La Legislatura provincial aprobó en la sesión extraordinaria el cobro de multas para ciudadanos involucrados en el taponamiento de desagües pluviales que forman parte del sistema hídrico y del plan provincial para prevenir inundaciones frente a la amenaza de El Niño. Lo hizo a partir del tratamiento del proyecto 2011/16 que establece procedimientos administrativos y técnicos en materia contravencional hídrica en la Ley 555-R del Código de Aguas y su decreto reglamentario. Al justificar su tratamiento en extraordinaria, el jefe de la bancada Chaco Puede, Iván Gyoker, explicó: “Estamos en la antesala del fenómeno de El Niño y se espera que ya para octubre las precipitaciones aumenten en hasta un 50%. Hay muchas acciones que se están llevando a cabo. Y hemos puesto en este temario, como segundo punto, para poder dar más ejecutividad, el cobro de multas a quienes perturban o tapan desagües que puedan servir para el plan hídrico que hay en nuestra provincia para afrontar el fenómeno”. Recordó que como la próxima sesión ordinaria se realizará el 16 de septiembre se requiere de esta ley para poder ponerla en vigencia y en “pleno funcionamiento” para comienzos de octubre. Obró de miembro informante la diputada radical Susana Maggio y aseguró que la contravención hídrica “es una ley solicitada por la ciudadanía y por los intendentes de distintos colores políticos. El proyecto agiliza los procedimientos administrativos y técnicos en materia de contravención hídrica”. Explicó que las multas serán aplicadas de manera excepcional a quienes obstruyan o desvíen los escurrimientos naturales de agua y que puedan afectar la seguridad pública. El organismo de aplicación será el APA. “Una vez constatada la infracción se notificará y se intimará a 24 horas lo que dará una ligereza para que los infractores puedan hacer el acto de reparación en ese tiempo y evitar el riesgo con respecto ala seguridad público o bienes materiales de terceros”. En caso de no poder realizar el “acto correctivo” deberá asumir los costos que la APA necesite para hacerlo, además de las multas especificadas en la ley. Será parte de un registro de infractores de la APA que lo dejará inhabilitado para cualquier beneficio, subsidio o programa del gobierno de la provincia del Chaco hasta regularizar la situación y pagar la deuda.
Autor: Redacción General
El periodista tiene un problema con el rating de LN+ y, aparentemente, encontró un culpable conveniente: IBOPE. Mientras la señal viene dando números bastante lamentables, el periodista salió a cuestionar las mediciones y pidió revisar qué está pasando. Pero, ¿realmente falla IBOPE o es que LN+ tiene un serio problema bastante más grande? LN+ se hunde en el rating y los números ya no se pueden tapar Los números de LN+ son realmente malos y, más allá de cualquier metodología, la tendencia viene repitiéndose desde hace meses. En febrero de 2026 la señal registró apenas 0,76 puntos de rating, muy lejos de los 2 puntos que supo disputar en sus mejores épocas y por debajo de todos sus principales competidores. En mayo, la situación tampoco mejoró: LN+ quedó en 0,86 puntos, mientras TN alcanzó 2,27, C5N 1,86, A24 1,38 y Crónica TV 1 punto. Y junio directamente volvió a mostrar el problema de fondo: 0,77 puntos y quinto lugar. TN lideró con 2,15, seguido por C5N con 1,79, A24 con 1,44 y Crónica con 1,05. Es decir, LN+ terminó mirando desde abajo a todas esas señales. La cosa se pone peor si lo contrastamos con años anteriores. En 2023, LN+ había promediado alrededor de 1,88 puntos anuales y durante sus mejores momentos llegó a moverse cerca de los 2,3. Ahora está prácticamente en un tercio de aquel nivel.Urgente24 ya había advertido sobre este derrumbe en distintas oportunidades, en LN+ se va a pique: el portazo que confirma su derrumbe y La caída del rating de LN+ y el fracaso del periodismo oficialista. Cuando un canal pasa de pelear arriba a quedar quinto varios meses seguidos, el problema claramente no es estadístico. “Es inexplicable”: Luis Majul prefiere matar al mensajero por el rating de LN+ En medio de este panorama apareció Luis Majul con un planteo que rápidamente generó repercusión. El conductor aseguró públicamente que IBOPE podría estar teniendo algún error técnico con la señal de LN+ y pidió revisar las mediciones. “Hace un buen tiempo, no estoy hablando de mí, ni de mi programa en particular, que IBOPE debe tener algún error técnico con respecto a la señal de La Nación Más”, afirmó. Después insistió: “Hay mecanismos para hacer una auditoría conjunta con las señales, con los canales que pagan el servicio de IBOPE y ellos lo ofrecen”. Y remató: “Revisen técnicamente porque hay cosas que no se explican mucho, son inexplicables”. Majul aclaró que había transmitido el planteo “respetuosamente” y “cariñosamente”, pero si los números no cierran, para él, la culpa la tiene la medidora. Si IBOPE realmente estuviera fallando específicamente con LN+, ¿cómo se explica que el canal venga acumulando meses de números flojos, cambios de programación y pérdida de posiciones frente a sus competidores? Incluso Urgente24 registró episodios puntuales todavía más duros, como un momento en el que LN+ quedó último entre varias señales informativas. Y en redes sociales la respuesta fue todavía menos diplomática. Algunos comentarios fueron directamente demoledores: “Nunca escuché a un ganador cuestionar…”, “En lugar de acusar a IBOPE mejor haga autocrítica”, “A Majul no lo mira nadie y dice que la culpa es de IBOPE JASKJKA, la gente esta HARTA de ver como le chupan el orto al demente de Milei, eso es lo que pasa”, fueron algunos de ellos. LN+ viene intentando modificar su grilla y sumar propuestas para recuperar a sus espectadores; incluso lanzó nuevos programas con Roberto Funes Ugarte y Cecilia Insinga como parte de esa estrategia. El televidente, mientras tanto, cambia de canal, y eso es lo que muestran las mediciones. Si mañana aparece una auditoría y demuestra que la medidora tiene algún problema, habrá que corregirlo. Pero si la medición es correcta, queda algo menos cómodo por hacer: preguntarse por qué tanta gente dejó de elegir LN+. urgente24.com
La secretaria general de ADIUNNE, Marina Stein, cuestionó la oferta del 3% realizada por el Gobierno nacional y denunció el incumplimiento de compromisos presupuestarios y judiciales. Los gremios universitarios realizan un paro de 24 horas y volverán a discutir nuevas medidas de fuerza. La paritaria universitaria volvió a fracasar el martes luego de que el Gobierno nacional ofreciera un aumento salarial del 3%, una propuesta que fue rechazada por los representantes gremiales y calificada como insuficiente frente a la pérdida acumulada del poder adquisitivo de los trabajadores del sector. En declaraciones a CIUDAD TV, la secretaria general de Asociación de Docentes e Investigadores de la UNNE (ADIUNNE), Marina Stein, cuestionó los resultados de la negociación y aseguró que el Gobierno nacional mantiene incumplimientos tanto en materia salarial como presupuestaria. Según explicó, el conflicto se remonta al acta compromiso firmada el 10 de junio, en la que el Gobierno se había comprometido a avanzar en la recomposición salarial, el financiamiento de los gastos de funcionamiento de las universidades y los hospitales universitarios. “Lamentablemente, se adelantó la convocatoria a la paritaria que estaba prevista en ese acta compromiso, pero no se cumplieron los puntos relacionados con el aumento presupuestario ni con los hospitales universitarios”, sostuvo Stein. La dirigente afirmó además que los trabajadores universitarios acumulan una deuda salarial del 31,5%, teniendo en cuenta que en julio y agosto no percibieron aumentos. De acuerdo con los números expuestos por la secretaria general de ADIUNNE, desde fines de 2023 la inflación acumulada alcanzó el 320%, mientras que los incrementos salariales otorgados al sector fueron del 220%. “La brecha entre la inflación acumulada y los aumentos salariales es del 100%. Si tenemos en cuenta el último aumento del 21,3%, seguimos teniendo una pérdida del poder adquisitivo superior al 25% y una deuda equivalente a cuatro salarios y medio”, sostuvo. Paro y ¿nueva marcha federal? Tras el fracaso de la negociación, los gremios universitarios realizan este miércoles un paro de 24 horas en rechazo a la propuesta salarial. Stein calificó la oferta del 3% como insuficiente y señaló que los representantes sindicales nacionales cuestionaron también la actitud del Gobierno durante la reunión paritaria. “El Frente Sindical Universitario lo consideró prácticamente una provocación. Ese 3% no cubre absolutamente nada de lo que se nos adeuda”, afirmó. Frente a la falta de acuerdo, el sector volverá a discutir cómo continuará el plan de lucha. Entre las alternativas aparece nuevamente la posibilidad de convocar a una Marcha Federal Universitaria. La dirigente recordó que las movilizaciones realizadas en los últimos años permitieron obtener distintas respuestas a los reclamos del sistema universitario. Según enumeró, tras la primera Marcha Federal se consiguió una actualización de los fondos destinados a gastos de funcionamiento; luego se avanzó en la garantía salarial y, posteriormente, en la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario. La última gran movilización, agregó, estuvo vinculada al acuerdo que permitió el aumento salarial del 21,3%. “Las marchas federales no solamente han dado resultado, sino que son una de las medidas más solicitadas y apoyadas por los trabajadores y trabajadoras y también por los estudiantes”, sostuvo Stein. Financiamiento Otro de los puntos cuestionados por ADIUNNE es el incumplimiento de las obligaciones vinculadas con el financiamiento universitario. Stein señaló que el juez a cargo de una causa relacionada con la Ley de Financiamiento Universitario intimó recientemente al Gobierno nacional a presentar, en un plazo de tres días, un informe sobre el cumplimiento de una medida cautelar dictada en relación con esa norma. Según planteó la dirigente sindical, el Gobierno continúa sin cumplir las disposiciones judiciales vinculadas con el financiamiento del sistema universitario. La situación, sostuvo, se suma a los reclamos salariales y al ajuste sobre el funcionamiento de las universidades nacionales y sus hospitales. Pérdida de científicos y trabajadores La secretaria general de ADIUNNE también advirtió sobre las consecuencias del ajuste sobre el sistema científico y tecnológico y, especialmente, sobre la pérdida de recursos humanos. “Lo que más nos duele a quienes trabajamos en ciencia, técnica y universidades es la pérdida de recursos humanos, que hoy están renunciando o quedándose sin trabajo”, afirmó. En ese sentido, señaló que muchos investigadores que terminan sus becas postdoctorales no consiguen ingresar a organismos científicos debido a la reducción de las plazas y deben buscar otros empleos para subsistir. “Es recurso humano formado durante más de diez años que hoy tiene que buscar otro trabajo. Muchos siguen vinculados a nuestros laboratorios y grupos porque quieren continuar aportando, pero lo hacen de manera gratuita”, señaló. La problemática, agregó, también alcanza a trabajadores no docentes que, ante la pérdida del poder adquisitivo, recurren a microemprendimientos y otras actividades para complementar sus ingresos. Para Stein, el conflicto universitario no responde únicamente a una cuestión presupuestaria sino a una definición política sobre el rol de la educación superior pública. “La universidad forma profesionales para nuestras regiones y para nuestro país y genera conocimiento. Y el conocimiento también es soberanía”, concluyó.
Se trata de los mismos imputados que en junio pasado habían sido detenidos en Venado Tuerto por ejercicio ilegal de la medicina y suministro de fentanilo y morfina. Ahora se les atribuyen maniobras defraudatorias contra PAMI por más de 50 mil prácticas cardiológicas que no habrían realizado. También se les imputa el lavado de activos mediante la presentación de documentación apócrifa y el uso de una sociedad sin actividad comercial para adquirir una propiedad. La Unidad Fiscal Rosario, representada por los fiscales federales coadyuvantes María Virginia Sosa y Andrés Montefeltro, con la colaboración de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito de actuación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y su Programa de Atención Médica Integral (UFI-PAMI), que encabeza el fiscal federal Santiago Marquevich, formalizó la imputación contra un médico cardiólogo y un licenciado en enfermería, acusados de defraudar al INSSJP-PAMI mediante la facturación de prestaciones médicas que jamás realizaron. Se trata del médico cardiólogo M.G.A. y el licenciado en enfermería M.A.P., las mismas personas que en junio pasado habían sido detenidas e imputadas por la Sede Fiscal Descentralizada Venado Tuerto por ejercicio ilegal de la medicina y suministro ilegal de fentanilo y morfina. Esa investigación se inició como un desprendimiento de la pesquisa por las presuntas maniobras defraudatorias contra PAMI que ahora fueron formalizadas en Rosario. En la audiencia de formalización, celebrada el 26 de agosto pasado, el juez federal de Garantías Carlos Alberto Vera Barros confirmó el plazo de investigación de seis meses solicitado por la fiscalía, hasta el 25 de febrero de 2027, a la espera de una serie de peritajes sobre dispositivos móviles y computadoras incautadas. Además, en línea con lo planteado por los representantes del MPF, dispuso como medidas de coerción el sometimiento periódico al proceso y la prohibición de salida del país. Según publicó el sitio Fiscales, La investigación comenzó a partir de una denuncia formulada en abril pasado por la UFI-PAMI, a raíz de una investigación preliminar que daba cuenta de las maniobras desarrolladas por los acusados. Así, a través del sistema CUP del PAMI, el cardiólogo informó que, entre octubre de 2023 y octubre de 2024, había realizado 36.085 prácticas médicas —entre ellas, ecocardiogramas, ergometrías y monitoreos ambulatorios (estudios Holter)— a nombre de 4.982 afiliados. Por esas prestaciones, la obra social le abonó 579.943.598,88 pesos. Luego, entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, el médico informó otras 14.546 prácticas supuestamente realizadas a 2.275 afiliados, por las cuales el organismo debería haber pagado 147.974.775,68 pesos. Sin embargo, ese monto no fue abonado al advertirse determinadas irregularidades. Las evidencias recabadas por el área de Criminalidad Económica, Trata y otros Delitos Complejos de la Unidad Fiscal, a cargo de la fiscal Soledad García, incluyeron el testimonio de los afiliados, que residen en distintas provincias del país y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes negaron haberse atendido con el médico, a lo que se suma la imposibilidad fáctica de haber podido realizar la cantidad de prácticas facturadas —para las cuales los acusados se valieron de los datos personales de afiliadas/os de todo el país— y el cruce con las bases de datos migratorias que demostraron que, al momento de la realización de esos estudios, el cardiólogo no se encontraba en el país. Según expuso la fiscalía, también se determinó que, en junio de 2024, los acusados compraron una vivienda. Para ello, habrían presentado ante la escribana que intervino en la operación, documentación apócrifa y lo hicieron a través de una sociedad sin actividad comercial real, constituida por ambos, como pantalla para dar apariencia de legalidad a los fondos. En la audiencia, los representantes del MPF encuadraron sus conductas como defraudación en perjuicio de la Administración Pública —consumada y en grado de tentativa— y lavado de activos. El antecedente: suministro de fentanilo y morfina y ejercicio ilegal de la profesión Esta denuncia por presunta defraudación contra PAMI es la que derivó en que las dos mismas personas fueran detenidas en junio pasado, en el marco de una investigación de la Sede Fiscal Descentralizada Venado Tuerto. Tras allanamientos realizados en domicilios de las localidades de Acebal y Wheelwright, se encontraron elementos que indicaban que tenían montado un consultorio médico sin habilitación. Entre otros elementos, se secuestraron 243 ampollas de fentanilo ya utilizadas y 50 ampollas de clorhidrato de morfina, además de insumos y elementos para prácticas médicas. Al formalizar la investigación, la Sede Fiscal Descentralizada Venado Tuerto les atribuyó los hechos al médico M.G.A. y al enfermero M.A.P. y los calificó como suministro ilegal de estupefacientes fuera de los casos previstos por la terapéutica y con destino ilegítimo —al primero como autor y al segundo como partícipe necesario— y ejercicio ilegal de la profesión, en carácter de coautores. El juez federal de Garantías de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, formalizó la investigación y, a requerimiento del MPF, dispuso la prisión preventiva de ambos por 90 días.
El Parlamento chaqueño sesionó en extraordinaria a pedido del interbloque oficialista Chaco Puede que logró el quórum con la presencia de la diputada del Frente Renovador, Katia Blanc, para sancionar como primer punto la suspensión por el término de un año de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias a partir de modificar la ley 2073-Q. El presidente del espacio, el diputado Iván Gyoker fundamentó el llamado a extraordinaria y explicó que la inclusión de esta iniciativa en el temario respondió a que “no pueden haber más demoras ni especulaciones” sobre este tema. Recalcó que la Cámara de Diputados está próxima a recibir el proyecto del Presupuesto 2027 y, por tanto, es indispensable prever “en la ley madre cómo estarán ordenadas este tipo de partidas si hubieran PASO o no”. Obró de miembro informante del proyecto el diputado radical Jorge Gómez, quien explicó que “la supresión de las PASO tiene que ver con el respeto irrestricto del sistema democrático que rige la vida de nuestro país, que hace a la República. Y entendiendo que la autoridad o poder -cratos- reside y se asienta y pertenece al pueblo -demos- en esta línea de ideas debemos entender y aceptar que la gran mayoría de los ciudadanos de nuestra provincia se manifiestan absolutamente en contra de que se sigan agregando elecciones, que se los obligue a ir a votar, máxime cuando las mismas tienen por objetivo zanjar las diferencias personales que existen en algunos partidos políticos”. Acentuó que se pretende “justificar un tamaño despropósito” que lleva a un “hastío social bajo la ficción de que se fortalece la democracia”. “La única forma de respetar el sistema de gobierno y la forma de vida democrática es respetando la voluntad popular que hoy es que se suspendan las PASO”. Señaló que el año próximo se esperan hasta 6 elecciones en caso de que municipios desdoblen comicios. Marcó la baja participación en las últimas elecciones, con apenas un 52% de participación del electorado. “Esta decisión trascendental en modo alguno afecta la democracia interna de los partidos que pueden asegurarlo en su Carta Orgánica, estatutos en alianzas políticas o en la forma en que se rigen en su vida interna. De ninguna manera afectan negativamente a nuestros conciudadanos que llegaron a un hastío con esto de votar constantemente”. Un tercer punto que tuvo en cuenta fue “el altísimo costo que significaría hoy una elección de este tipo. Está calculado aproximadamente en 5 mil millones de pesos en una provincia endeudada, con índices de pobreza importantes. Dejo a la imaginación de cada uno en qué se podría destinar este dinero, no en la imaginación sino en la posibilidad de darle un destino”. Mencionó los casos de Salta, San Luis o San Juan que eliminaron “para siempre”. “No pretendemos innivar en una cuestión que no fuera tratada en otras provincias. Esto es una corriente ala que nos sumaríamos y que tiene que ver con el hastío, con el cansancio y con lograr mayor participación y así mayor democracia”. (Noticia en desarrollo)
Más de diez firmas de distintos sectores participaron en una ronda de negocios en Buenos Aires y mantuvieron reuniones con grandes compañías y operadores del sector. Algunas ya lograron ingresar a listas de proveedores, mientras otras avanzan en contactos comerciales para ofrecer sus productos y servicios a proyectos mineros de todo el país. Misiones avanza en las gestiones para ampliar la participación de sus empresas en las cadenas de abastecimiento vinculadas con la minería que avanzan en distintas provincias argentinas. La subsecretaria de Industria, Micaela Gacek, destacó que la estrategia apunta a que las pymes misioneras puedan convertirse en proveedoras de insumos y servicios para proyectos que se desarrollan fuera del territorio provincial. En diálogo con LT17 Radio Provincia, explicó que la provincia trabaja especialmente sobre el sector metalmecánico para generar herramientas y equipamiento destinados a la actividad minera. “Misiones no puede esperar a que se desarrolle algo específico que tenemos en nuestro territorio para buscar nuevos mercados”, sostuvo Gacek, al remarcar la necesidad de anticiparse a la demanda de las nuevas inversiones. Las pymes misioneras buscan un lugar en la industria minera nacional La delegación misionera participó de la Ronda de Cadena de Valor Minera, realizada en el Pabellón Azul de La Rural, en Buenos Aires, dentro de la Expo Industrias y Servicios 2026. El encuentro reunió a más de 10 mil profesionales, 200 expositores y distintas instancias de capacitación técnica, además de operadores, empresas de ingeniería y contratistas vinculados con la actividad minera. Entre las firmas misioneras hubo representantes de la forestoindustria, construcción, indumentaria y calzado de seguridad, metalmecánica, tecnología, ingeniería y servicios de voladuras. La comitiva incluyó a Camim, Forestal Don Almiro, Adelmo, Izzi Ingeniería, WDM, Hornicón, Arsenio, EDG, Forestal Guaraní, Grupo Da Rosa y Voladuras El Litoral. El formato de la jornada permitió establecer contactos directos entre los proveedores y los responsables de compras de compañías mineras. Según Gacek, fueron 10 empresas misioneras, incluida la Cámara Metalmecánica, y cada una concretó alrededor de siete u ocho reuniones con potenciales compradores y referentes de la cadena. Entre los contactos se destacó el Grupo Techint, además de otras compañías de gran escala. La subsecretaria señaló que algunas empresas misioneras lograron ingresar directamente a listas de proveedores, mientras que otras iniciaron una etapa de presentación de catálogos, productos y servicios para avanzar posteriormente en los vínculos comerciales. canal12misiones.com
Las unidades serán destinadas a Policía Caminera, Comunicaciones y Búsqueda de Personas. El Gobernador destacó que se trata de una primera etapa de renovación del parque automotor y anticipó una nueva convocatoria para incorporar recursos humanos a la Policía y al Servicio Penitenciario. En el marco del Plan Estratégico de Seguridad Pública, el gobernador Leandro Zdero encabezó este miércoles la presentación y entrega de 10 nuevos vehículos destinados a fortalecer la capacidad operativa de la Policía del Chaco. Las unidades serán asignadas a la Policía Caminera, al Departamento de Tecnología de la Información y la Comunicación y a la División Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas. “En el marco del Plan Estratégico de Seguridad Pública seguimos equipando y dando movilidad a nuestras fuerzas de seguridad. Estos vehículos se incorporan para Caminera, Comunicaciones, Búsqueda de Personas y otras divisiones especiales”, sostuvo Zdero. El mandatario provincial remarcó que la entrega forma parte de una primera etapa de inversión y adelantó que en los próximos meses se incorporarán otros 30 vehículos, con el objetivo de continuar renovando y ampliando el parque automotor policial. “Esta es una primera etapa. Estamos iniciando otra para comprar más vehículos y cumplir con lo que nos hemos establecido: no solamente equipamiento para la Policía, sino movilidad, que es fundamental para fortalecer la respuesta y actuar en beneficio de cada ciudadano”, afirmó. Más presencia territorial y capacidad operativa Zdero destacó que las nuevas unidades permitirán reforzar el trabajo policial tanto en el área metropolitana como en el interior provincial. En particular, valoró el rol de la Policía Caminera y de las divisiones que requieren movilidad permanente para desarrollar tareas en todo el territorio chaqueño. “Cuando hay una búsqueda de personas se trabaja en toda la provincia y lo mismo sucede con Comunicaciones”, explicó. En este sentido, señaló que los vehículos destinados a Comunicaciones permitirán avanzar con la instalación de cámaras de seguridad en zonas rurales y puntos estratégicos de la provincia, en articulación con la Policía Rural, las fiscalías rurales y las entidades del sector productivo. “Las cámaras rurales ya fueron adquiridas y en los próximos días comenzaremos a instalarlas en los puntos estratégicos que definimos junto a las sociedades rurales, la Policía Rural y las fiscalías”, anunció. El Gobernador también destacó las obras de infraestructura que se vienen ejecutando para fortalecer el sistema de seguridad, entre ellas la refacción de la Comisaría Quinta, la próxima inauguración de la Comisaría Octava y la creación de nuevas jurisdicciones policiales. Más Comisarías y una nueva organización territorial Por su parte, el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, remarcó que la renovación del parque automotor constituye una herramienta central del Plan Estratégico de Seguridad diseñado junto al Gobernador y la Jefatura de Policía. “Es necesario ir renovando el parque automotor. Esto forma parte del Plan Estratégico de Seguridad que diseñamos con el Gobernador y la Jefatura de Policía”, sostuvo. El ministro detalló además que el Gobierno avanza con nuevas obras y dependencias policiales en distintos puntos de la provincia. En Presidencia Roque Sáenz Peña se proyecta una nueva comisaría mediante un convenio con el municipio, mientras que también se avanza con una segunda comisaría en Pampa del Indio y una nueva Dirección de Zona en Pampa del Infierno. Matkovich explicó que esta última decisión responde a la necesidad de fortalecer la presencia policial en localidades como Taco Pozo y Río Muerto, mediante una reorganización territorial de las estructuras de seguridad. En Resistencia, señaló que ya comenzó la refacción integral de la Comisaría Quinta y que la Comisaría Octava se encuentra próxima a ser inaugurada. También se avanza con una nueva jurisdicción para la Comisaría 16 en el sector del Tiro Federal. “Son decisiones que marcan el rumbo de una política de Estado en materia de seguridad, con nuevas comisarías, mayor cercanía con los vecinos y una atención especial a sectores que durante mucho tiempo estuvieron postergados”, afirmó. Más recursos humanos para la Policía y el Servicio Penitenciario Durante el acto, Zdero también confirmó que en aproximadamente 15 días se anunciará oficialmente una nueva convocatoria para incorporar recursos humanos a la Policía de la Provincia del Chaco y al Servicio Penitenciario. El jefe de Policía, Fernando Romero, precisó que la convocatoria contemplará a ambos sexos y distintos cuadros de la fuerza, tanto personal superior como subalterno.Romero destacó además el crecimiento de la fuerza efectiva: “Cuando asumimos, en diciembre de 2023, éramos alrededor de 7.000 efectivos y hoy tenemos una fuerza efectiva de 8.100”. “Vamos reforzando poco a poco la institución para llevar más seguridad a todos los chaqueños”, afirmó. El jefe policial detalló que, de las unidades entregadas en esta primera etapa, seis vehículos estarán destinados a la Policía Caminera, tanto para Capital como para el interior provincial, mientras que otras unidades serán destinadas al área de Comunicaciones y a la División Búsqueda de Personas. En particular, explicó que el vehículo asignado a Comunicaciones será utilizado para recorrer el territorio provincial y acompañar el despliegue de las cámaras de seguridad rurales. “Estamos ensamblando las cámaras con mano de obra policial en el Departamento de Comunicaciones y este móvil permitirá recorrer todo el interior provincial para avanzar con su colocación”, indicó. De esta manera, el Gobierno del Chaco continúa fortaleciendo la seguridad mediante más movilidad, tecnología, infraestructura y recursos humanos, con una estrategia orientada a ampliar la presencia policial, mejorar la capacidad de respuesta y reforzar la prevención en todo el territorio provincial.
En la ciudad de las Cataratas organizan una masiva movilización con tractores. En Posadas, habrá vigilia y movilización a la plaza el próximo viernes. El mandatario nacional viene para el cierre de la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas La visita que el presidente Javier Milei realizará a Misiones este viernes 4 de septiembre se encamina a recibir una fuerte respuesta social en medio de una agenda oficial que, hasta el momento, no contempla encuentros con los gobernadores ni con los representantes de las economías regionales. Productores y trabajadores yerbateros de distintos puntos de la provincia, especialmente desde la localidad de Andresito, organizan una masiva movilización con tractores, camiones y camionetas hacia Puerto Iguazú. La concentración principal está prevista para las 14 horas en el cruce de la Ruta Nacional 12 y el acceso a Cataratas, desde donde intentarán marchar en caravana hasta las inmediaciones del lugar donde se desarrollarán las actividades presidenciales. Pero también realizarán una fuerte protesta en Posadas. El principal motor del reclamo es la profunda crisis de rentabilidad que atraviesa el sector tras la desregulación económica y la pérdida de facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym). Referentes de la actividad, como el dirigente Julio Peterson, señalaron que el precio que percibe el productor en chacra cayó drásticamente, pasando de más de 300 pesos a valores cercanos a los 70 u 80 pesos por kilo, lo que vuelve la producción inviable frente a los costos actuales y pulveriza el poder de compra. Por la llegada de Milei La protesta coincide con la llegada del presidente Milei a Misiones, prevista para este viernes 4 en horas de la tarde. El mandatario nacional asistirá a las 18 del cierre de la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se llevará a cabo en un hotel de las “2000 Hectáreas” en Puerto Iguazú. El encuentro, programado del 3 al 6 de septiembre bajo el lema “Argentina de la estabilidad al Crecimiento; cómo generar competitividad sostenida”, convocará a empresarios, economistas, legisladores, funcionarios y a los gobernadores Hugo Passalacqua (Misiones), Alfredo Cornejo (Mendoza), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Valdés (Corrientes). La agenda oficial del evento incluye la participación del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. El Territorio
Secuestraron prendas con manchas rojizas, municiones, un arma de aire comprimido, una camioneta y otros elementos de interés para la investigación. En el marco de una investigación por un supuesto caso de abigeato en grado de tentativa, efectivos de la Sección Rural de Presidencia de la Plaza realizaron cuatro allanamientos en distintos domicilios de la localidad y una zona rural, con intervención de la Fiscalía Rural y Ambiental. Las medidas judiciales se concretaron durante la jornada del martes y permitieron la aprehensión de tres hombres de 65 años y dos de 32. En uno de los domicilios, los agentes secuestraron un buzo con capucha que presentaba manchas rojizas, similares a sangre, un rifle de aire comprimido calibre 5,5 y municiones de distintos calibres. En otro de los procedimientos, realizado en un inmueble rural, se secuestró una camioneta, prendas de vestir con manchas rojizas similares a sangre, cartuchos calibre 16 y calibre 22, un teléfono celular y una gorra que también presentaba una mancha de similares características. Las tres personas aprehendidas quedaron a disposición de la Fiscalía Rural y Ambiental interviniente, mientras continúan las diligencias para esclarecer el hecho investigado, informó la Policía del Chaco.
La Cámara Federal de Resistencia confirmó el procesamiento de un asesor de municipios chaqueños acusado de vandalizar antenas de telecomunicaciones en distintas localidades del Chaco, hechos que dejaron sin señal a varias poblaciones durante más de treinta horas. El acusado fue detenido en junio de 2025 en la provincia de Formosa, donde también habría realizado actos de vandalismo. La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de S.O.W., acusado de haber atacado antenas de telecomunicaciones de la empresa Claro en distintas localidades chaqueñas. El fallo, firmado este miércoles 2 de septiembre por las juezas Rocío Alcalá, María Virginia Ise y Patricia García, rechazó el recurso presentado por la Defensoría Pública Oficial y ratificó la calificación legal fijada por el juez de primera instancia: interrupción de las telecomunicaciones, en concurso con daño agravado y amenazas agravadas. El acusado fue detenido a fines de junio de 2025 en la provincia de Formosa, donde también habría realizado actos de sabotaje a antenas de telefonía de la empresa de telecomunicaciones Claro. Antenas incendiadas y un reclamo de dinero La causa se inició en junio de 2025, a partir de una denuncia de la empresa AMX Argentina (Claro) por actos de vandalismo contra antenas propias ubicadas en Presidencia de la Plaza y Lapachito. Según la acusación, personas desconocidas ingresaron a los predios donde estaban instaladas las antenas, cortaron los cercos perimetrales, incendiaron cableado y sabotearon generadores, lo que provocó una interrupción del servicio de telecomunicaciones que afectó a varias localidades durante aproximadamente 37 horas. Con posterioridad se sumaron hechos similares en Villa Ángela y San Bernardo. La investigación vinculó estos episodios con O.W. luego de que la empresa aportara comunicaciones previas en las que el hombre reclamaba, a un técnico de Claro, el pago de supuestas deudas municipales. Tras los ataques, según la denuncia, remitió nuevos mensajes relacionados con el conflicto. La reconstrucción de los hechos El fallo describe con detalle cómo se fue armando la imputación. En los hechos del 11 de marzo de 2025, cámaras de seguridad instaladas en el sitio de Presidencia de la Plaza registraron, alrededor de las 4 de la madrugada, a un hombre que cortó la reja perimetral, ingresó al predio y provocó un incendio. Una hora más tarde, en Lapachito, a unos 50 kilómetros de distancia, otra cámara captó el arribo de una camioneta Toyota SW4 blanca que —según el informe del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor incorporado a la causa— coincide con un vehículo registrado a nombre de O.W. A esas imágenes se sumó el análisis de las antenas de telefonía celular de la línea atribuida al acusado. Según el informe pericial, el teléfono dejó de registrar actividad en Resistencia poco antes de las 3 de la madrugada de ese día, permaneció sin conexión durante el horario en que ocurrieron los ataques en Presidencia de la Plaza y Lapachito, y volvió a conectarse recién después de las 7, sobre la ruta que conecta ambas localidades con la capital chaqueña. El tribunal consideró que ese patrón de desconexión y reconexión, repetido también en los episodios de Villa Ángela y San Bernardo en junio, constituye un indicio relevante, más allá de que no pueda por sí solo probar la autoría. También pesó en la decisión el resultado de una requisa sobre la camioneta del acusado, en la que se secuestraron elementos como un dispositivo tipo aerosol capaz de generar llama, un pulverizador con líquido inflamable, un cargador de gas y diversas herramientas de corte. Para las juezas, esos elementos resultan compatibles con la modalidad de los ataques, caracterizados por incendios y daños en el cableado. Respecto de las amenazas, el tribunal analizó una serie de mensajes de WhatsApp enviados por O.W. en los que advertía que, ante la falta de pago, “la cosa se pondría complicada” y anticipaba una “semana muy intensa en el norte”. La Cámara entendió que esas frases, leídas en el contexto de los hechos investigados, exceden un simple reclamo económico y permiten sostener, de manera provisoria, el anuncio de un mal futuro dirigido a forzar una conducta. Los argumentos de la defensa El defensor oficial Raúl Tuninetti había pedido la revocación del procesamiento y el sobreseimiento de su asistido, o subsidiariamente una falta de mérito para seguir investigando. Sostuvo que no existían pruebas objetivas —más allá de los dichos de la propia empresa denunciante— que confirmaran los daños en algunos de los sitios, cuestionó que la sola presencia del vehículo o la compatibilidad física del acusado con las imágenes alcanzaran para atribuirle los hechos, y calificó de borrosos e insuficientes los registros fílmicos aportados. También argumentó que las comunicaciones por WhatsApp debían leerse en el marco de la actividad profesional de su defendido como asesor de municipios, y planteó que las denuncias respondían a una persecución sostenida de la empresa en su contra. Qué dijo la Cámara El tribunal rechazó, en primer término, que la resolución de primera instancia fuera arbitraria, al considerar que cumplía con los requisitos de fundamentación que exige el Código Procesal Penal de la Nación. Sobre el fondo, remarcó que un procesamiento no requiere certeza sobre la existencia del hecho ni sobre la participación del acusado, sino solamente el grado de probabilidad o sospecha que la ley exige en esta etapa preliminar del proceso, y que ese estándar, más bajo que el de una condena, se encontraba satisfecho con la prueba reunida hasta el momento. Con ese fundamento, confirmó íntegramente la resolución apelada y dejó constancia de que la defensa mantiene la posibilidad de aportar nueva prueba y controvertir los indicios reunidos en las etapas siguientes del proceso.
La acusación formal sostiene que los efectivos de la Policía del Chaco habrían integrado una organización para sustraer parte de los estupefacientes que debían ser incinerados y luego comercializarlos. También había sido planificada la utilización de “panes” de yeso para reemplazar la droga sustraída. La maniobra fue descubierta durante el procedimiento de quema realizado en diciembre del año pasado en Colonia Benítez. Se pidieron penas de entre 8 y 15 años de prisión. La Fiscalía Federal de Resistencia formuló la acusación formal y solicitó la apertura del juicio oral contra ocho efectivos de la Policía del Chaco acusados de integrar una organización que habría sustraído casi 10 kilos de cocaína durante un procedimiento oficial de incineración de estupefacientes. Según pudo saber CHACO DIA POR DIA, la presentación fue firmada por los fiscales federales Patricio Sabadini y Ruth Hilgenberg, quienes consideraron concluida la investigación preparatoria y requirieron que la causa avance a la etapa de debate oral contra Gustavo Andrés Quizama, Franco Andrés Ramírez, Néstor Ariel Urne Canteros, Gustavo Jesús Acosta, Juan Nicolás Almirón Núñez, César Alegre, Gastón Ezequiel Villalba y Francisco Lucas Leonel García. De acuerdo a la acusación, los hechos ocurrieron el 18 de diciembre de 2025 durante un procedimiento de quema de estupefacientes realizado en el Polígono de Tiro de la Policía del Chaco, en Colonia Benítez. Para la Fiscalía, parte del personal policial encargado de la custodia, traslado e incineración de la droga aprovechó precisamente esa función para retirar de la esfera de custodia oficial nueve kilos y 490 gramos de cocaína. La hipótesis fiscal sostiene que cinco de los efectivos —Quizama, Ramírez, Almirón Núñez, Urne Canteros y Acosta— participaron directamente de la sustracción, mientras que el comisario César Alegre habría organizado la maniobra. A Villalba y García se les atribuye haber intervenido en la tenencia del estupefaciente con el objetivo de su posterior comercialización, aunque no estuvieron presentes en el lugar al momento de la sustracción. Una diferencia en el pesaje De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, la maniobra fue advertida por Martín Innocente, secretario penal del Juzgado Federal N° 2 de Resistencia, quien participaba del procedimiento de incineración. El funcionario judicial observó movimientos que consideró irregulares durante el traslado de uno de los secuestros desde la mesa de pesaje hacia la camioneta policial que trasladaba la droga hasta la fosa de incineración. Según la acusación, luego de advertir un intercambio y movimientos entre Quizama y Ramírez, Innocente pidió que una de las cajas fuera nuevamente pesada. El primer pesaje había arrojado 8,700 kilos, mientras que el segundo registró 7,585 kilos, lo que dejó al descubierto un faltante superior a un kilogramo. La posterior requisa de la camioneta policial permitió, según la Fiscalía, encontrar nueve “panes” de cocaína ocultos en distintos sectores del vehículo y en una mochila perteneciente a uno de los imputados. El total del material secuestrado ascendió a 9,490 kilos y su valor de referencia en plaza fue estimado en 142.350 dólares. La acusación también sostiene que dentro de una mochila perteneciente a Urne Canteros fue hallado un paquete que simulaba contener cocaína, pero cuyo contenido era yeso. Para el Ministerio Público Fiscal, ese elemento formaba parte de un plan para sustituir la droga sustraída y disimular su faltante durante el procedimiento de quema. Chats, audios y una supuesta planificación previa Uno de los principales elementos de la acusación está vinculado al análisis de los teléfonos celulares secuestrados a los imputados. La Fiscalía sostiene que las pericias permitieron reconstruir comunicaciones previas y posteriores al procedimiento que, a su criterio, evidencian la planificación de la maniobra y la existencia de distintos roles dentro de la organización. Entre otros elementos, la acusación menciona conversaciones en las que se hace referencia a la próxima “quema”, a la posibilidad de “rescatar algo” y a contactos para colocar rápidamente el material en el mercado ilegal. También se incorporaron mensajes vinculados con la necesidad de contar con cinta y con la eventual confección de “panes” de yeso para sustituir los paquetes de cocaína que serían retirados del procedimiento. Para la Fiscalía, el comisario Alegre ocupaba el lugar central dentro de la estructura. La acusación sostiene que, por su cargo como jefe de la División Operaciones Metropolitana y por su intervención en la organización del procedimiento de quema, tenía conocimiento del material que iba a ser incinerado y capacidad para seleccionar al personal que participaría del operativo. El Ministerio Público Fiscal atribuye a Alegre haber organizado la estructura y coordinado funcionalmente las acciones de sus subordinados. Las acusaciones La Fiscalía calificó la conducta atribuida a Quizama, Ramírez, Urne Canteros, Acosta y Almirón Núñez como tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por la intervención organizada de tres o más personas y por la calidad de funcionarios públicos, en concurso real con el delito de peculado. En el caso de Alegre, la acusación le atribuye la organización de la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por su calidad de funcionario público, también en concurso real con el delito de peculado. Respecto de Villalba y García, la Fiscalía los acusa de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por la cantidad de intervinientes y por la condición de funcionarios públicos. La hipótesis central del Ministerio Público es que la droga fue retirada de la custodia estatal durante un procedimiento destinado precisamente a destruirla y que la finalidad del grupo era posteriormente introducirla en el mercado ilegal. Las penas Además de solicitar la apertura del juicio oral, la Fiscalía Federal requirió penas de entre ocho y quince años de prisión para los ocho policías acusados, junto con multas, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, accesorias legales y costas del proceso. La pena más alta fue solicitada para el comisario Alegre, a quien la Fiscalía atribuye la organización de la maniobra. Para él requirió 15 años de prisión, además de la inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena. Está acusado como autor del delito de organización de la tenencia de estupefacientes con fines de
Los productores registrados en el SIPACH podrán acceder a semilla certificada, fiscalizada y de primera multiplicación para la campaña 2026/2027, a un valor bonificado de 36,50 dólares más IVA por bolsa. El gobernador Zdero determinó implementar una nueva herramienta de acompañamiento al sector algodonero que permitirá bonificar el 60% del precio de lista de la semilla fiscalizada de algodón. La medida estará destinada a los productores algodoneros registrados durante 2026 en el SIPACH (Sistema Informático de Productores Agrícolas Chaqueños), quienes podrán acceder a semillas fiscalizadas y de primera multiplicación para la campaña agrícola 2026/2027. En el marco de esta operatoria, las bolsas de semillas estarán disponibles a un precio bonificado de 36,50 dólares más IVA, lo que representa una reducción del 60% respecto del valor de lista. Más calidad y genética para el sector La iniciativa tiene como objetivo contribuir a la reducción de los costos de producción y, al mismo tiempo, brindar mayores garantías a los productores respecto de la genética, calidad y poder germinativo de las semillas utilizadas en la próxima campaña. La operatoria surge a partir de un acuerdo entre el Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible y la firma GENSUS, representada por su presidente, el ingeniero Pablo Vaquero, junto a integrantes de su equipo de trabajo. Desde la cartera productiva remarcaron que el acceso a semilla de calidad constituye una herramienta fundamental para mejorar los resultados productivos, fortalecer la competitividad y sostener el desarrollo de la cadena algodonera. El Gobierno provincial continúa generando herramientas concretas para acompañar a los productores chaqueños, reduciendo costos y facilitando el acceso a genética de calidad para fortalecer uno de los cultivos históricos y estratégicos de la provincia.
Los abogados Juan Arregin y Magdalena Gambera visitaron los estudios de CIUDAD TV para difundir sus propuestas como candidatos del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción para la elección de representantes en el Consejo de la Magistratura del Chaco que tendrá lugar el próximo 16 de septiembre. Noticia en desarrollo…
Según la UATRE, la discontinuidad del régimen pone en peligro tanto las fuentes laborales como la situación económica de las familias que dependen de empleos estacionales. La prórroga de la medida que venció el martes 1 de septiembre, hasta el momento no fue confirmada por el Ejecutivo nacional. La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) advirtió que 120.000 puestos de trabajo rural se encuentran en riesgo tras el vencimiento, este 1° de septiembre, de la última prórroga del régimen de compatibilidad entre el empleo temporario registrado y determinadas políticas de protección social. El gremio reclamó una intervención urgente del Gobierno nacional para garantizar la continuidad del mecanismo establecido originalmente por el Decreto 514/2021. El pedido de la Uatre busca promover la registración de trabajadores rurales temporarios y permanentes discontinuos sin que perdieran automáticamente determinados beneficios y prestaciones sociales durante las campañas agrícolas. El año pasado, previendo las dilaciones, desde Uatre habían empezado a llamar la atención del gobierno de forma anticipada y lograron que la medida se prorrogara hasta este 1 de septiembre. Este año, hasta el momento, las gestiones no obtuvieron respuesta alguna, según remarcan desde el sector gremial. “La falta de respuesta y la no prórroga del régimen no es solo un problema administrativo: es una amenaza concreta a 120.000 familias rurales y a la continuidad productiva del interior del país”, sostuvo el secretario general de la UATRE, José Voytenco. Por su esencia estacional, y los ya conocidos bajos salarios del sector, el trabajo rural está eximido de las limitaciones al acceso de planes y beneficios sociales, que permiten muchas veces obtener un ingreso extra en condiciones de contratación temporaria. Es lo que fija la “compatibilidad” dispuesta por un decreto del 2021, que hace ya tiempo el sector reclama fijar por ley, justamente para evitar lo que ahora sucede: como el decreto establecía inicialmente una fecha límite, debe ser prorrogado año a año mediante una publicación en el Boletín Oficial. Y este es el segundo año consecutivo que los “olvidos” del ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello genera inquietud entre los trabajadores rurales. Línea Sindical
En el Día de la Industria, el diputado provincial Luciano “Lucho” Moser advirtió que la efeméride encuentra a la industria y a las pymes chaqueñas en plena caída. “El Día de la Industria se festeja fabricando, no cerrando fábricas. Y en el Chaco de Milei y Zdero se cierran fábricas”, sostuvo, y reclamó tratar su proyecto de emergencia para pymes industriales. El diputado fue directo con el diagnóstico: “Esto no es una opinión política, son los datos. Desde diciembre de 2023 cerraron 1.094 empresas en el Chaco, 8.050 trabajadores privados formales perdieron su empleo y la actividad pyme cayó más de un 6% en el último año. En el Día de la Industria, ese es el balance que nos dejan Milei y Zdero”, remarcó Moser, en base a información de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, del INDEC y de la propia Federación Económica del Chaco. Moser aseveró que años atrás los empresarios e industriales pedían incentivos para crecer y hoy aguantan para no cerrar. “El taller metalúrgico, la carpintería, la fábrica de aberturas, la pyme textil: esos son los que dan trabajo real en la provincia, y esos son a los que este modelo está fundiendo”, afirmó el legislador. El diputado apuntó de lleno contra la Casa Rosada y la Casa de Gobierno provincial: “Milei dice que la economía repunta, pero para la pyme chaqueña no hay repunte, hay cierre. Su modelo es importar y timbear, no fabricar; Zdero acompaña ese ajuste con los ojos cerrados: le soltó la mano a la producción chaqueña “, disparó. En esa línea, Moser puso el foco en el costo energético como uno de los golpes más duros al entramado productivo: “No hay industria que aguante con estas tarifas de SECHEEP y SAMEEP. Una pyme no puede competir pagando la luz y el agua como las paga hoy en el Chaco”. Por eso reclamó avanzar con el proyecto de ley que establece una reducción del 50% en las tarifas de energía y agua para las micro, pequeñas y medianas empresas industriales, planes de pago de tributos provinciales y líneas de crédito blando del Nuevo Banco del Chaco. El legislador interpeló directamente al gobernador: “¿El trabajo para los chaqueños dónde está, gobernador? Cada empresa que cierra y cada obra paralizada es el símbolo de la falta de gestión de Zdero. El modelo cruje, y cruje sobre las espaldas del que produce y del que trabaja”, sentenció. Por último, Moser proyectó la salida en clave provincial y productiva: “El futuro del Chaco no lo van a decidir Milei ni Zdero: lo vamos a construir entre todos, con un Chaco que transforme sus propios recursos en trabajo y en valor agregado”, cerró.
El economista Marcos Montiel propuso financiar la construcción del segundo puente Chaco-Corrientes mediante un sistema de ‘tokenización’, una modalidad de inversión privada que permitiría a ciudadanos y empresas aportar fondos para la obra y obtener posteriormente una rentabilidad. La iniciativa surge en medio del debate por la actualización de los peajes y el deterioro de la infraestructura vial que conecta ambas provincias. “El puente no da para más”, aseguró el joven. Montiel explicó que el mecanismo permitiría realizar aportes de distinta magnitud, desde pequeños inversores hasta capitales de mayor escala, con un funcionamiento similar al de una inversión financiera. “Es como poner la plata en un plazo fijo y luego te devuelven los intereses”, sintetizó. Según sostuvo, el sistema podría reunir recursos sin recurrir a créditos internacionales y acelerar la ejecución de una obra que lleva décadas en discusión. La propuesta contempla, además, pensar al nuevo viaducto como una infraestructura productiva. El economista planteó la posibilidad de incorporar generación de energía hidrocinética y una vía ferroviaria, además de potenciar el tránsito de personas y mercaderías en un corredor estratégico para el NEA y el Mercosur. “Dejemos de pensar que sea un gasto y sea un costo”, afirmó, al señalar que la infraestructura debería generar actividad económica y empleo. Con una mirada crítica sobre el esquema actual, Montiel cuestionó que se avance en aumentos de peajes sin mejoras visibles en rutas y accesos. “¿Qué estamos pagando?”, preguntó durante la entrevista y sostuvo que “el puente no da para más”. Aunque aclaró que su propuesta no tiene “tinte político”, aseguró que el proyecto busca abrir el debate sobre nuevas herramientas de inversión para financiar obras públicas y concluyó: “Eso es verdaderamente la inversión privada en conjunto, aportando pequeños pesos”. Corrientes Hoy
Se encargan de tomar los datos para, posteriormente, continuar con la etapa de titularización de dichas propiedades. La Municipalidad de Resistencia y el Colegio de Escribanos del Chaco siguen trabajando para la regularización de tierras de vecinos de la ciudad. La Coordinación Ejecutiva comunal aseveró que, a la labor que generalmente se realiza en los barrios, hay un espacio para la actividad formal, ya que se realizaron los trámites correspondientes para la elaboración de los boletos de compraventa, siguiendo las instrucciones del intendente Roy Nikisch de trabajar en conjunto con las instituciones de la ciudad. “Este trabajo se ejecuta en territorio, empieza con las mensuras y termina con la parte administrativa, por eso se destaca el aporte del empleado comunal para que el vecino sienta que su Municipalidad le da respuestas”, puntualizó.
Con fábricas que tienen buena parte de sus máquinas paradas, la UIA celebrará este miércoles el Día de la Industria en un establecimiento farmacéutico de Malvinas Argentinas, desde las 10. Hacia allí irán el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el secretario Pablo Lavigne, hombre de Luis Caputo, quienes escucharán al presidente de la UIA, Martín Rappallini, de Cerámicas Alberdi. Los números del sector están en rojo, con una caída superior al 2 por ciento, y la desaparición de unas 3.000 fábricas. A esto se suma la preocupación por la apertura importadora en productos claves como siderurgia y textiles, con China cada vez más fuerte. Sectores como neumáticos y metalurgia están entre los más afectados. La relación con el gobierno de Javier Milei es tensa, porque la administración libertaria los acusa de buscar prebendas para producir. Las empresas enfrentan una caída de ventas, derivada de la pérdida del poder de compra de los salarios, y la merma del crédito para el consumo. Sobre ello se monta una mayor facilidad para las importaciones. El Gobierno ha ido desmantelando regulaciones que permitían demorar o frenar algunos importados. Agencia NA
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso presentado contra la sentencia que, en el marco de un juicio abreviado, había condenado a siete integrantes de una organización familiar de Sáenz Peña por lavar dinero proveniente del narcotráfico. El planteo se dirigía exclusivamente contra el decomiso de bienes dispuesto en el fallo. La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada de manera unipersonal por el juez Daniel Petrone, declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa particular de Ana María Flamenco, Hugo Sebastián Sosa, Ariel Alberto Sosa, Mariela Alejandra Sosa, Lía Vanesa Ruth Paz y Mauro Hernán Pacheco, condenados en marzo de este año por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia como integrantes de la organización familiar conocida como “clan Sosa-Flamenco”, dedicada al lavado de activos provenientes de la comercialización de estupefacientes en Presidencia Roque Sáenz Peña. La resolución, fechada el 1° de septiembre, no discutió las penas de prisión impuestas —de siete años para Flamenco y Hugo Sosa, cuatro años y seis meses para Ariel Sosa y Mauro Pacheco, y tres años en suspenso para Mariela Sosa y Lía Paz—, ya que la propia defensa había circunscripto su impugnación únicamente al decomiso de los bienes considerados instrumento, producto o provecho del delito. El planteo de la defensa Los abogados de los condenados sostuvieron que la sentencia de marzo dispuso un decomiso genérico, sin identificar qué bienes en particular integraban el patrimonio decomisado ni de qué delito precedente provendrían los fondos ilícitos aplicados a su adquisición. Según argumentaron, el tribunal aplicó de manera automática la llamada “teoría de la contaminación” sobre la totalidad del patrimonio del grupo familiar, sin trazar un vínculo concreto entre cada bien y una operación de lavado determinada. La defensa calificó esa falta de individualización como una forma de motivación aparente y advirtió que, llevada a sus últimas consecuencias, esa lógica podía derivar en una confiscación general del patrimonio, prohibida por el artículo 17 de la Constitución Nacional. Pidió que se anulara el decomiso y que el tribunal de origen dictara un nuevo pronunciamiento que identificara cada bien y su vínculo con el delito. Por qué la Casación no entró al fondo del planteo El juez Petrone recordó que la admisión previa de un recurso no impide a la Cámara reexaminar, en una etapa posterior, si la impugnación reúne los requisitos formales exigidos por la ley procesal. Y concluyó que, en este caso, no los reunía. El argumento central fue la doctrina de los actos propios: tanto los imputados como sus defensores prestaron conformidad, durante la audiencia del acuerdo de juicio abreviado celebrada en febrero, con que el decomiso se dispusiera en la sentencia en términos genéricos —sobre los bienes vinculados al delito— y que su determinación precisa, bien por bien y monto por monto, se discutiera después en un incidente separado. Esa fórmula fue propuesta expresamente por el juez que tomó la audiencia y ninguna de las partes formuló objeciones en ese momento. Para Petrone, plantear ahora en casación un agravio contra esa misma indefinición equivale a contradecir una posición asumida libremente en el propio acuerdo. Además, la resolución destacó que ese incidente ya estaba en trámite: el Ministerio Público Fiscal había presentado un listado de bienes sujetos a decomiso y un informe sobre los criterios para fijar los montos, con vista corrida a las defensas para que lo discutieran de manera contradictoria. Esa circunstancia, señaló el fallo, disipa por ahora cualquier perjuicio concreto y vuelve conjeturales los agravios de la defensa. Un error material a corregir La resolución advirtió, además, que la sentencia de marzo incurrió en un error al citar el artículo del Código Penal aplicado a Flamenco, Hugo Sosa y Ariel Sosa: mencionó tanto el inciso 2 apartado “a” como el apartado “b” del artículo 303, cuando la calificación acordada por las partes remitía solo al primero. Petrone calificó el error como manifiesto y sin incidencia sobre el sentido de la condena, pero instruyó al tribunal de origen para que corrija la numeración antes de notificar el fallo. Qué sigue Con esta decisión, la discusión sobre qué bienes específicos del patrimonio del clan Sosa-Flamenco serán decomisados —y bajo qué criterios se determinará su vinculación con el narcotráfico— queda derivada por completo al incidente que ya tramita ante el tribunal de Resistencia. La Cámara impuso las costas del recurso a los condenados y tuvo presente la reserva del caso federal formulada por la defensa, lo que deja abierta la posibilidad de que el planteo llegue eventualmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los industriales argentinos tienen poco para festejar, en su día, este 2 de septiembre. La actividad manufacturera argentina tiene uno de los peores índice a nivel internacional del 2026 y perdió unos 100.000 empleos desde la llegada de los libertarios a la Casa Rosada en diciembre de 2023. Desde que el presidente Javier Milei llegó a la Casa Rosada la actividad cae, cierran empresas y se pierden muchos puestos de empleo. Según indica el Índice de Producción Industrial (IPI) elaborado por el INDEC, en el primer semestre la actividad cayó 2,2% mientras que el uso de capacidad instalada se redujo al 59%. “En el promedio de la era Milei, la producción industrial se ubica 10,2% por debajo del modelo anterior”, señala el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en un informe especial. Por otro lado, en base a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) procesados por CEPA, entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, se redujo en 8% la cantidad de trabajadores registrados en unidades productivas industriales, con una pérdida de 97.312 puestos: de 1.215.092 a 1.117.780. La comparación entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 muestra una disminución en la cantidad de industrias manufactureras con trabajadores registrados, que pasaron de 49.622 a 45.602. Esto implica una contracción de 4.020 industrias (-8,1%). El CEPA también destaca que “la evolución de la industria argentina durante la gestión de Javier Milei exhibe uno de los peores desempeños a nivel global”. “Cayó 7,9% entre el 2023 y el 2025 y ocupa el segundo peor resultado entre 56 economías relevantes, sólo por detrás de Hungría”, dice el informe. Este deterioro contrasta fuertemente con la evolución de buena parte de los países de la región. En el mismo período, Brasil registró un crecimiento industrial promedio de 3,5%, mientras que Chile (+5,2%), Perú (+6,5%) y Uruguay (+3,7%) también mostraron una expansión significativa de su actividad industrial. La entidad indica que “una de las causas principales del magro derrotero industrial, junto con la caída de las ventas, ha sido la apertura acelerada, sin financiamiento ni planificación”. La UIA recuerda el día con tono crítico El acto del Día de la Industria va a ser muy diferente de aquel que se registró en la sede la UIA en 2024 en Capital Federal cuando asistió el presidente Javier Milei. En esa ocasión trató a los empresarios de prebendarios. De allí en más la relación se desquebrajó. Recientemente el ministro de Economía, Luis Caputo, trató de “tarados” a los que proponen políticas para fomentar al sector manufacturero argentino. Es por ello que los popes industriales decidieron trasladarse a una planta de un laboratorio nacional en Malvinas Argentinas para recordar la fecha en la que técnicamente se llevó a cabo la primera exportación de una manufactura hecha en territorio nacional, en 1587. Fue un cargamento de harina y textiles para Brasil. La relación con el gobierno es tensa y se espera que el presidente de la UIA, Martín Rappallini, haga un discurso fuerte. lmneuquen.com