Autor: Redacción General

La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) invita a la comunidad académica, profesional y al público en general a participar de las IX Jornadas Chaqueñas de Derecho de las Familias, Niñeces y Género, que se realizarán los días viernes 13 y sábado 14 de marzo de 2026 en la ciudad de Resistencia. El encuentro se desarrollará en modalidad híbrida: presencial en la Casa de las Culturas (Marcelo T. de Alvear Nº 90) y con transmisión en vivo a través de un aula virtual especialmente creada para el evento. Además de integrar el comité organizador, UNCAUS tendrá una participación activa e institucional en el desarrollo de las jornadas, reafirmando su compromiso con la formación continua, la actualización académica y la construcción de una agenda jurídica con perspectiva de derechos humanos en la región. El evento contará con la participación de expositores de prestigioso reconocimiento nacional e internacional, como Aída Kemelmajer de Carlucci, Marisa Herrera, Mariana Iglesias, Ana Peracca, Mariel Molina de Juan, Belén Loguercio, Silvia E. Fernández, Natalia De la Torre y Federico Notrica. También se desarrollará una mesa de referentes de la abogacía integrada por Christian José Fabio, Carlos Hernandez, Mariela González de Vicel, Laura Bulesevich y Patricio Curti. Las IX Jornadas son organizadas por el Instituto de Derecho de Familias y Sucesiones, el Consejo de Abogados y Procuradores de la I Circunscripción Judicial del Chaco, la Universidad Nacional del Chaco Austral, Fundación Formarte y la Librería Editorial ConTexto. Con esta iniciativa, UNCAUS consolida su rol como actor central en la agenda académica regional, promoviendo espacios de debate de alto nivel sobre derecho de las familias, niñeces y género. Más información e inscripciones: fundacionformsrtecursos.com

El presidente del espacio NEPAR, Juan José Bergia, aseguró que los episodios ocurridos en el sector en los últimos, ”dejaron en evidencia una preocupación que ya no admite demoras: la producción chaqueña atraviesa un muy momento crítico”. Y reclamó actualizar los montos de la Ley 1825-I – con un proyecto de su autoría que está en la Legislatura – como condición básica para producir en el Chaco. El exdiputado provincial sostuvo que, ”la forestoindustria arrastra una crisis sostenida, con caída de mercados, cheques rechazados y permisos paralizados. Además, los consorcios productivos de General San Martín enfrentan aumentos constantes de insumos, falta de financiamiento y dificultades para sostener la próxima campaña”. Reveló que en el ámbito provincial existe un reclamo común: Precisamente, resaltó que, ”el Proyecto de Ley 1328/25 actualiza los montos previstos en la Ley 1825–I, hoy desfasados por la inflación, permitiendo incrementarlos hasta $820 millones anuales según la recaudación”. ”No se trata de una consigna. Se trata de devolver capacidad efectiva de asistencia, fortalecer herramientas sin alterar el espíritu de la ley y dar previsibilidad al sistema productivo”, precisó. Por lo que reiteró que, ”actualizar la normativa es una condición básica para que producir en Chaco vuelva a ser viable”.

El Gobierno provincial junto al municipio de Basail invitan a la comunidad a participar de la 2da. Edición de la Fiesta de la Buena Miel, que se realizará los días 13 y 14 de marzo en la localidad. La presentación oficial se realizó este miércoles en la Casa de las Culturas de Resistencia, con el  acompañamiento del presidente del Instituto de Cultura del Chaco, Mario Zorrilla; la vicepresidente de Turismo, Virginia Zacarías; el subsecretario de coordinación del Ministerio de la Producción, Orlando Morán y el intendente de Basail, Hernán Paniagua. Durante la conferencia, Zorrilla destacó la importancia de esta celebración que comienza a consolidarse dentro del calendario provincial. “Es una fiesta que se viene posicionando fuertemente como resultado de la articulación de distintos sectores del Gobierno provincial, junto con los ministerios de Producción, Turismo y Cultura, y el municipio de Basail”, señaló. Además, remarcó el valor de la miel como producto regional de alta calidad y con gran potencial para su proyección a nivel nacional e internacional. Por su parte, Zacarías destacó que la Fiesta de la Buena Miel representan una propuesta atractiva para vecinos y visitantes. En ese sentido, explicó que se vienen realizando capacitaciones para fortalecer el turismo local. “Tuvimos más de 50 personas inscriptas entre dueños de locales gastronómicos, complejos rurales y trabajadores del campo que buscan innovar en turismo”, indicó. La funcionaria también subrayó el crecimiento de la actividad turística en la provincia durante los últimos meses. “Enero y febrero solían ser meses con poco movimiento turístico, pero hoy vemos una realidad distinta, con niveles de ocupación hotelera de entre el 80 y el 100% en muchas localidades, además de una fuerte presencia de turismo interno impulsado por carnavales y diversas propuestas recreativas”, afirmó. En el marco de la fiesta, los visitantes podrán disfrutar de distintas actividades vinculadas a la naturaleza y al turismo rural, como paseos en kayak, avistaje de flora y fauna, ciclismo y recorridos por espacios naturales característicos de la zona. A su turno, el intendente Hernán Paniagua expresó las expectativas que genera esta segunda edición del evento. “Tenemos grandes expectativas porque el año pasado contamos con una importante convocatoria y una fuerte participación de productores”, sostuvo. Asimismo, destacó el trabajo conjunto con el Gobierno provincial y señaló que la iniciativa busca consolidarse a largo plazo. “El evento representa mucho para Basail porque estamos empezando a desarrollar actividades que queremos que perduren en el tiempo, especialmente en el aspecto turístico, fortaleciendo y acompañando a nuestras instituciones productivas”, afirmó el jefe comunal. Finalmente, el intendente invitó a la comunidad a participar de las propuestas previstas durante toda la semana en la localidad. “Esperamos que el clima nos acompañe porque tenemos una agenda cargada de actividades, talleres y propuestas para mostrar la riqueza natural, la flora y la fauna de nuestra localidad”, concluyó.

La decisión del Juzgado Federal N°1 de esa ciudad alcanzó a personas que ya estaban procesadas con prisión preventiva por lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Ahora quedaron imputadas también por asociación ilícita en los términos del artículo 210 ter del Código Penal, incorporado por la Ley 27.786, que prevé penas de 8 a 20 años de prisión. A pedido del Ministerio Público Fiscal, el Juzgado Federal N°1 de Corrientes amplió los procesamientos de 13 personas acusadas de tener vínculos con la organización criminal de carácter transnacional del Tren de Aragua, por el delito de asociación ilícita en los términos del artículo 210 ter del Código Penal. Los 13 acusados ya contaban con procesamiento con prisión preventiva —confirmado por la Cámara Federal de Corrientes— por los delitos de lavado de activos (art. 303, inc. 1° del C.P.) y, nueve de ellos, por financiamiento del terrorismo (art. 306 del C.P.). La decisión fue adoptada el lunes pasado por el juez federal subrogante Gustavo Del Corazón de Jesús Fresneda, en línea con un pedido formulado por el MPF. En el caso, el juez aplicó la figura de la asociación ilícita en su modalidad de “organización criminal” contemplada en el artículo 210 ter del Código Penal, incorporado por la Ley 27.786 —promulgada en marzo de 2025— y que prevé una pena de 8 a 20 años de prisión. Esta investigación es llevada adelante por el fiscal general Carlos Schaefer, el fiscal federal Flavio Ferrini y la fiscal federal subrogante Melina Perborell, de la Unidad Fiscal Corrientes; el fiscal federal titular de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), Santiago Marquevich; y el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco. También participan los auxiliares fiscales Nicolás Marquevich y Juan Martín Mariño, de la Unidad Fiscal Corrientes; Ramiro García Martínez, de la UFECO; y Alberto Barbuto, de la PROCELAC. El principal acusado es el venezolano Guillermo Rafael Boscán Bracho, líder de la denominada “Banda del Yiyi” —vinculada al Tren de Aragua—, quien tenía pedido de captura internacional y fue detenido el 2 de octubre de 2023 por INTERPOL de la Policía Federal (PFA) en la provincia de Corrientes. Actualmente, está detenido bajo el régimen de presos de “alto riesgo” en el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza. Las otras 12 personas procesadas —identificadas por sus iniciales— son E.D.U.B., A.J.B.P., D.A.B.C., E.Y.C.S., J.A.L.G., M.A.B.C., A.M.D.C., M.C.D.C, M.D.V.C., M.T.D.C., F.J.D.C. y D.E.A. La ampliación de las indagatorias En septiembre del año pasado, los 13 imputados —11 de nacionalidad venezolana, una colombiana y un argentino— habían sido procesados por los tres delitos. Sin embargo, el 22 de diciembre siguiente, la Cámara Federal de Corrientes confirmó los procesamientos únicamente por lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y declaró la nulidad parcial respecto de la imputación por organización criminal, al considerar que no había sido debidamente notificada al momento de las indagatorias. A raíz de ello, el 6 de enero pasado los representantes del MPF solicitaron la ampliación de las indagatorias, que se realizaron entre el 13 y el 21 de ese mes. En esas audiencias se puso en conocimiento de los imputados que la acusación completa comprendía, en esta etapa preliminar, los delitos previstos en los artículos 210 ter (organización criminal), 303 inciso 1° (lavado de activos) y 306 (financiamiento del terrorismo) del Código Penal. La resolución judicial Al definir la situación procesal de los y las acusados/as, el juez Fresnada sostuvo que “a partir de los elementos reunidos en la pesquisa efectuada por el Ministerio Público Fiscal, corresponde tener por semiplenamente probado, obviamente, con el grado de provisoriedad que caracteriza a este estadio procesal, la existencia en el territorio nacional de una organización criminal liderada por Guillermo Rafael Boscán Bracho”. Según la resolución, la estructura habría operado al menos desde junio de 2019 hasta mayo de 2025. En ese período, sus integrantes habrían mantenido “comunicaciones frecuentes y sostenidas”, coordinado movimientos de dinero, administrado bienes y distintos “negocios” en la Argentina y en el exterior, intermediado en el pago de deudas, gestionado recursos comunes y realizado desplazamientos para concretar encuentros presenciales, lo que —de acuerdo con el magistrado— “revela una cooperación permanente y sostenida que excedía con creces la necesaria para la mera perpetración de los hechos delictivos por los que ya se encuentran procesados”. La imputación fiscal En su dictamen —avalado por la resolución del juzgado—, los representantes del MPF le atribuyeron a los 13 imputados “haber tomado parte en una organización criminal de carácter transnacional liderada por Guillermo Rafael Boscán Bracho, cuyo funcionamiento en el territorio nacional se encuentra acreditado al menos hasta el 28 de mayo de 2025, orientado al desarrollo de maniobras vinculadas al lavado de activos y al financiamiento de actividades ilícitas”. “La asociación ilícita en cuestión se caracteriza por contar con un importante grado de planificación y logística, lo que permitió a sus integrantes asentarse en el país en un lapso de tiempo relativamente breve”, agregaron los fiscales. También destacaron “la significativa capacidad económica demostrada por varios de sus miembros, quienes efectuaron adquisiciones de bienes muebles e inmuebles de considerable valor, pese a no registrar actividad laboral formal ni declarar ingresos compatibles con ese tipo de operaciones patrimoniales”. Añadieron que, según información de organismos extranjeros e internacionales, el grupo constituiría una facción del Tren de Aragua, organización criminal originada en Venezuela que expandió sus redes delictivas en distintos países del continente y que, en Argentina, fue incluida en febrero de 2025 en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo (RePET), a través de la Resolución 186/2025 del Ministerio de Seguridad Nacional. “Lo cierto es que se ha verificado que la organización en trato ha perpetrado un amplio abanico de delitos, desde los hechos delictivos pesquisados en Venezuela hasta las maniobras de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, advertidos en el país”, concluyeron los representantes del MPF. El caso La causa se originó el 2 de octubre de 2023 con la detención de Boscán

El gobernador Leandro Zdero, mantuvo una reunión de trabajo con Paolo Garzotti, jefe de unidad de América Latina y el Caribe de la Dirección General de Comercio y Seguridad Económica (DG TRADE) de la Comisión Europea, con el objetivo de analizar el avance del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y su impacto en las economías regionales. El mandatario provincial estuvo acompañado por Martín Poccard, presidente de la Agencia de Inversiones Chaco, quien trabaja en la articulación y promoción de oportunidades vinculadas al acuerdo entre ambos bloques. Durante el encuentro, dialogaron sobre la necesidad de avanzar en la ejecución anticipada del acuerdo UE–Mercosur, destacando el potencial que representa para las economías regionales como la provincia del Chaco, así como también los beneficios que podría generar para los ciudadanos europeos mediante el acceso a productos de calidad a precios competitivos. En ese marco, Zdero remarcó la importancia de fortalecer la integración comercial y abrir nuevas oportunidades para la producción chaqueña. “Nos reunimos con uno de los máximos responsables en materia de comercio para plantear la necesidad de avanzar en la ejecución anticipada del acuerdo UE–Mercosur, porque entendemos que tendrá un impacto muy positivo en nuestras economías regionales”, expresó el gobernador. Asimismo, el mandatario destacó el valor de la producción provincial dentro del comercio internacional. “El Chaco tiene mucho para ofrecer: somos productores confiables y queremos que nuestros productos lleguen a más mercados, generando desarrollo, empleo y crecimiento para nuestra gente”, afirmó. Por otra parte, durante la reunión también se abordó la situación de las barreras no arancelarias y la necesidad de avanzar en su flexibilización. En ese sentido, Zdero señaló: “Planteamos la importancia de revisar y flexibilizar algunas barreras no arancelarias para atender realidades de desarrollo como la que tiene nuestra provincia, de manera que podamos integrarnos de forma más competitiva al comercio internacional”. Finalmente, el gobernador destacó el valor del diálogo y la cooperación con instituciones europeas para potenciar inversiones y consolidar vínculos estratégicos que impulsen el crecimiento del Chaco en el escenario global.

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó el procesamiento con prisión preventiva del cabo primero de Gendarmería Nacional Roberto Encina, por su participación en una maniobra que permitió el transporte de más de 137 kilogramos de estupefacientes. También respaldó su traslado a la cárcel federal de Resistencia. La resolución, dictada este miércoles 25 de febrero, ratificó la decisión de la jueza de primera instancia que había imputado al efectivo como partícipe necesario del delito de transporte de drogas, agravado por la intervención de funcionarios públicos y la pluralidad de partícipes. La investigación tuvo su origen en el análisis de comunicaciones telefónicas incorporadas a través de un informe pericial, en el marco de una causa principal donde ya se encontraba detenido Mauricio Cristian Gerardo Achucarro, quien fue interceptado cuando transportaba 137,153 kilogramos de material estupefaciente a bordo de un automóvil Volkswagen Gol, en mayo de 2024. A partir de ese peritaje, se detectaron conversaciones entre Achucarro y un contacto identificado como “Vecino”, cuyo abonado pertenecía al cabo primero Encina, destinadas a coordinar el paso del rodado por un control de Gendarmería sin ser detenido. Los diálogos, intercambiados el 25 de mayo de 2024, incluyeron mensajes que hacían referencia a un supuesto partido de fútbol, pero que coincidían en horario con el inicio del servicio del gendarme en la Sección Vial “Lapachito”. Minutos más tarde, Achucarro envió instrucciones más precisas: “Al que va atrás parale y controlale, ya vas a ver quién es” y luego “Gol gris es. pasa despacio pero no para. pone baliza pero pasa nomás. Al de atrás sí controla”. El imputado respondió afirmativamente en ambas ocasiones, y poco después, el vehículo conducido por Achucarro fue detenido en otro punto con la carga ilegal, luego de haber atravesado el control donde prestaba funciones Encina. La defensa del efectivo, a cargo sucesivamente de los doctores Esteban Laviosa y Héctor Villordo, sostuvo que la acusación carecía de respaldo objetivo, que no existían registros fílmicos ni constancias del paso del vehículo por el control, y que su asistido se encontraba en horario de descanso al momento de las comunicaciones. También cuestionó la selectividad de la prueba, señalando que otros efectivos mencionados en los peritajes no habían sido procesados, y objetó el traslado del imputado a la Unidad N° 7 del Servicio Penitenciario Federal, por considerar que su condición de funcionario de una fuerza de seguridad ponía en riesgo su integridad física. “Deliberadamente no efectuó el control” El tribunal de alzada rechazó todos los planteos. Los jueces consideraron que la coincidencia temporal entre los mensajes y el inicio del servicio de Encina, sumada a las referencias concretas al vehículo Gol gris que luego fue secuestrado con la droga, constituían elementos objetivos suficientes para acreditar su participación en el hecho con el grado de probabilidad exigido en esta etapa procesal. Destacaron también que el Libro de Novedades y la Orden del Día de la Sección Vial “Lapachito” ubicaban al imputado en funciones durante el horario en que ocurrió la maniobra. En cuanto a la modalidad de participación, el fallo sostuvo que Encina realizó un aporte esencial mediante una conducta omisiva: deliberadamente no efectuó el control que le correspondía sobre el vehículo señalado, permitiendo así que Achucarro continuara su recorrido y concretara el transporte de la droga. Los magistrados concluyeron que esa omisión no podía interpretarse como una conducta inocua, sino como parte de un plan acordado para asegurar el resultado ilícito. Finalmente, la Cámara confirmó también la prisión preventiva y el traslado del imputado a la Unidad N° 7 del Servicio Penitenciario Federal, al considerar que la medida no implicaba un agravamiento ilegítimo de su detención y que el riesgo invocado por la defensa no contaba con respaldo objetivo en el expediente. La resolución fue adoptada por mayoría y contra ella no se anunciaron, hasta el momento, nuevas instancias recursivas.

Referentes de la Iglesia, TECHO y la Mesa Nacional de Barrios Populares rechazaron el cierre y el desfinanciamiento de la SISU. Alertan por el impacto para quienes viven en villas y asentamientos. El Gobierno avanzó con el cierre y vaciamiento de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU), el organismo encargado de ejecutar la política de urbanización de barrios populares creada por la Ley 27.453. La decisión generó un fuerte rechazo de la Iglesia, organizaciones sociales y referentes territoriales, que advirtieron que la paralización de esta área implica dejar sin obras ni acompañamiento estatal a cerca de 5 millones de personas que viven en más de 6.400 villas y asentamientos en todo el país. El reclamo tiene este martes un protesta hacia el Ministerio de Economía convocada por la Mesa Nacional de Barrios Populares bajo la consigna “Sin integración socio urbana no hay futuro para 5 millones de personas”. La movilización se formalizó en una conferencia este lunes en la que participaron, entre otros, el arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, Gustavo Carrara; el director ejecutivo de TECHO-Argentina, Juan Maquieyra, y ex funcionarias del área. Todos coincidieron en que la medida implica el desmantelamiento de una política de Estado que había sido aprobada por unanimidad en el Congreso en 2018. Carrara fue contundente: “Estamos en una cultura de la voracidad y el descarte”. Y agregó: “Urbanizar es garantizar cosas tan elementales como agua potable y electricidad segura. Pero la integración habla de protagonismo”. El arzobispo subrayó además el rol de los propios vecinos en el relevamiento y la ejecución de obras: “El relevamiento no se hubiera podido hacer sin los vecinos y vecinas. Ellos trabajan por la integración de sus barrios y ya aportan muchísimo”. En tono crítico, planteó: “¿Qué adulto que tenga un poco de corazón puede decir ‘que mis hijos coman, pero si otros no comen no hay problema?’”. Desde TECHO, Maquieyra recordó que el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) y la ley de integración “se desarrollaron de abajo hacia arriba” y se transformaron en “una política de Estado votada por unanimidad”. “Se hizo encontrando a los distintos y se sustentó haciendo: hubo decenas de miles de obras auditadas para que niños y niñas tengan donde crecer”, afirmó. Y lanzó una pregunta que atravesó la conferencia: “¿En qué Argentina queremos vivir? ¿En una donde, si nacés en un barrio popular hoy y no hay obras de integración socio urbana, vas a vivir once años menos?”. Según los datos presentados, desde diciembre de 2023 se profundizó el desfinanciamiento del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), lo que dejó más de 700 obras paralizadas, más de 11.000 mujeres afectadas por la interrupción del programa Mi Pieza y cientos de barrios sin relevar. También advirtieron sobre procesos de desalojo en curso y más de 98.000 solicitudes de Certificado de Vivienda Familiar pendientes. La ex subsecretaria Fernanda García Monticelli señaló que “no se está desmantelando una oficina pública, sino la pieza ejecutora de la política”, y remarcó que sin estructura ni financiamiento “la ley queda vaciada de contenido”. El conflicto ya tiene derivaciones judiciales. Vecinos de barrios populares, con el patrocinio del CELS, presentaron un amparo colectivo y la Justicia Federal de Pehuajó dictó medidas cautelares que ordenan garantizar la continuidad de la política y suspenden cualquier intento de disolver el FISU. Para la Mesa Nacional, la paralización no es un mero ajuste administrativo sino “el incumplimiento de una ley vigente y una regresión en derechos reconocidos”. El documento difundido tras la conferencia reúne cerca de 200 adhesiones, entre ellas Cáritas, TECHO, la UTEP, sindicatos y universidades nacionales. “La integración socio urbana no es un gasto: es una inversión en desarrollo y futuro. No hay libertad posible si el punto de partida es profundamente desigual”, señalaron. Y reclamaron al Poder Ejecutivo que garantice la sostenibilidad y el financiamiento de una política que, aseguran, trasciende gobiernos y partidos. elDiarioAR

La inflación en el mismo período fue de 276 por ciento, lo que deja en evidencia el pésimo acuerdo para el Estado. En los primeros meses del gobierno de Javier Milei, mientras dejaba de entregar a alimentos a comedores populares y medicamentos a pacientes graves y el aparato de propaganda oficial machacaba con la muletilla “no hay plata”, la Cancillería renovó un jugoso contrato con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa para capacitar a empleados públicos. El dato significativo de la decisión no sólo radicó en el monto, muy superior en relación con la inflación al que había firmado meses antes el gobierno de Alberto Fernández, sino en que al frente de esa entidad privada estaba María Josefina Rouillet, esposa de Federico Sturzenegger, quien por entonces no tenía un cargo formal pero ya era una de las caras visibles de la destrucción del Estado. La doble vara del Ministro de Desregulación, un fundamentalista del achique del sector público de la boca para afuera, quedó en evidencia en diciembre pasado cuando firmó la adjudicación directa (sin licitación pública) de la empresa que encabeza su esposa, por 114 millones de pesos, para capacitar a 132 empleados públicos. Desde el entorno de los organismos involucrados intentaron justificar la decisión en que el instituto de Roulliet era “el único capaz de brindar cursos en inglés” (sic), que el convenio se había iniciado en 2018 y que para el último acuerdo se había aplicado un protocolo que solicitaba un dictamen de la Oficina Anticorrupción. La novedad que ayer aportó El DiarioAR data de febrero de 2024, cuando Diana Mondino era canciller y el futuro ministro aún no tenía cargo pero ya se relamía en videos que circulaban por las redes sociales mostrándose junto a pilas de papeles con leyes y estructuras estatales que pretendía barrer. El convenio de renovación de contrato entre Cancillería y la Cultura Inglesa suscripto el 27 de febrero de 2024 fue por 55,3 millones de pesos, un 398 por ciento mayor al firmado por Fernández en marzo de 2023, de 11 millones. La inflación en el mismo período fue de 276 por ciento, lo cual deja en evidencia un pésimo acuerdo para el Estado, demonizado por su presunta ineficacia por la flamante gestión. “El Coloso”, como lo bautizó el presidente, no está pasando su mejor verano. En los últimos días quedó en el ojo de la tormenta de la propia tropa libertaria desde que su incontinencia verbal instaló en los medios el tema del descuento salarial que la reforma laboral pretendía aplicar a los trabajadores que se enferman, punto que debió eliminar por el rechazo que generó aun en los estómagos curtidos de sus aliados del Pro y la UCR. Además, la semana pasada, tal como informó Página/12, Sturzenegger volvió a ser noticia cuando trascendió que su cartera firmó el 30 de noviembre un contrato alquiler de cuatro pisos y 24 cocheras en el centro porteño por 720 millones de pesos, más los gastos de expensas, internet y otros servicios que se pagan con plata del Estado. Página/12

Con 6.395 patentamientos en el primer mes del año, las marcas nucleadas en CIDOA ya rozan el 10% del mercado. Fuerte avance de las automotrices asiáticas. La mayor apertura de importaciones comenzó a reflejarse con fuerza en el mercado de autos 0km en la Argentina. Durante enero se patentaron 6.395 vehículos correspondientes a marcas exclusivamente importadoras, casi el triple de las 1.712 unidades registradas en el mismo mes de 2025, según datos de la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (CIDOA). Con un total de 66.000 patentamientos en el mes, las marcas importadas alcanzaron una participación cercana al 10%. El nuevo esquema del mercado muestra que los modelos de producción nacional representan el 35%, mientras que el 65% restante corresponde a vehículos traídos del exterior, incluyendo también aquellos comercializados por terminales radicadas en el país. China gana terreno en el mercado de autos importados En el desglose por origen, Brasil lideró con 28.672 unidades (43,8%), seguido por la Argentina con 22.806 (34,9%). El dato saliente fue el salto de China, que alcanzó 6.777 unidades (10,4%), cuadruplicando su volumen interanual y posicionándose como tercer proveedor del mercado local. También creció México con 2.628 unidades (4%), mientras que países como Alemania, Bélgica, Tailandia, Corea y Japón mantuvieron participaciones estables. El impulso a híbridos y eléctricos favoreció especialmente a las marcas chinas, que ocuparon los primeros lugares del ranking mensual. Top 20 marcas de autos importados 1-BAIC: 1.325 unidades 2-BYD: 915 unidades 3-HAVAL: 681 unidades 4-Hyundai: 637 unidades 5-KIA: 454 unidades 6- Chery: 429 unidades 7-MG: 352 unidades 8-BMW: 306 unidades 9-Volvo: 212 unidades 10-Foton: 184 unidades 11-JAC: 129 unidades 12-Jetour: 125 unidades 13-Changan: 113 unidades 14-DFSK: 82 unidades 15-Mitsubishi: 67 unidades 16-Subaru: 48 unidades 17-Suzuki: 42 unidades 18-Mini: 38 unidades 19-Shineray: 37 unidades 20-KYC: 28 unidades El presidente de CIDOA, Ernesto Cavicchioli, también CEO de Hyundai Argentina, señaló que el repunte responde a un contexto de mayor previsibilidad, aunque remarcó la necesidad de reglas claras para sostener el crecimiento. Con este escenario, el mercado automotor argentino reconfigura su mapa competitivo, con las marcas chinas como protagonistas centrales del nuevo ciclo. Ámbito

La Cámara baja aprobó el proyecto que exige pasar a 40 horas semanales de trabajo. Ahora resta su promulgación y la reducción comenzará a partir del 2027. Se estima que se beneficiarán entre 13,5 millones y 30 millones de trabajadores. El Congreso de México aprobó este miércoles el proyecto de reducción gradual de la jornada laboral, tras pasar por la Cámara baja. La iniciativa pide pasar de 48 a 40 horas semanales, con el fin de que el país se alinee a los estándares internacionales de mejora de la calidad de vida de los trabajadores para elevar la productividad de las empresas. La iniciativa promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum no encontró mayores obstáculos en la Cámara de Diputados – de mayoría oficialista – donde tras una maratónica sesión de más de ocho horas, se aprobó el proyecto con 411 votos a favor y 58 en contra. La reforma constitucional, que también respaldó el Senado a inicios de mes, pasará ahora a los congresos estatales para su promulgación. El texto aprobado por los diputados indica que el recorte de la jornada laboral – que no implicará una reducción del salario ni prestaciones – se dará de forma progresiva dos horas por año, a partir del 2027, hasta llegar a las 40 horas en el 2030. Asimismo, se estableció que durante este año habrá un “período de adecuación” en el que las empresas y los trabajadores organizarán, planificarán y adaptarán sus procesos productivos para iniciar los cambios en 2027. En la reforma se fijó un nuevo tope de tiempo de trabajo extraordinario de doce horas a la semana distribuidas en un máximo de cuatro horas diarias y hasta cuatro días a la semana. Además, se prohibió que los menores de 18 años sean empleados en jornadas extraordinarias. Sin bien la jornada laboral se redujo, la mayoría oficialista decidió mantener la normativa de al menos un día de descanso por cada seis días trabajados y no aceptó la propuesta de la oposición de aumentar a dos los días de descanso. Con estos cambios, México se equipará con varios países de Europa, Asia y América que llevaron sus jornadas laborales a 35 y 40 horas semanales, con un tiempo de descanso obligatorio de un día. En los últimos años, Chile, Colombia, Brasil y República Dominicana recortaron la jornada laboral a entre 40 y 42 horas a la semana. El gobierno calculó que la reforma beneficiará a 13,5 millones de trabajadores, pero analistas prevén que podría cubrir a unos 30 millones de empleados, que representan cerca de la mitad de la población económicamente activa de México. Los especialistas estiman que la reforma implicará inversiones en la reorganización de procesos de las empresas, nuevas contrataciones de trabajadores y ajustes en los contratos de trabajo y en los mecanismos de productividad. Pese a ello, las autoridades descartaron que la reducción de la jornada pueda impactar a las estructuras de costos de las empresas. Al respecto el director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) Oscar Ocampo señaló que la gradualidad de los cambios ayudará a que las empresas se ajusten progresivamente sin resentir sus finanzas. Por otro lado, el director general del clúster automotriz del estado norteño de Nuevo León Manuel Montoya Ortega sostuvo que la reforma sí encarecerá los costos y “las cosas no van a costar lo mismo”. Ámbito

Bartolomé Abdala, presidente provisional de la Cámara Alta, remarcó que el objetivo de esta medida – a tratarse durante el período ordinario del Congreso – es terminar con las licencias “exageradas, abusivas” y “los certificados médicos truchos”. Faltando pocos días para que La Libertad Avance intente que se apruebe en el Senado la reforma laboral, Bartolomé Abdala, presidente provisional de la Cámara Alta, reconoció que, durante el período ordinario del Congreso de la Nación, intentarán cambiar las licencias médicas por ley. Entrevistado por “Infobae al Regreso”, el senador oficialista reveló que, “con el correr del período ordinario, va a haber alguna ley nueva que va a venir a corregir ese tema”, explicando que su objetivo es terminar con las licencias “exageradas, abusivas”, y “los certificados médicos truchos”. Esta polémica se disparó porque, en la propuesta original, se establecía que si un empleado tenía un accidente o sufría una enfermedad no vinculada directamente a su trabajo que le impedía desempeñar la labor por la que se le abonaba un sueldo, solo podría cobrar un porcentaje de su salario mientras se encontrara en esa situación. Por otra parte, Abdala también habló de lo que ocurrió con las vicepresidencias del Senado, lugares que, por ley, deben ser ocupados por la primera minoría, donde quedó completamente afuera el kirchnerismo, lo que generó una airada denuncia por parte de José Mayans, quien acusó al oficialismo, encabezado por Patricia Bullrich, de “atropellar” a la oposición. El presidente provisional de la Cámara Alta aseguró que los problemas que actualmente sufre el kirchnerismo “lo tienen que resolver entre ellos”, remarcando que “nosotros votamos viendo lo que era lo más razonable para nosotros”. Perfil

Operarios que realizaban sus tareas habituales en el predio ubicado a la altura del kilómetro 186 de la Ruta Nacional Nº16 dieron aviso a las autoridades sobre la presencia de restos óseos entre los residuos. Fuentes policiales informaron a Periodismo365 que el sorprendente hallazgo ocurrió a las 10 de la mañana de este miércoles. Efectivos de la Comisaría 2ª de Sáenz Peña se dirigieron de inmediato al lugar, confirmando que se trata de un cráneo humano. Ante la gravedad del hecho, se dio intervención a la Fiscalía de Investigación Penal N° 4, que ya coordina las tareas periciales para intentar determinar la identidad de los restos y las circunstancias en las que llegaron al lugar. Periodismo365

El procedimiento se realizó en Villa Olivari, en donde los gendarmes detectaron que la carta de porte declaraba el transporte de girasol y que no coincidía con la mercadería trasladada. Sobre la Ruta Nacional N°12, a la altura del kilómetro 1.232, los efectivos de la Sección Seguridad Vial “Villa Olivari”, dependiente del Escuadrón 47 “Ituzaingó”, detuvieron la marcha de un transporte de cargas generales que se desplazaba desde Santiago del Estero con destino a la provincia de Misiones. Durante la inspección documentológica, los gendarmes detectaron que el conductor exhibió una carta de porte donde constaba el transporte de girasol pero que no coincidía con la mercadería transportada. Inmediatamente, los uniformados pudieron constatar que se trataba de soja a granel, con un peso total de 30.200 kilos valuada en 11.778.000 pesos argentinos. Finalmente, conforme lo dispuesto por la Fiscalía Federal de Corrientes y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (A.R.C.A), la totalidad de la mercadería incautada quedó a disposición de las autoridades competentes para prosecución de las actuaciones en infracción a la Ley 24.769 de Régimen Penal Tributario. Corrientes Hoy

En declaraciones a CIUDAD TV, el especialista en ciberseguridad bancaria, Julio López, lanzó una alerta contundente sobre el preocupante aumento de ciberestafas dirigidas específicamente a jubilados en todo el territorio nacional. “Están hiper sofisticados”, aseguró. Las recomendaciones. López, quien se desempeña como gerente de Seguridad y Fraude del Nuevo Banco del Chaco, aprovechó la oportunidad para detallar el modus operandi de organizaciones delictivas que operan con un nivel de sofisticación inédito, aprovechando la vulnerabilidad de las personas mayores y la falta de coordinación entre las fuerzas de seguridad. “Hay una oleada, esto está pasando por todos lados. Están empezando a llamar a los jubilados, la gente de mayor edad, para decirles que hay descuentos esta vez en los servicios y en las facturas de luz, gas, y lo que fuese”, explicó López. En ese sentido, describió que “desde empresas como Camuzzi, que es del interior de Buenos Aires, hasta las empresas de agua del Chaco, como Sameep, y también Secheep, son excusas para llamar a la gente mayor y hacerles sacar un crédito de una transferencia”. Ante la duda por supuestas promociones o descuentos, el especialista aconsejó llamar en forma telefónica a los números que aparecen en las facturas de las empresas de servicios para corroborarlo y no googlear. Estafas segmentadas López reveló que los estafadores utilizan técnicas de segmentación extremadamente precisas para llegar a sus víctimas. “Planta publicidad, tanto en Facebook como en Instagram, que solamente ve la franja etaria, o sea, la franja de edad que ellos quieran. Yo con 50 años no lo veo. Vos quizás con menos de 50 tampoco lo ves. ¿A quién se le ofrece esa publicidad? A gente que tiene más de 65, por ejemplo”, detalló, explicando por qué el alerta no llega a todos por igual. El especialista alertó por ese altísimo grado de organización que tienen estas bandas, que operan como verdaderos centros de llamados dedicados exclusivamente a la estafa. “Desde Buenos Aires, donde hay empresas en el interior, de la zona sur, Mar del Plata, etc., en donde la empresa se llama Camuzzi, y es exactamente el mismo cuento, es como si hubiera un poder central atrás, que según la característica del teléfono, ya sabe qué empresas de luz o electricidad o de agua hay en esa zona”, describió López, ilustrando la precisión quirúrgica con la que operan los delincuentes. El experto explicó que los estafadores conocen perfectamente la geografía y los servicios de cada localidad, de acuerdo a la característica telefónica identifican a la empresa prestadora. “Ya saben que Camuzzi es Mar del Plata, entonces cuando llaman al teléfono del jubilado saben que es Camuzzi el prestador de energía eléctrica. Están hiper sofisticados”, enfatizó, subrayando la necesidad de extremar los recaudos. López fue categórico al diferenciar este tipo de delitos de otros ilícitos. “La estafa es el engaño a la persona. No estafan a la billetera Mercado Pago, estafan al cliente de Mercado Pago. ¿Y cómo lo estafan? El engaño es hacerte creer algo que vas a encontrar de tu propio beneficio, y vos vas en contra de vos mismo. Por eso se llama estafa, y no se llama robo ni hurto”, aclaró, poniendo el foco en la responsabilidad que recae sobre la víctima engañada. Dificultades para investigar El especialista también se refirió a las dificultades que enfrentan las autoridades para combatir este flagelo debido a la descentralización de las denuncias. “Doña Rosa es estafada, y va a la fiscalía más cercana, suponete en Sáenz Peña. Después va Doña Juana a Quitilipi, que también fue estafada, y hace la denuncia ahí. Ahora, el teléfono que las estafó es el mismo, el WhatsApp es el mismo, pero cómo se entera la fiscalía de Quitilipi que en Sáenz Peña, a la misma hora, el mismo día, hubo una denuncia también”, planteó como interrogante. Esta falta de coordinación impide identificar patrones delictivos a gran escala. “Las fiscalías reciben la información en todo el país de manera descentralizada, la policía también está descentralizada con respecto a los estafas. Por lo tanto, acá nadie puede medir: estos 10 teléfonos seguros en un call center, por qué, acá vemos las estadísticas”, lamentó López, señalando una de las principales debilidades del sistema para enfrentar organizaciones que operan a nivel nacional. El entrevistado reveló además una práctica recurrente para la obtención de datos: los falsos sorteos. “Muchas veces encontramos falsos sorteos para jubilados. Inscribite, dejá tu teléfono, etcétera. Los tipos recolectan todos los teléfonos y no los llaman al otro día, sino que de ahí generan una base de datos nacional. Y después, a los dos meses están llamando a esos teléfonos que ellos adujeron a hacer un sorteo”, alertó, demostrando la paciencia y planificación de estas organizaciones delictivas. Frente a este panorama, López insistió en la necesidad de que los adultos mayores extremen los recaudos y no se dejen llevar por las apariencias. “Hay una mentira para cada una de las franjas etarias. Obviamente que la gente mayor que jubila, con el estrés financiero que siempre tiene, de pronto ve que le dicen ‘factura de luz’ y se tiran encima”, reconoció, mostrando empatía con la situación de las víctimas potenciales. Como conclusión, el especialista brindó una recomendación simple pero vital: “Si tenés más de 65 años, nos estás viendo en este momento, y ves en algún momento una publicidad que habla de tarifas o descuentos, antes de hacer cualquier cosa, agarrás las facturas del servicio, el de agua o el de electricidad, y llamás al teléfono que está impreso en la factura, no busques en Google. Le decís: acabo de ver una publicidad, dice que tengo 20% por ser jubilado, ¿es real o no es real? No es real, listo, se corta”.

El mercado espera la colocación de deuda de hoy. El Gobierno incorporó un bono en dólares con el objetivo de captar hasta u$s2.000 millones en sucesivas licitaciones y cubrir los vencimientos de julio. El S&P Merval se da vuelta y cae este miércoles 25 de febrero, mientras que el riesgo país se ubica en los 540 puntos básicos. En Nueva York se destaca la pérdida de Mercado Libre por casi 10%. El foco del mercado está puesto en la cuarta licitación de deuda del año, en la que el Ministerio de Economía incorporará por primera vez un nuevo instrumento en moneda extranjera dentro de las habituales colocaciones en pesos. En ese marco, el selectivo local cae 1% a 2.784.586,630 puntos básicos. Los papeles que más caen son: Grupo Supervielle (-2,2%), Cresud (-2%), y Metrogas (-1,7%). En Nueva York, Mercado Libre se hunde después de la presentación de su último balance. La decisión sorprendió a los operadores. El lunes, la cartera que conduce Luis Caputo anunció que sumará un bono en dólares con el objetivo de captar hasta u$s2.000 millones para afrontar los vencimientos con bonistas privados previstos para julio. La Secretaría de Finanzas informó que, a partir de las próximas licitaciones quincenales, ofrecerá hasta u$s150 millones por subasta de este nuevo título. Además, se habilitará una segunda vuelta al día siguiente para ampliar la emisión por otros u$s100 millones. Además, la Secretaría de Finanzas licitará siete títulos para enfrentar vencimientos por unos $7,2 billones de pesos. “Los operadores están atentos a la colocación del ‘Bonar 2027’, la cual apuntaría principalmente a aprovechar el fuerte crecimiento de los depósitos en dólares, con la intención de tentar a los ahorristas a través de un instrumento corto que les permita rentabilizar sus ahorros”, dijo el economista Gustavo Ber. “De lograrse satisfactorios resultados en las sucesivas licitaciones, lo cual resulta probable por las características intrínsecas del título, se podría ir avanzando en la refinanciación de vencimientos de julio sin acceder a los mercados internacionales, y en simultáneo con el objetivo de darle una mayor profundidad y desarrollo al mercado de capitales local”, estimó. Ámbito

El presidente Javier Milei había prometido que la inflación estaría debajo del 1% a inicios del segundo semestre, estimación que está en jaque luego del comportamiento de los precios en el primer bimestre. La inflación de febrero apunta a ubicarse entre el 2,5% y 3%, impulsada por subas en alimentos y servicios públicos, según revelan estudios privados. El ritmo de suba de precios está lejos de la intención del Gobierno, que pretendía perforar el 2% durante el primer trimestre del año. En enero la inflación fue de 2,9% y sumó el quinto mes consecutivo de crecimiento con relación al mes anterior. De confirmarse los datos que revelan las consultoras privadas, en febrero se completaría un semestre con curva ascendente, pese a que se mantiene el plan del oficialismo de no emisión de pesos, a lo que se suma una política cambiaria que busca contener el precio de la divisa. La inflación de febrero según las consultoras privadas El último relevamiento de la consultora LCG que recibió Agencia Noticias Argentinas detectó que los alimentos acumulan una suba superior al 3% en las últimas cuatro semanas, con elementos básicos como la carne y las verduras impulsando ese avance. En tanto, Eco Go señaló que durante la tercera semana del mes los precios de los alimentos consumidos dentro del hogar registraron una suba de 0,5%. “La inflación de los alimentos dentro del hogar se proyecta en torno al 2,9% para febrero. Al incorporar la variación de los alimentos consumidos fuera del hogar (1,9%), la inflación del rubro alimentos es de 2,7%,” dijo en su último informe. Asimismo, concluyó que la proyección de febrero es de una inflación de 3%. Para Analytica en la tercera semana del mes los precios subieron 2,8%, lo cual proyecta una suba de precios de 2,8% para el mes. Por su parte, la canasta de productos básicos de Consumidores Libres mostró un alza de 3,1% para la primera quincena del mes en curso. Estos relevamientos están lejos de lo que habían proyectado los analistas en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central. Los especialistas esperaban una suba de precios de 2,1% para febrero. Cabe recordar que febrero también tendrá un fuerte impacto a nivel de servicios públicos por actualizaciones en las tarifas de luz y gas. Este escenario pone en alerta al gobierno dado que toda su política económica tiene como principal objetivo bajar la inflación y, pese a cumplir con sus fundamentos de superávit fiscal y no emisión, los precios siguen por encima del nivel pretendido. NA

La AGN, que está presidida por el peronista Juan Manuel Olmos, ahora quedará integrada por dos libertarios, dos justicialistas, un radical, y una representante de los gobernadores aliados al presidente Javier Milei. La Auditoria General de la Nación quedó este martes conformada luego que el Senado designara sus tres representantes, con lo cual el organismo volverá a reactivase tras dos año de parálisis. Ahora la AGN está conformada por Mónica Almada de La Libertad Avanza; Pamela Calletti, que responde a los gobernadores aliados; el camporista Juan Ignacio Forlón, por la Cámara de Diputados; y por el libertario Mariano Piazza, el peronista Javier Fernández, y el radical Luis Naidenoff. Con esta nueva integración, el Gobierno tendrá dos representantes propios y dos aliados, y el kirchnerismo quedará relegado a tres miembros. ¿Quién es quién en la AGN? Olmos, de 52 años, es abogado de la UBA, y tiene una amplia trayectoria ya que se desempeñó como presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, fye legislador porteño y, desde fines del 2023, a propuesta del Partido Justicialista es presidente de la Auditoria General de la Nación. Histórico integrante del peronismo, estuvo mencionado en la causa de los Cuadernos en las anotaciones que hizo el exchofer Antonio Centeno. Es auditor desde hace mas de 20 años, con lo cual será integrante con más experiencia y trayectoria en la AGN. Fue presidente del bloque de la UCR entre el 2011 y el 2023 y tuvo un rol central durante toda la gestión de Mauricio Macri, ya que debió encarar muchas negociaciones para lograr que el entonces oficialismo pueda sancionar las leyes en una Cámara dominada por el peronismo. Tras desempeñarse como asesora del PRO en la Cámara de Diputados, fue designada en el Gobierno de Cambiemos primero como directora y luego como vicepresidenta de Nación Seguros, y ahora en el Gobierno de La Libertad Avanza fue funcionaria del Ministerio de Economía, de Luis Caputo, previo a ser propuesta como miembro de la AGN por la LLA. Tiene una extensa trayectoria en cargos públicos, fue director del Banco Nación en el último tramo del Gobierno de Cristina Fernández y estuvo en la Loteria Nacional. La letrada salteña de 46 años fue funcionaria del exgobernador Juan Manuel Urtubey, en su gestión se desempeño como ministra de Justicia, ministra de Derechos Humanos y Justicia, y Fiscal de Estado hasta 2019. En 2021 fue electa diputada por el Frente de Todos, pero en el 2023 por directivas de su gobernador armó junto a dos salteños, un rionegrino y tres misioneros el bloque de Innovación y se convirtió en la titular de esa bancada hasta el final de su mandato en diciembre del 2025. Perfil

El titular de la Cámara Argentina de Comercio se refirió a la crisis económica que se profundiza en la gestión de Javier Milei. Pese a los sacrificios, aseguró que el empresariado acompaña el rumbo elegido. El peor escenario como consecuencia del actual modelo económico lo confirmó un de las principales voces empresarias y miembro del G6, un conjunto de influyentes cámaras empresarias. “Es probable que algunos no logremos sostenernos, pero entendemos que es un costo necesario para que nuestros hijos y nietos vivan en una Argentina más ordenada y previsible”, sostuvo el titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Mario Grinman, al evaluar la coyuntura económica que atraviesa el sector en medio de la crisis que produce el gobierno de Javier Milei. Sus declaraciones tuvieron lugar tras el encuentro del denominado G6 con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y reflejan el apoyo de uno los principales referentes empresariales frente al escenario actual a pesar de la brutalidad de la crisis. La reunión del Grupo de los 6 se concretó luego de varias postergaciones por cuestiones de agenda. Según detalló Grinman, el intercambio se extendió durante casi una hora y media y permitió analizar la realidad de las distintas actividades representadas, en un contexto marcado por fuertes diferencias sectoriales y múltiples desafíos. El sincericidio de Mario Grinman En diálogo con Radio Mitre, el dirigente remarcó que ninguna de las ramas atraviesa una situación holgada. Si bien reconoció señales positivas vinculadas al crecimiento económico, también admitió que persisten dificultades. Aun así, aseguró que el empresariado acompaña el rumbo elegido, pese a los sacrificios que implica. Grinman también describió el momento que vive el comercio y los servicios, y reconoció el impacto de la baja del consumo. Señaló que durante 2023 se generó una dinámica excepcional a partir del llamado “plan Platita”, que incentivó el gasto y sostuvo artificialmente la demanda. Según su mirada, ese escenario “no era sostenible” y dejó secuelas en la actividad. Sobre el presente, rechazó la idea de una parálisis total y habló más bien de una etapa de estabilización. Explicó que el fuerte consumo previo respondía, en parte, a la necesidad de desprenderse rápidamente del dinero ante la inflación. Con precios más estables, afirmó, el comportamiento de los consumidores cambió y la demanda se moderó, aunque sostuvo que las expectativas son gradualmente favorables. Uno de los puntos centrales de su mensaje fue el reconocimiento del costo social del proceso de ajuste: “Nosotros somos conscientes, es duro reconocerlo, que algunos vamos a quedar en el camino, pero ese es el precio, y ese es el precio que hay que pagar para que nuestros nietos, nuestros hijos, tengan una Argentina normal, un país que progrese, con futuro, yo creo que vale la pena”. Caída del consumo en enero En enero de 2026, el consumo de los hogares argentinos mostró una baja interanual del 0,8%, aunque registró una mejora del 0,7% frente a diciembre de 2025. Con este dato, ya son tres los meses consecutivos con variaciones negativas en la comparación anual, luego de un primer semestre de 2025 con cifras mayormente positivas, de acuerdo con el Indicador de Consumo elaborado por la entidad empresaria y difundido por la Agencia Noticias Argentinas. El relevamiento mide mes a mes la evolución de la demanda de bienes y servicios finales por parte de las familias, aportando información adicional sobre la dinámica económica. Según el informe, el ingreso nominal promedio por hogar alcanzó los $ 2.719.000 en enero. Una vez descontada la inflación, el poder adquisitivo se mantuvo en niveles similares a los de diciembre. En ese mes, la inflación fue del 2,9%, marcando el quinto período consecutivo con un Índice de Precios al Consumidor superior al 2%. En la comparación interanual, el alza de precios acumuló un 32,4%. El desempeño del consumo mostró diferencias según el rubro -Vivienda, alquileres y servicios públicos: lideró el crecimiento, con un aumento estimado del 7,1% interanual, aportando 1,2 puntos al índice general. -Indumentaria y calzado: retrocedió 0,8% respecto de enero de 2025. -Transporte y vehículos: evidenció una leve contracción del 0,1%, asociada a una desaceleración en el patentamiento de autos y motos. -Recreación y cultura: cayó 3,7% interanual y sumó su segundo mes en baja. -Otros rubros: en conjunto descendieron 2,9%, ubicándose en niveles similares a los registrados en enero de 2020, antes de la pandemia. El Destape

La inmensa mayoría de los productores argentinos se queja de los altos costos de producir, además del descuento que implican las retenciones sobre sus ingresos.Un informe del IERAL, el Instituto de Estudios Económicos de la Fundación Mediterránea, realizó un interesante comparativo con los costos de otros cuatro países agrícolas que compiten con la Argentina (Estados Unidos más los tres socios del Mercosur), y de allí surge que las diferencias de costos son exageradas solamente en dos rubros: el precio del gasoil y de los tractores. Las petroleras agradecidas De la comparación surge que en combustible (gasoil grado 2), Argentina se encuentra más cara que los otros cuatro países, con un precio 21,4% superior al promedio. Esto lógicamente impacta también en los costos del transporte de carga (flete granario), donde el valor local es 3,7% superior al promedio, más caro que en Brasil y Paraguay, pero más barato que en Uruguay y Estados Unidos. La Mediterránea sostuvo que “el seguimiento de los costos del último año muestra una tendencia favorable en la competitividad argentina, logrando una reducción en la brecha de precios con respecto a sus competidores regionales y Estados Unidos”. Así las cosas, “lo que inicialmente se manifestaba como una desventaja generalizada en la gran mayoría de los rubros analizados, evolucionó hacia una posición mucho más equilibrada, especialmente en el segmento de los agroquímicos. En la actualidad, gran parte de los fertilizantes, herbicidas y fungicidas se sitúan en niveles competitivos o incluso por debajo de la media regional, marcando una mejora sustancial en el acceso a insumos básicos para la producción”, se señaló. De todos modos, la Fundación advirtió que “persisten desafíos estructurales importantes que impiden una competitividad plena, destacándose los sobrecostos consistentes en maquinaria pesada y combustible, rubros donde el país continúa operando con valores superiores a sus pares”. También se aclaró que las retenciones juegan un papel antipático. “No debe perderse de vista que el principal problema de la competitividad del sector agropecuario se encuentra por el lado de los ingresos y no de los costos, debido a que en Argentina los productores enfrentan derechos de exportación que reducen de forma directa el precio efectivo que reciben por sus productos, lo que no ocurre en los demás países analizados”. Bichos de Campo

Personal del Departamento Cibercrimen detuvo en Resistencia a una mujer de 38 años en el marco de una causa por supuesta estafa y defraudación mediante el uso no autorizado de datos de tarjeta de crédito. La investigación se inició tras consumos no autorizados por más de $1.250.000. La investigación comenzó a partir de la denuncia de una mujer de 72 años, quien detectó múltiples consumos no autorizados en distintas plataformas digitales y pagos de servicios, que superarían el millón 250 mil pesos. A partir de oficios judiciales enviados a diferentes empresas y del análisis de la trazabilidad de las operaciones, los investigadores establecieron que parte de los pagos correspondían a un suministro eléctrico ubicado en avenida Marconi al 100 aproximadamente, en Resistencia, domicilio vinculado a la sospechosa. Mediante tareas de investigación digital y vigilancia discreta, los efectivos lograron reunir elementos que la vincularían con las maniobras. Finalmente, fue conducida a sede policial, donde se dispuso su aprehensión por orden del Equipo Fiscal N°13. En el procedimiento se secuestró un teléfono celular que será sometido a pericias. La causa continúa en etapa investigativa.