La nueva normativa establece la responsabilidad penal desde los 14 años, pero mantiene a la libertad como regla y fija un máximo de 15 años de pena. El abogado y docente de Derecho Penal Ricardo Urturi advirtió que la provincia todavía debe adecuar su legislación y crear las estructuras necesarias para aplicar el nuevo régimen. La nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil ya comenzó a regir y uno de sus principales cambios es la reducción de la edad de imputabilidad, que pasa de los 16 a los 14 años. Sin embargo, el nuevo régimen no implica que todos los adolescentes que cometan un delito vayan a prisión: la normativa establece un sistema que prioriza la libertad, la resocialización y la reparación a las víctimas. Así lo explicó en declaraciones a CIUDAD TV Ricardo Urturi, presidente del Consejo de la Magistratura del Chaco, director del Organismo de Control Interno de la Policía del Chaco y docente de la Cátedra A de Derecho Penal I de la Facultad de Derecho de la UNNE. Urturi explicó que la imputabilidad refiere a la posibilidad de que una persona pueda comprender la criminalidad de sus actos. Hasta ahora, la legislación establecía esa capacidad a partir de los 16 años. Con la nueva norma, el límite se reduce a los 14. Pero el cambio no se limita a la edad. Según explicó el especialista, el régimen anterior establecía que los adolescentes de 16 y 17 años solamente eran imputables por delitos cuya pena superara los dos años de prisión. La nueva legislación elimina ese límite, por lo que los adolescentes desde los 14 años también podrán responder penalmente por delitos de menor gravedad, como hurtos o amenazas. La prisión no es automática Urturi remarcó que la reducción de la edad de imputabilidad no significa que un adolescente vaya directamente a prisión. “La regla sigue siendo la libertad”, explicó. Para los delitos de menor gravedad, la normativa contempla medidas orientadas a la resocialización, entre ellas amonestaciones, participación en actividades deportivas o recreativas, cursos, restricciones de acercamiento a la víctima y otras medidas destinadas a que el adolescente comprenda las consecuencias de sus actos. Incluso frente a delitos graves, la ley establece una escala de respuestas que contempla, entre otras alternativas, la prisión domiciliaria y la internación en establecimientos abiertos, antes de recurrir a establecimientos de mayor seguridad. Además, los adolescentes no pueden ser alojados junto con personas adultas condenadas. La nueva normativa exige establecimientos específicos y personal capacitado para trabajar en la resocialización de quienes entren en conflicto con la ley penal. Otro punto central es que la pena máxima para un adolescente será de 15 años, incluso cuando se trate de delitos que para un adulto contemplen prisión perpetua. La ley también prevé la posibilidad de salidas anticipadas en determinados casos. El desafío para Chaco Uno de los principales interrogantes está en cómo se aplicará el nuevo régimen en las provincias. En el caso del Chaco, Urturi advirtió que existe un vacío normativo que deberá ser abordado por la Legislatura. La provincia cuenta con la Ley 2951-N, que regula los procedimientos y garantías para adolescentes de entre 16 y 18 años. Sin embargo, esa legislación todavía no fue adaptada para contemplar a los adolescentes de 14 y 15 años. La nueva normativa nacional invitó a la Ciudad de Buenos Aires y a las provincias a adherir a sus disposiciones, pero, según explicó Urturi, el Chaco todavía no lo hizo. “Harían falta ajustes normativos”, señaló el especialista, quien además consideró que algunas de las cuestiones que no están expresamente contempladas deberán resolverse a través de la jurisprudencia. Entre los puntos que generan interrogantes aparece, por ejemplo, la ausencia de una diferenciación clara entre un adolescente de 14 años y otro de 17. Urturi recordó que el grado de madurez no es el mismo y que esa diferencia deberá ser contemplada al momento de determinar las respuestas judiciales. Más recursos y establecimientos especializados La implementación efectiva de la nueva ley también demandará inversiones. Urturi señaló que deberán crearse o adecuarse establecimientos y contratar personal especializado en psicología, resocialización y seguimiento de adolescentes. La norma contempla además la figura de una persona encargada de realizar un seguimiento del adolescente en conflicto con la ley penal, con el objetivo de evaluar su evolución y acompañar su proceso de reinserción. En ese sentido, el abogado sostuvo que el desafío no pasa solamente por la respuesta penal, sino también por las políticas de prevención: educación, clubes, espacios de recreación y actividades que permitan trabajar sobre las condiciones que pueden llevar a un adolescente a entrar en conflicto con la ley. “El Estado” debe intervenir antes de que el delito ocurra, planteó Urturi, y cuando finalmente se produzca un hecho delictivo, la respuesta punitiva debería constituir “lo último que tiene que buscar el Estado como solución”. La víctima también queda en el centro Otro de los aspectos destacados por Urturi es que la nueva legislación incorpora mecanismos que ponen a la víctima en un lugar central del proceso. Para determinados delitos, el fiscal podrá aplicar el criterio de oportunidad y disponer el cierre de la investigación bajo determinadas condiciones, especialmente cuando se trate de un primer conflicto y el adolescente pueda cumplir medidas de resocialización. También se contempla la conciliación y la reparación del daño. En esos casos, si el adolescente no cuenta con recursos económicos para afrontar una indemnización, podrán entrar en juego las responsabilidades civiles de sus padres. Urturi aclaró, no obstante, que debe distinguirse la responsabilidad penal de la civil: en materia penal cada persona responde por sus propios actos, mientras que los padres pueden asumir determinadas responsabilidades civiles y obligaciones vinculadas al acompañamiento del adolescente. Reiterancia y otro vacío legal Durante la entrevista también se planteó la posibilidad de aplicar el régimen de reiterancia a adolescentes. Urturi señaló que la figura está prevista en el Código Penal para adultos, mientras que la legislación chaqueña contempla determinadas reglas para adolescentes de 16 a 18 años, pero no regula expresamente
Autor: Redacción General
En diálogo con CIUDAD TV, el presidente de la Federación Económica del Chaco (FECHACO), Alfredo González, puso el foco en una de las claves que explican la crisis del comercio minorista en la provincia: el bajo poder adquisitivo del empleado público, motor central del consumo interno chaqueño. “Es muy difícil, más en una provincia donde dependemos del sueldo de los empleados públicos”, aseguró. González explicó que el relevamiento propio de FECHACO, realizado junto al IPAE, marcó una caída del 7% en las ventas minoristas el mes pasado, muy por encima de la media nacional que releva CAME que arrojó un 4% del promedio federal. Para el dirigente, buena parte de esa diferencia se explica por la estructura económica de la provincia: “Dependemos del sueldo de los empleados públicos y el sueldo del empleado público es bajo”, señaló, y advirtió que ese factor condiciona de manera directa la capacidad de consumo de la gente. “Los costos ya no son fijos, son totalmente variables con relación a poder mantener” el negocio, explicó, y sostuvo que esa combinación —costos crecientes y salarios que no acompañan— repercute directamente en la posibilidad de sostener los establecimientos, mantener la planta de empleados y, en definitiva, en la tasa de desempleo de la provincia. “Lo macro te lleva puesto” Al ser consultado sobre las políticas que impulsan desde el sector privado y en conjunto con el Gobierno provincial para paliar la situación, González fue claro sobre los límites de esas acciones frente al contexto nacional: “Lo macro te lleva puesto, es muy difícil, más en una provincia donde dependemos del sueldo de los empleados públicos”. Con esa frase, el titular de FECHACO graficó cómo las herramientas locales —como el Chaco Construye, el Black Friday provincial o las líneas de financiamiento con el Banco del Chaco— tienen un margen de acción limitado cuando la macroeconomía nacional no logra estabilizarse. Según remarcó, esa es justamente la razón por la que la Federación insiste en “salir a buscar continuamente con distintas herramientas la mayor cantidad de ventas que se pueda capturar” a través del circuito bancario formal, aun sabiendo que el problema de fondo —el ingreso real de los trabajadores, en particular del sector público— excede la capacidad de maniobra de la provincia. El consumo interno, condicionado por la inflación González proyectó que la situación no muestra señales de mejora en el corto plazo. “No hay nada que nos diga que esto va a mejorar, si el poder adquisitivo de nuestros clientes, de la gente que es de lo que vivimos las pequeñas y medianas empresas del consumo interno, cada vez se contiene mucho más bajo de la inflación”, planteó, y volvió a poner el acento en “la gran masa salarial del empleado público”, que consideró determinante para la salud del comercio en las provincias como Chaco. Frente a ese panorama, el dirigente insistió en que la salida pasa por diversificar las herramientas de captación de ventas —desde las promociones bancarias hasta la apuesta a la exportación— mientras la macroeconomía nacional no logre traducirse en una recomposición del ingreso real de los trabajadores chaqueños.
La oposición buscará sesionar el próximo miércoles a las 12 en la Cámara de Diputados para emplazar a las comisiones los proyectos vinculados al endeudamiento de familias y la emergencia en discapacidad, mientras el oficialismo busca convencer a sus aliados para que no den quórum para abrir esa reunión del pleno del cuerpo. Los bloques opositores, encabezados por el peronismo, tienen el desafío de mantener unida a la mayoría que construyó en la última sesión, cuando reunió 133 votos para impulsar el debate de esas iniciativas. Además deberá acordar cuáles serán los proyectos que pedirán que se traten en las comisiones del medio centenar que se han presentado, para poder hacer el pedido de emplazamiento ya que tienen diferentes giros. Ahora, con la convocatoria oficial a la sesión realizada por el secretario parlamentario, Adrián Pagan, para el próximo miércoles, se multiplicarán las negociaciones de la oposición para conservar bloques que hasta ahora fueron aliados del Gobierno Nacional y del oficialismo para hacer caer la sesión La Libertad Avanza avanzó con una estrategia de abrir en la comisión de Finanzas, que preside Santiago Pauli, para tratar 35 proyectos con la expectativa de estirar el debate hasta fin de mes, pero ese esquema de trabajo fue rechazado por las bancadas opositores. Esta estrategia de utilizar la comisión como “carnada” para que “piquen” los diputados dialoguistas no es inocente, sino que apunta directamente a quitarle fuerza a la convocatoria del 9 de septiembre, con el argumento de que la sesión carece de sentido, ya que uno de los temas ya está siendo debatido en comisión. “La trampa”, dicen los opositores, es que la reunión de Finanzas será meramente informativa y no tiene como fin último dictaminar para poder llevar los proyectos al recinto. En ese contexto, el oficialismo buscarán convencer a los legisladores que si bien votaron a favor para habilitar el debate no firmaron el pedido de sesión como los tres legisladores de Independencia, y para que no se sumen los radicales que se abstuvieron en la sesión. También aspira a convencer a cuatro legisladores de Provincias Unidas que siempre votan con el oficialismo. Por lo pronto, mañana continuará a las 15 el debate en la comisión de Finanzas donde expondrán invitados propuestos por los opositores. Agencia NA
La Fundación Éforo asegura que el ahorro por suspender las primarias en 2025 fue de solo 3% respecto de 2021; el oficialismo dice que busca la suspensión o la eliminación por su costo. Mientras el Gobierno retoma su batalla para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) con el argumento de que representan un gasto innecesario de la política, un informe revela que en 2025, sin primarias, el gasto público electoral bajó solo un 3% respecto de 2021, cuando se realizaron PASO y elecciones generales. El costo de las primarias es uno de los principales argumentos que esgrime el Gobierno para eliminarlas definitivamente en 2027, cuando el presidente Javier Milei buscará la reelección. “Vamos a eliminar las PASO y ahorrar más de US$200 millones para los argentinos”, afirmó el entonces ministro del Interior, Diego Santilli. Sin embargo, los datos del informe de Éforo, titulado Políticas electorales en Argentina: informe ciudadano, ponen en discusión esa estimación. Según el estudio, pese a haber eliminado una de las dos jornadas electorales, el gasto total de 2025 fue $14.478 millones menor que el de las legislativas de 2021. Es decir, 3%. La diferencia equivale a unos US$9,5 millones, lejos de los US$200 millones que, según Santilli, el Estado ahorraría sin primarias. Es que hay un gasto que absorbió el ahorro de la supresión de una instancia electoral: los costos de la logística a cargo del Correo Argentino, que alcanzaron un récord. Durante la última elección supusieron $225 mil millones, equivalentes al 48% de todo el gasto dedicado a los comicios de ese año, pese a que hubo una sola jornada de votación. Los datos del informe provienen del Ministerio de Economía (a través de Presupuesto Abierto y el Presupuesto Nacional), del Ministerio del Interior y del Indec (mediante las Cuentas Nacionales y el Índice de Precios al Consumidor). La comparación de la elección de 2025 se realiza contra 2021 porque ambas fueron elecciones legislativas de medio término. En 2023, en cambio, se eligió presidente. ¿Por qué no bajó el gasto? La principal explicación está en la logística. Según Éforo, el servicio de distribución y despliegue prestado por el Correo Argentino demandó $225.000 millones en 2025, el valor más alto desde 2007. La última jornada de votación tuvo un costo logístico incluso superior al promedio registrado en años de elecciones presidenciales con segunda vuelta. Según el informe, ese costo absorbió el ahorro en otros ítems, como los aportes estatales para la impresión de boletas −también por la implementación de la Boleta Única Papel (BUP)−, los gastos de seguridad del Comando General Electoral y los aportes extraordinarios para las campañas políticas. El estudio sostiene que “el costo de la política electoral argentina muestra una fuerte rigidez a la baja”. En otras palabras, dice que una parte importante de los gastos que se fueron incorporando al sistema desde la implementación de las PASO, en 2011, permaneció incluso cuando las primarias fueron suspendidas. “La sanción de la Ley 26.571 a fines de 2009 generó un salto de nivel permanente en el costo de los años electorales”, señala el informe. Para dimensionar esa tendencia, Éforo retrocede hasta 2009, la última elección legislativa nacional organizada antes de la implementación de las PASO. Ese año, el gasto electoral total fue equivalente a $297.000 millones a precios constantes de 2025. En las legislativas de 2025, el Estado gastó $468.000 millones, equivalentes al 0,05% del PBI. Es decir, aun con una única jornada electoral, los comicios del año pasado resultaron 58% más costosos en términos reales que los de 2009. Ante este escenario, la vicepresidenta de la Fundación Éforo, Carla Pitiot (exdiputada nacional del Frente Renovador), reclamó una mayor apertura de los datos públicos. “Transparentar la composición de estos gastos es una condición necesaria para que la ciudadanía pueda evaluar tanto la eficiencia del sistema electoral como la equidad de la competencia política”, sostuvo. El informe advierte que bajo grandes partidas se agrupan gastos de naturaleza muy diferente, algo que dificulta conocer con precisión cuánto se destina a cada componente del sistema electoral. Partidos políticos con menos recursos Mientras creció el peso de la logística dentro del presupuesto electoral, se redujo fuertemente el financiamiento ordinario destinado a los partidos políticos. El Fondo Partidario Permanente −la herramienta con la que el Estado financia el funcionamiento institucional y la capacitación de los partidos fuera de los períodos electorales− sufrió una fuerte licuación en términos reales. Después de alcanzar un pico equivalente a $35.000 millones en 2015, cayó a $402 millones en 2025, con una proyección de $354 millones para 2026. Actualmente, representa menos del 0,1% del gasto total destinado a la política electoral. El dato cobra relevancia frente a la reforma electoral que el Gobierno impulsa y permanece en el Senado. El Gobierno propone mantener este fondo, pero elimina los aportes públicos extraordinarios para las campañas y abre la puerta a un mayor financiamiento privado, con un tope del 35% por aportante. La Nación
El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central corrigió a la baja la previsión para septiembre, pero mantuvo un sendero ascendente para los próximos meses. Para diciembre, los analistas esperan un dólar mayorista promedio por encima de $1600. El mercado espera que el dólar mayorista cierre 2026 en torno a los $1.630, de acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central. El dato surge de la encuesta realizada entre el 27 y el 31 de agosto a 47 participantes, entre ellos 35 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras. El BCRA aclara que las cifras corresponden a estimaciones privadas y no constituyen proyecciones propias de la autoridad monetaria. A cuánto llegará el dólar en diciembre 2026 La mediana de las respuestas ubicó al tipo de cambio nominal en $1.630 por dólar para diciembre de 2026. De concretarse ese valor, implicaría una suba interanual de 12,6% frente a diciembre de 2025. Entre los analistas que integran el denominado Top 10, es decir, aquellos que tuvieron mayor precisión en sus pronósticos anteriores, la previsión es apenas menor: esperan un dólar promedio de $1.626 en diciembre. El REM no releva el dólar blue ni los tipos de cambio financieros, sino el tipo de cambio nominal promedio mensual mayorista, tomando como referencia la cotización que publica diariamente el Banco Central bajo la Comunicación “A” 3500. El recorrido que espera el mercado hasta fin de año La trayectoria prevista por los analistas muestra una suba gradual del dólar durante los próximos meses. Según el cuadro de expectativas cambiarias del REM, la mediana se ubica en: -Septiembre: $1.530 -Octubre: $1.565 -Noviembre: $1.600 -Diciembre: $1.630 -Enero de 2027: $1.661 -Febrero de 2027: $1.695 El gráfico de expectativas cambiarias incluido en el informe muestra así un sendero ascendente, aunque sin saltos abruptos en las proyecciones centrales del mercado. Para septiembre, además, la estimación bajó respecto del REM anterior. El mercado pasó a proyectar un dólar promedio de $1.530, unos $15,80 menos que en la encuesta previa. Qué espera el mercado para 2027 Las estimaciones no terminan en diciembre. Para los próximos doce meses, el REM proyecta que el dólar mayorista promedio alcance los $1.844, mientras que hacia diciembre de 2027 la mediana se ubica en $2.016. De esa manera, las expectativas privadas anticipan una continuidad de la depreciación nominal del peso durante 2027, aunque el relevamiento muestra una amplia dispersión entre las respuestas de los participantes, especialmente a medida que se extiende el horizonte de proyección. La expectativa cambiaria aparece además en un escenario en el que los analistas estiman una inflación de 1,7% para agosto y proyectan una desaceleración gradual de los precios hacia los próximos meses. Así, por ahora, el consenso del mercado ubica la referencia cambiaria de fin de año en un número concreto: $1.630 por dólar mayorista en diciembre de 2026. Perfil
Los operativos conjuntos de Provincia y Municipio estuvieron destinados a reforzar la prevención y la seguridad vial. Además, se detectaron 21 alcoholemias positivas y se labraron 135 actas por distintas infracciones. Durante el fin de semana, la Provincia y el Municipio de Resistencia realizaron nuevos operativos conjuntos de prevención y seguridad vial en distintos puntos de la ciudad. Como resultado de los controles, fueron secuestradas 34 motocicletas y 11 automóviles. Además, los agentes detectaron 21 casos de alcoholemia positiva y confeccionaron 135 actas de infracción por incumplimientos a las normas de tránsito. Los procedimientos incluyeron la verificación de la documentación de los vehículos y sus conductores, además de controles sobre las condiciones de circulación y el cumplimiento de las disposiciones vigentes. En el marco de los operativos también se realizaron controles por ruidos molestos, especialmente sobre motociclistas que circulaban con caños de escape libres. Se trata de una práctica que, además de afectar la convivencia urbana, puede generar riesgos para la seguridad vial. Desde los organismos intervinientes señalaron que los controles tienen como objetivo prevenir siniestros viales, promover el cumplimiento de las normas y reforzar la seguridad en las calles.
Desde el pasado sábado, 5 de septiembre, hay un nuevo cuadro tarifario en todas sus categorías en los peajes de Colonia Elía, Yeruá y Piedritas, esta última en zona de Mocoretá. Según se anunció, se trata de las estaciones Colonia Elía, Yeruá y Piedritas. Los autos y camionetas deberán abonar $2.340,48 mientras que los vehículos correspondientes a la categoría 5 y 6 pagarán $9.361,92 con el sistema de Telepase. Cabe recordar que desde este año las estaciones no reciben dinero en efectivo. Aumento Según se anunció, a dos meses del último incremento, Autovía del Mercosur informó que este sábado comenzará a regir un nuevo cuadro tarifario en todas sus categorías en los peajes de Colonia Elía, Yeruá y Piedritas. De acuerdo a lo informado, desde las 00 los montos a pagar serán los siguientes para los que abonen con el sistema Telepase: Mientras que lo que abonen en modalidad manual electrónica: Categoría 1: $4.680,96 Cabe recordar que desde este año, Autovía del Mercosur quitó la implementación del pago en efectivo. En caso de no contar con el sistema de Telepase activado, el usuario puede pueden abonar en las estaciones cuentan con Código QR, tarjetas de crédito y débito y tecnología NFC desde teléfonos celulares. La concesión Autovías del Mercosur S.A.U. (AUMESA) es la empresa concesionaria encargada de administrar, conservar y explotar el Tramo Oriental de la red vial nacional en Argentina, conocido como la “Ruta del Mercosur”. La misma opera un eje estratégico de infraestructura que vincula a la Argentina con Brasil y Uruguay: Ruta Nacional N°12 Características del Servicio y Cobro de Peaje Pago manual por tótems: Incorporado en las estaciones para medios electrónicos (tarjetas, QR, NFC), con penalización tarifaria para quienes no utilicen TelePASE. Asistencia al usuario: Cuenta con atención de emergencias las 24 horas (marcando el 140 desde el celular o a través de canales oficiales en Autovías del Mercosur). Corrientes Hoy
La vecina provincia recibió $1,82 billones entre enero y agosto, frente a $1,38 billones del mismo período de 2025. El incremento de 31,7% nominal quedó por debajo de la inflación y representa una caída real cercana al 3,8%. La provincia de Corrientes recibió entre enero y agosto de 2026 un total de $1.819.797,1 millones en concepto de transferencias automáticas correspondientes a la coparticipación federal, de acuerdo con el Ministerio de Economía de la Nación. La cifra representa un incremento nominal del 31,7% respecto de los $1.381.672,3 millones girados durante los primeros ocho meses de 2025. En términos absolutos, el incremento fue de $438.124,8 millones. Sin embargo, el aumento de los recursos no significó una mejora en el poder adquisitivo de la provincia, ya que la evolución de los fondos quedó por debajo de la inflación. Si se toma como referencia la inflación interanual del 36,9% registrada en julio en la región Noreste, el crecimiento real de los recursos resulta negativo. Al comparar ambos indicadores, Corrientes registra una pérdida aproximada del 3,8% en términos reales durante el período analizado. La situación también puede observarse en la evolución mensual. En enero, la provincia recibió $207.145,5 millones, frente a $169.316,4 millones del mismo mes de 2025, con una suba nominal del 22,3%. En febrero, los recursos pasaron de $157.503,7 millones a $193.436,4 millones, un 22,8% más. En marzo, el incremento interanual fue del 25,3%, al pasar de $142.060,2 millones a $177.976,3 millones. En abril, la mejora nominal alcanzó el 28,8%, con $200.295,3 millones frente a $155.481,6 millones del año anterior. El mayor salto se registró en mayo, cuando las transferencias pasaron de $198.363,5 millones en 2025 a $287.003,5 millones en 2026, lo que significó un aumento del 44,7%. En junio, el incremento fue del 27,5%, mientras que en julio alcanzó el 43,7%. Durante agosto, Corrientes recibió $245.927 millones, frente a los $183.385,6 millones del mismo mes de 2025. El aumento interanual fue del 34,1%, nuevamente por debajo de la inflación regional de referencia. Recursos discrecionales El panorama es más complejo cuando se analizan los giros no automáticos de la Nación a las provincias. Durante agosto, Corrientes recibió $3.458 millones, un 21,6% más que en el mismo mes del año anterior. Con ese monto, la provincia representó el 5,1% del total distribuido y quedó en el noveno lugar entre las jurisdicciones que más fondos captaron durante el mes. A nivel nacional, las transferencias no automáticas acumularon una caída del 63,1% respecto del año anterior. Entre los principales destinos de los fondos distribuidos en agosto se encontraron la Jornada Extendida Escolar, que concentró el 45%, y las Cajas Previsionales Provinciales, con el 22%. Buenos Aires fue la provincia que recibió la mayor proporción de estos recursos, con el 23,7% del total, seguida por Entre Ríos, con el 12,9%, y Santa Fe, con el 10,4%. Entre las jurisdicciones más perjudicadas se ubicaron La Rioja, con una caída del 99,1%, además de Tierra del Fuego, Río Negro y Formosa. Corrientes y los ATN En cuanto a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), agosto marcó un corte en la distribución de este fondo de emergencia, ya que durante ese mes no se registraron nuevos envíos a las provincias. Corrientes, sin embargo, mantiene una posición favorable en el acumulado de 2026. Hasta el momento recibió $14.000 millones en concepto de ATN, una cifra que la coloca entre las provincias que más recursos obtuvieron por esta vía. Misiones encabeza el listado, con $15.000 millones, mientras que Mendoza también se encuentra entre las jurisdicciones con mayores aportes acumulados. Los ATN representan un alivio para las cuentas provinciales, aunque su carácter discrecional y la fuerte reducción de las transferencias no automáticas impiden compensar completamente la pérdida de poder adquisitivo que afecta a los recursos de origen automático. El impacto en las cuentas provinciales El cuadro general muestra así dos realidades simultáneas. Por un lado, Corrientes recibió durante los primeros ocho meses del año un volumen nominal de recursos automáticos significativamente superior al de 2025. Por otro, ese crecimiento fue insuficiente para acompañar la inflación, por lo que el aumento de los fondos no se tradujo en una mejora equivalente de su capacidad de compra. La diferencia adquiere mayor relevancia al considerar que la coparticipación constituye una de las principales fuentes de financiamiento de las provincias. Por eso, una expansión nominal inferior a la inflación implica que los gobiernos subnacionales disponen de menos recursos reales para afrontar gastos, salarios, obras y servicios. En el caso de Corrientes, los $1,82 billones recibidos entre enero y agosto representan un crecimiento nominal del 31,7%. Pero frente a una inflación regional del 36,9%, el resultado real es negativo y muestra una pérdida aproximada del 3,8% del poder adquisitivo de esos fondos. De esta manera, aunque la provincia aparece entre las jurisdicciones que recibieron mayores volúmenes de recursos discrecionales y ATN, también comparte con el resto de las provincias el efecto de la pérdida real de los fondos automáticos en un contexto de menor crecimiento de la recaudación y de fuerte presión inflacionaria. Diario Época
Desde este lunes 7 y hasta el 25 de septiembre, el programa brindará controles de salud visual y entregará anteojos a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años. El programa nacional Ver para Ser Libres llegará por segunda vez durante 2026 a la provincia del Chaco para brindar controles oftalmológicos y entregar anteojos gratuitos a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años, especialmente estudiantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Capital Humano de la Nación, en articulación con el Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, con la participación de los equipos de Salud y Educación. Dos unidades móviles recorrerán el territorio El operativo contará con dos unidades móviles completamente equipadas, con capacidad para realizar más de 100 atenciones diarias cada una. En ellas se desarrollarán controles de salud visual, evaluaciones interdisciplinarias, diagnóstico oftalmológico y confección de anteojos. La dinámica contempla una primera instancia de control para detectar posibles dificultades visuales y una segunda consulta con profesionales oftalmológicos para realizar el diagnóstico y la correspondiente indicación de lentes. Una vez realizada la evaluación, los estudiantes podrán elegir sus marcos y profesionales especializados realizarán la calibración, tallado y armado de los anteojos en el laboratorio móvil. En los casos de lentes de complejidad estándar, la entrega se concreta en el mismo día, con una demora aproximada de 30 minutos. Los casos que requieran lentes de mayor complejidad serán derivados a laboratorio para su posterior entrega. Se prevé alcanzar unas 200 consultas diarias en simultáneo entre ambos móviles, extendiendo la atención hasta completar la demanda prevista en cada localidad. Gutiérrez: “Estamos dando respuestas a necesidades reales” El ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez, destacó la importancia de la nueva etapa del programa y el alcance territorial que tendrá durante septiembre. “Por segunda vez en este año vamos a contar con la presencia de Ver para Ser Libres en el Chaco. Las experiencias anteriores fueron muy buenas y estamos dando respuestas a necesidades reales de nuestros estudiantes”, afirmó. Gutiérrez explicó que los equipos territoriales tendrán un rol fundamental para detectar a los estudiantes que necesiten atención. “Vamos a contar con el acompañamiento de los equipos Ñachec y de los docentes, que son quienes están en contacto permanente con las comunidades y pueden ayudarnos a detectar rápidamente los casos. Serán tres semanas intensas de trabajo en distintos puntos de la provincia”, señaló. Además, remarcó que esta nueva edición permitirá ampliar la cobertura en El Impenetrable. “Si las condiciones climáticas acompañan, vamos a llegar a cubrir escuelas de prácticamente todo El Impenetrable, porque Nación envía una unidad móvil preparada para transitar ese tipo de caminos y llegar a comunidades más alejadas”, puntualizó. Más de 10 mil controles y 7 mil anteojos entregados en Chaco El programa Ver para Ser Libres recorre establecimientos educativos de todo el país con el objetivo de detectar y atender problemas visuales que pueden afectar el aprendizaje, la autonomía y la calidad de vida de niños y adolescentes. Desde 2024 hasta la actualidad, en la provincia del Chaco se realizaron más de 10.000 controles oftalmológicos y se entregaron más de 7.000 anteojos a estudiantes de escuelas rurales y periféricas. Desde el Ministerio de Desarrollo Humano destacaron que este tipo de políticas públicas permite garantizar derechos, reducir desigualdades y acercar servicios esenciales a comunidades alejadas, fortaleciendo la inclusión y la igualdad de oportunidades en todo el territorio provincial. Cronograma de atención MÓVIL 1 Primera semana | 7 al 11 de septiembre -Lunes 7: El Sauzalito – EEP N°22, desde las 9. Incluye Tres Pozos y Vizcacheral. -Martes 8: Fortín Belgrano – EEP N°1072, de 8 a 12; Tartagal – EEP N°853, de 15 a 19. -Miércoles 9: El Sauzal – EEP N°850, de 8 a 12; Wichí-El Pintado – EEP N°517, de 15 a 19. -Jueves 10: Fuerte Esperanza – EEP N°887, desde las 9. -Viernes 11: Comandancia Frías – EEP N°780, desde las 9. Segunda semana | 14 al 18 de septiembre -Lunes 14: Misión Nueva Pompeya – EEP N°562. -Martes 15: Nueva Población – EEP N°714. -Miércoles 16: Las Hacheras – EEP N°559. -Jueves 17: Miraflores – EEP N°680. -Viernes 18: Juan José Castelli – EEP N°255. Tercera semana | 21 al 25 de septiembre -Lunes 21: Juan José Castelli – Centro Comunitario B° Nocaayi. -Martes 22: Tres Isletas – ISET. -Miércoles 23: Napenay – EES N°38, incluye Avia Terai. -Jueves 24: Río Muerto – EEP N°633, incluye Los Frentones. -Viernes 25: Taco Pozo – EEP N°928. MÓVIL 2 Primera semana | 7 al 11 de septiembre -Lunes 7: Gancedo – EEP N°1023, incluye General Capdevilla. -Martes 8: Corzuela – EEP N°1000. -Miércoles 9: Villa Berthet – EEP N°79. -Jueves 10: Samuhú – EEP N°74, incluye Enrique Urien. -Viernes 11: Cote Lai – Polideportivo Municipal, incluye Charadai. Segunda semana | 14 al 18 de septiembre -Lunes 14: Makallé – EEP N°34, incluye Laguna Blanca. -Martes 15: Puerto Tirol – EEP N°167, incluye Colonia Popular. -Miércoles 16: Isla del Cerrito – EEP N°132. -Jueves 17: Colonia Benítez – EEP N°10. -Viernes 18: Margarita Belén – EEP N°12. Tercera semana | 21 al 25 de septiembre -Lunes 21: Las Palmas – Plaza de Las Palmas, incluye La Leonesa. -Martes 22: General Vedia – EES N°178, incluye Puerto Bermejo y Puerto Eva Perón. -Miércoles 23: Selvas del Río de Oro – EEP N°51, incluye La Eduvigis. -Jueves 24: Colonias Unidas – EEP N°579. -Viernes 25: Laguna Limpia – EEP N°350, incluye Ciervo Petiso. Con esta nueva etapa, el Gobierno del Chaco busca acercar atención oftalmológica a estudiantes de toda la provincia, especialmente a quienes viven en comunidades rurales y alejadas, contribuyendo a mejorar sus condiciones de aprendizaje, su autonomía y su calidad de vida.
El precio del crudo vuelve a subir en el comienzo de la semana. El gas también se dispara en Europa. Los precios internacionales del petróleo vuelven a subir y se acercan a los US$100 este lunes, ante la persistencia de los ataques entre Estados Unidos e Irán y la inseguridad del paso por el estrecho de Ormuz. El Brent, referencia para Europa, avanza durante esta jornada 1,00%, cotizando a 96,76 dólares por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, trepa un 0,20% y se ubica en 91,47 dólares por barril. Antes de la ofensiva estadounidense e israelí contra Teherán, el 28 de febrero, el Brent cotizaba en torno a los 73 dólares por barril, valor al que retornó tras el acuerdo de paz alcanzado entre los países involucrados, pero desde principios de julio el precio volvió a escalar ante nuevos desencuentros. A pesar de algunos lapsos de calma en las últimas semanas, el retorno de la tendencia alcista en el precio del crudo se da frente al cese de una nueva tregua entre Estados Unidos e Irán, que se extendió cerca de un mes. Desde fines de agosto se reanudaron los ataques de ambos lados. La continuidad de las agresiones y la profundización del alejamiento de las negociaciones producen la inestabilidad del tránsito fluvial seguro en la vía navegable por la que transita una quinta parte del suministro mundial de petróleo. En las últimas horas, Irán amenazó con disponer una zona restringida fuera del estrecho de Ormuz, lo que eleva el riesgo de más interrupciones en la circulación de energía. En este marco, también escalan los precios del gas natural en Europa avanzando hasta un 4,2%. Agencia NA
El Ministerio de Justicia fue designado como autoridad de aplicación en el ámbito nacional y federal. El Régimen Penal Juvenil establecido por la Ley 27.801, que alcanza a adolescentes desde los 14 años y hasta las cero horas del día en que cumplen 18, cuando sean imputados por un hecho tipificado como delito, fue reglamentado este lunes por el Gobierno. Así se informó en el Decreto 875/2026 publicado en el Boletín Oficial y al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, en el cual se indica además que el Ministerio de Justicia fue designado como autoridad de aplicación en el ámbito nacional y federal, a la vez que estableció mecanismos para el seguimiento de los jóvenes, la asistencia a las víctimas y la coordinación con las provincias. “Por la Ley N° 27.801 se estableció el Régimen Penal Juvenil aplicable a las personas adolescentes desde 14 años de edad hasta las cero horas del día en que cumplan 18 años de edad y se fijó como finalidad del régimen fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social”, indicó. Además, en el escrito se señaló: “Créase, en el ámbito del Ministerio de Justicia, el Comité de Justicia Interministerial del Régimen Penal Juvenil como dispositivo permanente de articulación interministerial para la implementación de la Ley N° 27.801”. El mismo tendrá las siguientes funciones: a) Coordinar la actuación de los Ministerios enumerados en el artículo 6° del presente decreto, en los temas que requieran intervención conjunta.b) Elaborar lineamientos comunes en materia de prevención, abordaje y reinserción de los adolescentes alcanzados por el régimen.c) Promover el intercambio de información estadística y técnica entre las carteras integrantes.d) Emitir recomendaciones no vinculantes a la Autoridad de Aplicación sobre los aspectos transversales del régimen.e) Instrumentar la articulación interinstitucional necesaria para la ejecución de las penas previstas en el artículo 12 de la Ley N° 27.801, en los aspectos administrativos y operativos que resulten de competencia de los Ministerios que integran el Comité.En tanto, se indicó que el Comité de Justicia Interministerial del Régimen Penal Juvenil estará integrado por: “Un representante del Ministerio de Justicia, que ejercerá la coordinación, un representante del Ministerio de Seguridad Nacional, un representante del Ministerio de Capital Humano y un representante del Ministerio de Salud”. La Ley 27.801 fue sancionada el 27 de febrero, publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo y la misma estableció que entraría en vigencia 180 días después de su publicación, mientras que el decreto reglamentario dispone que comenzará a regir conjuntamente con ella. También se señaló que en el ámbito del Ministerio de Justicia se crea la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil “como espacio permanente de articulación entre el orden nacional, las jurisdicciones provinciales y la Ciudad de Buenos Aires”. La misma tendrá las siguientes funciones: a) Promover la armonización de criterios técnicos y procesales entre las jurisdicciones.b) Intercambiar experiencias y buenas prácticas en la implementación del régimen.c) Facilitar la suscripción de los convenios de colaboración y cooperación referidos en el artículo 17 del ANEXO I del presente decreto.d) Elaborar recomendaciones no vinculantes en materia de implementación.La Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil estará integrada por “un representante de la Autoridad de Aplicación, que ejercerá la coordinación; los representantes que designen las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uno por cada jurisdicción y los representantes que, en su caso, designen la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación, uno por cada una de ellas”. Fuente: Agencia NA
El gremio paralizará las actividades este martes y marchará a la sede central. Denuncia falta de prestaciones, una deuda con prestadores superior a $500.000 millones y salarios deteriorados, mientras se suceden las suspensiones de servicios en distintos puntos del país. El duro panorama arrincona al ministro de Salud, Mario Lugones, y al titular de la entidad, Esteban Leguízamo, que continúa muy cuestionado. La crisis del PAMI suma un nuevo capítulo y escala en el frente gremial. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional con movilización este martes 8 de septiembre a las 13 hacia la sede central de la obra social, ubicada en avenida Corrientes 655, en la Ciudad de Buenos Aires, en reclamo por el deterioro de las prestaciones, la situación de los trabajadores y el funcionamiento general del organismo. La medida alcanza a los trabajadores del PAMI en todo el país y representa una profundización de un conflicto que durante los últimos meses tuvo distintos focos: atrasos en los pagos a prestadores, suspensión de servicios, reclamos de profesionales y clínicas, dificultades para garantizar tratamientos y cuestionamientos sobre el financiamiento de la obra social. “Más de 5 millones de jubilados son víctimas y rehenes de quienes están haciendo negocios a costa de su salud”, sostuvo el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien además es trabajador del organismo. El dirigente afirmó que la situación atraviesa un punto crítico y vinculó el deterioro de las prestaciones con la falta de medicamentos y las dificultades para acceder al sistema de salud. Según planteó, durante los últimos dos años se registraron 45 mil muertes de adultos mayores más de las esperadas, una afirmación que ATE utiliza para dimensionar el impacto que atribuye al deterioro de las condiciones de vida y del acceso a la atención sanitaria. Un conflicto que viene acumulando capítulos La protesta sindical llega después de una serie de episodios que expusieron las dificultades que atraviesa la obra social. En marzo, Mundo Gremial había advertido sobre los atrasos en los pagos a distintos prestadores del PAMI, entre ellos odontólogos, ópticas, acompañantes terapéuticos y otros profesionales. La situación había provocado suspensiones de servicios en distintas provincias. En mayo, el conflicto alcanzó nuevamente a la atención odontológica. La Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA) anunció la suspensión de prestaciones por incumplimientos en los pagos por capitación y retrasos vinculados a prótesis odontológicas. Durante agosto, la tensión volvió a crecer. Más de 25 clínicas y sanatorios privados de Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa anunciaron una suspensión de 24 horas en la atención a afiliados del PAMI, en reclamo por el atraso de los aranceles y las dificultades para sostener las prestaciones. La medida alcanzaba a unos 300 mil afiliados de la región. En paralelo, más de 200 centros de diálisis advirtieron sobre el impacto de recortes y congelamientos en los pagos. Según la entidad que nuclea a esos prestadores, la situación ponía en riesgo la continuidad de los tratamientos de unos 4.700 afiliados del PAMI y existía una brecha cercana al 50% entre los costos de los centros y los valores reconocidos por la obra social. El escenario configura así una crisis que no se limita a un único sector. El deterioro de los valores reconocidos a los prestadores y los atrasos en los pagos comenzaron a traducirse en restricciones concretas en el acceso a distintas prestaciones. ATE apunta contra el vaciamiento Para ATE, el problema excede las dificultades administrativas y forma parte de un proceso de vaciamiento del organismo. “Si no frenamos a tiempo tanta desidia de los funcionarios, la obra social será irrecuperable”, sostuvo Aguiar al anunciar la medida de fuerza. El dirigente cuestionó además que mientras los funcionarios perciben salarios que calificó como millonarios, los trabajadores del organismo mantienen sus remuneraciones congeladas y por debajo de la canasta básica. El reclamo gremial también tiene antecedentes recientes. En agosto, ATE consiguió la reincorporación de trabajadores del PAMI que habían sido despedidos durante abril, luego de una disputa judicial y de sucesivas protestas en la sede central de la obra social. Entre los trabajadores alcanzados se encontraba una representante gremial de la Junta Interna de Rosario. Días después, ATE había convocado a un plenario nacional de delegados del organismo para analizar la situación. El encuentro reunió a representantes de distintas jurisdicciones y puso en agenda la continuidad del conflicto. El financiamiento, otro de los puntos críticos ATE también cuestionó el esquema de financiamiento del PAMI y puso el foco en la eliminación del Impuesto PAIS, que destinaba parte de su recaudación a la obra social. Según la denuncia sindical, en 2024 el Gobierno había comprometido una compensación mediante recursos del Tesoro Nacional. Sin embargo, de los $2,8 billones que, de acuerdo con ATE, hubieran ingresado al PAMI a través de ese tributo, hasta julio de este año se habrían compensado $0,9 billones. Ese desfasaje es presentado por el gremio como uno de los componentes del deterioro financiero que impacta sobre la capacidad de la obra social para sostener sus prestaciones. Cambios en la conducción y más incertidumbre La crisis también se desarrolla en medio de movimientos en la estructura de conducción del organismo. En las últimas horas se anunció la salida de Juan Cruz Montero de la coordinación ejecutiva del PAMI, quien será reemplazado por Verónica Gabriela Pérez, vinculada políticamente a Santiago Caputo, según la denuncia difundida por ATE. También se produjo la salida de Florencia Zicavo de la sindicatura del organismo, cargo que, de acuerdo con la información difundida por el sindicato, todavía no tenía reemplazante definido. Los movimientos se producen después de meses de tensión alrededor de la conducción del PAMI. En agosto, Mundo Gremial había informado sobre versiones de cambios en la cúpula del organismo y en el Ministerio de Salud, en un contexto marcado por los conflictos con prestadores y los reclamos por el deterioro de las prestaciones. Con ese escenario como telón de fondo, ATE decidió llevar el conflicto a un nuevo nivel.
La Policía secuestró una puerta de aluminio, un inodoro y una bacha que habían sido sustraídos de oficinas en desuso del Parque Urbano Tiro Federal. Durante esta madrugada, efectivos policiales intervinieron tras un hecho de robo registrado en instalaciones del Parque Urbano Tiro Federal, donde desconocidos provocaron daños y sustrajeron distintos elementos. La situación fue advertida luego de un llamado al 911 que alertaba sobre dos hombres trasladando objetos por la zona. Los efectivos realizaron un seguimiento controlado y los sospechosos, al advertir la presencia policial, abandonaron los elementos y escaparon por los pasillos del barrio Villa Federal. En el procedimiento se secuestró una puerta de aluminio con paneles de vidrio, un inodoro y una bacha metálica. Posteriormente, se constató que los elementos habían sido sustraídos de oficinas en desuso ubicadas dentro del predio, donde también se registraron daños en rejas y aberturas. La investigación continúa para identificar y detener a los responsables del hecho, informó la policía del Chaco.
El diputado Maximiliano Ferraro cuestionó que Harbour Energy, vinculada a una empresa inhabilitada hasta 2028, participe de un proyecto gasífero amparada en el régimen de inversiones. El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, denunció que Harbour Energy, una petrolera británica vinculada a operaciones hidrocarburíferas en las Islas Malvinas, forma parte de un proyecto que obtuvo beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según planteó el legislador, la compañía posee el 15% de Southern Energy, iniciativa aprobada por el Gobierno mediante la Resolución 559/2025 para desarrollar actividades vinculadas a la producción y exportación de gas desde Río Negro. Ferraro sostuvo que Harbour Energy es la misma persona jurídica que anteriormente operaba bajo el nombre de Premier Oil PLC, denominación que fue modificada en 2021. Según su presentación, Premier Oil había sido inhabilitada en 2013 por una resolución basada en la Ley 26.659, a raíz de actividades de exploración en la plataforma continental argentina sin autorización, en cercanías de las Islas Malvinas. La denuncia se conoció luego de que el Gobierno anunciara una nueva ofensiva contra empresas y personas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. En paralelo, el proyecto autorizado para Southern Energy prevé un importante operativo logístico en el sur argentino. El esquema contempla la llegada mensual de buques encargados de trasladar alrededor de 3.500 tubos que serán utilizados para la instalación de cañerías, mientras continúa pendiente una resolución judicial sobre la denuncia presentada. Tiempo Argentino
El procedimiento se realizó durante la madrugada tras un pedido de intervención del área de Ruidos Molestos de la Municipalidad. Hoy, en horas de la madrugada, efectivos de la comisaria Quinta intervinieron en una vivienda en el barrio La Favelita, donde se desarrollaba un cumpleaños con una banda musical en vivo. El procedimiento se inició a solicitud del personal del área de Ruidos Molestos de la Municipalidad, quienes constataron la situación y notificaron a la responsable del domicilio mediante un acta de infracción. En el lugar había aproximadamente 75 personas, que posteriormente se desconcentraron sin que se registraran inconvenientes. Del operativo participaron efectivos del Departamento Lince, las comisarías Tercera, Quinta y Séptima, junto a la División Patrulla Preventiva, informó la policía del Chaco.
El coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), Ricardo Lasca, entrevistado por momarandu.com, cuestionó el nuevo esquema de concesiones de rutas y peajes impulsado a nivel nacional y sostuvo que el sistema representa una continuidad agravada del modelo implementado durante la década de 1990. Lasca afirmó que el peaje aplicado sobre rutas existentes constituye en realidad un impuesto al tránsito que alcanza al conjunto de la sociedad, incluso a quienes no utilizan vehículos particulares. “Es una nueva estafaal y es peor a los 90”, expresó Lasca, quien además señaló que el mecanismo se aplica sin caminos alternativos y se suma a otros tributos vinculados con los combustibles. Lasca afirmó que el nuevo esquema contempla la incorporación de 54 nuevas estaciones de cobro a las más de 40 que ya funcionan, lo que llevaría a establecer puntos de pago aproximadamente cada 90 kilómetros. Para ejemplificar el alcance de la medida, mencionó que en determinados corredores nacionales de varios cientos de kilómetros los usuarios deberán atravesar múltiples estaciones de cobro durante un mismo recorrido. “O sea, si tiene 300 km va a haber pagar tres peajes”, señaló, al describir un sistema en el que la cantidad de pagos estaría vinculada con la extensión de cada corredor concesionado. El coordinador del CONADUV también cuestionó el alcance de las obligaciones previstas para las empresas concesionarias. Según explicó, los contratos contemplarían principalmente tareas de mantenimiento como corte de pasto y bacheo, sin incluir obras de infraestructura vial de mayor escala. “O sea, no va a haber obras de envergadura, hacer autopistas, autovías, multitochas para evitar los choques frontales de los más preocupantes, no es simplemente inversión cero, riesgo cero”, sostuvo. En ese sentido, planteó que las concesiones no incorporarían obras destinadas a transformar las características estructurales de las rutas. Otro de los cuestionamientos formulados por Lasca estuvo dirigido a las empresas que participarían de las concesiones. El dirigente sostuvo que algunas de las compañías beneficiadas se encuentran vinculadas al proceso judicial conocido como la causa de los cuadernos y criticó que se les otorguen nuevos corredores. “Encima premian a empresas incumplidoras, gente coimera”, afirmó. También insistió en que el costo del peaje no recaería exclusivamente sobre quienes utilizan las rutas, debido a que los gastos de transporte se trasladan a otros bienes y servicios. “Usted compra un pasaje de micro y está pagando el peaje. Usted compra un kilo de hierba y está pagando el peaje”, ejemplificó. Cobro y reclamos judiciales Lasca sostuvo que el sistema no reúne las características que, a su criterio, debería tener un peaje tradicional, debido a que se cobra sobre rutas existentes y sin una vía alternativa de circulación. En ese marco, afirmó que se trata de “un impuesto al tránsito” y cuestionó su compatibilidad con el principio constitucional de libre circulación. “Esto es un invento de la década menemista inédito en el mundo que es en rutas existentes para con estos impuestos sin camino alternativo”, manifestó. Para el coordinador del CONADUV, el concepto de peaje debería estar asociado a la construcción de una obra, al posterior cobro de una tarifa y a la existencia de una alternativa vial. El dirigente informó que la organización presentó acciones judiciales contra distintos aspectos del sistema y mencionó denuncias penales relacionadas con el manejo de fondos destinados a la infraestructura vial. Entre los antecedentes citados incluyó amparos por inconstitucionalidad presentados en Entre Ríos y Chaco, además de una acción promovida en la provincia de Buenos Aires. Sobre los resultados de esas presentaciones, sostuvo que algunas fueron rechazadas o no avanzaron y señaló que una de ellas fue apelada. “Hay ya denuncias penales por malversación de fondos viales. Hemos hecho unos amparos por inconstitucionalidad”, indicó. Lasca también cuestionó la justificación de las nuevas concesiones basada en la existencia de inversión privada. Según explicó, las tareas previstas no implicarían la realización de grandes obras con recursos de las empresas y sostuvo que, ante accidentes, la atención continuaría dependiendo de servicios públicos. “¿Qué inversión hacen estos señores? Ninguna”, afirmó. En relación con el puente Rosario-Victoria, señaló que la concesión prevista tendría una duración de 20 años y cuestionó el incremento de la tarifa aplicado al momento de la nueva concesión, al considerar que se trata de una infraestructura que ya fue construida y amortizada. El coordinador del CONADUV indicó además que las tarifas no serían uniformes entre los distintos corredores, sino que variarían según la ruta concesionada. Mencionó como referencia un valor de aproximadamente 15.500 pesos para determinados tramos de la Ruta Nacional 3 y cerca de 5.000 pesos para el cruce del puente Rosario-Victoria. A partir de esa diferenciación, cuestionó la ausencia de una tarifa común para el conjunto del sistema. “Ahora, las tarifas varían de acuerdo a los corredores”, explicó, en contraste con el esquema anterior, que según recordó mantenía valores unificados. Fondos viales y destino del impuesto Uno de los principales reclamos planteados por Lasca estuvo relacionado con el impuesto a los combustibles y su utilización. El coordinador del CONADUV estimó que ese tributo recauda alrededor de 3.500 millones de dólares anuales y sostuvo que esos recursos podrían destinarse a la construcción y mantenimiento de infraestructura vial sin necesidad de recurrir al cobro de peajes. “De impuesto a los combustibles se recaudan por año 3,500 millones de dólares. Con eso se podrían hacer 2,000 km de autovías nuevas por año libre de peaje”, afirmó. También señaló que el uso de esos fondos para infraestructura permitiría atender distintos componentes del sistema de transporte. Lasca cuestionó que los recursos provenientes de los impuestos vinculados con los combustibles tengan destinos diversos. Mencionó entre ellos el Fondo Hídrico, fondos destinados a jubilados, el FONABI y fondos fiduciarios, y sostuvo que existen además otros mecanismos de asignación financiera. Lasca también hizo referencia a declaraciones recientes del vocero presidencial sobre el destino de determinados recursos. “Va al fondo hídrico, a los jubilados, LOS fondos fiduciarios y encima lo dijo el vocero presencial el otro día”, expresó. El dirigente vinculó el debate sobre los peajes con
Sarmiento cosechó un triunfo tan agónico como fundamental en su lucha por sostenerse en el Torneo Federal A de fútbol al vencer por 1-0 a Tucumán Central, en juego de la 7ª fecha de la zona A Reválida. El gol lo hizo Pablo Martínez a los 45’ del segundo tiempo. Un tanto muy celebrado que le dio oxígeno a un decano que este domingo estaba atento a lo que pase entre Independiente de Chivilcoy y El Linqueño. El equipo de Pablo Ríos jugará la semana que viene ante Gimnasia en Concepción del Uruguay y en la última jornada recibirá a El Linqueño.Los tucumanos, que debían ganar o ganar, perdieron la categoría. El partido Comenzó muy favorable para el elenco de Tucumán Central porque se mostró más ofensivo y, aunque no tuvo mucho la pelota, probó con remates de media distancia que exigieron al arquero Acuña. La tenencia de pelota le permitió a Sarmiento buscar llegar por las bandas, con Ulibarri y Derewicki, pero no pudo obtener situaciones claras en el arco de enfrente. Recién pasada la media hora llegaron los remates del Deca a través de Ibáñez con una chilena y un disparo de Pablo Martínez que derivó en la reacción del arquero Tonini. En el final de la primera parte, el encuentro fue de ida y vuelta donde el beneficiado fue Tucumán Central que tuvo la ocasión de Montenegro que dentro del área chica y apresurado por el arquero local remató al palo. El complemento comenzó de manera diferente, fue el propio Sarmiento quien se adelantó en el campo de juego y lo obligó al equipo tucumano a jugar unos metros más atrás.El equipo de Arrieta no se sintió incomodo con la posibilidad de jugar de contra y esperar algún error del local o de ponerlo nervioso con el correr de los minutos. El tema con el equipo de Ríos es que solo gestaba aproximaciones, no jugadas reales de peligro. Falló mucho en la definición el Decano, aún con los cambios del entrenador. Los minutos pasaban y el empate era algo incómodo para chaqueños y tucumanos, ya que a uno lo dejaba complicado con la permanencia y el otro directamente perdía la categoría.Con la lesión de Domínguez, una de las figuras de Sarmiento en el partido, el elenco local quedó con tres en el fondo y expuesto en cada contragolpe rival. Los minutos finales fueron muy desordenados, ambos fueron con lo que le restaba para buscar un gol. Un tanto que llegó en el tiempo cumplido para Sarmiento. Córner desde la derecha de Barlessi y llegada de cabeza en las alturas de Pablo Martínez, el volante que más insinuó en el primer tiempo, para ponerla contra el palo de Tonini y desatar la locura aurirroja en el Centenario. Un gol agónico que le da una vida más a Sarmiento y que condenó al descenso, a dos fechas del final de la Reválida, a Tucumán Central. De los cinco minutos adicionados por el árbitro Rioja no se jugó nada por los incidentes entre el banco de suplentes de la visita y los allegados de Sarmiento. El pitazo del final concretó el triunfo decano que ahora deberá ir a jugar ante Gimnasia de Concepción del Uruguay con la ilusión intacta de quedarse en el Federal A. Síntesis SARMIENTO (1): David Acuña; Sergio Ulibarri, Franco Domínguez, Carlos Giménez y Juan Diego Derewicki; Pablo Martínez, Cristian Almirón y Cristian Maidana; Max Pared, Maximiliano Ibáñez y Genaro Martínez. DT: Pablo RíosTUCUMÁN CENTRAL (0): Néstor Tonini; Rodrigo Palomino, Lautaro Herrera, Nahuel Duarte y Maximiliano Martínez; Luca Suárez, Francisco Smith, Guillermo Abregú y Brahian Collantes; Valentín Montenegro y Tomás Delgado. DT: Walter Arrieta. ÁRBITRO: Franco Rioja.ESTADIO: Centenario, de Sarmiento. La Voz del Chaco
Este domingo, el gobernador Leandro Zdero destacó la participación, el acompañamiento del sector privado y el movimiento económico generado durante las tres jornadas. Más de 135 emprendedores formaron parte de la propuesta y hubo embarcaciones de distintas provincias, Paraguay y Brasil. Con innovación y transparencia, Chaco se mostró pionera al incorporar por primera vez en la competencia una transmisión en vivo desde el río que permitió al público seguir, en tiempo real, la captura, fiscalización, medición y devolución de los ejemplares. La Isla del Cerrito vivió en esta jornada el cierre de la XXII edición del Torneo Internacional de Pesca del Dorado con Devolución, una de las principales propuestas turísticas y deportivas del Chaco, que reunió a cerca de 200 lanchas y una importante cantidad de visitantes durante todo el fin de semana. Zdero destacó la gran convocatoria y el trabajo articulado entre el Gobierno provincial, el sector privado, los emprendedores y las instituciones vinculadas al turismo y la pesca deportiva. “Es una edición muy linda, con una participación extraordinaria. Hoy tenemos cerca de 200 lanchas compitiendo y ayer tuvimos una participación muy grande en la pesca de costa de los chicos”, señaló el mandatario. Además, remarcó el acompañamiento de más de 100 firmas comerciales, que hicieron posible la entrega de los premios del torneo “Esto es posible por el esfuerzo de todos. Los premios de hoy son gracias a las firmas comerciales que también se sumaron”, sostuvo. El gobernador remarcó el movimiento generado por los emprendedores y comerciantes durante las jornadas. “Tenemos más de 130 expositores y emprendedores. Muchos nos decían que durante estos días estuvieron vendiendo y que son recursos que ingresan directamente a sus familias”, expresó. En ese sentido, sostuvo que el objetivo de las políticas turísticas y productivas es generar oportunidades de trabajo y fortalecer a quienes producen y emprenden. “Queremos que la gente sea jefa de su propio esfuerzo, acompañarla y reconvertir. Que algunos puedan sembrar, otros darle valor agregado y que todos tengan trabajo”, afirmó. Pesca deportiva y preservación del dorado Durante el torneo se puso especial énfasis en la modalidad de pesca con devolución, promoviendo la pesca deportiva responsable y la preservación del dorado, considerado uno de los principales símbolos de los ríos chaqueños. Una pantalla instalada en el predio permitió al público seguir el trabajo de fiscalización en tiempo real. Las piezas son capturadas, medidas y posteriormente devueltas al río, bajo un sistema de doble control que permite garantizar el cumplimiento de las reglas del torneo. “Lo que hacemos es promocionar la pesca deportiva y el turismo. Los eventos culturales y turísticos de la provincia generan trabajo y empleo”, destacó Zdero. Turismo, emprendedores y una economía movilizada La presidente del Instituto de Turismo del Chaco, Verónica Mazzaroli, destacó el resultado de las tres jornadas y el acompañamiento de los pescadores, visitantes y emprendedores. “Estamos viviendo este día del torneo, donde los pescadores son los verdaderos protagonistas. La verdad que está siendo hermoso, con muchísimo pique y una gran participación”, expresó. Mazzaroli resaltó además el trabajo realizado previamente con los emprendedores gastronómicos y turísticos de la Isla del Cerrito para mejorar la calidad de los servicios. “Estuvimos hablando y compartiendo con todos los emprendedores gastronómicos y nos contaban que trabajaron muy bien, que vendieron todo y que hoy iban a seguir vendiendo”, señaló.La funcionaria destacó que este resultado es también producto de las capacitaciones y el acompañamiento realizado durante todo el año para fortalecer la oferta turística local. Una propuesta que traspasa las fronteras La vicepresidente del Instituto de Turismo, Virginia Zacarías, destacó el impacto de la competencia en la ocupación hotelera y en la economía de toda la región. “Estamos viviendo una pesca totalmente diferente, con mucha participación del sector privado. Los espacios que vemos en el centro son empresas que pagaron para participar y que también van a entregar los premios”, explicó. Zacarías remarcó que la propuesta contó con más de 135 emprendedores, además de una amplia agenda cultural y artística que acompañó las jornadas. La convocatoria también alcanzó a visitantes de distintos puntos del país y del exterior. Hubo embarcaciones provenientes de Tucumán y otras provincias, además de participantes de Paraguay y Brasil, consolidando el carácter internacional del torneo. “De eso se trata, de ir profesionalizando el turismo”, sostuvo Zacarías, quien destacó las capacitaciones desarrolladas con los habitantes de la Isla del Cerrito, especialmente en atención al visitante y servicios gastronómicos. En ese marco, se trabajó con los prestadores locales para fortalecer sus conocimientos, formalizar sus actividades y mejorar las condiciones de manipulación de alimentos, con el objetivo de ofrecer servicios de mayor calidad a quienes visitan la localidad. Más de 135 emprendedores presentes Por su parte, el subsecretario de Emprendedurismo, Federico Budiño, destacó el trabajo articulado entre las distintas áreas del Gobierno provincial y los emprendedores que participaron de la propuesta. “Estamos acompañando a todos los emprendedores que, de manera independiente, se convocaron para esta edición de la Pesca del Dorado”, explicó. Budiño remarcó que los emprendedores que participan de los espacios provinciales cuentan con distintos niveles de formalización y capacitación. En el caso de los gastronómicos, señaló que disponen de carnet de manipulación de alimentos, buenas prácticas y controles de calidad de sus productos. “Es un trabajo que se viene haciendo hace tiempo y que hoy llega a la instancia final de disponer y vender sus productos”, indicó. Finalmente, invitó a quienes quieran incorporarse a las propuestas del Gobierno provincial a acercarse a las oficinas correspondientes o comunicarse a través de las redes sociales oficiales. Ganadores y gran cierre La Barra Pesquera 104 se consagró como la gran ganadora del 1º Puesto por Equipos, en la 22° Fiesta Internacional de Pesca del Dorado con Devolución. Por el otro, la fortuna volvió a sonreírles en el sorteo por bolillero, donde resultaron ganadores de la lancha Campanili 150S Wakemaster con motor de 40 HP. La segunda embarcación, fue para el equipo 177, quienes ganaron la lancha Bermuda Safari 550 Open con motor de 60 HP. El cierre de esta
Desde 2024, más de mil “Personas Expuestas Políticamente” accedieron a préstamos para viviendas de la banca estatal. Desde diputados y el “team” Luis Caputo, hasta el twittero que esta semana recibió un “correctivo” de la Embajada de China en Argentina. Las nuevas declaraciones juradas de los políticos siguen generando noticias y análisis. Desde quién es el más rico, pasando por quién ganó y quién perdió frente a la inflación, ahora se suma el dato de qué compraron los funcionarios de Javier Milei que recibieron créditos hipotecarios del Banco Nación (BNA) a tasa preferencial. No son pocos. El programa “+Hogares con BNA”, otorgó entre enero de 2024 y marzo de 2026 más de mil créditos hipotecarios a Personas Expuestas Políticamente (PEP). La lupa judicial sobre este reparto de fondos públicos no tardó en activarse tras una denuncia penal de la diputada Mónica Frade, quien acusó la existencia de presunto tráfico de influencias y administración fraudulenta.La causa quedó radicada en los tribunales federales bajo la órbita del juez Ariel Lijo, quien dispuso las primeras medidas de prueba y solicitó informes oficiales a la Auditoría General de la Nación (AGN) para revisar cada préstamo otorgado. Sin embargo, a pesar del impacto político, la causa penal ingresó rápidamente en el laberinto burocrático procesal. Apenas semanas después de las primeras medidas, la Cámara Federal intervino y unificó las distintas denuncias presentadas, desplazó al juez Lijo y delegó todo el expediente en el juzgado de María Romina Capuchetti. Este pase de manos congeló el pulso de la investigación, que hoy se encuentra bajo un estricto secreto de sumario. A la fecha el avance real de la causa es prácticamente nulo: no existen imputados formales, no se fijaron fechas para declaraciones indagatorias y todo el proceso sigue estancado en un cruce de oficios administrativos a la espera de los informes de la AGN. Las compras de funcionarios con créditos del Banco Nación El primer beneficiado que salió a la luz fue Leandro Massaccesi, exjefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. Al conocerse la noticia, la ministra no dudó y despidió al hijo del exgobernador de Río Negro y excandidato presidencial en 1995, el radical Horacio Massaccesi. El argumento inicial esgrimido desde la cartera fue “falta de austeridad”. El crédito que el funcionario había recibido fue de $198.723.538 y lo usó para comprar un departamento de 93 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires, a un valor de $225.990.000. Sin embargo, a Pettovello le avisaron que eran varios los funcionarios que habían accedido a préstamos preferenciales del Estado. De inmediato, cambió la versión y salió a aclarar que la desvinculación se debía a cambios internos del ministerio y no al préstamo en cuestión. Juan Carreira, alias Juan Doe en la red social X, fue noticia esta semana porque atribuyó el alúd en Nepal al comunismo chino. El referente de Las Fuerzas del Cielo recibió un correctivo diplomático del gigante asiático, sin siquiera nombrarlo. El director de Comunicación Digital de la Casa Rosada (maneja la cuenta en X de la Oficina de Respuesta Oficial) compró el 3 de diciembre de 2025 el 50% de un departamento en CABA. Es modesto, de 44 metros cuadrados. Ante la OA, lo cotizó en $96.200.000, sin embargo, el préstamo del BNA lo anotó por $170.332.299. En 2025, su patrimonio pasó de $23 millones a $120 millones. Un crecimiento del 421,74%. Le ganó a la inflación, que fue del 31,5%. El BNA también le prestó $357 millones a Sharif Menem. El director de la Secretaría Privada de Presidencia de la Cámara de Diputados, que ejerce su tío, Martín, compró el 3 de enero de 2025 un departamento de 60 metros cuadrados en CABA por $339.522.273. El funcionario de 24 años, sin experiencia laboral previa, aumentó su patrimonio de $57.571.681 a $363.855.372. Un salto del 532%. También le ganó a la inflación. Los diputados con créditos del Banco Nación El ranking de los préstamos otorgados por el BNA a funcionarios políticos posee, naturalmente, a dos exponentes del Poder Legislativo: los diputados nacionales de La Libertad Avanza Mariano Campero (Tucuman) y Lorena Villaverde (Río Negro). El legislador tucumano de La Libertad Avanza usó su crédito para consolidar su arraigo. Compró el 16 de mayo de 2025 una amplia casa de 992 metros cuadrados en Yerba Buena, Tucumán, por $301.932.800. El caso de Campero expone un curioso fenómeno contable. Cuando el BNA le abrió el grifo en mayo de 2025, el desembolso inicial neto fue de $275 millones. Esa fue la montaña de pesos real que salieron de las arcas del banco estatal. Sin embargo, en los registros de la Central de Deudores del Banco Central, su nombre aparece asociado a otra cifra bastante más abultada: $368.333.000. No se trata de un segundo préstamo, sino de la velocidad a la que corre el propio sistema financiero. Al tratarse de una línea de financiamiento indexada bajo la modalidad UVA, la deuda no se congela, sino que se recalcula día a día según el índice de precios. El diputado recibió un capital inicial de $275 millones que, por el propio efecto de la inflación diaria, se convirtió en un saldo adeudado de $322 millones. Dos fotos distintas de una misma realidad hipotecada. Distinto es el caso de la diputada Lorena Villaverde, quien no pudo asumir en diciembre de 2025 como senadora debido al escándalo que la vinculó con Fred Machado, el empresario extraditado a Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. Machado fue quien le puso todos los clavos al cajón de la candidatura de José Luis Espert en las elecciones legislativas de 2025. Podría decirse que, producto de esa trama, hoy Diego Santilli es Jefe de Gabinete y candidato cantado a gobernador bonaerense, aunque no se sabe si por LLA, por el PRO o por una alianza entre ambos. Las vueltas de la vida. En medio de ese torbellino político, el beneficio de la banca pública también dejó su huella. La rionegrina declaró ante la Oficina Anticorrupción una deuda
Después de más de 50 años, el peronismo logró quedarse con el bastión productivo del sudeste provincial por una diferencia aplastante de 20 puntos sobre aquel intendente mítico del antiperonismo macrista, Pedro Dellarosa. El peronista Germán Font ganó por más de veinte puntos la intendencia de Marcos Juárez, con una frente que unió a todas las tribus peronistas. Contando la de este domingo en Marcos Juárez, ya son tres las elecciones en las que el peronismo de Martín Llaryora parece estar derrotado y sorprende con un triunfo contudente. Pasó en el 2023, con la victoria de Daniel Passerini ante Rodrigo de Loredo en la capital cordobesa, ocurrió un año más tarde en Río Cuarto con el PJ dividido y el triunfo de Guillermo de Rivas; y sucedió ahora, con el batacazo en Marcos Juárez, el famoso “kilómetro cero” de Cambiemos, como lo bautizó Macri. El símbolo del triunfo no se le escapó a los ministros y operadores que Llaryora mandó a Marcos Juárez: “Es el kilómetro cero de la unidad peronista”, afirmó a LPO uno de ellos, un poco en broma y un poco un serio. Font corrió como un candidato “vecinalista”, pero tenía por debajo el respaldo de Llaryora y logró unir detrás suyo a todas las tribus peronistas, del cordobesismo del gobernador, hasta el Frente Renovador de Sergio Massa que metió un concejal, hasta el kirchnerismo. Dellarosa que provenía del PRO fue parte del gabinete provincial de Llaryora, pero pagó un alto costo por esa decisión: dejar como heredera a Sara Majorel, la intendenta saliente que concluye un pésimo mandato. Llaryora manejó la elección que imaginaba brava con muñeca: acordó con Milei “municipalizarla”, a cambio que no compita La Libertad Avanza. Fue así que transitó sin la injerencia de figuras de peso provincial, ni nacional, como en otros momentos lo hicieron, entre otros, Mauricio Macri, José Manuel de la Sota o Juan Schiaretti. Por ese motivo decidió no sumarse a los festejos de Font, pero no se privó de mandar a varios de sus ministros y publicar un tuit “institucional”, en el que se le notaba la alegría. Este lunes lo recibirá en la Casa de Gobierno de Córdoba. En todo momento, el emisario de Llaryora fue el legislador provincial Abraham Galo, el hombre de Bell Ville que apostó por Font y se instaló en Marcos Juárez para tributar el triunfo al Panal. Por su parte, los libertarios cumplieron con lo suyo del pacto: no darle el sello a Germán Pasquali, el dirigente que imploró por el respaldo de La Libertad Avanza y terminó furioso con el diputado nacional Gabriel Bornoroni. Detrás de la candidatura de Pasquali, por debajo jugó el radical Rodrigo de Loredo, que mandó al flamante presidente de la UCR cordobesa, Matías Gvozdenovich al acto de cierre de campaña de Pasquali el jueves por la noche. Después del aplastante resultado, un muy golpeado De Loredo, le mando un mensaje contundente a los libertarios y Luis Juez, si no se unen para las elecciones de gobernador pueden perder la provincia. De hecho, quien pagó el costo más alto fue Juez. El socio de Milei en Córdoba fue en distintos momentos de la campaña a respaldar a Dellarossa, incluso cuando el ex PRO dijo que iba a pelear por el retorno de las cápitas del Pami a la localidad. En un acto de rebeldía contra el líder del frente opositor a Llaryora, el libertario Bornoroni. En tanto, desde el punto de vista nacional, los derrotados fueron también algunos dirigentes del PRO como Mauricio Macri o Fernando de Andreis. El ex secretario General de la presidencia presionó hasta el final, y sin resultado, para que a Dellarossa le dieran el sello del PRO para participar. Algo que, con el espacio amarillo cordobés bajo la batuta de Agost Carreño y Rodríguez Machado, no sucedió. En tanto, hay fuentes que afirman que, incluso ‘Lule’ Menem amagó con un contacto en Marcos Juárez con Dellarossa, desoyendo el acuerdo político entre Milei y Llaryora. La Política Online