Un informe de Chequeado alerta que la iniciativa oficial carece de los estándares internacionales de verificación. Advierten sobre riesgos de hostigamiento y señalan la contradicción con el acceso a la información pública. La creación de la “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del gobierno de Javier Milei, diseñada para “desmentir activamente la mentira” en redes sociales, encendió las alarmas entre especialistas en verificación del discurso público. Según un informe del Equipo de Chequeado, la iniciativa carece de la independencia necesaria para ser considerada una herramienta de fact checking válida y podría derivar en mecanismos de persecución. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, si bien el Gobierno busca “dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política”, los expertos señalan que el Estado no puede auditarse a sí mismo bajo las reglas del periodismo de datos. El problema de ser “juez y parte” Las organizaciones de verificación independientes se rigen por el Código de Principios de la International Fact Checking Network (IFCN), que exige transparencia en la metodología, el financiamiento y una política de corrección abierta. Contradicciones y antecedentes El informe destaca una paradoja en la gestión actual: mientras promete combatir la desinformación “brindando más información”, la administración de Milei modificó la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública introduciendo nuevas restricciones. De hecho, datos oficiales indican que esta gestión es la que “más pedidos de acceso a la información dejó sin responder” en comparación con los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández. No es la primera vez que un gobierno intenta controlar el discurso mediante “verificadores” oficiales. El informe cita antecedentes como:__IP__ Tanto FOPEA como dirigentes de la oposición ya manifestaron su rechazo, advirtiendo que estas herramientas pueden convertirse en formas encubiertas de hostigamiento y persecución a voces disidentes.
Autor: Redacción General
El último acuerdo paritario entre la UOCRA y las Cámaras empresarias de la construcción definió incrementos salariales escalonados para los meses de enero y febrero de 2026, que impactan en todas las categorías del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) N° 76/75 y, por extensión, en el CCT N° 577/10 para tareas específicas como canalización, líneas e instalaciones. El esquema establece un aumento del 2% en enero de 2026 sobre los salarios vigentes al 31 de diciembre de 2025, y un 1,8% adicional en febrero de 2026 calculado sobre los salarios al 31 de enero de 2026. Estos ajustes se aplican como incrementos acumulativos sobre los básicos, definiendo así la nueva estructura de costos laborales para obras públicas y privadas durante ese bimestre. Además de los porcentajes, se acordaron sumas fijas no remunerativas mensuales por categoría, que funcionan como un refuerzo del ingreso en función del rol dentro de obra. Para la Zona A se fijaron los siguientes montos: En términos de valores horarios y mensuales, desde el 1° de enero de 2026 las escalas quedan así: Oficial especializado $5.373 por hora; Oficial $4.596 por hora; Medio oficial $4.248 por hora; Ayudante $3.910 por hora; Sereno $710.248 por mes. A partir del 1° de febrero de 2026, los valores pasan a: Oficial especializado $5.470 por hora; Oficial $4.679 por hora; Medio oficial $4.324 por hora; Ayudante $3.980 por hora; Sereno $723.032 por mes. El acuerdo rige hasta el 28 de febrero de 2026, con una nueva negociación prevista para definir los montos desde marzo. La estructura salarial se organiza además por zonas geográficas, lo que reconoce diferencias de costos y condiciones regionales. La Zona A incluye CABA y provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, entre otras; la Zona B comprende Neuquén, Río Negro y Chubut; la Zona C corresponde a Santa Cruz; y la Zona Austral a Tierra del Fuego. A partir de esta base se ajustan al alza los valores de las demás zonas respecto de la Zona A, impactando en la planificación de presupuestos y licitaciones de obras en cada región. Construar
La movilización tiene lugar este sábado 7 de febrero y estará encabezada por movimientos LGBT+. La segunda Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista LGBTI+ se realizará este sábado 7 de febrero, convocada por las organizaciones que integran el Frente Nacional Orgullo y Lucha y distintos movimientos de derechos humanos que se desplazarán en conjunto. Según la convocatoria oficial a la que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas, la manifestación tendrá lugar a partir de las 16 hs y comenzará la Plaza del Congreso hasta Plaza de Mayo, y de manera simultánea en distintas plazas del país. El encuentro se llevará a cabo bajo las consignas: “Acá no sobra nadie. Ninguna vida es descartable”, “Abajo la reforma laboral”, “Rechazo a los DNU 61 y 62/2025” y por la “reparación histórica para travestis y trans mayores”. Esta movilización tuvo lugar por primera vez hace un año, tras el discurso del Presidente Javier Milei en el Foro Económico de Davos, lo que representó un “ataque” hacia la comunidad LGBT y, ante la ausencia de una modificación en los “discursos de odio”, los frentes sociales apuntan a “denunciar las consecuencia de la profundización de la violencia y la discriminación”. “Señalamos la seguidilla de crímenes de odio ocurridos en noviembre de 2025, cometidos por policías de las provincias de Salta, Córdoba y Buenos Aires contra jóvenes LGBTI+, fallecidos en operativos policiales que aún no fueron esclarecidos”, apuntó el escrito. Asimismo, la convocatoria remarcó las denuncias por el “desmantelamiento de los mecanismos de prevención y asistencia frente a la violencia por motivos de género, identidad de género y orientación sexual”, así como “el cierre del INADI y del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, hechos que forman parte de una política sistemática de persecución”. Por tanto, desde Orgullo y Lucha reafirmaron que “los DNU N° 61 y 62, firmados pocos días después de la marcha del 1F de 2025, restringen el acceso a la salud de adolescentes travestis y trans, y ponen en mayor riesgo a las personas travestis y trans privadas de la libertad al imponer criterios biológicos para su alojamiento”. En esta línea, exigieron que “el Congreso de la Nación los rechace de manera inmediata, por su carácter inconstitucional y anticonvencional”. Participarán la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), 100% Diversidad y Derechos, Abosex. Abogados por los Derechos Sexuales y las secretarías de Género nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, entre las 49 organizaciones que forman parte del colectivo. Por su parte, las funcionarias Romina del Plá y Vanina Biasi participarán del encuentro junto al Partido Obrero en el Frente de Izquierda. En este sentido, Del Plá indicó: “Para las diversidades y para las comunidades migrantes es imperioso salir a las calles frente a un gobierno que ha adoptado como ideología oficial la misoginia, el desprecio a la diversidad y el racismo”. La diputada nacional sostuvo que “no sólo crecen los trans travesticidios, en muchos casos con involucramiento directo de las fuerzas policiales, sino también la persecución y el odio contra los migrantes al mejor estilo Trump”. En tanto, Biasi consideró que es necesario “unir fuerzas” desde “la comunidad LGBT, los luchadores populares, los trabajadores y los jubilados que sufren la destrucción de sus ingresos, así como los migrantes que son deportados”. NA
El sector finalizó el año con una leve mejoría luego de lo que fue la debacle del período anterior, golpeado por el ajuste económico. La contrucción rebotó un 3,8% en diciembre con respecto a noviembre, y finalizó 2025 con un crecimiento acumulado del 6,3%. En 2024, el sector había registrado un pésimo desempeño al contraerse un 27,4% tras acusar el golpe que significó el ajuste económico del Gobierno. Los datos se desprenden del último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) para los indicadores de la actividad del rubro, que registra una variación interanual del 2,9% con respecto al mismo mes del año anterior. Asimismo, los puestos de trabajo registrados en el sector privado a noviembre de 2025 fueron 388.472, lo que implica una variación interanual del 2,9% frente al mismo mes del 2024. En tanto, la superficie autorizada por los permisos de edificación alcanzó los 1.338.203 de metros cuadrados, en ese mismo mes, una variación interanual del 13,6%. En el desglose de compras de insumos para la construcción, los indicadores mostraron una mayoría de bajas. A excepción de los apartados “Artículos sanitarios de cerámica”, “Resto” (grifería, tubos de acero sin costura y vidrio plano para la construcción) y “Hierro redondo y aceros para la construcción”, que en el mes crecieron 40%, 31,9% y 29,7%, respectivamente. Entre las caídas de compras destacan las de las divisiones de “Ladrillos huecos” (-20,7%), “Mosaicos graníticos y calcáreos” (-15,1%), “Yeso” (-12,3%) y “Pisos y revestimientos cerámicos” (-11,1%). Las empresas se mostraron pesimistas a una mejora en el corto plazo A pesar de la pequeña recuperación durante el año pasado, la mayoría de las empresas continúan reticentes a creer que habrá una mejora sustantiva de la actividad en el corto plazo, según revelaron los resultados obtenidos por la encuesta cualitativa de la construcción, realizada a grandes compañías del sector. En ese sentido, el 65% de las empresas que realizan obra privada creen que el nivel de actividad se mantendrá sin cambios durante el primer trimestre de 2026, mientras que solo el 22% estima que aumentará. Entre las que se dedican exclusivamente a la obra pública, el panorama no es mucho mejor, el 59,6% opina que el nivel no cambiará entre enero y marzo de 2026, y solo el 19,1% estima que aumentará. Entre las empresas que mostraron optimismo, el 28,7% de los encuestados confía en el crecimiento de la actividad económica, mientras que la estabilidad de los precios fue destacada por el 15,2%. Ámbito Financiero
El presidente de Sameep, Nicolás Diez junto al intendente de Villa Río Bermejito, Omar Reis y al presidente de la Cooperativa de Agua, Agustín Detzel, informaron que este viernes comenzó el proceso de normalización del suministro de agua potable para Juan José Castelli y las localidades de Miraflores, El Espinillo y Villa Río Bermejito, tras los trabajos realizados en el acueducto que abastece a la región. Desde el área técnica de Sameep explicaron que el restablecimiento del servicio se realiza de manera gradual, debido a que el sistema requiere un proceso de carga progresiva para garantizar su correcto funcionamiento y evitar nuevas roturas. En ese sentido, indicaron que el llenado del acueducto demanda varias horas de trabajo. ”Van a empezar a tener agua. Quiero ser claro en eso, porque llenar el acueducto lleva varias horas”, señaló Diez, remarcando que el procedimiento no es inmediato y debe realizarse con un incremento paulatino del caudal para preservar la infraestructura. Asimismo, detalló que el sistema debe alcanzar lentamente su ritmo operativo. “Hay que impulsar el agua a un caudal mínimo, después empezar a elevarlo para que agarre el ritmo de trabajo, o si no estaríamos rompiéndolo nuevamente. Quiero agradecer también, el trabajo articulado con el municipio de Villa Río Bermejito y con la Cooperativa de Agua de Castelli”. Según las estimaciones técnicas, el servicio comenzará a normalizarse de manera más estable durante la jornada del sábado, cuando se prevé que el sistema alcance niveles habituales de abastecimiento. Desde el organismo responsable del servicio solicitaron a la población hacer un uso responsable del agua durante este período de recuperación, con el objetivo de facilitar la estabilización del sistema y garantizar el suministro en toda la zona.
El titular de la Administración Provincial del Agua (APA), Jorge Pilar, informó que el río Bermejo se encuentra en una creciente ordinaria frente a las costas de la provincia del Chaco, producto de las lluvias registradas en los últimos días en la alta cuenca. Señaló que se trata de picos de corta duración y anticipó que, según los pronósticos, el nivel tendería a bajar en los próximos días, aunque se mantiene el estado de alerta. “En los últimos diez días tuvimos lluvias importantes en la alta cuenca del río Bermejo y Grande de Tarija que generan picos que son de corta duración y, en general, se dan en el mes de enero. Este mes de enero estuvo un poco más tranquilo y lo estamos viviendo en febrero”, explicó Pilar a CIUDAD TV. El funcionario confirmó que la creciente provocó desbordes y situaciones de aislamiento en el norte provincial. “Hubo desbordes en la zona de El Sauzalito y El Pintado, que generan estos problemas de aislamiento”, indicó, y agregó que se activaron los dispositivos de asistencia. “Estuve en comunicación con el subsecretario Gustavo Santos, de Defensa a la Comunidad, y están atendiendo a esta familia, seguramente con el programa Ñachec también”, precisó. Pilar remarcó que, más allá de las dificultades para las poblaciones ribereñas, las crecidas también cumplen un rol en el sistema hídrico provincial. “Estas crecidas permiten la recarga de los sistemas del Guaycurú, Guaycurucito y Guaycurú Chico”, señaló, y detalló que “las compuertas que tenemos en el terraplén de defensa de Pampa del Indio ya están pasando agua por algunas de ellas”. En ese sentido, destacó que “los productores estaban esperando estas crecidas”. Respecto al comportamiento del río, el titular de la APA advirtió que se trata de un curso de respuesta rápida. “El comportamiento del río Bermejo es muy rápido, se desarrolla como un torrente”, afirmó, y subrayó que “hay que estar atentos”. Explicó que el río libera energía a través de la erosión y el transporte de sedimentos: “Es energía no disipada que el río gasta con esa meandrosidad, haciendo erosiones de fondo y transporte de sedimentos; a veces se recuesta por una margen, a veces por otra”. En cuanto a las perspectivas, señaló que los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional anticipan nuevas lluvias en la alta cuenca. “Según los pronósticos, nos esperan para los próximos días lluvias de importancia en la alta cuenca, así que esta onda de bajante se mantendría durante unos días más”, explicó, y agregó que desde el organismo seguirán atentos “a la evolución de la meteorología y luego la hidrología”. Pilar también se refirió a las intervenciones humanas que agravan los efectos de las crecidas, especialmente los rellenos clandestinos. “Es una guerra sin cuartel contra los rellenos no autorizados y no convenientes, porque un metro cúbico de relleno de laguna es un metro cúbico menos de agua que puede almacenar temporalmente”, advirtió. En ese marco, reconoció que en algunos casos se debieron tomar decisiones complejas. “Con todo el dolor del alma, a veces hemos hecho demolición de viviendas muy precarias, pero las cuestiones particulares no pueden estar por encima de lo general y de la comunidad en su conjunto”, sostuvo, al remarcar la necesidad de convivir con una dinámica natural que requiere planificación, control y prevención permanente.
Desde la Consultora Politiké explicaron que al observar los salarios reales en Argentina en el sector de la construcción se puede apreciar que la provincia de Formosa tuvo un crecimiento interanual del salario real en el sector del10,2% para noviembre del 2025, siendo de esta forma la segunda jurisdicción con los salarios de mayor crecimiento del país en el sector de la construcción. Además al analizar los puestos de trabajo registrados en la construcción en el mes de noviembre del 2025 se puede observar que la provincia de Formosa tuvo un crecimiento del 12,9% en su comparación interanual. Ubicándose de esta forma como la jurisdicción de mayor crecimiento en el noreste argentino,segunda del norte grande y quinta a nivel país. Agenfor
La investigación se originó por denuncias de un comercio local afectado por maniobras fraudulentas reiteradas mediante el uso de comprobantes falsos. Por lo que, en la mañana de este viernes, personal de la División Leyes Especiales Metropolitana llevó adelante un allanamiento en el marco de una causa por supuesta estafa, con intervención del Equipo Fiscal Nº13 y el Juzgado de Garantías Nº4 de Resistencia. La causa se inició a partir de la denuncia realizada por la representante del comercio, quien informó reiteradas maniobras fraudulentas consistentes en pedidos con entrega a domicilio, abonados mediante comprobantes falsos o transferencias posteriormente canceladas, lo que generó un perjuicio económico estimado en más de un millón de pesos. Pasadas las 7, tras tareas investigativas, análisis de documentación, consultas en bases de datos oficiales y declaraciones testimoniales, los investigadores lograron identificar a una persona vinculada a los hechos, estableciéndose un domicilio en el barrio UTA como punto de recepción de los pedidos. Con la correspondiente orden judicial, los efectivos allanaron el inmueble, donde secuestraron un teléfono celular presuntamente utilizado para cometer la maniobra y varios envoltorios y cajas con inscripción del local damnificado.Ante la existencia de elementos probatorios suficientes, se procedió a la aprehensión de un hombre de 32 años, quien quedó a disposición de la Justicia.
Varios gremios solicitaron sumar un paro general a la movilización para que asistan más manifestantes a la protesta contra la reforma laboral del gobierno de Javier Milei. El sector dialoguista de la central obrera lo rechazó. De todas maneras, dio libertad de acción a los gremios para convocar ceses de tareas. El Consejo Directivo de la CGT se reunió este mediodía en la sede de Azopardo 802 y definió convocar a una movilización para este miércoles 11 de febrero hacia el Congreso a las 15.00 en el marco del inicio del debate legislativo de la reforma laboral. Jorge Sola, cosecretario general de la CGT, aseguró en conferencia de prensa que “el proyecto no busca modernizar el mundo del trabajo”, sino recortar derechos a los trabajadores. Adicionalmente, Solá aseguró que la central obrera no descarta la posibilidad de convocar a un paro general en el futuro. “Esta no es una batalla que la damos por perdida, simplemente estamos incrementando la protesta”, indicó el dirigente. Otra acción que tendrá lugar el próximo miércoles serán concentraciones frente a las sedes de las casa de gobierno de diferentes provincias, según resaltó Solá, “para demostrar también en esos lugares el rechazo a esta ley que se va a tratar”. De todas maneras, resaltó que la “responsabilidad” de que este proyecto se apruebe en el Congreso es de los legisladores y los senadores. “Hay que preguntarles si van a defender los derechos de los trabajadores o los de un proyecto político que les es ajeno”, enfatizó. Algunos sindicatos habían propuesto que, además de la movilización, se convoque a un paro de 12 horas para favorecer la asistencia de los manifestantes. Otros gremios más combativos buscaron que se considere realizar un paro de 48 horas. Inclusive, esta semana, el sindicalista Pablo Moyano reapareció públicamente con fuertes críticas a la reforma laboral impulsada por el Gobierno y al rol que viene jugando la CGT. También apuntó contra los gobernadores del PJ que apoyan la iniciativa y sostuvo que la estrategia de diálogo de la central obrera “no funcionó”. Sin embargo, el triunviro de la central obrera pospuso por el momento la idea de llamar a un paro general. El sector dialoguista sostiene una postura de negociación con gobernadores y senadores para intentar mitigar el impacto de la reforma a través de cambios técnicos al proyecto. Página 12
El jefe del Programa de ETS y Sida, Juan Carlos Quintana, advirtió sobre el crecimiento sostenido de la sífilis en Argentina, la interrupción de la provisión nacional de preservativos y la necesidad de retomar políticas públicas preventivas. Señaló que el no uso del preservativo es el principal factor del aumento y alertó sobre el impacto sanitario y económico, en especial por la transmisión vertical durante el embarazo. El jefe del Programa Provincial de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) y Sida, Juan Carlos Quintana, alertó sobre el aumento sostenido de los casos de sífilis en el país y lo vinculó a la falta de políticas preventivas y a la interrupción de la provisión de preservativos a nivel nacional. Lo hizo en diálogo con CIUDAD TV, donde expuso datos oficiales, explicó las características de la infección y remarcó la necesidad de una decisión política sostenida en materia de salud pública. “Esta situación con sífilis es un tema sanitario que se viene presentando ya desde algunos años”, señaló Quintana, y precisó que “hay un 26% más de nuevos casos, de nuevas personas infectadas en 2025 con respecto al 2024”. Según detalló, ese incremento representa “en números absolutos unas 46.000 personas más infectadas durante 2025 en todo el país”. Además, indicó que el crecimiento alcanza “un 71% más que en los últimos cinco años”, lo que ubica a la sífilis como una de las infecciones de transmisión sexual con mayor presencia en la actualidad. En ese marco, explicó que se trata de una infección que durante años fue considerada controlada. “Volvemos a una infección que se pensaba bastante lejana, como que estaba inclusive hasta erradicada, controlada, pero en realidad estos números nos están mostrando totalmente otra cosa”, afirmó. Quintana remarcó que el aumento de los casos no responde a una sola causa. “En salud y sobre todo en la planificación sanitaria nunca hay una sola causa. Siempre hay que evaluar una multiplicidad de factores”, explicó, aunque subrayó que el principal factor identificado es el abandono del uso del preservativo. “El aumento de la enfermedad tiene como causa principal el no uso del preservativo”, sostuvo. En ese sentido, cuestionó los enfoques ideológicos sobre las políticas de prevención. “Cuando uno hace análisis de estas situaciones hay toda una tendencia a pensar que la política del preservativo tiene sesgos ideológicos. Eso es absolutamente un error”, afirmó, y agregó: “Está demostrado en el mundo y en la historia que la intervención sanitaria más costo efectiva es el uso del preservativo, el uso de la prevención, el uso de la política preventiva”. El funcionario también detalló el impacto económico que implica el aumento de la sífilis. Indicó que “diagnosticar y tratar a una persona adulta cuesta alrededor de 50 dólares”, monto que debe multiplicarse por la cantidad de casos anuales. A esto se suma la complejidad de las reinfecciones y, especialmente, la transmisión vertical. “Cuando una mamá embarazada que tiene sífilis transmite a su bebé durante la gestación, esto puede provocar daños graves e irreparables e incluso la muerte al recién nacido”, advirtió. En esos casos, explicó que “el costo es de aproximadamente 1.500 dólares por niño”. Frente a ese escenario, contrastó los costos del tratamiento con los de la prevención. “Un preservativo comprado a través del Fondo Poblacional de Naciones Unidas cuesta 3 centavos de dólar. A nivel nacional sale 15 centavos por unidad, y cuando compran las provincias sale mucho más caro porque la compra es en menor volumen”, detalló. Al respecto, señaló que “a nivel nacional la provisión se interrumpió en 2023”, mientras que “Chaco compró preservativos el año pasado y asumió ese gasto”, aunque aclaró que no es lo mismo adquirir 100.000 unidades que comprar millones para todo el país. “La gran simuladora” Durante la entrevista, Quintana explicó las características de la sífilis, a la que definió como “la gran simuladora”. Señaló que es una infección bacteriana que se transmite a través de las relaciones sexuales y que el primer signo suele ser una lesión llamada chancro. “No duele, no pica, no arde, no molesta en general”, indicó, lo que hace que muchas personas no consulten. La lesión desaparece sola, pero meses después pueden aparecer manchas en la piel o verrugas, momento en el que generalmente se realiza el diagnóstico. El tratamiento, según explicó, “sigue siendo barato” y se basa en la penicilina, antibiótico que “desde hace por lo menos 60 años funciona contra la sífilis”. También advirtió que todas las prácticas sexuales sin preservativo implican riesgo. “Cuando uno habla de sexo penetrativo, el sexo oral es penetrativo”, remarcó. Quintana también se refirió al impacto de las adicciones en la prevención. Señaló que afectan a personas de todas las edades y que, cuando están presentes, “el trabajo sanitario se vuelve tremendamente cuesta arriba”, ya que “ya no sería el problema la sífilis o incluso el VIH, sino lo que genera la adicción”. Reclamo por políticas públicas sostenibles En cuanto a las políticas públicas, sostuvo que “en prevención y sobre todo en ITS no existe una bala de plata” y llamó a retomar decisiones sanitarias a nivel nacional. “Argentina ya lo hizo, el Chaco ya lo hizo, las provincias ya lo hicieron: tomar decisiones políticas al respecto”, expresó, y subrayó el rol del Ministerio de Salud de la Nación como ente regulador para reducir las asimetrías entre regiones. Como ejemplo, mencionó a Brasil, país que fue declarado por la Organización Mundial de la Salud libre de la transmisión vertical de sífilis y VIH. “Ha tenido políticas públicas sostenibles y ahí están los resultados”, afirmó, y destacó experiencias de educación sexual integral articuladas con distintos sectores sociales. “El mensaje es claro: se puede hacer. Hay que sostener las políticas públicas, hay que proveer preservativos”, concluyó Quintana.
Las tres comparsas desplegarán su magia: Areté, Arco Iris y Ará Tirí preparan un show inolvidable. El municipio, bajo la gestión de “Juanchi” García, consolida un modelo de gestión cultural y empleo con un festejo popular de entradas accesibles y un espectáculo familiar en el corazón del Chaco. Luego de una exitosa inauguración que congregó a más de 4 mil personas y una segunda jornada cargada de emociones, Machagai se prepara para vivir este sábado 7 de febrero su tercera noche de Carnaval 2026. Con el lema “el Carnaval en el Corazón del Chaco”, la ciudad espera recibir a cientos de familias en el Corsódromo municipal, ubicado en el predio del ferrail, con acceso por calles Uruguay y Carlos Vechietti. La velada estará protagonizada por las tres comparsas locales. Areté abrirá la noche con su presentación “México”; le seguirá Arco Iris, que realizará un recorrido por su historia; y cerrará Ará Tirí con su tema “Encantado”. Cada agrupación desplegará todo su esplendor con carros alegóricos, destaque, banda musical y batería, prometiendo un espectáculo lleno de color, alegría y contagiosa energía. El intendente Juan Manuel “Juanchi” García lidera desde hace siete años un modelo de gestión que transforma al carnaval en una política cultural y socioeconómica clave. El municipio asume íntegramente la organización –infraestructura, seguridad, sonido y personal– y distribuye equitativamente la recaudación entre las tres comparsas. Para la gestión, este evento no es un gasto, sino una inversión que fomenta el turismo, ofrece recreación accesible y genera empleo genuino durante todo el año para costureras, herreros, artesanos y otros oficios. Las entradas, pensadas para toda la familia, tienen un valor general de $5.000 (a partir de los 10 años) y pueden adquirirse con medios de pago electrónicos, billeteras virtuales y Tarjeta Tuya en hasta tres cuotas sin interés. Todo está listo para que, al son de los tambores, este sábado 7 de febrero Machagai vuelva a latir con la pasión de su Carnaval.
La Bancaria denunció el cierre de más de 40 sucursales, despidos y amenazas a delegados en el Santander. Realizó la denuncia en Trabajo y se declaró en estado de alerta. Habrá una audiencia clave el 12 de febrero. La Bancaria denunció en la Secretaría de Trabajo lo que considera como “reiterados incumplimientos” por parte del Banco Santander. En ese contexto se realizó la audiencia en la que participó Sergio Palazzo y otros miembros del Secretariado Nacional, secretarios Generales de Seccionales y miembros de la Comisión Gremial Interna de la entidad bancaria, además de los representantes del Banco para exponer el caso. Desde la Asociación Bancaria denunciaron nuevamente al Banco Santander, “quienes continúan adoptando diversas medidas que afectan gravemente los derechos laborales y salariales de las y los trabajadores”. Además detallaron que “en las últimas semanas, la empresa avanzó en el cierre de más de 40 sucursales, continúa impulsando despidos, y ha incurrido incluso en amenazas hacia dirigentes gremiales”. En ese contexto acusaron al Santander de modificar rubros en los recibos de sueldo, lo cual impacta de manera directa en la percepción salarial de las y los trabajadores y solicitaron a la Secretaría de Trabajo inspecciones urgentes por tercerizaciones de tareas bancarias, entre otros incumplimientos. La Asociación Bancaria dispuso el estado de alerta y movilización en el Banco Santander a Nivel Nacional, y los Cuerpos Orgánicos de Sindicato se reunirán próximamente para definir la continuidad del plan de acción. Por último la Cartera Laboral convocó a las partes para una nueva audiencia, a realizarse el día jueves 12 de febrero. “En caso de no obtener respuestas favorables, continuarán las asambleas y se profundizará el plan de lucha hasta tener una solución integral y satisfactoria para todos los trabajadores y trabajadoras”, concluyó el gremio. Infogremiales
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció este viernes la suspensión del paro de actividades en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que estaba programado para el próximo lunes 9 de febrero, garantizando así la normalidad de los vuelos en el inicio de la semana. Se abrió una mesa de diálogo con Transporte por la deuda salarial. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la decisión se tomó luego de que las nuevas autoridades del Ministerio de Transporte convocaran al gremio a una reunión de urgencia para destrabar el conflicto. “Posponemos la medida de fuerza del lunes porque, desde un primer momento, nuestra intención fue el diálogo”, confirmó Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta de ATE Nacional. La dirigente explicó que el conflicto se originó por “una deuda salarial y el incumplimiento de un aumento” pactado anteriormente. El paro, que iba a comenzar a las 00:00 del lunes, amenazaba con afectar la operatividad de los aeropuertos en plena temporada. “Veníamos realizando distintas acciones en los aeropuertos sin llegar al paro, porque es la última herramienta, y al parecer el Gobierno escuchó el reclamo”, agregó Cabezas. Por su parte, Marcelo Belleli, titular de ATE ANAC, advirtió que la suspensión es condicional: “Vamos a dialogar posponiendo el paro, pero no renunciamos a los reclamos que nos llevaron a la medida de fuerza”.IP El sindicato informó que, mientras se desarrolle la negociación, la operación aérea será normal. No obstante, si no se llega a un acuerdo en la reunión con los funcionarios, se convocará a una nueva asamblea para definir los pasos a seguir. NA
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) confirmó este viernes 6 de febrero que la industria manufacturera encadenó su sexta caída interanual consecutiva y cerró diciembre con una baja de 3,9%, y de 0.1% respecto al mes previo. De esta manera, en el acumulado de enero-diciembre de 2025 el índice de producción industrial (IPI) presentó un incremento de 1,6% respecto a igual período de 2024. De este modo, los datos volvieron a reflejar que se trata del sector más afectado por el modelo económico impulsado desde el Gobierno. Los números oficiales del INDEC mostraron que este sector tocó mínimos desde mediados de 2024, pero las industrias automotriz, la textil y la de maquinaria y equipo aparecen como las más golpeadas. En términos interanuales, las contracciones sectoriales más profundas se verificaron en la industria automotriz (-19,4%), la de textil e indumentaria (-18,7%) y la de productos de metal, maquinaria y equipo (-12%). En este último caso resalta particularmente la menor fabricación local de maquinaria agrícola y de electrodomésticos. Fuentes consultadas de estos sectores remarcaron a la menor demanda interna y la competencia de productos importados como factores clave que limitan la producción. En el caso del sector automotriz también influyen los menores pedidos desde el exterior, particularmente desde Brasil, en un contexto de creciente penetración de los autos chinos en la región. El detalle del informe elaborado por el INDEC, que esta semana se vió envuelto en la polémica por la renuncia de su extitular Marco Lavagna, debido al aplazamiento por parte del Gobierno de la nueva forma para medir la inflación, marca que diez de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales. Ámbito
El Ministerio de Capital Humano dio a conocer un nuevo dato interanual sobre personas en situación económica vulnerable. Aseguran que la caída es por la estabilización de la economía. Luego de la polémica generada por la intempestiva renuncia de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el Gobierno aseguró que la pobreza se ubicó en 26,9% durante el tercer trimestre del 2025 luego de contraerse 11,4 puntos en la medición interanual. Aseguran que es debido a la estabilización de la economía y la caída de la inflación. Mientras tanto, Nación posterga la entrada en vigencia del nuevo índice que medirá la evolución de los precios. El dato lo divulgó este jueves el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, en base a un cálculo realizado por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) a partir de datos obtenidos por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que realizó el organismo estadístico. La cartera nacional aseguró que el descenso se sustentó en “políticas económicas implementadas por el gobierno” que contribuyeron a la reducción de la inflación y la estabilización de la economía, que estuvieron acompañadas por “acciones encaradas desde este Ministerio centradas en las personas con mayor vulnerabilidad del país”. La incidencia de la pobreza, según afirman desde Nación, fue de 26,9% para el tercer trimestre del año pasado, lo que representa “una baja interanual de 11,4 puntos porcentuales respecto del tercer trimestre de 2024, cuando alcanzó 38,3%”. Mientras que la indigencia se ubicó en 6,0%, tras caer 3,2 puntos porcentuales. “Esta proyección ratifica la firme tendencia a la baja de la incidencia de la pobreza, que tuvo su pico más alto en el primer trimestre de 2024, alcanzando al 54,8%”, aseguró el ministerio en un comunicado. La medición oficial de INDEC sobre pobreza se realiza y publica de forma semestral. El último registro arrojó un 31,6% durante el primer semestre de 2025. El próximo dato se conocerá en marzo 2026, referida al segundo semestre de 2025. El nuevo dato estadístico se dio a conocer en el medio de la sorpresiva renuncia de Lavagna a la titularidad del INDEC, hecho que suscitó múltiples críticas al Gobierno por presiones para frenar el cambio de medición de la inflación, esquema que iba a entrar en vigencia en febrero pero que, según reconoció el ministro de Economía, Luis Caputo, se postergará “hasta que el proceso de desinflación esté consolidado”. La salida de quien fuera titular del organismo de estadísticas y censo de la Nación durante los últimos seis años fue divulgada en primer lugar por voceros del organismo y luego confirmada por el propio Lavagna a través de una carta enviada al personal del INDEC, en la que agradeció por el trabajo realizado pero evitó profundizar sobre los motivos de su salida. Quien se encargó de confirmar la causa de la renuncia fue el propio Caputo. “Renunció porque se ha estado trabajando en la nueva metodología del INDEC y Marco (Lavagna) tenía como fecha implementarlo ahora. Con el Presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación este consolidado”, explicó, hecho que aún no se concretó. Tal como informó Ámbito, la medición en base a la ENGHo 2017/2018 está lista desde fines de 2024. Pero Lavagna decidió esperar a que pasen las elecciones de medio término para que una aceleración de precios no condicionara el escenario político. Habiendo pasado este tramo, el equipo del INDEC decidió que la medición actualizada de inflación se realizara a partir de este año. Desde el ministerio que conduce Pettovello aseguraron que la cifra divulgada este jueves son un correlato de la decisiones tomadas por la gestión nacional que lograron “equilibrar la macroeconomía y poner un freno a la inflación”, junto con la focalización de las transferencias hacia sectores más vulnerables “de manera directa y transparente, sin intermediarios”, hechos que, según afirmaron, permitirá “seguir bajando la pobreza en la Argentina”. Ámbito
La empresa Secheep advirtió a la comunidad sobre la circulación de intentos de estafas en nombre de la empresa, mediante llamados telefónicos, mensajes de texto y comunicaciones por redes sociales, en los que delincuentes intentan obtener datos personales o dinero de los usuarios. Desde la empresa provincial remarcaron que Secheep NO realiza este tipo de gestiones y pidieron a la población extremar precauciones para evitar caer en engaños. En ese sentido, recordaron que la empresa no ofrece descuentos a través de llamados o mensajes, no se comunica con los usuarios para solicitar datos personales y tampoco gestiona ni realiza inscripciones al subsidio nacional de energía. Asimismo, indicaron que ante cualquier comunicación sospechosa, los usuarios deben cortar inmediatamente el contacto y realizar la denuncia correspondiente llamando al 911. Desde Secheep señalaron que este tipo de maniobras fraudulentas suele intensificarse en contextos donde se anuncian beneficios o programas vinculados al servicio eléctrico, por lo que solicitaron a la comunidad informarse únicamente a través de los canales oficiales de la empresa. Además, recomendaron no brindar datos personales, números de cuenta, claves bancarias ni información sensible a terceros, y verificar siempre cualquier gestión relacionada con el servicio eléctrico a través de las oficinas comerciales o los medios institucionales habilitados. Finalmente, reiteraron que la colaboración de la comunidad es fundamental para prevenir este tipo de delitos y contribuir a la seguridad de todos los usuarios del servicio.
La Subsecretaría de Desarrollo Territorial de la Provincia del Chaco, a cargo de Alicia Ogara, informó que intimó formalmente al intendente de la Municipalidad de Barranqueras a realizar una retractación pública, en conjunto con el Director de Protección Civil municipal, por manifestaciones consideradas falsas y sin sustento difundidas a través de redes sociales oficiales del Municipio. Según se indicó desde el organismo provincial, las publicaciones atribuyeron al Eco Equipo- dependiente de la Subsecretaría- una supuesta intervención en un incendio ocurrido en la ciudad de Barranqueras, además de responsabilizarlo por hechos que, aseguraron, nunca existieron. En ese sentido, aclararon que el equipo provincial no participó ni actuó en el episodio mencionado. Desde la Subsecretaría señalaron que resulta grave la utilización de canales oficiales municipales para difundir información errónea que atribuye responsabilidades inexistentes a organismos provinciales, situación que -advirtieron- afecta el honor, el prestigio y la imagen institucional. Ante este escenario, se notificó formalmente al Ejecutivo municipal otorgándole un plazo perentorio, improrrogable e impostergable de 24 horas para efectuar una retractación pública, clara y expresa, por los mismos medios en los que se difundieron las publicaciones cuestionadas. Asimismo, desde el área provincial informaron que, en caso de no cumplirse con la intimación, se dará intervención inmediata a la Fiscalía de Estado de la Provincia del Chaco, para que actúe conforme a sus competencias, sin perjuicio de otras acciones administrativas o legales que pudieran corresponder. Finalmente, la Subsecretaría de Desarrollo Territorial ratificó su compromiso con la verdad, la legalidad y el respeto institucional, y rechazó cualquier intento de desinformación que pueda afectar el normal funcionamiento de los organismos del Estado.
El dinero, junto con otros 2.000 euros, fueron retirados de su domicilio a raíz de la investigación por sobreprecios en el organismo. La defensa del ex funcionario apeló la decisión. El juez federal Sebastián Casanello rechazó la solicitud de devolución de 80.000 dólares y 2.000 euros incautados al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, quien enfrenta una investigación por presunta corrupción en el organismo. La defensa apeló la decisión ante la Cámara Federal, que deberá pronunciarse sobre el planteo. La resolución de Casanello se produjo luego de que la defensa de Spagnuolo argumentara que la incautación carecía de sustento, dado que el dinero permanecía en una caja de seguridad sin movimientos desde abril de 2023, antes de la asunción del ex funcionario designado por el presidente Javier Milei. En su dictamen, el fiscal Franco Picardi se opuso a la restitución y señaló que “existen múltiples razones por las cuales la fiscalía entiende que, por el momento, corresponde rechazar las solicitudes formuladas por Diego Orlando Spagnuolo. Entre ellas, se destacan el estado de la investigación, su complejidad, así como la de la red criminal investigada y las posibles penas pecuniarias y costas que podrían ser aplicables en el caso. Estas circunstancias, en conjunto, impiden hacer lugar a lo solicitado en esta etapa del proceso”. El juez Casanello, por su parte, fundamentó su decisión al señalar que “el dinero secuestrado podría ser instrumento o producto del delito que se investiga en autos, resultando necesario para garantizar eventuales reparaciones económicas, penas pecuniarias y decomisos”, según consta en el fallo. La defensa apeló el rechazo y el juez Casanello concedió el recurso ante la Cámara Federal que ahora debe resolver sobre el planteo. La difusión de los audios La causa se originó tras la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo, en los que reconocía la compra de medicamentos con sobreprecios y el pago de sobornos a otras instancias estatales. Estos registros, difundidos en el streaming Carnaval, fueron denunciados por la defensa como falsos y presuntamente fabricados mediante inteligencia artificial. Por este motivo, la Cámara Federal ordenó una pericia técnica para determinar su autenticidad. En el expediente figuran dieciséis acusados, todos indagados por integrar una presunta organización ilícita dedicada a direccionar la compra de medicamentos de alto costo para personas con discapacidad y beneficiarios de planes sociales. La hipótesis fiscal señala que las maniobras contaron con la colaboración de varias droguerías y manipulación del sistema informático de la Andis. Durante una audiencia realizada en diciembre, la defensa de Spagnuolo solicitó el cierre de la causa y su sobreseimiento, apoyándose en un peritaje particular que arrojó 65% de probabilidades de intervención con inteligencia artificial en los audios. Asimismo, la representación legal de la droguería Suizo Argentina pidió la nulidad de los registros sonoros, aunque estas solicitudes no prosperaron en la justicia. Un fallo de la Cámara Federal del 4 de diciembre resolvió, con mayoría de los jueces Martín Irurzun y Roberto Boico, que existe “incertidumbre” sobre la autenticidad de los audios y dispuso que el juez Casanello adopte todas las medidas necesarias para esclarecer el caso. El camarista Eduardo Farah, en minoría, votó por continuar la investigación sin anular la causa, al considerar que las objeciones sobre posibles ediciones eran conjeturas de la defensa. El futuro judicial de Spagnuolo y los demás imputados en esta investigación depende de la resolución que adopte al finalizar la instrucción del caso el juez Casanello, tras la opinión de la fiscalía y de la agrupación Fundación Poder Ciudadano, querellante en la causa. Si se confirma el procesamiento de los imputados, el expediente avanzará hacia el juicio oral, donde se evaluarán tanto los audios como los dispositivos electrónicos incautados en los allanamientos. INFOBAE
Una denuncia radicada en enero de este permitió identificar a los insectos en el territorio. Por esto, se aplicará un plan de contigencia hasta junio de 2027. Luego de que detectaran indicios de la presencia de la plaga conocida como Picudo Rojo de las Palmeras en la isla Martín García, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) declaró la emergencia fitosanitaria por el plazo de un año. La medida fue oficializada esta madrugada, por medio de la publicación de la Resolución N° 133/2026 en el Boletín Oficial. Con la aprobación de la presidente del SENASA, María Beatriz Giraudo Gaviglio, se estableció que la emergencia estará vigente hasta el 30 de junio de 2027. “El área bajo Emergencia Fitosanitaria abarca la superficie correspondiente a la isla Martín García, perteneciente al partido de La Plata, Provincia de Buenos Aires”, aclararon, tras apuntar que deberán ponerse en marcha las políticas obligatorias de prevención, vigilancia y control de la plaga. De la misma manera, la normativa obliga a todos los funcionarios y/o responsables a tener que denunciar “cualquier circunstancia detecten la presencia de ejemplares compatibles con la plaga en cualquiera de sus estadios (larva, pupa, adulto) y/o daños sospechosos del Picudo Rojo de las Palmeras”. Asimismo, aclararon que la alerta deberá ser realizada en la oficina del SENASA más cercana o por cualquier medio de comunicación vinculado al organismo. Entre los actores mencionados, las autoridades hicieron mención a toda persona responsable de la producción, multiplicación, importación o comercialización de palmeras, así como autoridades y organismos públicos. En este sentido, remarcaron que la entrada en vigencia de la emergencia fitosanitaria fue posible gracias a una denuncia ingresada a través del Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo de plagas (SINAVIMO), una plataforma que funcionaba bajo las directivas del SENASA. La misma había sido radicada en enero de este año, en donde indicaron que había “daños aparentemente causados por el Picudo Rojo de las Palmeras sobre Phoenix canariensis y la presencia de insectos morfológicamente compatibles con la citada plaga en estado adulto y juvenil en la isla Martín García”. A raíz de esto, la Dirección de Laboratorio Vegetal confirmó haber identificado la presencia del insecto Rhynchophorus ferrugineus Olivier, conocido como Picudo Rojo de las Palmeras, en muestras recolectadas recientemente. Por este motivo, explicaron que era vital declarar la emergencia, debido a la amenaza que representa la plaga para el patrimonio fitosanitario nacional. Sobre todo, porque este tipo de insecto está catalogado como “Plaga Cuarentenaria Ausente en el Territorio Nacional” y actualmente no existen productos fitosanitarios autorizados para su control por parte del SENASA. Asimismo, recordaron que la primera alerta sobre la presencia del picudo rojo se activó en 2022, luego de que constataran que se encontraba presente en Uruguay. Así, el objetivo de la declaración será fomentar la detección temprana y la colaboración entre los organismos responsables, además de alertar a los actores involucrados y a la sociedad sobre la importancia de tomar acciones contra la plaga. Por otro lado, la normativa dictaminó que la Dirección Nacional de Protección Vegetal podrá extender el plazo de la emergencia o modificar tanto el área afectada como los principios activos permitidos para el combate de la plaga. Al mismo tiempo que el organismo también podrá introducir medidas fitosanitarias adicionales para frenar su dispersión, establecieron que quienes infrinjan la normativa serán sometidos a las sanciones previstas en el capítulo V de la Ley 27.233 y sus disposiciones reglamentarias. Respecto al plan de contingencia aprobado, se incluyeron requerimientos de erradicación de ejemplares afectados, aplicación obligatoria de medidas de bioseguridad y uso controlado de productos fitosanitarios autorizados. Estos deberes alcanzaron tanto a operadores comerciales como a titulares de propiedades privadas, responsables de áreas protegidas y jurisdicciones provinciales o municipales. En este sentido, la estrategia de control contempla, hasta el 30 de junio de 2027, la autorización provisional y excepcional de diversos principios activos como ACETAMIPRID, BENZOATO DE EMAMECTINA, CARBARIL, DIMETOATO, DINOTEFURAM, FOSMET, IMIDACLOPRID y TIAMETOXAM para tratamientos de endoterapia, y una selección de esos mismos compuestos para tratamientos de exoterapia. En el caso de las aplicaciones exoterápicas, exigen la identificación de los ejemplares tratados, la delimitación de zonas de exclusión por 48 horas o hasta el secado del producto y la prevención de derivas durante la aplicación, especialmente en condiciones meteorológicas adversas. Entre las obligaciones reglamentadas, está vedado el consumo de frutos provenientes de palmeras en tratamiento con estos productos hasta nuevo aviso. Asimismo, se requiere el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Aplicación de Fitosanitarios y el respeto de las normativas vigentes a escala nacional, provincial y municipal. Infobae
Ariel Ledesma criticó principalmente todo el proceso conocido de elaboración de la ley de reforma laboral que propone la Nación. ”Lamentamos mucho que siempre se deje al trabajador de lado, como a sus representantes, para generar este tipo de leyes o ideas raras en beneficio – supuestamente – del mismo. Y sabemos que no es así cuando no somos partícipes de este tipo de armado de leyes”, comenzó. En los estudios de CIUDAD TV, el dirigente sindical expuso además la manifiesta preocupación del sector laboral de la construcción, ”por la pérdida de derechos que nos inclina más a la informalidad”. ”Nos quieren llevar de las narices a un lugar que creo que no es función del Estado que no es lo que tiene que hacer. Porque el Estado es un mediador, siempre lo fue entre el sindicato y la empresa y ahí – en un conjunto de ideas – se saca lo mejor para ambas partes y donde el beneficio es para los tres: para el gobierno, para los trabajadores y para las empresas”, sintetizó Ledesma. Agregando que las reformas propuestas, ”nos podrían hacer retroceder en conquistas históricas y que también muchas personas – que nunca han experimentado un trabajo formal – puedan tenerlo, lo cual empeora la informalidad laboral”. En este sentido, el dirigente de la UOCRA Chaco aseguró que, ”esto ni a las empresas locales les conviene. Acá en la provincia no son las multinacionales, y siempre la discusión la tienen con el gremio cuando se tratan las paritarias y se llega a un acuerdo. Eso se presenta al Ministerio de Trabajo, que es parte del Estado, que es el que media y ve que ambas partes estén de acuerdo. De ahí salen las leyes o normas o las paritarias para para los trabajadores”. ”¿Te imaginas cómo discutirá un trabajador con un empresario y quién va a llevar adelante la parte afirmativa? Quién va a llevar el beneficio no va a ser el trabajador; entonces también están estas cuestiones donde le que se va a perjudicar es la empresa, porque se trata de acordar condiciones en conjunto – como paritarias – en lugar de imponer cambios unilaterales”, explicó. ”Creo que esta es la mejor forma y de qué manera se tienen que hacer las leyes y cómo aplicarlas. ¿Para eso votan los diputados y los senadores, para perjudicar al trabajador o al pueblo?. Acá hay una realidad que la estamos sufriendo todos los argentinos”, agregó. Indicando que, ”en toda esta crisis que está ocurriendo, lamentablemente los primeros castigados fuimos nosotros, los de la construcción. Porque el Gobierno sacó toda la obra pública y porque ya no es solo un problema del sector de la construcción, sino que es una postergación para el pueblo y las ciudades. Al no tener obra pública habrá menos escuelas, centros de salud, menor seguridad y rutas en estado desastrozos. Eso es lo que está ocurriendo hoy”. También Ariel Ledesma apuntó al impacto negativo de esta reforma laboral en las pymes del país. ”Sabemos que las pequeñas y medianas empresasson las que generan muchos empleos, pero no están siendo incluidas en el debate y también será perjudicadas por la reforma”, disparó. Resaltando además a las profundas consecuencias económicas y sociales que se producirían de aprobarse este iniciativa casi inconsulta con los principales sectores dinamizadores del trabajo y la economía. ”Es esta falta de creación de empleo formal y la caída de las obras públicas lo que reduce el consumo, y obliga a los trabajadores a buscar “changas” para llegar a fin de mes generando un claro retroceso en las condiciones laborales”, insistió.