El presidente del Concejo Municipal de Resistencia sostuvo que la declaración de emergencia es una herramienta necesaria para afrontar el fenómeno de El Niño y aseguró que el Municipio ya ejecuta un plan hídrico aprobado el año pasado. Cuestionó que la oposición no acompañara el proyecto y afirmó que existen mecanismos de control sobre el uso de los fondos. La declaración de emergencia hídrica, climática y operativa en Resistencia volverá a ser tratada el próximo martes en el Concejo Municipal, luego de que el proyecto impulsado por el Ejecutivo obtuviera despacho favorable en las comisiones de Obras y de Hacienda. En diálogo con CIUDAD TV, el presidente del cuerpo, Alejandro Aradas, defendió la iniciativa y cuestionó la postura de los concejales de la oposición. “Nosotros entendemos que la emergencia hídrica es una herramienta necesaria hoy para afrontar lo que es el fenómeno de El Niño. No se nos ocurrió una emergencia caprichosa, sino que tiene que ver con todos los trabajos que ya se vienen realizando”, sostuvo. Aradas señaló que el Municipio presentó un plan hídrico que había sido aprobado por el Concejo el año pasado y que actualmente se encuentra en ejecución. Mencionó entre las tareas la limpieza de canales, el zanjeo de desagües a cielo abierto y la limpieza de lagunas en distintos sectores de la ciudad. “Hoy manifestábamos a la oposición que se trabaja sobre un presupuesto ya aprobado por los 11 concejales, la oposición incluida”, afirmó. En ese sentido, explicó que esos recursos contemplan contrataciones de maquinaria para realizar tareas vinculadas a la emergencia hídrica, como la limpieza de desagües y de basurales que obstaculizan el escurrimiento del agua. El titular del Concejo también hizo referencia a la compra de nueve bombas sumergibles y a las tareas que se vienen desarrollando en distintos barrios. “Es una emergencia que tiene comienzo y tiene final y está estipulado cuáles son los gastos que se pueden hacer”, remarcó. Sobre los cuestionamientos de la oposición, Aradas sostuvo que existe una diferencia respecto del destino de los fondos y defendió las facultades del Ejecutivo municipal. “El intendente tiene la facultad y los concejales pueden controlar cuál es el destino de los fondos, simplemente saliendo a caminar y a recorrer la ciudad”, planteó. En esa línea, señaló que actualmente se realizan trabajos en los desagües principales y en los barrios, además de intervenciones coordinadas con la Provincia. Mencionó específicamente la limpieza del canal 16, el canal Quijano y la Colectora Norte, en el marco de un comité ejecutivo integrado por representantes provinciales y municipales. Aradas sostuvo además que el plan hídrico contempla un trabajo intensificado en las zonas con mayor riesgo de inundaciones. “Está señalado un mapa especialmente con el APA donde tenemos más riesgo hídrico de que El Niño cause mayor daño”, explicó. Respecto de los mecanismos de control, aseguró que el Ejecutivo municipal responde a los pedidos de informe del Tribunal de Cuentas y que la información sobre las obras se encuentra disponible en la página oficial del Municipio. “Nosotros nos sometemos a la intervención del Concejo, nos sometemos al Tribunal de Cuentas, nos sometemos a las distintas situaciones de control que antes no existían”, afirmó. Por último, consideró que la discusión en torno a la emergencia también tiene un componente político y cuestionó que la oposición no haya acompañado la iniciativa. “Esto tiene que ver más con una cuestión política que con una cuestión de atender las inclemencias que va a generar El Niño en noviembre y diciembre”, sostuvo.
Autor: Redacción General
Finalmente hubo expreso acuerdo entre las mayorías legislativas y este miércoles el Parlamento chaqueño podría abordar en sesión ordinaria el proyecto de ley de reiterancia que justifica la prisión preventiva cuando una persona tiene dos o más causas penales abiertas, un tema de agenda para el Poder Ejecutivo provincial. La oposición, por su parte, busca tratar los proyectos de desendeudamiento familiar. En los estudios de CIUDAD TV, el diputado justicialista Luciano Moser se refirió a este punto y al resto de los temas que integran el combo legislativo. “Primero aclarar, porque recibimos nosotros como diputados de la oposición un ataque del Gobernador muy directo. Nos agravió diciendo que defendemos delincuentes, que no queremos tratar el proyecto de modificación del oficialismo por la reiternacia. Nuestra respuesta es la siguiente: la ley de reiterancia ya existe, está contemplada en el artículo 289, inciso 2 del Código Procesal Penal de la provincia y fue incorporado durante nuestra gestión”. Negó las acusaciones del mandatario y aseguró que “no es así, no es real, nunca se llegó al orden del día de ninguna sesión y el oficialismo tiene mas de cuatro proyectos sobre esta temática. Lo que corresponde es que se busque un despacho para unificar los distintos proyectos, llevarlos a la sesión y que lo podamos debatir. Dejar en claro que estamos dispuestos a debatirla”. “En mi caso personal voy a apoyar y acompañar esta modificación”. “Lo vamos a acompañar entendiendo que ya existe y que es una modificación complementaria. Ya hay una herramienta con la que cuenta la justicia para poder aplicar la prisión preventiva en el caso del delito. Es un complemento con cuestiones mas explícitas de las que ya existen”, apuntó. “También hay que dejar en claro que el Gobernador está haciendo un show mediático, que nos ataca diciendo que defendemos delincuentes y eso no es verdad. Nosotros no defendemos delincuentes, defendemos a las familias, los comerciantes, las pymes, al laburante que sufre estos hurtos que existen en la actualidad. Lo venden como la solución al problema de la inseguridad en la provincia del Chaco y eso no es así. Esto también se aplica en otras provincias y no disminuyeron los delitos por aplicar este tipo de prisión preventiva”, sostuvo. Un factor determinante que mencionó fue la sobrepoblación en las comisarías de personas privadas de libertad y también en cárceles. “Hoy, en la provincia del Chaco hay más detenidos en comisarías que en las cárceles. Uno toma la dimensión de la problemática que hay. Sin una inversión real de mejorar el lugar y sobre todo el espacio para la cantidad, porque esto va a aumentar la cantidad de personas que van a estar privadas de su libertad y tampoco hay una solución”, advirtió. Para Moser será “una falla más de gestión, en el momento en que esto pueda salir va a traer mayor sobrepoblación que ya existe”. “Lo que uno ve y que es concreto es que quieren desviar el foco de atención de otras problemáticas que tienen hoy las familias chaqueñas poniendo esto en el centro de atención. Por eso el gobernador se sube al ring, nos ataca y yo decía que me gustaría que la misma vehemencia que tuvo el gobernador sobre esta problemática lo pueda tener en otros problemas que tiene la familia chaqueña, que no es solo la inseguridad. No llegan a fin de mes porque están sobreendeudadas culpa de su gobierno. Nosotros en la Legislatura tenemos cuatro proyectos presentados por la oposición y nos gustaría esa vehemencia para brindar una solución a este grave problema de familias sobreendeudadas y que le baje la orden a los diputados oficialistas para que puedan acompañar. Y lo mismo con los tarifados de los servicios públicos que no pueden pagar”. “Está nuestra voluntad de acompañar y de sesionar mañana”, acentuó el legislador y adelantó su voto positivo al proyecto. “Hay una cuestión clara. El oficialismo no acompaña este tipo de proyectos porque si se lleva al recinto y votan en contra estarán reconociendo un problema de su gestión. Entonces buscan que no lleguen a sesión”, advirtió Moser.
La nueva propuesta académica de la Universidad Nacional del Chaco Austral iniciará el dictado de clases el 18 de septiembre, con modalidad virtual y una duración de tres semanas. El cursado será a distancia, mediante clases virtuales sincrónicas, facilitando el acceso desde cualquier localidad. La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) abrió las inscripciones para un nuevo Seminario intensivo de Introducción a la Administración Pública Provincial, una nueva propuesta de formación que iniciará el dictado de clases el 18 de septiembre de 2026, bajo modalidad virtual y con una duración de tres semanas. El Seminario es una propuesta de formación diseñada para brindar conocimientos esenciales sobre el funcionamiento del Estado, la organización de la administración pública y los principales procedimientos administrativos que forman parte de la actividad cotidiana de los organismos públicos. El cursado será a distancia, mediante clases virtuales sincrónicas, facilitando el acceso desde cualquier localidad. La propuesta tiene una duración de tres semanas, distribuidas en tres encuentros virtuales de entre 90 y 120 minutos, complementados con material de lectura, actividades prácticas, tutorías y espacios de intercambio. Esta capacitación está especialmente orientada a abogados; empleados públicos provinciales y municipales; concejales; personal de planta permanente, contratado, becarios y pasantes; estudiantes secundarios, terciarios y universitarios; aspirantes al ingreso en la administración pública; ciudadanos interesados en comprender el funcionamiento del Estado y mejorar su desempeño en trámites administrativos. No se requieren conocimientos previos en Derecho Administrativo. El programa se desarrollará en tres ejes: estado y organización constitucional, administración pública provincial y gobierno municipal. La propuesta académica fue aprobada mediante Resolución Nº219/2026- C.S., cuenta la coordinación del Especialista en Derecho Administrativo, Gastón González Yospa, el docente abogado especialista en Derecho Administrativo, Gustavo Leguizamón y el docente especialista en Derecho Municipal, Aldo Javier Cabaña. Información e inscripciones Las personas interesadas podrán consultar el cronograma de clases, la información sobre costos y realizar la inscripción a través del siguiente enlace: https://cursos.uncaus.edu.ar/cursos/seminario-intensivo-de-introduccion-a-la-administracion-publica-provincial
La periodista de Bolivia, Maya Soraide, explicó en diálogo con CIUDAD TV cómo repercute en Bolivia la investigación contra el consultor argentino Fernando Cerimedo, acusado por el ataque contra Nadia Beller y también investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Además, se refirió a las distintas versiones sobre el lugar que ocupaba dentro del entorno del presidente Rodrigo Paz. El caso Fernando Cerimedo continúa generando repercusiones en Bolivia y sumando nuevos elementos a una investigación que excedió el ataque contra Nadia Beller. Mientras la Justicia avanza sobre las acusaciones de intento de feminicidio y presunto enriquecimiento ilícito, también crece el debate político en torno al vínculo del consultor argentino con el presidente Rodrigo Paz y el nivel de influencia que habría tenido dentro de su Gobierno. La periodista local boliviana Maya Soraide explicó que el caso ocupa un lugar central en la agenda informativa de Bolivia, aunque con algunas diferencias respecto de la mirada que tiene la prensa internacional. “Uno de los temas que sin duda acaparó la mayoría de los titulares, no solo en Bolivia, sino también en países como Argentina, por la cercanía que Fernando Cerimedo tiene a ciertos gobiernos de derecha”, señaló. Soraide explicó que la repercusión del caso está vinculada tanto con la relación de Cerimedo con el presidente boliviano como con las acusaciones que surgieron a partir del ataque contra Beller. “En Bolivia uno de los temas que más resuena no es ese, sino más bien el de enriquecimiento ilícito y el de intento de feminicidio. Son perspectivas diferentes”, sostuvo. Una investigación que continúa La periodista señaló que la investigación todavía se encuentra en desarrollo y que existen distintos elementos que deben ser esclarecidos. Entre ellos, mencionó la participación de las personas que habrían intervenido en la organización del ataque contra Beller y la identidad de quienes presuntamente estaban encargados de ejecutarlo. Soraide indicó que hasta el momento hay otras dos personas imputadas, un hombre y una mujer, a quienes se vincula con la organización de la tenencia de las armas que iban a utilizarse en el atentado. “Por el momento no se tiene la identidad de quién fue el o quiénes fueron las personas que estaban encargadas de llevar esto a cabo. Esto es algo que continúa en investigación”, explicó. También se refirió a la aparición de un video en redes sociales en el que una persona se entrega y afirma que sería inocente, señalando que su presentación tendría como objetivo colaborar con la investigación y demostrar esa condición. El rol de Cerimedo dentro del Gobierno Uno de los aspectos que, según Soraide, genera mayor interés es la relación entre Cerimedo y el presidente Rodrigo Paz. “Abiertamente se dice que Cerimedo sí es el asesor presidencial”, afirmó. Sin embargo, aclaró que la condición de asesor no necesariamente implica formar parte de manera formal del gabinete o de un organigrama gubernamental. En ese sentido, planteó que su influencia podría haber sido mayor que la que indicaría formalmente su cargo. “Sí, se puede decir que podría llegar a tener más del poder que uno podría pensar escrito en el papel”, sostuvo. Y agregó: “Es como un poder invisible”. Para la periodista, esa influencia puede traducirse en la posibilidad de sugerir determinadas decisiones, aun cuando la persona no ocupe formalmente un lugar dentro de la estructura gubernamental. Soraide también señaló que existen distintas versiones dentro del propio Gobierno boliviano sobre el nivel de participación que tenía Cerimedo. Según relató, el presidente Rodrigo Paz todavía no se había pronunciado públicamente sobre el caso, mientras que desde su entorno algunos funcionarios buscaron explicar cuál era la relación con el consultor argentino. La periodista mencionó las declaraciones del ministro de Planificación y Obras Públicas, Mauricio Zamora, quien sostuvo que Cerimedo simplemente se encargaba de asesorar al presidente y que no podía brindar mayores explicaciones sobre el caso. En contraste, Soraide citó al vicepresidente Edman Lara: “Dijo que efectivamente Cerimedo tenía mucho poder, que participaba de todas las reuniones de gabinete y que sí efectivamente, como lo había denunciado Nadia Beller, tenía una oficina muy cercana a la del presidente”, relató. La diferencia entre ambas posiciones se convirtió así en uno de los puntos que alimentan el debate político alrededor del caso. Otro de los aspectos señalados por Soraide fue el tratamiento que tuvo la información vinculada con las conversaciones y chats atribuidos a Cerimedo. “Una de las mayores críticas a los medios de comunicación en Bolivia es que fueron medios internacionales los que primero dieron a conocer los desdoblamientos a las conversaciones y a los chats de Cerimedo”, afirmó. Según explicó, mientras los medios internacionales pusieron especial atención en la relación de Cerimedo con distintos gobiernos y en su trayectoria como consultor político, en Bolivia el foco estuvo puesto principalmente en las acusaciones que surgieron a partir del ataque contra Beller. Sobre la situación de Nadia Beller, Soraide señaló que la abogada se encuentra fuera de peligro, aunque mantiene su preocupación por su seguridad. “Ella todavía mantiene esta postura de que su vida está en peligro”, sostuvo. Beller cuenta con resguardo policial, aunque, según relató la periodista, considera que no es suficiente. También señaló que la abogada ha dado entrevistas a distintos medios de comunicación, tanto bolivianos como internacionales. Soraide destacó particularmente la repercusión de una de las primeras entrevistas concedidas por Beller, que no fue realizada por un medio tradicional boliviano sino por un medio alternativo y luego fue retomada por otros medios.
En el marco de un acuerdo de juicio abreviado, aceptó su responsabilidad en lo ocurrido la madrugada del 25 de mayo de 2021. Además, fue condenado junto a otra persona por haber liderado una asociación ilícita destinada a “combatir ideologías por la fuerza y cometer actos discriminatorios”. Un hombre de 50 años fue condenado ayer a seis años de prisión por haber detonado un artefacto explosivo frente al local partidario de la agrupación “La Cámpora” de Bahía Blanca la madrugada del 25 de mayo de 2021. Además, en el marco de un juicio abreviado, aceptó su responsabilidad por haber liderado por más de tres años una asociación ilícita “destinada a combatir ideologías por la fuerza o el temor” y por haber cometido diversos actos discriminatorios. Un miembro de la agrupación fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento condicional. La decisión fue tomada por Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, integrado de manera unipersonal por el juez federal Ernesto Sebastián. En representación del Ministerio Público Fiscal intervino el fiscal general Gabriel González Da Silva y el auxiliar fiscal Juan Pablo Ghidini. Además, en la causa se presentó la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) como querellante. Además de haber integrado la asociación ilícita, Pablo Antonio Ceferino Dahua, detenido actualmente en el marco de una causa por homicidio que tramita en la justicia penal bonaerense, fue considerado responsable del delito de explosión con peligro común para los bienes por haber peligro de muerte para alguna persona y por dos hechos de fabricación o tenencia de materiales explosivos. El tribunal le fijó también una inhabilitación especial para obtener la licencia de legítimo usuario, así como cualquier tipo de habilitación que involucre a los elementos comprendidos dentro de la ley nacional de armas, por diez años. Por su parte, Francisco Rosales fue considerado coautor del delito de tomar parte en una asociación ilícita destinada a combatir ideologías por la fuerza o el temor y por haber llevado adelante actos discriminatorios. Por ese motivo, se le fijó una pena de tres años de prisión y se le impusieron una serie de reglas de conducta, entre las que se encuentran la donación de 500 mil pesos en favor de alguna institución de bien público o programa de esa índole de la comunidad judía y abstenerse de utilizar armas de fuego. La explosión durante la madrugada Según se probó, la madrugada del 25 de mayo de 2021, Dahua llegó hasta el local llamado “Ateneo Néstor Kirchner” (conocido en la ciudad por ser la sede de la agrupación “La Cámpora) y utilizó un artefacto explosivo de construcción casera contra la fachada, lo que ocasionó que se desprendiera toda la persiana de hierro del inmueble. Además, varios locales comerciales cercanos quedaron con sus vidrieras destruidas. Al llegar la policía al lugar, se encontraron con varios vecinos que también habían sufrido daños en sus casas por la onda expansiva. Los efectivos observaron que en la vereda había panfletos que decían: “Políticos cínicos y corruptos. Sindicalistas millonarios y ladrones. Periodistas cómplices y militantes. Matan niños con el aborto. Hipersexualización a nuestros hijos – esi y pornografía. Subvierten los valores naturales. Se pasan la Constitución por el traste. Traicionan a nuestra patria. Y cuantas razones más para empezar “la purga” ahora a cuidarse traidores sabemos donde viven. Hartos!!! De todos ustedes”. Según quedó establecido, el ataque al local fue cometido por Dahua junto con otra persona que no ha sido identificada aún. Para el tribunal, actuaron “como parte de un colectivo radicalizado e intransigente en su ideología política con accionar violento”. Tras la investigación llevada adelante por la Fiscalía Federal N°2 de Bahía Blanca, a cargo de Santiago Ulpiano Martínez, se pudo determinar el rol de Dahua y se solicitaron una serie de allanamientos, tanto en su domicilio como en el de su padre, en septiembre de 2024. Allí se encontraron múltiples elementos para la fabricación de explosivos caseros que iban desde sustancias químicas como pólvora, nitrato de potasio, azufre, carbón y ácido muriático hasta baterías, detonadores, plaquetas electrónicas, handy talkies, celulares y sistemas de iniciación eléctrica. En el marco del acuerdo al que el imputado llegó con la fiscalía, se marcó que, de acuerdo con los ensayos destructivos practicados por la División Investigaciones del Departamento Brigadas de Explosivos de la Policía Federal Argentina, se pudo corroborar que los dispositivos electrónicos incautados eran “plenamente funcionales”. “Se advierte de lo desarrollado el conocimiento técnico necesario, la tenencia de los elementos necesarios, la congruencia estructural entre los elementos peritados y el explosivo detonado, la capacidad de reacción violenta de los iniciadores y el contenido informático, que conforman un conjunto probatorio sólido, coherente y concordante, con distintas fuentes que se complementan entre sí, lo cual se debe correlacionar también con su pertenencia y liderazgo dentro de la agrupación denominada ”Nueva Soberanía”, se estableció. “Nueva soberanía”: la agrupación neofascista que integraban los implicados Además de la explosión frente al local y los elementos hallados en el allanamiento, en el acuerdo al que las defensas llegaron con el MPF y que homologó el tribunal, se acreditó que Dahua fue el líder de “una agrupación extrema, caracterizada por una ideología violenta y discriminatoria, y por la adopción de métodos orientados a imponer sus principios mediante la violencia y la intimidación”. Para ello, se tuvo en cuenta el hallazgo de revistas, panfletos y distintos elementos con simbología nazi, además de múltiple evidencia digital con contenido extremista, lo que reveló “la intencionalidad del hecho cometido dado por la elección del lugar como escenario del ataque perpetrado el 25 de mayo de 2021”. En ese sentido, se indicó que la existencia y operatividad de “Nueva Soberanía” (donde Rosales cumplía funciones de reclutamiento) surgía también de informes y peritajes informáticos, donde se advirtió que se trataba de “una organización con estructura jerárquica, métodos de adoctrinamiento y una agenda de acción orientada a la imposición violenta de su ideario”. De acuerdo con un trabajo realizado por la Dirección de Contraterrorismo del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires,
Tras la denuncia por abusos sexuales y torturas físicas contra un grupo de presas en el Penal Nº51 de Magdalena, la Justicia ordenó la detención de quince agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en el marco de la causa que investiga su accionar durante la noche del 3 de junio. El juez Juan Pablo Masi, a cargo del Juzgado de Garantías N°4, determinó la aprehensión de los agentes para asegurar las pruebas en la investigación y poner a disposición de la Justicia a las personas involucradas. La medida fue abordada luego del trabajo conjunto y las tareas coordinadas con la fiscalía actuante, el Servicio Penitenciario Bonaerense y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia. Los detenidos se encontrarán alojados en distintas dependencias carcelarias de la provincia de Buenos Aires. Los episodios que originaron la causa habrían ocurrido entre la noche del 3 de junio y la madrugada del día siguiente. Según la denuncia impulsada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) ante la UFI N°11 de La Plata, el personal penitenciario irrumpió en uno de los pabellones tras una pelea menor entre dos internas, donde usaron gas pimienta en espacios cerrados y bloquearon las salidas. Las detenidas habrían sido obligadas a desnudarse frente a los efectivos masculinos y, ante la resistencia de las internas, los mencionados habrían implementado severas prácticas de tortura física. Entre los ataques que se habrían cometido se encuentran haberles sumergido la cabeza en piletones con agua para cortarles la respiración, golpizas reiteradas y al menos dos de las reclusas fueron sometidas a abusos sexuales con acceso carnal en el sector de la escuela del penal. “El Servicio Penitenciario Bonaerense y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reafirman su compromiso con el total esclarecimiento de los hechos ocurridos, en función del estricto cumplimiento de las normas constitucionales y convencionales y del prestigio institucional que es nuestro deber resguardar”, manifestaron. Página/12
En este proceso, patrocinado por el estudio Biscardi y Asociados, a través del abogado Gonzalo Vidal Devoto, se da un paso inédito al llevar a los gigantes tecnológicos ante la Justicia por presunta apropiación de propiedad intelectual y competencia desleal. Editorial Perfil S.A. acaba de dar un paso histórico al presentar una demanda judicial por daños y perjuicios contra OpenAI, L.L.C., Microsoft Corporation y Microsoft de Argentina S.R.L. en el fuero Civil y Comercial Federal, a quienes acusa de utilizar contenidos producidos por su redacción sin autorización y de obtener un beneficio económico a partir de ese material periodístico. Al avanzar en esta dirección, y con el patrocinio del abogado Gonzalo Vidal Devoto, del Estudio Biscardi & Asociados, que representa a PERFIL en la causa, la editorial se convierte en el primer medio de comunicación de habla hispana en el mundo en llevar a los gigantes tecnológicos ante la Justicia por la presunta apropiación de propiedad intelectual y competencia desleal. De esta manera, el caso de Perfil se suma a una disputa internacional que ya tiene antecedentes, como las demandas de The New York Times contra OpenAI y Microsoft en Estados Unidos y el conflicto de Folha de S.Paulo con OpenAI en Brasil. La demanda, respaldada por rigurosas pericias técnicas e informáticas, sostiene que, para Perfil, una cosa es acceder a una noticia como usuario y otra muy diferente es copiarla o incorporarla masivamente a sistemas tecnológicos destinados a generar productos y servicios comerciales. A saber, el reclamo tiene dos niveles. La legitimidad del entrenamiento histórico y actual de los modelos es uno de los ejes de la demanda. A partir de lo que sostiene la demanda, mediante procesos masivos de scraping, tokenización y vectorización, los contenidos de Perfil fueron rastreados, descargados, almacenados y utilizados como insumo para el desarrollo y optimización de modelos de inteligencia artificial. Es decir, utilizaron notas, investigaciones, crónicas y entrevistas exclusivas como la materia prima gratuita para entrenar y optimizar modelos de lenguaje y generar sistemas que hoy se comercializan por miles de millones de dólares. Dio curso incluso sobre contenidos protegidos detrás de muros de pago (paywalls) y vulneró los accesos exclusivos del sitio. A través de ecosistemas integrados como Microsoft Bing, Microsoft Copilot, Microsoft 365 Copilot, GitHub Copilot y Azure AI, además de otras herramientas y servicios, las compañías demandadas aprovecharían contenidos periodísticos para ofrecer respuestas sin que el usuario deba ingresar al sitio original, lo que, según sostiene Perfil, puede reducir el tráfico, las impresiones publicitarias y afectar el modelo de sustentabilidad económica del periodismo profesional. La acusación de competencia desleal y abuso de posición dominanteLa empresa sostiene que las grandes plataformas tecnológicas ocupan una posición privilegiada dentro del ecosistema digital y que los medios tienen pocas alternativas frente a ellas. Ahora bien, lo escandaloso es la doble vara de estas corporaciones. Al mismo tiempo que OpenAI reconoció el valor del trabajo periodístico firmando acuerdos millonarios de licencias con grandes conglomerados internacionales de medios (como el grupo Prisa en Europa), adopta una postura completamente distinta y evasiva en el mercado argentino y latinoamericano, negándose a retribuir el insumo informativo que consume vorazmente. OpenAI sostiene públicamente que el periodismo tiene un papel importante en sus productos y que trabaja con medios de distintos países. La compañía tiene acuerdos con organizaciones como Associated Press, Axel Springer, Financial Times, Le Monde, Prisa Media, Vox Media, Condé Nast, Reuters y otras. Acerca del caso de Axel Springer, por ejemplo, OpenAI explicó que el acuerdo contempla la utilización de contenidos del grupo para mejorar el entrenamiento de sus modelos y la presentación de noticias con atribución y enlaces a los artículos originales. Perfil
El Poder Legislativo recuerda que hasta el 31 de agosto se encuentra abierto el plazo para presentar postulaciones a la edición 2026 del Premio Anual a los Jóvenes Destacados de la Provincia del Chaco. La distinción reconoce a jóvenes que, por su trayectoria y compromiso, realizan aportes significativos a la comunidad. La iniciativa, establecida por la Ley 3615-E, está destinada a jóvenes de entre 16 y 30 años que se destaquen por su compromiso con la democracia, los derechos humanos y la solidaridad social, así como por sus aportes en áreas como cultura, deporte, producción, ambiente y desarrollo sustentable, educación, ciencia e innovación tecnológica. Las candidaturas deberán ser presentadas por instituciones públicas o privadas, organizaciones sin fines de lucro, asociaciones y entidades con personería jurídica. Podrán ser postulados jóvenes nacidos en la provincia o que acrediten una residencia inmediata y continua de al menos tres años en el Chaco. Las propuestas deberán presentarse personalmente hasta el 31 de agosto, de 7 a 19 horas, en la Mesa de Entradas y Salidas del Poder Legislativo, ubicada en Pueyrredón 95 de Resistencia, dirigida a la Comisión Evaluadora de la Ley 3615-E. La documentación deberá incluir los antecedentes del candidato o candidata y una fundamentación de su trayectoria, méritos y participación. Se seleccionará hasta cinco jóvenes destacados, quienes recibirán una placa conmemorativa. La entrega de los reconocimientos se realizará el 16 de septiembre, en el marco del Día Nacional de la Juventud, instituido por la Ley Nacional 27.002 en conmemoración de la “Noche de los Lápices”, fecha a la que la Provincia del Chaco adhirió mediante la Ley 2274-E.
Luego de un último intento para salvar lo que supo ser una de las cadenas de electrodomésticos líder de nuestro país, Garbarino fue declarado en quiebra por la Justicia comercial. Ya sin posibilidades de repuntar la situación, la empresa cerró recientemente los últimos tres locales que quedaban y estaban situados en Belgrano, Almagro y el centro porteño, respectivamente. Fundada por los hermanos Daniel y Omar Garbarino en 1951, la compañía supo liderar las cadenas de electrodomésticos a lo largo y ancho de la Argentina. Con más de 200 sucursales y 4.500 trabajadores, fue un referente de la producción y el crecimiento nacional. Sin embargo, le tocó atravesar diferentes situaciones económicas que lo dejaron en una condición vulnerable, sumado al constante crecimiento de competidores que llegaron para conquistar a los clientes. Este combo resultó letal para Garbarino, que lentamente fue cerrando sus locales y en 2020 pasó a manos del empresario Carlos Rosales, por entonces protesorero del Club Atlético San Lorenzo. Aunque buscó recuperar la cadena, la coyuntura no acompañó y en noviembre de 2021 entró en concurso preventivo. Ahora, tras intentar alcanzar un acuerdo con los acreedores que resultó negativo, el juez Fernando D’Alessandro, del Juzgado Nacional en lo Comercial Nº7, decretó la quiebra. ¿Qué pasará con los bienes de Garbarino, que fue declarado en quiebra? Tras la resolución y el cierre definitivo de los últimos tres locales que quedaban, la justicia avanzará con la inhibición general de bienes de Garbarino. Según reportaron, buscarán identificar, administrar y liquidar los activos disponibles con el objetivo de afrontar las obligaciones con los acreedores. En este sentido, informaron que la liquidación contempla bienes del antiguo grupo empresarial, como Compumundo, Tecnosur y Digital Fueguina, una firma de Tierra del Fuego. Vía País
La ACIJ recurrió a la Justicia para que se declare la inconstitucionalidad de 14 pliegos enviados por el Poder Ejecutivo al Senado. El planteo se basa la violación del carácter obligatorio de las ternas elaboradas por el Consejo de la Magistratura, lo que amplía márgenes de discrecionalidad que nuestra Constitución buscó reducir. La designación de jueces y juezas es un proceso complejo en el que intervienen distintos poderes del Estado. En primer lugar, el Consejo de la Magistratura realiza un concurso público a partir del cual se evalúan los méritos y selecciona un grupo de tres personas por cada cargo a ser cubierto. Esa terna se envía al Poder Ejecutivo, el que debe elegir a uno/a de esos/as tres postulantes y luego solicitar el acuerdo del Senado. Quienes logran dicho acuerdo, comienzan a administrar justicia. El artículo 99 de nuestra Constitución establece que las ternas son vinculantes, lo que implica que el Presidente necesariamente debe elegir a una persona entre las tres. Ahora bien, en ocasiones el Consejo de la Magistratura realiza un mismo concurso para la cobertura de distintos cargos vacantes, finalizando así en la elaboración de tantas ternas como cargos deban cubrirse. Así, si se necesita llenar 8 vacantes, el Consejo enviará al Presidente 8 ternas. En el mes de marzo, el Poder Ejecutivo comenzó a seleccionar postulantes en base a ternas conformadas a partir de concursos múltiples y decidió combinarlas, eligiendo más de una persona de algunas ternas y dejando otras completamente inutilizadas. Esto sucedió con 14 pliegos, correspondientes a los concursos 288, 324, 367, 417, 420, 422, 446, 452 y 463. Sin embargo, esta práctica viola nuestra Constitución. La vinculatoriedad de las ternas exige que las designaciones se realicen de manera tal que ninguna quede descartada. Al ignorar el modo en el que estas están conformadas, se desnaturaliza todo el sistema instituido por nuestra norma fundamental. El carácter vinculante de las ternas no es una mera formalidad, sino que tiene por objetivo limitar el margen de discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Nuestros constituyentes no solo tuvieron en miras la realización de concursos públicos, sino que establecieron para el Presidente una oferta acotada de personas entre las que elegir, a fin de reducir el riesgo de designaciones “amiguistas” o partidizadas. Si la conducta adoptada por el Poder Ejecutivo fuera correcta, ¿qué sentido tendría que el Consejo de la Magistratura elaborara ternas? Sería indistinto que dicho cuerpo le enviara al Presidente, por ejemplo, 5 ternas o un grupo de 15 personas sin ningún tipo de agrupamiento. ¿Cómo es que podría considerarse contrario al texto constitucional el envío de postulantes sin ternas y no que el Poder Ejecutivo las desarmara cuando las recibiera, siendo que el resultado que se produce es el mismo? En otras palabras, si el Consejo no puede desarticular el sistema de ternas, tampoco puede hacerlo el Presidente. El riesgo de esta práctica no se limita a tener un grupo de jueces y juezas ilegítimamente designados/as, sino que abre otras puertas por demás problemáticas. En efecto, si se quisiera terminar de distorsionar el proceso, bastaría con acumular más vacantes en un único concurso, con lo que cada vez habría más personas ternadas y —si no se reconociera como límite la forma en que se conforman las ternas— acabaría el Poder Ejecutivo por tener un listado amplísimo de candidatos/as entre los/as que elegir. Por estos motivos, en nuestra acción judicial solicitamos que se declare la inconstitucionalidad de los pliegos cuestionados y que se ordene al Poder Ejecutivo retirarlos y formular nuevas propuestas, esta vez utilizando todas las ternas elaboradas por el Consejo de la Magistratura. El proceso de selección de jueces y juezas está plagado de irregularidades, que desde ACIJ hemos señalado una y otra vez. La falta de transparencia de los concursos, la arbitrariedad en la asignación de puntajes y la designación de personas incluidas en listas complementarias sin que se den las condiciones para su utilización son solo algunas de ellas. En este caso, el Poder Judicial tiene la oportunidad de asegurar que se respete la Constitución en al menos una: la de la elección por parte del Presidente. No hablamos de una instancia formal, sino de una en la que se determina quiénes decidirán sobre nuestra democracia y nuestros derechos. Respetar las reglas que nuestra Constitución previó para ese camino es todo lo que tenemos si queremos preservar el Estado de derecho y restablecer la confianza de la ciudadanía en la Justicia.
La jueza Federal 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, rechazó el pedido de libertad presentado por la defensa de Federico Clinis Canal, uno de los propietarios de la cadena de gimnasios Exen, investigado por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico. También fue rechazado, de manera subsidiaria, el pedido de prisión domiciliaria. La jueza Federal N° 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, rechazó este martes la excarcelación solicitada por la defensa de Federico Clinis Canal, uno de los propietarios de la cadena de gimnasios Exen, en el marco de la investigación por presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico. Según pudo saber CHACO DIA POR DIA, la magistrada también rechazó el pedido de arresto domiciliario planteado de manera subsidiaria, al considerar que esa medida resulta “insuficiente para neutralizar los riesgos procesales verificados”. Clinis Canal permanece detenido junto a otras cuatro personas en el marco de la causa. Entre ellas se encuentran su hermano Nicolás y su madre, María Graciela Canal, quienes se presentaron voluntariamente el 12 de agosto ante funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones en el Puente Internacional San Ignacio de Loyola, en Clorinda. Ambos tenían pedidos de arresto internacional solicitados a Interpol. También están detenidos los socios de los hermanos Clinis, Mauro Lugo Heim y Yamil Gane. En tanto, Jorge César Alberto Vargas, padrastro de los hermanos, y Raquel Edith Bohacek, gerenta de la sucursal de Exen en Pampa del Infierno, fueron imputados pero continúan en libertad por decisión judicial. El 13 de agosto, la jueza Niremperger había rechazado también el pedido de excarcelación presentado por Gane. La pista que dio origen a la investigación El expediente se inició a partir de información aportada por una persona que se acogió al régimen del arrepentido. Según la hipótesis investigativa, ese testimonio habría vinculado al grupo familiar con una concesionaria de automóviles y con una organización narcocriminal que ya era investigada por narcotráfico, lavado de activos y tenencia ilegal de armas. A partir de esa información, la Fiscalía comenzó a reconstruir el patrimonio y los movimientos financieros de las personas y sociedades bajo investigación. La hipótesis fiscal sostiene provisoriamente que parte del dinero de origen presuntamente ilícito habría sido incorporado al circuito económico formal mediante distintas actividades comerciales, entre ellas la apertura y expansión de la cadena de gimnasios Exen. Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue precisamente el ritmo de crecimiento de la empresa. Según el requerimiento fiscal, entre febrero de 2025 y julio de 2026 Exen llegó a contar con siete establecimientos. Para el fiscal Patricio Sabadini, la velocidad de esa expansión y el dinero destinado a obras y equipamiento no guardarían relación con la capacidad económica declarada por los integrantes del grupo. “Resulta económicamente inviable para un negocio de estas características justificar la apertura de siete sucursales en un lapso tan acotado”, sostuvo el fiscal en su requerimiento. Una inversión estimada en más de $2.500 millones En paralelo con la investigación patrimonial, las fuerzas federales realizaron un relevamiento sobre seis establecimientos vinculados a Exen. El informe preliminar tomó como referencia la superficie de los locales y un valor de $510.000 por metro cuadrado. Sobre esa base, los seis establecimientos relevados suman 4.947 metros cuadrados, con una inversión estimada de poco más de $2.523 millones. Entre los inmuebles relevados aparece Exen-Hotel Guaraní, con 567,18 metros cuadrados y una inversión estimada de $289.261.800; Exen-Hiper Cucher, con 2.541,95 metros cuadrados y una estimación de $1.296.394.500; y Exen-Barranqueras, con 493,49 metros cuadrados y una inversión calculada en $251.679.900. También fueron relevados los establecimientos ubicados sobre avenida Las Heras, con una estimación de $253.373.100; avenida Arturo Illia, con $214.194.900; y Santiago del Estero, con $218.229.000. La cifra es una estimación realizada a partir del valor de referencia por metro cuadrado y no equivale necesariamente al dinero efectivamente desembolsado ni al valor de los bienes secuestrados. Ese dato deberá ser contrastado con la documentación contable, patrimonial y financiera incorporada al expediente. Para la fiscalía, el relevamiento permite dimensionar la infraestructura desplegada por la cadena y avanzar en la reconstrucción del origen de los fondos utilizados para financiar las inversiones. Qué se investiga La acusación sostiene provisoriamente que los siete imputados habrían conformado un grupo destinado a introducir en el circuito legal bienes y dinero cuyo origen sería ilícito. En particular, la Fiscalía investiga si parte de esos fondos podrían provenir del narcotráfico y de otros delitos. Esa hipótesis se conecta con la información aportada por el arrepentido, quien habría relacionado al grupo investigado con una organización narcocriminal. En ese contexto, la Fiscalía puso el foco en la denominada fase de integración del lavado de activos: la incorporación de dinero de origen presuntamente delictivo al mercado formal mediante inversiones y operaciones destinadas a aparentar un origen legítimo. Uno de los elementos señalados por los investigadores es la “vertiginosa y simultánea inyección de capitales en equipamiento e infraestructura edilicia”. La pesquisa también alcanzó movimientos bancarios, billeteras virtuales, proveedores de servicios de activos virtuales, registros de vehículos e inmuebles, información tributaria y movimientos migratorios. Además, los investigadores analizaron adquisiciones de vehículos, viajes al exterior y un nivel de vida que, según la hipótesis fiscal, no se correspondería con los perfiles económicos declarados.
Otra nueva rabieta presidencial contra los trabajadores de prensa. El ministro de Economía publicó en sus redes un mensaje en el que exigía que “la justicia actuara” después de que una noticia lo vinculara con el Grupo Lenor, que salió favorecido de una desregulación el Gobierno. El Presidente acompañó el reclamo con sus habituales insultos: “Mierdas humanas mentirosas”. Javier Milei y Luis Caputo encabezaron un nuevo y furibundo ataque contra la prensa, al pedir “una ley que castigue” a los periodistas que publican una “información inexacta” contra funcionarios del Gobierno. Fiel a su verba, el Presidente de la Nación apoyó ese castigo y fue más allá: calificó a los trabajadores de prensa de “mierdas humanas”. “Pareciera que para ciertos periodistas, mentir es un derecho adquirido. La justicia debería actuar. Necesitamos una ley que castigue este tipo de conductas”, fue la propuesta que lanzó el ministro de Economía en respuesta a un posteo que lo vinculó a un negociado. La acusación lo vincula con una maniobra empresarial que le permitió al Grupo Lenor hacerse de las tareas de control de los surtidores de combustible, luego de que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, le sacara esa órbita al Instituto de Tecnología Industrial (INTI). La publicación sostuvo que el titular de ese grupo empresarial, Julio Made, tenía alguna relación con Luis Caputo, algo que el propio ministro salió a desmentir con exigencia de castigo incluida. “Nunca en mi vida escuché ni siquiera hablar de un grupo Lenor, ni de un empresario Made”, aseguró el funcionario en un posteo por la red X. En ese mismo mensaje pidió una legislación que castigue al periodismo, con el fundamento de que “no es razonable que alguien escriba cosas sin ningún tipo de sustento y no tenga consecuencias”. Inmediatamente después de que el ministro posteara ese mensaje, el presidente Milei -siempre atento a las novedades en las redes sociales – apoyó el castigo y lo resposteó con un comentario a modo de título: “Desenmascarando mentirosos”. Pero inmediatamente después, salió al reniego de la prensa con dos respoteos en los que cinco veces utilizó el concepto “mierdas humanas”. El primero fue el de un usuario que, a través de una enrevesada interpretación de datos, sostuvo que la gravedad del crecimiento de la morosidad en préstamos bancarios es “una operación mediática”. Milei respaldó ese fundamento y publicó su berrinche: “Las mierdas humanas que se disfrazan de periodistas pedirán perdón por haber mentido y operado con el tema morosidad”, escribió. Luego, con menos ironía agregó: “Veremos si están moldeados de barrio o de mierda… Principio de revelación a la carga” (SIC). Pero la nueva rabieta presidencial venía desde temprano. Antes de la propuesta condenatoria de Caputo y de la interpretación de que el endeudamiento es la demostración de que el sistema funciona bien, el Presidente ya estaba enojado por una información que daba cuenta de una reunión entre él y dos economistas que defienden al Gobierno en el streaming oficialista Neura. La forma que tuvo Milei para negar ese hecho fue insultar a quienes lo publicaron: “Mierdas humanas mentirosas. Mierdas humanas, después lloran malas formas… Mierdas podrían empezar por no mentir, soretes”. Página 12
El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña continuó este martes en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional en Corrientes, con cuatro nuevos testimonios. Orlando Ezequiel Cáceres, el policía que durante la investigación aseguró que el ex comisario Walter Maciel – uno de los principales acusados – le ordenó modificar en el libro de guardia los horarios vinculados con las primeras horas de la búsqueda del niño, ratificó su acusación ante la Justicia En la mañana declaró Orlando Ezequiel Cáceres, el policía que durante la investigación aseguró que el ex comisario Walter Maciel -uno de los principales acusados- le ordenó modificar el registro de los horarios vinculados con las primeras horas de la búsqueda de Loan, fue el primero en declarar como testigo. El agente detalló cómo se enteró de la desaparición del niño y que en un primer momento le dieron la orden de cumplir funciones para custodiar una procesión que se realizaba en la localidad de 9 de Julio. “Me pareció raro que no fuéramos a hacer la búsqueda, que era más importante que la procesión”, dijo el oficial. “Siendo aproximadamente las 16.45, recibo un llamado del oficial Torres, donde me dice que bajemos a base, que nos vayamos a la Comisaría y que preparemos elementos, si teníamos buzo, que nosotros le llamamos tricota, o campera, linterna, todo lo que tengamos, que ya nos pasaban a buscar para ir al campo de la señora Catalina Peña”, contó. “Llegó el móvil con el comisario Maciel a cargo, el oficial Torres, el sargento Robledo y ahí nos dijo: “Vamos”. Nos subimos también con el sargento Chamorro, nos fuimos los cinco y nos fuimos directo al campo”, continuó en su relato. Al ser preguntado si él asentó los horarios en el libro de guardia correspondiente al 13 de junio del 2024, Cáceres ratificó que Maciel le ordenó que cambiara el horario de salida al campo de la abuela de Loan. “Me dice que en el horario de la llamada ponga 16.15, más o menos. No recuerdo bien tampoco el horario. ‘Poné 16.15’, ‘pero jefe’, le digo yo. Y me dice él: “Poné lo que yo te digo, poné como yo te digo”. Y ese es el horario que me dijo él que ponga en el libro”, sostuvo. “Poné la hora que recibiste el llamado y al instante que salimos”, me dijo. Sería que llegó el móvil y ya salimos. 16.15, creo que fue el horario que me dijo que ponga el llamado y ahí que ya salíamos hacia el campo”, insistió el oficial, quien luego contó cuál fue el horario real. “Y cuando estábamos en la procesión recibí el llamado 16.40 y de ahí fuimos a la comisaría en el móvil. Se fue a buscarle al comisario Maciel hasta el domicilio y habremos salido 16.50, más o menos en ese horario”, reveló. Cáceres le comentó la anomalía a uno de sus compañeros, quien también les expresó que le parecía extraño el pedido de Maciel. “Estos horarios no se modifican. Me pareció muy raro”, indicó. A su vez dijo “como también a la tarde cuando (Maciel) venía, a veces a las 18 o 19 horas, nos pedía el libro, leía, nos daba el visto bueno y nos lo regresaba. Pero ese día en el horario que llegó a la mañana, no recuerdo bien, 7 u 8 de la mañana, nos pidió el libro, me pidió el libro y de ese momento no me devolvió más hasta el día 14 de junio a la tardecita noche que me lo devolvió”. “Llegamos hasta la casa de la señora Catalina, nos bajamos todos. Yo me bajo con mi cuaderno anotador. (…) Me bajé, agarré mi cuaderno y (Maciel) me dijo: “No, dejame. Yo hago las anotaciones y vayan todos al, al campo”. Nos dijo que nos pongamos en fila los cuatro, el oficial Torres, el sargento Chamorro, el sargento Robledo y yo, y que hagamos una fila cada 20 metros y que nos vayamos hacia el campo”, contó. “Hablamos siempre que era raro lo que nos mandó a hacer. La actitud ese día del comisario era muy rara”, aseguró el testigo, quien insistió en haber sido presionado a cambiar horarios y la presencia de respeto o temor hacia la autoridad del comisario. También contó lo que escuchó acerca de la desaparición del menor. Declaró el papá de Camila y aseguró no recordar varios hechos clave En el juicio por la desaparición de Loan Peña, que se lleva adelante en Corrientes, declaró este martes el segundo testigo de la jornada: José Núñez, padre de Camila Núñez. Su testimonio comenzó alrededor de las 13.20 y se extendió durante unos 40 minutos. Núñez relató que se encontraba trabajando como albañil en Goya cuando se enteró de la desaparición de Loan. Según explicó, fue Diego Peña quien le comunicó que había recibido un llamado alertando que uno de los hijos de José se había perdido en el campo. Durante su declaración, el hombre manifestó no recordar distintas situaciones vinculadas al caso. Entre ellas, dijo no recordar cuándo Antonio Benítez habría dejado su motocicleta en su casa de 9 de Julio. También aseguró no recordar detalles sobre la ONG vinculada a Dupuy, como quiénes la integraban o qué actividades realizaban. Núñez sí confirmó que sabía que su hija Camila había ido a un hotel y sostuvo que allí se encontraba bien. Incluso contó que cocinó un cordero y compartió la comida con Camila y su nieta durante su estadía en el lugar. Sin embargo, afirmó que su hija no le habló sobre la desaparición de Loan ni le comentó cómo se sentía durante esos días. El testimonio terminó poco después de las 14 y estuvo marcado por las reiteradas respuestas del testigo señalando que no recordaba distintos aspectos vinculados a los hechos investigados. Radiosudamericana/Diario Época
El vocero Adrián Ravier aseguró que el Presidente cortó el vínculo con el consultor en 2023, aunque admitió que siguió manteniendo reuniones durante los primeros meses de la gestión. elDiarioAR registró al menos 13 entradas a Balcarce 50. También volvió a rechazar el aumento de la morosidad: sostuvo que las deudas deben resolverse “entre privados”. El Gobierno buscó este martes despegar a Javier Milei de Fernando Cerimedo, en medio de las derivaciones judiciales de la investigación que involucra al consultor en Bolivia, y volvió a rechazar una intervención directa del Estado frente al crecimiento de la morosidad de las familias. Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero Adrián Ravier aseguró que el Presidente hace tiempo que dejó de tener vínculo con Cerimedo y sostuvo que las dificultades para afrontar créditos deben resolverse mediante “acuerdos entre privados”. “Javier Milei no tiene relación con Cerimedo desde 2023”, afirmó Ravier. El vocero reconoció que el consultor registró algunos ingresos durante la primera mitad de 2024, aunque aclaró que “no han sido con el Presidente”, y evitó pronunciarse sobre el fondo de las acusaciones que lo involucran. “Este delito se cometió en Bolivia, si es que se cometió. Hay investigaciones al respecto y hay que dejar trabajar a la Justicia de ese país”, planteó. Ravier sostuvo que Cerimedo tuvo un papel durante la campaña previa a 2023 y que durante la primera mitad de 2024 mantuvo reuniones que “terminaron con su salida del Gobierno en el rol que jugaba”. Es una formulación algo distinta de simplemente decir que Milei no tiene relación con él desde 2023, porque admite que Cerimedo continuó desempeñando algún tipo de rol durante los primeros meses de la gestión, aunque sin precisar cuál. La segunda definición del vocero llegó alrededor de uno de los problemas económicos que comenzó a ganar espacio en la agenda del Gobierno: el aumento de la morosidad de las familias. Después de haber vinculado días atrás parte de los impagos con la compra de televisores para mirar el Mundial, Ravier relativizó aquella explicación y aseguró que se trataba solamente de “un ejemplo”. “Hay otros factores que explican las moras”, admitió. Esta vez, el vocero desarrolló una explicación más amplia y atribuyó el fenómeno a la recuperación del crédito iniciada durante 2024 y, especialmente, al incremento posterior de las tasas de interés. Según la interpretación oficial, durante la gestión de Alberto Fernández buena parte del crédito bancario estaba destinado a financiar al Estado y existían pocas líneas disponibles para familias y empresas. Ravier sostuvo que esa dinámica comenzó a modificarse con el equilibrio fiscal, la desaceleración de la inflación y la baja de las tasas durante el primer año de Milei. “Cuando vuelve el crédito aparecen moras”, resumió. Pero el vocero introdujo además un responsable político para explicar por qué los problemas de pago comenzaron a hacerse más visibles durante 2025: el Congreso. Ravier ubicó el crecimiento de la morosidad “en concreto, con el ataque político, si se quiere, del Congreso”, al que acusó de haber votado “con mucha irresponsabilidad cantidad de proyectos de ley que no tenían un financiamiento claro”. Según explicó, esa situación “impactó sobre la demanda de dinero, impactó sobre el tipo de cambio, impactó sobre las tasas de interés” y, cuando estas últimas subieron, “llevó a que muchas familias no pudieran pagar los créditos”. Frente a ese escenario, el Gobierno volvió a descartar una intervención estatal destinada a financiar una salida generalizada para los deudores. Ravier recordó que Milei considera que los créditos constituyen “acuerdos entre privados” y que deben ser renegociados entre quienes tomaron las deudas y las entidades que las otorgaron. Ravier puso además parte de la responsabilidad sobre los propios bancos y las entidades financieras no bancarias, que, según señaló, otorgaron créditos “en algunos casos con tasas de interés elevadas” para cubrirse de los riesgos que asumían. En ese contexto, advirtió que una intervención estatal para resolver la situación “implicaría tomar recursos de una parte de la población para salvar a los bancos”. Y aprovechó el argumento para cuestionar a los sectores de izquierda: “Nos sorprende que desde la izquierda, que siempre cuestionan esto de salvar a los bancos o ayudar a los bancos, se esté promoviendo una medida” que, sostuvo, terminaría permitiéndoles recuperar el capital que prestaron a riesgo. La respuesta que propone la Casa Rosada pasa, en cambio, por profundizar el programa de estabilización. Ravier aseguró que las tasas de interés, que ubicó alrededor del 50% a comienzos del año, se encuentran actualmente cerca del 25%, y sostuvo que esa reducción debería facilitar refinanciaciones a plazos más largos y costos menores. Sobre el proyecto que busca establecer un esquema para atender el endeudamiento de las familias, se limitó a señalar que “por ahora es un proyecto de ley que puede entrar al Congreso”, y dio a entender que La Libertad Avanza no acompañará los proyectos presentados por la oposición. La conferencia también dejó una definición sobre Santiago Caputo y la reorganización de la comunicación oficial. Ravier buscó corregir cualquier interpretación acerca de un desplazamiento general del asesor. Reveló que se reunió con Caputo ayer para preparar temas vinculados con la propia conferencia de prensa y sostuvo que sigue participando de la comunicación. Además, lo definió como una persona “central” para Milei y ratificó su intervención en el diseño de la estrategia política del Gobierno. Y aseguró que, para Milei, Caputo continúa siendo “una persona fundamental” tanto por su tarea de asesoramiento como por la amistad que mantienen. 2027 Ravier también comenzó a delinear la estrategia electoral de La Libertad Avanza hacia 2027. Frente a la posibilidad de que el oficialismo relegue sus construcciones provinciales para priorizar las chances de reelección de Milei, aseguró que el partido pretende jugar electoralmente en los 24 distritos, aunque dejó abierta la forma que adoptará esa participación. “Habrá que definir caso por caso qué rol jugará, si es con candidatos propios, si es negociando con otros partidos”, explicó. La definición supone que la Casa Rosada no descarta acuerdos con
La abogada boliviana Nadia Beller afirmó que tiene nuevas pruebas contra su expareja, el consultor político Fernando Cerimedo, y aseguró que está dispuesta a declarar ante la Justicia argentina si es convocada. Beller, quien recibió el alta médica tras el ataque a balazos que sufrió el 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra, dijo que conserva mensajes, grabaciones y otros elementos que, según afirmó, podrían comprometer aún más a Cerimedo. La mujer también sostuvo en declaraciones al diario La Nación que puede identificar al destinatario de una nota en la que se hablaba de “eliminarla”. La Fiscalía boliviana investiga a Cerimedo como presunto instigador del atentado y dispuso su prisión preventiva mientras avanza la causa. En paralelo, una pareja de sospechosos fue enviada al penal de Palmasola por 120 días. El hombre está acusado de haber vendido o proporcionado el arma que habría sido utilizada en el ataque, mientras que su pareja quedó imputada como presunta cómplice. La causa de ANDIS también podría sumar nuevos elementos La Policía boliviana identificó además a dos hombres señalados como posibles autores materiales del atentado y mantiene operativos para localizarlos. Beller sostuvo que las pruebas que conserva podrían aportar información sobre la planificación del ataque y sobre la presunta responsabilidad intelectual de su expareja. Además, explicó que no regresó a su domicilio tras recibir el alta porque teme por su seguridad. Las declaraciones de la abogada también podrían tener impacto en la investigación por presuntas coimas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según accedió la Agencia Noticias Argentinas, Beller afirmó que posee grabaciones de conversaciones con Cerimedo en las que el consultor habría hablado sobre el origen de los audios atribuidos al extitular del organismo, Diego Spagnuolo. La mujer también aseguró que Cerimedo y su exesposa, Natalia Basil, habrían estado detrás de la filtración de esos audios. De acuerdo con su versión, Basil fue quien “ejecutó” esa maniobra. La exesposa de Cerimedo trabajó en ANDIS entre abril y diciembre de 2024, en el área de pensiones. En ese contexto, la diputada Marcela Pagano solicitó al juez Ariel Lijo y al fiscal Franco Picardi que convoquen a Beller a declarar mediante videoconferencia y que sea incorporada al Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados. Una eventual declaración permitiría establecer cuándo se produjeron las conversaciones con Cerimedo, en qué contexto fueron registradas y si los archivos pueden incorporarse como prueba al expediente. La Justicia deberá determinar además la autenticidad del material y su eventual relación con la causa por presuntas irregularidades en ANDIS. Cerimedo ya había declarado en septiembre de 2025 sobre conversaciones que, según sostuvo, mantuvo con Spagnuolo. En aquella oportunidad afirmó que el entonces titular de ANDIS le habló de presuntas coimas y de supuestos retornos vinculados con funcionarios nacionales. Según confirmó la Agencia Noticias Argentinas, Gendarmería realizará un peritaje sobre los audios atribuidos a Spagnuolo para determinar su autenticidad y su eventual valor probatorio. Mientras la investigación continúa tanto en Argentina como en Bolivia, Beller reiteró que entregará la documentación que dice conservar y remarcó: “Por supuesto que estoy dispuesta a declarar si me citan de Argentina”. Agencia NA
El ministro de Economía, Luis Caputo, pidió que la Justicia actúe sobre periodistas que, a su criterio, “mienten”. El funcionario salió a negar vinculaciones con un grupo empresario que controlará surtidores El ministro de Economía, Luis Caputo, pidió que la Justicia actúe sobre periodistas que, a su criterio, “mienten”. El ministro reaccionó a una publicación en redes sociales en la que se lo vinculaba a un grupo empresario que se habría visto beneficiado por la adjudicación del control de los surtidores de combustibles. “Nunca en mi vida escuché ni siquiera hablar de un grupo Lenor, ni de un empresario Made”, señaló Caputo y agregó: “Pero pareciera que para ciertos periodistas, mentir es un derecho adquirido”. “La Justicia debería actuar”, sentenció el jefe del Palacio de Hacienda y consideró: “Necesitamos una ley que castigue este tipo de conductas”. “No es razonable que alguien escriba cosas sin ningún tipo de sustento y no tenga consecuencias”, remató. En otro posteo, Caputo refutó una nota publicada en un matutino porteño: “El título debiera ser exactamente el opuesto: Recrudece el ataque DEL periodismo. Un sector del periodismo se atribuye el derecho a mentir e injuriar, pero nosotros no debemos enojarnos ni exponer sus calumnias”. La nota se titulaba: “Recrudece el ataque al periodismo más de 300 mensajes con insultos y acusaciones sin pruebas”. Caputo se sumó a una mañana de ataques a la prensa, que se inició cuando el presidente Javier Milei volvió a fustigar a los periodistas por el tratamiento de la situación de los morosos. Agencia NA
El procedimiento estuvo a cargo del Grupo Lince, que detectó al sospechoso cuando intentaba escapar. Secuestraron 26 envoltorios con una sustancia que dio positivo para cocaína y más de 32 mil pesos. Efectivos del Grupo Lince demoraron este martes a un joven de 21 años durante un procedimiento preventivo y, tras una requisa, secuestraron envoltorios con una sustancia que posteriormente dio positivo para cocaína. El operativo se inició cuando los agentes observaron al sospechoso salir de un pasillo de la zona, ubicado por avenida Castelli, y al advertir la presencia policial, intentó escapar. Finalmente fue alcanzado y demorado. En ese momento, un grupo de personas comenzó a arrojar elementos contundentes contra los efectivos, por lo que el procedimiento fue trasladado hasta las inmediaciones de la Comisaría Tercera de Barranqueras. Con la presencia de un testigo, los agentes realizaron el palpado de seguridad y encontraron 26 envoltorios de polietileno con una sustancia blanquecina, además de $32.600 en efectivo. Personal de la División Microtráfico realizó la prueba de campo, que arrojó resultado positivo orientado a cocaína, con un peso total de 5 gramos. La Fiscalía Antidrogas N° 2 dispuso el secuestro de la sustancia y del dinero, además de la aprehensión e identificación del joven por una causa de supuesta infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes. El procedimiento quedó a cargo de la Comisaría Tercera de Barranqueras por razones de jurisdicción, informó la policía del Chaco.
José Eduardo Figueroa fue hallado sin vida dentro de su celda en la Unidad Carcelaria 1 de la ciudad de Salta. José Eduardo Figueroa, el condenado a prisión perpetua por el femicidio de Mercedes Kvedaras en la provincia de Salta, fue hallado muerto en la cárcel a pocos meses de haber recibido la pena máxima de prisión. El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín, tomó intervención en las últimas horas luego de que el Servicio Penitenciario Provincial informara el hallazgo sin vida de Figueroa en su celda que ocupaba en el Pabellón F de la Unidad Carcelaria 1 de la ciudad de Salta. De acuerdo al parte informado por el Ministerio Público Fiscal provincial, Figueroa se encontraba allí alojado luego de ser condenado el pasado 30 de abril a la pena de prisión perpetua como autor del delito homicidio doblemente calificado por el vínculo, la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género, en perjuicio de quien fuera su esposa. Al tomar conocimiento, el fiscal Espilocín se trasladó al lugar para coordinar las tareas de rigor. Se dispuso el trabajo de personal de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense del CIF, para realizar la correspondiente autopsia médico-legal. El caso se trabaja con el objetivo de establecer las circunstancias en que se produjo su muerte, en consideración de que la investigación se realiza conforme a la Resolución 1284 de 2021 de la Procuración General de la Provincia, que establece que, ante la muerte de una persona, incluso si inicialmente parece un suicidio o una muerte accidental, debe aplicarse como regla la presunción de homicidio doloso. Condena A fines de abril de este año, Figueroa fue condenado a prisión perpetua por haber asesinado a Kvedaras el 4 de agosto de 2023 en la casa que la pareja compartía en el barrio privado El Tipal. La autopsia confirmó que la víctima murió por asfixia mecánica, mixta producto de estrangulamiento y sofocación. En la audiencia de juicio en la que escuchó la pena en su contra, el imputado pidió perdón a la familia de la víctima, a su familia y a sus hijos “por el dolor que les hizo vivir”. En la lectura de alegatos finales, la fiscal sostuvo que Kvedaras “se encontró con la muerte en la plenitud de la vida, en su mejor momento como mujer” y que la mató por no soportar haber perdido el control en una relación donde él fue siempre el “poderoso” y ella la “débil”. Agencia NA
La Feria Iberoamericana del Libro se realizará del 1 al 11 de octubre en el Domo del Centenario de Resistencia. Rubén Duk, de Librería Contexto, adelantó algunos de los nombres confirmados y destacó el crecimiento del público, especialmente entre niños y jóvenes. La Feria Iberoamericana del Libro (FIL) 2026 ya tiene fecha: se realizará del 1 al 11 de octubre en el Domo del Centenario de Resistencia, con una programación que buscará combinar literatura, tecnología, actividades recreativas, música y propuestas para todas las edades. En declaraciones a CIUDAD TV, Rubén Duk, propietario de Librería Contexto, contó que la organización ya trabaja en la programación. “El público se adueñó de este evento, lo tomó como suyo”, señaló Duk, quien remarcó que la intención es que las actividades respondan a los intereses de los lectores. La feria tendrá 11 días de duración y se desarrollará durante dos fines de semana. Libros, tecnología y actividades para todas las edades Uno de los ejes de la propuesta será convertir la visita a la feria en una experiencia que vaya más allá de la compra de libros. Según explicó Duk, este año habrá actividades lúdicas para niños, propuestas interactivas para adultos y espacios que buscarán vincular los libros con la tecnología, los formatos digitales y los videojuegos. El organizador también destacó que la lectura mantiene su atractivo y que niños y adolescentes continúan teniendo un rol importante como compradores de libros. En ese sentido, relató que muchos chicos que recorren la feria junto a sus colegios durante la mañana regresan por la noche con sus familias para comprar los libros que previamente habían elegido. Para Duk, este comportamiento demuestra que el interés por la lectura permanece vigente, aunque actualmente convive con otros formatos como los libros digitales y los audiolibros. Viviana Rivero, entre los primeros nombres confirmados Entre los primeros nombres confirmados para esta edición aparece Viviana Rivero, una de las autoras más vendidas del país, según destacó Duk durante la entrevista. El organizador señaló que la escritora había sido invitada el año pasado, pero finalmente no pudo participar, y que su presencia quedó confirmada para esta edición. También anticipó que habrá más nombres y propuestas que serán anunciados progresivamente. La agenda tendrá además una fuerte presencia de autores chaqueños y buscará generar cruces entre escritores locales, nacionales y del interior. Una feria que comienza con los colegios y termina con música La programación estará organizada a lo largo de toda la jornada. Por la mañana se realizarán recorridos y actividades destinadas a establecimientos educativos, desde jardines de infantes hasta escuelas secundarias. Durante la tarde habrá propuestas vinculadas a distintas áreas y autores, mientras que desde las 18 comenzará la agenda general. Por la noche, el recorrido desembocará en un patio gastronómico con escenario artístico y musical, una propuesta que, según Duk, funcionó especialmente bien durante las dos últimas ediciones. La idea es que una misma familia pueda comenzar la jornada con actividades infantiles, regresar por la tarde para participar de una presentación literaria y terminar la noche con música y gastronomía. “Todo ese ecosistema de la gran fiesta cultural”, resumió el organizador. El libro chaqueño, protagonista Duk también puso el foco en la producción editorial local y en la presencia de autores chaqueños. Entre los títulos mencionados durante la entrevista aparecen trabajos sobre la flora y fauna del Gran Chaco, urbanismo, Malvinas, las lagunas ocultas de Resistencia y la problemática del agua en la provincia. Otro de las actividades que anticipó Duk es un homenaje a Aledo Luis Meloni, al cumplirse 10 años de su fallecimiento. La intención es que su obra esté presente a lo largo de la feria y en distintos espacios de la programación. Para el organizador, la FIL también representa una oportunidad para poner en valor el movimiento económico y laboral que genera la industria cultural chaqueña, que involucra a escritores, músicos, actores, diseñadores, correctores, técnicos y trabajadores vinculados al montaje y la producción de eventos. La feria es organizada por el Gobierno del Chaco, a través del Instituto de Cultura y el Ministerio de Educación, junto al Municipio de Resistencia y la Fundación del Libro y la Cultura. Se realizará del 1 al 11 de octubre en el Domo del Centenario, con la participación de editoriales y librerías y con descuentos y promociones para los visitantes.
La empresa Cambium Timber comenzará el armado de sus instalaciones industriales tras el arribo contenedores importados, según lo confirmó el director de Transporte Fluvial y Puertos, Adolfo Escobar Damus. La radicación de la primera planta de madera masiva o Mass Timber en la localidad de Gobernador Virasoro comenzó a consolidarse de forma definitiva. El proyecto industrial dará un paso clave con el arribo del equipamiento técnico necesario para el montaje de la fábrica. “Estamos a la espera de que en los próximos días llegue la primera carga de importación de la empresa Cambium Timber, que es la firma que se va a instalar en Virasoro”, confirmó el director de Transporte Fluvial y Puertos de la Provincia de Corrientes, Adolfo Escobar Damus. El funcionario precisó que la infraestructura se traslada en contenedores que serán desconsolidados progresivamente para el armado de la planta. Ampliación operativa del Puerto de Corrientes En paralelo al avance industrial en el interior provincial, la administración logística registra un incremento sostenido en sus operaciones. El titular del área remarcó que el Puerto de Corrientes atraviesa un período de alta demanda, con la plazoleta de acopio trabajando a su máxima capacidad. Para responder a este flujo de mercaderías, se formalizó una obra de expansión en la terminal marítima. “Se agrandó un espacio que era un estacionamiento ocioso y ahora pasa a ser parte de la plazoleta fiscal. Esto nos genera una capacidad para 132 contenedores aproximadamente, lo que nos va a permitir tener mayor acopio y cargar un volumen superior en los convoyes”, explicó Adolfo Escobar Damus, aunque aclaró que se gestiona un mayor nivel de escala de los buques cargueros para optimizar la salida de la producción. Impacto de la altura del río y la licitación de la Hidrovía Respecto a las variaciones en el caudal del río Paraná, desde la Dirección de Puertos aclararon que el puerto capitalino mantiene su operatividad continua debido a su dragado natural. No obstante, las dificultades principales residen en los tramos críticos de la vía navegable. En ese sentido, el funcionario valoró la reciente adjudicación de la Hidrovía Paraná-Paraguay a la firma belga Jan De Nul, empresa que operará la ruta fluvial por un plazo de 25 años. “Entendemos que con esta licitación comenzará a trabajar la empresa para garantizar la navegabilidad durante los 365 días del año”, concluyó. Perfil NEA