La Policía del Chaco solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Claudio Leonel González, de 22 años, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 24 de abril. Según informaron fuentes oficiales, el joven habría manifestado su intención de viajar hacia la provincia de Córdoba, presuntamente a la ciudad de Villa Carlos Paz. Sin embargo, hasta el momento no se pudo confirmar si efectivamente concretó el traslado, y desde esa fecha se perdió todo tipo de contacto. González es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,65 metros de altura, tiene cabello oscuro y presenta tatuajes en el antebrazo izquierdo, características que podrían facilitar su identificación. Ante esta situación, se activó el protocolo de búsqueda de personas desaparecidas y se iniciaron tareas investigativas para establecer su paradero. Las autoridades solicitan que cualquier información que pueda resultar útil sea comunicada de inmediato a la comisaría más cercana o al servicio de emergencias 911.
Autor: Redacción General
Efectivos policiales lograron recuperar partes de una motocicleta sustraída en la ciudad de Resistencia, en el marco de tareas investigativas. El procedimiento se llevó a cabo en inmediaciones de avenida Antonio Martina y colectora de ruta nacional 16, donde, tras información obtenida, se implementó un operativo cerrojo en una zona boscosa. En el lugar se hallaron diversas motopartes abandonadas, correspondientes a una motocicleta marca Zanella modelo ZB. Entre los elementos secuestrados se encuentran motor, cuadro, ruedas, tanque de combustible, manubrio y carenados, todos vinculados a una causa por supuesto robo denunciada días atrás. Tras verificar los registros, se constató que los elementos poseían pedido de secuestro vigente, por lo que fueron formalmente incautados y trasladados a la dependencia policial. Se continúan las diligencias para dar con los autores del hecho.
El Presidente habría aportado cerca de 350 mil dólares para la conformación de un equipo de comunicación que tiene como objetivo llevar adelante una guerra mediática contra los gobiernos de Colombia y México. Luego del informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el próximo libertario en tener que dar explicaciones sobre sus acciones podría ser el presidente Javier Milei. Tras los audios filtrados en los que se oye al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández hablar de una red de fake news para desprestigiar a varios líderes latinoamericanos en la que el libertario habría aportado 350 mil dólares, el diputado Nicolas Trotta envió a la Cámara de Diputados un proyecto de resolución para expresar una “profunda preocupación” ante los presuntos hechos y pedirle explicaciones al Presidente y sus funcionarios. “No solo atacan la libertad de expresión en la Argentina (…) sino que ahora tomamos conocimiento que financian en Centroamérica una unidad para desprestigiar el gobierno de México, de Colombia y de Honduras”, arremetió Trotta. La semana pasada, Página/12 difundió una serie de audios publicados por el Diario Red de España y el portal Hondurasgate, que datan del 30 de enero de este año. En los archivos, Juan Orlando Hernández (JOH, en su país), dialoga con el actual mandatario hondureño Nasry Asfura y su vicepresidenta, María Antonieta Mejía acerca de la la conformación de un equipo de comunicación que tiene como objetivo llevar adelante una guerra mediática contra los gobiernos de Gustavo Petro en Colombia y Claudia Sheinbaum en México. En junio de 2024, JOH fue condenado en Nueva York a 24 años de prisión por delitos de narcotráfico y posteriormente indultado por el presidente estadounidense Donald Trump, alegando que sintió “con mucha fuerza que este hombre -por Hernández- fue tratado muy mal”. Según las palabras del hondureño, el rol de Milei en el entramado difamatorio que encabeza Trump sería contribuir al financiamiento para el armado de fake news. “Pudimos hablar con Javier Milei, y él está apoyando con 350 mil dólares también”, le contó JOH a María Antonieta Mejia, a lo que la actual vice le recomendó: “Presidente, si gusta, omitamos los detalles”. Ante esta situación, Trotta compartió un video en sus redes sociales anunciando el proyecto declaración y solicitud de informe que envió al Congreso de la Nación. “Esto es gravísimo, Milei y su gobierno no tienen paz”, comenzó el diputado de Unión Por la Patria. “No solo atacan la libertad de expresión en la Argentina, insultando, persiguiendo e intimidando periodistas y cerrando la sala de periodistas de la Casa Rosada, sino que ahora tomamos conocimiento que financian en Centroamérica una unidad para desprestigiar el gobierno de México, el gobierno de Colombia y el gobierno de Honduras -en referencia al expresidente Manuel Zelaya-”, disparó Trotta. El proyecto de resolución que envió el exministro de Educación de la Nación a la Cámara baja estipula, en primer lugar, expresar “profunda preocupación” ante “la posible existencia de acciones de injerencia comunicacional o digital en procesos políticos de otros Estados, con el objetivo de llevar adelante una guerra mediática” contra los gobiernos de Sheinbaum y Petro. Además, le solicita al Poder Ejecutivo Nacional que informe si Milei o sus funcionarios mantuvieron conversaciones con JOH y/o impulsaron “programas, estrategias o acciones de comunicación digital orientadas a influir en la opinión pública de otros Estados”. En caso de que la respuesta a la segunda pregunta sea afirmativa, Trotta le exige al oficialismo que explicite mediante qué organismo llevan a cabo esta estrategia, cuál es el marco normativo que regula dichas actividades y cuáles son los objetivos, alcances y criterios para su implementación. En el texto, el legislador explica que “la injerencia comunicacional en procesos políticos de otros Estados” va contra “los principios establecidos en el artículo 27 de la Constitución Nacional, donde se establece que el Gobierno debe fortalecer las relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras, en concordancia a las obligaciones asumidas por la República Argentina en el marco del derecho internacional”. Por esta razón, resalta la necesidad de “una respuesta inmediata de nuestro Congreso Nacional, no solo en su función de control, sino también como resguardo del interés nacional y del posicionamiento internacional de la República Argentina”. Para el diputado, la situación no solo representa gravedad geopolítica, sino que implicaría “un apartamiento de los fines propios de la administración pública y del marco legal vigente”, por lo que, de comprobarse estas conductas, “podrían encuadrar en figuras previstas en el ordenamiento penal de nuestro país” como “el incumplimiento de los deberes de funcionarios público, sin perjuicio de las responsabilidades políticas que correspondan”. Además, Trotta recuerda la conformación de la Oficina de Respuesta Oficial en febrero de este año -días después de los audios de Hérnandez-, con el objetivo de que “los ciudadanos puedan distinguir hechos de operaciones y datos de relatos”, según el comunicado oficial. Para el dirigente, “esto no hace más que recalcar la doble vara que el Poder Ejecutivo Nacional utiliza constantemente”, remarcando que, al tiempo que son denunciados por “posibles acciones de injerencia comunicacional en procesos políticos de otros estados”, impulsan “la creación de estructuras estatales destinadas a la coordinación de la comunicación digital, configurando un escenario de dualidad institucional que no puede ser soslayado por este cuerpo legislativo”, sentenció, incentivando a sus pares a acompañar el proyecto. Página/12
Intervino el personal caminante del Centro Multiagencial. El procedimiento se realizó sobre avenida Lisandro de la Torre. El operativo se puso en marcha tras un aviso radial alrededor de las 4, sobre la presencia de dos sujetos que habrían intentado sustraer medidores de agua en inmediaciones de la intersección de calle Juan B. Justo y calle 4, zona del ex Pediátrico. Ante ello, los efectivos realizaron recorridas preventivas por el sector. Minutos después, lograron identificar a dos hombres de características similares a las aportadas, tratándose de un ciudadano de 40 años y otro de 27. Durante la identificación, constataron que uno de ellos llevaba una mochila una llave de paso tipo maestro de 3/4 de material de bronce, sin poder justificar su procedencia. Finalmente, ambos fueron trasladados hacia la División Medicina Legal y luego puestos a disposición de la Comisaría Primera Metropolitana, junto con el elemento secuestrado para continuar con las actuaciones correspondientes.
La iniciativa del senador Jorge Capitanich propone un régimen integral de registro, información, autorización y control de la deuda pública consolidada. Establece un límite prudencial para el endeudamiento en moneda extranjera y refuerza el rol de control del Congreso. El senador nacional por el Chaco, Jorge Capitanich, presentó un proyecto de ley denominado “Ley de Integridad, Transparencia y Control de la Deuda Pública Consolidada”. La propuesta busca terminar con la fragmentación de la información financiera del Estado y establecer mecanismos estrictos de supervisión parlamentaria sobre todas las formas de endeudamiento. “Hoy tenemos un registro fragmentado en la Argentina: el Banco Central registra por un lado, la Secretaría de Finanzas por otro, y no se incorporan todos los conceptos que deberían efectivamente consolidarse. Este Proyecto lo resuelve”, afirmó. El eje central de la iniciativa es la creación de un concepto de “Deuda Pública Consolidada”. Esto implica que el Estado ya no solo deberá informar la deuda directa del Tesoro, sino que estará obligado a registrar e informar de manera unificada los pasivos remunerados del Banco Central (BCRA) y los pasivos contingentes, es decir, también aquellas obligaciones potenciales del Estado que no son deuda efectiva hoy, pero si un riesgo fiscal si el evento se materializa, por ejemplo: garantías y avales, juicios y arbitrajes, derivados financieros, etc. El proyecto obliga a cuantificar, registrar y publicar estos pasivos contingentes en el Informe de Riesgos Fiscales con el objetivo evitar que se utilicen instrumentos financieros que, por su nombre formal, eludan hoy los controles presupuestarios tradicionales. El senador contextualizó la iniciativa al señalar que “al cierre de marzo de 2026, la deuda pública alcanzó el equivalente a USD 469.597 millones y, dentro de ese total, la deuda en moneda extranjera ascendía a USD 258.926 millones, una magnitud que revela hasta qué punto el país sigue expuesto a la restricción externa y a la volatilidad cambiaria. A eso se suma una dependencia extraordinaria del Fondo Monetario Internacional: el propio FMI informa que la Argentina registra 41.789 millones de DEG de crédito pendiente, equivalentes a aproximadamente USD 57.300 millones, lo que la mantiene como su principal deudor. Y mientras el Gobierno exhibe un superávit primario de $6,8 billones en el primer trimestre de 2026, hay 12,2 billones de intereses capitalizables. En otras palabras: el ajuste fiscal que se presenta como fortaleza convive con un endeudamiento masivo. Nos mienten con el superávit, nos mienten con la deuda. Entonces es necesario que el Congreso tenga la jerarquía política e institucional para efectuar los controles pertinentes”. Control y sostenibilidad La iniciativa refuerza el rol del Congreso en las operaciones de especial relevancia. Determinados acuerdos, reestructuraciones, endeudamientos con organismos multilaterales por encima de ciertos umbrales, operaciones que afecten activos estratégicos o compromisos en moneda extranjera con cláusulas especialmente gravosas deberán contar con autorización expresa del Congreso mediante ley especial previa, acompañada de un informe técnico completo, público y presentado con anticipación. De esta manera, se busca revertir una práctica reiterada en la Argentina: que el Parlamento sea convocado cuando la decisión ya está tomada o, peor aún, que sea directamente desplazado del proceso de deliberación. El proyecto de ley plantea que la deuda pública no puede seguir administrándose con escasa transparencia, información fragmentada y mecanismos de registro insuficientes, mientras se toman decisiones que comprometen el futuro de varias generaciones sin un debate parlamentario profundo ni participación ciudadana. “Hoy el Congreso ejerce un control parlamentario débil. Nosotros queremos fortalecer ese rol institucional como corresponde”, sostuvo Jorge Capitanich. En cuanto a los límites financieros, el proyecto propone un “parámetro prudencial” del 30% del PBI para deuda denominada, indexada o pagadera en moneda extranjera. En caso de superar este porcentaje, el Poder Ejecutivo deberá presentar ante el Poder Legislativo una senda de convergencia para reducir la vulnerabilidad externa en un plazo máximo de diez años. Otro de los puntos destacados es la creación de un Registro Nacional de Deuda Pública Consolidada, de acceso público, que deberá actualizarse trimestralmente. También se incluye la obligación de registrar y tasar los activos inmobiliarios del Estado para evitar que el patrimonio público sea utilizado como garantía sin trazabilidad ni control institucional. Respecto a la toma de deuda por parte de las provincias, el proyecto aclara que se mantiene la autonomía local para el endeudamiento. La intervención del Ministerio de Economía de la Nación se limitará exclusivamente a un control técnico cuando se afecten recursos federales o se soliciten avales nacionales, reemplazando la discrecionalidad política por reglas objetivas de responsabilidad fiscal. En esa línea el Senador expresó: “Sabemos que existen limitaciones en donde el endeudamiento provincial es una moneda de cambio y forma parte de las negociaciones políticas para conseguir votos en el Congreso por parte del Ejecutivo Nacional. Nosotros creemos que es necesario tener equilibrio fiscal, que es necesario que las obligaciones financieras se cumplan en tiempo y en forma; pero que se respete la Constitución provincial y las leyes que reglamentan su ejercicio y sus limitaciones. Que exista una obligación de registro y de información, pero que eso no sea un factor limitativo de negociación para que las provincias puedan ejercer su estrategia de negociación con organismos multilaterales de crédito”. Según el Senador el proyecto de ley expresa, en definitiva, una voluntad política concreta: sacar la deuda pública de la opacidad, devolverle centralidad al Congreso, proteger los activos estratégicos del Estado, transparentar los compromisos asumidos y construir un marco de responsabilidad compatible con la soberanía económica y el federalismo argentino. “No se trata de impedir que el Estado se financie cuando sea necesario. Se trata de impedir que vuelva a endeudarse sin control, sin información suficiente y sin rendir cuentas ante la representación popular. Creemos que es una contribución para fortalecer el Congreso, cumplir la Constitución y garantizar transparencia en la información pública”, concluyó Capitanich.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quedó implicado en un intercambio de correos electrónicos entre funcionarios de Cancillería. Un intercambio de correos electrónicos entre funcionarios de Cancillería revelaría que la adjudicación de una licitación a una empresa perteneciente a María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue producto de una tramitación armada para que exista una sola firma ofertante. Según una investigación del programa “Telenueve Denuncia” la adjudicación de un contrato por $114.044.133 a la empresa dirigida por Rouillet, para impartir cursos de inglés a personal de la Cancillería Argentina, estaba definida en favor de la esposa de Sturzenegger meses antes de ser publicada. Así lo demostraría una comunicación interna del Palacio San Martín a través del sistema GDE, en la que con carácter imperativo un funcionario de mayor rango se dirige a una subordinada instruyéndola para que avance en esa dirección. El coordinador de la dirección de Compras y Contrataciones de Cancillería, Mariano Méndez, instruye a su subordinada, Luciana Cagnolisu, también del área de Compras, para que avance en el proceso: “Lu, favor tramitar la convocatoria, conforme la que preparamos al inicio del año”, indica la comunicación. Esta instrucción señalaría que, para el momento en que se lanzó el proceso formal en el portal COMPR.AR, el 4 de diciembre de 2025, los requerimientos y las condiciones para poder presentarse a la licitación estaban diseñados a medida de la empresa de Rouillet, y esta tenía en su poder los detalles del pliego que el Ministerio iba a difundir semanas más tarde. Los trapos sucios de Sturzenegger Según lo publicó en febrero último la Agencia Noticias Argentinas, la contratación se tramitó mediante una ‘Adjudicación Simple por Especialidad’ y, debido a ese vínculo familiar, el expediente activó el procedimiento de integridad previsto en el Decreto 202/2017, con intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Según consta en los documentos oficiales, la propuesta fue presentada por la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, (la empresa de Rouillet) al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.El contrato, que al tipo de cambio de ese momento representaba unos 78.000 dólares, tiene una duración de nueve meses, con opción de prórroga por un plazo igual. Tiempo Argentino
Senadores del PJ se reunieron con trabajadores del organismo, profesionales de la salud y jubilados para analizar la crisis del sistema. Denunciaron desfinanciamiento, cierre de delegaciones, demoras en medicamentos y un fuerte impacto de las políticas del Gobierno sobre los adultos mayores. Senadores del bloque Justicialista analizaron este martes la situación crítica que atraviesa el PAMI, en el marco de una reunión con representantes sindicales del organismo, profesionales de la salud y jubilados, en la que alertaron sobre un proceso inédito de desfinanciamiento, abandono y deterioro del sistema de atención a los adultos mayores. El encuentro fue encabezado por el presidente del bloque, José Mayans, y contó con la participación de Juliana di Tullio, Jorge Capitanich, Alicia Kirchner, Juan Manzur, Mariano Recalde, Florencia López y María Teresa González. También estuvieron presentes referentes gremiales y de organizaciones de jubilados, además de especialistas en temas previsionales y de salud. Durante la reunión se expusieron numerosas irregularidades y dificultades que, según plantearon los participantes, se profundizaron a partir de las políticas impulsadas por el gobierno nacional. Entre los principales puntos señalados figuraron la deuda acumulada con médicos de cabecera y prestadores —incluidos sanatorios y clínicas—, el cierre del Plan Remediar, que garantizaba la provisión gratuita de medicamentos esenciales, y el impacto de la resolución 1107/2026, que redujo de manera significativa los ingresos reales de los profesionales de la salud que trabajan con el PAMI. Los representantes de los trabajadores y de los jubilados coincidieron en que la actual coyuntura no tiene precedentes en la historia del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP). Advirtieron que el sistema público de salud se encuentra en emergencia y denunciaron un marcado nivel de insensibilidad del Gobierno hacia los jubilados, pensionados y personas con discapacidad. Otro de los ejes centrales del encuentro fue el cierre de delegaciones del PAMI en distintas localidades del interior del país, una situación que, según señalaron, agrava el acceso de los afiliados a los servicios de salud. A eso se suman las crecientes demoras en la entrega de medicamentos especiales, pañales, insumos de fisiatría y otras prestaciones básicas. Además, se cuestionó el desmantelamiento de la función social que históricamente tuvo la obra social y el abandono de la medicina preventiva. En ese marco, se advirtió que entre 2023 y 2024 se registró un aumento del seis por ciento en las muertes evitables dentro del sector etario, y se habló de un “intento de gerontocidio” como consecuencia de las políticas implementadas por el Gobierno de Javier Milei. Durante la reunión también se señalaron contradicciones en la gestión del PAMI, al remarcar que mientras se restringen recursos y prestaciones, se avanzó en sistemas de reemplazo de prestaciones y mecanismos de compras que, según denunciaron, implican sobreprecios en distintos rubros. En ese contexto, los senadores recordaron que el bloque Justicialista presentó un proyecto, firmado por catorce de sus integrantes, para declarar la emergencia en el INSSJP. Sin embargo, la iniciativa permanece trabada en comisiones por el oficialismo y sus aliados, pese a que – según advirtieron – la situación de la obra social se agrava día a día y afecta de manera directa a millones de jubilados en todo el país. Parlamentario
Pronto se conocerá quién es la compañía que se quedará con las obras de mantenimiento y profundización de la vía navegable durante 25 años; solo queda el análisis de la propuesta económica. El Gobierno espera una baja en el precio de la tarifa del peaje de un 15% Iñaki Arreseygor, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) anunció que ya está todo preparado para la apertura del Sobre N° 3, la última etapa del proceso de licitación de la Vía Navegable Troncal. Jan de Nul y DEME, dos empresas belgas, pasaron con éxito las primeras dos pruebas, a pesar de que hicieron todo lo posible para desacreditarse mutuamente. Sin embargo, Arreseygor afirmó que en el proceso hubo un “razonable fair play”. Se espera que el ganador facture unos US$15.000 millones en 25 años, con un retorno mínimo del 6%, según el precio del peaje, que cobrará el oferente. La operatoria será a riesgo empresario y sin aval del Estado para la modernización, ampliación y mantenimiento del dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal (VNT). Durante el Congreso de Puertos Privados, en la Bolsa de Cereales, Arreseygor dijo que “tenemos alguna novedad”, y aseguró que las dos empresas que compiten están en el “top mundial” y que ambas pasaron la etapa del análisis técnico de sus propuestas, es decir, cómo van a realizar las tareas. También dijo que si las cotizaciones van al piso de la banda “sería bueno que tengamos en un par de meses una baja de por lo menos un 15% de lo que hoy se paga en el río. Ese es nuestro objetivo”, afirmó durante el evento organizado por la Cámara de Puertos Privados Comerciales. El funcionario contó que se trató de un proceso que duró un año y medio, donde se generaron mesas de trabajo participativas, con aportes de todos los sectores y en conjunto con los gobiernos provinciales. “Creo que fue muy importante la auditoría que nos hizo Naciones Unidas. Nos dejó tranquilos a nosotros, a los usuarios y a la sociedad”, aseguró. Hubo espacio, dijo, para la discusión ambiental y para audiencias públicas, en las que se recibieron más de 200 consultas. Definió que fue “el pliego más consensuado que se haya podido lograr”. De tres ofertas, quedaron dos Arreseygor detalló que al inicio de la licitación hubo tres ofertas, “dos empresas en el top mundial, que era un poco lo que buscamos, y una empresa brasilera que tal vez no estaba en ese nivel, pero bueno, siempre bienvenida a participar”. Después de la apertura del Sobre N°1, quedó descalificada la brasileña DTA Engenharia por no presentar las garantías. No se quedó conforme, por lo que hizo una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por “distorsiones” en el pliego. Según Arreseygor, las otras dos empresas “son el estilo de concesionario que buscábamos. El organismo de las Naciones Unidas que nos auditó nos había certificado que ellos (y unos pocos más) tenían la capacidad de hacerse el cargo del sistema”, explicó. Se viene entonces el dictamen de preselección y el pase al Sobre N°3, pero ya se sabe que habrá dos competidores y que ninguna de las dos empresas belgas fue descalificada. En una semana aproximadamente se van a comparar los precios, aunque cuando se abren los sobres las empresas participantes pueden “tomar vistas” de la propuesta de su adversario, información que suele “filtrarse” antes de la palabra oficial. La Nación
La medida rige durante todo mayo y fue comunicada mediante carta documento. Desde UTA Chaco señalaron que el conflicto podría derivar en una medida de fuerza si no hay acuerdo. Asimismo, se espera una posible reunión entre representantes del sector empresarial y autoridades del Gobierno del Chaco para abordar el conflicto. Un total de 30 choferes de la empresa ERSA Urbano S.A. fueron suspendidos sin goce de sueldo durante todo el mes de mayo en el área metropolitana de la ciudad de Resistencia. La decisión fue notificada este martes a través de cartas documento individuales enviadas a cada trabajador. Según consta en uno de los documentos a los que accedió Radio Sudamericana Chaco, la empresa encuadró la medida en los artículos 218 a 221 de la Ley de Contrato de Trabajo, argumentando una situación de crisis en el sistema de transporte público. Entre los motivos expuestos, ERSA señaló una caída de pasajeros superior al 20% interanual, la reducción de servicios y de unidades en circulación, y el incremento del precio del combustible, lo que impactó en los costos operativos. Además, indicó que actualmente opera con solo el 50% de su flota. La empresa sostuvo que estos factores generan un déficit operativo, donde los ingresos no alcanzan a cubrir los costos, por lo que resolvió aplicar suspensiones como una forma de sostener la actividad y evitar un escenario más complejo. Ante esta situación, se prevé la realización de una asamblea entre las partes para intentar alcanzar un acuerdo. En caso de no prosperar las negociaciones, desde UTA Chaco informaron que no se descarta la implementación de una medida de fuerza. Asimismo, se espera una posible reunión entre representantes del sector empresarial y autoridades del Gobierno del Chaco para abordar el conflicto. Radio Sudamericana
En un conversatorio realizado en la Facultad de Derecho de la UNNE, y a través de ZOOM, los doctores Jorge Buompadre y Godofredo Pérez Dudiuk abordaron las tensiones éticas y legales que rodean a los delitos contra la vida humana y la autonomía personal. Días atrás, el Salón Azul del Edificio Histórico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste -UNNE- ubicado en calle Salta 459 de la Capital correntina, se convirtió en el centro de una discusión jurídica y social: el conversatorio «Delitos contra la vida Humana: ¿Eutanasia, Suicidio Asistido u Homicidio?». Organizado por el Departamento de Derecho Penal y la Cátedra “A” de Derecho Penal Parte Especial, el encuentro buscó analizar los límites del Código Penal frente a situaciones de extrema vulnerabilidad. El Dr. Pérez Dudiuk, es profesor titular y Director del Departamento de Derecho Penal (UNNE), especialista en Derecho Penal Federal y asesor en la reforma del Código Penal de la Nación, inició el debate destacando que la eutanasia es una problemática multidisciplinar que atraviesa la biología, la medicina y el derecho. En su análisis, puso el foco en la actual Ley 26.742 (Muerte Digna), la cual permite rechazar tratamientos que prolonguen artificialmente la vida en casos de enfermedades irreversibles o terminales (evitando el llamado «encarnizamiento terapéutico»), pero recordó que la normativa argentina prohíbe explícitamente la eutanasia activa. Pérez Dudiuk expuso las dos corrientes principales en pugna: la de quienes consideran inhumano prolongar el sufrimiento a cualquier costo y la de quienes advierten sobre una «pendiente resbaladiza» que podría derivar en la eliminación de vidas vulnerables bajo el pretexto de la asistencia médica. Citando a Lucio Anneo Séneca, concluyó que la cuestión central reside en que «lo importante es vivir bien, más que vivir mucho», resaltando la complejidad de la autodeterminación frente al concepto de orden público. ¿Un derecho constitucional a la muerte? Por su parte, el Dr. Jorge Eduardo Buompadre, Doctor en Derecho, Profesor Extraordinario (UNNE) y Presidente de la Comisión para la Reforma del Código Penal de la Nación, planteó una mirada crítica sobre la actual legislación. Para el académico, el eje del debate no debería ser el miedo a la muerte, sino el miedo a una vida signada por un sufrimiento intolerable. «La persona que padece no quiere morir, quiere vivir sin sufrimiento», afirmó. Buompadre cuestionó la posible inconstitucionalidad de un sistema que reconoce el derecho a la vida pero obliga a una persona a vivir contra su voluntad en condiciones indignas. En este sentido, compartió detalles sobre el trabajo de la comisión para la reforma del Código Penal de Argentina (2024-2025), donde se propone la figura del «suicidio asistido» con penas atenuadas o incluso la exención de pena para quienes actúen movidos por sentimientos de piedad ante un pedido serio y expreso de un paciente terminal. Casos que marcan la agenda global La jornada incluyó un análisis exhaustivo de jurisprudencia internacional y local, contrastando realidades opuestas: El encuentro, de entrada libre y gratuita, cumplió con su objetivo de desnaturalizar conceptos jurídicos rígidos y proponer un diálogo abierto sobre uno de los dilemas más profundos de la condición humana: el derecho a decidir cómo despedirse de la vida cuando la medicina ya no puede ofrecer sanación, solo consuelo.
Ya se encuentra habilitada la circulación vehicular en la calle Salta, entre Mitre y Remedios de Escalada. El municipio de Juan José Castelli informó la habilitación al tránsito de la calle Salta, en el tramo comprendido entre Mitre y Remedios de Escalada, luego de los trabajos de pavimentación realizados en el lugar. La cuadra fue intervenida mediante el retiro de escombros y vallas, además del relleno en veredas, con el objetivo de dejarla en condiciones y habilitada para el tránsito vehicular.
La Justicia de Brasil confirmó este martes la condena a seis años de prisión del actor Juan Darthes, en el caso de violación denunciado por su colega Thelma Fardin; no obstante, la medida implica un régimen semiabierto. El actor recibirá un régimen semiabierto, es decir que pasará las noches en prisión y podrá salir durante el día. El actor pasará las noches en prisión y podrá salir durante el día, según informaron fuentes cercanas a la causa a la Agencia Noticias Argentinas, que es llevada adelante por el Tribunal Regional Federal de la 3.ª Región, que, a su vez, rechazó los planteos que presentó la defensa de Darthés y así avanzó con la disposición. Asimismo, el fallo indica que los hechos por los que se denuncia al intérprete fueron probados y que no corresponde volver a discutirlos en esta instancia. Fardín, por su parte, realizó un extenso descargo a través de redes sociales en donde sostuvo: “Ganamos otra vez”, al tiempo en que agradeció a sus abogados -Carla Junqueira y Martín Arias-, seres queridos, amigos y a quienes atestiguaron sobre el hecho, así como su par, Calu Rivero. “A todas las personas que me escriben, me cuentan sus historias, se cruzan en la calle y se les pianta una lagrima. Nos curamos entre todas”, señaló y también se mostró agradecida a su “vieja” porque “soy hija de sus batallas” y a su actual pareja, Nicolás Riera “por enseñarme que el traje de guerrera puede descansar”. El mismo tribunal ya había dictaminado la condena en junio de 2024, sin embargo, los representantes legales de Darthés alegaron diversos recursos que finalmente, no tuvieron lugar sobre la denuncia que fue iniciada en diciembre de 2018. Fardin afirmó que fue abusada sexualmente en Nicaragua durante una gira de la tira juvenil Patito Feo en 2009, cuando era menor de edad. En ese momento, Darthés tenía 45 años y la víctima 16. El actor de Dulce amor y Los ricos no piden permiso, entre otras novelas, afirmó siempre ser inocente, viajó a Brasil, de donde es oriundo, y el juicio continuó en ese país. NA
La empresa Sameep informó que finalizaron los trabajos complementarios de reparación en el Primer Acueducto, ubicado a la vera del Puente Río Negro, en Barranqueras, lo que permitió restablecer progresivamente el servicio de agua potable en varias localidades del interior provincial. De esta manera, la prestación comenzó a normalizarse en Puerto Tirol, Puerto Bastiani, Colonia Popular, Lapachito, La Verde, La Escondida, Presidencia de la Plaza, Machagai y Quitilipi, tras la interrupción temporal del bombeo que se extendió durante varias horas para garantizar la correcta ejecución de las tareas. Desde la empresa estatal explicaron que estas intervenciones forman parte de un plan de mantenimiento y mejora del sistema de abastecimiento, con el objetivo de optimizar su funcionamiento y asegurar el suministro a las distintas comunidades. Los trabajos realizados incluyeron tareas de soldadura y la instalación de abrazaderas metálicas en el extremo de la cañería del acueducto. Finalizada la intervención, el servicio comenzó a restituirse de manera paulatina, recuperando progresivamente la presión y el caudal habitual en las zonas alcanzadas. El gerente general de Sameep, Edgardo Altamirano, destacó la relevancia de estas acciones y el compromiso del personal técnico. “Estas intervenciones son fundamentales para garantizar la confiabilidad del sistema de acueductos que abastece al interior provincial”, señaló. Por su parte, el jefe del Departamento de Acueductos, ingeniero Germán Ojeda Silva, remarcó que “si bien este tipo de tareas puede generar inconvenientes momentáneos en el servicio, son necesarias para prevenir problemas mayores y asegurar la continuidad del suministro”.
El Ministerio de Salud junto al Programa Provincial Fortaleza dejó inaugurado, este martes, un nuevo Centro de Primera Escucha para el Abordaje de Consumos Problemáticos en la localidad de Puerto Tirol. El dispositivo, denominado “Fortaleza Interior”, funciona en la intersección de las calles Cornelio Saavedra y Salta. El ministro de Salud, Sergio Rodríguez, junto a la coordinadora del Programa Fortaleza, Dra. Alejandra Castro, y el intendente de la localidad, Humberto de Pompert, acompañaron la puesta en funcionamiento de este espacio destinado a brindar contención, orientación a quienes lo necesiten. La apertura de este espacio tiene como objetivo fortalecer la presencia del Estado en el territorio, acercando a la comunidad un servicio de atención accesible, con escucha activa y estrategias de prevención orientadas a la detección temprana de situaciones de riesgo. El abordaje se realiza desde una perspectiva integral de salud mental y derechos humanos. El ministro Rodriguez destacó la importancia de consolidar políticas públicas sostenidas en el tiempo: “Empezar a sembrar en una política de Estado transversal que aborde los consumos problemáticos, con la convicción e indicación del gobernador Leandro Zdero, es sembrar futuro, poniéndonos al frente junto a la sociedad para dar respuesta a esta problemática que nos involucra a todos, tanto a pacientes como a sus familias y a la comunidad”. El nuevo Punto Fortaleza atenderá la demanda espontánea y desarrollará acciones de promoción y prevención de la salud en Puerto Tirol, en el marco de una política provincial que busca dar respuesta integral a una problemática social compleja.
El secretario general de la Federación de Trabajadores de Vialidad Nacional, Fabián Cattanzaro, aseguró que la falta de mantenimiento genera un gasto entre cinco y siete veces mayor. “Hoy ya no podemos decir que es un parate circunstancial: es una decisión política clara a partir del abandono de la obra pública”, resumió el secretario general de la Federación de Trabajadores de Vialidad Nacional, Fabián Cattanzaro, consultado por la condición de la red vial nacional a la que consideró, en un 75 por ciento, en estado de regular a malo. La calidad de las rutas nacionales no solo comprende el cimiento de nuevos caminos, la finalización de obras empezadas, sino también el mantenimiento de las vías que, además, una vez rotas, implican un mayor gasto para el Estado, contrario a la narrativa de “ahorro” que quiere instalar el gobierno nacional. “Por cada año que no mantenemos se pierden cinco años de vida útil de los pavimentos y eso es muy notorio porque ya nos encontramos en situaciones que son límite”, precisó el titular de la Federación de Trabajadores de Vialidad Nacional en Radio 750. La falta de mantenimiento de los caminos ocasiona, en última instancia, un gasto entre cinco y siete veces mayor que el mantenimiento continuo de las rutas y genera, a su vez, la aparición de los consabidos baches de gran tamaño y peligrosidad. El Estado irresponsable Días atrás, el gobierno firmó el decreto 253 que autoriza al Poder Ejecutivo Nacional a otorgar concesiones de obras e infraestructura pública y servicios a entidades privadas, mixtas o entes públicos, “para la construcción, conservación o explotación de obras o infraestructuras públicas y para la prestación de servicios públicos, mediante el cobro de tarifas, peajes u otras formas de remuneración”. En resumidas cuentas, el texto del decreto permite además al Ejecutivo conveniar con nueve provincias (Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz) el traspaso de rutas nacionales para licitar por peaje. “Tal vez el sistema de peajes es viable, tiene que haber una cantidad de vehículos para que lo sea, pero vuelve a caer la carga de sostener el sistema al bolsillo del usuario”, objetó Cattanzaro en Mejor que mañana. Hasta ahora y desde la década del ‘90, otro período de la historia argentina en la que el Estado cedía responsabilidades a las provincias en contra del interés de sus asignatarios, la Argentina tenía 6500 kilómetros concesionados por el sistema de peaje. Ahora el gobierno nacional pretende llegar a los 9000 kilómetros a través de la Red Federal de Concesiones, es decir, privatizar 2500 kilómetros más de ruta. “De esos 9000 kilómetros, hay licitados y adjudicados 142, que es la ruta del Mercosur (Autovía RN14 y RN12), Ruta Nacional 5 ‘Ingeniero Pedro Petriz’ y el Puente Rosario-Victoria (Ruta Nacional 174), esos tramos se adjudicaron el 7 de enero de este año, al día de hoy no han hecho ninguna obra mejorativa. Eso sí: el peaje lo están cobrando desde el primer día y tienen el subsidio del Banco que depende del Ministerio de Economía con créditos a tasa preferencial”, expuso el dirigente sindical. Además de la privatización y de la falta de control sobre las obras y el mantenimiento, el Estado no solo se retira para que los privados hagan negocios con las rutas nacionales, se desliga además de la responsabilidad sobre los daños en vehículos, pero también sobre los siniestros y muertes en caminos que antes comprometían Poder Ejecutivo, así lo entienden desde la Federación de Trabajadores de Vialidad Nacional. Página 12
El lunes, el contratista Matías Tabar contó que Adorni pagó 245.000 dólares por las refacciones de la casa en el country. El juez federal Ariel Lijo ordenó peritar el teléfono de Matías Tabar, el contratista que llevó adelante las refacciones en la casa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el country Indio Cua de Exaltación de la Cruz, en el marco de la causa en la que el funcionario es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. En su declaración del lunes, Tabar contó que Adorni pagó 245 mil dólares por las refacciones y que abonó en efectivo. La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni sumó en las últimas horas un testimonio que complica su situación: el contratista aseguró ante la Justicia haber recibido un pago de 245.000 dólares en efectivo por trabajos de remodelación realizados en la vivienda vinculada al funcionario. El constructor Matías Tabar declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, en el marco de una causa que busca determinar si hubo inconsistencias entre los ingresos declarados por Adorni y los gastos detectados en sus propiedades. Según trascendió, el pago por la obra se habría realizado “en mano” y sin respaldo de facturación formal. Las refacciones La casa ubicada en Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz fue registrada a nombre de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en noviembre de 2024. Esa fue una de las propiedades por las que Pagano amplió la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito. En su declaración, el contratista señaló que las reformas incluyeron la realización de pisos, paredes, un quincho, una pileta y una cascada en el jardín del inmueble; esa obra determinó un monto significativamente superior a los 120.000 dólares que Adorni habría pagado originalmente por la compra de la vivienda. Al comienzo de esta semana, el Gobierno abrió la sala de prensa de la Casa Rosada, tras días de censura, y Adorni brindó una conferencia de prensa. Sin embargo, evitó dar precisiones sobre las investigaciones judiciales que lo tienen como protagonista. El Destape
En la Escuela Primaria N° 952 del paraje Los Arenales, alumnos asistieron a una charla y exhibición del Departamento de Canes de la Policía del Chaco. El intendente, Víctor Omar Machuca, visitó la Escuela de Educación Primaria N° 952 “Benjamín Sosa” del paraje Los Arenales, donde acompañó una enriquecedora charla y exhibición a cargo del Departamento de Canes de la Policía del Chaco. La actividad, destinada a los alumnos de la institución, tuvo como objetivo fortalecer el vínculo entre la comunidad educativa y las fuerzas de seguridad, brindando además una experiencia pedagógica diferente, dinámica y formativa. Durante la jornada, el intendente fue recibido por la directora del establecimiento, Marcela Liliana Díaz, destacando la importancia de acercar este tipo de propuestas a las escuelas rurales, promoviendo la participación, el aprendizaje y la integración. Desde el Municipio se continúa acompañando estas iniciativas que fortalecen la educación y el trabajo conjunto en toda la comunidad.
El 81% de las causas penales que se tramitaban en la Justicia por haber cometido algún delito del régimen penal tributario se vieron beneficiadas por la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal. Hubo 5.445 expedientes que se vieron favorecidos por la nueva normativa, que elevó los umbrales del régimen penal tributario, según datos oficiales. La Ley de Inocencia Fiscal sacudió al fuero penal económico. El 81% de las causas penales que se tramitaban en la Justicia por haber cometido algún delito del régimen penal tributario se vieron beneficiadas por la sanción de la nueva normativa impulsada por el Gobierno, la cual elevó y flexibilizó los montos por evasión, la retención indebida de aportes de seguridad social y aquella que se realiza por tributos, entre otros delitos. En detalle, la reforma del régimen penal tributario impactó sobre un total de 6750 causas que se encontraban en trámite a la fecha de la sanción de la Ley 27.799, la cual entró en vigencia el 2 de enero de este año. Dentro de ese universo, hubo 5445 expedientes -el 81% de ellos- que registraban montos que no superaban las nuevas condiciones de punibilidad, según detalló el informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, elaborado sobre la base de información del Ministerio de Economía. La explicación de fondo tiene que ver con la inflación. Hasta antes de la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal, el delito por evasión simple estaba fijado en $1,5 millones, por tributo y por ejercicio. Era una cifra que se mantenía congelada desde 2017, cuando hasta la actualidad hubo un aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 8501%. Ahora, ese umbral se corrió a $100 millones, mientras que a partir de enero de 2027 los montos ajustarán por UVA, una unidad de medida que sigue la inflación. Lo mismo sucedió con otros delitos. En el caso de la evasión agravada, el límite se corrió de los $15 millones que regían hasta ese momento a $1000 millones. Por retención indebida de los aportes a la seguridad social, el aumento fue de $100.000 por mes a $3,5 millones mensuales. Y en el caso del delito de retención indebida de los tributos, pasó de $100.000 mensuales a $10 millones por mes. Ante estos fuertes aumentos, las causas que estaban en la Justicia se vieron beneficiadas retroactivamente por una ley penal más benigna. “El 81% de las causas estaba por debajo del nuevo umbral de punibilidad. Eso significa que durante años el Estado persiguió penalmente a contribuyentes por montos que hoy la propia ley considera insignificantes. Tanto ARCA como el Poder Judicial consumieron recursos -humanos, presupuestarios, tiempo- en casos que nunca debieron llegar a la instancia penal”, opinó Diego Fraga, abogado tributarista y socio de Expansion Holding. Para el especialista, el costo de investigar, procesar y litigar una causa penal tributaria “supera largamente” el monto evadido en la mayoría de los 5445 casos que se vieron beneficiados. Esto, según explicó, generó que el Estado gaste más en “perseguir” que el dinero a recuperar. “Perseguir penalmente montos bajos distorsiona el sistema: criminaliza incumplimientos que deberían resolverse en sede administrativa con multas, no con causas penales”, completó. Para todos los casos que se vieron beneficiados por la nueva Ley, fue aplicable la Instrucción General 01/26 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que dispuso que las causas no debían ser impulsadas por estar debajo de los umbrales. También hubo casos en los que los abogados defensores presentaron un escrito para pedir que se aplique una ley penal más benigna, o fueron los mismos jueces los que actuaron de oficio y cerraron los expedientes por esta razón. “Hasta los jueces que tenían una causa en trámite, y estaba debajo de los nuevos umbrales, ya aplicaban la ley penal más benigna. En fallos como el de ‘Palero’ o ‘Vidal’, casos tan sustancialmente análogos, la Corte Suprema se había pronunciado y dicho que la elevación de montos aplicaba retroactivamente a los montos viejos. Esto hace que todas las causas se caigan”, sumó Enrique Condorelli, abogado especialista en penal económico y colaborador de MR Consultores. El caso de Lázaro Baéz resonó. El Tribunal Oral Económico N°3 lo sobreseyó parcialmente por aplicarle el beneficio de la Ley de Inocencia Fiscal, ya que se le reclamaba a Austral Construcciones el pago de IVA y Ganancias de los períodos 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. Solo en uno de esos años se excedió el piso de $100 millones previsto en la nueva legislación. “Los umbrales de la ley penal tributaria estaban fijados en pesos nominales, y la inflación acumulada los licuó al punto de volver el sistema irracional: en su momento fueron grandes evasiones; hoy, medidas en nominal contra el umbral actualizado quedan debajo. Lo mismo pasa con mínimos de Bienes Personales, escalas de Ganancias, topes del monotributo, multas, sanciones formales, todo el sistema tributario argentino sufre la misma patología. En el caso Lázaro y similares, las imputaciones tributarias viejas podrían verse beneficiadas por este efecto, aunque las causas por lavado parece que siguen su curso aparte”, explicó Fraga. Sin embargo, a partir de ahora los umbrales se ajustarán por inflación y eso cambia las reglas del juego hacia adelante. “Quedó enmendado por la ley. A partir de enero de 2027 ajustará por UVA, tanto las multas formales – como no presentar declaraciones juradas al vencimiento – como para delitos tributarios”, cerró. La Nación
Brisa Cuenca, madre de Gio, explicó que su hijo necesita una cirugía por craneoestenosis sagital y que los tiempos administrativos podrían demorar la intervención. Mientras esperan la aprobación en el sistema público, impulsan una campaña solidaria para reunir entre 14 y casi 19 millones de pesos y acelerar el proceso. Brisa Cuenca, madre de Gio, un bebé de seis meses diagnosticado con craneoestenosis sagital, impulsa una campaña solidaria para reunir fondos destinados a una cirugía que, según indicó, “no es recomendable esperar”. En diálogo con CIUDAD TV, explicó que ya se presentaron presupuestos en el sistema público, pero que los tiempos de aprobación generan preocupación. “Actualmente los presupuestos del pediátrico fueron presentados en Casa de Gobierno y estamos a la espera de la aprobación”, señaló. La intervención se realizaría en el hospital pediátrico de Resistencia y no requiere traslado, aunque depende de la autorización administrativa. “Nos dijeron que nos movamos mucho porque tarda”, agregó. Cuenca advirtió que la urgencia está vinculada al desarrollo del niño: “No es lo mismo que lo operemos ahora o en uno o dos meses a que tengamos que esperar un año”. Explicó que la patología implica el cierre prematuro de la mollera, lo que puede generar presión en el cerebro en crecimiento. “No sabemos qué consecuencia le puede traer… puede afectar a su vista, al habla, al desarrollo”, indicó. En ese marco, remarcó: “Para mí es urgente”. Los presupuestos que manejan van desde los 14 millones hasta cerca de 18,9 millones de pesos. Según dijo, el trámite atraviesa distintas instancias: “Se va a un concurso, lleva una serie de pasos”. También mencionó demoras en otros casos: “Hay personas esperando hace más de ocho meses por la aprobación de prótesis o cirugías”. Ante ese escenario, decidió impulsar la campaña. “Yo dije: o junto la plata por mí misma o logro que me lo aprueben”, sostuvo. La familia no cuenta con obra social ni ingresos formales: “Yo no cuento con trabajo actualmente, tengo un emprendimiento, y mi marido trabaja en negro”. Además, alquilan y no tienen vivienda propia. Como parte de la colecta, venden productos elaborados en su emprendimiento gastronómico. “Vendemos alfajores, panes, empanadas, rifas… toda esa ayuda ya es gran ayuda”, afirmó. También apeló a la difusión: “Capaz no tienen para donarnos dinero, pero el difundir la situación ayuda a que llegue a las personas correctas”. Cuenca describió además dificultades en el acceso a la salud pública, con demoras en turnos y estudios. “Desde febrero vengo sacando turnos, y recién el 27 de marzo le hicieron una ecografía”, detalló. Indicó que necesita consultas con especialistas en plazos más cortos: “Yo necesito ahora, no puedo esperar”. Sobre la intervención, explicó que implica riesgos, aunque es necesaria: “Ninguna cirugía está fuera de riesgo… pero en el caso de él sí o sí hay que hacerlo”. Señaló que, de no haber complicaciones, el niño podría tener “una vida normal”. La madre también mencionó gastos cotidianos vinculados al cuidado del bebé, como leche de fórmula y pañales, y la falta de provisión en el sistema público: “Hace más de dos meses no me dan la leche en el pediátrico”. Finalmente, reiteró su pedido: “Yo estoy apostando a todo… ojalá me llamen y me digan que la cirugía está firmada”. Y aclaró: “A mí me preocupa la salud de mi hijo y la respuesta por la salud de mi hijo”. Se reciben aportes mediante transferencias a los alias Gio.28bna, Brisa.Lemon99 y JASS.N, a nombre de Roberto Alarcón, Brisa Cuenca y Yuliana Cuenca Jazmin, respectivamente. También se puede ayudar con insumos como leche de continuación (tipo Nidina 2, de 6 a 12 meses) y pañales talle G, además de compras solidarias y difusión del caso.
La prestigiosa orquesta de cámara Georgian Sinfonietta se presentará por primera vez en la región con dos conciertos imperdibles que prometen una experiencia musical única, conectando al Litoral con las grandes capitales culturales del mundo. La cita será el 16 de mayo en Resistencia, en el C.C. Guido Miranda, con entradas disponibles en gradatickets.com y en la boletería del teatro. Además, llegará a Corrientes el 17 de mayo con una función en el Teatro Oficial Juan de Vera, con tickets a la venta en weepas.ar y en la boletería del teatro. Fundada en 2008 en Tbilisi, la Georgian Sinfonietta se ha consolidado como una de las orquestas de cámara más destacadas de su país, reconocida por la calidad y diversidad de su repertorio. Su propuesta artística abarca desde obras del período barroco hasta composiciones contemporáneas, interpretadas con un nivel de excelencia que la posiciona en la escena internacional. Desde 2012, el conjunto se distingue por ser pionero en la interpretación históricamente informada, incorporando instrumentos de época para recrear con fidelidad el sonido original de cada obra. Este enfoque le ha permitido ofrecer lecturas únicas y profundamente auténticas, generando una conexión especial con el público. En 2015, la orquesta impulsó la creación del Festival Barroco de Tbilisi, un evento que rápidamente se convirtió en un punto de encuentro clave para referentes de la música antigua a nivel global. A lo largo de su trayectoria, la Georgian Sinfonietta ha participado en importantes festivales internacionales y ha compartido escenario con reconocidos artistas del ámbito barroco y contemporáneo. En este marco, la visita adquiere un valor aún más significativo al tratarse de la primera gira por Argentina de la Georgian Sinfonietta. La llegada del conjunto no solo representa un hito cultural para la región, sino también un puente simbólico con Georgia, un país de historia milenaria reconocido por la riqueza de sus tradiciones. Este vínculo se potencia además por un dato histórico destacado: Argentina fue el primer país en reconocer a Georgia como Estado independiente en 1919, consolidando así una relación que hoy encuentra en la música una nueva forma de encuentro. La llegada de la Georgian Sinfonietta a Resistencia y Corrientes representa una oportunidad excepcional para disfrutar de un espectáculo de primer nivel, en el que la historia, la técnica y la sensibilidad artística se fusionan en cada interpretación. Una invitación abierta a dejarse llevar por la música y vivir una experiencia inolvidable. +info: @mambo.produce