Habilitaron la feria judicial para que el Ejecutivo no interrumpa el proceso de relevamiento e inclusión de comedores en el plan Alimentar Comunidad. Ya en la resolución de diciembre del Juzgado hacía referencias concretas para que el Gobierno nacional releve y garantice el derecho a la alimentación respecto a los comedores en cuestión, que están ubicados en distintos lugares del país (Chaco, Santa Fe, Catamarca, Jujuy, Córdoba y provincia de Buenos Aires). El Ministerio de Capital Humano nacional pretendía tomarse vacaciones para cumplir con la medida cautelar (además de la sentencia de fondo) que lo obliga a garantizar que los comedores comunitarios puedan seguir proporcionando alimentos en los barrios populares. Pero el juez en lo contencioso administrativo Walter Lara Correa resolvió habilitar la feria judicial ante un pedido del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que reclaman que no se interrumpa el proceso de relevamiento e inclusión de comedores en el plan Alimentar Comunidad. Son 30 los que debería sumar la cartera a cargo de Sandra Pettovello en los próximos días. El gobierno libertario fue condenado en primera instancia en noviembre de 2024 por no garantizar el derecho a la alimentación y esa decisión fue confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo a fines de abril del año pasado. Aunque la discusión de fondo ahora está en la Corte Suprema, está vigente una medida cautelar que había dictado en el ínterin el juez Lara Corra para que Capital Humano asegure la política alimentaria que había interrumpido abruptamente con la llegada de Javier Milei a la presidencia. El argumento fue que no querían que las organizaciones sociales actuaran como intermediarias, alegaron auditorías inexistentes y comedores fantasma que tampoco pudieron demostrar. La máquina de impedir El hallazgo, durante el primer año de gestión, de 5mil toneladas de alimentos acopiados (algunos a punto de vencer y otros vencidos) en dos galpones de Capital Humano, dejó expuesta la política deliberada de hambre. Luego, tanto en el fuero penal como en el contencioso las decisiones fueron adversas para la cartera de Pettovello. La comida guardada la tuvo que repartir (aunque un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas estableció que no se puede establecer quiénes la recibieron por problemas con la trazabilidad). La medida de no innovar, a partir de la cual se estableció como mecanismo la entrega una tarjeta prepaga para la compra de mercadería, debe acatarla porque está firme. Aun así, se los funcionarios se las ingenian para cumplir con cuentagotas. El CELS y la UTEP van presentando tandas de comedores y el Gobierno intenta sistemáticamente poner en duda su existencia. Por eso el juez autorizó a que Capital Humano releve y coteje el funcionamiento. Otro argumento al que recurre el Ministerio a cargo de Petobello para tratar de trabar la ejecución de la cautelar y la sentencia es que aumentaron la Asignación Universal por Hijo y otras prestaciones directas y por lo tanto no harían falta políticas de asistencia indirecta ya que según ellos la pobreza se redujo. “Nosotros explicamos que eso es falso y, además, el juez Lara Correa en su sentencia sostuvo que son políticas complementarias”, señaló Bazán. ¿Qué pasa ahora? En noviembre último, las dos organizaciones que impulsan esta acción colectiva presentaron una lista de 30 comedores para ser incluidos en el programa. El juzgado, como ya es habitual, le indicó al Ministerio que haga el relevamiento y cumpla con la política. Esto sucedió el 19 de diciembre y el plazo que estableció fue de diez días. Con el inicio de la feria judicial, el gobierno amagó con mirar a otro lado. “En la medida que no avance el plazo previsto para el cumplimiento de las intimaciones por parte del demandado, las familias que asisten a estos comedores seguirán excluidas del programa social reclamado, se extenderá en el tiempo y agravará la vulneración de su derecho a la alimentación”, dice la presentación del CELS y la UTEP. “Se trata de un asunto que ‘no admite demoras’, donde se procura concretar ‘diligencias urgentes’ que se encontraban ya en trámite y de evitar la frustración de la garantía de derechos fundamentales”, señalaron para pedir la habilitación de la feria judicial. En la resolución de diciembre del Juzgado hay referencias concretas para que el gobierno releve y garantice el derecho a la alimentación respecto a los comedores en cuestión, que están ubicados en distintos lugares del país (Chaco, Santa Fe, Catamarca, Jujuy, Córdoba, provincia de Buenos Aires). Finalmente este lunes a la tarde el juez Lara Correa habilitó la feria y el gobierno deberá garantizar la alimentación para quienes asisten a los comedores, en su mayoría niños y niñas. Tanto Lara Correa como la Cámara habían advertido al Estado nacional que no puede tomar medidas regresivas violatorias de un derecho humano básico protegido por la Constitución Nacional y los tratados internacionales incluidos en ella. El retroceso en las políticas alimentarias, señalaron, viola esos compromisos y reglas. Coincidieron en que se trata de políticas públicas que no pueden ser discriminatorias ni representan un privilegio. Al revés, deben garantizar la igualdad y no discriminación. Página 12
Autor: Redacción General
Un nuevo caso de supuesto hackeo se registró en un banco que opera en Formosa, donde se conoció que un cliente de la entidad reclamó que le sacaron de su cuenta más de 600 millones con transferencias que afirmaron no realizaron, ante la posibilidad de una millonaria demanda, la entidad financiera aceptó un acuerdo y reintegro el monto reclamado. Un aspecto novedoso es que a quien le “sacaron” los más de 600 millones de pesos es una entidad provincial. Fuentes de la justicia de Formosa permitieron conocer los alcances de un acuerdo de partes entre el Banco Hipotecario -Sucursal Formosa- y un cliente que aseguró que le habían sacado de su cuenta corriente N° 3-0380000117128-3 la suma de $ 606.720.941,66.- a través de transferencias diversas y que no reconocían como concretadas por los responsables de administrar esos fondos. Ante el desconocimiento de los movimientos por parte del titular de la cuenta corriente y el reclamo del cuentacorrentista ante el banco, la entidad financiera realizó algunas gestiones internas logrando “recuperar” un poco más de $ 22.000.000 pero restando la mayor parte del dinero que regrese a la cuenta del cliente. De acuerdo a los registros se habrían realizado más de 70 transferencias -no reconocidas por el cliente- entre los días 26 y 27 de noviembre del año 2025 por un monto superior y según se desprende del acta acuerdo en el expediente que se tramita en la justicia formoseña. El día 28 de noviembre el cliente le envía una carta documento dirigida a la gerente de la sucursal Formosa, María Laura Gerosa reclamando lo sucedido y solicitando la restitución de los fondos extraidos de su cuenta, abriendo en ese momento la posibilidad de un reclamo judicial que al ser un ente oficial del Gobierno de Formosa debío realizar. Como habría sucedido en otros casos de supuestos hackeos en bancos locales, el Hipotecario tuvo el gesto de abrir la posibilidad de un acuerdo transacional -que se encuentra en el expediente judicial al cual tuvo acceso “El Comercial”- donde el banco ofrece restituir el saldo extraido de la cuenta del cliente y evitando así que avance la denuncia judicial radicada el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°1 de la ciudad de Formosa Fue entonces que la suscripción de un acuerdo de partes evitó que la demanda judicial avance ya que el Hipotecario aceptó devolver los dineros sacados de la cuenta e incluso pagando honorarios y costas. El acuerdo fue presentado ante los tribunales formoseños a los efectos de la homologación. Intervino como escribana Mirian Beatriz Budiño quien certificó las firmas del sub administrator del ente oficial y de la gerente Gerosa del banco . El Comercial
La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei se presenta como una pieza clave de su programa económico, bajo el argumento de que la rigidez del mercado de trabajo es uno de los principales obstáculos para la creación de empleo. Sin embargo, cuando uno analiza el contexto económico actual, la iniciativa plantea más riesgos que soluciones. Por Rubén Serruya Argentina en 2025 transitó con una inflación anual que, si bien desaceleró, se mantiene en niveles elevados, en torno al 30–35%, y con salarios que no logran recuperar el poder adquisitivo perdido. El salario real promedio se encuentra entre 15% y 30% por debajo de los niveles de 2022, mientras que el consumo masivo registra caídas reales de entre 10% y 30%, según el rubro (ventas en supermercados -10% real, las ventas mayoristas -30% y el comercio minorista pyme -25%). Este escenario condiciona cualquier expectativa de creación de empleo genuino. Mercado laboral El mercado laboral refleja estas tensiones de manera contundente. La tasa de informalidad laboral alcanza alrededor del 43,3% de los trabajadores ocupados, uno de los niveles más altos de las últimas décadas. El problema es aún más grave entre los jóvenes de 16 a 24 años, donde la informalidad supera el 60% y llega hasta el 67% en algunos relevamientos: casi 7 de cada 10 jóvenes se insertan en el mercado laboral sin derechos básicos, aportes ni estabilidad. La informalidad también presenta un fuerte sesgo de género. En la mayoría de los tramos etarios, la informalidad de las mujeres supera a la de los varones, reflejando las desigualdades estructurales del mercado de trabajo, aunque entre los varones jóvenes se registran las tasas más altas. A esto se suma una fuerte concentración sectorial: el servicio doméstico presenta niveles de informalidad cercanos al 77%, la construcción alcanza el 76,6%, y sectores como hoteles y restaurantes superan el 63%. Este fenómeno tiene un impacto social directo. Cerca del 38% de los trabajadores informales se encuentran por debajo de la línea de pobreza, frente a apenas el 5% de los trabajadores formales. La informalidad no es solo una condición laboral precaria: es un factor central de reproducción de la pobreza y la desigualdad. A su vez, entre 2023 y 2025 se perdieron más de 200.000 puestos de trabajo registrados, principalmente en el sector público y en actividades intensivas en mano de obra como la industria y la construcción. El problema central del empleo hoy no es el costo laboral, sino la debilidad de la actividad económica y la falta de inversión productiva. En este contexto, la reforma laboral propone una batería de medidas orientadas a flexibilizar las condiciones de contratación y despido: ampliación del período de prueba, reducción de indemnizaciones, creación de fondos de cese laboral y mayor peso de acuerdos individuales por sobre los convenios colectivos. Estas modificaciones reducen costos empresariales, pero trasladan el riesgo económico hacia los trabajadores, en un momento de alta incertidumbre y fragilidad social. Desde el punto de vista macroeconómico, la estrategia es contradictoria. El propio Gobierno reconoce que el crecimiento de 2025, estimado entre 4,5% y 5%, responde en gran medida a un rebote estadístico tras la recesión de 2023–2024. Sectores como el agro, la minería y las finanzas lideran la recuperación, pero generan poco empleo, mientras que la industria, el comercio y la construcción siguen por debajo de los niveles previos. Es decir, el crecimiento no derrama trabajo. Además, la reforma laboral no se acompaña de políticas activas de desarrollo productivo, crédito a pymes o fortalecimiento del mercado interno. Con una tasa de inversión que apenas ronda el 16–17% del PBI, muy por debajo de lo necesario para un crecimiento sostenido, esperar que la reducción de derechos laborales impulse el empleo parece más una apuesta ideológica que una estrategia económica integral. En síntesis, la reforma laboral se impulsa en un contexto de ajuste, caída del salario real y consumo deprimido. Sin crecimiento sólido, inversión productiva y recuperación del poder adquisitivo, la flexibilización laboral corre el riesgo de profundizar la precarización sin resolver el problema de fondo. En una economía que necesita más producción y más empleo, reducir derechos puede terminar debilitando aún más el principal motor de la actividad: el ingreso de los trabajadores.
La Compañía Minera que trabaja en la localidad cuestionó el cobro por falta de explicaciones sobre su destino y anunció que iniciará acciones legales. La Municipalidad sostiene que el dinero se empleará en arreglo de espacios públicos y para eventos. La implementación de la Tasa Eco Turística Municipal para el ingreso a las minas de piedras preciosas de Wanda, aprobada en noviembre por ordenanza, genera una controversia entre el sector empresarial y el municipio, además de preocupación de los operadores turísticos, que tiene que informar a sus clientes de esta normativa y ponerlos al tanto del pago de la tasa. Según detallaron desde las compañías mineras de Wanda, años atrás había una ordenanza que planteaba el cobro de una tasa fija que debían abonar los emprendimientos a cambio de contribuciones, las que nunca se dieron. No se llegó a cobrar porque comenzó la pandemia y todo quedó en suspenso, luego se dio un recambio de autoridades municipales y se hablaba de poner una casilla de cobro, lo que tampoco prosperó. En el 2025 fueron informados de que se iba a retomar la idea del cobro, medido por unidades fiscales. “Nunca fue el problema pagar una tasa siempre que se tenga reflejada la contraprestación de algo y tampoco decían qué iban a hacer. Buscamos el dialogo siempre, tratando de saber en qué se iban a invertir esos fondos, como por ejemplo arreglar las entradas, controlar a los menores que venden las piedras en la calle, que es un peligro, entre otras cosas, y nunca nos dijeron nada”, explicó Leandro Zdanovicz, de la Compañía Minera Wanda Además, contó: “La última vez que dialogamos, nos dicen que esa ordenanza está vigente y que había que pagar y si no se cumplía, se iba a instalar la casilla de cobro. Presentamos nota de desconocimiento de la ordenanza. El Concejo Deliberante redacta una nueva ordenanza, nos presentamos en la sesión, planteamos los pro y los contras para el turismo, el trabajo con los operadores y demás y nuestra posición, pero igualmente fue aprobada. Al tomar estado público el cobro de la tasa, nosotros recibimos llamadas de los operadores turísticos con gran preocupación”. ”Desde la Compañía Minera se realizan inversiones internas de la empresa para poder tener visitantes por medio de empresas receptivas o transportadoras de turistas. También se libera el ingreso y paseo a todas las escuelas de la zona y provincia cuando solicitan para conocer el yacimiento y el parque de mitos guaraníes. Se pagan todos los impuestos y permisos que necesitamos para funcionar. Teniendo en cuenta toda la situación, decidimos iniciar un amparo legal”, agregó. Otro de los planteos es que la tasa sólo contempla aplicarse a las minas y no a los demás atractivos de la localidad. La Compañía Minera trabaja desde hace 30 años en Wanda, sus propietarios recordaron que en diversas ocasiones donaron piedra basáltica para hacer empedrado y bases de casas, aportando al crecimiento de la comunidad. Por otra parte, la firma emitió un comunicado dirigido a operadores turísticos, empresas y comunidad en general repudiando la implementación de la tasa e informando el inicio de acciones legales. El descargo de la comuna La Municipalidad de Wanda emitió un comunicado en el que defiende la aplicación de la nueva tasa y detalla sus objetivos: “La Tasa Eco Turística permitirá mejorar la infraestructura para el crecimiento turístico de nuestra ciudad, en beneficio de los turistas, los vecinos de Wanda y los empresarios del sector. Por primera vez en tantos años, Wanda recibirá los beneficios que genera el turismo de sus minas de piedras preciosas. Y será a partir de la puesta en vigencia de la Tasa Eco Turística. A partir del mes de febrero los turistas que visiten las minas de piedras preciosas realizarán un aporte y esos fondos se destinarán a mantener los espacios públicos y a mejorar la infraestructura turística. Será un gran beneficio para Wanda ya que lo recaudado se volcará en obras: nuevas y más luminarias, veredas y caminos accesibles. También permitirá generar un fondo económico para eventos, como la Fiesta Provincial de las Piedras Preciosas, de manera que pueda crecer y volver a ocupar un lugar trascendental en el calendario de las fiestas provinciales. La medida fue establecida por ordenanza en noviembre de 2025, con el objetivo de promover recursos para el cuidado ambiental, desarrollo sostenible y fortalecimiento de la infraestructura turística de la ciudad”. Añade además: “El aporte será abonado por los turistas en el ingreso a los establecimientos mineros y su valor será mínimo. El mismo estará definido según el tipo de transporte, calculándose en Unidades Fijas (UF). El cobro estará a cargo del personal de Fiscalización y Tránsito del Municipio”. El Territorio
De acuerdo a datos del Ministerio de Salud de la Nación, en Argentina se notificaron un total de 1.051 casos confirmados de coqueluche o tos convulsa. Corrientes y Catamarca son las jurisdicciones sin confirmaciones de esta enfermedad. La tos convulsa, tos ferina o coqueluche es una enfermedad respiratoria aguda prevenible por vacunación, que puede afectar a personas de todas las edades, aunque presenta mayores tasas de morbilidad y mortalidad en lactantes y niños pequeños. Los adolescentes y adultos jóvenes pueden presentar la enfermedad de forma leve, atípica e inclusive con las manifestaciones clásicas, y representan una fuente importante de transmisión hacia los menores. Dado su alto grado de contagiosidad – especialmente en contextos de contacto estrecho y prolongado como el hogar, jardines maternales, jardines de infantes o escuelas -, resulta fundamental el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno para evitar la propagación entre personas susceptibles. Según datos del Boletín Epidemiológico Nacional, entre la semana epidemiológica 1 y 52 de 2025 se notificaron un total de 6.481 casos con sospecha de coqueluche en Argentina, de los cuales 1.055 fueron confirmados. En 921 de ellos, se contó con confirmación de laboratorio, identificándose B. pertussis en el 80,3% (n=740); 4 casos correspondieron a B. parapertussis y 177 casos permanecen sin identificación de especie (Bordetella sp.). Los 1.055 casos confirmados superan las cifras registradas para el mismo período desde el año 2020, seguido del año 2023, cuando se notificó un mayor número de casos, principalmente en la provincia de Salta. La incidencia acumulada en lo que va del año es de 2,22 casos por cada 100.000 habitantes. Este incremento resulta relevante para dimensionar la situación actual, dado que el aumento de casos se observa en distintas jurisdicciones y de forma heterogénea. Además, se registraron 9 fallecimientos por la enfermedad, todos en menores de 2 años. Análisis de casos La tasa de notificación en las SE 1-52 para el período 2019-2025 presentó un máximo inicial en 2019, seguido de un descenso abrupto en 2020. A partir de 2021, la tasa experimentó un incremento sostenido hasta alcanzar su valor más alto en 2023. La tasa disminuyó en 2024 y luego, en 2025, se observó un nuevo aumento, con una tasa de notificación de 13,65 casos por cada 100.000 habitantes. Durante 2025, las notificaciones de casos con sospecha de coqueluche se concentraron principalmente en establecimientos de Córdoba (n= 1.358), provincia de Buenos Aires (n= 1.345), CABA (n=1.036), Tierra del Fuego (n=683), y Salta (n=679), seguidos por establecimientos de Mendoza (n=571), Santa Fe (n=369), Entre Ríos (n=66) y Tucumán (n=52). En el resto de las provincias se notificaron 50 casos sospechosos o menos en el año. Del total de notificados, se confirmaron 1.055 casos, representando una tasa de incidencia de 2,22 casos cada 100.000 habitantes. En el período analizado, la mayor tasa de incidencia se observó en el presente año, seguido por los años 2019 y 2023. Corrientes y el NEA Solamente Corrientes y Catamarca no registraron casos en el año 2025.En la región NEA, Chaco y Formosa registraron un caso cada una y Misiones dos casos. Según los datos, la provincia de Corrientes acumula tres años sin esta enfermedad. En el periodo 2019-2025, Corrientes registró dos casos confirmados en el año 2019 y un caso en 2022, siendo así la provincia con menos casos en todo el país en los últimos siete años. Momarandu
El primer informe del año del Departamento de Agricultura de Estados Unidos mostró más producción y stocks a nivel global, presionó al maíz y la soja y desarmó las expectativas del mercado. El organismo confirmó un escenario de mayor oferta de granos que lo esperado, lo que provocó fuertes caídas en Estados Unidos, mientras que en la Argentina el impacto fue más moderado El maíz se desplomó y la soja volvió a caer en el mercado de Chicago luego de la publicación del primer informe mensual del año del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Según explican los especialistas, el mercado reaccionó a la confirmación de que hay más granos disponibles de lo que se esperaba. Con más producción y mayores stocks tanto en Estados Unidos como a nivel global, hubo una rápida corrección de los precios. En ese contexto, el contrato enero de maíz bajó US$9,45 por tonelada y cerró en US$165. Es el valor más bajo en casi tres meses. Mientras que la soja cayó US$5,70 y terminó la jornada en US$379 por tonelada. En la Argentina, el impacto fue más moderado. Según explican los analistas, el mercado local ya venía con parte de la baja incorporada y opera con menos volumen y mayor cautela que Chicago. En el mercado A3, la soja cayó apenas US$0,3 y cerró en US$348 por tonelada, mientras que el maíz bajó US$3 y terminó en US$198, en un contexto en el que la dinámica del mercado interno y de la demanda física amortiguó el traslado de la baja externa. En el caso de la soja en Estados Unidos, los analistas coinciden en que la caída fue el resultado de varios factores que se combinaron en el mismo informe. Por un lado, el USDA ajustó al alza la producción de Brasil y, por otro, incrementó los stocks finales proyectados para Estados Unidos, un dato que el mercado seguía de cerca. Según explicó Eugenio Irazuegui, “la difusión de los balances oficiales revirtió las mejoras iniciales y terminó retrayendo los precios algo más de 5 dólares por tonelada”. En su análisis, tanto el mayor volumen de la cosecha brasileña como la recomposición de las existencias estadounidenses terminaron presionando las cotizaciones. El organismo norteamericano llevó la producción de Brasil a 178 millones de toneladas, un volumen récord impulsado por el avance de las primeras cosechas en Mato Grosso. Al mismo tiempo, publicó una nueva medición de stocks físicos en Estados Unidos que derivó en una suba significativa de las existencias finales proyectadas. Irazuegui señaló que el aumento fue de más del 20% respecto del mes anterior, llevando los stocks a 9,52 millones de toneladas, un nivel que se ubicó en el extremo superior de lo que esperaba el mercado. El maíz mostró una reacción aún más fuerte. La caída se profundizó luego de que el USDA publicara tanto las hojas de balance como los datos de stocks físicos en Estados Unidos. Desde Zeni explicaron que la fuerte suba de existencias generó una salida rápida de posiciones compradas, lo que aceleró la baja de los precios. El organismo relevó stocks por 337,38 millones de toneladas, un 10% más que un año atrás, y además ajustó al alza la producción estadounidense hasta 432,34 millones de toneladas. Ese combo amplió el récord productivo y llevó los stocks finales proyectados para la campaña 2025/26 a 56,56 millones de toneladas, muy por encima de lo que anticipaban las estimaciones privadas. Lluvias dispares: fuerte aporte en el norte y alivio limitado en la región núcleoPara Germán Iturriza, el informe terminó de desarmar una expectativa que el mercado venía sosteniendo. “Había mucha expectativa puesta en una reducción del rinde del maíz en Estados Unidos, y eso finalmente no ocurrió”, explicó. Por el contrario, señaló que el USDA mostró una leve mejora en los rindes y, sobre todo, un fuerte aumento del área sembrada, lo que cambió el escenario. “Lo que terminó pesando no fue un solo dato, sino la combinación”, afirmó el analista. Según detalló, el mayor uso de superficie junto con mejores rindes derivó en un salto de la producción en una campaña que ya partía de un nivel de abastecimiento elevado. “Era un mercado que ya estaba bien provisto y esto terminó siendo un golpe adicional”, resumió. Desde su visión, la reacción fue inmediata porque el mercado estaba posicionado para otro escenario. “Chicago venía operando con una expectativa que no se confirmó”, explicó. “Cuando eso pasa, la reacción suele ser rápida, porque hay que salir a desarmar posiciones”, agregó. A ese contexto se sumó, además, una revisión al alza de la producción china. “El USDA agregó más oferta a nivel global y eso también pesó”, señaló Iturriza. “Con más grano disponible en el mundo, el mensaje para el mercado fue claro”, concluyó. En la misma línea, Paulina Lescano, especialista en mercados agrícolas, sostuvo que el informe terminó de consolidar un escenario que el mercado no estaba del todo preparado para asumir. “El reporte fue claramente bajista, pero sobre todo porque confirmó que la oferta es más grande de lo que muchos esperaban”, explicó. Según su análisis, el impacto fue más fuerte en el maíz y terminó arrastrando al resto del complejo. “La soja también fue bajista, pero en gran medida quedó arrastrada por lo que pasó con el maíz”, señaló. En el caso de la oleaginosa, remarcó que el punto central no estuvo tanto en la producción, sino en el ajuste de las exportaciones. “China finalmente está comprando, pero no en el momento del año en el que suele hacerlo”, indicó. Para Lescano, ese corrimiento tuvo un efecto directo sobre los stocks finales. “Cuando bajan las exportaciones, todo termina yendo a existencias, y eso pesa mucho en la formación de precios”, explicó. Y concluyó: “Entre Estados Unidos y Sudamérica, el USDA volvió a mostrar un escenario de abundancia. Con más grano disponible, se hace muy difícil sostener valores”. En ese marco, Ariel Tejera, de Grassi SA, coincidió en que el informe del USDA fue especialmente duro para el mercado,
La Municipalidad de Resistencia brindó la despedida a los representantes de la sede local que partieron hacia Cosquín; para participar de la edición 2026 del festival de folklore más importante del país. La delegación está compuesta por más de 80 artistas; los que estarán participando de la preselección que tendrá lugar los días martes y miércoles. Quienes logren pasar esa instancia tendrán que pasar una última prueba prevista para sábado y domingo; pudiendo ahí sí ganarse su lugar en el escenario mayor, el día lunes. Nahir Loto es uno de los artistas de la Escuela Folklórica Municipal de Resistencia Huellas Argentinas, que integran la delegación. En esta oportunidad le toca viajar como músico, pero ya estuvo en Cosquín como malmabista, en tres ocasiones anteriores. Junto a él estaba Santiago Saire, bailarín de malambo al que acompaña Loto; quien destacó el trabajo realizado y aseguró tener altas expectativas: “el apoyo de la Municipalidad de Resistencia es fundamental; creo que es la única sede que te brinda estas oportunidades, el viaje y la estadía”. Las historias se repiten. Están quienes ya vienen intentando desde hace años y nunca dejan de trabajar para alcanzar una meta soñada; también aparecen nuevos exponentes que por primera vez pueden subirse al micro. Lo que sí se mantiene y ha sido fijado como una prioridad por el intendente Roy Nikisch, es el acompañamiento del municipio capitalino hacia los ganadores del pre Cosquín Resistencia cumple 10 años en este 2026.
Expendedores advierten que el costo financiero, calculado sobre el total del precio del combustible, impacta de lleno sobre márgenes y pone en jaque la sustentabilidad del sector. “Nuestro ingreso bruto real es la comisión que percibe la estación, no el precio final del combustible. Todo lo demás son impuestos y transferencias que no nos pertenecen”, señalan. La problemática de las comisiones financieras volvió a instalarse con fuerza en la agenda del sector de expendio de combustibles. Esta vez, la advertencia llegó desde el norte del país, donde el presidente de la Cámara de Expendedores de Formosa, Ángel Bigatti, expuso con números concretos cómo el esquema actual de cobros de las tarjetas de crédito termina apropiándose de una porción significativa – y en algunos casos decisiva – de la rentabilidad de las Estaciones de Servicio. Según explicó el dirigente, la comisión promedio que aplican las tarjetas de crédito es del 1,8 por ciento. En cualquier actividad comercial tradicional, ese porcentaje puede considerarse razonable. Sin embargo, en el negocio de los combustibles el impacto es completamente distinto. “En una estación consignada, cuya comisión ronda el 8 por ciento sobre el precio del combustible, el 1,8 por ciento que se lleva la tarjeta representa el 22 por ciento del ingreso real de la operación. En esa venta, gana más la tarjeta que la estación”, afirmó Bigatti en diálogo con Surtidores. Mientras la Justicia se toma su tiempo para resolver un reclamo clave sobre las condiciones impuestas por las empresas de tarjetas de crédito, los expendedores de combustibles lamentan que deben librar una batalla desigual con pocas herramientas.El punto central del planteo es que, a diferencia de otros rubros, el ingreso genuino del expendedor no es el total que paga el cliente en el surtidor. “Nuestro ingreso bruto real es la comisión que percibe la estación, no el precio final del combustible. Todo lo demás son impuestos y transferencias que no nos pertenecen”, remarcó. Bajo esa lógica, cualquier comisión financiera aplicada sobre el total de la operación tiene un efecto multiplicador negativo sobre márgenes que ya son extremadamente ajustados. Bigatti contrastó este escenario con el de algunas billeteras virtuales que, según indicó, muestran un criterio más acorde a la realidad del sector. “Mercado Pago cobra alrededor del 0,8 por ciento. Ese porcentaje es razonable y demuestra respeto por los clientes y por la actividad. El problema no es el uso de medios electrónicos, sino el nivel de las comisiones que aplican ciertos actores del sistema financiero”, sostuvo. El dirigente consideró que esta distorsión debería ser analizada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. “Es importante que esta información llegue a quien hoy tiene la tarea de revisar privilegios y desajustes. El sector financiero está claramente beneficiado en esta ecuación, mientras que las estaciones absorben un costo que no pueden trasladar”, señaló. En ese sentido, Bigatti recordó que ya había elevado observaciones al presidente Javier Milei sobre el impacto de determinadas políticas financieras en la inflación. “Esa nota fue tenida en cuenta, lo que demuestra que este Gobierno escucha cuando los planteos son técnicos y fundados. Por eso creemos que también puede revisarse el tema de las comisiones”, indicó. La preocupación del sector se profundiza al considerar el peso de la carga tributaria. Del precio final del combustible, cerca del 40 por ciento corresponde a impuestos nacionales, provinciales y municipales. “Las tarjetas cobran su comisión sobre un monto que en gran parte son tributos. Es un sinsentido que el costo financiero recaiga sobre la estación cuando ese dinero no forma parte de su ingreso”, explicó Bigatti. Incluso, el titular de la cámara formoseña fue más allá y planteó una alternativa provocadora: “Si las comisiones se calculan sobre el total del precio, entonces deberían cobrárselas al Estado, porque una parte sustancial del valor del combustible son impuestos”. Para el dirigente, seguir cargando ese costo sobre el expendedor implica profundizar el ahogo financiero de una actividad regulada, sin capacidad de fijar precios ni condiciones de cobro. Bigatti también vinculó esta problemática con otras distorsiones históricas, como la aplicación de tasas municipales que toman como base imponible los ingresos brutos totales. “Costó años hacerles entender a provincias y municipios que estaban asfixiando a las estaciones. En algunos casos lo admitieron, pero elevaron alícuotas y el perjuicio continuó. Con las comisiones pasa algo similar: se minimiza su impacto porque no se entiende cómo funciona nuestro negocio”, afirmó. Finalmente, el presidente de la Cámara de Expendedores de Formosa insistió en la necesidad de visibilizar el problema y darle un tratamiento específico. “No estamos pidiendo subsidios ni privilegios. Solo que se entienda que una comisión del 1,8 por ciento puede parecer baja, pero en nuestra actividad se lleva más de una quinta parte del ingreso real. Confiamos en que el ministro Sturzenegger pueda intervenir para ordenar esta inequidad y poner límites a un esquema que hoy favorece claramente al sector financiero”, concluyó. Surtidores
El proyecto de ley, firmado por el ex titular de Aduana y diputado nacional, Guillermo Michel, y su par y exministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, busca regular las plataformas de comercio electrónico para frenar la competencia desleal de productos ingresados ilegalmente. La iniciativa establece la responsabilidad solidaria de los sitios de venta y apunta a garantizar la trazabilidad de la mercadería para cuidar los puestos de trabajo argentinos. Los diputados nacionales, Guillermo Michel y Raquel “Kelly” Olmos, presentaron en el Congreso de la Nación un proyecto de ley orientado a combatir el comercio irregular en entornos digitales. La propuesta surge como respuesta a la creciente comercialización de productos ingresados de contrabando a través de plataformas virtuales, una práctica que debilita la producción interna y pone en riesgo miles de empleos genuinos. Según explicó Michel, quien estuvo a cargo de Aduana durante el último tramo del gobierno de Alberto Fernández, la normativa actual de Defensa del Consumidor y de Lealtad Comercial no sigue el ritmo de los cambios en las modalidades de consumo, lo que genera baches legales que facilitan la competencia desleal. “Es necesario actualizar la ley a los efectos de evitar que la mercadería que ingresa de contrabando a nuestro país se comercialice a través de plataformas digitales bajo apariencia de legalidad”, sentenció el legislador. Responsabilidad solidaria y trazabilidad El núcleo del proyecto establece que las plataformas de comercio electrónico serán solidariamente responsables junto con los proveedores por los daños derivados de incumplimientos contractuales, defectos en los productos y, fundamentalmente, por la falta de pago de tributos o aranceles aduaneros. Para asegurar la transparencia, las plataformas deberán exigir y verificar en cada publicación: El impacto en el mercado laboral Además, los diputados destacaron que esta medida no solo protege al consumidor, quien tendrá la garantía de comprar artículos legítimos sin costos adicionales, sino que funciona como un escudo para el empleo argentino: al frenar el ingreso de bienes que evaden controles, se evita la destrucción de valor en la industria local, que muchas veces no puede competir contra precios distorsionados por la informalidad y el contrabando. La iniciativa otorgaría a la autoridad de aplicación la potestad de remover publicaciones que no cumplan con estos requisitos y de suspender las operaciones de las plataformas que reincidan en la falta de control. Con este marco, Michel explicó que el proyecto, que fue fruto de la articulación con su par legislativa que además se desempeñó como ministra de Trabajo en el gobierno del Frente de Todos, busca ”reforzar los controles para proteger al entramado productivo formal, defendiendo de esta manera el empleo argentino”, concluyó el diputado. Mundo Gremial
En los últimos días del 2025, Argentina despertó con una alerta: había ocurrido una de las mayores filtraciones de datos registradas en la historia del país. A partir de eso, Tiempo habló con especialistas que explican por qué este tipo de episodios ya no son excepcionales. En los últimos días del 2025, Argentina despertó con una noticia: la que expertos calificaron como una de las mayores filtraciones de datos registradas en la historia del país. De acuerdo a una publicación del portal Daily Dark Web, más de un terabyte (TB) de datos personales de argentinos habría quedado expuesto tras la filtración de información. ¿Qué significa realmente esa cifra? ¿Cómo se accede a estos datos y para qué pueden ser utilizados? Especialistas explican por qué este tipo de incidentes ya no son excepcionales y por qué la ciberseguridad dejó de ser un tema solo técnico. Si bien términos como gigas, teras o dark web son moneda corriente para los especialistas, suelen resultar confusos para el público general. Esta brecha de comprensión es peligrosa, ya que impide dimensionar los riesgos reales de que esta información caiga en manos non sactas. Con el objetivo de comprender qué ocurrió y cómo podemos protegernos, Tiempo consultó a especialistas que ayudan a explicar esta problemática, que ya está entre nosotros. Accesos indebidosDías atrás, Daily Dark Web publicó que la empresa SudamericaData habría expuesto más de un TB de datos sensibles de millones de ciudadanos argentinos, presuntamente extraídos de distintos organismos públicos y privados como ARCA (ex AFIP), ANSéS, DNRPA y empresas de telefonía celular. Ante la incógnita de cómo se accede a información tan sensible, Néstor Díaz, director y especialista en prevención del fraude, riesgo humano y ciberdelito en la empresa Biwares, además de docente universitario, aclara: «En la mayoría de los casos no es por ‘hackear’ una sola base central, sino por accesos indebidos, malas configuraciones o credenciales expuestas». Sistemas que intercambian información entre sí, APIs abiertas sin control, usuarios con más permisos de los necesarios o servidores publicados en Internet sin protección. “En otras palabras, la información ya estaba digitalizada y conectada, pero no siempre protegida como corresponde. Desde Biwares lo vemos a diario. El problema no es solo tecnológico, es de gestión del dato y del acceso”, añade. Otro de los grandes interrogantes para el público general es qué significa, en términos concretos, hablar de un terabyte de datos. Díaz grafica: “Un terabyte es enorme. Para comprenderlo, vamos a compararlo con ejemplos cotidianos. Imaginemos 500 millones de páginas de texto, los datos completos de millones de personas, 250.000 fotos en alta calidad o 250 horas de video en alta definición”. Según el especialista, lo filtrado «no es solo un archivo grande; es una radiografía masiva de la sociedad». Conocida la magnitud del problema, surge una pregunta inevitable: ¿Seguirán ocurriendo filtraciones de este tipo? Responde: “Sí. Y decir lo contrario sería mentir”. Más del 70% de los incidentes de seguridad a nivel mundial están ligados a errores humanos o malas configuraciones. En Latinoamérica, uno de cada tres organismos públicos ha sufrido al menos un incidente serio en los últimos dos años. “Muchas bases críticas siguen sin clasificación de datos, monitoreo continuo ni controles de acceso modernos por lo que, mientras no se trate al dato como un activo crítico, el riesgo sigue latente”, remarca el experto. El dato no caducaOtras preguntas van surgiendo en el camino. ¿Por qué asumir tanto riesgo? ¿Quién puede usar esos datos y para qué? “No hablamos solo de ‘hackers expertos’ –enfatiza–, es una cadena de valor, un grupo los roba y los vende en la Dark web o foros de Telegram, otros intentan fraude, otros tratan de suplantar identidad y sacar préstamos, tarjetas de crédito, en definitiva pueden ser utilizados por ciberdelincuentes comunes, redes de fraude financiero, estafadores que hacen ingeniería social, extorsiones, campañas de estafas de precisión quirúrgica, sistemas automatizados que cruzan datos para cometer delitos en escala… la lista es tristemente larga”. El dato filtrado no caduca. Se revende, se cruza y se reutiliza. Con un clic no pueden saber tu sueldo y tu dirección. Con dos o tres cruces de información, sí. Los ataques no funcionan como en las películas. Funcionan más o menos así: toman un dato de alguna de las bases, se cruza con el de otra filtración y de esa forma se va completando el perfil de una persona. Crecen las filtraciones de datos personales: por qué la ciberseguridad dejó de ser un tema solo técnicoDatos como dirección, CUIL, empleador, ingresos estimados, hábitos, son esenciales para armar el rompecabezas. Con estos datos, armarlo es solo cuestión de minutos. ¿Cómo puede un ciberdelincuente usar estos datos para vaciar una cuenta o sacar un crédito? “Paso a paso, en simple. Obtiene datos personales reales, simula ser la víctima ante un banco o fintech y de esa forma engaña a un operador o a un sistema automático. Luego resetea claves, valida identidad y pide un crédito y, sin que la víctima se entere, el dinero desaparece en instantes”. La ciberseguridad ya es un tema socialSegún estadísticas regionales, el fraude por suplantación creció más del 80% en los últimos dos años. “La ciberseguridad ya no es un tema exclusivamente técnico, es un tema social, económico y humano”, asegura Díaz. Andrea Vera, Tech Lead de Cybersecurity en Naranja X, cuenta cómo podemos hacer para protegernos: “En relación a la filtración de datos reciente, los peligros a los que están expuestos los usuarios serán visibles en un futuro muy cercano y estará vinculado directamente a los ataques de ingeniería social y al uso que se haga de esta información para engañar a las personas”. Crecen las filtraciones de datos personales: por qué la ciberseguridad dejó de ser un tema solo técnicoVera destaca el vishing como una de las técnicas más frecuentes: llamadas donde los estafadores simulan pertenecer a una entidad, como Naranja X, para engañar al usuario. Con los datos filtrados, los ciberdelincuentes logran concretar un ataque muy preciso y por sobre todo verosímil, en base a ello
El Ministerio de Educación, a través de las Juntas de Clasificación de Nivel Primario, con sedes en Presidencia Roque Sáenz Peña y Resistencia-que abarcan a todas las Regiones Educativas de la provincia- informa a los docentes inscriptos en los concursos de Ingreso, Traslado y Reincorporaciones del Nivel Primario el cronograma de los actos de ofrecimiento de cargos correspondientes al mes de febrero de 2026. Los actos se llevarán a cabo en el Centro de Convenciones del Domo del Centenario, en la ciudad de Resistencia, en el horario de 8:00 a 13:00 horas y de 14:00 horas hasta finalizar, según el orden y la cantidad de aspirantes convocados en cada jornada. A continuación, se detalla el cronograma establecido: Desde el Ministerio de Educación se recuerda a los docentes la importancia de concurrir en la fecha y horario asignados, munidos de la documentación correspondiente, a fin de garantizar el normal desarrollo de los actos y el acceso transparente a los cargos ofrecidos. Para mayor información o consultas, los interesados pueden dirigirse a las sedes de las Juntas de Clasificación de Nivel Primario:
El 13 de enero de 2006, delincuentes ingresaron al Banco Río de Acassuso, se robaron cerca de 30 millones de dólares y huyeron de una forma impensada. Se cumplen 20 años del robo al Banco Río en Acassuso, uno de los casos policiales más resonantes de la historia de la Argentina donde una banda de delincuentes realizó durante meses un boquete, tomó varios rehenes, usaron armas de juguete y se escaparon de una forma impensada con cerca de 30 millones de dólares, entre dinero en efectivo y joyas. Pese a que se trató de una fuga sin precedentes, una mujer despechada y vengativa los denunció y su plan se frustró. Hubo cuatro detenidos que llegaron a juicio y actualmente todos están en libertad. Aquel 13 de enero de 2006 se trataba de un viernes normal. En plena vacaciones la jornada transitaba tranquila, pero todo cambió cerca del mediodía cuando la Policía bonaerense fue alertada por una toma de rehenes en el Banco Río de Acassuso. Dentro de la sucursal había 23 personas, las cuales fueron secuestradas por Alberto de la Torre, Sebastián García Bolster, Mario Vitette Sellanes, Julián Zalloechevarría y Fernando Araujo. Durante horas la situación en la intersección de las calles Perú y Libertador fue tensa, de incertidumbre y temor. Nadie quería lo peor, menos con el antecedente de lo sucedido en septiembre de 1999 en la conocida Masacre de Ramallo, donde tres personas murieron durante una toma de rehenes en un banco, supo la Agencia Noticias Argentinas. En la puerta de la sucursal se realizó un amplio operativo por parte de la Policía bonaerense y el Grupo Halcón. Durante ese lapso hubo conversaciones con “el hombre de traje gris”, pedido de pizzas y el terror por lo que podía llegar a pasar. Mientras Vitette realizaba diversas “jugadas” para evitar el ingreso de la Policía, sus compañeros abrieron 146 cajas de seguridad, logrando así llevarse entre 8 y 25 millones de dólares. Pasadas las 19.00 los efectivos entraron, pero los ladrones ya no estaban y todos los rehenes fueron rescatados en buen estado de salud. Tras los peritajes en el lugar constataron que la banda se había escapado de una forma inesperada, impensada, de película. Con dos gomones, huyeron por los túneles subterráneos de Acassuso y luego en una camioneta que los esperaba a cuadras del banco. La fuga se logró gracias a las tareas que realizaron los malvivientes durante meses al socavar un túnel desde el desaguadero hasta la bóveda. Enojo, detenidos y juicioDurante un mes de investigación cada uno llevó una vida de lujos, rodeados de millones, pero un enojo provocó que todos vayan a la cárcel. La esposa de Alberto de la Torre, que supo de todos los movimientos de la banda, pidió que le entreguen dinero del robo y que si no lo hacían los iba a denunciar. Ante la respuesta negativa por parte de Vitette, Alicia di Tulliole facilitó los nombres de los delincuentes a la Policía, por lo que se concretaron las detenciones. En 2010, cuatro años después del robo, se llevó a cabo el juicio y Araujo fue condenado a 14 años de prisión, aunque su sentencia se redujo a 9 años y 6 meses. Rubén Alberto De la Torre recibió una pena de 15 años de prisión, pero también su sentencia fue reducida a 12 años y 6 meses. Luis Mario Vitette Sellanes, el hombre visible de la banda, fue condenado a 21 años y 6 meses de cárcel, pero en 2013 fue deportado de Argentina y recuperó la libertad.IP José Julián Zalloechevarría fue condenado a 10 años de prisión, y recibió una reducción de su pena a 8 años. Por último, Sebastián García Bolster, recibió una sentencia a 9 años de cárcel, pero se redujo a 7. Sin embargo, ninguno cumplió con la sentencia establecida por decisión de la Justicia, por lo que todos gozan de la libertad. Fuente: NA
Una veintena de organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales, encabezadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional filial Argentina y Poder Ciudadano, entre otras, le reclamaron al Congreso de la Nación que proceda a la derogación del DNU que reforma la ley de Inteligencia, por considerar que “debilita los controles democráticos”. El documento rechaza, además, entre otras cuestiones, que los militares puedan realizar tareas de inteligencia sobre organizaciones no estatales. En el documento conocido este lunes, las organizaciones advierten que “por primera vez en democracia, la SIDE puede proceder a la aprehensión” de personas sin que quede claro bajo qué criterios ni con qué garantías, y sin autorización judicial”. Destacan, además, que esa situación “deja habilitado el camino a detenciones arbitrarias, a la persecución y a la intimidación”, lo que evidencia que se busca transformar a los servicios de inteligencia en una especie de policía secreta y sin control. En esa línea, sostuvieron que el DNU “obliga a más de 15 organismos públicos a compartir datos personales de la población con la SIDE, sin establecer procedimientos concretos ni mecanismos de control”. Agregaron que se “se vuelve así una herramienta para realizar vigilancia masiva”, al tiempo que subrayan que “la acumulación de grandes cantidades de datos en un solo organismo es todavía más peligrosa en la medida en que el Estado no tiene una política adecuada de seguridad de la información y las filtraciones son frecuentes”. “El decreto no prevé ningún tipo de control ciudadano sobre el accionar de la SIDE y concentra todavía más poder en esta agencia”, sostienen, y agregan que esta “puede pedir información a provincias y municipios, aprobar presupuestos secretos, compartir tus datos con agencias de otros países sin autorización judicial. Y todo bajo absoluto secreto” lo que llevará a que “nadie sabrá qué hacen con tu información ni a quién se la dan”. Otro punto rechazado por las organizaciones de derechos humanos es el que establece “que las actividades de inteligencia son encubiertas por definición. Esto significa que no vas a poder saber si te están investigando, por qué, ni qué información tienen sobre vos”. En esa dirección, advierten que “el carácter encubierto puede frustrar eventuales investigaciones para probar responsabilidades del Estado. No hay forma de reclamar si se equivocan o abusan. El secreto es la regla”. En otro tramo del documento rechazaron que los militares realicen tareas de inteligencia sobre organizaciones no estatales, al señala que “durante décadas, Argentina trabajó para separar claramente defensa (militares) de seguridad interna (policías). Era una lección aprendida de la dictadura: los militares no deben ejercer funciones de control de la población civil” Agregan que el “decreto permite que las Fuerzas Armadas realicen tareas de inteligencia sobre “organizaciones no estatales” -sin aclarar cuáles ni los criterios que harían que las organizaciones ingresaran en esa categoría- y les quita el control civil”, lo que consideraron como “un retroceso histórico peligroso”. El documento, lleva también las firmas de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Democracia en Red, Fundación SES, Fundación Vía Libre y la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), entre otros. Vale recordar que el pasado 31 de diciembre, el Gobierno de Milei dictó el DNU 941-2025, que introduce profundos cambios a la ley de inteligencia al establecer que toda la actividad será “secreta”, permite la aprehensión de personas y otorga un amplio poder a la SIDE, y tiene hasta el jueves próximo para poder enviar esa norma al Congreso. Bae Negocios
El Departamento 911 de la ciudad Termal procedió al secuestro de un automóvil de que registraba pedido de secuestro activo y presentaba indicios de vinculación con el narcotráfico. El procedimiento se inició a partir de información reservada que advertía sobre la presencia de un Citroën C4 Lounge estacionado en la vía pública, en la intersección de calle 17 y 6, el cual habría sido comercializado recientemente por personas oriundas de la provincia de Buenos Aires a un comprador local. Ante esta situación, personal del Servicio Externo del Departamento 911 montó un operativo de vigilancia en la zona. Como resultado, lograron ubicar el rodado y procedieron a su verificación técnica, con intervención de peritos de la Policía Caminera, estableciendo que el vehículo registraba pedido de secuestro por robo desde el 16 de diciembre de 2025, en la localidad de Campana, provincia de Buenos Aires. Debido a que el interior del automóvil presentaba molduras flojas, se solicitó la intervención del can “Duke”, perteneciente a la División Operaciones Drogas. Si bien no se hallaron sustancias prohibidas ocultas en el lugar, la reacción del canino indicó que hubo sustancias ilictas en el rodado. El fiscal en turno dispuso el secuestro formal del rodado y su traslado a la Comisaría Primera, a fin de realizar las diligencias correspondientes. Asimismo, se dio intervención a las Divisiones de Drogas e Investigaciones para profundizar las líneas investigativas que vinculan este vehículo con el tráfico de estupefacientes.
Ocurrió en Resistencia. Sucedió en la noche del lunes, a las 22. Personal de la Quinta Metropolitana detuvo a dos jóvenes, uno de 23 y otro de 26. Los bienes pertenecen al establecimiento escolar E.E.P 596, ubicado en avenida Chaco y Fortín Loma Negra. El trabajo investigativo recayó en manos de los motoristas de la comisaria jurisdiccional, quienes en la noche del lunes, recibieron información que dos sujetos tenían intenciones de comercializar los bienes sustraídos en avenida Chaco y Honduras. Fueron hasta la zona y con vigilancia discreta aguardaron la presencia de los involucrados. A las 22, los vieron llegar y salieron de inmediato a su encuentro. Ambos fueron detenidos y llevados a la unidad junto a los secuestros. Los aprehendidos fueron notificados de las actuaciones judiciales por “Supuesto Robo”, en tanto los electrodomésticos serán restituidos a la directora del establecimiento.
Efectivos de la Comisaría de Las Breñas, en un trabajo conjunto con la División Investigaciones Complejas, Drogas Peligrosas de Charata y Caminera, llevaron adelante un operativo que arrojó resultados positivos en la lucha contra el contrabando y el robo automotor. El procedimiento se realizó durante la madrugada de este martes, cerca de las 04:30, en la intersección de la Ruta Nacional N° 89 y la Ruta Provincial N° 6, más precisamente en el predio de una estación de servicio YPF. En el lugar, los agentes de la Comisaria Las Breñas detectaron una camioneta Toyota Hilux, color gris oscuro, en la que se observaba a simple vista el transporte de numerosos paquetes de cigarrillos de origen extranjero, sin la documentación legal que acreditara su ingreso al país. Ante esta situación, se dio intervención a las Divisiones Investigaciones Complejas, Caminera y Drogas Peligrosas de Charata. Tras una minuciosa inspección, se determinó que la Toyota Hilux SRX gris transportaba 3.550 cartones de cigarrillos de origen extranjero, marcas Hills y Rodeo, sin el correspondiente aval aduanero. Asimismo, el rodado presentaba graves irregularidades registrales: la chapa patente colocada correspondía a un Chevrolet Prisma y, al verificar el número de motor original, el sistema DNRPA arrojó un pedido de secuestro activo, con intervención de la Comisaría Décima de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el lugar se procedió a la demora de dos ciudadanos: un joven de 20 años, oriundo de Campo Largo, y un hombre de 35 años, domiciliado en Corzuela, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras se realizaba el conteo de la mercadería. Dada la naturaleza del hecho, tipificado como infracción al Código Aduanero (Ley N° 22.415), se estableció comunicación con el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, que ordenó el secuestro formal de la camioneta y del cargamento de cigarrillos. Posteriormente, el Fiscal Federal de Sáenz Peña, dispuso además el secuestro de dos teléfonos celulares marca Samsung. Los dos hombres demorados fueron notificados de las actuaciones en libertad, en el marco de la causa caratulada “Supuesto Encubrimiento de Contrabando”, continuando la investigación para determinar el origen y destino final del cargamento, informó la Policía del Chaco.
El titular de Ambiente, Mariano Moro, explicó los alcances de la medida firmada la semana pasada que reconoce en Chaco la validez de las licencias de pesca deportiva para residentes emitidas por provincias del Litoral. El subsecretario de Ambiente del Chaco, Mariano Moro, brindó detalles sobre la nueva disposición que unifica la validez de las licencias de pesca deportiva entre las provincias de la región Litoral. La medida fue firmada el viernes pasado y reconoce en Chaco las licencias emitidas por Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos, bajo un esquema de reciprocidad entre las jurisdicciones. “El arquitecto Leandro Zdero conjuntamente con los gobernadores de las provincias que integramos la región litoral firmaron disposiciones para poder unificar la validez de las licencias de pesca deportiva”, explicó el funcionario en diálogo con CIUDAD TV. Moro precisó que se trata de resoluciones que reconocen de manera recíproca las licencias otorgadas por las provincias que comparten el desarrollo del río Paraná. “Se dictaron distintas resoluciones que reconocen la validez de las licencias otorgadas por Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y Chaco para que puedan ser válidas recíprocamente en todo el entorno que corresponde a estas provincias”, indicó. En ese sentido, aclaró que la medida no implica la creación de una licencia única. “Esto no quiere decir que haya una licencia única, sino que es un primer paso que damos para que las licencias otorgadas por cualquiera de estas provincias sean válidas para que los residentes puedan usarla en cualquiera de ellas”, señaló. El subsecretario remarcó que la Provincia del Chaco ya dictó sus disposiciones para cumplir con el acuerdo regional. “La provincia de Chaco ya dictó sus disposiciones cumpliendo con este compromiso y seguimos adelante para fortalecer un mejor servicio a los ciudadanos de la provincia y de la región litoral”, sostuvo. “La idea es que todos tengamos una licencia, que es lo que nos permite controlar el cumplimiento de la normativa que protege el recurso”, afirmó, y agregó que “en general el pescador cumple”, aunque reconoció que existen algunos casos de licencias vencidas o no tramitadas. En relación a la pesca deportiva, el funcionario destacó la conciencia ambiental de los practicantes. “Hablamos de pesca deportiva, que es con devolución, y el pescador tiene conciencia de que es importante cuidar el recurso, en este caso los peces, para que puedan seguir disfrutando de este deporte”, expresó. Sobre el trámite en Chaco, Moro recordó que se realiza de manera digital. “El que quiere realizar la pesca deportiva tiene que sacar la licencia a través de Tu Gobierno Digital en el caso de Chaco, lo puede hacer directamente en forma digital”, explicó, y señaló que ante cualquier duda se puede consultar a la Subsecretaría de Ambiente o a la Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad, que realiza el monitoreo del estado del recurso. Por otra parte, aclaró las diferencias entre los tipos de pesca. “La pesca deportiva es distinta de la pesca artesanal o comercial. Es casi toda con devolución, excepto la pesca variada, que son los peces más chicos, como el manduré o un sábalo”, indicó, y precisó que en esos casos “puede ser extractiva y hay un cupo para la extracción de hasta cinco ejemplares”. Moro indicó que toda la información vinculada a la normativa vigente se encuentra disponible en los canales oficiales del organismo. “Esto está todo en la normativa y si se ingresa al Instagram de la Subsecretaría lo pueden conocer con claridad”, concluyó.
Un estudio de la plataforma y consultora de empleo internacional Bumeran revela también desigualdades crecientes entre los asalariados y el deseo de conseguir mejores ingresos, aún a costa de renunciar a derechos como el descanso. Un estudio de la plataforma y consultora de empleo internacional Bumeran concluye que el 46% de los trabajadores en Argentina no se tomó vacaciones en el último año y que la razón principal de ello fue por falta de poder adquisitivo. El relevamiento expone una tendencia que se acentúa en un escenario en el que persiste una relativamente alta inflación, con ingresos que no terminan de recomponerse y recortes forzados en los presupuestos familiares que obligan a postergar el descanso. Entre los trabajadores que no lograron tomarse días de descanso, el 56% señaló la falta de recursos económicos como el motivo principal. Otro 21% atribuyó la imposibilidad de vacacionar a un cambio laboral. El 12% dijo que priorizó objetivos personales o profesionales. Otras causas, como problemas de salud, falta de tiempo, dificultades organizativas o la decisión de permanecer en el hogar sumaron el 11% de los motivos. Un derecho en los papeles, no en el bolsilloLos datos evidencian que el descanso anual dejó de ser un derecho accesible para transformarse en una elección atravesada por las restricciones económicas. Además, según el informe, el 29% de los trabajadores en la Argentina priorizaría una disminución de la jornada laboral por sobre la posibilidad de tomarse vacaciones. El estudio también analizó cuáles son los beneficios más valorados por los trabajadores cuando el descanso anual no resulta una alternativa posible. El 22% de los encuestados elegiría otros beneficios en lugar de las vacaciones. Un mejor salario lideró las preferencias con el 44%, seguido por el trabajo remoto (21%), incentivos económicos adicionales (15%), modalidades sin horarios fijos (10%) y días libres esporádicos (6%). Otras opciones sumaron el 4%. Los que sí pueden, lo hacen afueraEntre los trabajadores que sí pudieron vacacionar durante el último año, los destinos seleccionados muestran una combinación entre proximidad geográfica y costos accesibles. Al respecto, el 24% de quienes viajaron eligió la Costa Atlántica de la provincia de Buenos Aires. Otros destinos concentraron el 22%, con el Caribe como principal opción, mientras que Brasil representó el 16% y la Patagonia el 13%, de acuerdo con los datos de Bumeran. Esto refleja un escenario a dos velocidades: la mitad de los argentinos no tiene resto económico como para irse de vacaciones y el resto cada vez más elige irse fuera del país, principalmente a Brasil o el Caribe, en el marco del dólar barato que vuelve a esos destinos más accesibles. Sin vacacionesEl último informe de Zentrix Consultora, de diciembre pasado, indica que el 39,3% de la población declara no contar con recursos económicos para viajar este verano. Lo que, señala ese estudio, convierte «el acceso al descanso en un umbral social que separa estabilidad de vulnerabilidad». Y agrega que, incluso, «entre quienes mantienen alguna capacidad de viaje, predominan estrategias de ajuste como escapadas cortas o turismo de cercanía, confirmando que el recorte es una decisión económica forzada». El mismo reporte precisa que el 77,6% de los argentinos afirma que su salario perdió frente a la inflación y ese deterioro impacta de lleno en la autopercepción social: el 64% de la población se define hoy como clase media baja o baja, lo que evidencia la presión sostenida sobre los ingresos reales a lo largo del año. En paralelo, la percepción sobre la situación económica del país muestra un marcado deterioro: el 55,3% la evalúa de manera negativa, muy por encima de la valoración de la situación personal, lo que confirma un clima macroeconómico percibido como más crítico que la experiencia individual. En contraste con el aumento de las dificultades económicas y la imposibilidad de acceder a vacaciones, las estadísticas muestran que los viajes al exterior mantienen una tendencia en alza. Este fenómeno amplía la brecha entre quienes pueden afrontar el costo de viajar a destinos internacionales y quienes ven restringidas sus opciones por la pérdida de poder adquisitivo, consolidando una diferencia marcada. Fuente: Tiempo Argentino
Un relevamiento del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet encontró que la nafta más barata se vende en la Patagonia, desgravada de los impuestos internos a los combustibles, mientras que las provincias del Norte y Noreste (NEA) del país son las más caras. Según los datos preliminares de los primeros días de este mes, en base a lo informado por la Secretaría de Energía y la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA, que agrupa a dueños de estaciones de servicio), Santa Cruz tiene la nafta súper más económica, con un promedio de $ 1.350 por litro. Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, La Pampa y Neuquén tienen valores similares. En el otro extremo, con unos $ 300 de diferencia están Corrientes, donde cuesta $ 1.682 por litro en promedio; y poco más atrás vienen Salta, Misiones, La Rioja, Santiago del Estero y Formosa.El promedio del país está en $ 1.577, con la Ciudad de Buenos Aires en ese orden. Asimismo, la nafta premium se consigue desde $ 1.637 en Río Negro, con poca diferencia en el resto de las provincias patagónicas. A su vez, el promedio del país se ubica en torno a los $ 1.835, también con la Ciudad de Buenos Aires alrededor de esa cifra. Las provincias con la nafta premium más cara son Formosa, donde cuesta unos $ 1.955, y luego están Corrientes, La Rioja, Misiones, Santa Fe y Córdoba.Por el lado del gasoil, se encuentra desde los $ 1.525 en Tierra del Fuego a los $ 1.773 en Salta, con un promedio de $ 1.695; y el diésel premium va de $ 1.704 en Tierra del Fuego a $ 1.987 en Neuquén, con más de $ 200 por litro de diferencia entre ambas puntas. Por qué hay tanta diferencia de precios Los combustibles suelen ser más baratos en la Patagonia porque están exentos de los impuestos al dióxido de carbono y a los combustibles líquidos, que suman $ 330 en la nafta y $ 376 en el gasoil, sin ajustar por la mezcla de bioetanol y biodiésel, respectivamente. Pero hay otras cuestiones: la logística de traslado desde las refinerías (concentradas principalmente en las inmediaciones de Buenos Aires, Bahía Blanca y Mendoza) hacia el Interior, la competencia y disponibilidad o escasez de oferta según cada localidad; y el impacto mediático. Históricamente las petroleras mantuvieron precios más económicos y aplicaron menores incrementos en la Ciudad de Buenos Aires, donde los medios prestan más atención y cobertura. Según el ex secretario de Energía Daniel Montamat, a fines de diciembre los precios de los combustibles quedaron por encima de su paridad de importación; es decir, ya no hubo atrasos e incluso quedaron más caros, lo que permitió recomponer márgenes de refinación a YPF, Raízen, Axion y Trafigura. Los valores en Argentina están en línea con los de Brasil y por detrás de Perú y Uruguay. En Buenos Aires, la nafta y gasoil súper treparon en 2025 entre 40% y 42%, mientras que los combustibles premium subieron un 30%, en línea con la inflación. En ese período, el dólar aumentó un 40% y el petróleo cayó un 17%. Clarín
Según este gigante de Wall Street las necesidades brutas de divisas de la Argentina para 2026 ascienden a USD 38.700 millones. Precisamente, Morgan Stanley puso el foco donde el Gobierno quiere mostrar resultados. El banco destacó que la Argentina pagó la deuda de enero sin sobresaltos. Pero el informe agrega una advertencia clave: la estrategia sirve en el corto plazo. Más adelante, la tensión vuelve. El arranque de 2026 fue ordenado. En los primeros días del año, el Tesoro canceló unos USD 4.300 millones de deuda en moneda extranjera. Es cerca del 21% de los vencimientos totales del año, estimados en USD 19.900 millones. El mercado lo tenía descontado. Y se cumplió. “El cumplimiento de las obligaciones era plenamente esperado por el mercado, a pesar del anuncio de último momento de un Repo por USD 3.000 millones que incrementó las divisas disponibles en el BCRA y, a su vez, permitió al Tesoro comprar las divisas suficientes para efectuar el pago”, señala el informe. Según el banco, ese pago fue posible por una combinación puntual. Aporte de organismos, manejo fino de caja y el repo por USD 3.000 millones que reforzó las reservas del Banco Central. Una estrategia que tiene pocas chances de repetirse. El informe aclara que las necesidades brutas de divisas para 2026 ascienden a USD 38.700 millones. El número incluye intereses y amortizaciones de toda la deuda en moneda extranjera. Es el dato central del paper. De ese total, unos USD 18.900 millones corresponden a bonos duales que ajustan por dólar pero se pagan en pesos. No requieren dólares billete. Así, la necesidad efectiva baja a USD 19.900 millones. De ese monto, USD 8.700 millones son intereses y USD 11.100 millones capital. Morgan Stanley estima que parte se puede cubrir con USD 5.000 millones de organismos multilaterales y otros USD 6.000 millones vía emisiones de deuda en moneda extranjera, tanto externas como locales. Aun así, queda un bache de unos USD 5.000 millones. El informe señala que ese faltante debería cubrirse con compras del Tesoro al Banco Central o con operaciones financieras específicas. Ninguna de las dos opciones es neutra para las reservas. Por eso el banco es claro en su recomendación. Ve valor en posiciones de corto plazo en deuda argentina. Especialmente en los tramos que vencen con el primer trimestre del año. “Proyectamos que las principales fuentes de divisas para el Gobierno nacional serán USD 5.000 millones provenientes de organismos multilaterales y USD 6.000 millones de bonos en moneda extranjera, tanto externos como domésticos. Esto deja una brecha de USD 5.000 millones para 2026, que surge de flujos netos negativos del FMI y de los bonos en moneda extranjera. El Tesoro deberá comprar estas divisas al BCRA o directamente a través de operaciones en bloque”, asegura el informe. La lógica es simple: los pagos inmediatos están cubiertos. El problema aparece más adelante. Hacia el segundo trimestre, las necesidades de dólares se vuelven más exigentes. Y las fuentes de financiamiento, más inciertas. Ahí es donde el riesgo crece. Morgan Stanley también analiza el roll over. Señala que varios vencimientos en dólares son con el propio sector público y pueden renovarse. Incluye letras del Tesoro y compromisos con el Banco Central. Eso alivia, pero no resuelve. El punto más delicado es el FMI. En 2026 vencen unos USD 4.400 millones. Y, a diferencia de 2025, la Argentina sería pagadora neta por unos USD 2.300 millones. Es una salida adicional de divisas en un año cargado. El banco ve difícil ampliar el programa con el Fondo. La deuda ya ronda los USD 57.000 millones, más de trece veces la cuota. Incluso con buena relación política, el margen es limitado. En ese contexto, el informe deja abierta la puerta a un regreso al mercado internacional. Habla de una posible emisión antes de julio. Un bono a entre 7 y 12 años, con tasa superior al 10%. Caro, pero funcional para cubrir vencimientos. La conclusión es prudente. Morgan Stanley reconoce que el Gobierno logró ordenar el frente inmediato. Pero advierte que la estrategia es de corto alcance. La Política Online