El siniestro se registró este jueves al mediodía en la jurisdicción de la Comisaría Undécima. De acuerdo a las primeras pericias, las llamas se habrían originado por la explosión de una batería. No se reportaron personas lesionadas. Una rápida respuesta coordinada entre el Servicio de Emergencias 911, personal jurisdiccional y el Cuerpo de Bomberos de la Policía del Chaco permitió controlar un principio de incendio registrado en las instalaciones de un galpón y taller metalúrgico de la zona oeste de la capital provincial. El incidente fue alertado a las 13:20 a través de un llamado al Sistema de Atención de Emergencias (SAE-CAD 911). De inmediato, personal de la Comisaría Undécima Metropolitana se constituyó en el lugar, ubicado en la avenida Alvear al 3200 y constataron la veracidad de lo informado. Intervención y origen del siniestro Al arribar la prevención policial, el fuego se propagaba en un sector del taller. De las primeras entrevistas mantenidas con las personas presentes en el establecimiento, se pudo determinar de manera preliminar que las llamas se habrían desencadenado a raíz de la inesperada explosión de una batería. Debido a la presteza con la que acudieron las dotaciones de la División Bomberos de la Policía, el foco ígneo pudo ser sofocado y custodiado mediante un perímetro antes de que afectara la totalidad de las maquinarias y la estructura del galpón.Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas ni personal civil afectado por el humo, reportándose únicamente daños materiales menores en el sector donde se originó el desperfecto. En el lugar se labraron las actas correspondientes y los peritos de Bomberos continuaron con las tareas técnicas de rigor para establecer de forma fehaciente las causales del hecho, dándose inicio a las actuaciones judiciales preventivas bajo la carátula de “Supuesto Incendio”.
Autor: Redacción General
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha un esquema y confirmó un aumento del 38% en la tarjeta Alimentar tras haberla mantenido congelada durante dos años. La medida quedó establecida a través de la Resolución 161/2026, que se publicó luego de que el organismo arrancara con el calendario oficial de pagos, por lo que los titulares alcanzados por el programa recibirán en mayo un monto extra correspondiente a la diferencia entre los valores anteriores y las nuevas escalas. Aumenta la tarjeta Alimentar, ¿cuánto cobro? En el sitio web oficial de ANSES se aclara a los usuarios que, por el aumento de la Prestación Alimentar, en el recibo de mayo van a ver un importe mayor al que recibieron en su cuenta: “Esa diferencia la van a cobrar según el calendario incluido más abajo, en la sección Fechas de cobro por terminación de tu DNI”. Es así que se determinó un nuevo cronograma para que las familias puedan conocer cuándo se les acreditará este beneficio. También es importante aclarar que no es necesario realizar ningún trámite adicional y que será acreditado de manera directa. Con el aumento, los valores quedaron de la siguiente manera: Cuándo cobro el extra de la Tarjeta Alimentar en mayo de 2026 El Gobierno de Javier Milei y el Ministerio de Capital Humano encabezado por Sandra Pettovello confirmaron una segunda ronda de acreditaciones para completar el aumento de mayo de la Prestación Alimentar. El calendario de cobro del extra para mayo de 2026 queda así: Para evitar contratiempos, es fundamental mantener actualizados los datos personales, familiares y de contacto (teléfono móvil y correo electrónico). Se los puede consultar en mi ANSES en la sección Información Personal, con el CUIL y Clave de la Seguridad Social. Cronista
Se realizó en Sáenz Peña. La capacitación, fue coordinada por el Departamento Servicios Sociales en conjunto con la Dirección de Zona Interior. El encuentro estuvo destinado a fortalecer las herramientas de contención psicológica en el ámbito laboral. En línea con las políticas de bienestar, formación y cuidado del capital humano que impulsa la Jefatura de la Policía del Chaco, se llevó a cabo este jueves una importante jornada taller enfocada en la salud mental del personal policial. La actividad se desarrolló entre las 8 y las 12, en las instalaciones del Salón Chaco del Hotel Gualok, ubicado en esta ciudad, bajo la denominación “Prevención y abordaje de la ansiedad, la depresión y el riesgo suicida en el personal policial”. El dictado de la capacitación fue impulsado por la Jefa del Departamento Servicios Sociales, Comisario Mayor Diana Valeria Ramírez, y contó con el aval institucional del Jefe de Policía de la Provincia, Comisario General (R) Fernando Javier Romero, y del Director de Educación Policial, Comisario Inspector José Fernando Cuéllar. Enfoque y objetivos del taller La propuesta formativa partió de reconocer que la labor de seguridad pública implica una alta demanda emocional y exposición a factores de estrés. Por ello, el taller se estructuró con un carácter teórico-participativo con los siguientes fines: Comprender los procesos psicológicos vinculados a la ansiedad y la depresión. Brindar herramientas técnicas para la detección temprana de señales de alerta y conductas de riesgo dentro del entorno laboral. Desarrollar estrategias eficaces de regulación emocional, escucha activa y contención inicial entre compañeros. Promover una cultura institucional de cuidado mutuo y articulación con los recursos profesionales de asistencia disponibles. Organización y participación El dispositivo pedagógico contó con la coordinación en terreno del Director de Zona Interior Sáenz Peña, Comisario Mayor Juan Carlos Kowalsky, y la supervisión de la Subcomisario Natalia Johana Escobar. Las disertaciones técnicas estuvieron a cargo de un equipo interdisciplinario del Departamento Servicios Sociales, compuesto por la Subcomisario Victoria Morilla, la Oficial Auxiliar Valeria Soledad Sosa y la Licenciada en Trabajo Social Jenifer Samanta Aquino Dmirowicz. La jornada registró una masiva convocatoria, contando con la participación activa de 46 efectivos policiales (entre personal oficial subalterno y personal subalterno) pertenecientes a distintas unidades operativas, divisiones especiales, áreas de seguridad rural y comisarías de la Dirección de Zona Interior de Sáenz Peña y localidades aledañas.
El procedimiento se registró durante los habituales controles de seguridad en la vía pública. Al verificar los datos del ciudadano mediante el sistema de gestión biométrica, se constató que era requerido por el Juzgado Correccional N° 2. La detención se concretó, durante uno de los operativos de prevención y control urbano que se despliegan de manera continua en los distintos puntos comerciales y de tránsito de la capital chaqueña, personal de la División Caminantes procedió a la demora de un ciudadano de 33 años que registraba una orden de detención vigente. El procedimiento tuvo lugar a las 11:20, en la intersección de las avenidas Chaco y Castelli, donde los efectivos procedieron a la interceptación de rutina de un transeúnte con fines de identificación. Consulta al sistema Si.Ge.Bi. Al realizar el correspondiente cotejo de datos a través del Sistema de Gestión Biométrica (Si.Ge.Bi.), el dispositivo informático arrojó un resultado positivo con pedido activo de aprehensión. El requerimiento judicial, emitido el pasado 6 de mayo, correspondía a una causa caratulada como “Supuesto Hurto Simple en Grado de Tentativa”, bajo la órbita del Juzgado Correccional N° 2 de la ciudad de Resistencia. Tras confirmarse la vigencia de la medida, el personal de la División Caminantes procedió al inmediato traslado del conducido hacia las instalaciones de la Comisaría Quinta Metropolitana por razones de jurisdicción, donde se iniciaron las actuaciones legales de rigor y quedó alojado a disposición del magistrado interviniente.
Además de los incrementos en la inflación producto de la guerra en Medio Oriente y los aranceles que impulsó Trump, una sequía y la baja en la cantidad de cabezas de ganado amenaza con presionar aún más los precios en EEUU. La inflación comienza a ser un problema cada vez más importante en EEUU. No solo para los consumidores norteamericanos, que están experimentando un aumento en los precios de los combustibles, alimentos y servicios, sino también para el propio gobierno de Donald Trump, que se encamina a las elecciones de medio término con su popularidad en mínimos históricos, y la Reserva Federal (Fed), que parece haber descartado nuevas bajas de tasas en lo que va del año. Este jueves se conoció que el índice de precios PCE — el medidor de inflación predilecto por la Fed — fue de 3,8% interanual en abril, su nivel más alto desde mayo de 2023, según la Oficina de Análisis Económico. Por su parte, a nivel subyacente subió 3,3%. En la medición mensual el avance fue de 0,4%, una desaceleración respecto al 0,7% de marzo. Sin embargo, el gasto de los consumidores ajustado a la inflación aumentó solo un 0,1% mensual. Adam Hetts, gestor de carteras en Janus Henderson, afirmó que “las medidas interanuales general y subyacente siguen situándose claramente en el rango del 3%, por encima de la zona de confort de la Fed”. Sobre este punto, afirmó que “un factor crítico en la trayectoria futura podría ser la duración de los elevados precios del petróleo, a medida que continúa el conflicto en Medio Oriente”. De manera complementaria, el analista de Pepperstone, Felipe Barragán, planteó que “la ventana para recortes de tasas se ha cerrado debido al shock energético desencadenado por la guerra con Irán, lo que significa un cambio dramático en las expectativas hacia tasas más altas a medida que los responsables de política monetaria advierten que la inflación ha regresado”. Por su parte, el analista internacional de Portfolio Personal Invesores (PPI), Martín Cordeviola, planteó un panorama distinto a Ámbito, ya que desde su perspectiva, “tanto la inflación general como la núcleo vinieron mejor de lo esperado”. Sin embargo, también reconoció que “la probabilidad de una suba de tasas este año aumentó en el margen del 62% al 64%”. Y agregó: “Esto se explica, en parte, porque las negociaciones entre Estados Unidos e Irán parecen volver a trabarse, lo que impulsó los precios del petróleo al alza hoy, ensuciando la buena lectura del PCE”. Esta mañana también se conoció que el PBI de EEUU durante el primer trimestre subió 1,6%, por debajo del 2% que esperaba el mercado, en las estimaciones preliminares. Barragán destacó las “revisiones negativas tanto en inversión como en gasto del consumidor”. Por su parte, Hetts planteó que “las cifras apuntan a una economía resistente que soporta una guerra prolongada y las presiones inflacionistas”. El impacto de la guerra sobre los precios El conflicto en Medio Oriente golpeó al comercio internacional, producto del cierre del estrecho de Ormuz, lo que impulsó los precios de los combustibles, provocando también la escasez de una amplia gama de productos, entre ellos fertilizantes, aluminio y productos de consumo. El precio promedio de la nafta a nivel minorista se disparó un 12,3% en abril, según datos de la Administración de Información Energética de EEUU, y avanzó más del 50% desde que comenzó la guerra a finales de febrero. A eso se le agrega que los consumidores norteamericanos también están pagando precios más altos por otros bienes y servicios que no fueron afectados directamente por la guerra, en gran parte debido a los aranceles generalizados que impulsó la administración de Trump desde su regreso a la Casa Blanca. De hecho, actualmente se encuentra renegociando el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, y en donde también Washington adelantó que buscará imponer aranceles. En este contexto, hace unos días se conoció que la Confianza del Consumidor que mide la Universidad de Michigan — una referencia clave para conocer el humor del ciudadano de a pie — volvió a caer en mayo a 44,8%, su piso histórico. La presión desde el agro El clima tampoco está siendo favorable para los agricultores estadounidenses, que están experimentando olas de calor récord y frío extremo. Según los Centros Nacionales de Información Ambiental, EEUU registró el inicio de año más cálido de su historia, con temperaturas cerca de 3°C por encima del promedio hasta finales de abril. El calor temprano provocó que algunos cultivos florezcan antes de tiempo, dejándolos expuestas a las heladas posteriores. A eso se le sumaron las fuertes subas en los precios de la carne vacuna. Subieron 13% interanual en abril, alcanzando la cifra récord de u$s9,64, luego que el número de cabezas de ganado cayera a su menor nivel en 75 años, afectado por la sequía y el aumento en los costos de producción. En paralelo, el tomate se disparó 33% en los últimos dos meses después de que dos tormentas invernales provocaran daños generalizados en plena temporada de cultivo en Florida, mientras los envíos desde México cayeron luego de la imposición de aranceles norteamericanos a las importaciones. Según el Centro Nacional de Mitigación de Sequías de la Universidad de Nebraska-Lincoln, el 70% de la producción estadounidense de trigo de invierno estaba en zonas afectadas por sequía, junto con el 25% de la producción de maíz. Ámbito
Este viernes 29 de mayo a las 19 h, en la Casa por la Memoria – Marcelo T. de Alvear 32-, se realizará la jornada “Obreros y estudiantes: contra el olvido, memoria y organización”, una actividad de homenaje y reflexión colectiva a 57 años del Cordobazo y en el marco de los 50 años del Golpe genocida. La convocatoria es impulsada por la Comisión Permanente de Derechos Humanos, la Asociación de Jubilados y Jubiladas “Hugo Deschuter” de la CTA de los Trabajadores y Trabajadoras Chaco, junto a trabajadores, trabajadoras y la Comisión Provincial por la Memoria Chaco. El Cordobazo constituyó una de las expresiones más profundas de unidad obrera y estudiantil frente al autoritarismo, el ajuste y la represión impulsados por la dictadura de Onganía. Aquella rebelión popular del 29 de mayo de 1969 marcó un punto de inflexión en la historia argentina y abrió un proceso de resistencia y organización que dejó una huella decisiva en las luchas democráticas y sociales del país. La jornada buscará recuperar esas experiencias históricas, homenajear a Agustín Tosco y a la generación militante de los años 60 y 70, y reflexionar sobre los desafíos actuales de la organización popular, sindical y estudiantil en un contexto de avance sobre derechos laborales, sociales y democráticos. La propuesta apunta también a fortalecer los espacios de encuentro y construcción comunitaria entre trabajadores, estudiantes, juventudes y organismos de derechos humanos, entendiendo a la memoria colectiva como una herramienta activa para pensar el presente y proyectar el futuro. Hoy como ayer, la memoria y la organización popular vuelven a hacerse necesarias frente a un contexto de ajuste, pérdida de derechos y violencia sobre trabajadores, estudiantes y sectores populares. La actividad es abierta a organizaciones sindicales, estudiantiles, organismos de derechos humanos y público en general. A 57 años del Cordobazo En mayo de 1969, el hartazgo social frente al autoritarismo de la dictadura de Juan Carlos Onganía estalló en una pueblada histórica que pasó a la memoria como el Cordobazo. Su impulso decisivo fue la unidad entre trabajadores y estudiantes. El régimen militar, instaurado tras el golpe contra Arturo Illia, estuvo marcado por la proscripción política, el cercenamiento de las libertades democráticas y la represión. A ese clima se sumó como detonante el avance represivo sobre las universidades. El 15 de mayo de ese año, estudiantes correntinos fueron reprimidos durante una protesta contra la privatización del comedor universitario. La represión terminó con el asesinato de Juan José Cabral, estudiante de la UNNE de 22 años. Al día siguiente, las movilizaciones de repudio en Rosario dejaron otros dos jóvenes asesinados: Luis Norberto Blanco y Adolfo Bello, de 15 y 22 años. En Córdoba, donde existía una fuerte articulación entre el movimiento obrero y el estudiantil, el descontento se profundizó con la decisión del gobierno provincial de eliminar el “sábado inglés”, es decir, la media jornada laboral. Ante esa medida, el SMATA y el sindicato de Luz y Fuerza convocaron a un paro activo con movilización para el 29 de mayo. Los estudiantes adhirieron a la protesta y, en pocas horas, amplios sectores de la ciudad quedaron bajo control de los manifestantes durante cerca de veinte horas. Hubo incendios y ataques contra empresas multinacionales. La respuesta represiva fue brutal: veinte manifestantes asesinados, cientos de detenidos y dirigentes sindicales encarcelados, entre ellos Agustín Tosco, Atilio López y Elpidio Torres. Entre las principales demandas se encontraban el aumento salarial del 40 %, el rechazo a la extensión de la jornada laboral, la defensa de los convenios colectivos y el repudio a los crímenes de la dictadura y al ataque contra las libertades sindicales y democráticas. Desde la CPM Chaco saludamos la gesta del Cordobazo, con memoria y en defensa de la justicia social, la soberanía y las libertades democráticas; contra toda forma de represión y autoritarismo, contra la crueldad y la miseria planificada.
El procedimiento se llevó a cabo en forma conjunta con el Poder Judicial en un domicilio de la calle Obligado. En el marco de las directivas emanadas por la Jefatura de Policía para el esclarecimiento de ilícitos denunciados en el área metropolitana, personal de la Comisaría Primera ejecutó con éxito un mandamiento judicial de allanamiento. La medida arrojó resultados de interés para el avance de una investigación en curso. La diligencia se inició a primera hora de este jueves y finalizó cerca de las 9. El despliegue de recursos humanos y materiales se concentró en una vivienda ubicada en la calle Obligado al 900 estimativamente. Secuestro y notificación de actuaciones El operativo policial contó con la supervisión y presencia en el lugar del Ayudante Fiscal en turno, Gabriel Gaona. Al realizarse la inspección minuciosa del inmueble, los uniformados procedieron al secuestro de un elemento clave para la causa: una réplica de arma de fuego (de juguete), fabricada en material plástico de color negro con cachas marrones, marca Omega. El elemento incautado fue puesto a resguardo legal debido a que guardaría relación directa con las características del hecho investigado. Tras culminar el registro, y por disposición de la Magistratura interviniente, se procedió a notificar formalmente de las actuaciones a la principal moradora del domicilio, quien quedó vinculada a la causa caratulada como “Supuestas Amenazas” continuando en libertad ambulatoria.
”Esto es parte de todo el trabajo de la zona Sur. Empezamos en avenida Mac Lean y ahora estamos trabajando en el barrio Las Palmeras. Ya realizamos hasta avenida Hernandarias todo el sistema de desagüe y ripio”, indicó Gustavo De Martini, subadministrador de Vialidad Provincial. Junto a la secretaria de Coordinación de Gabinete, Carolina Meiriño, constataron el avance de las obras de desagües que se realizan junto al Municipio en el barrio Las Palmeras, en la zona del ex Campo de Tiro, donde la gestión anterior entregó viviendas sin la infraestructura urbana necesaria. Meiriño, estuvo en el barrio Las Palmeras de Resistencia, donde verificó el avance de las obras de desagües que se ejecutan para mejorar la transitabilidad y la calidad de vida de los vecinos de la zona. “Son conexiones de desagües que no existían, por lo que la misma calle funcionaba como canal de desagüe de todo el barrio”, explicó la funcionaria. Se trata de un trabajo articulado entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de Resistencia, que se proyecta en distintos barrios de la capital chaqueña. “Ellos ponen el material y nosotros el trabajo y la maquinaria a través de la Dirección de Vialidad Provincial. Una vez terminada la etapa de desagües, vamos a avanzar con el ripio”, señaló Meiriño. Además, remarcó que el objetivo es avanzar con un trabajo integral en los barrios de Resistencia para luego extender este tipo de intervenciones a otros puntos de la provincia. “Agradecemos la paciencia de los vecinos. Nos encontramos con una ciudad desatendida y trabajamos para ponerla en orden, mejorando la calidad de vida de la gente”, sostuvo. Por su parte, el subadministrador de la Dirección de Vialidad Provincial (DVP), Gustavo De Martini, detalló que el proyecto permitirá a los vecinos contar con mejores condiciones de acceso y evitar el ingreso de agua a las viviendas. Asimismo, recordó que se trata de la zona del ex Campo de Tiro, donde la gestión anterior entregó terrenos y viviendas sin la infraestructura necesaria. “Los vecinos fueron estafados porque compraron un terreno con un documento que no tenía ningún tipo de valor. Por eso, a través de Desarrollo Territorial, se está trabajando para regularizar los títulos mientras avanzamos con la infraestructura urbana”, concluyó.
El diputado provincial de Chaco Puede, Carlos Salom, confirmó que el ministro de Salud del Chaco, Sergio Rodríguez, será interpelado en la Legislatura en el marco del escándalo por la falsa médica Lidia Ojeda, detenida tras haber atendido a más de 1.200 pacientes en Quitilipi. El legislador defendió la medida, aseguró que el funcionario “estará a disposición” y calificó el caso como “una vergüenza”. En declaraciones a CIUDAD TV, Salom sostuvo que desde el oficialismo acompañaron el pedido de interpelación, aunque advirtió que no permitirán “sobreactuaciones” durante el debate legislativo. “Las garantías, por lo menos la orden de nuestro gobernador, es que todos los funcionarios estén a disposición de informes, opiniones y, en este caso, interpelaciones”, afirmó. Sin embargo, recordó episodios de tensión ocurridos en anteriores convocatorias legislativas y cuestionó duramente el comportamiento de algunos sectores opositores. “No vamos a prestar acuerdo ni acompañar situaciones como las que pasaron con el ministro Dudik. Hubo actitudes sobreactuadas, rimbombantes, payasescas, circenses”, lanzó. “Una delincuente que nos deja muy mal” El diputado y médico no ocultó su indignación por el caso de Lidia Ojeda, acusada de ejercer ilegalmente la medicina y atender durante años en el sistema sanitario. “Como médico, como diputado y como hombre público, es una vergüenza lo que ha pasado con esta delincuente”, expresó. Y agregó: “Nuestra profesión médica significa algo de tanta nobleza, que es justamente cuidar y acompañar a nuestros conciudadanos, y de golpe aparece esta sinvergüenza que nos deja muy mal a todos”. Salom sostuvo que existieron “errores secuenciales” y una “cadena de responsabilidades” que permitieron que la mujer ejerciera durante tanto tiempo sin ser detectada. Aunque descartó responsabilidad directa del ministro de Salud, sí admitió fallas en controles internos. “No te imaginas a un ministro controlando ingreso y egreso de personal. Sí hubo alguna cadena de responsabilidades, que fue lo primero que el ministro apartó para investigar”, señaló. Además, remarcó que el Gobierno provincial se constituyó como querellante en la causa judicial y consideró que incluso podría tratarse de un problema heredado de gestiones anteriores. “Creo incluso que hasta esto fue heredado, hasta este regalito nos dejaron”, afirmó. El oficialismo impulsó la interpelación Consultado sobre la decisión de aprobar la interpelación al ministro de Salud, Salom insistió en que se trata de un hecho de extrema gravedad, sobre todo por la cantidad de pacientes involucrados. “Es algo muy serio, muy serio. Sobre todo por la cantidad de pacientes que fueron atendidos. A mí me duele profundamente como profesional y como docente”, manifestó. El legislador señaló que la situación expuso fallas en mecanismos de control que, según dijo, ya existían normativamente pero no se aplicaron. “En realidad los controles están previstos, pero no se han cumplido. Nos duele a todos”, lamentó. Tensión política en la Legislatura Durante la entrevista, Salom también se refirió al clima de confrontación dentro de la Cámara de Diputados y criticó el nivel de agresividad política. “No me agrada. Tengo un marco de respeto personal con todos los diputados, aunque tenga diferencias sustanciales con algunos. Llegar a la agresividad, tanto verbal como con intenciones físicas, nos hace muy mal”, sostuvo. En ese sentido, pidió “poner paños fríos” y priorizar el diálogo político. “A veces el diálogo y la comunicación son mucho mejores que la agresividad, y mucho más la agresividad violenta y física”, concluyó.
Así lo dispuso el Tribunal Oral Federal de Corrientes y las penas fueron de 7 y 4 años de prisión. La fiscalía anticipó que recurrirá a Casación. También se dispuso el pago de multas y el decomiso de dos vehículos utilizados en la maniobra. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 9 de junio. El Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó esta semana a dos hombres por haber transportado más de 280 kilos de marihuana en un auto que, luego de evadir un control vehicular, ocasionó un siniestro vial en el que falleció una docente que viajaba a bordo de una motocicleta. Los hechos ocurrieron el 22 de mayo de 2024 en la localidad de Santo Tomé, provincia de Corrientes. Marcelo Raúl Ferreyra (51) y Miguel Ángel Da Rosa (57) fueron encontrados culpables del delito de transporte de estupefacientes en calidad de autor y partícipe secundario, respectivamente. El primero, recibió la pena de 7 años y el segundo, la de 4 años de prisión. La sentencia fue dictada por el juez Eduardo Belforte, quien integró el tribunal de manera unipersonal. En representación del Ministerio Público Fiscal intervinieron el fiscal general con funciones de coordinación del distrito Corrientes, Carlos Schaefer; la fiscal general subrogante Tamara Pourcel y el auxiliar fiscal Gabriel Romero Olivello, quienes habían solicitado para los dos acusados una pena más severa —de 14 años de prisión—, por lo que anticiparon que recurrirán el fallo ante la Cámara Federal de Casación Penal. Además de las penas de prisión, el tribunal ordenó el pago equivalente a 45 unidades fijas para cada uno de los condenados y el decomiso de dos automóviles utilizados para concretar el transporte de la droga, en línea con lo requerido por el MPF en su alegato. En julio de 2025, Ferreyra ya había sido condenado por la justicia penal ordinaria correntina a 5 años de prisión como autor del delito de homicidio culposo agravado de la docente Manuela Jaqueline Ponce, de 21 años, ya que fue el conductor del vehículo cargado con droga que, en su huida, embistió a la maestra jardinera. El caso De acuerdo a lo acreditado en el juicio, Ferreyra y Da Rosa partieron el 22 de mayo de 2024 desde la ciudad misionera de Leandro N. Alem en dos vehículos. Ferreyra conducía un Renault Fluence en cuyo interior transportaba en nueve bultos, unos 318 paquetes de marihuana con un peso de 280,675 kilogramos. En tanto, Da Rosa se desplazaba en un Chevrolet Prisma Joy que cumplía la función de “coche puntero”, es decir, según explicaron los fiscales en el alegato, “escanear la ruta, detectar controles de fuerzas de seguridad y dar luz verde” al vehículo que circula detrás con el cargamento de droga. Los representantes del MPF exhibieron durante su alegato un mapa en el que, en función de cámaras de seguridad y otros elementos, se pudo reconstruir el recorrido de los autos. Ambos circularon por la ruta provincial N°4, (que une las localidades misioneras de Leandro N. Alem, con la de San Javier), luego atravesaron la ruta provincial N°2 con dirección a la localidad misionera de Azara, continuaron por la ruta provincial N°94 y a la altura puente del arroyo Itá Cuá, en la localidad correntina de Santo Tomé, Ferreyra evadió un control vehicular de la Prefectura Naval. Dos kilómetros después, mientras circulaba a alta velocidad, el conductor realizó una maniobra de sobrepaso en un sector no habilitado y atropelló y mató a la docente Ponce, que se trasladaba en motocicleta. Tras el hecho, Ferreyra abandonó el Renault Fluence y escapó junto a Da Rosa en el otro vehículo que oficiaba de “puntero” con dirección a la localidad de Gobernador Virasoro. Poco después, personal de Prefectura encontró el Renault Fluence con signos del impacto y un total de nueve bultos en su interior, que luego se descubrió, eran los más de 280 kilos de marihuana incautados. A partir del hallazgo, una investigación de la por entonces Fiscalía Federal —actual Sede Fiscal Descentralizada— de Paso de los Libres, a cargo del fiscal interino Fabián Martínez, permitió días después concretar la detención de Ferreyra, quien residía y tenía una farmacia en la localidad misionera de San Javier y, más tarde, de su cómplice Da Rosa. El alegato del Ministerio Público Fiscal Durante su alegato, Schaefer y Romero Olivello sostuvieron que los hechos investigados “pusieron simultáneamente en riesgo múltiples bienes jurídicos: la salud pública, la seguridad del tránsito y la vida de las personas que transitaban por esa ruta”. Los representantes del MPF afirmaron que la maniobra desplegada por los acusados y el resultado fatal evidenciaron “un desprecio por la vida”, y remarcaron que la víctima era “una persona inocente, de 21 años, educadora, que estaba haciendo algo grande por esta sociedad, que es brindar educación a la comunidad”. Asimismo, señalaron que, si bien Ferreyra ya había sido condenado por la justicia provincial por el homicidio culposo agravado, en este proceso se juzgó “la maniobra delictiva” vinculada al transporte de estupefacientes y el riesgo asumido durante la fuga. “Decidieron igual emprender el transporte y, una vez perseguidos, huyeron con la posibilidad de que ocurra lo que ocurrió”, sostuvieron los fiscales, quienes también destacaron que los acusados “no dudaron nunca en el inicio de la actividad, sino que además se prepararon para cualquier eventualidad y darse a la fuga”. En relación con la cantidad de droga secuestrada, remarcaron que “no es un transporte menor” y resaltaron que el principal acusado. Ferreyra, era propietario de una farmacia, por lo que “sabía el poder de daño del estupefaciente”. “El accidente es parte de la ejecución del transporte del estupefaciente. La muerte es la consecuencia de la ejecución del transporte”, afirmaron. Al fundamentar el pedido de pena de 14 años de prisión —uno menos que el máximo por el delito imputado—, el MPF consideró como agravantes la gravedad del hecho, el volumen del cargamento transportado (280 kilos), el uso de una “logística avanzada” mediante la modalidad del vehículo “puntero”, las maniobras evasivas y el riesgo ejecutado
Juan Gatica, el comisario que estuvo un mes prófugo luego de que la Justicia cordobesa confirme su condena a cuatro años de prisión por encubrimiento en el caso de gatillo fácil contra Valentino Blas Correas, se entregó en las últimas horas tras la denuncia pública de su fuga. Desde el 27 de abril de este año Gatica se encontraba prófugo de la Justicia, jornada en la que debía entregarse para cumplir su pena tras la confirmación del fallo dictado en el juicio. Sin embargo, desde aquel día, hasta este miércoles por la noche, nadie supo dónde estaba. Frente a las repercusiones, denuncias públicas y la grave acusación de la mamá de la víctima, Soledad Laciar, de que hacía responsable al “Gobierno y la Justicia” si le llegaba a pasar algo, Gatica decidió entregarse este miércoles 27 de mayo por la noche, confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas. Otro dato que se aportó es que eran dos los condenados en el caso que se encontraban en calidad de prófugos, pero ambos decidieron presentarse en el transcurso de las últimas horas. “Parece que con todo el lio de ayer se arrepintieron o terminaron de saludar a toda la familia y se presentaron”, bromearon desde el entorno de la causa en diálogo con este medio. Laciar había detallado que todo comenzó cuando la Corte confirmó el fallo de 2023 que lo condenó a cuatro años de prisión por el delito de encubrimiento por omisión de denuncia: “Su defensa presentó un recurso al que no dieron lugar, por lo tanto, se tenía que presentar para cumplir condena”. “Su abogado dijo que se iba a despedir de la familia y se presentaba, pero no apareció más. Todo esto ocurrió el pasado 27 de abril, por lo que ya pasó un mes sin tener noticias de él”, había explicado.
La Subsecretaría de Energía Eléctrica publicó en el Boletín Oficial el pedido de Edison Trading S.A.U. para ingresar al Mercado Eléctrico Mayorista como comercializador. El Gobierno avanzó en la expansión del grupo energético ligado a la familia Neuss al habilitar el trámite para que Edison Trading S.A.U. opere como comercializador en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), según una publicación oficial difundida este jueves. La Subsecretaría de Energía Eléctrica del Ministerio de Economía comunicó “a todos los agentes y participantes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)” que Edison Trading S.A.U. presentó la solicitud para ser reconocida y habilitada como participante del mercado bajo la figura de comercializador. El procedimiento se encuadra en lo previsto por el Anexo 31 de la Resolución ex-SE 137/92 y sus modificatorias, de acuerdo con el aviso publicado en el Boletín Oficial, La tramitación se realiza bajo el expediente EX-2025-136656005- -APN-DGDA#MEC, en conjunto con otros expedientes administrativos vinculados a gestiones regulatorias del grupo dentro del sector eléctrico. El aviso oficial fijó un plazo de diez días corridos desde la publicación para que terceros puedan presentar objeciones u oposiciones al ingreso de Edison Trading S.A.U. como comercializador del MEM, en línea con el procedimiento habitual para la incorporación de nuevos agentes. La comunicación fue firmada por Marcelo Daniel Positino, director nacional de Regulación y Desarrollo del Sector Eléctrico, área técnica encargada de evaluar los pedidos de incorporación al mercado mayorista. Edison Trading S.A.U. forma parte del denominado Grupo Edison, estructura energética vinculada a la familia Neuss y sus socios financieros, que amplió su presencia en generación, transporte y distribución eléctrica. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, a partir de actos societarios publicados previamente, la firma surgió de la continuidad de Edison Hidro S.A.U., que modificó su denominación social en 2025 mediante una asamblea extraordinaria inscripta ante la Inspección General de Justicia. La figura de comercializador dentro del MEM permite comprar energía en el mercado mayorista y venderla a grandes usuarios u otros agentes, además de intervenir en contratos de abastecimiento sin necesidad de operar centrales de generación propias. Para el grupo empresario, el ingreso de Edison Trading agrega una nueva herramienta para integrar operaciones dentro de la cadena eléctrica y ampliar su participación en el negocio de intermediación de energía. De no presentarse objeciones fundadas durante el período previsto, el trámite podría avanzar hacia una resolución definitiva por parte de la Secretaría de Energía o del Ministerio de Economía.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirmó la condena a una entidad bancaria por el uso indebido de datos personales de un consumidor, con la consecuente inclusión como deudor moroso en registros crediticios. El fallo, dictado por la Sala F, establece responsabilidades y sanciones a raíz de un caso de suplantación de identidad. Según la sentencia, el reclamante relató que sufrió el robo de su vehículo y documentación personal en junio de 2018. Poco tiempo después, comenzó a recibir comunicaciones de una firma financiera y de una entidad bancaria que le reclamaban el pago de una deuda por productos y servicios que no había solicitado ni contratado. El expediente judicial detalla que el afectado nunca fue titular de la tarjeta de crédito en cuestión. Los reclamos se intensificaron, incluyeron mensajes a su teléfono y su lugar de trabajo, y se extendieron a amenazas de acciones judiciales y extrajudiciales. La situación se agravó porque sus datos aparecieron reportados en la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y en otras bases privadas de información crediticia, llegando a ser calificado como “deudor irrecuperable”. De acuerdo con la resolución, el damnificado realizó denuncias ante las autoridades policiales y judiciales, aportando documentación que acreditaba el robo y la posterior utilización fraudulenta de su identidad. También informó reiteradamente a las empresas involucradas sobre la existencia de las denuncias penales. Sin embargo, los reclamos no cesaron. El afectado solicitó una indemnización total de $1.300.000, diferenciando entre daño patrimonial, daño psicológico, daño moral y daño punitivo. La demanda fue dirigida contra dos empresas, aunque tras una fusión societaria, la responsabilidad recayó en la entidad bancaria absorbente. La sentencia de primera instancia admitió parcialmente la demanda. El juez reconoció un daño moral de $500.000, con intereses desde la fecha de celebración de los contratos apócrifos, y una multa civil equivalente a cinco canastas básicas familiares, como daño punitivo. El magistrado entendió que la entidad demandada había incurrido en un grave incumplimiento de sus deberes legales y contractuales, al asignar productos financieros sin la debida verificación de identidad. El fallo de primera instancia rechazó el daño patrimonial y el daño psicológico. Respecto al primero, el juez consideró que no se acreditó con pruebas directas la imposibilidad de acceder a créditos o ampliaciones de límite como consecuencia de la información negativa. En cuanto al daño psicológico, el informe pericial concluyó que el reclamante no presentaba secuelas atribuibles al caso. Ambas partes apelaron. El demandante cuestionó el rechazo del daño patrimonial y la cuantía del daño punitivo, mientras que la entidad bancaria objetó principalmente la fecha de inicio de los intereses y la aplicación de la tasa activa, además de la procedencia y monto del daño punitivo y la distribución de las costas. En la instancia de Cámara, los jueces analizaron la prueba documental y pericial. Ratificaron que la inclusión del reclamante en la base de deudores morosos se debió a una deficiente verificación de identidad por parte de la entidad financiera original. La Cámara descartó la existencia de un daño patrimonial autónomo, al no haberse probado rechazos de solicitudes de crédito o pérdidas económicas directas vinculadas a la publicación de la información negativa. Sobre el daño moral, la Cámara sostuvo que el perjuicio se produjo desde el momento en que la entidad otorgó el préstamo personal y la tarjeta de crédito no solicitados, y confirmó el inicio del cómputo de los intereses a partir de esa fecha. El tribunal también ratificó la aplicación de la tasa activa del Banco Nación sobre el monto reconocido. Al abordar el daño punitivo, la Cámara explicó que la multa civil prevista en la Ley de Defensa del Consumidor requiere una conducta especialmente reprochable, caracterizada por culpa grave, dolo o desprecio por los derechos del consumidor. En este caso, la responsabilidad de la entidad absorbente se confirmó, ya que, tras la fusión societaria, asumió tanto los activos como las obligaciones y debía responder por los actos de la sociedad incorporada. El fallo de Cámara remarcó que la entidad condenada omitió brindar respuestas eficaces a los reclamos del consumidor, manteniendo la clasificación de deudor irrecuperable durante casi cuatro años, pese a las denuncias formales y la acreditación del fraude. En cuanto al monto del daño punitivo, la Cámara consideró adecuado el criterio de primera instancia, que lo fijó en cinco canastas básicas familiares, y solo modificó la tasa de interés aplicable, reduciéndola al 6% anual al tratarse de una indemnización a valor actualizado. La Cámara también se pronunció sobre la distribución de las costas del proceso. Confirmó la imposición de la totalidad de las costas a la entidad demandada en primera instancia, y dispuso que en la alzada el 80% quede a cargo de la empresa y el 20% a cargo del reclamante, en atención al resultado parcial de los recursos interpuestos. Por último, el tribunal diferenció expresamente entre las consecuencias patrimoniales y extrapatrimoniales del hecho, señalando que el daño moral cubre la afectación a la reputación financiera y el descrédito social, mientras que la falta de pruebas impide conceder una indemnización adicional por daño emergente. La causa se originó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y fue tramitada íntegramente en el ámbito de la Justicia comercial nacional. La resolución confirma la vigencia de la protección de los derechos de los usuarios de servicios financieros y la responsabilidad de las entidades ante el uso inadecuado de datos personales. Infobae
En un acto encabezado por el intendente Bruno Cipolini, en la noche del miércoles, quedó oficialmente inaugurada la nueva plaza del barrio Loma Linda, un espacio público pensado para el encuentro, la recreación y el disfrute de las familias de la ciudad. La intervención se realizó sobre un predio de 2,2 hectáreas y contempló una importante puesta en valor integral del sector, incorporando infraestructura urbana, iluminación, forestación y nuevos espacios de permanencia para vecinos y visitantes. En la oportunidad se contó con la presencia de residentes del barrio, autoridades del Instituto Adventista Loma Linda, el club de Conquistadores Entheos, el diputado nacional Gerardo Cipolini; la presidente del Concejo Nora Gauna, concejales y funcionarios municipales. El vecino Emilio Titonel se refirió a los presentes y agradeció al Intendente por la decisión de brindar un espacio de encuentro para los vecinos de ese sector de la ciudad, al tiempo que destacó que el mismo es un lugar que fomenta y fortalece los principios de la comunidad del barrio Loma Linda como lo son la vida y la esperanza. Entre las obras ejecutadas se destacan la construcción de 1.975 metros cuadrados de hormigón en veredas y playones, 380 metros cuadrados de adoquines cribados y senderos con baldosas simil madera, además de la colocación de 70 luminarias bajas y 9 torres de iluminación que mejoran la seguridad y funcionalidad del predio. Asimismo, se instalaron 24 bancos y se incorporaron 800 metros cuadrados de césped natural, generando un entorno ideal para actividades recreativas y de esparcimiento al aire libre. En materia ambiental, se realizó una importante forestación con especies como lapachos, caobas, crespones y guayaibíes, preservando además los más de 320 árboles existentes en el lugar, fortaleciendo así el perfil verde del espacio.Con esta obra, el municipio continúa avanzando en la creación y recuperación de espacios públicos que promueven la integración, el deporte, la recreación y el contacto con la naturaleza.
El titular de la Fiscalía de Derechos Humanos firmó el miércoles la resolución que aparta a su equipo de la investigación. El expediente fue remitido al Equipo Fiscal N° 14. Siete personas permanecen detenidas acusadas de encubrimiento y amenazas. Detalles de la resolución del fiscal y la reconstrucción que hizo sobre lo que cree que ocurrió la madrugada del pasado 17 de mayo. Luciano Santos firmó el miércoles la resolución por la cual la Fiscalía en lo Penal Especial de Derechos Humanos se declara incompetente para continuar investigando la desaparición de Axel Alejandro González, el joven de 21 años oriundo de Puerto Tirol que no aparece desde la madrugada del 17 de mayo. El expediente, caratulado “Gómez, María Inés s/ Desaparición de Persona” (Expte. N° 15708/2026-1), fue remitido a la Mesa Única de Intervención Temprana (MUIT) para su reasignación al Equipo Fiscal N° 14, que se encontraba de turno al momento de los hechos. La decisión, a la que tuvo acceso CHACO DIA POR DIA, no implica el cese de la investigación ni que se eche por tierra completamente alguna intervención policial en la desaparición. Al momento de dictarse la resolución, siete personas permanecían detenidas: cuatro imputadas por encubrimiento y tres por amenazas, todas vinculadas al entorno de Axel. Por qué se apartó Santos La Fiscalía de Derechos Humanos tiene una competencia acotada por ley. El artículo 23 de la Ley Orgánica del Ministerio Público N° 913-B le reserva intervención únicamente cuando se investiga a funcionarios públicos por delitos que configuren violaciones a derechos humanos —específicamente los tipificados en los artículos 144 bis, 144 ter, 144 quater y 144 quinto del Código Penal— y siempre que la víctima se encuentre jurídicamente a cargo del funcionario o éste tenga sobre ella poder de hecho. En su resolución, Santos fue explícito: “Hasta este estadío procesal, los hechos investigados no encuadran en figura penal alguna de competencia de esta Fiscalía”. Aunque un patrullero con dos efectivos policiales estuvo en la zona aquella madrugada y los uniformados buscaron a Axel con linternas, la investigación, según el fiscal, no logró acreditar que lo hubieran aprehendido, subido al vehículo ni trasladado a la comisaría. Sin esa vinculación fehaciente entre la conducta policial y la desaparición, la figura de privación ilegítima de la libertad agravada —que habilitaría su competencia— no puede sostenerse aún. El fiscal aclaró, sin embargo, que la incompetencia se declara “sin perjuicio de los eventuales elementos de convicción que pudieran surgir con posterioridad”. La noche que Axel desapareció El documento del fiscal Santos constituye la reconstrucción más detallada hecha pública hasta ahora de lo que ocurrió entre las 2 y las 2.30 de la madrugada del 17 de mayo en el Barrio Anunciación de Fontana. Todo comenzó con una denuncia radicada al día siguiente por María Inés Gómez, madre de Axel. Según relató, su hijo había salido la tarde anterior desde el domicilio familiar en el Barrio Takay de Puerto Tirol con destino a la casa de su novia, Ludmila Billordo, en el Barrio Puerto Vicentini de Fontana. Nunca llegó. Al mediodía del 18, cuando comenzaron a buscarlo, un amigo llamado Ariel Lázaro les contó que ambos habían sido interceptados por un móvil de la Comisaría Segunda de Fontana, que los uniformados preguntaron por alguien apodado “Rulo” y que Axel había huido corriendo hacia el monte. El patrullero y sus movimientos Los registros del GPS y las cámaras de la comisaría permitieron identificar con precisión el vehículo: una camioneta Nissan Frontier identificada como N-156, patente AH385IT. Salió de la unidad a las 2.02 del 17 de mayo con dos efectivos a bordo: el Cabo Gerardo Antonelo Méndez como chofer y el Oficial Subayudante Roberto Omar Barrios como número. El GPS registra que el patrullero permaneció detenido aproximadamente cuatro minutos (entre las 2.08 y las 2.12) en el sector donde Lázaro dijo que los interceptaron, y unos dos minutos (entre las 2.14 y las 2.16) frente a la casa de Antonio Omar Iñiguez. A las 2.26 el vehículo regresó a la comisaría, donde el acompañante descendió brevemente y volvió a subir a las 2.28. La huida de Axel Según los testimonios recabados, cuando el patrullero los interceptó en las inmediaciones del baldío del Barrio Anunciación, Lázaro habló con los policías. Axel, en cambio, salió corriendo. Llegó al domicilio de Antonio Omar Iñiguez en la Chacra 45, donde se encontraba Leonardo Nicolás Silva en el frente. Silva declaró verlo llegar corriendo y esconderse detrás de una tarima, luego de chocar contra el portón. El patrullero se detuvo frente a esa casa, los efectivos alumbraron con linternas y se alejaron hasta la esquina. En ese momento, Axel aprovechó para salir del escondite; al ver que el móvil regresaba, saltó un alambrado desde la vereda hacia un sector lindante a la propiedad de Iñiguez donde hay un estero. Los dos policías descendieron nuevamente: uno, portando una escopeta, ingresó unos metros al estero; el otro iluminó con linterna. No encontraron a Axel y se retiraron. Desde ese momento, el joven no volvió a ser visto. El testigo clave que genera dudas El fiscal pone especial atención en el testimonio de Joel Leonel López, quien observó la secuencia desde su casa alrededor de las 2.15. López afirmó que hay un reflector en el lugar que “se ve bien si alguien pasa” y que, desde su posición, no vio a nadie salir de la casa de Iñiguez ni saltar ningún alambrado, algo que —según él— tendría que haber podido ver. Sí confirma que el patrullero se detuvo, que bajaron dos policías, que uno cruzó el alambrado y “linterneó” en la oscuridad, y que nadie más que esos dos efectivos subió al vehículo cuando se fueron. En su informe del 18 de mayo dirigido al jefe de la comisaría, el Comisario Cristian Adrián Vallejos, el Oficial Barrios describió haber observado a dos personas que al ver el destello del patrullero ingresaron a un baldío. Uno de ellos se acercó después al vehículo y dijo que habían ido “a lo de su
La legisladora provincial del Frente Renovador, Katia Blanc, aseguró que se encuentra a la espera de respuestas a los pedidos de informe remitidos a Sameep y Secheep, en el marco de la discusión del proyecto de “Previsión Tarifaria”, de su autoría, que busca garantizar mayor transparencia y previsibilidad en las facturas de energía eléctrica y agua potable para usuarios residenciales y pequeñas y medianas empresas. La solicitud de información a las empresas estatales cobra relevancia ante el inminente impacto de las últimas adecuaciones tarifarias en las facturas de los servicios públicos que deberán afrontar los chaqueños y las chaqueñas a partir del próximo mes. En la última reunión de la Comisión de Industria, espacio en el que ha quedado radicada la iniciativa, la diputada defendió la propuesta y vinculó su tratamiento con la situación social que atraviesan numerosos usuarios de la empresa energética provincial. “Me constituí en Secheep y había una fila de dos cuadras de gente a la que le habían cortado la luz. Creo que justamente tienen que hablar de este proyecto”, expresó. El proyecto, presentado hace aproximadamente un mes, establece que las empresas prestatarias deberán incorporar en las boletas información “clara, suficiente, veraz y fácilmente comprensible” sobre la composición de las tarifas. Entre otros puntos, contempla el detalle de consumos, impuestos, cargos adicionales, subsidios y variaciones respecto del período anterior. Además, el proyecto obliga a informar aumentos tarifarios con al menos 30 días de anticipación y prevé la creación de una herramienta digital de simulación tarifaria de acceso público, para que los usuarios puedan estimar el impacto de los incrementos en sus facturas. “Se ha hecho un pedido de informe a Secheep y a Sameep pero aún no han contestado, así que seguiremos esperando”, sostuvo Blanc y resaltó que el proyecto “no implica prever una partida presupuestaria” y sostuvo que el objetivo es “aportar previsión a los usuarios del servicio” y “evitar el factor sorpresa en las facturas”. También pidió que el debate legislativo no quede atravesado por diferencias partidarias. “Le pedí a los diputados que no miremos el color político de quienes presentan los proyectos. Vayamos a defender a los chaqueños y a las chaqueñas”, afirmó. En los fundamentos de la iniciativa, Blanc advierte que en el actual contexto económico los servicios públicos representan “una porción cada vez más significativa del presupuesto de los hogares y de las micro, pequeñas y medianas empresas”, mientras que las facturas suelen presentar “información técnica fragmentada o poco clara”, situación que —según sostiene— genera incertidumbre y limita el derecho de los consumidores a reclamar. El proyecto continuará ahora su recorrido parlamentario en comisión, a la espera de las respuestas oficiales solicitadas a Secheep y Sameep, antes de quedar en condiciones de llegar al recinto para su debate por el pleno legislativo.
Con el objetivo de mejorar el ordenamiento urbano y brindar mayor seguridad vial, la Municipalidad de Juan José Castelli continúa avanzando con la delimitación de espacios exclusivos para el estacionamiento de motos en distintos sectores de la ciudad. En esta oportunidad, se incorporó un nuevo sector sobre calle Horacio Vázquez y Padre Holzer, frente al edificio del Juzgado. Personal municipal del área de Obras Públicas trabaja en la señalización y demarcación correspondiente, dejando claramente establecido el espacio destinado al estacionamiento de motocicletas. Estas acciones permiten mejorar la organización del tránsito, optimizar la circulación y generar mayor comodidad para vecinos y vecinas que diariamente concurren a este sector de la ciudad.
El gobernador Leandro Zdero estuvo en la empresa Cannafis FIS S.A.S., donde se anunció oficialmente la primera exportación de Cannabis Sativa medicinal con destino a Nueva Zelanda, marcando un hecho histórico para la provincia y para el norte argentino. Acompañaron ayer al primer mandatario, el ministro de Salud, Sergio Rodríguez; el presidente de la Agencia de Inversiones Chaco, Martín Poccard; autoridades provinciales y representantes de la firma, quienes destacaron el impacto productivo, sanitario y económico del emprendimiento.El gobernador Zdero valoró el esfuerzo y la perseverancia de quienes llevan adelante el proyecto: “Vienen trabajando hace más de seis años para organizar este emprendimiento y convertirlo en una realidad. Hoy estamos viendo los resultados concretos con esta primera exportación, fruto del esfuerzo, la constancia, el profesionalismo y el cumplimiento de todas las normativas requeridas tanto en Argentina como a nivel internacional”, expresó. Asimismo, destacó el acompañamiento del Gobierno provincial a iniciativas innovadoras que generan oportunidades para los jóvenes y potencian la diversificación productiva del Chaco. “Es importante apostar a emprendimientos nuevos y novedosos, pero también responsables. Esto demuestra que en nuestra provincia hay jóvenes con coraje, que se animan, apuestan y obtienen buenos resultados”, agregó. Por su parte, el ministro de Salud, Sergio Rodríguez, señaló que el proyecto representa un avance significativo tanto desde el punto de vista sanitario como productivo. “La calidad de la producción, la trazabilidad y la seguridad del proceso son verdaderamente destacables. Cuando se habla de cannabis muchas veces se generan confusiones, pero aquí estamos hablando de producción medicinal, con estándares internacionales y una enorme responsabilidad”, afirmó. Además, remarcó el impacto económico y laboral del emprendimiento: “Actualmente trabajan de manera directa unas 40 personas, es decir, 40 familias chaqueñas que encuentran aquí una fuente laboral digna. Más allá del impacto sanitario, existe un enorme impacto productivo y económico para la provincia”, sostuvo. En ese sentido, Rodríguez subrayó que solamente dos empresas en la Argentina cuentan hoy con las habilitaciones necesarias para producir y exportar materia prima de cannabis medicinal, siendo Cannafis FIS S.A.S. la única habilitada en la provincia del Chaco. A su turno, el presidente de la Agencia de Inversiones, Martín Poccard, destacó que la empresa representa el modelo de desarrollo impulsado por el Gobierno provincial. “Es una empresa insignia no solo para el Chaco, sino también para la Argentina y el mundo. Genera innovación, tecnología, empleo calificado y diversificación de la matriz productiva. Estamos a pocos días de concretar esta primera exportación a Nueva Zelanda y ya existen nuevas operaciones proyectadas hacia Alemania y Canadá”, indicó. Finalmente, el gerente general de Cannafis FIS S.A.S., Santiago Augusto, manifestó su satisfacción por este importante paso para la firma y para la provincia. “Estamos muy contentos y ansiosos por todo lo que viene. Esta será la primera exportación de cannabis medicinal de una empresa privada desde el norte argentino. Lo que producimos aquí es un ingrediente farmacéutico activo destinado exclusivamente a fines medicinales, utilizado para la elaboración de aceites, cremas y otros productos terapéuticos”, explicó. Asimismo, agradeció el acompañamiento institucional recibido desde el inicio del proyecto: “Es un orgullo que el gobernador conozca y acompañe este proceso desde el primer día. Esto representa una oportunidad enorme para que el Chaco siga creciendo a través de nuevas industrias y nuevos mercados internacionales”, concluyó.
Un informe del Instituto Gino Germani de la UBA, detectó que el 71,1% de las personas con empleo no supera la canasta básica total. La informalidad laboral alcanza un récord del 48% y se destruyeron más de 253.000 puestos formales en dos años. El mercado laboral argentino atraviesa una transformación regresiva sin precedentes. Un estudio del Grupo de Estudios en Desigualdad y Movilidad Social (GEDyMS) del Instituto Gino Germani (UBA), basado en datos oficiales, revela que durante el último cuatrimestre de 2025 el 71,1% de las personas ocupadas percibían ingresos por debajo de la Canasta Básica Total (CBT), que mide el umbral de la pobreza. La situación es aún más extrema entre los asalariados informales (90% por debajo de la CBT) y los cuentapropistas de baja calificación (85,1%). El dato resulta contundente incluso para el segmento que debería estar protegido: el 59,3% de los trabajadores asalariados registrados no logra cubrir el valor de una CBT. La pobreza también alcanza al 57,9% de los cuentapropistas con alta calificación y al 18,2% de los patrones formales. Por rubros, el 97,7% de las trabajadoras de casas particulares y el 87% de los empleados de “alojamiento y servicios de comidas” están en situación de pobreza, mientras que en la enseñanza y la industria manufacturera los porcentajes rondan el 68% y 67,4% respectivamente. El estudio, liderado por el doctor en Ciencias Sociales Eduardo Chávez Molina, documenta una “desformalización progresiva y sostenida”. Entre el último trimestre de 2023 y el mismo período de 2025 se destruyeron 253.543 puestos de trabajo formales y 51.577 informales, mientras se crearon 288.765 cuentapropistas de baja calificación, que perciben salarios promedio de apenas $720.000 mensuales.Como resultado, la proporción de asalariados formales cayó al mínimo histórico del 46% del total de ocupados, mientras la informalidad alcanzó un récord del 48%. El cuentapropismo precario se consolidó como la categoría de mayor crecimiento, pasando del 16% al 20% del empleo total en una década y alcanzando a 2,6 millones de personas “estructuralmente vulnerables”. El 44% de estos trabajadores está sobreocupado (más de 45 horas semanales) y el 33% subocupado, una paradoja que evidencia que trabajar más horas no garantiza salir de la precariedad. El 86% no supera la línea de pobreza y el 42% cae en la indigencia. La situación es crítica para los jóvenes: los menores de 30 años representan el 53% del total de desocupados, y su tasa de informalidad escaló al 60%, el valor más alto jamás registrado. El pluriempleo alcanzó su máximo histórico del 12%, mientras que casi el 20% de los ocupados demandan más horas de trabajo. En conjunto, las “personas con problemas de empleo” (informales, desocupados, sobreocupados y subocupados demandantes) sumaron 10.025.052 personas al cierre de 2025, un 24% más que una década atrás. El informe advierte que el deterioro es resultado de la relación de fuerzas entre las clases sociales, con un gobierno que actúa como “ajustador directo y garante de los intereses de las clases dominantes” y conducciones sindicales que “han cedido terreno pasivamente”. Con los índices de precios mayoristas de abril mostrando una suba extraordinaria del 5,2% que anticipa más inflación, y los salarios registrados acumulando siete meses consecutivos de pérdida frente a los precios, el estudio concluye que “el mercado de trabajo ya no funciona como un canal de integración social ni de movilidad ascendente”. Infogremiales
Desde los estudios de CIUDAD TV, la secretaria general de ATECh, Rosa Petrovich, ratificó la convocatoria a una caravana multisectorial en toda la provincia para exigir la apertura de paritarias y denunciar el recorte de servicios en la obra social estatal. Este jueves 28 de mayo, el arco gremial docente de la provincia del Chaco, encabezado por la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chaco (ATECh), llevará adelante una masiva caravana multisectorial que unificará los reclamos de diversos sectores estatales. La movilización, que cuenta con el respaldo de las tres centrales obreras, comenzará a las 18:30 horas con una concentración central en la Laguna Argüello de Resistencia, replicándose en simultáneo en las principales localidades del interior provincial. La protesta busca visibilizar el profundo malestar generalizado ante la falta de diálogo con el Ejecutivo y el severo deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores públicos. El principal eje del reclamo radica en la falta de convocatoria a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, una herramienta paritaria amparada por la ley. Al respecto, la secretaria general de ATECh, Rosa Petrovich, denunció que la actual gestión gubernamental mantiene cerradas las discusiones con todos los sectores desde que asumió el poder. Según explicó la dirigente, el cese unilateral del pago de la cláusula gatillo ha provocado un desfasaje dramático respecto a la inflación acumulada, pulverizando el poder adquisitivo en el sector educativo. “Estamos con una pérdida estrepitosa de más de un 35% de nuestros sueldos a raíz de eso particularmente, no sin subrayar que desde que asumió esta gestión de gobierno nosotros no tuvimos un solo peso de incremento salarial”, sentenció. Petrovich desmintió tajantemente las declaraciones del ministro de Economía provincial, quien había afirmado días atrás que los sueldos docentes se encontraban un 290% por encima de la inflación. La referente gremial aclaró que el oficialismo pretende contabilizar el pago de la cláusula gatillo de enero de 2024 como un logro propio, cuando en realidad correspondía al cierre de la pauta salarial y la corrección inflacionaria del último trimestre del año 2023. Para la titular de ATECh, la realidad en las aulas dista mucho de los discursos oficiales, remarcando que la crisis actual es asfixiante y que la gran mayoría de los docentes se encuentran por debajo de la línea de pobreza, existiendo además una franja importante de colegas que ya han caído bajo la línea de indigencia. Asimismo, la dirigente sindical criticó con dureza la reinstalación de sumas no remunerativas en las liquidaciones a través del denominado “concepto Aula”, un mecanismo al que calificó como un “chantajista presentismo” que precariza el salario. Petrovich argumentó que este tipo de políticas convierte al propio Estado en el principal evasor, desfinancia el sistema de previsión social y perjudica directamente tanto a los jubilados actuales como a los trabajadores en actividad de cara a su futuro retiro. En sintonía con este perjuicio económico, criticó la reciente ley que duplicó los descuentos de aportes destinados al fondo de alta complejidad de la obra social, señalando que el camino correcto debería ser la recomposición del salario básico para que los aportes aumenten de manera automática. Por último, la entrevista dejó en evidencia una honda preocupación por el estado actual de la obra social estatal, la cual atraviesa un proceso de vaciamiento reflejado en la reducción de medicamentos esenciales y la anulación de programas de salud vitales, como el plan cardiológico y la provisión para pacientes crónicos. Petrovich concluyó señalando que la movilización de esta tarde busca que el Gobierno nacional y provincial cambie de actitud y priorice la cuestión social por encima del modelo de ajuste. “La idea es pacífica como siempre pero ruidosa sin ninguna duda para ver si de alguna manera podemos hacer escuchar los reclamos, que queremos entender que no los desconocen pero queremos que cambien de actitud y que recojan el guante para empezar a resolver los problemas”, finalizó.