Con la participación de más de 90 equipos de diferentes localidades, Sáenz Peña se prepara para una nueva edición del Mundialito, así fue anunciado en la conferencia de prensa encabezada por el Secretario de Desarrollo Humano y Deportes, Germán Rearte. El torneo se desarrollará del 14 al 16 agosto en el predio de la Asociación de Veteranos de Fútbol ubicado en calle 51 y 14; las categorías participantes serán de la 2012 a la 2021 con entrega de premios, del 1°al 4° puesto en la Copa de Oro y 1° puesto en la de Plata, también habrá premios individuales, goleadores y vallas menos vencidas. “El Mundialito es un orgullo para nosotros, año a año va creciendo al igual que la liga infantil. Es importante destacar que el Mundialito este fin de semana tendrá una nómina de más de 90 equipos, es un producto que se ha instalado a lo largo de los años tanto en el Chaco como en la región” dijo Germán Rearte quien además agradeció el trabajo llevado adelante por la Secretaría de Deportes para el desarrollo del evento y detalló que habrá show, juegos y emprendedores a lo largo de los tres días en el marco del mes del niño. Por su parte el Subsecretario de Deporte Social y Comunitario Iván Arredondo, dijo“estaremos comenzando el viernes a las 19 hs, el sábado jornada completa de 9 a 23 hs aproximadamente y el domingo mismo horario y en el cierre, serán coronando los campeones”. Detalló además que en la noche del sábado, a partir de las 20 hrs, se realizará la entrega de premios del Torneo Apertura de la Liga Municipal de Fútbol y que las entradas para quienes quieran presenciar el Mundialito es de $2000 y que los interesados en participar de los tres días, pueden consultar por el pack de entradas.
Autor: Redacción General
“Se aprovechan de quienes necesitan dinero para llegar a fin de mes”, dijo Gabriel Solano en su denuncia. En Argentina la tasa efectiva puede llegar a 1375% contra el 63% que la empresa cobra en Brasil. El exlegislador Gabriel Solano denunció a Mercado Libre por cobrar tasas que llegan al 1375% anual de interés. “Estamos ante un verdadero mecanismo de usura, que se aprovecha de quienes necesitan dinero para llegar a fin de mes”, dijo el ex legislador. En las últimas semanas Mercado Pago fue noticia por las exorbitantes tasas que le cobra a sus usuarios por otorgar préstamos con menos condiciones que los bancos. El periodista Ernesto Tenembaum lo calificó como “El colmo del abuso”. La comparación con Brasil deja mal parada a la filial argentina: allí el costo financiero efectivo es de 63,13% anual, 21 veces menos que en la Argentina. Solano fundamentó su denuncia en el artículo 175 bis del Código Penal que prevé sanciones a quienes se aprovechen de la “necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona” y le hagan dar “intereses u otras ventajas pecuniarias evidentemente desproporcionadas con su prestación”. Para el dirigente del PO, “Mercado Pago está haciendo un negocio extraordinario con la necesidad de millones de trabajadores que no pueden acceder al crédito bancario” y resaltó que el Costo Financiero Total Efectivo Anual puede superar el 1300%. Solano lo comparó con los créditos que otorga el Banco Nación que “presta a tasas varias veces inferiores e incluso refinancia a deudores en mora a tasas del 12 y 14%”. Como contó LPO, en su último balance Mercado Libre dio cuenta de que el negocio financiero representa el 64,3% de su facturación en la Argentina, casi el doble de lo obtenido por e commerce. La Política Online
Una firma ganadera de la zona rural cercana al área urbana de la localidad correntina de Concepción, encendió las alarmas tras registrarse la muerte de dos animales en el lapso de apenas 48 horas. Las carcasas de los mismos presentaban llamativas mutilaciones, un hecho que movilizó a las autoridades locales y genera profunda preocupación entre los pobladores. Si bien hasta el momento no existe información oficial sobre las causas de las muertes, de manera extraoficial comenzó a evaluarse una hipótesis que no tardó en instalarse en la agenda pública: la posible vinculación con el yaguareté, ejemplar cuya presencia ha sido reportada en reiteradas oportunidades en los últimos tiempos en la región vinculada a los esteros del Iberá. Operativo en el lugar y pericias Ante la gravedad de la denuncia y el temor latente en el sector productivo, personal correntino especializado se hizo presente en el establecimiento afectado para llevar adelante las inspecciones técnicas de rigor. Del operativo participan activamente: Los especialistas buscan recolectar evidencias que permitan determinar con precisión si las heridas y el patrón de muerte responden al ataque de un gran felino silvestre o si obedecen a otras causas. Clima de incertidumbre en la comunidad La noticia se propagó rápidamente entre los lugareños y productores de la zona, quienes manifestaron su inquietud ante un escenario poco frecuente en las inmediaciones del ejido urbano. Mientras se aguardan los resultados formales de las pericias y un parte oficial por parte de las autoridades competentes, la comunidad permanece en alerta, dividida entre la expectativa por la conservación de la fauna autóctona y la necesidad imperiosa de garantizar la seguridad del ganado y la tranquilidad de las familias rurales. Corrientes Hoy/Juan Antonio Pared
Los Gobernadores del Norte Grande efectuaron al Jefe de Gabinete diversos planteos sobre energía, rutas y fondos coparticipables. Más allá de cada reclamo puntual, se utilizó el encuentro para marcar la necesidad de que la Nación incorpore una mirada más profunda sobre las restricciones estructurales que enfrenta toda la región. “El 90% de la agenda está resuelta”, aseguró el funcionario nacional. También se abordó la prevención de El Niño En el marco de la cumbre de gobernadores del Norte Grande realizada en Posadas, Misiones, el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, mantuvo un encuentro de trabajo con los mandatarios de las diez provincias de la región y aseguró que “casi el 90%” de las demandas provinciales ya se encuentran encauzadas o resueltas a través de agendas bilaterales. Del encuentro participaron ocho de los diez mandatarios del Norte Grande: el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, y el anfitrión Hugo Passalacqua (Misiones), junto a Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca) y Elías Suárez (Santiago del Estero). El de Formosa, Gildo Insfrán y el riojano Ricardo Quintela faltaron a la cita pero enviaron representantes. El encuentro contó con la presencia de otro funcionario ligado a las provincias: el presidente del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe. Infraestructura Uno de los puntos centrales abordados fue el plan de infraestructura vial. Al respecto, Diego Santilli anunció la preadjudicación de concesiones viales sobre más de 9.000 kilómetros —el 70% de la red nacional— y detalló que se están adjudicando los 3.500 kilómetros restantes, con previsión de inicio de obras entre fines de agosto y principios de septiembre. Tarifa de energías para zonas cálidas Los mandatarios unificaron y elevaron como principal reclamo el establecer una tarifa de energía eléctrica diferenciada para “zonas calientes” a cambio de su apoyo para que avance en Diputados la derogación de los beneficios a la tarifa de gas por zonas frías, que la Casa Rosada pugna por convertir en ley en el Congreso. Ya habían prestado su apoyo aprobar el proyecto de zonas frías en Diputados, pero desde entonces no se cumplieron los beneficios en subsidios eléctricos que en su momento les había prometido directamente con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. Por eso le quitaron apoyo a la norma cuando llegó el Senado y por eso quieren que las zonas cálidas se aprueben como ley aparte en el Congreso. “Queremos que sea por ley y no que quede librado a la buena voluntad de alguien que te dice ‘hoy te reconozco, y mañana no’”, explicó Raúl Jalil, el gobernador de Catamarca. Abastecimiento de gas El otro gran reclamo en materia energética de las provincias es que ven cómo el abastecimiento de gas para sus industrias – fundamentalmente en el NEA – se ve interrumpido y encarecido por el transporte desde Vaca Muerta. El epicentro de ese yacimiento queda a más de 1600 kilómetros al sur de San Miguel de Tucumán. Este año, en varias provincias de esa región hubo problemas con el abastecimiento del gas, que llevó a la interrupción en las líneas de producción de los sectores citrícolas o a un servicio “a valores muy elevados, algo que nos sacó de competencia”, dijo Jaldo, refiriéndose a los limones de su provincia, con destino al mercado de exportación. Así como Passalacqua se quejó de que Misiones es la única provincia “sin un metro de gasoducto”, los mandatarios de Chaco y Corrientes – Leandro Zdero y Juan Pablo Valdés – reclamaron que en sus distritos (donde al menos llega algún tramo del gasoducto) hay una bajísima cobertura de la red de ductos y por ende, la industria también debe abastecerse de energía quemando leña. “En materia de economías regionales, lo que planteábamos junto con Hugo Passalacqua y junto con Leandro Zdero es la falta de desarrollo de la red de gas, es un desarrollo que nos daría más igualdad”, señaló el gobernador Valdés. “Lo que hacen estas reuniones es desnudar la cantidad de problemas que tienen las provincias pero siempre bajo lo mismo: falta de infraestructura de gas, infraestructura energética, rutas. Celebramos la presencia del jefe de Gabinete en esta reunión que impulsamos nosotros”, dijo el correntino, quien reemplazó a su hermano Gustavo como mandatario hace apenas ocho meses. Santilli, que negocia con los gobernadores apoyo legislativo para suspender las PASO en 2027, escuchó atentamente todos los reclamos y se comprometió a darles curso, aunque no cerró ningún acuerdo en ninguno de estos puntos. Misiones Online/El Territorio/La Nación/Infobae/Perfil
El presidente de la Administración Provincial del Agua (APA), Jorge Pilar, explicó en diálogo con CIUDAD TV que la provincia se encuentra trabajando en medidas de prevención ante el fenómeno de El Niño y remarcó la necesidad de que municipios y vecinos adopten medidas para reducir los riesgos frente a eventuales lluvias intensas. Pilar señaló que, a partir del seguimiento de los modelos de predicción climática y del calentamiento registrado en el océano Pacífico ecuatorial, “estrictamente hablando, estamos en el fenómeno de El Niño”. Sin embargo, aclaró que todavía existe un alto nivel de incertidumbre respecto de la evolución que tendrá el fenómeno y de la magnitud de sus efectos. “Esto es una evolución; como es una interacción, en este caso, entre océano y atmósfera, estamos en lo que se llama los fenómenos caóticos y las turbulencias. Hay que hacer un seguimiento”, explicó. En ese sentido, sostuvo que los pronósticos a más de una o dos semanas tienen “una nube de incertidumbre enorme”. El titular de APA contó que desde hace varios meses trabajan junto con un centro de investigación de la Universidad Federal de Santa María, en Brasil, y el Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la UNNE, del cual está a cargo, para interpretar los modelos climáticos globales y traducirlos a un lenguaje accesible. Según detalló, ya se publicaron boletines correspondientes a mayo, junio y julio, mientras que próximamente se difundirá el correspondiente a agosto. La frecuencia de estos informes podría incrementarse si la evolución del fenómeno lo requiere. Preparación provincial y municipal Pilar indicó que la situación movilizó a organismos de los distintos niveles del Estado y destacó el trabajo del Comité Provincial de Emergencia. “La situación puede ponerse complicada, empecemos a trabajar ya. Lo único que no podemos hacer es no hacer nada”, afirmó. En ese marco, señaló que se informó a los municipios sobre el escenario climático y mencionó trabajos que ya se realizan en localidades como Sáenz Peña, Resistencia y Charata. Entre las principales tareas preventivas, destacó la necesidad de mantener en condiciones los sistemas de drenaje pluvial urbano, resolver adecuadamente la disposición de residuos sólidos urbanos y avanzar con la limpieza y mantenimiento del macrodrenaje en las zonas periféricas. También remarcó que la provincia recibió la visita de funcionarios nacionales para coordinar acciones y disponer de recursos ante una eventual emergencia. “Nos preocupa toda la provincia”, sostuvo Pilar, al recordar el episodio registrado en abril en Castelli, donde una lluvia de entre 220 y 230 milímetros en un día generó una situación compleja. “Eso mostró cómo hay que trabajar. Uno a veces se confía y las emergencias, por definición, ni avisan ni esperan”, afirmó. Taponamientos y responsabilidad de los vecinos El presidente de APA también hizo hincapié en los problemas que generan las intervenciones no autorizadas en canales periurbanos y rurales. Recordó que durante el año pasado, en plena La Niña, se registró en Chaco una lluvia de 251 milímetros en un día y que, a partir de los trabajos realizados entre Quitilipi y Machagai, encontraron siete taponamientos clandestinos. “Eso no son naturales, son terraplenes que nadie avisó y tuvimos que sacarlo para que pudiera fluir el agua luego de la emergencia”, explicó. Pilar indicó que existe un proyecto de ley provincial para establecer responsabilidades sobre quienes realizan este tipo de intervenciones. “El que las hace las paga”, resumió, al señalar que se busca que quien genere un obstáculo en los sistemas de drenaje asuma los costos de su remoción. También pidió responsabilidad a los vecinos con los residuos. “Seamos responsables con nuestra basura. La basura es responsabilidad del vecino”, afirmó. En ese sentido, explicó que estudios realizados sobre una cuenca de Resistencia mostraron que una reducción de la mitad de la sección de una boca de tormenta puede duplicar el área afectada por una inundación y triplicar el tiempo de permanencia del agua. Además, advirtió sobre las modificaciones particulares que algunos vecinos realizan en los canales para permitir el ingreso de vehículos a sus viviendas. “El tubito más chico de un canal es la capacidad del canal”, graficó. El antes, durante y después de una emergencia Pilar explicó que la planificación provincial contempla tres etapas: el antes, el durante y el después de una eventual emergencia. “Nosotros estamos en el antes, estamos haciendo limpieza, preparación. ¿Alcanzarán, no alcanzarán? No lo sabemos”, expresó. Al mismo tiempo, señaló que ya se trabaja en protocolos para el momento de una eventual emergencia, con la participación de áreas vinculadas a seguridad, desarrollo humano, asistencia y relocalización de personas que pudieran resultar afectadas por inundaciones. “Está todo inventado, lo que hay que aceptar son los mecanismos para la articulación”, sostuvo. Como antecedente, mencionó la emergencia registrada este año en la zona de Comandancia Frías y Río Bermejito, donde se puso a prueba el sistema de asistencia y relocalización. “El después será hacer un balance de qué pasó y cómo hay que reconstruir si algo se dañó”, concluyó.
La diputada provincial Pía Chiacchio Cavana cuestionó con dureza a los libertarios y a los aliados locales del Gobierno nacional por hablar de deuda mientras omiten el nuevo endeudamiento del país y el que lleva adelante la actual gestión provincial. “Hay que tener bastante cara para que los libertarios vengan a darnos lecciones sobre deuda. El Gobierno tiene una sola ministra a la que realmente escucha: no es argentina, no vive acá y se llama Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional”, afirmó. Chiacchio Cavana señaló además la contradicción del oficialismo provincial: “Hablan todo el tiempo de la deuda que recibieron, pero se olvidan de contar la deuda que están tomando ahora. Y mientras discuten números, la deuda ya entró a las casas: la gente compra comida con tarjeta, paga la luz en cuotas y tiene que elegir entre un medicamento, el alquiler o llegar a fin de mes”. Para la legisladora, ese es el resultado concreto del rumbo económico: “No alcanzó con hipotecar el presente y el futuro del país. Hoy hay chaqueños endeudándose para comer, para moverse y para vestirse. Cuando la deuda llega hasta la mesa de una familia, deja de ser una discusión de economistas”. También apuntó contra los libertarios chaqueños que defienden flexibilizar la protección de las tierras. “Es todavía más difícil de explicar que alguien del Impenetrable pueda defender la extranjerización. No estamos hablando de cualquier tierra: hablamos de Güemes, del monte, del agua, de los humedales, del Impenetrable y de los lugares donde viven comunidades indígenas, familias campesinas y criollas”. Y resumió: “Primero nos endeudan, después hacen que las familias se endeuden para vivir y ahora quieren convencernos de que entregar nuestras tierras no es un problema. La deuda entra a nuestras casas y la entrega llega hasta nuestro territorio. En los dos casos, lo que estamos discutiendo es quién decide sobre lo que es nuestro”. Finalmente, Chiacchio Cavana sostuvo: “Los libertarios y sus aliados locales pueden mirar para atrás todo lo que quieran. Pero tienen que hacerse cargo de lo que están haciendo hoy: quién está endeudando al país, quién está endeudando al Chaco y quién está dispuesto a poner nuestra tierra en manos extranjeras”.
La presentación apunta contra Luis Caputo, autoridades de Transporte, Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Banco Nación. El escrito sostiene que la subejecución de fondos destinados a las rutas y la falta de relevamientos podrían haber generado un riesgo para quienes circulan por la red vial. Una denuncia penal presentada ante la Justicia Federal puso nuevamente bajo la lupa a distintos funcionarios del gobierno de Javier Milei por el estado de las rutas nacionales y el destino de los fondos asignados a infraestructura vial. La presentación advierte sobre la posible comisión del delito de estrago y sostiene que determinadas omisiones y decisiones de funcionarios podrían haber contribuido a poner en peligro la vida de quienes transitan por las rutas. La denuncia fue presentada por los abogados José Lucas Magioncalda, Juan Martín Fazio y José Luis Matilla, integrantes de Reset Republicano. El escrito apunta, entre otros, contra el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Transporte, Mariano Ignacio Plencovich; el subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés; el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Francisco Díaz Vega; el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Jorge Campoy; y el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, además de integrantes del directorio de la entidad y otros funcionarios que eventualmente resulten responsables. Los denunciantes pidieron investigar si las conductas señaladas podrían configurar el delito previsto en el artículo 189 del Código Penal, estrago, además de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”. Uno de los puntos cuestionados es el manejo de los recursos recaudados para el fideicomiso creado por el Decreto 976/2001, cuya finalidad está vinculada al financiamiento de obras e infraestructura vial. Según la denuncia, una publicación periodística reveló que el Gobierno habría recaudado $1,5 billones para rutas y obras viales, pero habría ejecutado solamente una parte de esos recursos. Otro de los argumentos centrales es el supuesto incremento de la siniestralidad vial. La denuncia cita relevamientos y publicaciones periodísticas que, según los denunciantes, darían cuenta del deterioro de distintas rutas y de un “alto riesgo de siniestralidad vial”. En particular, el escrito menciona declaraciones del secretario general del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Vialidad Nacional, quien habría señalado, sobre la base de relevamientos no oficiales, que las muertes en rutas nacionales “se incrementaron en un 300 por ciento en los últimos años”. Los denunciantes consideran que esa situación debe ser contrastada con información oficial sobre el estado de las rutas, los accidentes y las tareas de mantenimiento. La presentación también menciona informes sobre accidentes viales, el estado de los caminos y la falta de relevamientos de seguridad vial como elementos que deberían ser investigados. Qué dice el Código Penal sobre el estrago La denuncia busca encuadrar los hechos en el artículo 189 del Código Penal, que contempla el delito de estrago cuando, por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de reglamentos, se causa un incendio u otros estragos. El escrito cita expresamente la norma: “Si el hecho u omisión culpable pusiere en peligro de muerte a alguna persona o causare la muerte de alguna persona, el máximo de la pena podrá elevarse hasta cinco años”. A partir de ese encuadre, los denunciantes sostienen que podría existir responsabilidad en distintos niveles de la administración pública, incluyendo a las autoridades encargadas de la seguridad vial y a quienes tienen responsabilidades dentro del Banco Nación en su carácter de fiduciario. “Resulta evidente, en el caso que nos ocupa, que podrían existir responsabilidades de la autoridad de aplicación en toda la línea jerárquica”, afirma la denuncia. La presentación solicita una serie de medidas para determinar si efectivamente existió una relación entre la falta de mantenimiento, la utilización de los fondos y el aumento de los siniestros. Medidas solicitadas Entre otras medidas, pidieron que se cite a declarar a Fabián Catanzaro, titular de la Federación del Personal de Vialidad Nacional, para que aporte información sobre relevamientos del estado de las rutas y la evolución de la siniestralidad. También solicitaron a la Secretaría de Transporte los Informes Anuales de Evaluación de Estado de Pavimentos desde 2019, y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial toda la información producida desde ese año sobre el estado de los caminos nacionales y los siniestros viales. Además, pidieron información a las compañías de seguros sobre investigaciones relacionadas con accidentes ocurridos en rutas nacionales durante 2024, 2025 y 2026. Finalmente, solicitaron que se adjunte copia de la causa tramitada ante el Juzgado Federal de Venado Tuerto, donde se ordenó al Estado Nacional y a Vialidad Nacional la reparación urgente de las rutas nacionales 7, 8 y 33. Una denuncia que apunta a la responsabilidad estatal El escrito también desarrolla un extenso argumento constitucional y de derechos humanos. Los denunciantes sostienen que el Estado tiene obligaciones positivas de prevención y protección de la vida y la integridad física de las personas que utilizan la red vial. En ese sentido, plantean que la falta de mantenimiento no sería simplemente una decisión administrativa o presupuestaria, sino que podría adquirir relevancia jurídica cuando existe un riesgo concreto para la población. La denuncia sostiene que la situación constituye un “riesgo continuado” y advierte que, según la evidencia pública citada, se habría traducido en un incremento de los siniestros fatales. Por eso, los abogados pidieron que la Justicia avance con rapidez y determine si hubo responsabilidades penales. Ámbito
La Legislatura chaqueña abordó este miércoles el proyecto de ley 184 de 2026 que ratifica el decreto 2021/25, a través del cual se prorroga a partir del 1 de enero y hasta 31 de diciembre del 2026, la declaración de Emergencia Económica y Financiera de la Provincia del Chaco. Obró de miembro informante el diputado y presidente del interbloque Chaco Puede, Iván Gyoker, quien sostuvo que se trata de “un instrumento administrativo que permite al Estado no solamente abordar los problemas económicos, las crisis con la posibilidad de la readecuación, de ajustar partidas, sino también le da herramientas ante los distintos embargos que complican muchas veces a al provincia”. Pidió el acompañamiento al resto del cuerpo y aseguró: “Entendemos que es algo útil y necesario”.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la ley que crea un régimen de protección de solvencia y prevención de sobreendeudamiento por consumos problemáticos. La normativa se sancionó con 24 votos afirmativos de 27 legisladores presentes. Se registraron dos votos por su permanencia en cartera y hubo una abstención. La normativa busca proteger el patrimonio y la integridad socioeconómica de las personas que atraviesan situaciones de consumo problemático, incluyendo el consumo de sustancias psicoactivas, alcoholismo, ludopatía y otras adicciones conductuales. Para ello, establece restricciones temporales al acceso a determinados servicios y productos financieros de riesgo que puedan comprometer el equilibrio psicofísico, social, económico y familiar de las personas alcanzadas. El diputado justicialista, Santiago Pérez Pons, autor de la iniciativa legislativa, agradeció a la diputada Maida With poder “avanzar un paso más con el tratamiento económico de personas que sufren problemas de salud mental y principalmente adicciones”. Y mencionó especialmente a Cristian Almirón, secretario de la Comisión de Hacienda por su intervención para que el proyecto pueda debatirse. “Espero que pueda ser una política de Estado de todos los gobiernos el tratamiento de la salud mental de jóvenes y no tan jóvenes, que tiene aristas muy importantes en todos los niveles”, sostuvo. Explico que el proyecto tiene por finalidad establecer un marco de protección frente al sobreendeudamiento de personas que atraviesan consumos problemáticos. Principalmente, el acceso al crédito favorece al desarrollo de muchas personas pero su ejercicio debe darse en condiciones que no vulneren la dignidad ni la salud de las personas”. Aseguró que el endeudamiento excesivo en el caso de quienes padecen consumos problemáticos “puede agravar su condición de vulnerabilidad, comprometer a la estabilidad de sus familias y generar impactos negativos en la comunidad”. “El Estado tiene un rol fundamental en garantizar políticas públicas que prevengan el sobreendeudamiento y también promover un sistema financiero responsable”, agregó. Por su parte, la diputada Maida With, sostuvo que el proyecto “busca dar una respuesta concreta a una realidad que afecta a muchas familias en nuestra provincia, que es el endeudamiento de personas con consumos problemáticas”. Apuntó que la propuesta “crea un registro provincial de protección que permite de manera voluntaria o por decisión judicial restringir temporalmente el acceso a créditos o préstamos a personas que necesitan esta protección. Dejar claro que no se trata de quitar derechos sino de brindar una herramienta de cuidado patrimonial y de prevención respetando la confidencialidad de datos personales y promoviendo una inclusión financiera responsable”. Detalles de la ley La normativa crea el Registro Provincial de Protección de consumidores vulnerables, en el cual se inscribirá a las personas alcanzadas por la presente ley. La inscripción podrá ser voluntaria o judicial. Y deberá contener, además de los datos de la persona, el alcance de las medidas de restricción impuesta, la identificación de los actos que se restringen, el plazo mínimo durante el cual se mantendrá vigente la inscripción. Gratuidad: el trámite de inclusión y exclusión del registro, así como la consulta por parte de los sujetos obligados será gratuito, no pudiendo ser objeto de aplicación de tasas ni gastos administrativos. En cuanto a los alcances de la restricción, la inclusión en el RPP puede implicar restricciones de carácter pleno o parciales. El alcance de la restricción y en su caso, la designación de la persona de apoyo, serádeterminado por el propio interesado o por el Juez al ordenar la inscripción. El Registro será de consulta obligatoria para los sujetos y entidades obligadas y deberágarantizar la confidencialidad de los datos personales en conformidad con los principiosestablecidos por la Ley N° 25.326 Quedan alcanzados por esta ley: bancos y entidades financieras autorizadas a operar en el país; emisores de tarjetas de crédito y débito; proveedores de servicios de pago y fintechs y casas de préstamo, mutuales y empresas de crédito extra-bancario que operen en la provincia. Por otro lado, establece un régimen de sanciones por todo contrato de préstamo o crédito otorgado en violación a lo dispuesto en esta normativa. Asimismo, prohíbe la publicidad de productos financieros en las inmediaciones de casinos, salas de juego y centros de rehabilitación, así como también en entornos digitales, incluyendo sitios web, aplicaciones móviles, redes sociales, y cualquier otro canal digital de difusión, que a criterio de la autoridad de aplicación, resulte inductivo o coadyuvante al consumo problemático. El incumplimiento será considerado falta gravísima. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Hacienda y Finanzas en articulación con la Subsecretaria de Asuntos Registrales del Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos de la Provincia del Chaco (o los organismos que en el futuro los reemplacen).
Con la participación de representantes de PyMEs, economías regionales, cámaras empresarias y especialistas, los senadores Jorge Capitanich y Marcelo Lewandowski encabezaron en el Senado la charla debate “Una agenda para el desarrollo nacional: ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde queremos ir?”, con el objetivo de construir propuestas frente a la crisis que atraviesa el aparato productivo argentino. Capitanich expresó que en el Senado se han analizado múltiples iniciativas legislativas vinculadas a distintas situaciones de las pymes, como los problemas de embargos preventivos, y la emergencia previsional e impositiva que atraviesa el sector. Remarcó que la coyuntura está dada por una caída masiva del consumo, y el aumento de los costos de servicios públicos que “ha provocado el quiebre de aproximadamente 26.400 pymes, que se pueden estimar en 40 mil a fin de año, con un impacto negativo en el empleo formal e informal”. En ese marco, sostuvo que el Congreso viene trabajando en distintas iniciativas para acompañar al sector, entre ellas la declaración de la emergencia PyME, con medidas vinculadas a la cuestión tarifaria, impositiva, productiva y laboral. Por su parte, el senador Marcelo Lewandowski sostuvo que las comisiones del Senado deben ser receptoras de las necesidades del sector productivo. “Estamos convencidos de que es con la fuerza de nuestras PyMEs y de nuestras economías regionales, proyectadas al mercado interno, a las exportaciones y al crecimiento, que la Argentina puede salir adelante”, afirmó. Destacó, además, que han presentado un proyecto de ley de inversiones productivas, con descuentos en el impuesto a las ganancias. “En algún momento propusimos leyes para crecer; hoy la sensación es que estamos actuando como bomberos, tratando de parar la sangría”, señaló. E informó que ha presentado un proyecto que busca evitar el cierre de las empresas por embargos de ARCA, a partir de la suspensión de ejecuciones fiscales por el plazo de un año, para pymes, empresas recuperadas, cooperativas, profesionales autónomos y monotributistas. Por último, remarcó el mal momento que están viviendo los comercios y las industrias. “Deberíamos estar diputados y senadores promoviendo que el aparato productivo pueda estar en pie y seguir generando mano de obra. El trabajo genuino en la Argentina lo van a dar nuestras pequeñas, medianas y grandes empresas. El trabajo de calidad que hace falta para el desarrollo nacional”. En el cierre del encuentro, Capitanich sostuvo que “la Argentina necesita articular un consenso político amplio para garantizar la perdurabilidad de las políticas públicas”, y afirmó que el país debe construir acuerdos que trascienden las coyunturas.El senador remarcó que existe un amplio consenso respecto del desarrollo de la iniciativa privada dentro del sistema capitalista, pero advirtió que “el Estado debe promover estímulos para el crecimiento sostenido y la generación de empleo de calidad”. En ese sentido, convocó a debatir temas estratégicos para el desarrollo nacional, entre ellos los límites de la concentración económica, el grado de apertura comercial y el papel del Estado en la inversión en infraestructura y bienes estratégicos. El encuentro contó con la participación de 11 expositores de la Bolsa de Comercio de Rosario, CAME, la Cámara de Tabaco de Salta, la Confederación Económica de Misiones, la Cámara Argentina de Productores de Cerezas Integrados, la Federación Económica de Mendoza, la Comisión de Empresarios Industriales de Sunchales, la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) y la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (CAPBA), quienes aportaron diagnósticos y propuestas sobre los principales desafíos del sector productivo argentino.
Por unanimidad, la Legislatura provincial modificó este miércoles la Ley 850-J del Código de Faltas provincial y la Ley 949-T del Régimen de Tránsito y Seguridad Vial para endurecer las penas a conductores que incurran en faltas peligrosas y vulneren la seguridad vial. El jefe del interbloque Chaco Puede, Iván Gyoker, autor de la iniciativa, explicó que impulsó las modificaciones “alertado y preocupad por la siniestralidad”. Reparó en datos concretos de 2025 aportados por la Agencia de Seguridad Vial que indican que “el 98% de los siniestros viales ocurren en zonas urbanas, el 80% entre calles y avenidas, el 87% de los siniestros son de motocicletas y el 88% en zonas urbanas. El 75% de las víctimas fatales son quienes conducen motocicletas. Es un tema por el que tenemos una deuda”. “Este proyecto busca mejorar la redacción de nuestro Código de Faltas que en mucho está orientado particularmente a automóviles”, sostuvo el diputado y valoró el aporte de la legisladora del Frente Chaqueño, Analia Flores, en cuanto a incorporar jornadas de educacion. Detalles de la reforma Con la sanción de esta ley, el artículo 96 de la Ley 850-J quedará redactado de la siguiente manera: “Se sancionará con arresto de hasta treinta (30) días o multa en efectivo de hasta seis (6) remuneraciones mensuales, mínimas, vitales y móviles, según el caso, a quienes incurran en las siguientes conductas en la conducción de vehículos automotores y motovehículo:a) A quien condujera con exceso de velocidad, en lugares poblados, o de modo que importe peligro para la seguridad pública, o confiara, tolerara o consintiera su conducción a personas inexpertas o no habilitadas.b) A quien avanzare con el semáforo en rojo.c) A quien impida el avance de ambulancias, vehículos policiales, bomberos o cualquier otro servicio de emergencia debidamente identificado, siempre que estos hagan uso de señales luminosas, sonoras u otras inequívocas.d) A quien cruzare un paso a nivel con barreras bajas, luz roja o señal sonora, o violare señales fijas de peligro inminente.e) A quien circulare en sentido contrario al indicado por la señalización, o lo hiciera sin luces reglamentarias, o con deficiencias graves en el sistema de frenos.f) A quien estacione en lugares prohibidos de modo que cause grave perjuicio a la seguridad de las personas o cosas.g) A quienes organicen o participen en competencias no autorizadas de velocidad o destreza con vehículos en calles, rutas o vías públicas.Artículo 96 bis: En el caso de la conducción de motovehículo:a) A quien circulara sin luces reglamentarias o con deficiencia grave en el sistema de frenos.b) A quien circulara sin espejos retrovisores de ambos ladosc) A quien conduzca o transporte acompañantes sin el uso obligatorio de casco de seguridad homologado.En estos casos, además de la multa o arresto correspondiente, la autoridad interviniente podrá proceder al secuestro preventivo del rodado, el cual será restituido sólo una vez subsanadas las faltas y abonadas las sanciones correspondientes.En lo que compete al artículo 96, establece que tanto en el caso de faltas cometidas en la conducción de vehículos automotores y motovehiculo, según la gravedad de la falta, podrá aplicarse como sanción accesoria la inhabilitación para conducir por un término de hasta ciento ochenta (180) días, procediéndose al retiro del carnet correspondiente.” Asimismo, la ley establece para el artículo 2, la generación de jornadas de capacitación y concientización sobre seguridad vial en instituciones del nivel secundario.
La Resolución 1276/2026 fijó las inversiones permitidas para el Fondo de Asistencia Laboral, que podrá colocar recursos en títulos del Tesoro, deuda provincial, depósitos bancarios y obligaciones negociables. El Gobierno nacional avanzó con un nuevo paso en la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), uno de los puntos centrales de la reforma laboral impulsada por la administración Milei. A través de la Resolución 1276/2026 del Ministerio de Economía, estableció cómo deberán invertirse los recursos acumulados en estos fondos destinados a afrontar futuras indemnizaciones por despido. Entre los instrumentos habilitados aparecen los títulos de deuda del Estado nacional, por lo que el dinero que las empresas aporten para cubrir eventuales desvinculaciones podrá ser colocado en bonos soberanos. La resolución establece que la administración de los recursos deberá regirse por criterios de “seguridad, liquidez, diversificación, transparencia y preservación del capital”. Sin embargo, al definir los activos disponibles, incorpora a la deuda pública nacional como uno de los destinos posibles del patrimonio que deberá servir como respaldo para obligaciones laborales futuras. También permite invertir en deuda de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, depósitos en entidades financieras autorizadas por el Banco Central y obligaciones negociables emitidas en la Argentina por compañías privadas. El mecanismo no significa que cada trabajador tenga una cuenta individual con su indemnización acumulada ni que pueda decidir dónde se invierte ese dinero. El FAL funciona mediante una cuenta individual correspondiente a cada empleador, cuyos recursos tienen una afectación específica para afrontar obligaciones laborales. La Ley 27.802 establece que el fondo tiene como finalidad “coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones y pagos” vinculados con indemnizaciones por despido, preaviso y otros conceptos derivados de la extinción de la relación laboral. La nueva resolución completa así el esquema que había sido reglamentado mediante el Decreto 408/2026. Ese decreto determinó que los fondos se instrumentarán a través de vehículos de inversión colectiva autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), como fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros. También dispuso que cada empleador deberá elegir una entidad habilitada y abrir una cuenta individual para canalizar sus contribuciones. El dinero a reservar La reforma laboral fijó una contribución mensual obligatoria al FAL del 1% de las remuneraciones utilizadas como base para calcular las contribuciones patronales para las grandes empresas y del 2,5% para las micro, pequeñas y medianas empresas. Esos porcentajes pueden incrementarse bajo determinadas condiciones previstas por la ley. Los fondos son derivados a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que actúa como agente de derivación y no asume responsabilidad por la eventual falta de pago, disponibilidad o insuficiencia de recursos de la cuenta individual. (Boletín Oficial) El diseño implica un cambio en la forma en que las compañías afrontan el costo de una desvinculación. En lugar de concentrar el desembolso al momento del despido, el sistema obliga a constituir previamente un patrimonio destinado a cubrir esas obligaciones. El Gobierno presentó el mecanismo como una herramienta para dar previsibilidad a las empresas y garantizar la disponibilidad de recursos ante una eventual ola de despidos. La propia ley, sin embargo, establece que la existencia o insuficiencia de recursos en el FAL no modifica la responsabilidad del empleador. El artículo 61 determina que la falta de dinero acumulado en la cuenta no “limita, reduce, altera ni condiciona la responsabilidad del empleador” por el pago íntegro de las obligaciones derivadas de la extinción del vínculo laboral. El punto adquiere relevancia porque el nuevo paso regulatorio no se limita a establecer dónde guardar el dinero. Define también qué puede hacerse con esos recursos mientras permanecen acumulados. Y allí aparece la deuda pública como alternativa de inversión. Bonos del Estado La Resolución 1276/2026 establece que los recursos podrán invertirse en títulos de deuda del Estado nacional. El objetivo formal es administrar el patrimonio bajo criterios de preservación del capital y liquidez, pero la autorización también abre una vía para que parte de los recursos destinados a futuras indemnizaciones pueda terminar financiando al Tesoro. El mecanismo tiene una lógica financiera concreta. Si una empresa aporta mensualmente al FAL y esos recursos permanecen sin invertir, pierden poder adquisitivo frente a la inflación. Si son colocados en activos financieros, en cambio, pueden generar un rendimiento que incremente el patrimonio disponible cuando llegue el momento de afrontar una indemnización. La cuestión es qué ocurre si ese rendimiento depende de activos cuyo valor puede fluctuar. La nueva normativa busca reducir ese riesgo mediante límites de concentración y exigencias sobre determinados instrumentos, pero no elimina la posibilidad de que el patrimonio del fondo quede expuesto a variaciones de mercado. En el caso de la deuda provincial y de la Ciudad de Buenos Aires, la resolución fija un límite de hasta el 15% del patrimonio, con un máximo de 5% por jurisdicción. Para las obligaciones negociables establece un techo de 20%, con un máximo de 10% por emisor y sus vinculadas. También limita al 10% la inversión en instrumentos cuyo rendimiento esté vinculado al tipo de cambio. A su vez, las colocaciones en depósitos de una misma entidad financiera y sus vinculadas no podrán superar el 15% del patrimonio. La norma dispone además que al menos 10% deberá permanecer en activos considerados de alta liquidez y bajo riesgo de mercado. Para la deuda provincial y las obligaciones negociables se incorporan requisitos adicionales. Los instrumentos deberán contar con autorización de oferta pública, negociarse en mercados autorizados por la CNV y, entre otras condiciones, contar con una calificación de riesgo AAA en escala nacional otorgada por al menos dos calificadoras registradas ante el organismo. El Destape
El Gobierno provincial presentó este miércoles la primera edición de Chaco Fashion Week, un evento que combinará moda, cultura, producción, creatividad y turismo y que se realizará el próximo 13 de septiembre en el Salón de Convenciones Gala de Resistencia. La propuesta llega a la provincia en articulación con Fashion Week y representa un hecho inédito para Chaco, que por primera vez será sede de un encuentro de estas características. Participarán representantes de más de cinco provincias vecinas, junto a diseñadores, emprendedores, modelos, productores y distintos actores vinculados a la industria de la moda. “Vamos a ser anfitriones de más de cinco provincias vecinas que participarán y esto mueve toda la industria hotelera, gastronómica, y a todos los prestadores turísticos y agencias de viaje”, destacó la vicepresidente del Instituto de Turismo, Virginia Zacarías. El evento contará con desfiles, exhibiciones de diseño, talleres, conferencias y diferentes actividades destinadas a generar un espacio de encuentro, intercambio y profesionalización de la industria. Además, buscará posicionar a Chaco como escenario para el desarrollo de eventos vinculados a las industrias culturales y creativas. “Este evento del sector de la moda siempre se realizó en Capital Federal. Hoy nuestra provincia será sede, abriendo las puertas a todos los chaqueños a participar en este gran ecosistema que es la moda, con diferentes aristas, entre ellos peluqueros, diseñadores, y también toda la familia que podrá acompañar”, remarcó Zacarías. Talento chaqueño y marca territorio Chaco Fashion Week se plantea también como una plataforma para visibilizar el talento local y fortalecer la identidad chaqueña a través del diseño. La participación de diseñadores y emprendedores regionales permitirá mostrar producciones vinculadas con la cultura y las características propias de la provincia. Desde el Gobierno destacaron además el potencial de la iniciativa para generar oportunidades comerciales y nuevos vínculos con mercados nacionales e internacionales. La subsecretaria de Planificación y Evaluación de Resultados, Noel Ibarra, señaló que este tipo de encuentros también tienen un impacto directo en la generación de empleo. “Cada evento que se hace acompaña también la generación de empleo, porque en cada una de estas ocasiones se genera mucho empleo indirecto, se mueven maquilladores, peluqueros, diseñadores, y sobre todo nos permite mostrar el talento chaqueño y nuestros diseños”, sostuvo. En este sentido, Ibarra explicó que desde la Agencia de Inversiones se impulsan rondas de negocios para vincular la producción chaqueña con potenciales compradores. “Nos están pidiendo desde el exterior el producto chaqueño en lo textil y en diseño, así que venimos absorbiendo esa necesidad de afuera con el talento chaqueño”, afirmó. También destacó el acompañamiento de Chacú, la marca provincial que reúne a más de 23 diseñadores. “Le damos lugar a todos los talentos chaqueños. Chacú siempre acompaña, porque es parte de nuestra gestión y es una empresa que tenemos que impulsar”, expresó. Moda, turismo y desarrollo económico La iniciativa también apunta a fortalecer el turismo de eventos, generando movimiento en los sectores de alojamiento, gastronomía, transporte y servicios turísticos. Desde el Instituto de Turismo remarcaron que el acompañamiento estatal busca potenciar una propuesta que nace desde el sector privado y que puede convertirse en una nueva plataforma de promoción para Resistencia y toda la provincia. “Nosotros, como Gobierno y desde el Instituto de Turismo, apoyamos particularmente esta iniciativa que viene del sector privado, la impulsamos y la acompañamos”, sostuvo Zacarías. Por su parte, la organizadora del Fashion Week, Majo Leiva, recordó que se trabaja desde hace un año para concretar la llegada del evento a Chaco y destacó el vínculo que mantiene con la provincia y con la marca Chacú. “Siempre llevé a Chaco en mi corazón, me acompañó a cada punta de Argentina donde fui, vistiéndome justamente con Chacú, llevando la marca siempre en alto”, expresó. Leiva también resaltó la oportunidad que tendrá el talento chaqueño de compartir escenario y experiencias con referentes de la industria. “Siempre tuvimos, con la agencia, la posibilidad de llevar a las modelos chaqueñas a Buenos Aires y a diferentes puntos de Argentina con el Fashion Week y es un sueño traerlo acá”, afirmó. La organizadora destacó especialmente la posibilidad de que modelos, maquilladores y peluqueros chaqueños trabajen junto a profesionales de trayectoria nacional e internacional, como el productor Héctor Vidal Rivas. De esta manera, Chaco Fashion Week se proyecta como una nueva vidriera para la creatividad chaqueña, integrando moda, producción, cultura, turismo y oportunidades de negocios, con el objetivo de posicionar a la provincia como escenario de grandes eventos vinculados a las industrias creativas.
La Legislatura chaqueña creó por ley el Régimen de Sello Profesional Bioquímico, destinado a regular la emisión, uso, validez, registro, control y seguridad del sello profesional físico y digital de quienes se desempeñan matriculados en este oficio. La autora de la iniciativa, la diputada justicialista Pía Chiacchio Cavana, explicó que se establecen cinco cambios fundamentales: “El primero es la obligatoriedad de la identificación del profesional. Esto es importante porque cada vez que tengamos un estudio de laboratorio, este analítico va a tener que tener obligatoriamente la firma, la fecha y llevar el sello de un profesional autorizado”. Explicó, como segundo punto, que la centralización del control de los sellos estará a cargo del Colegio de Bioquímicos que será el ente emisor y fiscalizador de los mismos, además de ejercer el control sobre su uso y la aplicación de sanciones cuando correspondan. Dijo que es una de las primeras profesiones que crea y avanza en la creación de un sello digital que “va a tener plena validez jurídica, que la firma va a estar asociada a mecanismos como QR o token para poder verificar la autenticidad”. Como cuarto punto, señaló que “se crea un registro de sellos bioquímicos” y, por último, se establece un control sobre la confección de los sellos físicos. Por lo tanto, cada imprenta deberá requerir la orden del Colegio que autoriza a su emisión. “Este proyecto de ley le da más seguridad al paciente porque hay muchas decisiones médicas que se toman a partir de un estudio bioquímico. Es un proyecto que también controla respecto a la falsificación o al ejercicio ilegal de esta profesión. Dificulta que alguien utilice un sello ajeno, falsificado o un sello que ya no se encuentre habilitado”, sostuvo y agregó que “también aporta trazabilidad, lo que nos permite vincular un documento con un profesional determinado y, a la vez, de esta manera se protege también al profesional bioquímico que elabora esto”. “Finalmente, genera modernización porque el proyecto no se queda en el sello físico tradicional de tinta sino que el QR o el token permite verificar la vigencia de la matricula y mejorar el sistema sanitario a través de mecanismos digitales”, indicó. Resaltó tres cuestiones del proyecto previo a pedir el acompañamiento: “Cada vez que una persona reciba un resultado de un laboratorio habrá certeza sobre quien lo hizo, que sea un profesional habilitado y que el documento sea auténtico. Y también le da seguridad y certeza a los médicos para poder tomar mejores decisiones”, dijo y agradeció la participación del Colegio de Bioquímicos del Chaco en la creación de la normativa. Previo a la votación, el diputado del interbloque Chaco Puede, Ernesto Blanco, adelanto su voto negativo. “En esta ocasión no voy a acompañar el proyecto de ley porque ya hemos aprobado la ley 4245-G de autoría del bloque del PJ sobre la matriculación y ahí está el secreto de la emisión de los sellos de juez. Si tenemos una matriculación en Salud Pública transparente es una base de datos de una fuente fidedigna para otorgar un sello como corresponde. Darle a un Colegio la facultad de fiscalizar un uso o aplicar sanciones administrativas conforme a una ley es superponer la función del Estado con la de un Colegio”, apuntó. Su par y presidente del interbloque, Iván Gyoker, pidió modificaciones “pequeñas” al artículo 8 de la normativa a aprobar y que se agregue a la parte sancionatoria “sin perjuicio de las atribuciones propias de las fiscalizaciones sanitarias”. Luego del cuarto intermedio, la votación resultó en la aprobación de la normativa. De 24 diputados presentes, 21 votos fueron afirmativos, dos por su permanencia en cartera y hubo una abstención.
La mujer se encontraba dentro de su dormitorio cuando se inició el fuego en la parte trasera de la vivienda. Bomberos lograron controlar las llamas y evitaron que el incendio avanzara hacia otros sectores del inmueble. Durante la madrugada de este miércoles, efectivos de la División Bomberos Resistencia intervinieron ante un incendio declarado en la parte trasera de una vivienda ubicada sobre avenida Rivadavia de esta ciudad. El aviso fue recibido alrededor de las 2:40, a través de la Sala de Emergencias 911, por lo que rápidamente partió una dotación en autobomba hacia el lugar. Al arribar, los bomberos constataron que el fuego se encontraba completamente desarrollado en un quincho ubicado en la parte posterior del inmueble. En conjunto con efectivos de la comisaría jurisdiccional, los bomberos ingresaron a la vivienda y lograron rescatar a una mujer de 81 años, quien se encontraba encerrada en su dormitorio. La mujer fue puesta a salvo y no sufrió lesiones. Posteriormente, mediante una línea de ataque, el personal especializado logró extinguir completamente el proceso combustivo y realizó tareas de refrigeración y remoción de los restos. El incendio provocó la destrucción total del quincho, de aproximadamente 24 metros cuadrados, además del derrumbe de parte de su estructura. Finalmente, se realizaron tomas fotográficas e inspección ocular para determinar las circunstancias del hecho.
Está vigente el llamado para personas dispuestas a adoptar un adolescente de 16 años y permitirle que siga desarrollándose con amor y contención dentro de una familia (expediente 3.352/17). Asiste a una escuela de educación, toma clases de informática en un centro de formación laboral y cuenta con CUD. Disfruta la actividad física y asiste de manera semanal a un centro deportivo. Es independiente y mantiene buena relación con compañeros y adultos con quienes convive. La búsqueda se orienta a personas que quieran construir una familia con él, favorezcan su desarrollo integral, lo estimulen a superarse día a día y acompañen en las terapias que necesita. Informes Quienes estén dispuestos a cuidarla, construir un vínculo para que sea sostenida, amada y acompañarla en su camino de la juventud a la adultez, respetando su individualidad, gustos e historia de vida pueden comunicarse con el Registro Centralizado de Adoptantes (0362-4453870, internos 166 o 167) o el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia Nº 1 de Resistencia (3624007418) de 7 a 13 en días hábiles. También pueden escribir a los correos electrónicos registroadoptantes@justiciachaco.gov.ar o juzfamilia1.rcia@justiciachaco.gov.ar.
El Parlamento chaqueño aprobó este miércoles la modificación de la ley 1940-A de creación de la Fiscalía de Estado. La normativa fue aprobada por 27 votos afirmativos de 28 diputados presentes. Con sus fundamentos vertidos durante la sesión, la diputada del Frente Grande, Tere Cubells, votó por su permanencia en cartera. Obró de miembro informante, la diputada del interbloque Chaco Puede, Zulema Wannesson, quien remarcó que “la Fiscalía de Estado es un organismo de carácter constitucional regido por los artículos 172 y 173 de la Constitución y esta dentro de sus funciones la defensa del patrimonio de la provincia y el control de legalidad administrativa. Es decir, de leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones. Tiene la obligación de demandar por inconstitucionalidad y tiene a su cargo todos los juicios contra el Estado a través de la vía Contencioso Administrativa o la competencia que fuere”, dijo la diputada que hizo hincapié en “la importancia: son los abogados del Estado, es un staff altamente capacitado que necesita actualización constante de sus haberes dado la evolución que va sufriendo el derecho”. Explicó que las modificaciones propuestas por el proyecto “se basan en cuatro pilares fundamentales: la recategorización de dos cargos: secretario de Trámite y Secretario Relator”, señaló y recordó que la función del primero es seguir las instancias de todos los juicios donde el Estado es demandado o actor”. En relación al secretario Relator, dijo que es “el que hace los escritos, la estrategia a seguir jurisprudencialmente”. Además, se establece en la norma una recategorización para el Jefe de Informática “que tiene a su cargo el tratamiento del uso del sistema judicial y del sistema del Poder Ejecutivo y el propio interno”. Se crean además tres cargos de Secretario Relator “dada la acumulación de tareas que tiene la Fiscalía de Estado”. Por último, se plantea un cambio de denominación: “Al consultor Técnico, llamarlo Consultor Médico que es el que más se ocupa”. Reparó que el proyecto solicita, dentro de cuestiones secundarias, “que los sumarios dentro de la Fiscalía de Estado puedan ser tramitados por el Fiscal de Estado, por personal designado por él, salvo los casos del Procurador General y del Secretario General que en caso de indisciplina o de algún sumario corresponde al Poder Ejecutivo”. “Son pequeñas observaciones, recategorizaciones que son absolutamente necesarias”, sostuvo y pidió el acompañamiento a sus pares. Tras ponerse la Cámara en Comisión, tomó la palabra la diputada del Frente Grande Tere Cubells, y observó: “A lo mejor podríamos haber votado este proyecto a favor, siempre y cuando lo hubiésemos escuchado al integrante de la Fiscalía que solo mandó el proyecto y que pasó como por un tubo. No estaríamos en contra de los salarios y de las modificaciones que explico la diputada”. Planteó que el proyecto “tiene impacto presupuestario y aborda cuestiones disciplinarias de los trabajadores. Son cosas muy importantes. No lo voy a votar convenida de lo que acabo de decir”, sostuvo y adelantó su voto en contra. Los alcances de la reforma Con esta reforma, se modifica el artículo 41 para incrementar el porcentaje de los cargos de Secretario de Trámite y Secretario Relator, a partir de reformular la Planilla Anexa Il de la normativa elevándola a 88%. Del mismo modo, se incrementa el porcentaje cargo de Jefe Informática y eleva el porcentaje a 42%. Por otro lado, incrementa a tres la cantidad de cargos de Secretario/a Relator, quienes tendrán las funciones que determina el Manual de Objetivos, Responsabilidades Primarias y Acciones aprobadas por la resolución 156/13. A la vez, la modificación alcanza también al artículo 40 sobre la tramitación de sumarios administrativos, que quedará redactado de la siguiente manera: “El Fiscal de Estado aplicará por sí las medidas disciplinarias que contemple el Estatuto para el Personal de la Administración Pública. A todo efecto se declaran aplicables las leyes 292-A y 293-A, en lo que no se opongan a la presente. Quedan exceptuados el Procurador General y Secretario General, si se aconsejare sanción expulsiva, en cuyo caso será de competencia exclusiva del Poder Ejecutivo.En todos los casos que los funcionarios o empleados sean sometidos a sumario administrativo, la sustanciación del proceso estará a cargo del propio organismo, siendo el Secretario General y/o Instructor Sumariante y/o quien lo reemplace, quien podrá designar agentes del organismo para la consecución del tramite.Queda facultado al Sr. Fiscal de Estado de la Provincia del Chaco ha dictar las normas reglamentarias que sean necesarias para la correcta aplicación del presente artículo”. Por último, sustituye la denominación del cargo de Consultor Técnico del personal de Fiscalía de Estado, a la denominación Médico Consultor”.
Los precios locales avanzaron por encima del promedio regional durante mayo. Vivienda y servicios, comunicaciones, educación y transporte son los únicos rubros que aumentaron en términos relativos frente a América Latina desde noviembre de 2023. Argentina aceleró su encarecimiento en dólares durante mayo y perdió parte de la ventaja de precios que todavía conservaba frente a América Latina. Subió 1% y amplió el avance a 4,5% durante el gobierno de Javier Milei, según datos de Fundar. Si bien la mayoría de los rubros se abarataron en términos relativos desde noviembre de 2023, cuatro gastos clave para los hogares hicieron el camino contrario y acumulan fuertes subas. La región tuvo un avance de 0,7% en dólares, es decir que la Argentina se encareció 0,3 puntos porcentuales (p.p.) más que Latinoamérica en moneda dura. Ahora bien, la mayor diferencia aparece en vivienda y servicios, que se encarecieron 52,7% frente a América Latina durante la gestión libertaria. Le siguen comunicaciones, con un aumento relativo del 28,4%; educación, con 13,6%; y transporte, con 7,3%. En el resto de los rubros relevados, los precios argentinos se redujeron frente al promedio regional. Desde noviembre de 2023, Argentina logró abaratarse frente a América Latina en indumentaria (-37%), alimentos (-14,7%), recreación (-18%) y equipamiento del hogar (-24,4%), entre otros capítulos. El textil fue uno de los sectores que más corrigió sus precios relativos tras la caída de la producción nacional y el ingreso de prendas importadas. Pese a ello, la Argentina es más cara que el promedio de la región en restaurantes, indumentaria, comunicaciones, recreación, equipamiento del hogar y, desde abril, transporte. La importancia del fuerte encarecimiento de vivienda y servicios, comunicaciones, educación y transporte toma relevancia debido al peso que tienen estos rubros en el presupuesto de los hogares, generando una mayor presión sobre las poblaciones más vulnerables. Si bien algunos consumos pueden recortarse, reemplazarse o reducirse, el costo de mantener una vivienda, pagar servicios de comunicación, estudiar o trasladarse tiene un componente mucho más difícil de ajustar. La inflación en dólares se acelera En mayo, los precios argentinos aumentaron 1% medidos en dólares, mientras que el promedio de América Latina lo hizo 0,7%. En ese mes, los valores en pesos se incrementaron 2,1%, mientras que el dólar oficial avanzó 1,1%. Al correr la inflación por encima de la evolución del tipo de cambio, esa brecha se traslada a la medición en moneda dura y presiona los precios argentinos. El cambio es significativo respecto de la medición anterior, ya que en abril la Argentina se había encarecido 3,6% en dólares, pero como América Latina había aumentado 4,2%, el país había logrado abaratarse 0,6% frente a la región. En mayo la relación se invirtió y Argentina pasó a encarecerse más que sus vecinos. La dinámica todavía no implica que todos los precios argentinos sean más elevados. El país continúa siendo relativamente más barato en alimentos, salud, educación, vivienda y servicios, y alcohol y tabaco, mientras que es más caro en restaurantes, indumentaria, comunicaciones, recreación, equipamiento del hogar y transporte. Ámbito
Un informe de la UBA reveló que la mayor parte de las personas que se acercan a lugares religiosos en búsqueda de respuestas ante un contexto crítico. Para los especialistas, la espiritualidad emerge frente a problemas que la vida cotidiana no logra resolver. La fragilidad del mercado laboral, el deterioro de los ingresos y el regreso de la pobreza a niveles cercanos al 30% conforman un escenario en el que iglesias y templos adquieren una función que excede a la religión. Un informe de la UBA reveló que el 35,5% de los argentinos acudió durante el último año a una institución religiosa en busca de ayuda y que, entre ellos, el 45% lo hizo por necesidades económicas, alimentarias o laborales. Especialistas advierten que la incertidumbre también fortalece la búsqueda de respuestas espirituales frente a problemas que la vida cotidiana no logra resolver. La religión vuelve a aparecer como refugio en una Argentina atravesada por dificultades económicas y sociales. No se trata únicamente de recuperar la fe frente a la incertidumbre: para una parte de la población, las iglesias y los templos también funcionan como lugares donde conseguir alimentos, asistencia económica, capacitación, oportunidades laborales o simplemente una red de contención cuando otras alternativas se agotaron. El fenómeno adquiere otra dimensión al observar el escenario socioeconómico. La pobreza volvió a ubicarse alrededor del 30% durante el primer trimestre de 2026, mientras avanzaron la informalidad y los empleos de bajos ingresos. Según el Centro de Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD), la informalidad laboral alcanzó el 44,2% y más del 90% de los nuevos ocupados necesita trabajar más horas para incrementar sus ingresos. En ese contexto, la búsqueda de respuestas también empezó a trasladarse hacia espacios comunitarios que tradicionalmente combinaron asistencia material y acompañamiento espiritual. Cuando la necesidad material llega hasta los templos El Tercer Informe 2026 del Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina, elaborado por el Observatorio de las Creencias en Argentina (OCREAR) del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires (CBC-UBA), dimensionó esa realidad. El 35,5% de los argentinos afirmó que concurrió durante los últimos 12 meses a una institución religiosa para solicitar algún tipo de ayuda o contención. El principal motivo continúa relacionado con el apoyo espiritual para atravesar momentos difíciles, seguido por la asistencia ante problemas de salud. Sin embargo, el dato que conecta directamente la religiosidad con la situación económica aparece entre quienes recurrieron a esos espacios: el 45% lo hizo por necesidades materiales, ya sea para conseguir ayuda económica o alimentaria, capacitarse o buscar oportunidades de trabajo. “Hoy vemos que 16% del total de la población encuestada se apoya en instituciones religiosas para la resolución de problemas de base material o económica y laboral, donde la problemática se acentúa fuertemente en segmentos con menor nivel de formación”, explicó Mariela Mosqueira, investigadora participante del estudio. Su colega Gabriela Irrazábal agregó: “En un contexto social desafiante, los templos continúan siendo lugares de referencia para miles de personas que buscan desde consuelo emocional hasta apoyo material”. En tanto el sociólogo Agustín Pérez Marchetta, en diálogo con Ámbito, sostuvo que la búsqueda puede aparecer cuando otros mecanismos de asistencia dejaron de resultar suficientes: “Dentro de las religiones hay un apartado para dar amparo y abrigo a los más necesitados, quizá desde ahí las personas se acercan, tras haber agotado quizá otras instancias más familiares y de solicitud de préstamos bancarios/personales”. Pobreza, trabajo precario y un horizonte de incertidumbre Los números económicos permiten observar el trasfondo de esa demanda. Según una estimación del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA), la pobreza alcanzó el 30% en el primer trimestre de 2026, frente al 26,9% registrado durante el tercer trimestre de 2025. La indigencia, a su vez, avanzó del 6% al 6,5%. Los cálculos de ExQuanti estimaron que 14,6 millones de personas quedaron bajo la línea de pobreza y que unas 600.000 ingresaron a esa situación solamente respecto del trimestre anterior. El deterioro no responde exclusivamente a la falta de trabajo. Entre el tercer trimestre de 2025 y el primero de 2026, la proporción de ocupados que integran hogares pobres aumentó del 18,1% al 20,6%, de acuerdo con el relevamiento de la UCA basado en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Uno de cada cinco trabajadores quedó así dentro de un hogar pobre, una señal de que conseguir empleo ya no garantiza necesariamente escapar de la vulnerabilidad económica. La transformación del mercado laboral profundiza el problema. Los puestos que crecieron desde comienzos de 2025 fueron principalmente informales, tanto entre asalariados como trabajadores independientes. Al mismo tiempo, durante la administración de Javier Milei se perdieron 28.262 empresas con al menos un empleado y 341.396 puestos de trabajo formal, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) recogidos por Ámbito. La tasa de creación de compañías, además, descendió hasta registros comparables con los de la crisis de 2001-2002, de acuerdo con C-P Consultores. Es sobre esa incertidumbre que Pérez Marchetta colocó parte del resurgimiento de la búsqueda religiosa: “Frente al avasallamiento de los derechos laborales, sociales y políticos, la precarización de la vida, toma de deuda para gastos corrientes (a nivel nacional y familiar), el umbral de incertidumbre crece de manera considerable, haciendo que muchas personas se apoyen en metáforas de vida más espirituales”. La búsqueda de respuestas en las religiones La crisis introduce así una modificación sobre aquello que se busca dentro de una institución religiosa. La necesidad de creer convive con demandas mucho más inmediatas: comer, conseguir trabajo, afrontar una enfermedad o encontrar acompañamiento ante una situación económica difícil. Para Pérez Marchetta, esa convivencia expresa una tensión entre la lógica económica contemporánea y las formas tradicionales de construcción de sentido. “En estos tiempos modernos la religión del futuro (la economía como esfera de sentido propia con el dios dinero y los preceptos de productividad y ganancia como leimotiv) viene ocluyedo cualquier tipo de posibilidad invidividual de realización personal. Frente a esto se vuelve a las religiones más clásicas y ya
Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2), que condenó a la ex presidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), que tiene a su cargo la ejecución de la condena por la denominada ‘Causa Vialidad’, dispuso nuevos embargos preventivos y medidas cautelares sobre inmuebles, entre ellos el del departamento de San José 1111 en el que la ex presidenta Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria. El inmueble pertenece a la firma Los Sauces S.A., sociedad inmobiliaria de la familia Kirchner, y forma parte de los activos societarios y benes de los condenados por los que el fallo ordenó cubrir los 685.000 millones de pesos fijados como monto a decomisar. Noticia en desarrollo… Agencia NA