jurídica no hay inversión, sin reglas estables no hay desarrollo y sin jueces independientes no hay República”. Por su parte, Cúneo Libarona señaló que la dimisión se concretó en un marco de “cordialidad y afecto” con Milei, quien le agradeció la labor realizada y le pidió que continúe ligado al Gobierno y acompañe al nuevo ministro designado. En su carta al jefe de Estado, Cúneo Libarona sostuvo que consideró cumplida la etapa al frente de la cartera tras avanzar en la modernización del sistema procesal y penal y la generación de herramientas legales para fortalecer las instituciones y enfrentar el delito. Durante su gestión se implementó el Sistema Procesal Penal Federal acusatorio en más de la mitad del territorio nacional, con aplicación en Santa Fe, Cuyo, la Patagonia, Mar del Plata, Bahía Blanca, La Pampa, Chaco y Corrientes, y se dejó encaminada su extensión a todo el país. También impulsó proyectos legislativos de alto impacto institucional, entre ellos la ley de juicio en ausencia para avanzar en el juzgamiento del atentado contra la AMIA, el nuevo régimen penal juvenil y las iniciativas de juicio por jurados, reformas en materia de habeas corpus, oralidad civil y comercial y un nuevo proyecto integral de Código Penal elaborado por una comisión técnica. En el plano internacional, la gestión logró la aprobación del examen del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en septiembre de 2024 en París, lo que evitó que la Argentina ingresara a la lista de países con deficiencias en la lucha contra el lavado de activos.
Autor: Redacción General
Un relevamiento midió la evolución de la industria entre 2023 y 2025, periodo que coincide con la gestión libertaria. El sector atraviesa una crisis profunda y Milei lo ignora. Argentina quedó ubicada entre los países con peor desempeño industrial a nivel global. De acuerdo con un ranking que compara a 56 economías, el país mostró el segundo resultado más negativo, únicamente por detrás de Hungría, en un período marcado por la contracción de la actividad y el cierre de numerosas empresas. El relevamiento, elaborado por la consultora Audemus, analizó la evolución del sector manufacturero entre 2023 y 2025 y concluyó que la producción industrial argentina registró una caída promedio del 7,9% en esos dos años. El descenso solo fue superado por Hungría, donde el retroceso llegó al 8,2%. Detrás se ubicaron Bulgaria (-6,7%), Alemania (-6,3%), Canadá (-5,2%), Italia (-4,8%) y Países Bajos (-3%). En contraste, varias economías mostraron un fuerte dinamismo industrial. Taiwán encabezó el ranking con un crecimiento del 32,3%, seguido por Vietnam (23,8%), Egipto (19,5%), Costa Rica (16,3%), China (13,3%), Rusia (13%) y Singapur (12,8%). Según la consultora vinculada al exministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, las dificultades industriales en Europa se explican por factores externos como el shock energético, la competencia china en el sector automotor y las tensiones comerciales con Estados Unidos. En el caso argentino, en cambio, el informe atribuye la crisis principalmente a decisiones de política económica local, como un tipo de cambio apreciado que reduce la competitividad, una apertura comercial acelerada y sin criterios sectoriales, y la falta de políticas industriales activas. Argentina, desindustrializada La comparación con los países de la región también muestra un desempeño menos favorable para Argentina. En el mismo período, Brasil logró expandir su industria un 3,5%, Chile un 5,2%, Perú un 6,5% y Uruguay un 3,7%. Colombia y México también registraron retrocesos, aunque mucho más moderados, de -0,7% y -0,4%, respectivamente. El informe pone especial atención en el caso brasileño, ya que ambos países comparten el Mercosur y enfrentan desafíos similares, como la competencia china o las dificultades de acceso a mercados. Sin embargo, Brasil aplicó herramientas específicas para impulsar su industria, entre ellas el programa Mover para el sector automotriz, además de sostener un tipo de cambio más competitivo. Audemus concluye que el deterioro industrial argentino no puede explicarse únicamente por el contexto internacional o regional. Los datos también reflejan el impacto en el tejido productivo. En los dos primeros años del gobierno de Javier Milei, 2.436 empresas industriales dejaron de realizar aportes al sistema de ART, lo que suele interpretarse como cierre o reducción drástica de actividad. Esa cifra equivale a casi el 5% del total de firmas industriales del país. La disminución del número de compañías fue sostenida y se aproxima a los niveles mínimos observados durante la pandemia. Las empresas que continúan operando también enfrentan dificultades. La utilización de la capacidad instalada se ubica en 57,9%, el registro más bajo de la última década si se excluye el período de pandemia. En la práctica, esto implica que las plantas industriales funcionan a menos de 6 de cada 10 unidades de su potencial productivo. El impacto también se refleja en el empleo. Desde 2023 se perdieron 72.955 puestos de trabajo industriales, lo que representa una contracción del 6% del empleo en el sector manufacturero. La dinámica del empleo no fue lineal. Tras un fuerte desplome durante el primer semestre de 2024, se observó una leve recuperación que generó expectativas de un cambio de tendencia. Sin embargo, esa mejora no se consolidó y, desde el tercer trimestre de 2025, la pérdida de puestos volvió a intensificarse. En este contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, relativizó el impacto de la caída del empleo industrial y sostuvo que “en todos los países del mundo se despide gente y no es un drama”, al considerar que en economías dinámicas los trabajadores pueden encontrar nuevas oportunidades rápidamente. Caputo planteó además que el debate económico no debería centrarse en la oposición entre un modelo industrialista y uno abierto al comercio, sino entre un esquema que —según su definición— fue “prebendario” y otro basado en la competencia y la inversión. Por su parte, el presidente Javier Milei, durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, cuestionó el enfoque industrialista aplicado durante décadas en el país y afirmó que Argentina ha estado “atrapada en la trampa del fetiche industrialista”, al que responsabilizó por la dependencia de subsidios y las limitaciones al crecimiento. El Destape
La medida responde al creciente incremento de precios en los insumos específicos del sector, sumado al aumento de los costos fijos y variables y a las subas salariales, circunstancias que, según la entidad, son de público conocimiento. El Centro de Industriales Panaderos del Chaco (CIPCHACO) emitió un comunicado de prensa en el que informó que los valores de sus productos sufrirán una actualización de entre el 10 y el 15%. La medida responde al creciente incremento de precios en los insumos específicos del sector, sumado al aumento de los costos fijos y variables y a las subas salariales, circunstancias que, según la entidad, son de público conocimiento. La institución destacó que continúa acompañando a sus socios en un contexto que describen como cada día más preocupante. A los factores económicos se suma la incidencia de las temperaturas muy altas registradas en la región, que según el comunicado desfavorecen la actividad del sector y sobre las cuales vienen informando de manera puntual a sus asociados. En ese marco, CIPCHACO recordó a cada panadero la importancia de tomar las previsiones necesarias, de acuerdo a la zona en la que opere, para no perder rentabilidad trabajando por debajo de los costos. El comunicado lleva la firma de Alejandro H. López, presidente de la Comisión Directiva del Centro de Industriales Panaderos del Chaco.
En la mañana de este jueves, personal de la Comisaría Cuarta Metropolitana procedió a incautar un rodado que presentaba pedido de secuestro activo y a la demora de dos personas que circulaban con el mismo. El procedimiento tuvo lugar a las 10, cuando los efectivos realizaban recorridas de prevención por la intersección de las calles Niños Boronat y Ezequiel. En ese punto, interceptaron el paso de dos hombres, de 21 y 23 años, quienes se desplazaban a pie trasladando una motocicleta tipo 110cc a su lado. Al solicitar la documentación que acreditara la propiedad del vehículo —una Keller 110cc color negra sin dominio colocado—, los sujetos manifestaron no poseerla. Ante esta situación, los agentes consultaron los datos del motor y cuadro en el Padrón de Motocicleta Unificado (PMU). El sistema arrojó un resultado positivo de “Secuestro Activo” con fecha del 2 de marzo de 2026, bajo una causa por “Supuesto Robo” a solicitud de la Comisaría Séptima Metropolitana. Tras el hallazgo, se procedió al secuestro formal del rodado y al traslado de ambos hombres a la división de Sanidad Policial y, posteriormente, a la unidad interviniente a los fines legales.
El Ministerio de Educación y la Fundación “Soy Chaco”, inició esta semana un curso de capacitación en el oficio de fabricación de muebles con madera y metal, que se dicta en el Aula Taller Móvil (ATM) instalada en el Domo del Centenario de Resistencia. La propuesta forma parte de un programa de formación itinerante que prevé recorrer durante este año toda la provincia, brindando capacitaciones gratuitas, de calidad y con rápida salida laboral.El inicio de la actividad contó con la presencia de la directora ejecutiva de la Fundación Soy Chaco, María Martina, y el director de Educación Técnico Profesional, Damián Berger. Desde la organización informaron que ya se registraron más de 500 personas inscriptas en las distintas propuestas formativas, mientras que quienes deseen participar pueden anotarse a través de las redes sociales de la fundación. Durante la presentación, Martina explicó que la capacitación surge a partir de un convenio de cooperación entre el Ministerio de Educación y la fundación. “Dimos inicio al curso de fabricación de muebles con madera y metal, con el objetivo de ofrecer formación y capacitación a jóvenes y adultos para que puedan acceder a una salida laboral”, expresó. Asimismo, detalló que el curso tendrá una duración de 3 meses -marzo, abril y mayo- y corresponde a la primera cohorte de estas capacitaciones, que tendrán continuidad a lo largo del año. También adelantó que se prevé poner en funcionamiento otras aulas talleres móviles dedicadas a especialización textil, refrigeración y reparación de equipos informáticos, entre otras áreas. Por su parte, Berger señaló que las aulas talleres móviles dependen del Ministerio de Educación y que, mediante el convenio con la Fundación “Soy Chaco”, se impulsan estas propuestas de capacitación itinerantes en distintos puntos de la provincia. Además, explicó que el curso cuenta con el aval del Ministerio de Educación del Chaco y del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), con una acreditación de 144 horas reloj y una duración de tres meses, dictándose tres días a la semana. “Es una oportunidad para quienes quieran iniciar el ciclo formativo en oficios que garantizan capacitación de calidad y una rápida inserción laboral. Son cursos totalmente gratuitos: los insumos, los docentes y la certificación están garantizados por el Ministerio de Educación y la Fundación ‘Soy Chaco’”, destacó. En este caso, el taller se dicta los lunes, miércoles y viernes de 17 a 21 horas en el Aula Taller Móvil ubicada en el Domo del Centenario. Si bien ya hay más de 500 inscriptos, las personas interesadas aún pueden anotarse para futuras propuestas y acercarse al lugar para recibir más información.
El concejal de Barranqueras analizó el escenario social y económico en el inicio del año legislativo municipal. Habló del impacto de la crisis, la problemática de la basura, la seguridad y los proyectos que impulsará el bloque peronista. En el marco de la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Municipal de Barranqueras, el concejal justicialista Rodrigo Ayala Pared trazó un panorama sobre los desafíos que afrontará el municipio durante el año legislativo, atravesado por un contexto económico complejo y con demandas sociales crecientes. En declaraciones a CIUDAD TV, el edil remarcó que muchas de las problemáticas que enfrenta la ciudad están directamente vinculadas con la situación económica general. “Muchas veces se plantea un país que está sufriendo un ajuste, una recesión, una provincia que va por la misma línea y pretenden que la ciudad sea Manhattan”, expresó. En ese sentido, sostuvo que la realidad social impacta en la vida cotidiana de los barrios. “Las familias están pasando por situaciones muy complejas, no llegan a fin de mes. Para lo que nosotros soñamos, que es una Barranqueras linda y ordenada, necesitamos que la gente pueda pintar su frente, cortar el pasto o arreglar la vereda, pero hoy esas no son las prioridades de muchas familias”, afirmó. El concejal también comparó la situación actual del empleo con años anteriores, particularmente en el sector de la construcción. Recordó que en Barranqueras solía haber alrededor de 700 trabajadores de ese rubro, incluso durante la pandemia por obras como el acueducto, mientras que a nivel provincial se pasó de unos 14 mil obreros a poco más de 3 mil, según datos de la UOCRA. “Todas esas familias, todos esos trabajadores, ¿pudieron reconvertirse? ¿Qué están haciendo?”, se preguntó. Basura y nuevas modalidades de recolección informal Uno de los temas centrales abordados por Ayala Pared fue la problemática de la basura y la aparición de nuevas formas de recolección informal en la vía pública. El concejal recordó que a fines del año pasado el Concejo aprobó una ordenanza para eliminar de manera paulatina la tracción a sangre, con el objetivo de mejorar la sanidad animal y reducir los minibasurales. La norma, explicó, no prohíbe la actividad, sino que la regula mediante un registro municipal y controles sanitarios para las personas y los animales. Sin embargo, señaló que en los últimos meses surgió una nueva modalidad: los carritos de mano alquilados para recolectar residuos. “Terminamos de sacar una ordenanza y pareciera que ya quedó vetusta, porque ahora apareció esta modalidad. Hay personas que alquilan carritos por dos o tres mil pesos por día para juntar basura”, explicó. Según indicó, esto generó una dispersión de pequeños focos de basura en distintos puntos de la ciudad. “Antes teníamos minibasurales detectados donde íbamos a limpiar una o dos veces por semana. Ahora aparecen pequeños focos por todos lados”, advirtió. Para el edil, la situación no puede abordarse solo desde el municipio. “Esto tiene que ver con el desempleo y también con el aumento del consumo problemático. Necesitamos trabajar en conjunto con los gobiernos provincial y nacional porque si no se hace muy difícil”, sostuvo. Menos recursos y prioridades en los servicios Ayala Pared también se refirió a la reducción de recursos que impacta en la gestión municipal y en los servicios que se prestan. En ese contexto, explicó que el municipio prioriza tareas básicas como la recolección de residuos, el mantenimiento de desagües, el barrido y el alumbrado público. Esto implica limitar otras acciones que antes realizaba la comuna, como colaborar con materiales para el mantenimiento de escuelas. “Antes pintábamos escuelas completas. Hoy, si las instituciones consiguen los insumos, nosotros podemos aportar la mano de obra, pero ya no tenemos recursos para comprar materiales”, explicó. Asimismo, mencionó la situación del alumbrado público y anticipó que el municipio podría reclamar fondos a la empresa energética provincial por el cobro del servicio en las facturas. “El municipio se hace cargo con fondos propios, pero ese ítem se sigue cobrando en la factura de los vecinos”, señaló. Proyectos y participación vecinal En cuanto a la agenda legislativa, el concejal adelantó que el bloque impulsará distintos proyectos durante el año, entre ellos el debate sobre la adhesión a la ley provincial que establece exámenes toxicológicos para funcionarios públicos. “Vamos a convocar a especialistas para comprender bien sus alcances y discutirlo con seriedad”, indicó. También planteó la necesidad de fortalecer la participación ciudadana en la vida pública. Para ello, el Concejo analiza iniciativas destinadas a incentivar el trabajo de las comisiones vecinales, incluso con reconocimientos o beneficios para aquellas que desarrollen mejores proyectos comunitarios. Además, no descartó la posibilidad de realizar sesiones del Concejo en distintos barrios de la ciudad. “La gente muchas veces siente que lo que pasa en el Concejo está muy lejos. Tenemos que acercarnos más y, si es necesario, hacer sesiones en los barrios o participar de los operativos municipales”, afirmó. Empleo y seguridad, entre las principales preocupaciones Finalmente, Ayala Pared señaló que el empleo es una de las principales preocupaciones que manifiestan los vecinos en las reuniones barriales. “Si uno hace una encuesta rápida, de diez vecinos con los que habla, cuatro o cinco plantean el problema del trabajo. Y eso genera mucha impotencia porque es algo muy difícil de resolver en lo inmediato”, reconoció. A esa preocupación se suman otros reclamos habituales, como la seguridad, el alumbrado público o el estado de las calles. Frente a este panorama, el concejal consideró clave fortalecer el trabajo conjunto entre el municipio y los vecinos. “Si logramos entender que estamos en una etapa de transición y que tenemos que trabajar codo a codo, vamos a poder salir adelante. De lo contrario, se va a profundizar la distancia entre la sociedad y su gobierno”, concluyó.
En declaraciones a CIUDAD TV, la directora del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud del Chaco, Noemí Barrios, adelantó que el inicio formal de la campaña se espera para mediados de la semana próxima, una vez recibidos los lineamientos nacionales que coordinan el lanzamiento simultáneo con el resto de las provincias. “Hemos recibido este año tempranamente, en comparación a los años anteriores, con el objetivo de poder llegar a toda la comunidad más vulnerable”, señaló la funcionaria. El inicio formal de la campaña se espera para mediados de la semana próxima, una vez recibidos los lineamientos nacionales que coordinan el lanzamiento simultáneo con el resto de las provincias. La distribución a las regiones sanitarias ya comenzó la semana pasada. El adelanto en la llegada de las dosis responde a una estrategia sanitaria concreta: inmunizar a la población antes de que comience la circulación del virus de la influenza, que históricamente se intensifica entre abril y junio. “Teniendo en cuenta que a veces demoramos un poco en llegar a todas las personas o las personas a acercarse a las vacunas”, explicó Barrios, la anticipación busca reducir esa brecha. Los vacunatorios de toda la provincia ya cuentan o contarán con stock disponible al menos diez días antes del inicio oficial de la campaña. Las autoridades garantizaron la disponibilidad en todas las localidades, incluso en las más alejadas. La vacuna antigripal no es de acceso universal, sino que está destinada a grupos específicos considerados vulnerables. Entre ellos se encuentran el personal de salud, los mayores de 65 años, las personas embarazadas, los niños de 16 a 24 meses, y el personal de fuerzas de seguridad. Además, la franja de 2 a 64 años puede acceder si presenta factores de riesgo como enfermedades respiratorias, cardíacas o diabetes. “Siempre llevar alguna documentación que acredite su diagnóstico para recibir la vacuna”, indicó Barrios, para no comprometer al personal de salud en la verificación. Quienes se vacunaron el año anterior deben hacerlo nuevamente, ya que cada temporada circulan cepas nuevas. En paralelo a la campaña antigripal, el Departamento de Inmunizaciones lanzó esta semana una estrategia de vacunación en jardines de infantes para mejorar las coberturas del calendario obligatorio. “Hemos finalizado un año 2025 con bajas coberturas justamente en este grupo”, admitió Barrios, refiriéndose a niños de 4 y 5 años que deben recibir vacunas contra el sarampión, la poliomielitis, la varicela y otras enfermedades prevenibles. El operativo aprovechará el período de adaptación escolar, cuando los padres acompañan a sus hijos, para facilitar el acceso. Las instituciones informarán a las familias por WhatsApp los días en que estarán disponibles las postas de vacunación. Una de las novedades de este ciclo lectivo 2026 es la incorporación de una constancia de vacunación entre los requisitos de ingreso escolar. “Aparte de la constancia que se pide siempre al ingreso, como es el bucodental, el de Buena Salud, también a partir de este año se solicita la constancia de vacunas”, explicó la directora. Esta medida, consensuada con el Ministerio de Educación provincial, busca garantizar que los niños lleguen inmunizados al ámbito escolar, donde la circulación viral es mayor. Las autoridades sanitarias remarcaron que el objetivo central es mejorar coberturas y proteger a los sectores más vulnerables antes de que comience el pico de enfermedades respiratorias.
El Gobierno Nacional garantizará un préstamo de hasta US$75 millones que la provincia de Misiones suscribirá con la Corporación Andina de Fomento (CAF), para la ejecución de obras de infraestructura en la red eléctrica en la región centro del territorio. El objetivo de la inversión es ampliar y modernizar los sistemas de transporte de energía eléctrica, además de integrar energías renovables para asegurar un servicio sostenible, según se señaló oficialmente. El apoyo a Misiones se conoce poco después de que se difundiera que la provincia recibió ATN por $ 3.000 millones en la previa a votaciones clave en el Congreso Nacional. La decisión se oficializó mediante el Decreto 131/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial y que procesó Agencia Noticias Argentinas. Para respaldar esta garantía, Misiones firmó un contrato de contragarantía que autoriza al Estado Nacional a debitar automáticamente los fondos de la Coparticipación Federal de Impuestos en caso de que la provincia no cumpla con los pagos en los plazos previstos, precisó el decreto. La norma faculta al Ministro de Economía y al Secretario de Finanzas para firmar los contratos y realizar modificaciones que no alteren el objeto o el monto del financiamiento. El proyecto se estructura en dos componentes principales: la inversión directa en infraestructura de transmisión y la gestión del financiamiento.
“Ese año le quitaron los remedios a los jubilados. No fue inocuo”, advirtió el médico Oscar Atienza. Los datos se desprenden de datos oficiales publicados por el Ministerio de Salud. En el mismo período aumentaron la mortalidad neonatal y la materna. Durante 2023 murieron en la Argentina 263.522 personas mayores de 65 años. En 2024 la cifra fue de 284.798. Es decir, 21.276 decesos más entre población de la tercera edad que el año anterior. La diferencia es especialmente alta entre mayores de 80 años: en este grupo, el incremento es del 9.46%. Los datos se desprenden de estadísticas oficiales. Surgen de la comparación de los Anuarios de Estadísticas Vitales de 2023 y 2024. El de 2025 aún no está publicado. Quien viene advirtiendo sobre la gravedad de estas cifras es el médico y especialista en salud pública Oscar Atienza: “Ese año (2024) le quitaron los remedios a los jubilados. No fue inocuo”, escribió en su cuenta de X. “Cualquiera de nosotros que esté medicado para la presión arterial, para la hipertensión, si deja de tomar esos medicamentos o los distancia va a terminar en un infarto, un ACV, algún otro tipo de problema o la muerte. Esto ocurre en todo el país. El dato de Córdoba dice que el año pasado (por 2024) murió un 11% más de personas de más de 65 años. En pandemia la tasa de exceso de muerte fue del 10,6%”, comparó Atienza en diálogo con América Noticias. El demógrafo Enrique Peláez, de la Universidad Nacional de Córdoba, consideró el dato como “preocupante”. Ante la consulta de Tiempo, aclaró que aún resta comparar tasas, ya que por envejecimiento poblacional la población de más de 65 años en 2024 puede haber sido “levemente superior a la de 2023, pero nunca justificaría ese aumento de defunciones”. “Habría que analizar cuáles son las causas de defunciones que produjeron ese exceso, pero sin dudas dificultades de acceso a medicamentos puede incidir”, consideró. Menos medicamentosEn agosto de 2024 el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) anunció una modificación del esquema de cobertura de medicamentos y gran parte de los remedios que contaban con un beneficio total ahora pasaron a una cobertura del 40% al 70%. Recién más de un año después, en octubre de 2025, la Justicia ordenó al PAMI restituir los medicamentos al 100% a sus afiliados en todo el país. La baja en la cobertura convivió con la pérdida de poder adquisitivo general y una paupérrima jubilación mínima. Según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria sobre la gestión en Salud de los dos primeros años del gobierno de Milei, uno de los aspectos más claros del ajuste se refleja en el impacto de esa modificación de coberturas en remedios para personas mayores: “Entre fines de 2023 y 2025, el gasto de bolsillo de los afiliados aumentó muy por encima de la inflación general y de la evolución de los haberes jubilatorios, como consecuencia de cambios en el precio de referencia y de la eliminación de coberturas plenas para medicamentos de uso frecuente”. Según el relevamiento, el aumento acumulado del gasto de bolsillo de los afiliados de PAMI subió un 477% entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025. Esto se tradujo también en “una caída sostenida del consumo de medicamentos bajo receta, particularmente entre los afiliados de PAMI”. En el mismo sentido, un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) indicó que en el tercer trimestre de 2025 se vendieron 5,4 millones de medicamentos menos que en el mismo período de 2023. No sólo en la tercera edadLos datos oficiales sobre estadísticas vitales no solo arrojaron cifras preocupantes para la tercera edad. En las últimas semanas se conoció también que por primera vez en años aumentó la mortalidad infantil, así como la mortalidad materna. Según el último boletín de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), aumentó un 0,5 por mil nacidos vivos la tasa de mortalidad infantil y neonatal, considerada el indicador más sensible de la situación social de un país: pasó de 8 por mil en 2023 (el número más bajo registrado) a 8,5 en 2024. En cuanto a la mortalidad materna, en 2024 murieron en el país 183 mujeres por causas relacionadas al embarazo, parto o puerperio. En 2023 habían sido 147. Un incremento del 37%, según se refleja en datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación. Se trata del valor más alto desde 2010 (exceptuando la pandemia, que alteró todos los valores) e implica un quiebre a la tendencia descendente de 2022-2023. Fuente: Tiempo Argentino
El Senado de Estados Unidos mostró su apoyo al presidente, Donald Trump, al rechazar una resolución para poner fin a su ofensiva militar en Irán, una operación que podría durar hasta ocho semanas, según la Casa Blanca. En la quinta jornada de conflicto, desatado por el ataque de Washington e Israel contra Irán, que ya ha causado 1.045 muertos en la república islámica, el líder del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, se pronunció por primera vez desde la nueva escalada de tensiones y acusó a Israel de llevar a cabo una «guerra premeditada». Estos son los últimos hechos relativos al conflicto: El Senado apoya a Trump en Irán – El Senado de Estados Unidos, de mayoría republicana, rechazó la resolución que pretendía frenar la intervención militar ordenada contra Irán por el presidente Donald Trump, que no solicitó autorización previa al Congreso para el ataque, con una votación de 47 a favor y 53 en contra. – El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, subrayó que Estados Unidos tiene munición suficiente para completar su campaña contra Irán y sugirió que la guerra contra la República Islámica podría durar hasta ocho semanas. – La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, insistió en que enviar tropas sobre el terreno a Irán «no forma parte del plan para esta operación en este momento» pero tampoco lo descartó, al decir que es una opción que «está sobre la mesa» para Trump. Desencuentro entre Washington y Madrid – El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, rechazó «tajantemente» que España haya acordado colaborar con las fuerzas de EE.UU. en las operaciones contra Irán, algo que había asegurado muy poco antes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. – El desencuentro se plasmó también en otra serie de declaraciones entre el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, y el ministro español de Transportes, Óscar Puente. Bessent había dicho que la negativa de España a que las bases de Morón y Rota sean utilizadas es algo «inaceptable», mientras que Puente respondió que «quien pone en riesgo la vida de los estadounidenses es quien los lleva a una guerra injustificada». – El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, aseguró que es «hipocresía» y «doble rasero» las afirmaciones de la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, quien declaró que las represalias de Teherán contra países vecinos son un intento de «incendiar la región». Hizbulá acusa a Israel de «guerra premeditada» – El líder del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, acusó este miércoles a Israel de lanzar una «guerra premeditada» contra el Líbano en un discurso televisado, el primero desde que la madrugada del lunes comenzó una intensa ofensiva aérea israelí contra el país. – Qassem denunció que Israel ha violado el alto el fuego repetidamente durante los últimos 15 meses y advirtió que su «paciencia tiene un límite»: «Nuestra opción es la confrontación y la resistencia hasta el final» – El último balance de víctimas en el Líbano es de 72 muertos y 437 heridos, una cifra susceptible de aumentar ya que los bombardeos israelíes no cesan. Casi 84.000 personas están desplazadas. Israel mantiene su ofensiva – Israel anunció una nueva oleada de ataques contra infraestructura militar en Teherán después de haber bombardeado a lo largo del día varios puntos de la capital iraní, la ciudad sureña de Shiraz y la central de Isfahan. – Las Fuerzas de Defensa de Israel también anunciaron un ataque a decenas de objetivos en el Líbano, como puntos de lanzamiento de cohetes y una planta de producción de drones. – Todos estos ataques suceden mientras Hizbulá e Irán también buscan diezmar los objetivos militares israelíes, con poco impacto hasta el momento, y mientras Teherán puso alto durante unas horas a sus ataques a países aliados de EE.UU. en el golfo Pérsico. Turquía está en consultas con la OTAN – El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que ya ha «expresado las advertencias más claras» para evitar que se repitan ataques a su territorio: «Estamos en consultas cercanas con nuestros aliados en la OTAN, tomamos todo tipo de precauciones y hacemos las intervenciones inmediatas necesarias». – Las defensas de la OTAN en Turquía interceptaron este miércoles un misil iraní sobre el Mediterráneo oriental y los restos de la munición antiaérea cayeron en el extremo sur del país, confirmó el gobierno turco, sin causar víctimas ni heridos. Los mercados se estabilizan – Wall Street cerró en verde este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0,49 % tras una jornada en la que los mercados empezaron a mostrar signos de estabilización. – El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) repuntó este miércoles un 0,1 % y cerró en 74,66 dólares el barril, mientras que el petróleo brent cerró plano y se mantuvo en 81,40 dólares. – La naviera danesa Maersk anunció con efecto inmediato la suspensión temporal del transporte marítimo de mercancías en siete países de Oriente Medio debido al conflicto en la región. Al menos 83 muertos tras hundir EEUU un navío iraní – Al menos 83 personas murieron este miércoles en el hundimiento de un navío iraní tras el ataque de un submarino de Estados Unidos en el océano Índico, frente a la costa sur de Sri Lanka. – El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, que aseguró que su país está ganando la guerra «de manera contundente», explicó que este había sido el primer hundimiento de un buque con un torpedo desde un submarino estadounidenses desde la II Guerra Mundial. Israel bombardea infraestructura de Hizbulá en Beirut El Ejército israelí informó este jueves de que ha comenzado a bombardear infraestructura del grupo chií libanés Hizbulá en Beirut, según un reporte inicial difundido por las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), que indicaron que los detalles de la operación se darán a conocer más adelante. En paralelo, el Centro de Operaciones de Emergencia en Salud
En el marco de una investigación por un cuantioso hurto de moneda extranjera denunciado a finales de febrero, la División de Investigaciones Complejas de Sáenz Peña llevó adelante este miércoles una serie de allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad. Los procedimientos, ordenados por el Juzgado de Garantías y supervisados por ayudantes fiscales, se ejecutaron en domicilios de los barrios Ramseyer, Sarmiento, Parque Norte, Evita y Yapeyú. El objetivo era localizar una suma importante de dólares y de euros que habían sido sustraídos a un vecino el pasado 26 de febrero. Si bien la búsqueda del dinero arrojó resultados negativos en las fincas registradas, los operativos derivaron en una detención imprevista. Al identificar a los presentes en un domicilio del barrio Yapeyú, el sistema informático policial detectó que una mujer de 41 años contaba con un pedido de captura activo emitido por la justicia de la provincia de Corrientes. La orden de comparendo corresponde a una causa por “Supuesto Abuso Sexual con Acceso Carnal” tramitada ante un Juzgado de Instrucción correntino. Ante esta situación, la mujer fue conducida a Medicina Legal y luego entregada a la guardia de prevención, donde fue notificada de su situación legal a disposición de la magistratura requirente.
En la tarde del miércoles, personal policial logró la aprehensión de una joven de 23 años que se encontraba vinculada a una causa por presuntas lesiones. La demora se concretó tras un operativo de vigilancia en las inmediaciones de la unidad penitenciaria federal ubicada sobre la avenida Las Heras. Según informó la policía, el hecho que dio origen a la investigación se remonta al pasado 9 de enero. Según consta en las actuaciones judiciales, una vecina de 42 años fue abordada en la vía pública, específicamente en el sector de la avenida Combate Vuelta de Obligado al 430, en el Barrio Los Teros. En dicha oportunidad, la ahora detenida habría interceptado a la damnificada bajo la exigencia de dinero, situación que derivó en un altercado donde la víctima resultó con una herida de consideración en su brazo izquierdo, la cual requirió atención médica y sutura en el Hospital Perrando. Tras diversas tareas investigativas para dar con el paradero de la sospechosa, los agentes de la Comisaría Octava, establecieron que la joven frecuentaba la zona de la U7. A las 19:30 de hoy, se montó un dispositivo de seguridad que permitió interceptarla en la vía pública. Conforme a lo dispuesto por la Fiscalía en turno, la mujer fue notificada de su aprehensión e identificación en la causa caratulada como “Supuestas Lesiones”, quedando a disposición de la justicia local.
El fiscal José Agüero Iturbe pidió revocar el cierre de la causa que había dictado la jueza María Eugenia Capuchetti. La decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti de archivar la causa por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por más de 50.000 millones de dólares deberá ser revisada por la Cámara Federal. Esto es así porque el fiscal ante ese tribunal, José Agüero Iturbe, pidió revocarla en respaldo al planteo de su colega de primera instancia, Franco Picardi. Este último sostuvo que la magistrada había hecho una “evaluación parcial, desmembrada, sesgada y superficial de los hechos y las pruebas así como del marco regulatorio” que, evaluó, no se respetó al contraer “una deuda insostenible”, la “más grande de nuestra historia” y del propio organismo de crédito que tuvo como contrapartida un proceso de fuga de capitales. Agüero Iturbe se remitió días atrás a lo que había planteado Picardi y lo hizo propio: “En el escrito impugnatorio se ha detallado acabadamente las conductas desplegadas, la participación de quienes considera responsables en el suceso investigado, como así también las pruebas que considera acreditan los hechos denunciados…”. En el dictamen de 85 páginas que presentó la primera semana de febrero, tres días después de que Capuchetti dio por cerrado el caso, el fiscal de instrucción especificó que entre los imputados no sólo estaba el expresidente Macri sino –entre otros— tres funcionarios del actual Gobierno, que son Luis Caputo, ministro de Economía, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, y Santiago Bausili, presidente del Banco Central. La jueza, el gobierno, la cámara La causa judicial se había iniciado tras el primer acuerdo con el FMI del macrismo, firmado en junio de 2018, y la jueza se tomó todos estos años para decir que era una cuestión “no judiciable” (es decir, una decisión de política económica). En forma genérica, descartó el desvío o apropiación indebida de fondos. En forma sincronizada con el fallo, el Gobierno retiró su querella del caso, que era llevada adelante por la Procuración General del Tesoro, el cuerpo de abogados del Estado. Aunque el expediente se quedó sin esa querella estatal cuenta con el impulso de la fiscalía, que en todos estos años avanzó en la investigación y mostró que el propio Banco Central y los organismos de control (Sindicatura General de la Nación y Auditoría General de la Nación) habían alertado sobre el incumplimiento de las normas administrativas. En ese plano, además de la falta de aprobación por parte del Congreso (algo previsto en el artículo 75 inciso 4 de la Constitución), quedó claro que el trámite interno había sido posterior a la consumación del acuerdo, que no había dictamen de viabilidad del Ministerio de Economía y autorización de jefatura de gabinete para las negociaciones, tampoco informe del BCRA sobre la viabilidad jurídica ni firma del ministerio de Finanzas. La jueza, sin embargo, dijo que no hacía falta la instancia parlamentaria y que bastaba con los pasos administrativos dados. Ahora deberá revisar la causa la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los dos jueces nombrados sin concurso por Macri (Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, trasladados desde un tribunal oral) y un tercero designado por el mismo gobierno, y que sí dio examen, Mariano Llorens. Picardi categórico El fiscal Picardi había cuestionado la decisión de la jueza en duros términos al apelar. Dijo que ella había hecho una “evaluación parcial, desmembrada, sesgada y superficial de los hechos y pruebas, así como del marco regulatorio que rige la materia sobre la que versa el caso y la aplicabilidad de normas imperativas” para dar por terminada la causa. Planteó también que la decisión de Capuchetti fue “prematura”, porque quedan aspectos por profundizar en base a pruebas que ella omitió, y “vulnera el principio acusatorio”, porque omitió parte de la hipótesis criminal planteada por la fiscalía frente a hechos de “una gran relevancia institucional y trascendencia comunitaria”. La fiscalía detalló: *Que el gobierno de Macri contrajo “una deuda estatal insostenible, que sabían de imposible repago, por la suma de 57.100 millones de dólares (USD 57.100.000.000), vulnerando la Constitución Nacional y las leyes nacionales y normas que regulan el funcionamiento de la administración pública nacional y la toma de crédito público”. *La administración de Cambiemos esgrimió “argumentos falsos y engañosos en torno a los objetivos y los usos que se les darían a las divisas solicitadas”. Se destinaron “de manera ruinosa las sumas obtenidas a cuestas del endeudamiento estatal, al financiamiento y profundización del proceso de fuga de capitales, en beneficio de grupos privados concentrados y en perjuicio del erario público”. Los objetivos exhibidos eran “reducir la deuda pública, bajar la inflación a un dígito, restaurar la confianza en el mercado, proteger a los sectores vulnerables, crear puestos de trabajo, disminuir la pobreza y elevar el estándar de vida de la población, entre otros”. Pero las “sumas obtenidas” “no fueron utilizadas para cumplir con estos propósitos” ya que “a través de disposiciones del Ministerio de Hacienda y del BCRA vinculadas a instrumentos de política monetaria y cambiaria, se destinaron a la profundización de transferencias de capitales desde el Estado hacia un sector privado concentrado desde el cual se intensificó la masiva salida de divisas fuera del circuito financiero nacional”. *Todo esto incluiría, dijo Picardi, posibles “beneficios económicos indebidos para sí y/o para terceros” o “la provisión de información privilegiada en franca incompatibilidad con sus deberes funcionales”. Se habría administrado “de manera discrecional y/o fraudulenta parte de las divisas obtenidas, imposibilitando su control transparente y su trazabilidad”. *“Como producto de este esquema defraudatorio, la República Argentina quedó posicionada como el principal deudor mundial ante el FMI, ya que la deuda tomada no solo fue la más grande de nuestra historia nacional, sino también del propio organismo internacional”, dice el dictamen. Recuerda que el primer préstamo acordado fue de 50.000 millones a ser pagados en 36 meses y cuatro meses después el FMI aprobó una ampliación de 7.100 millones de dólares. El monto total “superaba las reservas disponibles en el país” por entonces. Picardi
Los querellantes quieren acceder a los anexos reservados del informe de Datip con el contenido de los celulares de Novelli y Morales, dos de los imputados. La defensa busca evitarlo y que se respete la privacidad del imputado. El peritaje del contenido de los dispositivos secuestrados a Mauricio Novelli y a Sergio Morales, dos de los imputados en el caso $Libra, despertó una puja entre la querella y la defensa en el marco del expediente por presunta estafa y otros delitos. Es que hasta el momento sólo se conoció un informe general acerca de ese contenido y se supo que en los anexos que están reservados habría información sobre el acuerdo confidencial que aparentemente firmaron el presidente Javier Milei y el desarrollador del token Hayden Davis. Frente a eso, uno de los abogados defensores pidió que la información se mantenga en secreto hasta ser analizada, mientras que los particulares damnificados presentaron sus pedidos para acceder al material. La disputa entre querella y defensa surgió luego de que la Fiscalía incorporó al expediente un resumen del análisis realizado por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip). Ese informe analizó el contenido de los celulares y otros dispositivos secuestrados a Novelli y Morales a partir de una serie de parámetros fijados por el fiscal Eduardo Taiano y respaldados por el juez Marcelo Martínez De Giorgi. Entre otras cosas, se ordenó buscar eventuales intercambios con el presidente, su hermana Karina Milei y otros imputados en la causa. En uno de los puntos se había dejado en claro que la búsqueda de información debía excluir toda conversación o contacto que Novelli y Morales pudieran haber tenido con sus abogados defensores. También se había dejado en claro que los parámetros de búsqueda apuntaban estrictamente al objeto procesal del caso. Así y todo, para la defensa de Novelli la información recolectada por Datip y que está en poder de la Fiscalía en anexos reservados que las partes aún no pudieron ver tiene que seguir bajo reserva. Por medio de un escrito al que accedió Tiempo, el abogado defensor Daniel Ruvinovich pidió que eso sea así hasta tanto se resuelva su pertinencia y “balance con los derechos de las personas involucradas”. La defensa pretende que antes de que se carguen al expediente judicial los mencionados anexos haya un control judicial de “pertinencia, proporcionalidad y necesidad”. Eso para que se determine qué documentos o registros deben incorporarse por estar vinculados al objeto de la investigación y cuáles deben permanecer fuera del expediente por no estarlo. El objetivo del pedido es “evitar una injustificada injerencia en la intimidad de mi representado y de terceras personas”. El defensor también señaló que hay riesgo de que “la vida privada de las personas se exponga de manera indebida e injustificada”. Para Rubinovich, “no puede soslayarse que el interés público que rodea estas actuaciones incrementa el riesgo de que información completamente irrelevante para el objeto procesal sea replicada fuera del expediente”. Del informe general que trascendió hasta el momento y que pudieron ver las partes surge, para la defensa, “la existencia de una gran cantidad de información que carece de todo vínculo con las actuaciones”. Define Taiano En la vereda del frente, los querellantes quieren acceder al material. Principalmente porque por primera vez habrían surgido en la causa elementos relacionados con el acuerdo confidencial que habrían firmado Milei y Hayden Davis, desarrollador del token promocionado por el presidente el 14 de febrero del año pasado. Vale recordar que el presidente es el principal imputado pero no el único. La Justicia investiga una presunta estafa en torno al token que tras la difusión presidencial tuvo un salto en su valor desde centavos de dólar hasta cerca de u$s 5, para desplomarse a los pocos minutos. En ese lapso quedó un tendal de inversores con grandes pérdidas. Frente al pedido de las querellas por acceder al material que hasta ahora permanece reservado y las intenciones de la defensa de Novelli de que siga así al menos hasta que se revise y únicamente se de a conocer la información relevante para la causa, ahora la pelota la tiene el fiscal. De acuerdo al informe general elaborado por Datip, en los dispositivos se encontraron intercambios previos al lanzamiento de $Libra entre Novelli y los hermanos Milei. Se supo de la existencia de varios mensajes que fueron borrados y hasta un tablero de control en el que aparece el token. De acuerdo a lo que pudo saber Tiempo, Taiano tiene que evaluar todos los planteos y definir qué postura tomará respecto de esa información y la posibilidad de que sea cargada al expediente. Tiempo Argentino
El instructor canino Marcos Herrero, quien participó en el contexto de los rastrillajes en la investigación por la muerte y desaparición de Facundo Astudillo Castro, continuará detenido tras la ratificación de la pena de siete años de prisión, acusado de adulterar pruebas. La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el jueves pasado la condena a 7 años de prisión contra el instructor de perros Marcos Herrero, por haber plantado evidencia y cometido falso testimonio para perjudicar a policías en el marco de la causa por la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años visto por última vez el 30 de abril de 2020 en la localidad bonaerense Pedro Luro hasta que su cuerpo apareció esqueletizado casi cuatro meses después, en un cangrejal del estuario de Bahía Blanca. En representación del Ministerio Público Fiscal, en el juicio intervino el fiscal general ante el TOF bahiense, Gabriel González Da Silva y, en la instancia de casación, el fiscal general Raúl Omar Pleé. De esta manera, los jueces Carlos Alberto Mahiques, Juan Carlos Gemignani y Diego Barroetaveña rechazaron, por mayoría, el recurso de casación interpuesto por la defensa de Herrero, quien había aludido que las declaraciones vertidas por su defendido no eran falsas, sino “interpretaciones técnicas basadas en su experiencia profesional”. En ese sentido, la defensa expuso que el Tribunal Oral Federal (TOF) bahiense, integrado de forma unipersonal por el juez Ernesto Sebastián, “desatendió tales planteos y fundó su decisión en presunciones arbitrarias, violando principios esenciales del proceso penal acusatorio, a saber: principios de culpabilidad, legalidad y de derecho penal de acto”. El fallo de Casación Al respecto, el camarista Gemignani indicó que el cúmulo probatorio “impone la conclusión de que Herrero faltó a la verdad para la cual fue convocado, que es la verdad científica, comprobable por las reglas de la ciencia y la técnica”. “Sus postulados deben considerarse carentes de verificabilidad, imprecisos, frágiles y dogmáticos, sin que se haya podido corroborar —ni siquiera mínimamente— su contenido”, agregó el camarista. Asimismo, sostuvo que “la conducta del imputado revela una clara voluntad de falsear la realidad, construyendo deliberadamente una narrativa basada en un supuesto método propio, que carece de todo sustento científico y no se enmarca en ningún estándar reconocido por la disciplina”. “Sus afirmaciones, desprovistas de validez técnica y sin posibilidad de verificación, devienen en aseveraciones falaces e insostenibles, sin correlato en la realidad fáctica del caso, lo que permite concluir, con el grado de certeza requerido, que su conducta estuvo guiada por una intención consciente de engañar, plenamente compatible con el elemento subjetivo exigido por el tipo penal atribuido”, añadió Gemignani. A su vez, señaló que “según Herrero, sus perros (superpoderosos) podían hacer todo indistintamente pero sin límite de tiempo preestablecido, es decir, transgrediendo todo límite temporal de vigencia o entidad del rastro”. Sobre ello, afirmó que el condenado “intentó fundar en supuestos de excepción que menciona la doctrina extranjera, llegando al extremo de ilustrarnos con los perros arqueológicos que hacen hallazgos a miles de años de distancia”. “Este dislate argumental carente de contenido, seriedad y conexión con lo debatido en el legajo deja aislado de verificación cualquier propósito que afirme Herrero”, subrayó el juez y agregó: “No por incomprensión como alega sino por falta de rigor científico de sus apreciaciones las que se desvanecen cuando se las confronta con la verdad empírica que se extrae de las restantes evidencias que se colectaron en el expediente, tales como pruebas de laboratorio, pruebas de ADN, actuación de los restantes peritos, declaraciones de los distintos testigos idóneos en la materia”. Por su parte, el juez Barroetaveña coincidió con los fundamentos expuestos en el voto de su colega, mientras que Mahiques, si bien coincidió con la condena, consideró que el tribunal tendría que haber ponderado mejor las circunstancias atenuantes y pidió revisar el monto de la pena impuesta al condenado por esa circunstancia. Caso y condena El 22 de abril del año pasado, el TOF de Bahía Blanca le impuso a Herrero una pena de 7 años de prisión e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo de la condena -14 años- como autor penalmente responsable del delito de falso testimonio reiterado en siete oportunidades y agravado por haber sido cometido en causa criminal contra los investigados. En aquel pronunciamiento, se le fijó una pena única de 7 años y 8 meses de prisión al unificarla con otra condena dictada en el fuero penal provincial de Mendoza, donde había sido sentenciado a 8 meses de prisión de ejecución condicional por el delito de encubrimiento simple. La condena responde a siete intervenciones irregulares que tuvo el perito en aquella investigación y que perjudicaron a policías por entonces imputados, ya que con sus perros afirmaba haber detectado el rastro de olor de Astudillo Castro en móviles policiales y en un calabozo del Puesto de Vigilancia de Teniente Origone de la policía bonaerense, donde el condenado fue acusado de haber “plantado” un amuleto que le pertenecía al joven desaparecido. Astudillo Castro, de 22 años, desapareció el 30 de abril de 2020 hasta que su cuerpo apareció esqueletizado en el cangrejal del estuario de Bahía Blanca el 15 de agosto siguiente. Según la autopsia, la causa de muerte fue una asfixia por sumersión. De acuerdo a lo reconstruido en el juicio oral, Facundo salió a dedo desde la localidad de Pedro Luro hacia la ciudad de Bahía Blanca -debía recorrer unos 120 kilómetros- para visitar a su exnovia, en el contexto en el que regía el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional como medida sanitaria frente a la pandemia de COVID-19. La norma prohibía la circulación en la vía pública, salvo al personal denominado “esencial”, y establecía la intervención de las fuerzas de seguridad para que hicieran cesar la acción de quien la violara. El joven había pasado la noche del 29 de abril en la casa de un amigo y en la mañana del 30, a las 5, inició el viaje
El titular de la UFI-AMIA, el fiscal federal Sebastián Basso, también solicitó el procesamiento de diez iraníes y libaneses en el marco de la misma causa. El fiscal federal Sebastián Basso, a cargo de la UFI AMIA, pidió el procesamiento de diez ciudadanos iraníes y libaneses acusados por el atentado contra la sede de la mutual judía, ocurrido el 18 de julio de 1994, y reclamó además la captura internacional de un nuevo sospechoso: Alí Asghar Hejazi, señalado como uno de los jerarcas del régimen iraní presuntamente involucrados en la planificación del ataque. La presentación fue realizada este miércoles mediante una serie de dictámenes ya remitidos al Juzgado Federal N°6, subrogado por el juez Daniel Rafecas, y constituye un nuevo avance en la investigación del atentado que dejó 85 muertos y más de 140 heridos. Según sostuvo la fiscalía, Hejazi habría tenido un rol central en la ejecución del plan criminal. De acuerdo con la reconstrucción del Ministerio Público, integraba el denominado Comité Vijeh, un organismo estatal en el que se habría reunido información, analizado el objetivo y elaborado la propuesta operativa para concretar el ataque contra la AMIA. Basso también solicitó que se lo impute formalmente, se ordene su captura internacional y se lo declare en rebeldía. La acusación tomó impulso luego de las declaraciones prestadas en Francia por cuatro iraníes disidentes, quienes aportaron información considerada relevante por la fiscalía para profundizar la imputación sobre el nuevo acusado, según supo la Agencia Noticias Argentinas. En paralelo, Basso requirió el procesamiento de los mismos diez acusados sobre los que Rafecas ya había habilitado el juicio en ausencia, ya que todos permanecen prófugos y cuentan con alertas rojas de Interpol desde 2006. Entre ellos figuran Alí Fallahian, ex ministro de Inteligencia; Alí Akbar Velayati, ex canciller; Mohsen Rezai, ex jefe de la Guardia Revolucionaria; y Ahmad Vahidi, vinculado a la fuerza Al Quds. Para la fiscalía, varios de esos ex funcionarios integraron el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, ámbito en el que se habría aprobado la realización del atentado durante una reunión reservada celebrada en agosto de 1993. También fueron incluidos en el pedido de procesamiento ex diplomáticos iraníes que se desempeñaron en Buenos Aires, como Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani y Ahmad Reza Asghari, a quienes la investigación les atribuye haber formado parte de una estructura de inteligencia encubierta que reunió información sobre el objetivo y brindó apoyo logístico a los ejecutores. La nómina se completa con integrantes de Hezbolá, entre ellos Salman Raouf Salman, sindicado como responsable de coordinar en la Argentina la fase final del atentado; su hermano Abdallah Salman, acusado de manejar fondos para financiar la operación; y Hussein Mounir Mouzannar, señalado por haber aportado documentación falsa para facilitar movimientos operativos. En un dictamen de 201 páginas, Basso sostuvo que los acusados deben responder, en calidad de autores o partícipes, por los delitos de homicidio calificado agravado por odio racial o religioso, lesiones de distinta gravedad y daños, además de integración o colaboración con una organización armada con fines discriminatorios. El fiscal afirmó que la investigación permitió consolidar la hipótesis de que la decisión, el financiamiento y la cobertura política del atentado surgieron desde las más altas esferas del régimen iraní, mientras que la ejecución material fue llevada adelante por la estructura operativa de Hezbolá. Como medida cautelar, el representante del Ministerio Público también solicitó actualizar los embargos preventivos sobre los bienes atribuidos a los acusados, por una suma que supera los 741 mil millones de pesos. Además, propuso utilizar canales diplomáticos y redes oficiales para notificar a los prófugos sobre las resoluciones judiciales. El planteo se produce en una etapa clave del expediente, ya que el avance de estas medidas resulta necesario para encaminar la causa hacia un debate oral y público bajo la modalidad de juicio en ausencia, mecanismo incorporado por la Ley 27.784. Esa norma fue cuestionada por la defensa oficial de los acusados, que planteó su inconstitucionalidad ante la Cámara Federal de Casación Penal. El planteo ya fue rechazado tanto por Rafecas como por la Cámara Federal porteña, y ahora deberá resolver la Sala II del máximo tribunal penal.
Una mujer de 42 años fue aprehendida durante el procedimiento realizado en el barrio Belgrano. Efectivos de la Dirección General de Consumos Problemáticos, a través de la División Microtráfico Interior, llevaron adelante un allanamiento en un domicilio del barrio Belgrano de Presidencia Roque Sáenz Peña, en el marco de una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes y Narcomenudeo. Durante el procedimiento secuestraron 11,8 gramos de cocaína y 33,7 gramos de marihuana, fraccionadas en distintos envoltorios, además de elementos utilizados para el corte y distribución, un teléfono celular y 56.100 pesos en efectivo. Asimismo, incautaron un revólver calibre 22 largo con 42 proyectiles sin percutar. La principal investigada fue aprehendida y quedó a disposición de la Justicia.
El tratado pasó la Cámara Alta gracias al voto unánime de sus miembros. El presidente de la instancia aseguró que los legisladores actuaron en beneficio del país al respaldar el pacto. El Senado de Brasil ratificó este miércoles (04.03.2026) el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, tras el reciente visto bueno de la Cámara Baja al pacto que creará el mayor mercado común del mundo. Con esto, solo resta la aprobación del parlamento paraguayo para que sea ratificado por todos los países fundadores del bloque sudamericano (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay). Brasil, el mayor productor mundial de café, carne y soja, entre otros alimentos, y la mayor potencia económica de Sudamérica, fue uno de los mayores promotores del acuerdo. El Senado lo ratificó por “unanimidad”, anunció su presidente, Davi Alcolumbre, quien valoró que los legisladores actuaran en beneficio de la sociedad al aprobar el acuerdo. La Cámara Baja ya había dado su visto bueno la semana pasada. La Unión Europea anunció el pasado viernes que aplicará provisionalmente el tratado, a la espera de un fallo del máximo tribunal europeo sobre su legalidad. Negociado durante 25 años y firmado en enero, el acuerdo está a punto de crear un mercado común de unos 700 millones de habitantes. Sin embargo, genera resistencia entre agricultores y ganaderos europeos, en especial en Francia. “Más vigente y necesario” Los congresos de Argentina y Uruguay ya ratificaron con amplias mayorías el acuerdo, y en el Poder Legislativo paraguayo su aprobación es inminente. El pacto eliminará gradualmente aranceles a más del 90 por ciento del comercio entre los 27 estados de la UE y los fundadores del Mercosur. Ambos bloques reúnen el 30 por ciento del Producto Interno Bruto mundial. El tratado entrará en vigor dos meses después de que la Unión Europea notifique formalmente a los países del Mercosur su decisión de aplicar provisionalmente el tratado, que fue firmado en Paraguay a comienzos de este año. El pacto es defendido en Sudamérica y Europa como una herramienta para contrarrestar la agresiva política arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump. “El mundo actual es más fragmentado, más escéptico y más proteccionista. Eso hace que el acuerdo con nuestros socios europeos sea aún más vigente y aún más necesario”, afirmó durante el debate en el Parlamento brasileño la senadora Tereza Cristina. DW/AFP/DPA
El propietario de la yerbatera Hoja Verde, Omar Kassab, informó que la ruta marítima a los países árabes está suspendida por la guerra hasta nuevo aviso y no existen otras alternativas de mercados para el producto argentino. La yerba mate argentina tiene a Siria como principal importador y desde allí el producto se distribuye a otros países árabes El principal mercado para la yerba mate argentina quedó aislado por la guerra entre EE.UU. Israel e Irán a partir del martes. Así lo informó Omar Kassab, propietario de la yerbatera Hoja Verde de capitales sirios que es la principal exportadora desde Andresito Misiones hacia Siria y Oriente Medio. En diálogo con El Territorio, detalló que la situación es inédita y sólo les queda esperar que el conflicto finalice para poder volver a preparar envíos. “Esto es bastante nuevo, a nosotros nos avisaron el martes a través de nuestro despachante. Las empresas marítimas comunicaron que se frenaron todas las reservas para envíos y cargas (a Oriente Medio). Y fue porque las rutas por mar se volvieron muy peligrosas”, explicó el empresario. Remarcó que esperan con ansias que el conflicto pueda resolverse lo más pronto posible. “Ojalá Dios quiera que todo se solucione lo más pronto posible. Lamentablemente habíamos enviado un embarque que estaría llegando a Europa y ahora quedará parado hasta que se abran las rutas”, comentó. Recordó que incluso años atrás, a pesar de la guerra civil en Siria, se hacían envíos a ese país. “Cuando hubo guerra en Siria, nosotros enviamos yerba mate. Nunca se frenaron los envíos. Pero también vendíamos a Turquía, Líbano, a otros países que habían recibido a refugiados sirios. Ahora lo diferente es que se cerró la ruta a Oriente Medio y se están amenazando a barcos de petróleo que no pueden salir, también a barcos de guerra que están ahí en el Golfo Pérsico. Es una situación compleja”, detalló. Y enfatizó: “Ya todo lo que es el comercio entre Oriente Medio y Europa se frenó todo, tanto salidas como entradas”. Yerba a granel Kassab recordó que los envíos de yerba que se realizan salen de Misiones, mayormente en bolsas a granel para envasarse en los países de consumo. “Enviamos la yerba en bolsas a granel y también en paquetes para otros países. A Turquía por ejemplo mandamos la yerba en paquetes”. Detalló que el producto en general es la yerba tradicional que consumen los argentinos, pero con estrictas condiciones de maduración y manipulación. “Es una yerba tradicional, tiene una calidad muy cuidada, un secado y estacionamiento natural. Tiene características controladas en base a los gustos de los consumidores en Siria”, explicó. Un destino único El empresario también explicó que sin poder hacer los envíos a Medio Oriente, no hay opciones de dirigir las exportaciones hacia otros países. “Lamentablemente no hay opciones de venta. Si no se frena el tema de la guerra, yo creo que va a ser muy difícil poder ubicar la yerba mate. Esperamos que en los próximos días, si se calman los ánimos, podremos enviar un poco de yerba a Turquía y desde ahí ya se puede llegar a Siria. Yo creo que por precaución las empresas marítimas prefirieron no moverse porque está todo muy raro en la zona”. Enfatizó finalmente que están rezando para que la guerra finalice. “Ojalá esto termine lo más rápido posible porque la guerra no sirve para nadie, ni para nada”. El Territorrio
En el marco de las políticas de fortalecimiento del empleo formal, el ministro de gobierno, Julio Ferro, junto a la subsecretaria de Trabajo, Noel Ibarra, acompañaron a la empresa familiar Supermercados El Arriero, que continúa apostando al crecimiento y al desarrollo productivo en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña. El ministro Ferro destacó la incorporación de 12 nuevos trabajadores en las distintas sucursales de la firma, concretada a través del programa provincial Impulsar Chaco. La iniciativa tiene como objetivo promover la inserción laboral formal y acompañar al sector privado. En ese contexto, el ministro valoró el compromiso del sector privado con la generación de empleo y señaló: “Este programa busca acompañar a las empresas que invierten y generan oportunidades. Para nosotros es fundamental trabajar junto al sector comercial y productivo para que más chaqueños puedan acceder a un empleo formal”. Asimismo, agregó: “Cuando una empresa local crece y decide incorporar trabajadores, el Estado tiene que estar presente para acompañar ese proceso, Impulsar Chaco es una herramienta concreta que fortalece el desarrollo económico y el trabajo registrado en toda la provincia”. La cadena de supermercados es encabezada por Felipe Kohn, quien junto a su familia impulsa el funcionamiento y la expansión de los supermercados mayoristas y minoristas, consolidando a la empresa como una firma chaqueña que invierte, crece y genera oportunidades laborales en la región. Desde el Gobierno provincial remarcaron que el Impulsar Chaco seguirá fortaleciendo el entramado productivo y comercial, brindando herramientas concretas para que más empresas puedan ampliar sus equipos de trabajo y sostener el empleo registrado. Asimismo, destacaron la importancia de que más comercios y pymes se sumen a estas políticas públicas, que promueven la generación de empleo local y contribuyen al desarrollo económico en toda la provincia.