El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Seguridad, llevará adelante un encuentro sobre actualización en investigación y prevención del narcotráfico, que se realizará los días 7 y 8 de mayo, en el Salón Obligado de Casa de Gobierno. La propuesta, incorpora nuevas metodologías para la detección, resguardo y producción de evidencia en investigaciones vinculadas al narcotráfico, con el objetivo de fortalecer la intervención operativa y el desarrollo de causas judiciales. La actividad contará con la cooperación técnica de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en el marco del Observatorio de Narcocriminalidad y Sistemas de Alerta Temprana sobre Tendencias Narco-criminales Emergentes. Durante las jornadas se abordarán ejes clave como protocolos de bioseguridad, reconocimiento preliminar de sustancias, preservación de elementos probatorios y el tratamiento de nuevas sustancias psicoactivas. Asimismo, se analizarán nuevas modalidades del delito, circuitos de drogas sintéticas, desarticulación de laboratorios clandestinos y técnicas especiales de investigación, como la entrega vigilada y el uso de agentes encubiertos. Además, se incluirán contenidos vinculados a delitos conexos, como el lavado de activos y la trazabilidad de criptoactivos, herramientas fundamentales para abordar la complejidad de la criminalidad organizada en la actualidad. Las jornadas contarán con la participación del secretario de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, Martín Verrier; el director de Fiscalización de Precursores Químicos del Ministerio de Seguridad de la Nación, Macario Cándido Velázquez; autoridades judiciales y representantes de las fuerzas provinciales. Desde el Gobierno provincial destacaron que esta iniciativa forma parte de una estrategia de actualización permanente y articulación institucional, orientada a optimizar la prevención, consolidar investigaciones y fortalecer la respuesta frente al narcotráfico.
Autor: Redacción General
La entidad lanza tres instrumentos en pesos, dólares y UVA para financiar crédito a PyMEs, familias y exportadores. La colocación estará abierta a inversores individuales y empresas. El Banco Nación anunció su regreso al mercado de capitales local con una emisión de títulos de deuda, en lo que representa la primera operación de este tipo en más de tres décadas. La iniciativa busca diversificar las fuentes de financiamiento de la entidad y ampliar su capacidad de otorgar crédito en la economía real. La colocación contempla un monto inicial de hasta el equivalente a u$s50 millones, con la posibilidad de ampliarse hasta un máximo de u$s1.500 millones dentro del programa vigente. Los fondos obtenidos estarán destinados a impulsar el financiamiento productivo, con foco en pequeñas y medianas empresas, acceso a la vivienda, exportaciones y economías regionales. Desde la entidad señalaron que el objetivo es fortalecer el rol del banco en el desarrollo económico, facilitando el acceso al crédito para distintos sectores. En ese sentido, destacaron que los recursos permitirán asistir a MiPyMEs que buscan ampliar su capacidad productiva, familias interesadas en financiamiento habitacional y productores que necesitan capital para crecer. La emisión estará compuesta por tres clases de instrumentos, diseñados para adaptarse a distintos perfiles de inversores y monedas: Clase 1 (en pesos): a 12 meses, con tasa variable vinculada a la TAMAR privada más un margen a definir, intereses trimestrales y amortización al vencimiento. Clase 2 (en dólares): a 36 meses, con tasa fija a licitar, intereses semestrales y amortización al vencimiento. Clase 3 (ajustada por UVA): a 24 meses, con tasa fija a licitar, intereses trimestrales y amortización en cuotas a partir del mes 12. La operación estará abierta tanto a personas humanas como jurídicas, sean o no clientes del banco, quienes deberán cumplir con los requisitos habituales del mercado, como la apertura de una cuenta comitente y la validación del perfil de inversor. Con este paso, el Banco Nación busca alinearse con las prácticas del mercado de capitales y ofrecer nuevas alternativas de inversión para ahorristas, en un contexto donde crece la demanda por instrumentos que permitan resguardar el valor del capital. Desde la entidad destacaron que la emisión no solo apunta a ampliar el financiamiento, sino también a consolidar una gestión con mayor integración al mercado financiero local. El regreso del banco más grande del país a la emisión de deuda marca un hito dentro del sistema financiero argentino, al tiempo que abre una nueva vía de canalización del ahorro hacia el crédito productivo.
La administradora del puerto, Alicia Azula, destacó la inauguración de un depósito fiscal único en la región como eje de la reactivación. Apuntan a consolidar al Puerto de Barranqueras como nodo logístico clave del NEA, pese a los desafíos de infraestructura pendientes. En diálogo con CIUDAD TV, la administradora del Puerto de Barranqueras, Alicia Azula, destacó la inminente inauguración del nuevo depósito fiscal y el proceso de recuperación que atraviesa la terminal portuaria, tras años de pérdida de protagonismo en el comercio regional. Azula explicó que uno de los principales desafíos de su gestión fue “volver a poner al puerto en la agenda” de exportadores, importadores y despachantes de aduana. “Había una mirada de puerto cerrado o muerto, y hoy estamos logrando que todas las semanas haya operaciones de importación y exportación”, señaló. En ese marco, remarcó la importancia estratégica del nuevo depósito fiscal, cuya inauguración calificó como “trascendental” para la provincia y la región. Se trata de una infraestructura única en el nordeste argentino, que permitirá almacenar mercadería tanto a cielo abierto como bajo techo, facilitando operaciones logísticas más complejas y atrayendo nuevas empresas. “La cercanía con un aeropuerto internacional, a solo siete kilómetros, nos permite pensar en cargas en tránsito con distribución a todo el NEA”, explicó, al tiempo que destacó el interés de firmas que ya analizan operar desde Barranqueras. La funcionaria también subrayó el potencial logístico del puerto en el marco del comercio regional, especialmente en la articulación entre Paraguay y Chile. Mencionó, por ejemplo, la demanda de 500.000 toneladas de cal desde Santiago del Estero hacia Paraguay, operación que podría volverse rentable mediante la combinación de transporte ferroviario y fluvial. No obstante, advirtió que uno de los principales obstáculos sigue siendo la falta de dragado en el riacho Barranqueras. “Necesitamos financiamiento para intervenir los seis kilómetros pendientes, porque hay una enorme capacidad de carga esperando ese servicio”, afirmó. En cuanto a las mejoras realizadas, Azula detalló que se incorporó nuevo equipamiento, como autoelevadores, se renovó el sistema de iluminación, se instaló videovigilancia y se reforzaron los controles de acceso. Además, se avanzó en la adecuación normativa para habilitar el depósito fiscal, en coordinación con organismos como Aduana, Prefectura y Senasa. “La confianza del sector privado se construyó con eficiencia y compromiso. Un puerto eficiente es aquel donde la carga llega y se va sin demoras”, sostuvo. En ese sentido, destacó casos recientes de empresas que comenzaron a operar en Barranqueras, como Bonzi y Difamá, así como el crecimiento de clientes habituales. Azula también valoró el impacto de obras de infraestructura vial, como la renovación de la avenida Soberanía Nacional, que mejorará la conexión del puerto con las rutas 11 y 16 sin afectar el tránsito urbano. Por último, la administradora vinculó la reactivación del puerto con cambios en la política económica nacional, como la apertura de importaciones y exportaciones, y planteó la necesidad de avanzar en tres ejes clave: el dragado, la reactivación del Belgrano Cargas y la modificación de la ley de cabotaje para permitir mayor competitividad en el sistema fluvial. “Todos los días avanzamos un poco. Lo importante es sostener este proceso y seguir generando condiciones para que más empresas elijan operar desde Barranqueras”, concluyó.
El menor fue localizado junto a su padre, a unos 40 kilómetros de la ciudad de Goya. La Policía de Corrientes encontró al niño Nahuá que era buscado bajo el sistema Alerta Sofía. El menor fue localizado en el paraje Duraznillo, a unos 40 kilómetros de la ciudad de Goya. Estaba con su padre, quien fue detenido por la desaparición. El caso se había iniciado tras un episodio violento ocurrido el domingo por la noche en la localidad de Esquina. Según la investigación, el menor fue sustraído por su padre en una vivienda del barrio Manzini. En ese contexto también se registró un ataque armado previo a la huida del sospechoso junto al niño. La situación derivó en un operativo de búsqueda de alcance nacional y la intervención de la Justicia. Operativo de búsquedaAnte la gravedad del hecho, se activó el protocolo nacional Alerta Sofía para dar con el paradero del menor. El operativo involucró a distintas fuerzas de seguridad en el territorio provincial. Finalmente, el niño fue hallado en una zona rural cercana a Goya. Por el momento no se brindaron precisiones oficiales sobre su estado ni sobre las circunstancias del hallazgo. La causa judicial continúa en curso, con una investigación paralela por tentativa de homicidio y la búsqueda del responsable del hecho. Fuente: Radio Sudamericana y El Litoral
En respuesta a la reforma de la Ley de Glaciares el pasado 9 de abril, las organizaciones Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace impulsan un amparo colectivo presentado ante el juzgado federal de la provincia de La Pampa planteando la inconstitucionalidad de la reforma aprobada. Más de 850 mil personas adhirieron a título personal para denunciar la inconstitucionalidad de la reforma y solicitar una medida cautelar para proteger el agua. La demanda exige que se suspenda en todo el territorio nacional la aplicación e implementación de la ley que debilita la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. Hasta que se resuelva la cuestión de fondo, debe seguir vigente la Ley 26.639. En el bloque actor de la acción legal también está presente Marta Maffei, autora de la Ley original de glaciares y asambleas y organizaciones territoriales de todo el país. Entre ellas están Asamblea Jachal no se Toca, Asamblea Popular por el Agua, Asamblea Pucará, Asamblea en Defensa del Territorio, Asamblea Santa Cruz por el Agua, Multisectorial Golfo San Matías, Asamblea el Paraná No se Toca, Asociación Alihuén. También cuenta con organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil como Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Círculo de Políticas Ambientales. La acción judicial surge luego de un proceso legislativo profundamente viciado, en el cual se le negó la participación a más de 100.000 personas inscriptas en una audiencia pública convocada por comisiones de la Cámara de Diputados, incumpliendo así con la participación amplia, integral e inclusiva que exige el Acuerdo de Escazú. Ni siquiera el 0,2% de las personas anotadas pudo participar oralmente, lo que convierte la audiencia en una simulación de participación. Las reglas de la audiencia fueron cambiadas una vez abierta la inscripción: se intentó validar la instancia agregando videos y ponencias escritas, pero con criterios arbitrarios que no cumplen con el requisito de transparencia. La reforma representa un retroceso ambiental que viola la Ley General del Ambiente, el principio de no regresión del Acuerdo de Escazú y el sistema de presupuestos mínimos ambientales de la Constitución Nacional. La suspensión solicitada involucra toda reglamentación, resolución, acto administrativo o autorización vinculada a la ley incluyendo a la aprobación de proyectos mineros cuyas áreas de exploración y explotación se superpongan con glaciares de acuerdo al Inventario Nacional de Glaciares y a los dictámenes técnicos elaborados por el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA). La reforma reemplaza un criterio científico común por decisiones provinciales discrecionales sobre qué proteger y qué no. Esta reforma no es una actualización técnica, sino un intento de fragmentar la protección de recursos que pertenecen a todos los argentinos. Los glaciares y el ambiente periglacial alimentan el 40% de las cuencas hídricas nacionales y garantizan el agua para más de 7 millones de personas. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya ratificó por unanimidad en 2019 que la Ley de Glaciares es constitucional y que el dominio provincial sobre los recursos no permite perforar el piso de protección federal. Esta demanda abre una nueva etapa en la lucha por nuestras fuentes y reservas estratégicas de agua. Desde Greenpeace, FARN y la Asociación de Abogados/as Ambientalistas estarán ofreciendo una instancia virtual de conferencia para prensa y personas interesadas el martes 5 a las 12hs para responder preguntas sobre la acción.
La obra, que conecta las localidades de Colonias Unidas, Ciervo Petiso y Laguna Limpia, ya supera el 65% de avance y representa un paso clave en la consolidación de la conectividad regional. Vialidad Provincial informó que continúan a buen ritmo los trabajos sobre la Ruta Provincial N°30, una obra estratégica para el desarrollo y la integración de distintas localidades del interior chaqueño. Actualmente, se ejecutan tareas de señalización horizontal en los tramos ya pavimentados, una intervención fundamental para mejorar la seguridad vial y ordenar la circulación de vehículos en la zona. Al respecto, el administrador de Vialidad Provincial, Omar Canela, destacó: “Estamos avanzando de manera sostenida en una obra muy esperada por las comunidades de la zona. La señalización en los tramos pavimentados es clave para brindar mayor seguridad a quienes transitan diariamente por esta ruta”. Además, remarcó: “Superar el 65% de ejecución refleja el compromiso de seguir mejorando la infraestructura vial en la provincia, conectando localidades y generando mejores condiciones para el desarrollo productivo”. Los trabajos forman parte de un proyecto integral que contempla la construcción de pavimento flexible, mejoras hidráulicas y obras complementarias, con el objetivo de optimizar la transitabilidad y garantizar una infraestructura vial más segura y eficiente para todos los usuarios. “Estas obras no solo mejoran los caminos, sino que también fortalecen la integración regional y la calidad de vida de los vecinos”, concluyó Canela.
Con la activación del Alerta Sofía, las fuerzas de seguridad intensifican operativos en rutas y accesos clave, mientras crece la preocupación por el contexto en el que ocurrió el hecho. La búsqueda de Nahuá Santos Riquelme, el niño de 6 años desaparecido en Corrientes, mantiene en máxima alerta a las fuerzas de seguridad de la región. En ese marco, la Policía del Chaco desplegó un operativo especial en rutas y puntos estratégicos del territorio provincial para colaborar con el rastrillaje. Desde el momento en que se activó el sistema nacional Alerta Sofía, la Policía Caminera reforzó los controles vehiculares y de personas en sectores clave como el Puente General Belgrano, el Paralelo 28, Antequeras, Makallé, Puerto Eva Perón y distintos tramos de rutas nacionales y provinciales. El objetivo es claro: detectar cualquier indicio que permita ubicar al menor. En paralelo, la División de Búsqueda de Personas Desaparecidas puso en marcha un protocolo que incluye la difusión masiva del caso en todo el país y a nivel internacional, además de la notificación inmediata a todas las dependencias policiales. A su vez, se mantiene un contacto permanente con la Policía de Corrientes para intercambiar información en tiempo real. Fuentes oficiales señalaron que los operativos se sostendrán de manera continua y remarcaron la importancia de la colaboración ciudadana. Ante cualquier dato, se solicita comunicarse al 911 o acercarse a la comisaría más cercana. Un contexto que agrava la preocupación La desaparición del niño se produjo en circunstancias inquietantes. Según trascendió, horas antes su padre habría protagonizado un ataque a tiros contra un grupo de personas en la localidad correntina de Esquina, que dejó como saldo un hombre de 47 años herido. Tras ese episodio, el hombre se habría llevado a Nahuá, lo que activó de inmediato el protocolo de emergencia. Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se pidió la colaboración de la comunidad para dar con el paradero del menor. Nahuá es de tez blanca, cabello rubio con rulos y ojos claros. Al momento de su desaparición vestía pantalón largo color crema, zapatillas blancas, camiseta azul y blanca de manga larga y una campera marrón tipo inflable. Cualquier información puede aportarse de forma gratuita y anónima a la línea 134. El Alerta Sofía es un sistema nacional de emergencia que se activa ante la desaparición de menores en situaciones de alto riesgo, con el fin de coordinar una difusión inmediata y masiva que permita acelerar su localización.
El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva lanzó un plan con fuertes quitas y créditos blandos para aliviar el endeudamiento de los hogares, en un intento por reactivar el consumo y recuperar respaldo en sectores medios. El presidente Lula da Silva lanzó hoy, oficialmente, el plan del Gobierno consensuado con el sistema bancario, que debe sacar a flote a millones de familias brasileñas hundidas por las deudas. El peso de esa carga afecta a 80,4% de los hogares y el factor principal son las tarjetas de crédito. Estas representan el 84,9% del volumen total adeudado; el resto corresponde a los préstamos personales. El decreto anunciado por el líder brasileño prevé descuentos de hasta 90% del valor de los impagos acumulados. El programa, diseñado en el decreto, resultará en créditos nuevos con una tasa de interés muy baja. “Nosotros hemos comprendido perfectamente lo que significa ese endeudamiento. Pretendemos a partir de ahora bajarlo a niveles razonables, y a ser pago a largo plazo, para que nadie se quede sin capacidad de consumir o comprar lo necesario”, señaló el jefe de Estado. Pero también alertó: “Es preciso sin embargo tener conciencia de que el nivel de la deuda debe ser consistente con la capacidad de hacerle frente”. Lula y su círculo íntimo están convencidos que esta una de las causas principales en el estancamiento de su popularidad como candidato a la reelección. En las encuestas, sus intenciones de voto están empatadas, o apenas ligeramente por encima con las del senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Esta medida, calculan en Brasilia, le permitirá al gobernante mejorar su posición, especialmente en las familias de clase media con ingresos de hasta 1.700 dólares. El actual ministro de Hacienda, Darío Durigan, quien reemplazó hace poco menos de un mes al economista Fernando Haddad, sostuvo que “una deuda de 10.000 reales (2.000 dólares) puede crecer rápidamente con tasas de interés del 15% mensual en la tarjeta de crédito. En estas condiciones, se vuelve impagable en poco tiempo”. Lo que buscan, añadió, es “establecer una nueva relación con los bancos, para que vean que los endeudados no pueden llegar a saldar sus débitos, con un tipo de interés en este nivel”. El funcionario declaró que el contenido del decreto “optimiza los recursos que el Gobierno ha movilizado para revertir la crisis que impacta de hecho en más de 90% de la población”. En tono de campaña, Lula mostró el nivel “usurario” de las entidades financieras, que afecta las deudas familiares: “El mercado transforma al ciudadano deudor en un delincuente. Le quita la posibilidad de comprar alguna cosa a crédito, como también le anula la chance de tener una cuenta bancaria”. Para la morosidad de tarjetas de crédito y sobregiros, los descuentos oscilarán entre el 40% y 90%; y el plazo de amortización será de hasta cuatro años. Pero además serán borrados los antecedentes negativos de los deudores. El programa contempla también una línea dirigida a los agricultores pequeños. En este caso, el plazo para la renegociación se extenderá al 20 de diciembre. El Gobierno estima que hasta 800.000 agricultores familiares podrían beneficiarse. El Partido de los Trabajadores, liderado históricamente por Lula, atraviesa un momento de fragilidad en el Congreso. De hecho, el PT sufrió dos importantes derrotas la semana pasada, una de ellas de proporciones gigantes: fue cuando el miércoles de la semana pasada, el Senado rechazó la nominación del Fiscal General de la Unión, Jorge Messias, como nuevo miembro de la Corte Suprema, una propuesta personal del presidente. Al día siguiente, el Congreso anuló el veto de Lula a un proyecto de ley que reduce las penas de prisión de los condenados por el complot golpista del 8 de enero de 2023. Perfil
Dos nuevas jugadoras denunciaron al entrenador en una presentación pública en el Senado que volvió a exponer el caso y las consecuencias de denunciar. Con estos testimonios, ya son al menos ocho las futbolistas que lo acusan y reclaman respuestas institucionales. Las denuncias contra Diego Guacci sumaron en los últimos días nuevas voces y volvieron a colocar el caso en el centro de la escena pública. A los cinco testimonios que habían llegado en 2021 a la FIFA se agregaron ahora al menos tres más -dos de ellos hechos públicos recientemente-, en un contexto en el que las jugadoras decidieron hablar de manera colectiva y exponer no solo los hechos denunciados sino también las consecuencias de hacerlo. El punto de inflexión fue un conversatorio realizado en el Senado de la Nación bajo el título “La voz en primera persona: hablan las jugadoras”. Durante dos horas, de manera presencial y virtual, futbolistas, ex jugadoras y profesionales vinculadas al fútbol femenino relataron situaciones de acoso sexual, hostigamiento y abuso psicológico que atribuyen al ex entrenador de selecciones juveniles. Entre los nuevos testimonios aparece el de Magalí Videla, que contó haber sido convocada a la Selección Sub 15 y Sub 17 cuando tenía apenas 15 años. Según relató, el entrenador la hostigaba de manera sistemática por su orientación sexual: vinculaba su rendimiento deportivo con su vida privada, la aislaba del grupo y la amenazaba con dejarla fuera del equipo si hablaba. “Me decía que si rendía mal era porque no estaba con mi pareja”, sostuvo, y describió un trato diferencial, lejos del resto de sus compañeras y sin posibilidad de intervención de terceros. En su testimonio, sumó un elemento que se repite en otros relatos: el aislamiento físico como mecanismo de control. “Me mandaba a bañar sola, lejos del equipo, en un vestuario gigante donde tenía miedo de que me pasara algo”, afirmó. Otro de los relatos más duros fue el de Florencia Mercau, jugadora de Morón, cuyo testimonio fue leído en el Senado por su abogada. Allí denunció pedidos de fotos íntimas bajo amenaza de quedar fuera del equipo y aseguró haber recibido intimidaciones directas. El impacto, según se explicó, no fue solo en su carrera deportiva: la jugadora atravesó un intento de suicidio y aún continúa en proceso de recuperación. A estos testimonios se suma el de Mabel Velarde, jugadora de la selección de Ecuador, quien explicó que decidió hablar más de una década después “por las nuevas generaciones” y reclamó procesos de reparación. En paralelo, familiares también comenzaron a tomar la palabra. La madre de Luana Muñoz relató el desconcierto inicial al conocer lo ocurrido y los cuestionamientos personales que atravesó al reconstruir la situación. Con estas nuevas declaraciones, el número de denunciantes asciende al menos a ocho, aunque quienes acompañan el caso aseguran que hubo muchas más mujeres que en su momento relataron situaciones similares pero no avanzaron formalmente por miedo a represalias. De hecho, según se reconstruyó, alrededor de 20 jugadoras habrían aportado testimonios en instancias preliminares. El caso tiene un antecedente clave en 2021, cuando cinco futbolistas denunciaron a Guacci ante la FIFA con el acompañamiento de FIFPRO. El Comité de Ética del organismo recomendó sancionarlo, pero la Cámara Adjudicatoria concluyó que las pruebas eran “insuficientes”. El propio fallo aclaró, sin embargo, que esa decisión no implicaba declarar la inocencia del entrenador ni validar su conducta. Lejos de cerrarse, el conflicto se profundizó con una serie de denuncias cruzadas. Según expusieron las jugadoras y su representación legal, Guacci y su esposa iniciaron demandas civiles millonarias contra varias de las denunciantes y también contra periodistas que difundieron el caso. Las futbolistas interpretan estas acciones como intentos de amedrentamiento. En ese marco, también cuestionaron el proyecto de ley sobre “falsas denuncias” impulsado por la senadora Carolina Losada, con el que vinculan directamente su situación. “El mensaje es peligroso: si hablás, terminás peor”, advirtió Camila Gómez Ares, en un video difundido durante el encuentro. Las jugadoras coinciden en que el problema excede los hechos individuales y apunta a las condiciones estructurales del fútbol femenino. “Buscamos que sea un espacio seguro, libre de violencias”, sostuvo Luana Muñoz. En la misma línea, Gabriela Garton remarcó el costo que implica denunciar: “Pasás de ser jugadora a ser víctima o incluso acusada de mentir”. Las nuevas denuncias, lejos de cerrar el caso, lo reabren en un escenario distinto: con más testimonios, mayor visibilidad pública y un cuestionamiento creciente a las respuestas institucionales. El eje ya no está solo en lo ocurrido, sino en qué sucede después de que las jugadoras deciden hablar. elDiarioAR
La División de Registro y Control de Talleres realizó un operativo de fiscalización en dos talleres de motovehículos. Este lunes a las 16 personal policial llevó adelante un control en talleres de motovehículos de la localidad de Fontana, con el objetivo de verificar documentación habilitante, registros y procedencia de motos, motores y chasis. Durante la inspección se revisaron un total de 44 motos, 8 motores y 4 chasis, utilizando herramientas digitales como el Padrón de Motos Unificados y Sistema de Gestiona Biométrica, D.R.N.P.A (Registro de la propiedad automotor) y Si.Ge.Bi. En uno de los talleres ubicado en la avenida 25 de Mayo N° 4600 aproximadamente, se notificó acta por falta de habilitación. Además, al verificar un motor Honda Dax 70cc, el sistema arrojó un pedido activo solicitado por la Comisaría Primera de Resistencia. La Fiscalía dispuso el secuestro del motor y la conducción del propietario de 63 años. En tanto en un local por la calle García Merau N° 6000 estimativamente, se notificó acta por falta de habilitación. En este caso, los motovehículos, motores y chasis inspeccionados no presentaron impedimentos legales. El procedimiento contó con la participación de inspectores del Departamento de Industria y Comercio de la Municipalidad de Fontana, quienes acompañaron las tareas de fiscalización.
El operativo se realizó en la Ruta Nacional N° 11. La carga presentaba origen indeterminado y no registraba impuestos activos. En la madrugada de este martes, alrededor de la 1.30, personal de la División Patrulla Vial y Puestos Camineros demoró la marcha de un camión en el Puesto de Control Caminero, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 11 a la altura del kilómetro 1041.5. El camión con semirremolque era conducido por un hombre de 50 años. El transporte tenía como origen la ciudad de San Miguel de Tucumán y se dirigía hacia Clorinda, provincia de Formosa. Al verificar la carga —compuesta por 35.000 kilogramos de azúcar en bolsas de 1 kg, agrupadas en packs de 10 unidades— detectaron irregularidades. Tras una consulta realizada al ARCA, informaron que la mercadería carece de trazabilidad, posee origen indeterminado y no registra impuestos activos. Ante esa situación, las autoridades dispusieron el resguardo preventivo del rodado y su carga en el puesto caminero.
Fue detectado por videovigilancia y no se registraron daños en los medidores de agua. Alrededor de la 1 de la madrugada de este martes, efectivos de la División Caminantes intervino en un procedimiento por un “Supuesto intento de Hurto”. El operativo se inició tras una alerta del sistema de cámaras de seguridad del servicio 911, que observó a un hombre intentando llevarse los medidores de agua en la intersección de las avenidas San Martín y Rodríguez Peña. Al llegar al lugar, los efectivos aprehendieron a un hombre de 33 años. Durante el procedimiento, los agentes secuestraron un cuchillo tipo serrucho, hoja metálica de aproximadamente 10 centímetros. El elemento fue secuestrado y con la presencia de un testigo. Posteriormente, se realizó un relevamiento en la zona, sin constatarse daños en los medidores. El demorado fue trasladado a medicina legal y luego derivado a la Comisaría Primera Metropolitana, donde se continúan las actuaciones correspondientes.
La diputada nacional Marcela Marina Pagano solicitó ante la Justicia la detención inmediata del funcionario Manuel Adorni. La diputada nacional Marcela Marina Pagano, en una presentación que sacude el arco político, solicitó este lunes formalmente ante un Juez Federal la inmediata detención de Manuel Adorni, actual Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación. Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el pedido de la legisladora se basa en la presunta comisión de actos tendientes a entorpecer una investigación judicial en curso. Según el documento presentado por la legisladora en su carácter de denunciante, existiría un “riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación grave, actual e inminente”. Pagano sostiene que esta situación se concretó a través de una conducta desplegada por Adorni el pasado 4 de mayo de 2026. La acusación detalla que el funcionario habría contactado al testigo Matías Tabar momentos antes de que este prestara declaración testimonial bajo juramento. En dicho contacto, Adorni le habría ofrecido “ayuda” y el contacto de su “equipo”. Asimismo, la denuncia indica que se habría procurado el borrado de mensajes de WhatsApp intercambiados con un contratista. Aplicación de la “doctrina Irurzun” Para sustentar el pedido de prisión preventiva, la diputada solicitó la aplicación por analogía de la “doctrina Irurzun”. Esta jurisprudencia, establecida por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, permite considerar que los vínculos de poder de un funcionario en ejercicio pueden ser utilizados para obstruir el accionar de la justicia. El escrito cita específicamente el precedente del voto del Dr. Martín Irurzun en la causa contra Julio Miguel De Vido del año 2017 para justificar la medida cautelar ante el posible riesgo de que el imputado utilice su estructura de poder para interferir en el proceso. La solicitud de detención se encuadra en los artículos 280 a 283 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) y, de manera supletoria, en los artículos 210, 218 y 222 del Código Procesal Penal Federal (CPPF). Se espera ahora la resolución del juez interviniente sobre este pedido que involucra a una de las figuras centrales del Poder Ejecutivo. NA
Para el fiscal Eduardo Taiano, el cabo primero de la Gendarmería Nacional, Héctor Guerrero, se apartó de las normas que regulan el uso legítimo de la fuerza e incumplió los protocolos establecidos para la utilización del armamento que tenía aquella tarde. “Su accionar representó un peligro concreto para la vida e integridad física de los manifestantes y lesiones gravísimas al reportero gráfico”, sostuvo. El fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°3, solicitó que vaya a juicio oral el gendarme acusado de disparar una pistola lanza gases y herir al fotorreportero Pablo Grillo durante una protesta desarrollada en defensa de los derechos de los jubilados, en marzo de 2025 y frente al Congreso de la Nación. Para la fiscalía, el cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina Héctor Jesús Guerrero (30) debe enfrentar un debate por los delitos de lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función en carácter de miembro integrante de una fuerza de seguridad y abuso de armas agravado por idéntica razón, cometido en cinco oportunidades. Según explicó en el requerimiento, el 12 de marzo de 2025 se llevó adelante una protesta desarrollada en defensa de los derechos de los jubilados donde se generaron disturbios y se desplegó un operativo a cargo de fuerzas de seguridad. “Tras una exhaustiva investigación, se verificó que los efectivos policiales habían actuado de manera desproporcionada e irracional. Esa situación comprendió los disparos efectuados de forma antirreglamentaria por el cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina, Héctor Jesús Guerrero, que le ocasionaron lesiones al fotorreportero Pablo Nahuel Grillo”, sostuvo la fiscalía e indicó que ese día, el imputado intervino en su carácter de e integrante de la Sección de Empleo Inmediato del Destacamento Móvil 6 de Gendarmería. Según se estableció a través de peritajes e informes, entre las 17:05 y 17:25, Guerrero disparó seis veces “sin que existiera un contexto de agresión” y “de forma antirreglamentaria (en ángulo horizontal) con su pistola lanza gases marca ‘FM’” desde la intersección de la Avenida Hipólito Yrigoyen y Solís hacia los manifestantes que se encontraban sobre Yrigoyen, en sentido a la calle Virrey Cevallos. Para la fiscalía, los seis disparos generaron “un peligro concreto para la vida e integridad física de las personas allí presentes, mientras que aquel realizado a las 17:18 hirió en la cabeza al reportero gráfico Pablo Nahuel Grillo, causándole lesiones gravísimas”. En el requerimiento, el MPF explicó que el fotorreportero se encontraba de frente al Congreso de la Nación, sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen en sentido a la calle Virrey Cevallos de esta ciudad, en posición de cuclillas, dos metros atrás de una especie de barricada improvisada, y a una altura aproximada de entre 60 y 70 centímetros respecto del suelo. Desde allí fotografiaba la zona donde se ubicaban las fuerzas de seguridad, quienes se encontraban a unos 47 metros de distancia. Por el impacto de la granada de gas sobre su cabeza, Grillo fue trasladado de urgencia al Hospital Ramos Mejía, donde ingresó con fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica. A partir de ese diagnóstico, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en varias oportunidades. Por las secuelas ocasionadas, se estableció que las lesiones que le generó el disparo fueron gravísimas De acuerdo con la actualización de su historia clínica y el peritaje médico efectuado, Grillo presenta un marcado deterioro de sus funciones cognitivas y comunicativas, lo que podría derivar en secuelas permanentes en su esfera neurológica y en una incapacidad laboral prolongada. La responsabilidad de Guerrero Según recalcó la fiscalía, el gendarme contaba al momento de los hechos con “ la formación y capacitación necesaria para aplicar correctamente lo establecido en el manual técnico del arma utilizada y en las normas que regulan el uso de la fuerza en el desempeño de su función”. “No obstante, ejerció las potestades conferidas en razón de su cargo de manera abusiva al efectuar disparos de forma antirreglamentaria (en ángulo horizontal) contra un reportero gráfico que no representaba peligro alguno, y contra manifestantes que tampoco constituían amenaza”, sostuvo y agregó que “tampoco respetó los principios de necesidad ni proporcionalidad que justifican el uso de la fuerza, evidenciando un claro apartamiento de las normas que rigen su actuación”. En ese sentido, consideró que Guerrero “ejerció abusivamente las potestades inherentes a su cargo, al hacer un uso ilegítimo de la fuerza e incumplir con los protocolos establecidos para la utilización del armamento empleado”. “Su accionar representó un peligro concreto para la vida e integridad física de los manifestantes y lesiones gravísimas al reportero gráfico Pablo Nahuel Grillo”, manifestó. Dentro del requerimiento se resaltaron las distintas normativas y reglamentos que debía cumplir el acusado, además de puntualizar en los videos y fotografías aportadas en el caso que daban cuenta de la responsabilidad de Guerrero. En ese sentido, el fiscal recordó el fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones que confirmó el procesamiento del gendarme y donde se hizo foco en los “múltiples elementos probatorios convergentes —administrativos, audiovisuales y documentales— que reafirmaron la autoría material” del cabo primero. Con respecto a planteos realizados por la defensa al respecto de que Guerrero no tuvo el propósito deliberado de lesionar a Grillo, la fiscalía consideró que eso no lo exime de la responsabilidad penal. “Su amplia capacitación profesional evidencia que contaba con la formación necesaria para conocer y comprender la normativa que regula el uso de la fuerza en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, pese a ese conocimiento, decidió apartarse de tales disposiciones y actuar de manera tal que, aun representándose como posible la producción del resultado lesivo, continuó con su conducta, aceptando dicha eventualidad”, argumentó. En esa línea, destacó que Guerrero integra la fuerza desde el 1° de agosto de 2015; realizó el Curso de Operaciones Urbanas en 2017; aprobó en distintas oportunidades las exigencias de tiro requeridas para el ascenso y fue destinado en forma reiterada al Destacamento Móvil 6, cumpliendo funciones en escuadrones Contradisturbios. “De este modo, en atención a su vasta
Está sospechado de encubrimiento por la posibilidad de haber ayudado al padre del menor, a escaparse de la sureña ciudad correntina. Josías Santos Regis, conocido como el brasileño, huyó con el pequeño de 6 años que es su hijo luego de atacar a tiros la casa de su ex pareja y madre del nene. En esa acción hirió a un hombre con tres disparos. El caso en horas de la tarde de este lunes ya había dado un giro inesperado en la investigación, luego que el letrado admitiera haber trasladado al niño y su papá hasta la zona de San Isidro, en el departamento Goya, lo que derivó en un amplio despliegue policial encabezado por el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC), Javier Gustavo Mosquera. En toda esas zonas rurales hay un gran operativo policial de la provincia para dar con el menor y su padre. Corrientes Hoy
El proyecto de resolución fue impulsado por Esteban Paulón, quien después de ver las declaraciones del contratista que remodeló la casa de Manuel Adorni, afirmó que “no hay más excusas posibles”. Desde que se conoció que la esposa del jefe de Gabinete, viajó a Nueva York con la comitiva presidencial, se han presentado un total de 8 proyectos de resolución en contra de Manuel Adorni. El diputado nacional Esteban Paulón presentó un pedido de interpelación sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con posterior moción de censura en donde lo acusa nuevamente por presunto enriquecimiento ilícito. El anuncio del santafesino surgió minutos después de que un contratista declare en la Justicia que cobró 245.000 dólares en efectivo en calidad de refacciones en la casa del ministro en el country Indio Cuá. La declaración fue realizada por Matías Tabar, contratista y socio del grupo Alta Arquitectura, quien fue llamado a indagatoria ante el fiscal Gerardo Pollicita, en el marco de las investigaciones por enriquecimiento ilícito. El trabajador declaró que las reformas incluyeron la realización de pisos, paredes, un quincho, una pileta y una cascada en el jardín del inmueble. Del mismo modo, señaló que los trabajos de remodelación se llevaron a cabo entre septiembre del 2024 y julio del 2025 en el lote de 400 metros cuadrados ubicado en Exaltación de la Cruz. La semana pasada, cuando el ministro coordinador enfrentó a la oposición en la Cámara de Diputados, el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, había adelantado que estaban trabajando para avanzar con la interpelación y la moción de censura. Ocho resoluciones contra Adorni en dos meses Desde que se conoció que Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, viajó a Nueva York con la comitiva presidencial los primeros días de marzo de este año, se han presentado un total de 8 proyectos de resolución en contra de Manuel Adorni. El primero fue de Paulón y estuvo vinculado a un pedido de informes por la presencia de Angeletti en la comitiva que viajó al Argentina Week 2026 en Estados Unidos. En el mismo sentido, el Frente de Izquierda pidió informes por el uso del avión presidencial y los gastos del contingente. A los pocos días, Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, por una lado, y el Frente de Izquierda, por otro, presentaron sendos pedidos de informes sobre la presunta participación y conocimiento de Manuel Adorni en la difusión del token $LIBRA. Sobre finales de marzo, Pablo Juliano, Paulón y Ferraro encabezaron un pedido de informes verbales al jefe de Gabinete por la situación patrimonial del mismo. Para ese entonces, ya había sido acusado por el viaje en vuelo privado a Punta del Este; la compra de la casa en el country Indio Cuá; y la compra de un departamento en Caballito a valores que superarían la declaración jurada del funcionario. El 31 de marzo, el Frente de Izquierda presentó el primer pedido de interpelación con posterior moción de censura sobre el jefe de Gabinete. Y por último, un pedido de informes sobre la situación patrimonial que impulsó el diputado Esteban Paulón. “La gravedad institucional de los hechos involucrados requiere una respuesta acorde por parte de este Congreso”, señaló Paulón en los fundamentos. “No se trata únicamente de evaluar conductas individuales, sino de reafirmar principios estructurales del orden constitucional: la división de poderes, el sistema de pesos y contrapesos, la publicidad y rendición de cuentas, la responsabilidad política de un funcionario de tal envergadura, la ética e integridad que exige la función pública, la supremacía de la ley”, concluyó. Parlamentario
El Municipio de Juan José Castelli lleva adelante trabajos de recuperación en accesos y calles afectadas por las precipitaciones. Desde la Comuna indicaron que si bien en algunos sectores el estado del suelo aún no permite el ingreso de maquinaria, los arreglos se realizan de manera gradual y ordenada, priorizando las zonas más afectadas. “Se solicita circular con precaución y respetar las áreas donde se están desarrollando los trabajos”, remarcaron.
El juicio oral y público contra el músico Cristian “Pity” Álvarez por un homicidio cometido en julio de 2018 comenzará el 10 de agosto. Se trata del hecho ocurrido en el barrio Samoré de Villa Lugano, donde el ex líder de Viejas Locas habría asesinado a un hombre identificado como Cristian Díaz. Según informó el sitio Fiscales, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 de la Ciudad de Buenos Aires reanudó el proceso y determinó la realización de 11 audiencias entre agosto y septiembre, mientras que se le prohibió salir del país al cantante de 53 años. Además, no podrá ausentarse de la Capital Federal sin autorización expresa de los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, quienes analizaron el pedido del fiscal federal Sandro Abraldes para reabrir la investigación luego del recital ofrecido por Álvarez en el estadio Mario Alberto Kempes. “El show de 3 horas en el estadio Mario Kempes ha dejado en evidencia, por parte de Álvarez, una coordinación cognitiva sostenida, la interacción con el público, memoria operativa (letras, secuencias, dinámica escénica), tolerancia al estrés y organización conductual compleja. Existe una disonancia objetiva entre las limitaciones funcionales alegadas por la defensa y la evidencia conductual reciente del imputado en un contexto de alta exigencia cognitiva y emocional”, consignó Abraldes en su dictamen. Álvarez había sido detenido en julio de 2018 tras confesar el crimen, y si bien el debate oral estaba previsto para comenzar tres años después, quedó frenado cuando el Cuerpo Médico Forense concluyó que el cantante presentaba una incapacidad mental que le impedía ser juzgado, debido a su estado psiquiátrico. A su vez, está acusado de amenazar, agredir y privar ilegítimamente de la libertad a su manager y amiga en noviembre de 2016. NA
El largometraje documental dirigido por Iván Cherjovsky se proyectará este miércoles 6 de mayo a las 20 en el Cine del Centro Cultural Municipal de Sáenz Peña, con entrada libre y gratuita. El director participará de un intercambio con el público tras la función. El documental “El Exilio de los Músicos”, dirigido por Iván Cherjovsky, se presentará en el Cine del Centro Cultural Municipal ubicado en calle 11 entre 14 y 16. La actividad será con entrada libre y gratuita y se enmarca en el ciclo “Pensar la historia en el cine”. La propuesta incluye la proyección del film y un espacio de charla con el público, que contará con la presencia del director. “Voy a estar para charlar con la gente que vaya al cine ese día después de la película. Es una instancia muy linda”, expresó Cherjovsky en diálogo con CIUDAD TV. El largometraje, de 70 minutos de duración, aborda la llegada a la Argentina de músicos y artistas europeos durante el período del nazismo, entre 1933 y 1945. “Eran personas bastante importantes, prestigiosas, estaban muy bien consideradas en Europa, pero se tuvieron que ir porque eran judíos o eran disidentes”, señaló. En Argentina, muchos de ellos lograron insertarse profesionalmente: “Encontraron un lugar donde no solamente los aceptaban, sino que además tenían trabajo”. El film reconstruye esas trayectorias a partir de testimonios y material de archivo. “La película tiene mucho material de archivo inédito donde se los ve a ellos tocando, dando entrevistas”, indicó. También incorpora registros sobre la presencia y difusión del nazismo fuera de Europa: “Se ve cómo se difundía la ideología nazi en la Argentina a partir de la embajada de Alemania”. El proyecto se desarrolló durante tres años junto a la musicóloga Silvia Glaser, a partir de una investigación previa sobre músicos exiliados. “Entrevistamos a descendientes porque los músicos ya no viven y conseguimos material en archivos de distintos países”, explicó. Sobre el impacto del exilio en las vidas de los protagonistas, Cherjovsky sostuvo: “En general les fue bien, se quedaron a vivir en la Argentina, pero perdieron todo lo que tenían allá”. Y agregó: “Hubo que empezar de nuevo, no como cualquier exiliado, sino como alguien que deja atrás un montón de muertos”. En ese contexto, destacó el rol de la música: “Fue importante porque les dio un ambiente en el que por un rato podían olvidarse de todo ese trauma; la música es sanadora”. La proyección en Sáenz Peña forma parte de un recorrido que incluyó presentaciones en distintos países, provincias, universidades y festivales, donde el documental se exhibe junto a espacios de debate con el público.
El gremio advirtió sobre una “silenciosa quita” en la liquidación de haberes y reclamó al Ministerio de Educación que corrija la actualización de la antigüedad. Señalan que la situación afecta los salarios actuales y las futuras jubilaciones. La ATECH hizo público un reclamo de docentes chaqueños ante la falta de actualización de la bonificación por antigüedad en la liquidación salarial correspondiente a abril de 2026.Según el comunicado, los trabajadores de la educación se fueron “anoticiando de la silenciosa quita de la contabilización de la bonificación por antigüedad”, al no reflejarse en los recibos el incremento correspondiente respecto del mes anterior. La situación se detectó al comparar los haberes de marzo y abril, donde “no se actualiza la antigüedad actual correspondiente de cada docente”. El gremio sostuvo que la medida impacta en dos niveles: por un lado, en aquellos docentes que debían percibir un aumento al cumplir un nuevo período de antigüedad según la escala establecida en la Ley 647-E del Estatuto del Docente; y por otro, en el conjunto de los trabajadores, ya que “cuando se jubile cada docente que está en actividad a la fecha va a percibir menos salario por esta situación”. Desde la organización señalaron que se trata de “un error de liquidaciones del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología”, y plantearon dudas sobre el origen de la situación, al considerar que “cuesta creer” que ocurra en el marco de una gestión que sostiene estar “ordenando” el sistema. Asimismo, vincularon el hecho con antecedentes de políticas de ajuste y recordaron el congelamiento de la antigüedad durante la década del 90 en la provincia, al mencionar la Ley 4256/2000 y sus efectos sobre los salarios docentes de ese período. En ese contexto, la ATECH exigió “la correcta liquidación de los haberes docentes, particularmente la correspondiente a la bonificación por antigüedad”, y reclamó al Gobierno provincial el cumplimiento de la normativa vigente. El gremio recordó que “la ley y la Constitución obligan a actualizar los salarios docentes”, y afirmó que esa obligación “se viene incumpliendo desde hace más de un año, con fallo judicial inclusive”, en referencia a resoluciones que establecen plazos para la recomposición salarial.