Un trabajo de la consultora Zuban Córdoba, sobre 2.000 casos a nivel país, muestra que los tres obtienen números parecidos de cara a las elecciones presidenciales de 2027. El presidente Javier Milei tiene una intención de “voto seguro” ligeramente más alto que Patricia Bullrich y Mauricio Macri, pero registra el rechazo (“nunca lo votaría”) más grande de los tres, según una encuesta conocida hoy de la consultora Zuban Córdoba. Milei estaría alcanzando un 18,7% en el segmento de “seguro lo votaría”, con lo que supera a la senadora Bullrich que obtiene un 14,3% y al ex Presidente con un 9,9%, según el sondeo realizado entre el 25 de abril y el 1 de mayo, con 2.000 encuestados a nivel país. Sin embargo, al sumarse los votos de “seguro lo votaría” con los de “probablemente lo votaría”, la delantera de para Bullrich con un 32% (13,3% seguro más 18,1% probable). Bullrich estaría dejando en el segundo lugar a Milei con un 31,4% (18,7 seguro más 12,7% de probable), cifras por encima del potencial electoral de 30% de Macri (9,9% seguro más un 20,1% probable). La encuesta, sin embargo, señala que los tres dirigentes quedan con cifras negativas cercanas al 60% bajo el rubro “nunca lo votaría” y en este segmento es Milei quien tiene mayor rechazo, con un 57,2%, seguido de Macri con 56,8% y Bullrich con 56,4%. El trabajo de campo mide lo que los encuestadores denominan “potencial electoral”, apuntando a lo mínimo que obtendrían en una elección y cuál sería su techo máximo teniendo en cuenta el rechazo que obtienen. El sondeo de Zuban Córdoba destaca que Milei, Bullrich y Macri registran cifras muy parecidas dentro del espectro de la centroderecha, con números de apoyo ligeramente superiores a un 30 por ciento y un rechazo de casi un 60%.
Autor: Redacción General
El Ahora Misiones y Ahora Bienes Durables lideraron el movimiento económico. La provincia destacó el impacto de estas herramientas para sostener el consumo y la actividad comercial. Hubo una aceleración del uso a fines del 2025. Los Programas Ahora registraron un crecimiento interanual del 34,67% durante el primer trimestre de 2026 y movilizaron ventas por más de $26.837 millones en Misiones, consolidándose como una herramienta clave para sostener el consumo interno y la actividad comercial provincial en un contexto económico nacional adverso. Según un informe elaborado por el Ministerio de Hacienda, entre enero y marzo de este año el conjunto de programas de incentivo al consumo mostró una tendencia positiva respecto al mismo período de 2025, cuando la facturación había alcanzado los $19.928 millones. En términos absolutos, el incremento superó los $6.900 millones. En este sentido, Adolfo Safran, ministro de Hacienda de la Provincia, publicó el informe en sus redes sociales y destacó que “este desempeño refleja el impacto cotidiano de estas políticas para amortiguar los efectos de la recesión, fortalecer la capacidad de compra de las familias y sostener el nivel de actividad del comercio local”. El beneficio más utilizado El programa con mayor participación durante el período fue Ahora Misiones, que concentró el 37,19% de las ventas totales con operaciones por $9.981 millones. En segundo lugar apareció Ahora Bienes Durables, que mostró uno de los crecimientos más pronunciados: pasó de $1.841 millones en el primer trimestre de 2025 a $7.404 millones en igual período de este año, multiplicando más de cuatro veces su volumen de ventas y alcanzando el 27,59% del total. El tercer programa con mayor incidencia fue Ahora Construcción, con ventas por $5.479 millones y una participación del 20,42%. Más atrás se ubicaron Ahora Estudiantes ($1.708 millones), Ahora Neumáticos ($740 millones) y Ahora Mascotas ($207 millones). También tuvieron participación los programas orientados a consumos específicos y servicios, entre ellos Ahora Remedios, Ahora Mujer, Ahora Gastronomía, Ahora Carne, Ahora Góndola Bernardo de Irigoyen y Ahora Feria. El crecimiento registrado en los primeros meses de 2026 se suma a la fuerte expansión observada durante el año pasado. El balance anual mostró que los Programas Ahora movilizaron $98.658 millones durante 2025, frente a los $62.287 millones alcanzados en 2024, lo que representó una expansión del 58,39%. Dentro de ese acumulado anual, Ahora Misiones volvió a posicionarse como el principal motor del sistema al representar cerca del 50% de las ventas totales, con más de $44.090 millones. A su vez, Ahora Bienes Durables, Ahora Construcción y Ahora Neumáticos integraron el grupo de programas que concentraron el 80% del movimiento económico generado. Más utilización El informe también destacó una aceleración hacia fines de 2025. Diciembre se convirtió en el mes con mayor nivel de operaciones, alcanzando $13.071 millones impulsados por el programa tradicional y promociones especiales de temporada. En paralelo, Ahora Construcción evidenció una fuerte consolidación, pasando de un promedio mensual de $560 millones en 2024 a superar los $1.800 millones mensuales durante el último trimestre del año pasado. Con casi $100 mil millones movilizados durante 2025 y un inicio de 2026 marcado por nuevos incrementos, los Programas Ahora continúan posicionándose como una de las principales herramientas provinciales para incentivar el consumo, sostener el comercio minorista y contribuir al mantenimiento del empleo en el sector. El Territorio
La empresa textil Hilado, perteneciente al grupo de la familia Karagozian, ingresó formalmente en concurso preventivo de acreedores en medio de la caída del consumo interno y el avance de productos importados. En Monte Caseros hay una planta de la firma, a fines de 2025 tuvo problemas en pago de salarios y suspendió personal. La apertura del proceso fue dispuesta por el juez Walter Peralta, titular de la Sala Unipersonal N°5 de la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, provincia de La Rioja. La firma había solicitado la convocatoria el 11 de febrero, bajo la presidencia de Teodoro Karagozian. Desde la compañía atribuyeron la crisis a la retracción del mercado local, el aumento de importaciones, las compras de ropa en plataformas internacionales y las altas tasas de interés. También señalaron que varias empresas del rubro comenzaron a vender por debajo de sus costos para sostener la liquidez. La textil aseguró que antes de acudir a la Justicia aplicó medidas para reducir gastos, mejorar la eficiencia industrial y preservar empleos, aunque el menor nivel de actividad aceleró la necesidad de reestructurar sus deudas. El concurso preventivo busca garantizar la continuidad de las plantas fabriles y ordenar el pago a acreedores. El proceso judicial ya tiene fechas fijadas: la verificación de créditos se extenderá hasta junio, los informes individuales serán presentados en agosto y el informe general patrimonial en octubre. La situación se conoció semanas después del cierre de DFAC (De Fábrica Al Consumidor), otro emprendimiento del grupo que había sido creado para vender indumentaria nacional sin intermediarios, pero que dejó de operar tras la caída de la demanda y el crecimiento de las importaciones. Una planta en el interior correntino En Corrientes, la firma tiene una planta de producción en Monte Caseros. El año pasado había presentado dificultades, y tras medidas similares a las adoptadas en la sede cordillerana, en noviembre anunció el cierre de su línea de producción de prendas deportivas y ropa interior. La medida incluyó el despido de 20 de los 36 trabajadores afectados. En ese momento, también se había anunciado que los 16 empleados restantes eran reubicados en otras secciones de la planta, como telares e hilandería, como parte de un proceso de reorganización interna. Además, los directivos de la sede correntina habían anunciado la incorporación de una nueva línea de producción, enfocada en la fabricación de telas que comenzaría a operar entre marzo y abril de este año. Por ahora, solo fue un anuncio que ya se encuentra demorado. Mientras tanto, crece la incertidumbre para los 300 trabajadores que TN Platex tiene en la provincia de Corrientes. De las expectativas generadas hace algunos años con la incorporación de más operarios, hoy pesa sobre los actuales la incertidumbre generada por los cierres y concursos preventivos en otros lugares del país. Corrientes Hoy
La contactaron desde cuentas ligadas a sectores antiderechos tras reclamar a su prepaga la cobertura del misoprostol. Investigan el origen de la información. Organizaciones sociales de derechos humanos están en estado de alerta por la filtración de datos personales de una mujer que tuvo que realizarse una interrupción legal del embarazo (ILE) en la Ciudad de Buenos Aires y fue contactada desde una cuenta que está ligada a organizaciones antiderechos. La mujer presentó una denuncia penal que pide, entre otras cosas, que se investigue si “si personal de Medicus o cualquier otro organismo público o privado pudo haber divulgado ilegítimamente información amparada por el secreto médico y profesional”. Preocupa además la aparición de otros casos en los que algunas prepagas incumplen la ley 27.610, al obstaculizar el acceso al aborto. Esta semana la Red de Abogadas Feministas presentó una denuncia penal para que se investigue el acceso ilegítimo y circulación de datos médicos sensibles vinculados a salud sexual y reproductiva de una mujer por los posibles delitos de acceso ilegítimo a bases de datos personales, violación del secreto médico/profesional y ejercicio ilegal de la medicina. El 7 de mayo, Alejandra Iriarte, integrante de la Red, quiso comprar Misoprostol para realizar una ILE indicada por su médico obstetra ya que se había interrumpido de manera espontánea el embarazo que cursaba. Pidió autorización a su prepaga y le autorizaron la cobertura del 40 por ciento del costo. “Mandé un email a Medicus diciendo que la ley establece el 100 por ciento y al mismo tiempo llené el formulario de la Superintendencia de Servicios de Salud para casos de ILE/IVE. No me contestaron, ninguno de los dos”, dijo Alejandra a PáginaI12. Al día siguiente Alejandra fue contactada vía WhatsApp y teléfono insistentemente, por personas desconocidas que le consultaban “si había confirmado el embarazo” y la invitaban a una “charla informativa gratuita” en Viamonte y Talcahuano. “En dicha conversación expresé mi absoluto asombro y preocupación respecto del conocimiento y circulación de información sumamente sensible vinculada a mi estado de salud y situación médica. Frente a esto no me dieron ninguna respuesta. Yo en ese momento no entendí de qué se trataba y me despedí dando por finalizada la conversación. Posteriormente les escribí por WhatsApp para consultarles de donde habían obtenido mis datos pero no obtuve respuesta”, denunció Alejandra. También denunció que “dichas personas se identifican o se vinculan con una página de Instagram y Facebook denominada ‘tudecision.embarazo’, donde realizan publicaciones vinculadas a embarazos no deseados. Que esta información se encuentra disponible en la descripción de su WhatsApp”. En la denuncia, solicitó que se investigue: 1 “Cómo obtuvo la organización y/o página ‘tudecision.embarazo’ mis datos personales y mi información médica sensible. 2 Si existió acceso ilegítimo a bases de datos personales y/o filtración de información confidencial vinculada a mi historia clínica o trámites de cobertura médica. 3 Si personal de Medicus o cualquier otro organismo público, o privado pudo haber divulgado ilegítimamente información amparada por el secreto médico y profesional. 4 Si la organización mencionada se encuentra realizando prácticas compatibles con el ejercicio ilegal de la medicina y/o captación indebida de personas en situaciones vinculadas a salud sexual y reproductiva”. La cuenta ‘tudecisión.embarazo’ fue creada en el mes de abril y tiene 1 seguidor. Allí hablan de “embarazo inesperado”, lo que remite a una concepción acerca de la gestación que suelen reproducir grupos religiosos que promulgan en contra de los derechos de las mujeres y personas gestantes a decidir si quieren llevar adelante un embarazo, en Argentina y América Latina. Hay otras cuentas conceptual y estéticamente similares de Argentina y Chile. Y numerosas páginas web de organizaciones antiderechos que ofrecen consejos y charlas a las mujeres que se encuentran cursando un “embarazo inesperado”. Como denunció este diario el año pasado, estas organizaciones ya desembarcaron en la ciudad de Buenos Aires e intervienen en casos de lo que llaman “embarazos vulnerables” para persuadir a las mujeres de no abortar. Finalmente Alejandra tuvo que recurrir al hospital Argerich para llevar adelante el procedimiento. De todas formas, decidió hacer la denuncia para que se investigue quién filtró sus datos. “La situación es super grave. Estamos hablando de datos médicos sensibles y de información protegida por el secreto profesional y el derecho a la intimidad. Me preocupa profundamente pensar en cuántas otras mujeres y personas gestantes –muchas atravesando situaciones de enorme vulnerabilidad– pueden quedar expuestas a este tipo de persecución, presión o captación por parte de estos grupos”, dijo Alejandra. En el mismo sentido, desde la Red de Abogadas Feministas plantearon que “ninguna persona debería ser contactada por terceros que manejan información sobre su embarazo, sus decisiones reproductivas o sus tratamientos médicos sin consentimiento. Resulta especialmente preocupante que estos contactos estuvieran vinculados a perfiles relacionados con organizaciones que intervienen sobre embarazos no deseados y sectores antiderechos. También exigimos que se investigue si la filtración pudo haber provenido de una empresa de medicina prepaga, organismos públicos o circuitos vinculados al sistema de salud. La confidencialidad en el acceso a la ILE/IVE es un derecho, que comprende el derecho a la privacidad, al secreto médico y al acceso seguro a la salud sexual y reproductiva.” Más allá de la filtración de datos, el caso evidencia otro problema: la actuación de la prepaga, que según relató Alejandra, entorpeció el acceso a la ILE, desconociendo la ley. Un problema que excede este caso puntual. Viviana Mazur, Referente Acceso IVE/ILE, Coordinación Salud sexual VIH e ITS del gobierno de la ciudad, dijo a este diario que si bien algunas prepagas garantizan el acceso a ILE/IVE, otras dan vueltas y las usuarias terminan resolviendo en sistema público. Según explicó “antes de la ley, las obras sociales y las prepagas hacían mucho más lo que querían, muy pocas daban acceso a ILE, y había algunas otras que venían dando acceso”. “El panorama era super restrictivo, había médicos/as que hacían ILE en el público pero en las prepagas no hacían porque sentían que no tenían respaldo para hacerlo y que tampoco había módulos que les pagaran
El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca impuso una pena de 5 años y 4 meses de prisión para el efectivo que se desempeñaba dentro del área de inteligencia de la fuerza federal. Se acreditó que transmitía datos confidenciales a un hombre vinculado al comercio de estupefacientes. Para el fiscal, los mensajes que enviaba eran “garantía de impunidad”. El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca condenó el jueves pasado a un miembro de la Prefectura Naval Argentina (PNA) a la pena de 5 años y 4 meses de prisión por haber brindado información confidencial y encubierto a un hombre vinculado al comercio de estupefacientes en esa ciudad. La sentencia fue en sintonía con el pedido formulado durante su alegato por el fiscal general Gabriel González Da Silva y la auxiliar fiscal María Fernanda Aimar. La condena recayó sobre Sebastián Moreno (43), quien se desempeñaba como ayudante de segunda en la Delegación Inteligencia Criminal e Investigaciones de la PNA en Bahía Blanca, con participación en investigaciones complejas sobre tráfico de estupefacientes. Los jueces Sebastián Foglia, Ernesto Sebastián y José Fabián Asís consideraron al prefecto autor del delito de encubrimiento agravado por tratarse el hecho precedente de un delito especialmente grave —la comercialización de estupefacientes— y por haber sido cometido por un funcionario público integrante de una fuerza de seguridad. En su alegato, González Da Silva había pedido una pena levemente superior a la que se dispuso, de 5 años y 6 meses de prisión. El tribunal también le impuso a Moreno una inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos, pero no hizo lugar —tal como también había solicitado el representante del MPF— a la revocación de la prisión preventiva domiciliaria para que quede detenido en una unidad carcelaria, cuestión que la fiscalía evalúa recurrir. Durante el debate, el fiscal general sostuvo que el imputado “garantizó seguridad e impunidad” al sindicado narcotraficante Héctor Leonardo Diez —fallecido en mayo de 2024—, a quien le transmitía datos reservados de investigaciones en trámite mientras omitía denunciar su actividad ilícita. Para el fiscal, que Diez no haya llegado a ser condenado, debido a su deceso, no constituyó un obstáculo para la configuración del encubrimiento. De acuerdo con la acusación fiscal, Moreno mantuvo entre septiembre de 2019 y marzo de 2021 una serie de conversaciones con Diez, a quien le aportó información sobre allanamientos, detenciones, resultados de peritajes y el avance de causas federales vinculadas al narcotráfico. González Da Silva afirmó que quedó acreditado que Moreno “sabía perfectamente” que Diez comercializaba estupefacientes y que, aun así, no solo omitió denunciarlo, sino que además “le brindó apoyo estratégico para que continuara desarrollando esa actividad con tranquilidad”. El origen del caso Según describió el representante del Ministerio Público Fiscal, el caso se inició a partir de un allanamiento realizado el 17 de junio de 2022 en el domicilio de Diez, en el marco de una investigación provincial por violencia de género y abuso sexual. Allí se secuestró un teléfono celular cuyo análisis permitió recuperar conversaciones que comprometían al prefecto. El fiscal remarcó que el contenido de esos mensajes evidenció que Moreno aportaba “información sensible y reservada” sobre causas federales en las que él mismo intervenía, entre ellas las investigaciones seguidas contra Fabián Accarino y Sebastián Tenías, ambas vinculadas al tráfico de drogas y que culminaron luego con sus respectivas condenas en un juicio abreviado tramitado en 2022. Las comunicaciones, prueba clave En uno de los episodios reconstruidos en el juicio, Moreno le informó a Diez sobre la detención de Accarino —identificado como su proveedor de estupefacientes— y le envió fotografías del procedimiento. Al día siguiente, incluso le indicó dónde se encontraba alojado y le sugirió otros posibles vendedores a quienes podía recurrir para comprar droga. Para González Da Silva, una de las conversaciones más relevantes fue la del 13 de febrero de 2020, cuando Moreno le comunicó a Diez que había aparecido mencionado en teléfonos secuestrados durante la investigación contra Accarino, aunque aclarándole que no iba a quedar mencionado en la investigación: “Te encontré en dos celulares (…) igual tranqui que ni apareces en el informe”, le escribió en un mensaje. El fiscal entendió que ese mensaje constituyó una “garantía de impunidad” y una demostración de que el prefecto ocultó deliberadamente información relevante para la pesquisa. “El mensaje fue tranquilizarlo y asegurarle que no iba a quedar involucrado en la investigación”, sostuvo el representante del MPF, quien agregó que la conducta del imputado “lesionó gravemente la administración de justicia” al impedir que avanzaran líneas investigativas sobre Diez. El rol del prefecto y la postura de su defensa En su exposición, González Da Silva también destacó que Moreno había suscripto compromisos formales de confidencialidad dentro de la Prefectura Naval Argentina y que, por su función, tenía la obligación legal de preservar la reserva de las investigaciones y promover la persecución penal de los delitos que conociera. Durante el juicio, Moreno negó las acusaciones y afirmó que nunca brindó información confidencial ni supo que Diez vendía drogas. También sostuvo que muchas de las conversaciones correspondían a “bromas” o referencias a información publicada en medios periodísticos. Sin embargo, el fiscal descartó esa explicación y sostuvo que las comunicaciones revelaban “un vínculo funcional y de confianza” entre ambos. “Moreno no obtenía información de Diez; era él quien constantemente le aportaba datos y le confirmaba detalles de investigaciones en curso”, concluyó. El tribunal anunció que los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el próximo 21 de mayo a las 9.30. Fiscales
Juan José Cabral, estudiante de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste, fue asesinado el 15 de mayo de 1969 durante las movilizaciones estudiantiles en Corrientes. ”Su muerte ocurrió en un contexto de reclamos por el cierre y encarecimiento del comedor universitario, una medida que afectaba directamente el acceso y permanencia de muchos jóvenes a la educación superior. Su asesinato marcó profundamente la historia del movimiento estudiantil argentino y se convirtió en un símbolo de la defensa de la universidad pública, gratuita y al servicio del pueblo. La lucha de aquellos estudiantes no fue solamente por un comedor: fue por la igualdad de oportunidades, por la dignidad y por el derecho de todos a estudiar. En esta fecha, al recordar a Juan José Cabral, también recordamos a cada estudiante que levantó su voz frente a la injusticia. Su nombre permanece vivo en las aulas, en las calles y en cada generación que entiende a la educación como un derecho y no como un privilegio. Que la memoria de Juan José Cabral siga siendo bandera de compromiso, organización y defensa de la universidad pública”, señala el parte emitido po la Asociación de Docentes e Investigadores UNNE.
A través de un extenso posteo en X, el mandatario sostuvo que el economista liberal fue “difamado” y “condenado públicamente sin pruebas” en medio de acusaciones vinculadas a una causa de narcotráfico que, según afirmó, terminó con una declaración de inocencia por parte de la Justicia de Estados Unidos respecto de la persona involucrada en el expediente. El presidente Javier Milei publicó este domingo un durísimo mensaje en la red social X en defensa del diputado José Luis Espert, al asegurar que fue víctima de una “operación política y mediática” destinada a destruir su imagen pública. A través de un extenso posteo en X, el mandatario sostuvo que el economista liberal fue “difamado” y “condenado públicamente sin pruebas” en medio de acusaciones vinculadas a una causa de narcotráfico que, según afirmó, terminó con una declaración de inocencia por parte de la Justicia de Estados Unidos respecto de la persona involucrada en el expediente. “Le destruyeron la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una operación política y mediática infame”, escribió Milei en X, ex Twitter. A través de un extenso posteo, el mandatario sostuvo que el economista liberal fue “difamado” y “condenado públicamente sin pruebas” en medio de acusaciones vinculadas a una causa de narcotráfico que, según afirmó, terminó con una declaración de inocencia por parte de la Justicia de Estados Unidos respecto de la persona involucrada en el expediente. “Le destruyeron la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una operación política y mediática infame”, escribió Milei. El jefe de Estado defendió además la trayectoria personal y profesional de Espert y cuestionó las acusaciones que circularon en torno a él. “¿A quién carajo se le ocurre que, a los 58 años y después de toda una vida exitosa de trabajo en el sector privado, el profesor Espert entra en política para lavar dinero del narcotráfico?”, planteó el mandatario en uno de los tramos más duros del mensaje. Más críticas a periodistas y dirigentes políticosEn el mismo posteo, Milei cargó especialmente contra sectores del periodismo y la política, a quienes acusó de “operar, mentir, difamar y ensuciar”. “Hicieron mierda a un tipo inocente. Le arruinaron la vida, le destruyeron la carrera política y buscaron dinamitar a uno de los pocos que llevaba más de 20 años defendiendo las ideas de la libertad en la Argentina”, afirmó. Además, consideró que muchos periodistas y dirigentes deberían pedir “disculpas públicas”, aunque sostuvo que eso “no va a ocurrir”. El Presidente cerró su publicación con una frase que rápidamente generó repercusión en redes sociales: “Es por eso que no odiamos lo suficiente a los periodistas”. elDiarioAR
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas emitió un dictamen enumerando una serie de irregularidades en el proceso licitatorio en curso para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado, redragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal (VNT) – Hidrovía (la ruta fluviomarítima que conecta los puertos y terminales de los ríos Paraná y de la Plata con el océano) bajo el régimen de concesión llevado adelante por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN). El dictamen, que fue presentado ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°9, a cargo del doctor Guillermo Marijuan, advierte que las irregularidades detectadas podrían configurar reproches de naturaleza administrativa y, eventualmente, derivar en responsabilidades penales. En diciembre del año 2025, por Resolución n° 67/2025 la Agencia Nacional de Puertos y Navegación resolvió llamar a la Licitación Pública Nacional e Internacional n° 1/2025 y aprobó los pliegos de bases y condiciones y de especificaciones técnicas. Sobre esa licitación, la PIA recibió una serie de denuncias y/o presentaciones en las cuales se señalaban irregularidades del procedimiento y los pliegos licitatorios. Dichas presentaciones fueron acompañadas por diversos actores de la sociedad, tales como organizaciones ambientalistas, integrantes de consorcios portuarios, así como una de las firmas participantes de la licitación. En primer lugar, la PIA advirtió el incumplimiento de la Ley 27566 del Acuerdo de Escazú en lo relativo al acceso a la información ambiental durante el proceso de la Audiencia Pública Informativa, toda vez que la ANPYN presentó un volumen excesivo de información (más de 9.000 páginas) en un plazo breve para su consideración, lo que impidió una participación ciudadana real y efectiva. Así, el procedimiento instado de participación ciudadana se redujo a un cumplimiento meramente formal y ritualista. En cuanto a la documentación licitatoria, se señaló que la ANPYN repitió irregularidades que ya habían sido advertidas en procedimientos licitatorios anteriores, que la propia Administración dejó sin efecto. Entre los puntos más críticos se encuentran: -Condiciones para la cesión del contrato. -Inadecuada redacción de la Cláusula Anticorrupción. -Limitación a la posibilidad de impugnar por parte de los oferentes. -Limitación a la participación de ciertas formas asociativas. -Distorsión en la forma de evaluación de las ofertas. -Falta de justificación para la deuda pendiente con acreedores actuales. -Omisión de la Evaluación de Impacto Ambiental. -Deficiencia en las intervenciones del servicio jurídico permanente de la ANPYN.
En el marco del programa “Luz Rural”, impulsado por el gobernador Leandro Zdero, el Gobierno provincial continúa ejecutando nuevas obras de electrificación rural en distintos puntos del territorio chaqueño. En esta etapa, avanzan los trabajos en los parajes La Loma y Las Bravas, en Pampa del Indio, donde familias rurales accederán por primera vez al servicio eléctrico. Las obras serán ejecutadas por administración y el suministro energético estará a cargo de Secheep. Los trabajos contemplan la construcción de líneas de media y baja tensión, además de la instalación de transformadores y postes de madera tratada, conforme a las normas técnicas establecidas para electrificación rural. En el Paraje La Loma se realizarán más de 11 kilómetros de líneas de media tensión y 660 metros de baja tensión, junto con la instalación de ocho transformadores, beneficiando a nueve nuevos usuarios rurales. Asimismo, en los parajes La Loma y Las Bravas se ejecutará una segunda obra que permitirá conectar a otras nueve familias, mediante la construcción de más de 8 kilómetros de líneas de media tensión y 1,43 kilómetros de baja tensión, además de la colocación de nueve transformadores. La inversión total supera los 275 millones de pesos y forma parte de las políticas públicas impulsadas por el Gobierno provincial para ampliar el acceso a la energía eléctrica en zonas rurales, promoviendo el arraigo, el desarrollo productivo y una mejor calidad de vida para las familias chaqueñas.
La medida fue dispuesta por el Tribunal Oral Federal de Corrientes a pedido de las partes acusadoras y se llevará a cabo en distintos puntos vinculados con la desaparición de Loan Danilo Peña, desaparecido desde el 13 de junio de 2024. El juicio oral por la sustracción del niño comenzará el 16 de junio próximo. El Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes realizará mañana, a pedido del Ministerio Público Fiscal y la querella, una inspección ocular integral en distintos puntos de interés de la localidad correntina de 9 de Julio, en el marco de la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña y de las medidas de la instrucción suplementaria previas al juicio oral, que se iniciará el próximo 16 de junio. Según informó el MPF, la medida tiene por objeto reconstruir espacial y temporalmente los distintos escenarios relevantes de la investigación, así como verificar distancias, visuales, tiempos de desplazamiento y demás circunstancias de interés probatorio surgidas de las actuaciones judiciales y de las pruebas incorporadas durante la instrucción. La inspección comprenderá diversos lugares vinculados con los hechos investigados, entre ellos la vivienda de la abuela del niño —donde se desarrolló el almuerzo familiar previo a la desaparición—, el denominado “naranjal”, sitio en el que Loan fue visto por última vez, la zona donde fue hallado uno de sus botines y el Hotel Despertar del Iberá, inmueble que también reviste interés para la pesquisa. Por el Ministerio Público Fiscal participarán la fiscal general subrogante Tamara Ahimará Pourcel y el fiscal Juan Martín Mariño Fages, junto a los fiscales auxiliares Gabriel Romero Olivello, Nancy Vargas García y María Soledad Branchi, quienes intervendrán en el debate oral, en el que el equipo fiscal estará encabezado por el fiscal general con funciones de coordinación del Distrito Corrientes, Carlos Schaefer. De la medida también participarán las demás partes y organismos intervinientes. De acuerdo con las constancias de la causa, Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal de la localidad correntina de Nueve de Julio, luego de participar de un almuerzo familiar y dirigirse posteriormente hacia una zona de monte y plantaciones de naranjas junto a otros menores y adultos presentes en el lugar. La investigación, radicada en la justicia federal, analiza distintas hipótesis vinculadas a la posible captación y sustracción del niño. Desde el inicio del expediente se realizaron múltiples medidas de prueba, peritajes, rastrillajes, análisis de dispositivos electrónicos y reconstrucciones parciales, aunque el menor continúa desaparecido. El juicio oral y los imputados En abril pasado, el TOF de Corrientes fijó para el 16 de junio, a las 9, el inicio del debate oral y público en la causa, en la que serán juzgados 17 imputados por la presunta sustracción del niño y por supuestas maniobras destinadas a desviar la investigación. Las audiencias se desarrollarán bajo un esquema de alternancia: una semana los días martes, miércoles y jueves, y la siguiente los días miércoles y jueves, de manera sucesiva hasta la finalización del juicio. Un primer grupo con los principales siete implicados está acusado de la sustracción y ocultamiento del niño. En calidad de coautores, están imputados Bernardino Antonio Benítez, su pareja Laudelina Peña (tía de Loan), María Victoria Caillava y su marina el exmarino Carlos Guido Pérez, Daniel Oscar Ramírez y su pareja Mónica del Carmen Millapi, y como partícipe necesario, el comisario Walter Adrián Maciel. Según la acusación, habrían intervenido de manera coordinada en la desaparición del menor, en un hecho encuadrado en el artículo 146 del Código Penal, que prevé penas de 5 a 15 años de prisión. El segundo grupo de imputados/as está conformado por Esteban Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabet Noemí Cutaia, Alan Juan José Cañete, Delfina Taborda, Pablo Javier Noguera, Pablo Gabriel Núñez, Valeria Liliana López, Verónica Paola Machuca Yuni y Leonardo Daniel Rubio. Las diez personas están acusadas de presuntas maniobras destinadas a desviar la investigación. En ese marco, se les atribuyen distintos delitos, entre ellos privación ilegítima de la libertad, encubrimiento, falso testimonio, defraudación a la administración pública, violación de secreto profesional, suministro gratuito de estupefacientes, resistencia a la autoridad y usurpación de insignias y títulos profesionales. Fiscales
Siete de cada diez cargas de combustible ya se pagan con medios electrónicos. Expendedores aseguran que los costos financieros asociados agravan la delicada situación de rentabilidad del sector. CECHA advierte que cada operación digital incorpora descuentos vinculados a aranceles, IVA, impuestos y retenciones provinciales, factores que reducen márgenes ya afectados por la carga tributaria y los gastos operativos. El avance de los medios electrónicos de pago modificó los hábitos de consumo y desplazó al efectivo del lugar central que históricamente ocupaba en los surtidores. Según un informe elaborado por la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina, el 70 por ciento de las operaciones realizadas en Estaciones de Servicio ya se concreta mediante sistemas digitales. La composición de los pagos electrónicos refleja además una modificación significativa en las preferencias de los consumidores. Mercado Pago concentra el 30 por ciento de las transacciones, las tarjetas de débito representan el 20 por ciento, otras billeteras virtuales alcanzan el 10 por ciento y las tarjetas de crédito explican otro 10 por ciento del total de movimientos. Esta evolución tecnológica implica un gasto creciente para los operadores. El estudio de CECHA advierte que cada operación digital incorpora descuentos vinculados a aranceles, IVA, impuestos y retenciones provinciales, factores que reducen márgenes ya afectados por la carga tributaria y los gastos operativos. En el caso de las tarjetas de débito, el sobrecosto total alcanza el 1,57 por ciento sobre el valor de la operación. Sobre una venta de 10.000 pesos, el expendedor termina recibiendo 9.842,96 pesos luego de descontar aranceles, IVA y tributos asociados. La situación resulta todavía más costosa con las billeteras virtuales. Allí el cargo asciende al 2,05 por ciento del ticket. En una operación del mismo monto, la estación recibe finalmente 9.794,80 pesos. El informe detalla que el principal componente corresponde al arancel del servicio, al que posteriormente se agregan cargas impositivas y percepciones. Las tarjetas de crédito representan el mecanismo más oneroso. El sobrecargo total llega al 2,21 por ciento de cada venta. En términos concretos, por cada 10.000 pesos cobrados, la acreditación final para el expendedor se reduce a 9.778,80 pesos. El informe presentado por la entidad refleja además que durante el primer trimestre de 2026 las ventas de combustibles cayeron un 1,1 por ciento respecto del mismo período del año anterior y muestran una baja acumulada del 10 por ciento en comparación con 2023. Al mismo tiempo, los costos eléctricos registraron incrementos muy superiores a la inflación acumulada en distintas regiones del país. Ante esta situación, los expendedores consideran que el sistema de pagos electrónicos terminó convirtiéndose en otro factor de impacto económico. Argumentan que las Estaciones de Servicio operan con márgenes extremadamente bajos y que gran parte del precio final de los combustibles está compuesto por impuestos nacionales, provinciales y municipales, lo que limita todavía más la posibilidad de absorber gastos financieros adicionales. Con el aumento de medios de pago y billeteras virtuales, la conciliación de operaciones se volvió un desafío crítico para el sector, donde más del 50 por ciento aún no cuentan con herramientas automatizadas para realizar este trabajo. El crecimiento de las billeteras virtuales aparece como otro fenómeno que inquieta al sector. Aunque reconocen que estos sistemas impulsan las ventas y ofrecen mayor comodidad al cliente, advierten que los aranceles y plazos de acreditación generan dificultades sobre el capital de trabajo diario de las estaciones. Al mismo tiempo, el cambio de hábitos de consumo parece irreversible. La digitalización de pagos se consolidó en todo el país y los consumidores priorizan cada vez más promociones, reintegros y programas de beneficios asociados a bancos y aplicaciones financieras. Esto obliga a las estaciones a adaptarse a un ecosistema comercial donde el efectivo pierde participación mes tras mes. Surtidores
Como parte de las políticas municipales y provinciales de perfeccionamiento del personal, se realizó una nueva jornada de capacitación a empleados de la gestión Nikisch. El temario fueron los actos administrativos que permitirá mejorar la prestación de servicios a la gente. Este taller se realizó en el Salón Obligado de Casa de Gobierno y basado, principalmente, a los actos administrativos en relación a la digitalización de los procesos, notificación electrónica y otros aspectos inherentes a la modernización, busnando mayor eficiencia, informaron desde la Asesoría Legal y Técnica municipal. A su vez, Alejandra Ferreyra, asesora legal y técnica provincial, explicó que esta fue la segunda jornada y trató aspectos a los procedimientos, actos previos, toma de decisiones de administraciones públicas, como funcionn los mismos, evaluación de las situaciones que se puedan producir, destacando que esto forma parte de las políticas públicas que pregona el gobernador Leandro Zdero, apoyando el perfeccionamiento de los municipios.
La iniciativa fue bien recibida por el Primer Triunvirato, pero cuando se le ocurrió tener bandera propia, distinta fue la cuestión. “Parece que ha llegado el momento en que se deba declarar la escarapela nacional que debemos usar para que no se equivoque con la de nuestros enemigos”, pidió Belgrano días antes en una carta. Una de las enseñanzas que el abogado devenido en militar Manuel Belgrano incorporó, fue cuando encabezó la campaña al Paraguay, entre septiembre de 1810 y marzo de 1811. El que admitiría que “mis conocimientos militares son cortos” notó que sus hombres, vestidos con distintos uniformes o con lo que tenían a mano, no disponían de un distintivo que los identificase en el campo de batalla. Cuando el gobierno dispuso incrementar la vigilancia en la costa del Paraná, a merced de las incursiones españolas que salían de Montevideo, Belgrano partió el viernes 24 de enero de 1812 al frente de su regimiento hacia la villa del Rosario. Tenía 41 años cuando regresó en 1794 de sus ocho años de estudio en las Universidades de Salamanca y Valladolid, había sido nombrado funcionario del Consulado, en la primera invasión inglesa logró cruzar a la Banda Oriental cuando el general Beresford lo buscaba para que jurase lealtad al monarca británico y en el gobierno revolucionario de 1810 se desempeñaría como vocal. En diciembre de 1811 había comunicado al gobierno que declinaba la mitad de su sueldo, y aclaraba que no lo donaba todo porque era su único medio de subsistencia. Vivía en la casa de la tercera cuadra de la calle de Santo Domingo, cerca del río. Era el soltero de los amores ocultos, como el que mantuvo con Josefa Ezcurra, que hizo que el padre de la chica llamase a un primo de España y la casase a la fuerza. Con Belgrano tendrían un hijo, Pedro, criado por Juan Manuel de Rosas. Antes de emprender las sesenta leguas que tenía por delante, donó 49 volúmenes para la Biblioteca Pública, tal como se lo había prometido al difunto Mariano Moreno, promotor de su creación. La institución, con ocho mil libros, producto de donaciones y de confiscaciones, abriría sus puertas el 16 de marzo de ese año. Debía levantar dos baterías frente al Paraná que defendiesen a Rosario. La obra quedó a cargo de Ángel Augusto de Monasterio, un español que había adherido a la Revolución de Mayo y que tenía conocimientos de ingeniería y artillería. Una fue levantada en las barrancas de la villa, muy cerca de la actual catedral y la llamó Libertad. La otra la emplazó, cruzando el río, en la isla del Espinillo, y a esa le impuso el nombre de Independencia. El 13 le mandó una carta al gobierno, ejercido entonces por el Primer Triunvirato. “Parece que ha llegado el momento en que se deba declarar la escarapela nacional que debemos usar para que no se equivoque con la de nuestros enemigos y que no haya situaciones en que nos pueda ser de perjuicio. Por otra parte, observo que hay cuerpos de ejército que la llevan diferente, de modo que casi se convierte en una señal de división; situación que debe evitarse. Por tal motivo me tomo la libertad de pedir la declaratoria que antes expuse”. El 18 de mayo de 1812 el Triunvirato decretó su uso y así se incorporó como distintivo, aclarando que quedaba abolido el distintivo rojo que, hasta entonces, estaba incorporado al uniforme patriota. El 21 los vecinos de Buenos Aires conocieron la indicación de lucirla en los sombreros. Para Belgrano fue un paso más: “la firme resolución en que estamos de sostener la independencia de América”. ¿Cuál es el origen de sus colores? No hay constancia cierta del porqué de la elección de los colores de la escarapela. Varias son las versiones. ¿Reproduce el color del cielo? ¿Es cierto que responden al color característico de la casa de los Borbones? ¿Es un homenaje al color que usaron los regimientos de Patricios y Húsares en la segunda invasión inglesa? ¿O hay que buscar una explicación en las cintas que French y Beruti repartieron en los convulsionados días de mayo de 1810? Algunos historiadores adjudican sus colores a los símbolos coloniales, que los contenían, en los distintivos usados por combatientes en las invasiones inglesas como cintas o moños. Si bien la Asamblea en 1813 la oficializaría, junto a la bandera, el escudo y el himno patrio, más trabajo tendría Belgrano cuando creara la enseña y la enarbolase por primera vez en la batería Libertad. Cuando recibió la respuesta satisfactoria del gobierno por la escarapela, se entusiasmó con la cuestión de la bandera. “Siendo preciso enarbolar la bandera, y no teniéndola, la mandé hacer celeste y blanca, conforme a los colores de la escarapela nacional…” explicó. A 214 años del día que el Triunvirato decretó el uso de la escarapela: la idea de Manuel Belgrano para no confundirse en la batalla – Infobae Rivadavia le pidió que la escondiese. “La situación exige que nos conduzcamos con la mayor circunspección y medida; haga pasar como un rasgo de entusiasmo el suceso de la bandera blanca y celeste enarbolada, ocultándola disimuladamente…” Belgrano no recibió a tiempo la respuesta. El 1 de marzo había partido para hacerse cargo del Ejército del Norte, en reemplazo de Juan Martín de Pueyrredón. El 25 de mayo, aprovechando el segundo aniversario de la Revolución, la hizo bendecir en Jujuy por el cura Juan Ignacio Gorriti. Luego, le respondió al gobierno que la destruiría. Pero los vientos políticos estarían a su favor. El 8 de octubre de 1812 por obra de la Logia Lautaro y de la Sociedad Patriótica cayó el gobierno y asumió el Segundo Triunvirato, que dio un nuevo impulso al movimiento independentista. Entonces, a orillas del río Pasaje, la hizo jurar a las tropas y desde entonces ese río se llama Juramento. Desde 1935, se instituyó el 18 de mayo como el día de la escarapela, tomando la fecha en que había sido aprobada por el Triunvirato.
Ocurrió en Sáenz Peña. El procedimiento se inició luego de la activación de un botón antipánico. El sospechoso fue reducido tras un operativo policial y le secuestraron un cuchillo, una camioneta y documentación. Un hombre de 56 años fue aprehendido en Presidencia Roque Sáenz Peña, acusado de amenazar a su expareja en un supuesto contexto de violencia de género. El hecho se registró en una vivienda del barrio Ensanche Norte, donde intervino personal de la comisaría de Presidencia Roque Sáenz Peña, tras la activación de un botón antipánico. De acuerdo con la denuncia, la mujer se encontraba junto a sus cuatro hijos menores cuando su ex pareja llegó al domicilio en aparente estado de ebriedad, generó disturbios y profirió amenazas. Según el relato, uno de los menores advirtió que el hombre llevaba un arma de fuego en la cintura. Ante la gravedad de la situación, se montó un operativo conjunto con distintas unidades especiales para localizar al acusado, quien permanecía atrincherado en la propiedad. Al arribar al lugar, los efectivos lo observaron insultando al personal y amenazando con incendiar el inmueble, tras lo cual huyó hacia una zona boscosa. Luego de un rastrillaje en el sector, el sospechoso fue localizado corriendo y finalmente reducido por los agentes. Durante el procedimiento se secuestró un cuchillo tipo carnicero, una camioneta, documentación personal y papeles del vehículo. La Fiscalía de turno dispuso su aprehensión en el marco de la causa por presuntas amenazas con arma de fuego en contexto de violencia de género.
Las tareas incluyen patrullajes en zonas de monte, lagunas, canales y sectores rurales, con participación de unidades especializadas, drones y personal de apoyo. Las autoridades continúan desplegando un amplio operativo para dar con el paradero de un hombre de 80 años, en el marco de una causa por desaparición de persona con intervención del Equipo Fiscal N°10. Según informaron del sistema provincial de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, se mantienen activas las medidas previstas en el protocolo, con participación de distintas divisiones policiales y unidades especiales. Entre las acciones desarrolladas se encuentran la toma de declaraciones testimoniales, entrevistas a vecinos y relevamientos, además de la distribución y difusión de material informativo con el objetivo de obtener datos que permitan fortalecer las líneas investigativas. En paralelo, continúan los rastrillajes terrestres y aéreos mediante el uso de Vehículos Aéreos No Tripulados, abarcando zonas rurales, sectores de monte. Del operativo participan efectivos de la División Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, junto a personal de Trata de Personas, Canes, Bomberos, Servicio Externo y otras unidades de apoyo. Asimismo, en coordinación con la Dirección de Operaciones Metropolitana, se mantiene un despliegue táctico en sectores determinados para ampliar la cobertura territorial, optimizar la capacidad de respuesta y profundizar las tareas investigativas vinculadas al caso.
En abril, cinco distritos subnacionales registraron subas de sus IPC superior al registro nacional. En este caso, Chaco presentó el alza más fuerte del país con 3,2%, seguida por Neuquén y Santa Fe (3,0% en cada caso); mientras en el extremo opuesto, Río Negro mostró la menor variación del mes (2,1%). En línea con el dato nacional, en abril se vió una tendencia desaceleratoria, señala el análisis de la Consultora Politikón. Precisamente, en el mes de abril de 2026, el IPC nacional marcó una suba del 2,6%, desacelerando en 0,8 puntos porcentuales respecto a marzo pasado. Entre las jurisdicciones subnacionales que miden sus IPC, también se observó una tendencia a la desaceleración en la mayoría de los distritos. En este marco, cinco distritos subnacionales registraron subas de sus IPC superior al registro nacional: Chaco mostró la suba más fuerte del país con 3,2%, seguida luego por Neuquén y Santa Fe (3,0% en cada caso); Córdoba (2,9%) y Tucumán (2,7%); por su parte, otras cinco provincias exhibieron incrementos inferiores al total país, con Río Negro mostrando la menor variación del mes (2,1%). Al observar la dinámica del IPC respecto del mes previo, se observa una clara tendencia desaceleratoria: en ocho provincias la inflación redujo su velocidad de crecimiento respecto al mes previo mientras que solo en dos tuvo una marca superior al mes pasado. Chaco fue el distrito con la mayor aceleración de precios, con un incremento de 0,3 puntos porcentuales, seguida por Río Negro (+0,2 p.p.); por el contrario, las mayores desaceleraciones se vieron en Mendoza y Jujuy, con -1,3 p.p. y -1,4 p.p. respectivamente. ¿Cómo cerró el primer cuatrimestre del año? A nivel nacional, la suba acumulada del IPC en el primer cuatrimestre fue del 12,3%, por encima del 11,6% registrado en igual período del 2025. Entre las provincias, Tucumán, Jujuy y Santa Fe, todas con +12,6% presentan los mayores crecimientos acumulados ubicándose por encima del resultado nacional; en el extremo opuesto, Río Negro se ubica al fondo del ranking siendo la única provincia que no alcanzó el 10,0% en el cuatrimestre (9,6%). En este marco, se destaca que seis provincias mostraron, en línea con el total nacional, una suba acumulada en el primer cuatrimestre 2026 mayor al de igual período de 2025; entre estos, las aceleraciones más importantes se dieron en Mendoza (+1,8 p.p.) y Río Negro (+1,4 p.p.); en el extremo opuesto, en tres provincias hubo una dinámica inversa: Santa Fe (-0,1 p.p.), Jujuy (-0,4 p.p.) y Neuquén (-2,0 p.p.). Variación interanual de los IPC provinciales A nivel país, abril 2026 mostró una suba interanual del IPC del 32,4%, levemente por debajo del registro del mes anterior. En ese marco, cinco provincias muestran una variación interanual superior a ese nivel: Neuquén (36,0%), San Luis (33,1%), Córdoba (33,0%), Santa Fe (32,9%) y CABA (32,4%); por el contrario, el resto de los distritos se ubicó por debajo del nivel general nacional, con Río Negro al fondo del ranking (23,6%) siendo la única provincia con una variación interanual menor al 30%. Para ver datos de índices y variaciones mensuales, acumuladas e interanuales de los IPC provincias, ingresar a https://politikonchaco.com/inflacion-en-las-provincias Politikón Chaco
La esperanza de vida de la población brasileña disminuyó en 3,4 años durante la pandemia de COVID-19 , tras un aumento del 27,6 % en la mortalidad. Así lo revela un análisis nacional del estudio Carga Global de Enfermedad, la mayor encuesta mundial sobre el impacto de las enfermedades y los factores de riesgo en las poblaciones de más de 200 países. El documento se publica en el número de mayo de The Lancet Regional Health – Americas . Según los investigadores que participaron en la encuesta, este revés es consecuencia de la postura negacionista del gobierno federal de aquel entonces, bajo el liderazgo del expresidente Jair Bolsonaro . “Las autoridades socavaron las directrices científicas: rechazaron el distanciamiento social, difundieron información errónea, promovieron medicamentos sin eficacia probada y retrasaron la adquisición de vacunas, con la justificación de que esto protegería al país del colapso económico.” Si bien el descenso de la esperanza de vida se ha producido en todo el país, existen diferencias significativas entre las cifras de las distintas unidades federativas. Los tres estados con la mayor reducción se encuentran en la región norte: Rondônia: 6,01 años; Amazonas: 5,84 años; Roraima: 5,67 años. En el otro extremo del espectro, con la menor reducción, se encuentran tres estados de la región noreste: Maranhão: 1,86 años; Alagoas: 2.01; Río Grande del Norte: 2,11 años. Según el estudio, esto se debe a que los gobernadores de la región han adoptado con mayor firmeza las medidas de contención recomendadas por los científicos y las autoridades sanitarias. “Ante la falta de coordinación nacional, los gobiernos estatales del noreste formaron un consorcio con un comité científico independiente que implementó estrategias.” El documento cita, por ejemplo, el distanciamiento social, el cierre de escuelas y negocios, el uso obligatorio de mascarillas, las políticas de protección de los trabajadores y los sistemas de datos en tiempo real. Los investigadores también argumentan que “el impacto de la pandemia en la carga de morbilidad y la esperanza de vida podría haberse mitigado en todo el país” si el gobierno federal de la época hubiera adoptado el mismo enfoque. Un ejemplo de ello es que el desempeño de Brasil durante este período fue peor que el de otros países del Mercosur, como Argentina y Uruguay, y que el de los países BRICS, como China e India. “Un país con un historial exitoso de cobertura de vacunación como Brasil se ha quedado rezagado en la vacunación contra la COVID-19 debido a la falta de organización, las demoras en la adquisición de vacunas y un enfoque en medicamentos de ‘tratamiento temprano’ sin evidencia científica de su beneficio.” Insinuaciones A pesar de los contratiempos experimentados durante la pandemia, Brasil ha registrado mejoras en materia de salud a largo plazo. Entre 1990 y 2023, la esperanza de vida aumentó en 7,18 años, y la mortalidad estandarizada por edad, un indicador que compensa los efectos del envejecimiento, disminuyó en un 34,5%. De igual modo, el índice que mide los años de vida saludable perdidos debido a la muerte o la enfermedad disminuyó un 29,5%. Se citan varios factores como responsables de esta evolución, tales como las mejoras en la calidad de vida, incluidos los avances en el saneamiento básico y el crecimiento económico. La implementación del Sistema Único de Salud, la creación del Programa de Salud Familiar y la ampliación de la vacunación forman parte del análisis. Como resultado, las tasas de casi todas las principales causas de muerte en Brasil han disminuido en las últimas décadas, si se considera la mortalidad estandarizada por edad. Las excepciones fueron la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, que aumentaron un 1%, y la enfermedad renal crónica, que creció un 9,6% entre 1990 y 2023. En 2023, la principal causa de muerte en Brasil fue la cardiopatía isquémica, seguida del accidente cerebrovascular y las infecciones de las vías respiratorias inferiores. Pero la principal causa de muertes prematuras fue la violencia interpersonal. El estudio estima que Brasil perdió 1.351 años de vida por cada 100.000 habitantes debido a este tipo de muerte. Agencia Brasil
En declaraciones a CIUDAD TV, los abogados Sonia Sosa y Juan Arregin, referentes en Derecho Animal desde el Colegio de Abogados, advirtieron sobre la urgencia de institucionalizar políticas públicas contra el maltrato animal. “Este trabajo se viene realizando ya hace 14 o 15 años. Hoy este congreso tenía la importancia de causar un impacto y mostrar que el derecho animal ya tiene una estructura de distintos actores para trabajar de manera eficaz”, explicó Sosa. Ambos especialistas destacaron que, aunque existen fiscales ambientales, jueces de falta, departamentos caninos y veterinarios comprometidos, falta articulación y capacitación. “Lo que vemos es que falta crear una institución con mecanismos de selección de personas idóneas. El público en general y hasta el proteccionismo van a cuenta gotas”, sostuvo la letrada. Uno de los puntos críticos señalados por Juan Arregin es el procedimiento policial actual. “Dependemos de la experiencia del personal policial y de las instrucciones de jueces o fiscales. Hoy, en toda la provincia del Chaco, las fiscalías solo investigan si hay un animal asesinado. Si no, lo derivan a la justicia de paz, lo que satura ese fuero”, denunció. Sobre las penas vigentes, Arregin fue contundente: “Son mínimas: desde 15 días hasta un año. Ínfimas teniendo en cuenta el daño que se produce”. Y agregó: “El derecho de familia ya avanza reconociendo a las mascotas regímenes de visitas y cuota alimentaria, pero el derecho penal sigue discutiendo sin actualizar los delitos contra los animales”. La conversación derivó en casos viralizados de violencia, como el de un adolescente que mató una mascota en una pileta o una niña que lastimó a un perrito. Para Sonia Sosa, estos hechos no pueden quedar solo en el rescate del animal. “Cuando hay un caso de maltrato, hay que articular con niñez, familia y un estudio socioambiental. No es normal una niña de esa edad con una acción tan violenta. Ese golpe fue letal”, afirmó. Sosa alertó sobre la re-victimización, como en el caso “Pelusa”, donde el animal pasó de una situación de maltrato a otra. “La fiscal siempre pide estudio socioambiental. Habría que ver si se hizo cuando se trató de la menor que lastimó al animal”, cuestionó. Otro punto que preocupó a los entrevistados fue la falta de regulación del proteccionismo. “Hay que regular quiénes forman parte, qué capacitación tienen. Están cumpliendo un rol esencial, pero necesitamos preparación. Nosotros somos especialistas con trayectoria, no hablamos sobre tierra movediza”, remarcó Sosa. Arregin, por su parte, vinculó el maltrato animal con otras violencias. “El que lastima a un perro no es selectivo. Puede hacerlo con una mujer, un niño o un adulto mayor. En Corrientes y Resistencia aparecieron casos de abuso sexual contra animales. Eso es una alerta: quien hace esto con un animal, puede hacerlo con cualquier persona”. Finalmente, ambos abogados reclamaron políticas de Estado que no dependan de agendas políticas ni electorales. “Propongo a los funcionarios que trabajen realmente para los que quieren ser elegidos, no para ganar las próximas elecciones. Si trabajáramos en serio, veríamos resultados en educación, en feminicidios y en la erradicación de la violencia hacia los animales”, concluyó Sonia Sosa. “La idea es aportar a pacificar la sociedad a partir del conocimiento”, sumó Arregin.
Las tareas incluyen patrullajes en zonas de monte, lagunas, canales y sectores rurales, con participación de unidades especializadas, drones y personal de apoyo. Las autoridades continúan desplegando un amplio operativo para dar con el paradero de un hombre de 80 años, en el marco de una causa por desaparición de persona con intervención del Equipo Fiscal N°10. Según informaron del sistema provincial de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, se mantienen activas las medidas previstas en el protocolo, con participación de distintas divisiones policiales y unidades especiales. Entre las acciones desarrolladas se encuentran la toma de declaraciones testimoniales, entrevistas a vecinos y relevamientos, además de la distribución y difusión de material informativo con el objetivo de obtener datos que permitan fortalecer las líneas investigativas. En paralelo, continúan los rastrillajes terrestres y aéreos mediante el uso de Vehículos Aéreos No Tripulados, abarcando zonas rurales, sectores de monte. Del operativo participan efectivos de la División Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, junto a personal de Trata de Personas, Canes, Bomberos, Servicio Externo y otras unidades de apoyo. Asimismo, en coordinación con la Dirección de Operaciones Metropolitana, se mantiene un despliegue táctico en sectores determinados para ampliar la cobertura territorial, optimizar la capacidad de respuesta y profundizar las tareas investigativas vinculadas al caso.
El gobernador Leandro Zdero estuvo este domingo en la 28° edición de la Fiesta Provincial del Cerdo, desarrollada en Charata, donde además dejó inauguradas nuevas obras de infraestructura deportiva en el Club Juventud Agraria Cooperativista. El jefe del Ejecutivo provincial destacó el crecimiento del sector porcino y el acompañamiento del Gobierno provincial al desarrollo productivo y deportivo. “Estamos potenciando un Chaco productivo, acompañando a nuestros productores y generando oportunidades para cada región de la provincia. La producción porcina hoy representa una enorme posibilidad de crecimiento, generación de empleo y agregado de valor”, expresó Zdero. En ese sentido, el gobernador remarcó el trabajo articulado que se viene realizando para fortalecer las cadenas productivas, impulsar la mejora genética, fomentar la industrialización y abrir nuevos mercados. Además, anunció avances para concretar obras estratégicas de infraestructura vial que permitan mejorar la conectividad y la salida de la producción chaqueña hacia los puertos. “Tenemos que incentivar la producción y acompañar a quienes trabajan y generan empleo. Todo esto va de la mano con un Estado que planifique, acompañe y promueva el desarrollo”, señaló. Nuevas obras para el Club Cooperativa Durante la jornada también quedaron formalmente inauguradas nuevas mejoras edilicias en las instalaciones del Club Juventud Agraria Cooperativista, entre ellas vestuarios y tribunas para la cancha de fútbol. Las obras fueron ejecutadas con acompañamiento del Gobierno provincial, a través del Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, e incluyeron la instalación de cuatro tribunas de hormigón armado y nuevos vestuarios para jugadores y árbitros. Además, el municipio concretó la construcción de un nuevo escenario en el playón deportivo, con estructura metálica y piso de cemento, destinado al desarrollo de espectáculos artísticos y culturales. Zdero valoró el esfuerzo institucional del club y destacó el rol social que cumplen estas entidades. “Los clubes contienen, unen a las familias y transmiten valores. Hoy vemos un enorme esfuerzo de la comisión directiva para mejorar las instalaciones y brindar más oportunidades a niños y jóvenes”, afirmó. Por su parte, el ministro de la Producción, Oscar Dudik sostuvo que el crecimiento de la actividad porcina representa “una alternativa viable y con enorme proyección”, teniendo en cuenta el incremento del consumo de carne de cerdo y el potencial productivo de la provincia. “En Chaco tenemos productores, genética, insumos y capacidad para desarrollar fuertemente esta actividad. Por eso vamos a poner en funcionamiento la Mesa Provincial de la Cadena Porcina para seguir planificando el crecimiento del sector”, adelantó el ministro. A su turno, el intendente Rubén Rach destacó la importancia del festival tanto desde lo productivo como desde lo cultural y social. “Queremos seguir fortaleciendo este evento que une a las familias y refleja el potencial productivo del departamento Chacabuco”, indicó. Finalmente, el presidente del Club Cooperativa y coordinador de la Fiesta Provincial del Cerdo, Mauro Moreno, agradeció el acompañamiento del Gobernador Zdero, a las demás autoridades provinciales y municipales. “Esta fiesta crece año tras año y eso nos obliga a seguir mejorando. Hoy pudimos inaugurar vestuarios y tribunas que eran un anhelo para nuestra institución. Estamos muy felices de mostrar todo el trabajo y esfuerzo que realiza el club”, concluyó. Acompañaron la actividad, la senadora Silvana Schneider; el presidente del Instituto del Deporte, Fabio Vázquez; el presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud; el subsecretario de Protección Civil, Gustavo Santo; demás autoridades provinciales y municipales; productores y vecinos de la zona.