El Boletín Oficial publicó la resolución administrativa 20/2026 que afectó a nueve programas del Poder Legislativo. Los más afectados fueron el de la Defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; la Formación y Sanción Legislativa y el de Asistencia Social Integral al Personal del Congreso. A menos de seis meses de haberse sancionado, el Gobierno nacional modificó el Presupuesto 2026 mediante la resolución administrativa 20/2026 por la cual se recortaron los gastos destinados al Poder Legislativo de la Nación en $28.420.194.064. El ajuste está direccionado, también, al Poder Judicial y a varios ministerios. Sin embargo, los cambios a los gastos del Congreso no son mencionados en la parte resolutiva del mensaje, sino en los anexos. Por esta medida, la senadora riojana Florencia López presentó una cuestión de privilegio contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quienes firmaron la resolución publicada el lunes 11 de mayo en el Boletín Oficial. En el recinto, denunció que se trata de “un feroz ajuste que impone el recorte de más de 3 billones de pesos”, en alusión a todas las áreas mencionadas. parlamentario.com analizó la planilla que el Poder Ejecutivo anexó a la decisión administrativa 20/2026 y constató que el recorte presupuestaria afectó a nueve programas del Poder Legislativo de la Nación: De la Formación y Sanción de Leyes Nacionales; Impresiones y Publicaciones Parlamentarias; de la Asistencia Social Integral al Personal del Congreso de la Nación; y el más grande fue al programa de Defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, entre otros. Si bien en la última planilla sobre gastos del Legislativo el Gobierno anuncia un incremento en recursos de afectación específica de $104.400.000, el recorte total de los nueve programas mencionados alcanza la cifra de $28.420.194.064. La modificación total detallada en la decisión administrativa supera los $2.500.000.000.000 (2% de los gastos corrientes) y según fuentes periodísticas estaba ordenada desde hace un mes y medio. El primer programa afectado está titulado como “Formación y Sanción de Leyes Nacionales”, y contempla una readecuación en ausencia de $4.656.280.000. La planilla oficial explica que se han hecho recortes en alimento, tintas y pinturas, combustibles y lubricantes, energía eléctrica, mantenimiento, reparación, limpieza, aseo, fumigación, al Círculo de Legisladores de la Nación, al Parlamento Latinoamericano y a la Unión Interparlamentaria, entre otros. En segunda instancia, figura el rótulo “Formación y Sanción Legislativa” y el recorte presupuestario informado es de $5.236.592.177; menor a los dos primeros, es el relacionado a “Impresiones y Publicaciones Parlamentarias” que alcanzó los $104.400.000. También están la “Protección de los Derechos del Interno Penitenciario” en $20.000.000; la “Defensa del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual” en $209.924.855; el “Apoyo al Congreso Nacional en Materia Fiscal” de $55.200.000; y el del “Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”, de $100.000.000. Pero sin dudas el que mayor ruido ha hecho en los pasillos del Palacio Legislativo es el que recorta al programa “Asistencia Social Integral al Personal del Congreso de la Nación” en $3.615.200.000. Por último, el programa rotulado “Defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”, que paradójicamente ha puesto en funcionamiento su Comisión Bicameral esta semana con la premisa de retomar la designación del titular de la Defensoría, ha hecho el ajuste más extenso de la decisión administrativa con relación al Poder Legislativo: $14.422.597.032. Casi desapercibida A la mención hecha por Florencia López en el recinto del Senado este jueves en la cuestión de privilegio contra Caputo y Adorni, se le suma una expresión pública de la diputada rionegrina Adriana Serquis, quien denunció a través de Instagram que el ajuste presupuestario afectó, por otro lado, a la provincia de Río Negro. Según informó la legisladora, esto afectó a la construcción de la rotonda de Choele Choel en la Ruta 22. En la misma publicación, cargó contra el gobernador Alberto Weretilneck al acusarlo de “haber cambiado la construcción de la rotonda por el voto de la Ley Bases” en 2024. En aquella oportunidad, el mandatario estaba representado en Diputados por Agustín Domingo y por Mónica Silva en el Senado, donde ambos votaron a favor. En la misma línea, Julia Strada fue otra de las que realizó expresiones sobre la decisión administrativa. En este caso, lo vinculó directamente con la Marcha Federal Universitaria del pasado martes y agregó: “Recortaron otros $5.303 millones en gastos de capital. Odian la educación pública”. Parlamentario
Autor: Redacción General
El tercer informe mensual del FreSU fue anunciado por los Secretarios Generales Abel Furlán (UOM), Rodolfo Aguiar (ATE), Daniel Yofra (Federación Aceitera) y Matías Fachal (Federación Judicial) y la Secretaria General de Conadu Histórica, Francista Staiti, desde la jornada de debate realizada por la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Mendoza, la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL) y la Asociación Latinoamericana de Abogadas y Abogados Laboralistas (ALAL) en el Centro de Congresos y Exposiciones de Mendoza. Ese monto reclamado por el FreSU equivale a ocho veces el actual salario mínimo, que es el más bajo de la historia argentina. Además, en lo que va del gobierno de Javier Milei, los asalariados perdieron más de 62 billones de pesos en el acumulado de sus ingresos mensuales y se vieron forzados a endeudarse para sostener la vida cotidiana. Eso explica el nivel de endeudamiento de las familias argentinas. En el desglose de datos, el FreSU informó que cada trabajador del sector privado perdió en promedio 2.321.245 pesos y, en el caso del sector público, la pérdida fue de 12.788.939 pesos en promedio. Para determinar el valor que debiera ser el SMVyM, se toma como referencia los costos necesarias para cubrir las nueve necesidades vitales que establecen la Constitución Nacional: Alimentación adecuada ($648.271); vivienda digna ($568.227); educación ($252.457); vestimenta ($147.595); salud ($349.332); transporte, esparcimiento y vacaciones ($597.209); y previsión social ($316.786). El FreSU está integrado por unas 140 organizaciones sindicales de las tres centrales obreras entre las que se encuentran UOM, ATE, Federación Aceitera y Desmotadora, Conadu, Conadu Histórica, Aeronáuticos, Molineros y Papeleros. El 1 de Mayo pasado, el FreSU realizó su Primer Plenario de Delegadas y Delegados y votaron el Programa Unidad, Lucha y Rebeldía para Recuperar la Patria, donde afirmó: “Reivindicamos el derecho al trabajo y a un Salario Mínimo Vital y Móvil según su definición en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el Artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que asegure a los trabajadores en su jornada legal de trabajo una vida digna, mediante la satisfacción de las 9 necesidades allí contempladas: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión”. Infogremiales
El índice de precios informado por el Indec definió el porcentaje de actualización que recibirán jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones el próximo mes de junio. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) marcó una suba mensual del 2,6%, porcentaje que se trasladará a los haberes previsionales de acuerdo con el esquema de movilidad vigente. Con ese incremento, el mes que viene los jubilados también recibirán el aguinaldo junto al haber. El mecanismo, implementado mediante el Decreto 274/2024, toma como referencia la inflación registrada dos meses antes y busca reducir el desfase histórico entre la evolución de los ingresos previsionales y el avance de los precios. Con esta actualización, la jubilación mínima ascenderá en junio a $ 403.320,39. En el caso de quienes perciben el bono complementario, el ingreso total llegará a $ 475.142,62. El ajuste coincide además con la primera desaceleración mensual del IPC en diez meses. Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $ 322.655,23, mientras que con bono alcanzará los $ 394.478,23. Las pensiones no contributivas y la Pensión Madre de 7 Hijos también recibirán el mismo incremento porcentual. El esquema de movilidad mensual continuará aplicándose durante 2026 y mantendrá las actualizaciones atadas exclusivamente a la inflación de dos meses previos. Según los últimos datos oficiales, la inflación interanual se ubicó en 32,4%, mientras que el acumulado anual alcanzó el 12,3%. Montos actualizados para junio de 2026 En los próximos días, la ANSES dará a conocer el calendario de pagos correspondiente a junio, organizado según la terminación del DNI. Habitualmente, las jubilaciones y pensiones mínimas se pagan durante la segunda semana del mes, mientras que el resto de las prestaciones se acredita en la tercera.Actualmente, el organismo liquida los haberes de abril, que ya incluyen el ajuste calculado sobre la inflación de febrero. De cuánto será el cobro de la jubilación con bono y aguinaldo La ANSES oficializó el cronograma de pago del aguinaldo correspondiente a junio de 2026 para jubilados, pensionados, beneficiarios de la PUAM y titulares de Pensiones No Contributivas. El Sueldo Anual Complementario (SAC) se abonará automáticamente junto con el haber mensual, como ocurre habitualmente, por lo que no será necesario realizar trámites adicionales ni gestiones presenciales para cobrarlo. La acreditación en una misma fecha apunta a agilizar el acceso a los fondos y reducir la concurrencia en entidades bancarias y cajeros. El aguinaldo representa el 50% del mejor ingreso mensual percibido entre enero y junio de 2026. Para definir el monto, la ANSES considera los incrementos por movilidad jubilatoria aplicados durante el semestre. Por ese motivo, el valor final del SAC varía según el tipo de prestación y los aumentos que haya recibido cada beneficiario en ese período. Si se suma el haber previsto, el bono congelado de 70 mil pesos y el aguinaldo, un jubilado de la mínima percibirá $ 674.980,58. El Destape
Ernesto Ayala, referente del comedor La Casita del Árbol del barrio 29 de Agosto de Resistencia, describió el aumento de la demanda alimentaria y señaló que en el último tiempo comenzaron a asistir adultos mayores junto a los niños. Explicó que el espacio pasó de brindar comidas cuatro veces por semana a hacerlo solo dos, debido al incremento de costos y la dificultad para sostener el funcionamiento. El referente del comedor La Casita del Árbol, Ernesto Ayala, aseguró que la situación social en los barrios se agravó en el último tiempo y señaló que cada vez más familias recurren al espacio para acceder a un plato de comida. En los estudios de CIUDAD TV, explicó que actualmente también comenzaron a asistir adultos mayores, algo que, según dijo, no ocurría años atrás. “Hoy te puedo decir que se suman las mamás y los abuelos. Ahora empiezan a venir los abuelos de los chicos a comer”, expresó Ayala al describir el panorama que observan diariamente en el comedor ubicado en el barrio 29 de Agosto, Chacra 136, en Resistencia. El espacio funciona desde hace más de diez años y actualmente brinda almuerzo para entre 50 y 60 personas. Sin embargo, el referente indicó que debieron reducir la frecuencia de atención por las dificultades económicas. “Antes trabajábamos cuatro veces a la semana, hoy damos de comer dos veces”, afirmó. Ayala explicó que el comedor trabaja con cupos porque no cuentan con recursos suficientes para ampliar la asistencia. “Tratamos de cubrir esa cantidad porque también nos cuesta sostener lo básico, que es un plato de comida”, señaló. En ese sentido, remarcó que los costos no solo están vinculados a los alimentos, sino también a los servicios y al mantenimiento del lugar. “Si tenemos que sacar números, es imposible que nos alcance. Si no tenemos ayuda es imposible sostener”, sostuvo. El referente describió que el comedor funciona con un pequeño grupo de voluntarios y con la colaboración de algunas madres del barrio. Además, señaló que el espacio recibe personas de distintos barrios cercanos. “Estamos muy cerquita de otros barrios, así que tratamos de cubrir tres o cuatro barrios alrededor”, explicó. Ayala también comentó que uno de los indicadores que más los impacta es la cantidad de comida que consumen los chicos cuando llegan al comedor. “Te das cuenta en la forma que repiten una, dos o tres porciones en un plato de comida”, relató. La Casita del Árbol comenzó funcionando debajo de un árbol, en respuesta a la necesidad alimentaria que observaban en la zona. “Arrancamos bajo un árbol y los mismos chicos pusieron el nombre de La Casita del Árbol”, recordó. Con el paso de los años lograron construir un salón con capacidad para unas 60 personas, aunque todavía continúan realizando mejoras edilicias. “Nos falta revoque, un baño más para las nenas y seguir mejorando el salón”, detalló. Además del comedor, el espacio busca incorporar otras actividades comunitarias. Ayala adelantó que planean retomar las meriendas, sumar apoyo escolar y comenzar talleres básicos de informática gracias a computadoras donadas recientemente. “Yo creo que un buen almuerzo o una buena merienda ayuda para que el chico pueda entender lo que es el estudio. Con el estómago vacío es imposible”, afirmó. El referente también destacó que organizan actividades y servicios para generar ingresos que permitan sostener el comedor. Entre ellas mencionó un servicio de cocina y mozos para eventos. “Tratamos de buscarle el lado como para seguir sosteniendo lo que es el comedor”, explicó. Sobre la situación social actual, Ayala aseguró que observa un deterioro en las condiciones de vida de las familias. “La persona que vive día a día está muy complicada. El dinero no alcanza”, manifestó. Por otra parte, invitó a quienes quieran colaborar a acercarse personalmente al lugar para conocer el trabajo que realizan. “Hay miles de necesidades y es imposible cubrir todas hoy en día, pero toda ayuda es bienvenida”, expresó. Quienes deseen colaborar pueden contactarse a través de la página “La Casita del Árbol Ayala” o al número 3624-082451.
La Policía del Chaco activó un operativo de búsqueda para dar con el paradero de Bruno Danki Montenegro, un niño de 4 años que fue retirado de manera irregular por su madre en la localidad de Chorotis. La denuncia fue realizada este miércoles por la tía del menor, quien posee la tutela legal. La información policial sostiene que Bruno Montenegro tiene 4 años y vive en casa de su tía que, cotidianamente, lo lleva a lo de su abuela para ver a su madre, quien no posee la custodia del pequeño. Este viernes, Bruno fue a visitarlas, pero en la siesta desaparecieron madre e hijo, la abuela no sabe a dónde fueron y su tía (y tutora legal) radicó la denuncia de inmediato en la Comisaría de Chorotis. Ahora toda la policía busca al niño y sobre su madre ya pesa un pedido de captura por “supuesta desaparición de persona”. Al mismo tiempo, la Unidad de Protección Integral ya tomó intervención en el caso. El niño vive en Chorotis con su tía, tiene el cabello largo, tez trigueña y ojos oscuros. El protocolo de búsqueda ya está activo para dar con él y se alertaron a todas las unidades policiales de la provincia. Se sospecha que su madre intente llevárselo a Buenos Aires, donde vive un hermano suyo. Por otro lado, la madre, Roxana Edith Montenegro (de 35 años), tiene ahora un pedido de captura activo por la causa de “supuesta desaparición de personas”. Ella tiene cabello negro, ojos oscuros y tez trigueña. Ante cualquier información sobre el paradero de Bruno Danki Montenegro y de Roxana Edith Montenegro, se ruega a la comunidad que llame al 911 o se acerque a la comisaría más cercana.
El BCRA confirmó que pagó intereses por u$s17,7 millones a EEUU por la activación de los u$s2.500 millones del swap con el Departamento del Tesoro norteamericano, según los estados contables correspondientes al ejercicio 2025 que se conocieron durante las últimas horas. Se trató de la primera vez en que se detalló el costo financiero de la operación. “En el cuarto trimestre de 2025, el BCRA concertó operaciones con el Tesoro de Estados Unidos las cuales fueron canceladas previo al cierre del ejercicio. El monto del swap de monedas, en el marco del acuerdo antes mencionado, ascendió a u$s2.500.000. Los intereses pagados por esta operatoria ascendieron a u$s17.743“, precisó el organismo, aclarando que las cifras están expresadas en miles de dólares. La cancelación se habría realizado a través de otra fuente de endeudamiento. Fuentes del mercado habían estimado en su momento que el repago del tramo activado del swap con el Tesoro de EEUU se realizó con un préstamo del Banco Internacional de Pagos (BIS) de Suiza. En el mismo documento parece corroborarse esa hipótesis, ya que la entidad informó facilidades crediticias con el BIS por $3.648.541.750.000, equivalentes a u$s2.500 millones. El monto confirmado por el BCRA luce sustancialmente menor a lo mencionado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, hace unos meses, cuando afirmó que se generaron “decenas de millones en ganancias para los estadounidenses” con la activación del swap. Sin embargo, la autoridad monetaria no explicitó si el número informado representó el costo total de la operación, debido a la opacidad de las condiciones que mantuvo el acuerdo. Swap con EEUU: el salvataje de Trump La operatoria forma parte del acuerdo de estabilización cambiaria que la autoridad monetaria suscribió el 18 de octubre con Washington, por un monto total de hasta u$s20.000 millones, en medio de la volatilidad cambiaria y financiera que se sucedió luego de los comicios en septiembre de la provincia de Buenos Aires. El swap, que sigue vigente, contempla una línea de hasta u$s20.000 millones y fue presentado por el gobierno como un instrumento destinada a fortalecer las reservas internacionales y ampliar el margen de maniobra del BCRA para frenar la presión sobre el dólar. En la práctica, la operación implicó que el Tesoro estadounidense comprara pesos e inyectara dólares en un contexto en que la dolarización de carteras llegó a niveles récords. La cancelación se había confirmado el 9 de enero pasado por parte de Bessent. En aquel entonces, el funcionario de Donald Trump destacó que “Argentina ha reembolsado rápida y completamente su limitado giro de la línea de swap con Estados Unidos, de modo que el Fondo de Estabilización Cambiaria actualmente no tiene pesos”. Fuente: Ámbito
En el cierre de la primera edición 2026 del programa “Ver Para Ser Libres” en la provincia del Chaco, el Gobierno provincial y el Estado Nacional destacaron el alcance de los operativos itinerantes de salud visual que, durante 10 jornadas consecutivas, beneficiaron a más de 1.700 niños y adolescentes de sectores vulnerables con la entrega de anteojos. La propuesta, impulsada por el Ministerio de Capital Humano de la Nación y articulada en Chaco junto a distintos organismos provinciales, se desarrolló entre el 4 al 15 de mayo en 37 localidades y parajes, mediante dos móviles oftalmológicos que recorrieron el territorio chaqueño brindando controles visuales a estudiantes de entre 6 y 17 años. Durante esta primera etapa se realizaron más de 2.500 controles oftalmológicos. Del total de beneficiarios, más de 1700 estudiantes recibieron sus anteojos en el acto, mientras que otros 130 anteojos especiales fueron enviados a laboratorio nacional para su posterior entrega. El gobernador Leandro Zdero resaltó la importancia del trabajo articulado entre Nación y Provincia y recordó que en 2025 ya se habían entregado 3.500 anteojos a estudiantes chaqueños. “Ratificamos que desde el 18 al 31 de agosto estaremos nuevamente con este operativo llevando esta solución a muchos niños y familias chaqueñas”, afirmó el mandatario provincial. La próxima edición de “Ver Para Ser Libres” recorrerá nuevas localidades de la provincia con el objetivo de alcanzar el cien por ciento de los municipios chaqueños, garantizando el acceso a la salud visual y fortaleciendo la igualdad de oportunidades para niños y adolescentes. El acto de cierre tuvo lugar este viernes en el Salón Obligado de Casa de Gobierno y estuvo encabezado por el gobernador Leandro Zdero, acompañado por los ministros Diego Gutiérrez y Sergio Rodríguez; los secretarios Julio Ferro y Marcos Resico; además de autoridades nacionales como Tomás Basil, director Nacional de Articulación Territorial, y Juan Vela, director Nacional de Dispositivos Móviles. En la oportunidad, también recibieron sus respectivos anteojos 16 niños y adolescentes provenientes de Villa Río Bermejito, Pampa del Indio y Presidencia Roca. La implementación territorial del operativo contó con el trabajo articulado de los ministerios de Desarrollo Humano, Salud Pública y Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, además del acompañamiento del Ministerio de Gobierno en trámites de DNI en algunas localidades. También participaron referentes y coordinadores del programa Ñachec, funcionarios municipales, equipos de regiones sanitarias, directivos y docentes, residentes del Servicio de Oftalmología del Hospital Perrando, equipos Prosane y la Fundación Saleme. El ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez, destacó el impacto social del operativo y anunció una nueva etapa para agosto: “Estamos en condiciones de anunciar que en el mes de agosto se realizará el próximo operativo con el que seguramente llegaremos a los 70 municipios de la provincia”. Además, remarcó el trabajo conjunto entre las distintas áreas del Gobierno provincial y el acompañamiento del gobernador para concretar estas gestiones.Por su parte, Tomás Basil subrayó que “un anteojo es una herramienta para que los chicos puedan desarrollarse y ser autónomos”, al tiempo que valoró el compromiso de todos los organismos que participaron de cada operativo.
La Justicia federal le ordenó al Gobierno nacional que garantice de manera inmediata el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), luego de que fiscales especializados en delitos de lesa humanidad denunciaran una situación de “extrema criticidad” presupuestaria y operativa que podría derivar en la paralización de tareas periciales clave para investigaciones por apropiación de niños durante la última dictadura militar. El fallo, firmado por el juez federal Alejo Ramos Padilla, titular del Juzgado Federal N°1 de La Plata, dictó una medida cautelar interina contra el Estado nacional y dispuso que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adopte “todas las medidas administrativas y las asignaciones presupuestarias necesarias” para garantizar el funcionamiento del organismo. La resolución sostiene que la situación del Banco Nacional de Datos Genéticos amenaza directamente el desarrollo de pericias genéticas esenciales para investigaciones judiciales vinculadas a delitos de lesa humanidad y al derecho a la identidad. “Se producirá inevitablemente la interrupción o limitación significativa de los servicios del Organismo”, advirtió una de las notas incorporadas al expediente judicial. Además, la misma fuente remarcó: “La eventual paralización o demora en la producción de pericias genéticas no sólo afecta el trámite ordinario de los expedientes, sino que compromete el cumplimiento de obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino en materia de investigación, juzgamiento y sanción de graves violaciones a los derechos humanos”. La presentación judicial fue impulsada por fiscales especializados en apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, entre ellos Pablo Parenti, titular de la Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante la dictadura, junto con integrantes de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado. Los fiscales solicitaron medidas urgentes para evitar el deterioro operativo del Banco Nacional de Datos Genéticos y advirtieron sobre el riesgo concreto de afectación de pruebas genéticas utilizadas en investigaciones judiciales. El fallo En el fallo, Ramos Padilla afirmó que el Banco Nacional de Datos Genéticos constituye una “herramienta de reparación de graves violaciones a los derechos humanos” y recordó que la Ley 26.548 establece que sus tareas deben realizarse “con normalidad, evitando suspensiones y demoras”. La resolución reconstruye además una serie de informes remitidos por la directora general técnica del organismo, quien describió una situación crítica derivada de restricciones presupuestarias, demoras administrativas y dificultades para sostener servicios básicos. La directora técnica detalló que incluso debieron suspenderse viajes previstos para la toma de muestras biológicas y que comenzaron a verse comprometidos pagos vinculados a servicios esenciales. Entre estos servicios figuran seguridad, limpieza, mantenimiento informático, mantenimiento de laboratorios y conservación de condiciones ambientales necesarias para preservar material genético. “Se ha comenzado a afectar el pago a proveedores responsables de servicios críticos”, señala uno de los documentos citados por el juez. La situación financiera del organismo, según consta en la resolución, se agravó este año. De acuerdo con el informe técnico incorporado al expediente, el presupuesto aprobado para 2026 representó apenas el 55,96% de los fondos requeridos por el Banco Nacional de Datos Genéticos para sostener su funcionamiento. En otro de los pasajes citados por el juez, el informe advierte: “Prescindir de estos servicios genera un impedimento cierto de la garantía en la cadena de custodia y correcta preservación de toda la documentación, muestras biológicas, sangre, hisopados bucales, restos cadavéricos y objetos fuente de ADN”. La resolución judicial remarca que el Banco Nacional de Datos Genéticos conserva información genética acumulada durante casi cuatro décadas vinculada a causas judiciales por apropiación de menores, desaparición forzada y delitos de lesa humanidad. Ramos Padilla consideró acreditado el “peligro en la demora” y sostuvo que existe riesgo concreto sobre “material genético de carácter único e irrepetible”. “La eventual afectación de dichas condiciones podría generar consecuencias irreversibles respecto de elementos probatorios esenciales en causas judiciales actualmente en trámite”, afirmó el magistrado. El juez también destacó que el Banco Nacional de Datos Genéticos constituye un organismo “técnico esencial e irremplazable” para el esclarecimiento de hechos investigados en causas por apropiación de niños durante el terrorismo de Estado. “Los peritajes allí producidos han constituido históricamente una herramienta central —y en numerosos casos, la única prueba científicamente idónea— para determinar el verdadero origen biológico de víctimas de apropiación y supresión de identidad”, sostuvo. La resolución incluye además un desarrollo sobre la obligación del Estado argentino de garantizar el derecho a la identidad y avanzar en la investigación de delitos de lesa humanidad. En ese marco, Ramos Padilla citó jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos vinculada al deber estatal de investigar graves violaciones a los derechos humanos y garantizar el derecho a la verdad. “El derecho a la identidad integra el núcleo esencial de protección de la dignidad humana”, recordó el magistrado al citar el fallo Gelman vs. Uruguay de la Corte Interamericana. Infobae
La Municipalidad de Resistencia habilitó los sanitarios de la Plaza 25 de Mayo, que fueron refaccionados y ampliados, mejorando la capacidad, accesibilidad y capacidad del servicio. Desde la Subsecretaría de Planificación Urbana indicaron que se cumplieron los plazos estipulados para la apertura de estos baños refaccionados y ampliados. Valoraron la recuperación de este espacio que la comunidad reclamaba una restauración, ya que la Plaza Central es sede de numerosas actividades que se generan los fines de semana, como ser las ferias de emprendedores y artesanos y demás que se organizan a través de las distintas áreas del Municipio. Detalles técnicos Los baños son para hombres y mujeres y uno destinado a personas con discapacidades. Cuentan con inodoros, mingitorios, bachas, mientras que se incorporó un sector que servirá para cambiador para bebés. Hay bachas adaptadas para niños, favoreciendo la comodidad y accesibilidad para las familias. La obra incluyó la ampliación de la reserva de agua, mejoras en las oficinas, renovación completa de la pintura exterior, contribuyendo a la puesta en valor del espacio público. El horario de atención va a ser de lunes a lunes, de 6 a 24 horas. El personal de la Dirección General de Paseos y Jardines se encargará del mantenimiento diario. Se pide a la comunidad colaborar para mantener en buenas condiciones estos sanitarios.
Se trata de una capacitación específica y gratuita para los docentes de Educación Especial que busca generar un espacio de análisis del trabajo en el aula, para fortalecer el diseño y planificación de estrategias pedagógicas para lograr una inclusión integral de los estudiantes con discapacidad con el fin de que aprendan y puedan desarrollar habilidades. El Ministerio de Educación de Chaco inició este jueves la capacitación “Neurocognición y Educación Especial: construyendo trayectorias educativas inclusivas” destinado a 7000 docentes de Educación Especial inscriptos en toda la provincia. La misma se desarrolla de manera sincrónica virtual en el marco del Programa de Formación Docente, Gratuito y en Servicio Red Aprende para alcanzar a todos los docentes de esta modalidad de todo el territorio provincial. La subsecretaria de Educación de la Provincia, Isabel Sanchuk, acompañó el comienzo de este trayecto de formación desde el salón del Centro de Innovación Tecnológica ELE, y en la oportunidad sostuvo: “Este encuentro es una posibilidad para analizar lo que necesitamos, que es incluir a los estudiantes en las escuelas. Tiene que ver con aquello que hacemos en el aula, cómo lo hacemos y para qué lo hacemos, que es para que aprendan y puedan tener esas habilidades cuando salgan de la escuela”. La subsecretaria dijo que “la Educación Especial para esta gestión, tanto para el gobernador Leandro Zdero como la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, tiene una mirada donde nosotros podemos trabajar, diseñar y aprender cada día para fortalecer la inclusión y la equidad en las instituciones”. En ese sentido, Sanchuk manifestó que esta capacitación “surge con la mirada de la ministra Naidenoff, que considera que la neurocognición en la educación permite que los docentes puedan diseñar un proceso de enseñanza y aprendizaje”, con una “nueva concepción de la educación que sí o sí tiene que ser inclusiva”. “La idea es que construimos, enseñamos y aprendemos entre todos”, expresó. Por su parte, el director de Educación Superior de la Provincia, Luis Monzón, destacó que “en esta propuesta se alcanza a más de 7.000 docentes inscriptos”. “Esperamos que pueda ser aprovechada y que lo que suceda en el aula pueda cambiar en aras de la mejora de la calidad educativa”, señaló Monzón. “Todo esto está pensado para poder mejorar los resultados que la provincia pretende en el bienestar de los estudiantes”, aseguró el funcionario. Esta capacitación específica está a cargo del equipo con destacada trayectoria académica, compuesto por: Álvaro Muchiut, Evelina Rossi y Elisabeth Pavichevich nos invita a revisar nuestras prácticas, identificar barreras para el aprendizaje y avanzar hacia una verdadera justicia curricular, desde un enfoque de derechos y basado en el Modelo Social de la Discapacidad.
El magistrado solicitó saber en qué estado se encuentra el organismo. En su juzgado se tramitan varias causas en los que se dispuso que en BNDG realice cotejos de ADN. El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak pidió informes para saber en qué estado se encuentra el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el organismo encargado de realizar los análisis para encontrar a los bebés robados durante la última dictadura y cuya directora advirtió en los tribunales que, por el ajuste al que lo sometió Javier Milei, ya no podría seguir tomando muestras. Horas antes, el juez federal Alejo Ramos Padilla había dictado una medida cautelar interina intimando al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a garantizar el correcto funcionamiento del BNDG. Kreplak le pidió a la directora técnica del BNDG, Mariana Herrera Piñero, que informe el estado de custodia y conservación de las muestras almacenadas en esa institución. Según estimaciones de Abuelas de Plaza de Mayo, el BNDG conserva unas 32.000 muestras, en su mayoría vinculadas con crímenes de lesa humanidad. El archivo genético incluye tanto muestras de quienes buscan a niños y niñas robados durante los años del terrorismo de Estado como de personas que se acercaron con la sospecha de ser hijas o hijos de desaparecidos. En el Juzgado Federal 3 de La Plata hay varios trámites en curso en los que se dispuso el cotejo de ADN. En ese sentido, Kreplak solicitó conocer el estado de esos procedimientos. Sobre todo, porque la directora técnica venía advirtiendo sobre demoras o imposibilidad de desplazarse para tomar muestras cuando la persona no puede acercarse hasta la sede del BNDG. La intervención de Kreplak se produjo tras una presentación de la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (UFICANTE), que dirige el fiscal Pablo Parenti, y de la Unidad de Asistencia para Causas de Violaciones de Derechos Humanos de La Plata, integrada por el fiscal Gonzalo Miranda y los auxiliares fiscales Ana Oberlin y Juan Martín Nogueira. La cautelar de Ramos Padilla La situación se desencadenó el viernes de la semana pasada con una nota enviada por Herrera Piñero en la que advertía que ya no podría seguir tomando muestras biológicas. Tal como surge de la resolución firmada por Ramos Padilla, la directora del BNDG comenzó a alertar sobre la situación crítica de la institución el 18 de marzo. Con el paso de las semanas, el estado del organismo se fue deteriorando. Ramos Padilla decidió dictar una medida cautelar interina, que solo puede adoptarse en “circunstancias graves y objetivamente inaplazables que lo justifiquen”. Esa resolución se encuentra vigente y rige para el BNDG en su totalidad. En ese marco, Ramos Padilla intimó a Adorni a que, en cinco días, explique cuál es el interés público comprometido en el funcionamiento del BNDG, ya que el organismo está bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, al igual que la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Será una buena oportunidad para que Adorni salga del agobio al que lo tiene sometido su situación patrimonial con gastos inmobiliarios y viajes que no logra explicar mientras las instituciones estatales dejan de funcionar por el ahogo presupuestario. En idéntico plazo, el ministro Juan Bautista Mahiques deberá pronunciarse sobre la eventual responsabilidad del Estado nacional ante la posible afectación del servicio de justicia. En la cartera le habían dicho a este diario que estaban en tema y que estaban haciendo tratativas para que se incrementara el presupuesto. “La eventual interrupción o limitación de las funciones periciales del BNDG podría comprometer seriamente la producción y preservación de prueba judicial esencial e irrepetible en procesos vinculados a delitos de lesa humanidad actualmente en trámite ante la jurisdicción federal, con eventual afectación de obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino y de la adecuada prestación del servicio de justicia”, advirtió el titular del Juzgado Federal 1 de La Plata. El rol fundamental del Banco Nacional de Datos Genéticos Ramos Padilla ponderó además el rol del BNDG como “organismo técnico esencial e irremplazable” para el esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad —como las apropiaciones de niños y niñas durante el terrorismo de Estado— y como perito oficial. “Los peritajes allí producidos han constituido históricamente una herramienta central —y en numerosos casos, la única prueba científica idónea— para determinar el verdadero origen biológico de víctimas de apropiación y supresión de identidad, posibilitando la reconstrucción de vínculos familiares, el restablecimiento del derecho a la identidad y el avance de los procesos judiciales correspondientes”, señaló. El BNDG es un organismo autárquico. Fue creado en 1987 por decisión del entonces presidente Raúl Alfonsín a partir de un pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, que entendieron que la ciencia sería fundamental para reencontrarse con los nietos y nietas que los represores les habían arrebatado. Las Abuelas les pidieron tanto a jueces como a integrantes del Congreso que exhortaran al Gobierno a mantener en funcionamiento el BNDG, que posibilitó la identificación de gran parte de los 140 nietos y nietas que restituyeron su identidad. Página/12
El director de Politikón Chaco analizó el IPC del 2,6% registrado en abril y sostuvo que, aunque el Gobierno logró cortar once meses consecutivos de aceleración inflacionaria, todavía persisten desequilibrios que dificultan consolidar un sendero de desinflación. También alertó sobre la caída de la recaudación nacional y el impacto en las provincias. El director de Politikón Chaco, Alejandro Pegoraro, analizó los últimos datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y consideró que el 2,6% de inflación registrado en abril representa un alivio parcial para el Gobierno nacional, aunque remarcó que aún existen múltiples obstáculos para estabilizar los precios y alcanzar niveles más bajos. En diálogo con CIUDAD TV, Pegoraro sostuvo que el principal dato positivo del mes fue haber interrumpido “once meses consecutivos de aceleración de la inflación”, aunque aclaró que la meta del 2% mensual ya quedó atrás. “El objetivo primero era volver a perforar el techo del 3% y empezar un nuevo sendero de desaceleración, algo que se vio en abril”, explicó. Sin embargo, advirtió que detrás de esa mejora persisten factores estructurales que continúan presionando sobre el costo de vida. Entre ellos mencionó los aumentos en tarifas energéticas, servicios públicos y alimentos, especialmente luego de las subas registradas en carne durante los últimos meses. “El proceso todavía está muy lejos de consolidar un sendero de desinflación. Hay muchos obstáculos y desequilibrios en el sistema general de precios que hacen más difícil estabilizar la inflación en torno al 2%”, afirmó. El índice actualizado y el impacto de los servicios Pegoraro también se refirió a la discusión sobre la actualización de la metodología del IPC, una modificación pendiente que, según explicó, podría alterar los resultados actuales al reflejar mejor el peso de ciertos gastos en los hogares. “El 2,6% de abril hubiera sido aproximadamente 2,8% con el índice actualizado”, señaló. Según detalló, la principal diferencia radica en que la metodología vigente todavía otorga mayor ponderación a bienes, particularmente alimentos, mientras subestima gastos hoy centrales para las familias, como energía, combustibles, internet, telefonía y transporte. “Cambió mucho el hábito de consumo de los hogares. Hoy no pesa lo mismo la luz o internet que hace diez años. El índice actualizado busca representar mejor esa realidad”, indicó. Como ejemplo, mencionó el caso del NEA, donde la inflación de abril fue del 2,7%, pese a que el combustible registró un incremento cercano al 12%. “Con un índice actualizado, ese impacto sería mucho más fuerte en el resultado general”, sostuvo. Expectativas para mayo y el difícil camino al 2% Respecto de los próximos meses, el director de Politikón estimó que mayo y junio podrían mostrar niveles de inflación similares a los de abril, aún por encima del 2%. Según explicó, aunque el impacto de los combustibles podría moderarse, otros componentes continuarán presionando sobre el índice, como tarifas energéticas, medicina prepaga, medicamentos y servicios de comunicación. “Lo que todavía no se logra romper es la inflación subyacente, que es el movimiento de precios más allá de factores coyunturales o regulados. Sigue habiendo una inercia inflacionaria por encima del 2%”, advirtió. En ese sentido, consideró que, en el mejor escenario, recién hacia julio podría alcanzarse un nivel cercano o levemente inferior al 2%, aunque aclaró que no se esperan bajas abruptas. “El 0% está lejos” Consultado sobre la posibilidad de llegar a una inflación cero, tal como ha planteado el presidente, Pegoraro fue categórico: “Estamos lejos”. Aseguró que incluso las economías más estables del mundo registran niveles mínimos de inflación y recordó que, en la historia reciente argentina, una situación semejante solo ocurrió durante la convertibilidad. Además, señaló que Argentina continúa siendo especialmente vulnerable a factores externos, como la crisis en Medio Oriente, las variaciones internacionales del petróleo o decisiones de política monetaria de Estados Unidos. “Aunque se estabilice la situación doméstica e internacional, el 0% sigue siendo un escenario poco realista al menos para el próximo año”, afirmó. Caída de la recaudación y preocupación en las provincias Por otra parte, Pegoraro advirtió sobre un escenario complejo para las provincias debido a la caída sostenida de la recaudación tributaria nacional. Indicó que los ingresos nacionales vienen retrocediendo desde hace nueve meses, afectando especialmente impuestos ligados al consumo y la actividad económica, como IVA e impuesto al cheque, lo que repercute directamente en la coparticipación federal. “Las provincias tuvieron una caída cercana al 6% de las transferencias automáticas en el primer cuatrimestre del año, lo que equivale a una pérdida estimada de 1,3 billones de pesos”, explicó. En el caso del Chaco, detalló que la recaudación provincial mostró un leve incremento general, aunque con señales de alarma en tributos vinculados a la actividad económica, como Ingresos Brutos y Sellos, que evidencian una tendencia débil. “Las provincias del norte están atravesando un proceso de restricción de ingresos muy significativo y eso genera incertidumbre sobre el margen de acción financiera que pueden tener”, concluyó.
El Gobierno nacional aplicó un fuerte ajuste en el presupuesto del Ministerio de Salud y la decisión ya genera preocupación entre especialistas, profesionales y organizaciones sanitarias. El programa SUMAR+, que transfiere fondos a las provincias para fortalecer sus sistemas sanitarios, perdió unos $25.000 millones. La medida quedó formalizada mediante la decisión administrativa 20/2026, que dispuso recortes en distintas áreas de la Administración Pública Nacional. Además, el ajuste alcanzó organismos nacionales como INCUCAI, ANLIS-Malbrán, SEDRONAR y Superintendencia de Servicios de Salud. Desde la cartera sanitaria aseguran que se trata de una “optimización de recursos” y que no habrá impacto en las prestaciones, aunque voces del sector advierten que la poda podría afectar directamente a miles de pacientes. Medicamentos, uno de los sectores más golpeados Uno de los mayores ajustes recayó sobre el programa de Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica, que perdió cerca de $20.000 millones. De esa partida dependen políticas esenciales como: Especialistas alertaron que cualquier reducción en estas áreas puede generar demoras en tratamientos, menor acceso a medicación y complicaciones para pacientes con enfermedades complejas. Preocupación por el futuro del programa Remediar Otro de los programas alcanzados por el ajuste es Remediar, creado en 2002 para distribuir medicamentos gratuitos en centros de salud de todo el país. El exministro de Salud, Adolfo Rubinstein, advirtió que el debilitamiento del programa podría impactar especialmente en los sectores más vulnerables, ya que garantiza acceso a antibióticos, anticonceptivos y tratamientos para enfermedades crónicas. Entre las áreas afectadas aparece además el financiamiento de tratamientos oncológicos, que sufrió un recorte de $5.000 millones. Según trascendió, hasta mediados de mayo solo se había ejecutado una pequeña parte del presupuesto destinado a la compra de medicamentos de alto costo, lo que encendió alertas en el sector. El ajuste también alcanzó programas relacionados con VIH, hepatitis y tuberculosis, salud sexual y procreación responsable, prevención del dengue y enfermedades transmitidas por mosquitos, enfermedades inmunoprevenibles y atención médica integral. Provincias y organismos nacionales, también afectados El programa SUMAR+, que transfiere fondos a las provincias para fortalecer sus sistemas sanitarios, perdió unos $25.000 millones. La medida podría impactar con mayor fuerza en distritos con menor capacidad presupuestaria, especialmente en el norte argentino. Además, el ajuste alcanzó organismos nacionales como INCUCAI, ANLIS-Malbrán, SEDRONAR y Superintendencia de Servicios de Salud. La Administración Nacional de Establecimientos de Salud también verá reducidos sus recursos en más de $3.000 millones. Desde el Ministerio de Salud sostienen que la reestructuración busca “ordenar la inversión sanitaria” y eliminar mecanismos de transferencias que, según señalaron, no tenían criterios claros de evaluación. Clarín
El aumento que afectará lugares como Cataratas del Iguazú o el Glaciar Perito Moreno tiene como excusa la manutención de la infraestructura y servicios que el Gobierno descuidó y desfinanció a lo largo de dos años. El Gobierno nacional dispuso que a partir de junio próximo las entradas a los parques nacionales y destinos turísticos en áreas protegidas costarán hasta un 115 por ciento más. El aumento que afectará lugares como Cataratas del Iguazú o el Glaciar Perito Moreno tiene como excusa la manutención de la infraestructura y servicios que el Gobierno descuidó y desfinanció a lo largo de dos años. La medida que impactará en el bolsillo de los visitantes de a pie y en los que compran sus ticket a través de la venta electrónica fue oficializado por la Administración de Parques Nacionales en la Resolución 132/2026 publicada en el Boletín Oficial. Los aumentos son exorbitantes en todos los destinos turísticos y áreas protegidas en manos del Estado, pero los más golpeados son aquellos donde se vuelca la mayor cantidad de personas, como por ejemplo el Parque Nacional Iguazú. Ir a Cataratas costará un 66 por ciento más para los turistas argentinos y 33 por ciento más para los extranjeros. Así, los valores de las entradas pasarán de 15 mil a 25 mil pesos para los ciudadanos argentinos y de 45 a 60 mil pesos para los visitantes de otros países. Pero el impacto más importante lo sufrirán los estudiantes, que deberán pagar una entrada de 15 mil pesos cuando antes valía 7 mil; es decir, cuando tenía una diferencia del 114,3 por ciento. El segundo parque nacional más afectado por los aumentos en términos porcentuales fue Los Glaciares, el más grande del país. La entrada general para ingresar allí costará 50 mil pesos. Incrementos similares también se aplicarán en los parques nacionales Perito Moreno (Santa Cruz), Quebrada del Condorito (Córdoba), Iberá (Corrientes), Los Cardones (Salta), Calilegua (Jujuy), Los Arrayanes (Neuquén), Mburucuyá (Corrientes), Chaco, Tierra del Fuego, El Palmar (Entre Ríos), Lanin (Neuquén, Chubut y Río Negro) y Monte León (Santa Cruz), entre algunos. La salvedad es que en todos se mantendrán los descuentos para quienes permanezcan en esos lugares más de un día o accedan a paquetes turísticos con promociones, pases anuales o de entre tres y siete días (sistema Flexipass). La resolución aclara que los aumentazos no incluyen a quienes se encuentren realizando pasantías, actividades de extensión universitaria, cursos, estancias académicas, prácticas de investigación u otras modalidades de formación no encuadradas como educación formal regular Entre sus fundamentos, la resolución dice que el incremento de las entradas será para “sostener los niveles de inversión en infraestructura y servicios, para que los visitantes puedan apreciar la riqueza de las áreas protegidas bajo estándares de calidad”. También “para concientizar sobre la importancia de la protección del patrimonio natural y la diversidad biológica”. Pero lo cierto es que el deterioro de esos servicios por los que ahora el Gobierno se preocupa fue producto de la motosierra que Javier Milei pasó hasta por las áreas protegidas: despidos masivos (más de 500 empleados y guardaparques), recortes salariales, ajustes presupuestarios en mantenimiento y desarticulación de los dispositivos en las áreas de manejo del fuego y prevención de incendios. La resolución también determinó ampliar los sistemas de emisión de ticket electrónicos, a través del cual las agencias turísticas se benefician con el grueso de reservas y el diseño de grandes paquetes promocionales. Con esa decisión, varios parques más quedarán incluidos en el Sistema de Emisión de Tickets Electrónicos y Control de Accesos (SETECA), se prevé que también a partir de junio. Página/12
Las acciones se orientarán a la anticipación de riesgos, la detección temprana de modalidades delictivas emergentes, entre otras. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Seguridad Nacional, creó la Mesa de Coordinación Federal de Prevención y Combate del Narcotráfico y la Criminalidad Organizada en los Corredores Bioceánicos con el objetivo de prevenir la expansión de dichas infraestructuras. La medida se conoció este viernes a través de la Resolución 446/2026 publicada en el Boletín Oficial. En el escrito se detalla que esta mesa busca establecer un marco de “coordinación, prevención y de contribución a la eficacia del sistema de justicia penal frente a las amenazas derivadas del aprovechamiento criminal de infraestructuras estratégicas, nodos logísticos y flujos transnacionales vinculados a estos ejes nodales, en un contexto de expansión de economías ilícitas y convergencia de organizaciones criminales en la región, con enfoque preventivo y federal”. Las acciones se orientarán a la “anticipación de riesgos, la detección temprana de modalidades delictivas emergentes, la protección de infraestructura y nodos críticos, y la neutralización y afectación de las capacidades operativas de organizaciones criminales complejas, incluyendo aquellas vinculadas al narcotráfico, contrabando, tráfico ilícito de precursores químicos, lavado de activos, trata de personas y otras economías ilícitas asociadas, priorizando el uso de información estratégica, análisis criminal, articulación interinstitucional y cooperación internacional en el marco de los instrumentos vigentes”. La Mesa estará integrada por la Secretaria de Seguridad Nacional, la Secretaria de Lucha contra el Narcotráfico y la Ciminalidad Organizada, la Unidad Antimafia del Ministerio de Seguridad, el Centro Regional de Información para la Lucha Contra las Drogas, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la Dirección Nacional de Migraciones y las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales. La convocatoria a las reuniones y la coordinación de su funcionamiento estarán a cargo de la Secretaría de Seguridad Nacional, en coordinación con la Secretaría de Lucha Contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, que también deberá realizar análisis integrales y prospectivos sobre dichos fenómenos, supo saber la Agencia Noticias Argentinas. En la resolución se detallan los diversos motivos por los cuales se decidió crear la mesa federal. Uno de los puntos es que el narcotráfico y la criminalidad organizada transnacional, no solo afectan la seguridad y la salud pública, sino que comprometen intereses esenciales de la soberanía nacional, al constituir economías ilícitas que erosionan las instituciones, distorsionan los mercados y aprovechan vulnerabilidades estructurales del territorio. Asimismo, porque dichas organizaciones criminales transnacionales ajustan sus estrategias y modalidades operativas a las características del territorio y a la evolución de los flujos logísticos y comerciales. En ese marco, los corredores bioceánicos conforman un sistema estratégico orientado a vincular los océanos Atlántico y Pacífico a lo largo del territorio nacional, articulando a las provincias del norte, centro y sur del país con los Estados de la región, entre ellos la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay, el Estado Plurinacional de Bolivia y la República de Chile. “Resulta indispensable identificar que en Argentina hay tres corredores bioceánicos genéricos —Norte, Central y Patagónico—, los cuales integran una red estratégica de infraestructura y logística compuesta por rutas, ferrocarriles, pasos fronterizos, nodos logísticos, puertos fluviales y marítimos, con impacto directo en el comercio exterior y la competitividad regional”, destaca el documento. Los corredores logísticos de gran escala, en ausencia de esquemas de seguridad integrales, “pueden transformarse en vectores privilegiados para el ocultamiento, transporte y distribución de estupefacientes, drogas sintéticas, nuevas sustancias psicoactivas y otros flujos ilícitos de alto impacto”.
La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal en una causa por vertido de líquidos cloacales sin el correspondiente tratamiento. En la resolución, se indicaron los riesgos sanitarios y ambientales derivados de esa acción y se señaló que esos residuos pueden contener bacterias peligrosas y capaces de provocar enfermedades graves. La Cámara Federal de Tucumán revocó una falta de mérito y ordenó el procesamiento de dos directivos de una empresa transportadora de líquidos cloacales por presunta contaminación ambiental. Los jueces hicieron lugar al pedido del fiscal Agustín Chit, que había apelado la decisión tomada por el Juzgado Federal N°2 de la provincia al considerar acreditado que un camión atmosférico de la firma Ciageser volcó líquidos cloacales sin tratamiento en el río Gastona. La investigación fue impulsada por la Fiscalía Federal N° 2 de Tucumán y comenzó en octubre de 2021, luego de que se difundiera públicamente un video en el que se observaba a un camión atmosférico de la empresa descargando efluentes cloacales (considerados residuos peligrosos conforme lo expuesto en el anexo II de la Ley 24.051) en el cauce del río, en la localidad de Villa Chicligasta del departamento de Simoca. En la causa se imputó al presidente y director de la firma junto con el apoderado de la compañía, a quienes se les atribuyó el delito de contaminación con residuos peligrosos. Entre las pruebas incorporadas se encuentran registros fílmicos, declaraciones testimoniales de vecinos y funcionarios, informes de organismos ambientales provinciales y actuaciones administrativas. Con todo ello, se acreditó que la empresa no se encontraba autorizada para efectuar vuelcos de efluentes en cursos de agua. Además, se constató que la firma había sido sancionada administrativamente por hechos similares. Sin embargo, en septiembre de 2024, el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán dictó la falta de mérito de los imputados, una decisión que fue apelada por la fiscalía. En su recurso, Chit cuestionó que se exigiera una pericia ambiental como condición excluyente para acreditar el delito ya que en el caso concreto resultaba irrazonable y materialmente imposible de cumplir. De acuerdo al representante del Ministerio Público Fiscal, se trataba de un evento contaminante de carácter instantáneo, cuyos efectos se produjeron en un curso de agua dinámico, lo que impedía —por el transcurso del tiempo— la obtención de muestras representativas susceptibles de análisis técnico posterior. Por último, sostuvo que la contaminación se encontraba suficientemente demostrada mediante el resto de la prueba producida. Al analizar el caso, los jueces de la Cámara recordaron que la ley 24.051 sanciona a quien “envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud” el suelo, el agua o el ambiente en general mediante residuos peligrosos. En ese sentido, destacaron que se trata de una figura penal que tutela simultáneamente el ambiente y la salud pública y remarcaron la estrecha relación entre ambos bienes jurídicos. En ese sentido, citaron precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el derecho constitucional a un ambiente sano y el deber estatal de preservarlo. La resolución también desarrolló los riesgos sanitarios y ambientales derivados del vertido de líquidos cloacales sin tratamiento. El tribunal señaló que esos residuos pueden contener bacterias peligrosas como salmonella, leptospira o vibrio cholerae, capaces de provocar enfermedades graves, además de generar procesos de eutrofización y disminución del oxígeno en el agua, con consecuencias para la fauna acuática. Para los camaristas, el hecho investigado debía analizarse desde las particularidades propias de los delitos ambientales. En esa línea, sostuvieron que no siempre es posible obtener pruebas directas y que, en consecuencia, corresponde otorgar relevancia a la prueba indiciaria y a la reconstrucción histórica de los acontecimientos. Al resolver la apelación, los magistrados hicieron lugar al planteo fiscal y destacaron que el delito ambiental previsto en la ley constituye un “delito de peligro”, por lo que no resulta necesario acreditar un daño concreto y actual sobre la salud para su configuración. El tribunal remarcó además la especial protección constitucional del ambiente y la estrecha relación entre la preservación de los recursos naturales y la salud pública. En ese sentido, sostuvo que el vertido de líquidos cloacales sin tratamiento en el río Gastona implicó una conducta potencialmente peligrosa para el ambiente y para la salud humana. Finalmente, la Cámara Federal concluyó que existían elementos suficientes para avanzar con el procesamiento de los imputados por el delito de contaminación ambiental mediante residuos peligrosos, por lo que revocaron la resolución de primera instancia. Fiscales
El secretario de Economía municipal, Ricardo Roffé, adelantó los principales cambios del nuevo régimen de habilitaciones comerciales impulsado por la gestión de Roy Nikisch. El sistema prevé trámites 100% digitales, habilitaciones automáticas mediante declaración jurada y gratuidad durante tres años para la mayoría de los comercios. También habló de la caída de la coparticipación, las críticas por clausuras y denuncias por supuestos sobreprecios en obras públicas. El Municipio de Resistencia avanza con un nuevo régimen de habilitaciones comerciales que promete modificar de manera integral el vínculo entre comerciantes y administración pública. La iniciativa, que ya fue enviada al Concejo Municipal, busca agilizar trámites, reducir costos y eliminar la presencialidad en la mayoría de los casos. En declaraciones a CIUDAD TV, el secretario de Economía de la comuna, Ricardo Roffé, aseguró que el objetivo es que “el ciudadano venga lo menos posible al municipio” y pueda resolver todo desde su casa u oficina. “Este proyecto deroga todo lo anterior y establece un régimen totalmente distinto”, explicó el funcionario, al remarcar que el sistema estará basado íntegramente en la plataforma digital municipal. Habilitaciones online y en 15 minutos Uno de los cambios más importantes será que el 100% de los trámites de habilitación comercial se realizarán de forma online a través del sistema Resistencia Digital. La novedad central es que gran parte de los comercios podrán obtener su habilitación con una simple declaración jurada responsable, sin necesidad de esperar inspecciones previas ni realizar múltiples trámites presenciales. Según detalló Roffé, el nuevo esquema tendrá dos modalidades: *Régimen simplificado: abarcaría entre el 80% y 85% de los comercios. La habilitación se otorgará automáticamente una vez cargados los datos requeridos por el sistema.*Régimen con autorización: destinado a actividades de mayor complejidad o riesgo, como bares, boliches o locales gastronómicos, donde sí habrá controles previos de seguridad e higiene antes de otorgar la habilitación. “Cuando más compleja la actividad, más controles previos va a haber”, explicó. El funcionario sostuvo que el trámite podría resolverse “en 15 minutos, media hora o una hora”, dependiendo de la familiaridad del usuario con los sistemas digitales. QR, gratuidad y habilitaciones permanentes Otro de los puntos novedosos será la implementación de un código QR obligatorio, que deberá exhibirse en un lugar visible del local comercial. A través de ese sistema, cualquier cliente o inspector podrá verificar desde un celular si el comercio se encuentra habilitado y consultar información vinculada al establecimiento. Además, el municipio prevé que el trámite simplificado sea gratuito durante los primeros tres años desde la sanción de la ordenanza. “De cada diez contribuyentes, ocho o nueve no van a pagar nada”, afirmó el secretario de Economía, al señalar que la medida apunta a aliviar costos para pequeños comerciantes y emprendedores. La reforma también eliminará los vencimientos automáticos: las habilitaciones pasarán a ser permanentes, salvo que el comercio modifique el rubro o las condiciones declaradas originalmente. La situación económica: caída de ingresos y presión sobre las cuentas Durante la entrevista, Roffé también describió un escenario económico complejo para el municipio. Según indicó, si bien la recaudación propia se mantiene relativamente estable, el mayor problema es la disminución de los recursos provenientes de coparticipación. “La gestión de Roy Nikisch recibió entre un 85% y un 90% en términos reales de lo que recibió la gestión anterior”, afirmó, al comparar ingresos medidos a moneda constante. Incluso, sostuvo que hubo meses en los que la coparticipación no alcanzó para cubrir completamente la masa salarial municipal. No obstante, defendió el manejo financiero de la comuna y aseguró que el municipio pudo afrontar la situación gracias a políticas de austeridad y ahorro. Clausuras y polémica con bares: “No es que el municipio no deje trabajar” Roffé también salió al cruce de críticas por situaciones que afectaron a bares y espacios gastronómicos, entre ellos locales como Carpo y La Chata, señalados en redes sociales como víctimas de excesivos controles municipales. El funcionario negó persecuciones y aseguró que los problemas surgieron por documentación incompleta o habilitaciones vencidas. En el caso de Carpo, sostuvo que el local contaba con autorización para funcionar como resto bar, pero no para realizar espectáculos públicos, situación que obligó a iniciar nuevos trámites. “No es tan así como se dice en redes de que el municipio no deja trabajar”, respondió. Además, cuestionó las habilitaciones “express” implementadas durante la gestión anterior, al considerar que permitían funcionar a locales gastronómicos sin controles bromatológicos suficientes. Denuncias por obras públicas: “Más transparente que esto es imposible” Consultado por las denuncias opositoras sobre supuestos sobreprecios en obras municipales, Roffé rechazó las acusaciones y defendió el esquema de contrataciones de la actual gestión. Aseguró que todas las licitaciones, concursos de precios y adjudicaciones son publicadas en la página oficial del municipio y afirmó que incluso obras que podrían realizarse por contratación directa son sometidas a competencia entre varias empresas. “Hablan de sobreprecios, pero si se presentan cuatro o cinco empresas a cotizar, es muy difícil sostener esa acusación”, sostuvo. Según dijo, actualmente no existe una empresa constructora de Resistencia que no haya trabajado con el municipio. “Ordenar el desorden” Al hacer un balance de la gestión municipal, Roffé sostuvo que el principal desafío fue reorganizar una administración que, según describió, se encontraba en condiciones críticas al asumir en diciembre de 2023. “El desorden administrativo y económico era muy complicado”, afirmó. Como ejemplo, mencionó problemas edilicios básicos en el municipio y la falta de sistemas integrados de información y resguardo digital. “La verdad es que estamos mucho mejor que cuando asumimos”, concluyó el funcionario.
El mismo fue creado a base de un compuesto natural de algas rojas, lleva 10 años en el mercado y fue usado durante la pandemia por sus efectos antivirales. El tema del hantavirus se instaló nuevamente en todas partes del mundo tras la muerte de tres personas que se contagiaron cuando iban a bordo del crucero MV Hondius, lo que generó alarma y miedo en la población tras el antecedente de la pandemia por el coronavirus. Esta enfermedad zoonótica es transmitida por roedores silvestres a través de sus heces, orina y saliva, tiene como variante más importante la cepa Andes, que es la que documentó casos de transmisión entre humanos y la que desató los contagios de los pasajeros de múltiples nacionalidades a bordo del barco holandés. Según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el hantavirus no es un tema nuevo en el país donde desde hace años es investigando la forma de prevenirlo y ahora un grupo de científicas halló datos alentadores en un spray nasal ya conocido, que también fue investigado durante la Covid-19. El experimento se desarrolló en el Servicio de Biología Molecular del Laboratorio Nacional de Referencia de Hantavirus del Departamento de Virología del INEI-ANLIS “Carlos Malbrán” y el spray contiene una droga que es la carragenina, la cual ya había mostrado su eficacia para prevenir los resfriados, la gripe y el virus que provocó la última pandemia. “Este proyecto comenzó allá en la época de pandemia por el 2020. Empezamos a utilizar en la Fundación Casará este spray nasal para el Covid. Empezamos con ensayos in vitro de laboratorio para evaluarlo y vimos que inhibe la replicación del virus y eso nos permitió seguir avanzando hacia un ensayo clínico con personal de la salud y con médicos enfermeros que estaban expuestos al virus”, reveló la investigadora Andrea Vanesa Dugour. Qué es la carregenina La carragenina es un compuesto natural que deriva de las algas rojas y, durante la pandemia del coronavirus, un grupo de investigadores analizaron sus efectos antivirales, hallando resultados esperanzadores. En esa oportunidad y utilizando a médicos expuestos a pacientes con el virus, los científicos hallaron que al utilizar un spray nasal a base de este compuesto unas cuatro veces al día cada seis horas reducía en un 80% los contagios por Covid y esta situación las llevó también a buscar la réplica con el hantavirus. Ahora científicas argentinas, en colaboración con el Laboratorio Nacional de Referencia de Hantavirus del Departamento de Virología del Instituto Malbrán, usaron el mismo spray nasal y lo sometieron a ensayos in vitro para conocer cómo el compuesto de la carragenina actúa frente al hantavirus y los primeros indicios de una investigación que está todavía en periodo basal y en laboratorio, fueron alentadores. Este estudio preliminar todavía no fue publicado, pero sus datos fueron adelantados por la bióloga e investigadora molecular del estudio, Dugour, quien aseguró en diversos medios argentinos que la carragenina tiene actividad antiviral en células infectadas con la cepa Andes. De esta forma, el spray nasal funcionaría como un ‘atrapa virus’, pudiendo así bloquear el contagio desde la nariz y permitiendo que no viaje hasta los pulmones, donde suele crear la mayor infección. “Ese ensayo clínico arrojó una eficacia clínica de este spray nasal de un 80% de eficacia en la prevención de los contagios. Frente a esos resultados y al mecanismo de acción de la carragenina, decidimos evaluarlo en el hantavirus, en la cepa Andes. Estamos en la etapa de evaluación de células infectadas y tenemos resultados alentadores, donde hemos visto que este spray nasal, que es el mismo que usamos en el ensayo clínico que les comentaba, tiene actividad antiviral contra la cepa Andes”, expresó la científica.IP De todas maneras, la investigación es compleja, ya que requeriría un objeto de estudio más masivo como ocurrió con los casos de Covid u otras crisis de hantavirus, pero las científicas señalaron que ese spray nasal, que lleva 10 años en el mercado y es de venta libre, funcionaría como un preventivo y no como un tratamiento para una persona contagiada. Además, el grupo de científicas continuará el estudio hasta poder hallar conclusiones con mayor evidencia con el objetivo de sumar el spray a las otras herramientas preventivas contra el hantavirus.
Se trata de tramos que pasan por Mocoretá, última localidad correntina que limita con Entre Ríos. Piden a la comunidad que cuide los arreglos y sobre todo, que no arroje basura en la banquina de la autovía que fue limpiada. En los últimos días, los vecinos de Mocoretá observaron y destacaron el trabajo que la concesionaria de la Autovía del Mercosur realiza sobre la traza que atraviesa esa localidad correntina. Las tareas incluyen limpieza de banquinas, mantenimiento de la calzada, mejoras en iluminación y acondicionamiento general de la ruta, acciones que muchos mocoretaenses esperaban desde hace años y que ya comienzan a reflejar avances visibles en distintos tramos. Sin embargo, a pesar de estos adelantos, algunos vecinos que diariamente utilizan la colectora para caminar se han encontrado con basura depositada al costado del camino. Este hecho resulta especialmente lamentable considerando que Mocoretá cuenta con un eficiente servicio de recolección de residuos y cestos de basura distribuidos a lo largo de toda la localidad. Medios de comunicación de la zona piden la colaboración a los habitantes, que eviten arrojar basura en la banquina de la traza. Corrientes Hoy
Tras el seguimiento de un vuelo con datos de la DEA que se posó en Vera, hubo otra carga y aeronave que bajaron a 100 kilómetros de Rosario. La caída del uruguayo Marset y sus efectos en el relieve del tráfico. En siete días dos avionetas que salieron de Bolivia reventando de cocaína aterrizaron en pistas improvisadas en la zona central de Santa Fe. A la primera, que traía 400 kilos, la estaban esperando en la ciudad de Vera gracias a información de la DEA norteamericana. La segunda supuso una intervención menos planificada: los fiscales que seguían a dos miembros locales del grupo narco supieron de golpe que una Cessna iba a posar en un campo a 90 kilómetros de Rosario. La detección del aterrizaje inminente hizo que se ordenara a un grupo de Gendarmes en la zona apostarse en el lugar del destino. Allí ya estaba la avioneta posada con 321 kilos de cocaína. Los que la habían esperado, sorprendidos, treparon a dos vehículos. Con uno de ellos le pasaron por encima a un uniformado que intentaba frenarlos, que está internado en terapia intensiva en Rosario, con fractura de cráneo y pronóstico reservado. Este viernes al menos cuatro personas conectadas con este último vuelo serán imputadas en la Justicia Federal por contrabando de cocaína. Dos son los hermanos Juan Cruz y Santiago Emanuel Borras, considerados por la Procuración de Narcotráfico (Procunar) los encargados de la logística de la operación: la definición del lugar de llegada y el traslado de la carga de cocaína. Los otros dos detenidos son el piloto y el copiloto de la avioneta, ambos bolivianos. En el origen de este caso también hay un seguimiento y una avioneta. El 11 de noviembre del año pasado en un campo en Arequito, también Santa Fe, se encontró abandonada una Cessna 210 con una avería aparente por un aterrizaje obligado. Adentro del habitáculo se encontró un teléfono celular. La extracción de su contenido disparó una pesquisa que se centró en algunos contactos de agenda.Entre ellos los hermanos Borras, uno de los cuales tiene domicilio en las afueras de Rosario, en la ciudad de Roldán, y tuvo una condena por drogas en 2014, por la que debía estar en prisión domiciliaria. Ninguno de los dos hermanos tiene antecedentes por actos violentos. Siguiendo ese teléfono este martes un equipo liderado por el fiscal federal Matías Scilabra de Procunar Rosario recibió la información de un súbito aterrizaje y las coordenadas de la zona. Allí los que recibían a la avioneta fueron sorprendidos en mitad del campo, cerca del límite con Córdoba, y en la huida los hermanos Borras atropellaron a uno de los gendarmes, que está internado grave en el sanatorio Laprida de Rosario. Fueron detenidos cerca de Melincué, en el sur santafesino, y este viernes serán imputados de contrabando de estupefacientes y, se analizaba, el que manejaba de tentativa de homicidio. Los dos pilotos bolivianos también intentaron huir pero fueron apresados. Al costado de la avioneta quedó la carga que no alcanzaron a movilizar. En la investigación sobre este grupo hay varias cosas en definición y una certera. Esta última es que esta línea de droga boliviana no tiene que ver con Sebastián Marset, el narcotraficante uruguayo detenido hace dos meses en Santa Cruz de la Sierra y extraditado a Estados Unidos, que tiene fuertes conexiones con Paraguay y presuntamente socio del diputado Lalo Gomes de ese país, asesinado en su casa en 2024. Se está definiendo si uno de los hermanos Borrás tiene conexiones con Alejandro Zamudio, un hombre detenido en 2024 sospechado de estar en la trama de la organización del homicidio de Andrés Pillín Bracamonte, jefe de la barra brava de Rosario Central asesinato a tiros en noviembre de ese año. También llamó la atención que uno de los hermanos trabaja en una terminal portuaria del Gran Rosario, en tanto aparece ligado a la logística del narcotráfico, dado que la movilidad de los cargamentos hacia ultramar se define en ocasiones probadas a través de la hidrovía del río Paraná. “Los Borrás como la inmensa mayoría de los logísticos no son los dueños de la droga. Lo que hacen es lo que caracteriza a muchos operadores de esta zona. Que tienen, ya no hablando de estos hermanos, como función la unión del comprador con el vendedor: bajan la mercadería, la ponen en un puerto y la sacan a despachos de Europa u otros destinos continentales”, le dijo a LPO uno de los que trabajó en esta investigación. Un punto notorio que tienen estas dos detecciones de avionetas con cocaína boliviana y que aparece como una novedad es el hecho de que los traslados aéreos ya no necesitan la etapa de una escala previa para la que en general se utilizaba suelo paraguayo, en especial el área del Chaco. La autonomía del Cessna 210 como los ahora localizados en estas pistas santafesinas, que son caminos rurales, es de unos dos mil kilómetros que se reduce por el peso de la carga. No obstante fuentes de Gendarmería Nacional contaron a este medio que los transportadores, para evitarse la escala, están reabasteciendo en vuelo las avionetas. No mediante el método de los aviones militares sino de modo más casero: utilizan bidones de importante porte con una manguera conectada al tanque y por eso es necesario un segundo ocupante que se suma al piloto: para que realice esta tarea. El pasado 5 de mayo, con datos de la agencia norteamericana DEA, la Procunar había esperado con agentes federales la llegada de una avioneta a un campo llamado Don Julio en adyacencias de la ciudad de Vera, 440 kilómetros al noroeste de Rosario, que se posó allí con 442 kilos de cocaína. La avioneta era una Cessna 210. Seguían esta operación desde septiembre del año pasado. El dueño de ese cargamento, por las interceptaciones de teléfonos, era el boliviano José Pedro Rojas Velazco, conocido como “Pepa”, quien era un miembro comprobado de la red de Marset. El tráfico se organizó con Pepa en