El pago de los empleadores a un fondo para despidos sería compensado con una rebaja en los aportes a la seguridad social; cómo se financian las prestaciones previsionales y qué se modificaría si se aprueba la iniciativa. Las prestaciones de la seguridad social se financian con un mix de recursos que provienen de diferentes fuentes. El proyecto de reforma laboral que obtuvo media sanción en el Senado y que será tratado en Diputados busca disponer que, como contrapartida del ingreso de dinero a un fondo para eventuales pagos por desvinculaciones de personal, los empleadores tengan una rebaja en la contribución destinada a financiar las prestaciones de la seguridad social a cargo de la Anses. De acuerdo con el texto finalmente votado en la Cámara Alta, el pago de los empleadores con destino a un Fondo de Asistencia laboral (FAL) será de 1% de las remuneraciones del personal en el caso de las grandes empresas, y de 2,5% si se trata de micro, pequeñas y medianas empresas. Lo ingresado se descontaría de las contribuciones para la seguridad social, que así se verían reducidas. En principio, el mecanismo se pondría en marcha el 1° de junio próximo, aunque el Poder Ejecutivo podría postergar la entrada en vigencia hasta un máximo de seis meses, según el texto votado. Y podría establecer más adelante que las alícuotas suban hasta 1,5% y 3%, según sean grande o micro, pequeñas y medianas empresas. Ambas decisiones dependerán de la situación fiscal, porque la medida le quita recursos al Estado para el pago de las prestaciones. Y lo cierto es que la reducción de las cargas no provocaría una caída en los ingresos jubilatorios ni de otro tipo que cobra mensualmente parte de la población (como las asignaciones por hijo). No están previstas, de hecho, modificaciones ni al cálculo de los haberes iniciales de quienes se jubilan, ni a la movilidad posterior de esos ingresos. Lo que ocurrirá, entonces, es que los recursos que no le lleguen a la Anses por efecto del recorte de las contribuciones, le deberán llegar desde otras fuentes, que hoy ya son utilizadas para los pagos de la seguridad social. De todas maneras, es cierto que el gasto previsional podría achicarse este año, o crecer de manera más moderada que en otros períodos, por una razón diferente a la de un cambio en el cálculo de los haberes o en la movilidad. El motivo sería una menor cantidad de nuevos jubilados, considerando que ya no rige la principal moratoria por la cual en los últimos años se otorgó la mayoría de las prestaciones. El sistema previsto por la ley 27.705 para quienes estaban en edad jubilatoria y no habían reunido como mínimo 30 años de aportes, perdió vigencia el 23 de marzo de 2025, y en todo ese año los nuevos jubilados fueron 338.553, un 20% menos que en 2024 (de todas maneras, siguen rigiendo alternativas para cubrir faltantes de aportes). Las contribuciones actuales La iniciativa del Gobierno prevé una reducción “en las contribuciones patronales con destino a la Seguridad Social” de igual porcentaje de las remuneraciones que el aporte al FAL. La ley 27.541 fija una alícuota de 20,4% de las remuneraciones para las grandes empresas privadas de servicios o de comercio, y de 18% para el resto de los empleadores (otras actividades y todas las pymes, además de entidades y organismos del sector público). Los recursos de esas contribuciones van a diferentes destinos de la seguridad social, apunta el abogado previsionalista Daniel Pérez. Alrededor de 60 de cada 100 pesos van al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), 26 de cada 100, a asignaciones familiares; algo más 5 de cada 100, al Fondo Nacional del Empleo, y unos 8 pesos de cada 100, al PAMI. Si se pusiera en marcha el FAL, el Estado debería enviar a la Anses más fondos provenientes de impuestos. Eso tendría un efecto fiscal, que el proyecto del Gobierno no indica cómo compensará. Cómo se financian las jubilaciones Las prestaciones pagadas por la Anses tienen tres fuentes de financiamiento: los aportes y contribuciones de empleados y empleadores y de monotributistas y autónomos; una parte de la recaudación de tributos con asignación específica (como todo el impuesto al cheque y algo más de 10% del IVA), y las asignaciones del Tesoro para cubrir el déficit del sistema. Según datos de la Subsecretaría de Seguridad Social, en 2025 el 79,4% de los recursos del sistema fueron “propios”, entendiendo como tales a los aportes y contribuciones y a los impuestos con asignación específica), y el 20,6% fue cubierto con giros del Tesoro (dinero de la recaudación general). En 2024, los recursos propios habían cubierto el 87% de los pagos, luego de que a partir de 2021 ese porcentaje subió año a año (en 2020 se tocó un piso de 55%). Si se aprueba la rebaja de las contribuciones, tendería a ampliarse la participación del Tesoro en el financiamiento. “Están considerando una mayor afluencia de impuestos” para el pago de prestaciones, sostiene Pérez, quien enfatiza que no se afectarán los montos de las jubilaciones, porque eso está definido por la ley de Presupuesto. En rigor, el discurso del Gobierno apunta al optimismo respecto de que, como efecto de la ley, crecería la ocupación laboral registrada y, en consecuencia, la recaudación por contribuciones. Pero, ¿en qué medida realmente podría ocurrir eso? “Imposible responder”, analiza el economista Osvaldo Giordano, presidente del Ieral de Fundación Mediterránea y exdirector ejecutivo de la Anses, quien sostiene que, más allá de eso, existen varias razones para una reforma previsional. “La Argentina tiene un gasto previsional relativamente elevado (más alto que el de países con demografía parecida), se gasta mal (hay muchas inequidades, malos incentivos e ineficiencias) y aumenta la expectativa de vida a la vez que baja la natalidad”, describe. Para este año, la ley de gastos del Estado nacional no contempla cambios para el cálculo de las jubilaciones ni para la movilidad mensual según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Tampoco se
Autor: Redacción General
El espacio plenario por la conmemoración por los 50 años del golpe de estado en Corrientes, decidió convocar a un abrazo en defensa del Espacio de Memoria Regimiento 9 dónde funcionó un Centro Clandestino de Detención y Exterminio en 1976-1977. Será el próximo martes 17 de febrero a las 9 de la mañana. En los últimos días surgieron informaciónes referidas a negociaciones sobre el predio entre el gobierno nacional y provincial, que no manifestaron explícitamente el respeto irrestricto ante un sitio de memoria sobre el terrorismo de estado en argentina. El Tribunal Oral Federal de Corrientes en su sentencia en el Juicio Regimiento 9 del año 2008 – la que se encuentra firme – , reconstruyó: “Que en el Regimiento 9 funciono un Centro Clandestino de Detención y a cargo del grupo de tareas, es donde principalmente se desarrollaron los crímenes . Los imputados actuaron con una gran discrecionalidad, realizaron detenciones ilegales, interrogaron bajo tormentos a los detenidos y los sometieron a condiciones indignas de alojamientos, bajo condiciones inhumanas (malos tratos, vejámenes, torturas); en su mayoría jóvenes de ambos sexos, vinculados a procedimientos que el Ejército realizaba en el marco de la lucha contra la subversión; mientras se los mantenía clandestinamente en cautiverio, para luego decidir el destino final de cada víctima: el ingreso al sistema legal (Poder Ejecutivo Nacional o Poder Judicial), la libertad o simplemente la desaparición física.- También se encuentra probado que el Grupo de inteligencia se componía por el entonces Oficial S2 del R I 9 Capitán (anteriormente Teniente 1°) Juan Carlos De Marchi, el Subteniente (mas tarde Teniente y también S2) Rafael Julio Manuel Barreiro, el Teniente Horacio Losito, y el Alférez Raúl Alfredo Reynoso, perteneciente a Gendarmería Nacional, Institución por entonces subordinada al Ejército en la lucha contra la subversión. El grupo de inteligencia del Regimiento 9, con la colaboración del área de inteligencia de la Sección Corrientes de Gendarmería Nacional, conformaban el grupo de tareas que encabezaba la lucha antisubversiva, tenía pleno poder para actuar de modo discrecional, y contaba con la participación de otros estamentos dentro del Regimiento y Gendarmería, como ser el jefe del R I 9 y el jefe de la Sección de Gendarmería. Se halla probado que a partir de allí el grupo de tareas se dedicó a llevar a cabo los hechos delictivos que componían su objeto, conformando una organización horizontal de mando, mas allá de los grados militares, que si bien eran respetados, todos tenían una parte de la ejecución y en las decisiones, lo que permitió mantener el centro de detención y efectivizar todos los hechos aquí imputados, y que a los efectos de responsabilidad los pone a todos en un pie de igualdad. Se encuentra acreditado que desde el año 1975 se dio comienzo a detenciones ilegales de personas, la realización de interrogatorios bajo tortura de las mismas, en el primer piso de la Jefatura de policía, y el encarcelamiento en la Alcaldía de policía sin informar de ello a familiares de las víctimas. Se encuentra probada la existencia de la cuadra de detenidos en el Regimiento 9, y que inició su funcionamiento aproximadamente en el mes de agosto de 1976. Se encuentra acreditado que los soldados que custodiaban la cuadra de detenidos eran oriundos de las provincias de Santiago del Estero, Formosa y Chaco, que estaban cumpliendo el servicio militar en el Regimiento 9 de Infantería durante el año 1976. También está probado que la última vez que se los vio con vida a Juan Ramón Vargas y Rómulo Gregorio Artieda, estuvieron en el Regimiento 9. Se hallan acreditadas las condiciones indignas que regían en la cuadra de detenidos, donde los allí alojados estaban con esposas o ataduras, vendados, y sometidos a tormentos, objetos de violencia física y mental, malos tratos, en fin, condiciones indignas de toda persona humana. Se ha probado que los imputados han practicado actos de tormentos de lo que dan cuenta las víctimas.Se ha probado que los hechos encuadran en delitos de lesa humanidad”. Corrientes Hoy
“Vamos a tener un trimestre sin plata”, le avisó Toto Caputo a las autoridades porteñas, con las que negocia el pago de la deuda que Nación arrastra con la Ciudad. El mismo mensaje desalentador recibió un gobernador aliado. Desde el Iaraf señalan que la recaudación nacional cayó 7,8% real interanual en enero y la que se distribuye a provincias y CABA retrocedió 6,6%. Sobran los ejemplos: la Patagonia nunca recibió los 100 mil millones que prometió Milei para combatir los incendios y Santa Fe tuvo que afrontar sola la mejora de los sueldos de la policía luego de la reciente rebelión, como dejó en claro el gobernador Pullaro. Lo mismo ocurrió con los pagos del Pami a las clínicas de la Patagonia, pisados por Caputo. De hecho, los últimos ATN que repartió fueron en diciembre, desde entonces cero. La economía argentina parece ingresar así a un laberinto conocido: falta plata, no porque el gasto haya explotado, sino porque los ingresos se enfrían y el financiamiento empieza a mostrar límites. El primer problema es fiscal. La recaudación lleva seis meses consecutivos de caída en términos reales y enero marcó el nivel más bajo de los últimos 16 años ajustado por inflación. Según publicó ARCA, los ingresos alcanzaron 18,33 billones de pesos, con una suba nominal del 22% respecto de enero de 2025, pero una caída real frente a la inflación. El dato refleja una economía que pierde dinamismo y complica el equilibrio fiscal. Las razones son conocidas. La suspensión de retenciones, la reducción de aranceles a las importaciones y la baja de impuestos internos impactaron sobre los recursos del Estado. El IVA aportó 6,2 billones, con una mejora nominal del 16,4%, pero el componente aduanero cayó 7,6%. Es una señal clásica de enfriamiento: menos comercio exterior y menor actividad. El impuesto a las Ganancias sumó 3,4 billones, con un aumento nominal del 32,4%, que en términos reales apenas empata con el año pasado. El impuesto al cheque siguió una trayectoria similar. En paralelo, los ingresos al sistema de Seguridad Social crecieron 27,7%, por debajo de la inflación anual, lo que confirma la pérdida de poder adquisitivo del empleo registrado. El resultado es directo: menos recursos disponibles y más presión sobre las cuentas públicas. El economista Nadin Argarañaz, presidente del Iaraf, estimó que la recaudación nacional que queda en manos de Nación cayó 7,8% real interanual en enero y la que se distribuye a provincias y CABA retrocedió 6,6%. La recaudación total, según ese análisis, habría descendido 7,4% real. El segundo factor es financiero. Durante 2025 y el inicio de 2026, la liquidez en dólares permitió sostener al mercado local. Las empresas emitieron Obligaciones Negociables (ON) para refinanciar deuda y traer divisas. Esa dinámica aumentó la oferta de dólares y le permitió al Banco Central comprar reservas sin presionar el tipo de cambio. Pero el mecanismo empezó a mostrar fatiga. En apenas un mes se emitieron más de USD 1.300 millones y luego el acceso al crédito externo volvió a limitarse. El movimiento fue intenso. Telecom colocó cerca de USD 500 millones a una tasa del 8,5%. Banco Galicia emitió USD 216,2 millones. Mirgor USD 26,5 millones destinados a capital de trabajo. Las tasas para empresas de primera línea se estabilizaron entre el 7% y el 9% anual en dólares. El problema es cuánto puede sostenerse. Ahí aparece el límite estructural. El mercado local absorbió cerca de USD 20.000 millones en ON durante 2025 y los analistas empiezan a hablar de saturación. Marina Dal Poggetto adviertió que el fondeo disponible es cautivo mientras no se normalice el acceso al crédito externo, que sigue complejo con el riesgo país por encima de los 500 puntos y Argentina calificada como mercado de frontera. La consultora 1816 agrega otro problema: se refinancia lo que vence, pero cuesta conseguir dinero nuevo para proyectos de largo plazo. Fondos y aseguradoras, además, están cerca de sus límites regulatorios de exposición. El tercer elemento que explica la escasez que advierte Caputo es el tiempo. Faltan tres meses para que ingrese el grueso de los dólares del agro. Entre abril y junio, el trimestre dorado, se concentra la liquidación más fuerte del año, principalmente por soja y maíz. Para la campaña se proyectan 146,4 millones de toneladas y exportaciones por unos 34.800 millones de dólares a lo largo del año. Pero el ingreso efectivo depende de variables que el Gobierno no controla del todo. El clima ya empezó a generar dudas sobre una cosecha récord y, al mismo tiempo, muchos productores esperan mejores condiciones de precio o tipo de cambio antes de vender. “Van a tener que bajar de nuevo las retenciones a cero”, advierte un diputado que conoce al sector. Mientras tanto, el ajuste vuelve a aparecer como la única herramienta disponible para sostener el equilibrio fiscal que defienden Milei y Caputo. La Política Online
Los diputados nacionales Germán Martínez, Paula Penacca y Julia Strada presentaron este viernes una denuncia judicial contra el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo por violación de secreto y falsificación de documentos en el Indec, a raíz de la intervención del gobierno para que no se difunda el nuevo IPC que terminó con la renuncia de Marco Lavagna. La denuncia de los legisladores kirchneristas recayó en el juzgado en lo Criminal y Correccional Nº8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, el mismo magistrado que maneja con lentitud la causa de la estafa Libra y que ya recibió un llamado de atención de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en enero pasado. En el escrito que presentaron, Martínez, Penacca y Strada acusan a Caputo por “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”, “violación de secretos y deberes de confidencialidad” y “falsificación de documentos públicos”. La violación de deberes está contemplada en el artículo 248 del Código Penal y forma parte del capítulo sobre los delitos contra la admninistración pública. De probarse en sede judicial, podría caberle al ministro una pena que va de un mes a dos años de prisión e inhabilitación especial. Por otra parte, la vulneración de confidencialidad está prevista en el artículo 157 del Código Penal y castiga al funcionario que revele hechos o información que deberían ser secretos. La sanción sería idéntica, salvo por la inhabilitación por cuatro años para ejercer cargos públicos. Y la falsificación de documentos es lo que reprime el artículo 293 con reclusión de 1 a seis años. Según Strada, “no haber permitido la divulgación del índice que se había anunciado y publicar otro puede considerarse una falsificación”. La denuncia de los diputados se funda en las declaraciones públicas del ministro de Economía ante la crisis que desató el portazo de Lavagna. Por caso, citan el tuit de Caputo en respuesta al periodista Eduardo Feinman, que se hacía eco de la inquietud sobre la intervención del gobierno para no publicar un índice que detone la imagen del gobierno con la inflación al alza. “Eso es falso, @edufeiok. De hecho daba una décima menos que el índice actual. Al menos eso me dijo Marco y también Pedro Lines. Podés chequearlo con ellos mismos”, posteó en X el funcionario de Javier Milei. Lavagna ya no está pero Lines ocupa ahora su lugar y, tal como informó LPO, Caputo anunció cuánto daría la medición antes que el organismo la publicara. “Es su cuenta de Twitter, no puede decir que no sabía o no fue él”, acotó Strada. En el texto de la denuncia, se plantea que “el IPC constituye uno de los indicadores económicos más relevantes del sistema estadístico” porque “impacta en negociaciones salariales, actualización de jubilaciones, determinación de contratos públicos y privados, diseño de políticas económicas, decisiones financieras, política monetaria y credibilidad macroeconómica del Estado argentino”. Además, los legisladores advierten que los datos del IPC “se encuentran protegidos por la ley 17622” y que Caputo excedió “manifiestamente las atribuciones del cargo que detenta”. Por lo demás, repusieron la letra del artículo 17 de esa misma norma. “Los funcionarios o empleados que revelen a terceros o utilicen en provecho propio cualquier información individual de carácter estadístico o censal, de la cual tengan conocimiento por sus funciones, o que incurran dolosamente en tergiversación, omisión o adulteración de datos de los censos o estadísticas, serán pasibles de exoneración o sufrirán las sanciones que correspondan conforme con lo previsto en el Código Penal”, dice ese fragmento. La Política Online
A más de diez días de su desaparición, la Policía del Chaco mantiene un megaoperativo en Presidencia Roque Sáenz Peña y Villa Berthet para dar con Bernabé Navarro, de 82 años, quien padece Alzheimer. Participan fuerzas provinciales y federales, con rastrillajes en zonas rurales y controles en localidades cercanas. La Policía del Chaco intensificó los rastrillajes en Presidencia Roque Sáenz Peña y Villa Berthet para localizar a Bernabé Navarro, el hombre de 82 años que se encuentra desaparecido desde el domingo 1 de febrero. A más de diez días de la denuncia, se mantiene un operativo de búsqueda interprovincial supervisado por el Ministerio de Seguridad, con despliegue simultáneo en ambas localidades tras reportes que indican su posible presencia en Villa Berthet. Del operativo participan efectivos de la Policía del Chaco, la Policía Federal con helicópteros y divisiones especiales como Canes, Investigaciones Complejas y equipos que operan drones con visión térmica. Los rastrillajes se realizan en zonas rurales bajo la modalidad “tranquera por tranquera”, abarcando sectores de Colonia La Matanza y Colonia Sarmiento, además de caminos que conectan Villa Berthet con Quitilipi y San Bernardo. Según los reportes oficiales, pese al despliegue de recursos y las recorridas preventivas con entrevistas a vecinos, hasta el momento los resultados han sido negativos. No se descarta ninguna hipótesis ni área de búsqueda, y la alerta se mantiene incluso en provincias vecinas como Santa Fe. Navarro vestía al momento de su desaparición una camisa a cuadrillé verde claro, jean celeste y alpargatas negras. Se moviliza en una bicicleta verde claro con canasto negro. Desde la fuerza recordaron que el hombre padece Alzheimer, por lo que podría encontrarse desorientado. Las autoridades solicitaron a la comunidad que cualquier información que pueda contribuir a la localización sea comunicada a los servicios de emergencia o a la dependencia policial más cercana.
Omar Canela, titular de Vialidad Provincial, se refirió a la firma del convenio con el Municipio para intervenir 5.600 metros de la avenida Soberanía Nacional–Islas Malvinas, desde Ruta 11 hasta Urquiza. La obra comenzará en marzo, tendrá un plazo estimado de 12 meses e incluirá bacheo, reconstrucción, repavimentación y un nuevo esquema de circulación para reducir siniestros. El titular de Vialidad Provincial, Omar Canela, celebró la firma de un convenio entre la Provincia y el Municipio para avanzar en la refuncionalización de la avenida Soberanía Nacional–Islas Malvinas, en el tramo comprendido entre la Ruta 11 y la avenida Urquiza. “Ayer se firmó un convenio entre el Municipio y la Provincia, donde cada uno hace un esfuerzo, un aporte, para la refuncionalización de la avenida Soberanía y Malvinas Argentinas, del tramo que va desde la Ruta 11 hasta la avenida Urquiza. Son más o menos 5.600 metros”, precisó en contacto con CIUDAD TV. Según indicó, los trabajos comenzarán en los primeros días de marzo con cuatro frentes de bacheo simultáneos a lo largo de la traza. “Los primeros días de marzo ya vamos a estar comenzando con lo que es el bacheo, se largan cuatro frentes de bacheo de manera simultánea a lo largo de la avenida y el plazo estimado de la obra son 12 meses”, detalló. La intervención contempla bacheo, reconstrucción en los sectores más deteriorados y posterior repavimentación con mezcla flexible. Además, incluirá señalización horizontal y vertical, parquización y tareas vinculadas a iluminación, estas últimas a cargo de la empresa SECHEEP. Canela explicó que la refuncionalización implica un nuevo esquema de circulación. “Se va a dividir en dos carriles, uno ascendente que es el carril que está sobre el centro y carril descendente que está sobre la colectora”, señaló. “La principal misión que tiene esta obra es ordenar el tránsito en todo ese sector, entendiendo que hace muchísimo tiempo es muy desordenado y se originan un número muy importante de siniestros y de accidentes”, afirmó. En ese sentido, indicó que se harán interrupciones para limitar los cambios de carril y que “solamente se va a poder hacer intercambios en las esquinas a través de los semáforos”. También se construirán “isletas donde se va a impedir este cambio de carril, va a ser forzado un poco el ordenamiento”, y sostuvo que “es la única manera quizás de empezar a ordenar todo ese sector”. “Es una de las arterias que tiene mayor volumen de tráfico. El último acceso del otro lado del canal Soberanía se ha desarrollado muchísimo y quizá la única arteria pavimentada que tienen conexión es la avenida Soberanía, de manera que la cantidad de tránsito que tiene es enorme”, indicó. Agregó que por allí circula tránsito pesado, incluidos ómnibus que se dirigen a la terminal y camiones habilitados. En cuanto al esquema de trabajo conjunto, señaló que este es el quinto convenio firmado con el Municipio y que se ejecutan tareas de ripio y bacheo en el Gran Resistencia. “Se van ejecutando ya alrededor de 3.000 cuadras de ripio, vamos por 4.000 cuadras de ripio en toda Resistencia”, afirmó. Precisó que las intervenciones incluyen cuneteo, desagües y alcantarillas. “Quedan muchos desafíos por delante para Resistencia, hay cuestiones de desagües, obras de canalizaciones, pavimentos urbanos, pero la demanda supera normalmente a la capacidad de respuesta, hay muchísimo atraso en la infraestructura”, sostuvo. Trabajos en toda la provincia Canela indicó que la modalidad de convenios se replica en otros municipios. Mencionó trabajos en Sáenz Peña, Du Graty, Gancedo, Charata, Las Breñas, Villa Río Bermejito, Concepción del Bermejo, Pampa del Infierno y Los Frentones, con intervenciones urbanas de ripio y mejoramientos. En materia de rutas provinciales, detalló que avanzan obras en la Ruta 13 mediante un crédito bancario; en la Ruta 30, que une Ciervo Petiso con Laguna Limpia, con recursos provinciales; y en la Ruta 48, acceso a Pampa Almirón. Además, anticipó el próximo inicio de la Ruta 9, entre Miraflores y Las Hacheras, y la reanudación de trabajos en la Ruta 6, en la zona de Las Breñas. “Vamos en el transcurso de este año cinco rutas en proceso en ejecución. Es muy buen volumen de trabajo un poco atendiendo las dificultades económicas que estamos atravesando”, concluyó.
Un choque entre un camión de transporte de carga y un colectivo de pasajeros dejó al menos siete personas heridas este mediodía. El siniestro ocurrió en la intersección de Julio Tort y Obligado, cuando un camión de transporte logístico y un colectivo Mercedes-Benz colisionaron dejando varias personas con lesiones. Algunas fueron trasladadas al Hospital Perrando y otras asistidas en el lugar. El hecho se registró alrededor de las 12:30 y, por causas que se intentan establecer, ambos vehículos colisionaron. A raíz del impacto, resultaron lesionados ocupantes del camión y pasajeros del transporte público. Según el parte policial, el conductor del camión, de 31 años, y su acompañante, de 48, fueron trasladados de urgencia al Hospital Perrando para recibir atención médica. En tanto, un pasajero del colectivo, de 53 años, fue derivado por el servicio de emergencias privado EME hacia un centro asistencial. Además, varias pasajeras que se retiraron inicialmente por sus propios medios acudieron minutos después a la guardia hospitalaria. De acuerdo a los informes médicos, una mujer de 50 años fue diagnosticada con traumatismos en el brazo y la rodilla izquierda, mientras que otra pasajera, de 38 años, presentó traumatismo encéfalo craneano (TEC) leve y traumatismo cervical. En el lugar también fueron asistidos el resto de los pasajeros, entre ellos una menor de 5 años y otras tres mujeres, quienes fueron dadas de alta en el sitio al no presentar lesiones de consideración. Tras el siniestro, intervinieron ambulancias del servicio de emergencias, personal de la Comisaría Primera, efectivos de la División Patrulla Preventiva y peritos de la División Criminalística, que realizaron las tareas correspondientes para determinar la mecánica del hecho. Durante el procedimiento, el tránsito permaneció restringido en la zona
Reforma laboral y no regresividad. La ley de reforma laboral es objetivamente regresiva en términos normativos para los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Esto es indiscutible. Por Andrés Gil Domínguez El principio de progresividad y no regresividad es un estándar central del derecho internacional de los derechos humanos, especialmente en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). En el sistema jurídico argentino, tiene jerarquía constitucional y convencional. La progresividad significa que el Estado tiene la obligación de avanzar de manera constante y sostenida en la realización de los DESCA. La no regresividad es la otra cara del principio. Implica que el Estado no puede retroceder en el nivel de protección ya alcanzado, salvo que exista una justificación extremadamente fuerte. En términos sencillos: si un derecho ya fue reconocido y garantizado en cierto nivel, no puede reducirse arbitrariamente. ¿Cuándo puede operar la regresividad? Está plenamente justificada cuando es razonable y proporcional, no afecta el contenido esencial del derecho, se demuestra que no había otra alternativa menos lesiva y se adoptó tras un análisis serio de respecto de su impacto. La carga de la prueba recae en el Estado. En términos argumentales, no basta alegar ´fomento del empleo´, por el contrario, debe probarse que la reducción de la tutela genera un beneficio social superior y que no existían medidas menos lesivas para alcanzar el mismo fin. Es objetivamente regresiva La ley de reforma laboral es objetivamente regresiva en términos normativos para los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Esto es indiscutible. La media sanción del Senado no respetó los mínimos estándares exigibles en términos de deliberación democrática, liberando de esta manera a sus defensores de la carga de argumentar la regresividad votada. La progresividad es la idea de que una sociedad camina hacia más dignidad: la no regresividad es la garantía de que no se vuelve atrás sin una razón extraordinaria. Cuando se reducen derechos que costaron décadas de lucha y consenso social, no alcanza con invocar promesas abstractas de crecimiento o empleo. Si el retroceso no está sólidamente justificado, deja de ser una reforma y se convierte en una renuncia. En nuestro caso, avalado por una mayoría que, en gran parte, va a sufrir en su vida cotidiana los efectos regresivos de aquello que hoy – vaya uno a saber por qué – apoya. Publicada en Perfil
Marcela Cortés, del Juzgado de Faltas, informó que se notificó en febrero un fallo dictado a fines del año pasado que impone 40 días de prisión efectiva por acoso callejero. Señaló que es la tercera condena por esta temática y explicó cómo denunciar y qué medidas de prueba pueden aportar las víctimas. La jueza de faltas Marcela Cortés confirmó en diálogo con CIUDAD TV que se notificó a las partes un fallo que condena a 40 días de prisión efectiva a un hombre por acoso callejero. “Ese es un fallo que se dictó a finales del año pasado, recién durante este mes de febrero hemos podido notificar a ambas partes, a víctima y victimario”, explicó. Indicó además que “es la tercera condena en el tribunal por la misma temática, acoso callejero”. Sobre el hecho, detalló que la víctima, una joven que regresaba del gimnasio, fue interceptada en la vía pública. “Fue seguida por el señor haciendo referencia a la manera en la que ella estaba vestida y posteriormente hizo tocamientos indebidos en el cuerpo de ella, exhibiendo inclusive sus partes íntimas”, relató. La joven realizó la denuncia y declaró ante el tribunal cuando fue citada. “Con el aporte de cámaras de seguridad de las inmediaciones donde ocurrió el hecho se pudo determinar cómo ocurrió y las demás circunstancias”, precisó. Cortés recordó que este tipo de conductas están contempladas en la normativa vigente. A nivel nacional, la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres incorporó la violencia en el espacio público como modalidad de violencia contra la mujer. En la provincia, el acoso sexual en lugares públicos fue incorporado al Código de Faltas en el artículo 69. “Primero lo que se tiene que saber es que no es piropo, es acoso”, afirmó. Y agregó: “Es una conducta que está prohibida, que si bien fue tolerada durante mucho tiempo, actualmente está reprimida en el código contravencional de la provincia”. La funcionaria señaló que, aunque hubo tres denuncias y en las tres se dictó condena, no se registran más presentaciones. “No hay denuncias. Por eso se pide la difusión del fallo, para concientizar y porque a veces se descree de que no va a pasar nada”, sostuvo. En relación al impacto en las víctimas, indicó que en causas anteriores muchas continuaron con tratamiento psicológico y modificaron hábitos cotidianos. “Genera inseguridad en la víctima. Continúan con tratamiento psicológico, tienen inseguridad de andar en la vía pública, se cambian las formas en las que se visten, a veces piden que la pareja, un amigo o una amiga la acompañe”, describió. Y subrayó: “Las mujeres tenemos derecho a transitar y estar en la vía pública con total libertad y seguridad”. Sobre el procedimiento, explicó que la denuncia puede realizarse en cualquier comisaría o directamente en el Juzgado de Faltas, y también a través del 911. “Se puede hacer la denuncia en cualquier comisaría, en la más cercana de la zona o del barrio donde está la víctima, y luego la causa se remite al Juzgado de Faltas”, indicó. Añadió que terceros también pueden denunciar si presencian el hecho. Recomendó, además, que en el momento del hecho se intenten identificar testigos o cámaras de seguridad. “Lo que se recomienda es ver si hay transeúntes que pudieran haber visto para recabar los datos de estos testigos, si hay cámaras en la zona, como para poder determinar qué medidas de prueba pueden tener”, señaló. En cuanto a los antecedentes, explicó que uno de los condenados anteriores fue abordado junto al área de salud mental, mientras que el hombre condenado ahora ya se encuentra privado de libertad por otro delito contra la integridad sexual, con una pena de dos años y seis meses que cumple hasta mayo de 2027. “Estamos trabajando con el juez de ejecución penal para ver si cumplida esa pena va a cumplir los 40 días acá en la justicia de faltas o si se le hace una acumulación de penas”, detalló. Cortés insistió en la necesidad de visibilizar la problemática. “El gran porcentaje de víctimas son niñas, adolescentes, menores de edad y mujeres muy jóvenes”, afirmó. Y concluyó: “Era necesario que se contemple en el código contravencional y que se criminalice esa conducta”.
El polémico artículo sobre las licencias por enfermedad o accidentes que el gobierno de Javier Milei coló a último minuto en la reforma laboral está generando dudas en los aliados de Provincias Unidas que lo votaron en el Senado, pero ahora no quieren acompañar en Diputados. En medio del desorden de cambios que hizo La Libertad Avanza y en la confusión que generó que el texto no se conociera hasta último momento, pasó casi desapercibido el artículo 44 de la reforma que dispone un cambio clave para los trabajadores. Ese artículo modifica el 208 de la Ley de Contrato de Trabajo y establece que en caso de accidente o enfermedad que no estén ligadas a su trabajo, el empleado “tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración” durante tres meses o seis meses si tiene personas a cargo. “Si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el 75% de la remuneración”, agrega. Actualmente, el período de las licencias es de hasta 12 meses y se cobra el 100% del salario. Nadie del Gobierno se adjudicó la paternidad de esta polémica modificación, pero sí salió a defenderla Federico Sturzenegger que sostuvo que “apunta a la reducción de las licencias eternas”. Uno de los ideólogos de la reforma y autor del texto inicial, el abogado laboralista Julián de Diego, se mostró sorprendido por el cambio. “No sé con quién hubo negociaciones por este tema porque salió como un fantasma”, dijo el abogado, que a pesar de trabajar para grandes empresas tomó distancia porque el artículo generará mucha litigiosidad. Si bien el tema se mencionó poco durante la sesión, las críticas empezaron a crecer fuerte en las redes sociales y ya escalaron hasta en los medios más cercanos al gobierno, donde admiten que se les fue la mano. Con ese panorama, el artículo 44 empezó a ser cuestionado por los aliados del gobierno y fuentes de Provincias Unidas adelantaron a LPO que no quieren votarlo en el debate en la Cámara de Diputados. Esto pese a que ya lo votaron en el Senado. El bloque de Provincias Unidas tiene 18 integrantes en Diputados y podría ser clave para complicar al oficialismo. Hay votos que ya están decididamente en contra como el del socialista santafesino Esteban Paulón, que rechaza todo el proyecto. Pero La Libertad Avanza podría tener problemas con otros integrantes del bloque PU o diputados allegados a los gobernadores del espacio que integran otros bloques. En el Senado, el Título I que incluye el artículo 44 fue votado por todos los senadores cercanos a los gobernadores de PU. Los integrantes del bloque que lleva ese nombre, el correntino Carlos Espínola y la cordobesa Alejandra Vigo, votaron a favor. Lo mismo hicieron los radicales correntinos Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela, que responden a los hermanos Valdes. La única salvedad fue de parte la senadora chubutense Andrea Cristina, que integra el bloque del PRO pero responde a Nacho Torres. Cristina votó a favor del Título I, pero pidió que quede en la taquigráfica que rechaza el artículo 44. La otra senadora que responde al gobernador de Chubut, Edith Terenzi, votó a favor sin ninguna aclaración. La Política Online
El Gobierno del Chaco participó en la conformación del Consejo de Supervisión de la Vía Navegable Troncal que se centrará en temas estratégicos para la Hidrovía Paraguay–Paraná (HPP) . Por instrucciones del gobernador Leandro Zdero, el ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, participó de las reuniones llevadas a cabo en la sede Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), encabezadas por su titular Iñaki Miguel Arreseygor, donde se definió la conformación de dos consejos de control, uno para el sur de la HPP y otro para el norte de la misma. La prioridad es el dragado del riacho Barranqueras “Con la licitación del Gobierno Nacional del dragado y balizado de la Hidrovía Paraná Paraguay va a estar garantizada la navegación por los próximos 30 años”, adelantó el ministro Domígnuez y afirmó que es “prioritario” la incorporación del dragado y mantenimiento del riacho Barranqueras al dragado troncal de la Hidrovía Paraguay–Paraná. “Estas medidas resultan claves, no sólo para la provincia del Chaco, sino para todo el Norte Grande”. Habilitación definitiva para el Puerto Las Palmas Finalmente, Domínguez precisó que en las reuniones se avanzó en el análisis de la habilitación definitiva —no precaria— del Puerto Las Palmas, “un estatus que muy pocos puertos del país han logrado y que representa un paso estratégico para consolidar la infraestructura logística y portuaria de la provincia del Chaco y de toda la región”, dijo. Además de funcionarios de las provincias lindantes al río Paraná, estuvieron presentes directivos de la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro Exportador de Cereales (Ciara-CEC), la Cámara de Puertos Privados, la Cámara de Actividades Portuarias y el Centro de Navegación, entre otras entidades.
La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAus), a través de sus áreas de Diplomaturas y Formación Continua, ofrece diversas propuestas académicas orientadas a la gestión y la salud. En este marco, se encuentran abiertas las inscripciones para la Diplomatura en Gestión de Sistemas de Salud, que tendrá una duración de seis meses y una carga horaria total de 125 horas. La propuesta está destinada a profesionales y auxiliares de la salud que se desempeñen en instituciones sanitarias. El cupo es limitado. El objetivo general de la diplomatura es capacitar a los profesionales para abordar los desafíos del sistema sanitario con eficacia y eficiencia. Se brindarán herramientas prácticas para mejorar la gestión y la planificación estratégica, promoviendo la toma de decisiones fundamentadas que aseguren la viabilidad económica y fomenten la innovación en el cuidado de la salud. La modalidad de cursado será mediante clases asincrónicas, con un encuentro presencial por mes. La dirección académica estará a cargo del Magíster Médico José Miguel Bolaños, con la coordinación de la doctora Sandra Alina Bondar.Siendo los profesionales invitados para participar en foros de discusión Esp. Med. Hugo Ramos, Esp. Med. Santiago Romero y Esp. Med. Miguel H. Matta. El inicio del cursado está previsto para abril de 2026.Link de inscripción https://cursos.uncaus.edu.ar/cursos/728X9WEXDO
Este viernes, el gobernador Leandro Zdero constató también el avance de las obras de refacciones integrales en dos establecimientos escolares donde se ejecutan a través del programa provincial “Mejor Escuela”. Primeramente visitó la Escuela de Educación Primaria N°848 “Comandante Luis Piedra Buena” de Puerto Vilelas y, más tarde, lo hizo en la Escuela de Educación Secundaria N° 72 “Almirante Brown” de Barranqueras, Este viernes, en el marco del programa provincial “Mejor Escuela”, el gobernador Leandro Zdero supervisó el avance de las obras de refacción integral en la Escuela de Educación Primaria N°848 “Comandante Luis Piedra Buena” de Puerto Vilelas, que presentan un 80 por ciento de ejecución y ya estarían finalizadas antes del inicio del ciclo lectivo. Los trabajos incluyen la refacción integral de los módulos sanitarios, la reparación del sistema eléctrico y la intervención en techos afectados por filtraciones en distintos sectores del edificio. Las obras son ejecutadas a través del programa “Mejor Escuela”, que busca optimizar las condiciones edilicias de establecimientos educativos en todo el territorio provincial. “Estas obras forman parte de una planificación provincial que estamos llevando adelante a lo largo y ancho de la provincia para optimizar las condiciones edilicias de los establecimientos educativos”, señaló el Gobernador. Zdero destacó además que la iniciativa se suma a otras obras de infraestructura escolar que se ejecutan en distintos puntos del Chaco, con el objetivo de garantizar espacios adecuados para el desarrollo de las actividades educativas. De la recorrida también participaron la subsecretaria de Infraestructura Escolar, Rosana Cerrutti y el director de Obras por Administración del Ministerio de Infraestructura, Eduardo Loshner. En la EES Nº72 de Barranqueras Los trabajos contemplan la refacción integral de sanitarios, el sistema eléctrico, la iluminación y los equipos de ventilación, además del reacondicionamiento de la guardería destinada a estudiantes con hijos, con el objetivo de garantizar mejores condiciones edilicias y acompañar las trayectorias educativas. “Estamos avanzando con la planificación de refacciones en edificios escolares para garantizar óptimas condiciones para el inicio del ciclo lectivo”, subrayó el mandatario provincial, quien destacó que la infraestructura es un componente clave para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Durante la jornada, el gobernador también había supervisado una escuela primaria en Puerto Vilelas y tiene previsto llegar a otros establecimientos, en el marco del plan de intervenciones que se desarrolla en distintas localidades. La subsecretaria de Infraestructura Escolar, Rosana Cerrutti, señaló que “estas recorridas forman parte del seguimiento de las obras que se ejecutan en el área Metropolitana a través del programa “Mejor Escuela”, iniciativa que impulsa el Gobernador Leandro Zdero, con intervenciones integrales en edificios escolares”. Por su parte, el vicedirector de la institución, Daniel Izquierdo, valoró y agradeció la respuesta del Estado ante las necesidades edilicias del establecimiento. “Estamos muy contentos por la presencia de las autoridades, porque están cumpliendo con lo pactado y eso nos pone muy contentos”, expresó.
Se trata del juez Pablo Díaz Lacava, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa. En el expediente, se lo señala como responsable de lesiones y amenazas a seis trabajadores judiciales, en un contexto de violencia, maltrato laboral y de violencia de género en el caso de las cuatro mujeres damnificadas. El Área de Transición de la Unidad Fiscal de Santa Rosa, a cargo de los fiscales federales Iara Silvestre y Federico Iparraguirre, y el fiscal general con funciones de coordinación en el Distrito Bahía Blanca, Horacio Azzolin, requirieron la elevación parcial a juicio de la causa en la que está acusado el juez Pablo Díaz Lacava, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa. En el expediente, se lo señala como responsable de lesiones y amenazas a seis trabajadores judiciales, en un contexto de violencia, maltrato laboral y de violencia de género en el caso de las cuatro mujeres damnificadas. “Las conductas del imputado que alarmaron y amedrentaron a las víctimas y generaron un temor manifiesto en ellas fueron llevadas a cabo aprovechándose de su jerarquía y consistieron en una serie de actos de humillación, hostigamiento, anulación, descalificación, aislamiento, ninguneo, insultos y cosificación”, describieron los representantes del MPF en el requerimiento presentado el miércoles pasado. Allí mencionaron que el magistrado asignaba tareas judiciales de forma confusa, se burlaba y hasta determinó una serie de “códigos de imposible comprensión impuestos en función de su jerarquía”. A ello le sumaron que ejercía violencia física sobre objetos, lo que operaba “a modo de amedrentamiento”. Entre las acciones, marcaron también la “sobrecarga selectiva de funciones, inducción en el grupo de trabajo de un constante estado de alerta ante cualquier palabra o situación que indique el posible desencadenamiento de una agresión, juzgamiento de manera ofensiva de la labor judicial, amenazas de llevar adelante sumarios administrativos, bloqueo de iniciativas y complejización de las herramientas para la realización de tareas, ‘hacer el vacío’ y exclusión de personas”. Los hechos ocurrieron en una franja temporal que inició en diciembre de 2012 —cuando el imputado asumió como juez del tribunal— y persistieron luego de formulada, en 2023, la denuncia penal que motivara estas actuaciones. En ese sentido, los fiscales recordaron que Díaz Lacava desobedeció la orden judicial dictada el 19 de abril del 2023 por el Juzgado Federal de Santa Rosa y confirmada parcialmente por parte de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca aquel mismo año, de abstenerse de ingresar al tribunal y de acercarse a las víctimas que se desempeñaban en dicha dependencia, a una distancia mínima de 50 metros. Asimismo, indicaron que incurrió en retardo judicial malicioso en cuatro ocasiones al haber realizado acciones que perjudicaron el funcionamiento del tribunal. Entre ellas, mencionaron la utilización de audiencias orales y distintas misivas —por correo electrónico, oficios judiciales, etc.— “para amedrentar a las víctimas del presente expediente y entorpecer la investigación en su contra”. Por último, también remarcaron un hecho de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público ocurrido el 27 de marzo del 2023 cuando concurrió a una quema de efectos secuestrados en distintas causas penales e impartió ordenes contrarias a la ley al personal del horno pirolítico, intentando que se procediera a la incineración de elementos que no eran aptos ni seguros para ser incinerados en esa instalación. Violencia laboral La causa se inició el 19 de abril de 2023 ante la denuncia que realizaron los damnificados, donde describieron el carácter del imputado como “dominante e intempestivo” y refirieron haber presenciado distintos actos que calificaron como “inadecuados y violentos” de parte del magistrado. En esa línea, los jueces federales Marcos Javier Aguerrido y José Mario Tripputi, integrantes del mismo tribunal que el magistrado acusado, acompañaron la denuncia formulada, con el objetivo de que se esclarezcan los hechos. Según los distintos testimonios, los episodios ocurrieron desde la llegada de Díaz Lacava al Tribunal y fueron intensificándose con el correr de los años hasta que en julio de 2022 empeoraron los maltratos y actos de violencia. En la denuncia, señalaron que intentaron mantener sus funciones, su carrera y su sustento, y explicaron que nunca habían enfrentado al magistrado ya que, según detallaron, “se trata nada más y nada menos que de un juez de cámara”. A su vez, destacaron que fueron destinatarios directos e indirectos de la violencia del juez y que “sintieron que sin quererlo” se volvieron “cómplices” por permitir los maltratos y abusos de autoridad que éste ejercía respecto de otras personas. En el caso, se realizaron peritajes psicológicos practicados a todas las víctimas por los profesionales del Cuerpo Médico Forense de la Nación y del Cuerpo de Peritos y Consultores Técnicos e investigadores de la Defensoría General de la Nación; y entrevistas a las personas damnificadas por profesionales de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), los que dieron cuenta del daño en la salud de las víctimas. Los fiscales adjuntaron al requerimiento el registro audiovisual de las declaraciones de las personas damnificadas, con el objetivo de que se tome dimensión “del hondo pesar que embarga a todas las víctimas y a la inmensa mayoría de los/as testigos —empleados/as, funcionarios/as y magistrados— que han comparecido; de los sentimientos de miedo, angustia, dolor, sorpresa, desesperación, enojo, desconfianza, desilusión, tristeza e incertidumbre que los invaden y en ocasiones desbordan, atentando así contra su salud de manera integral”. Consideraron también que la actuación de Díaz Lacava atenta también contra el servicio de una buena administración de justicia, “que es un derecho que sin dudas atañe y en las condiciones actuales perjudica a toda la sociedad pampeana”. Calificaciones legales Los fiscales acusaron a Díaz Lacava como autor material penalmente responsable de los delitos de amenazas en perjuicio de las seis víctimas; amenazas agravadas en perjuicio de dos personas, por tener como propósito compeler a una persona a hacer abandono del trabajo; lesiones en la salud en perjuicio de cinco víctimas; lesiones graves en la salud de un trabajadora por haberla inutilizado
En la sede del Tribunal Oral Federal de Corrientes se inició esta semana el juicio contra Jorge Eduardo Espinosa -alias “Chaquito”-, su madre y un transportista, acusados de formar parte de una banda dedicada al tráfico de droga desde Paraguay que ingresaba por la ciudad correntina de Itatí. El acusado operaba desde la Unidad Nº 7 de Resistencia. El Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes comenzó el lunes pasado a juzgar a un preso condenado por narcotráfico, su madre y un transportista, acusados de formar parte de una organización criminal de carácter transnacional dedicada al tráfico ilícito y al contrabando de estupefacientes, principalmente desde la República del Paraguay hacia la localidad correntina de Itatí. Se trata de Jorge Eduardo Espinosa -alias “Chaquito”-, identificado como presunto líder de la organización y quien se encuentra cumpliendo una condena en la cárcel federal de Resistencia por dos causas de narcotráfico en las que se le unificaron las penas; Juana Torres -madre de “Chaquito”-; y un chófer de aplicaciones identificado como Rubén Ángel María Tabares. Madre e hijo deberán responder como presuntos coautores del delito de tráfico ilícito de estupefacientes, en la modalidad de comercio, agravado por la intervención de más de tres personas. En tanto, al transportista se le imputa el delito de transporte de estupefacientes, en concurso real con el de uso de documento público falso, ambos en calidad de autor. En la causa, también fueron condenadas otras doce personas en el marco de juicios abreviados, a penas de entre 3 y 6 años de prisión. “Chaquito”, con dos condenas sobre sus espaldas En agosto de 2019, Espinosa había sido condenado por el TOF de Corrientes a 7 años de prisión por el delito de facilitador para el uso de estupefacientes. Luego, en agosto de 2021, el TOF N°3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo condenó a 8 años de prisión en el marco de la “causa Sapucay”, por lo que, por contar con una condena previa, se le dictó una pena única de 10 años y 6 meses de prisión. El debate se inició el lunes pasado ante el tribunal integrado por los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco, y continuó el martes con las declaraciones testimoniales de miembros de fuerzas seguridad que intervinieron en la investigación. El MPF se encuentra representado por el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Corrientes, con intervención de los fiscales generales Carlos Schaefer y Tamara Pourcel, la auxiliar fiscal Nancy Vargas, y el auxiliar fiscal de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) en el distrito de Corrientes, Nicolás Marquevich. La instrucción estuvo a cargo del fiscal federal Flavio Ferrini y el fiscal coadyuvante coordinador de la Región Noreste de la PROCUNAR, Martín Uriona. El juicio se reanudará el próximo 20 de febrero. La organización Las 15 personas implicadas en la causa están acusadas de haber participado en maniobras de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes —principalmente marihuana— en sus diferentes etapas: la introducción al país, guarda, transporte y su distribución comercial. También se les atribuyen otras conductas delictivas vinculadas al sostenimiento de la estructura criminal y al manejo de los fondos obtenidos de la actividad ilícita. De acuerdo con la investigación, la organización operó, al menos, entre el 16 de mayo de 2021 y el 3 de marzo de 2023, oportunidad en la que se concretaron allanamientos y algunas detenciones. Durante esos procedimientos, se secuestraron 215,224 y 532,450 kilogramos de marihuana respectivamente. Conforme la prueba colectada, la droga era obtenida en la República del Paraguay e ingresada al país a través de la localidad correntina de Itatí, desde donde era trasladada hacia otras provincias para continuar la cadena de comercialización. Según consta en el requerimiento de elevación a juicio, los investigadores individualizaron a “Chaquito” como líder de esta organización. Según la acusación fiscal, el hombre dirigía y coordinaba las maniobras delictivas desde la Unidad Penitenciaria Federal Nº 7 “Prisión Regional del Norte”, de la capital chaqueña, donde se encuentra detenido. En relación a ello, se constató que Espinosa utilizó con esos fines un teléfono móvil personal y una línea telefónica de la unidad penitenciaria para comunicarse con su hermano, alias “Viru”, —condenado en un juicio abreviado—, quien oficiaba como nexo con el exterior, organizaba viajes a la ciudad de Corrientes, retiraba dinero y articulaba con otros integrantes de la organización. Para la realización de estas maniobras ilícitas, “Chaquito’’ habría contado con la colaboración de su madre, Juana Torres, y su pareja, Fabiana Hermosilla —también condenada en un juicio abreviado—. Según la investigación, el hombre se contactaba con ellas para que reciban en sus respectivas cuentas bancarias o billeteras virtuales los pagos provenientes de la actividad ilícita que llevaba a cabo. Además, de acuerdo a la pesquisa del MPF, Torres realizaba transferencias de dinero, por pedido de su hijo, a cuentas de efectivos del Servicio Penitenciario Federal. La detención del transportista El tercer acusado en el juicio, Tabares, se encontraba prófugo de la justicia cuando fue detenido el 8 de enero de 2025. La aprehensión se produjo durante un control vehicular de la Prefectura Naval sobre la ruta nacional N°12, a la altura del kilómetro 1184 y su intersección con la ruta provincial N°113, en el acceso al paraje Tilita. Según el requerimiento de elevación a juicio, el imputado conducía un Volkswagen Polo Trend blanco en sentido Corrientes–Posadas y no acató la orden para detención su marcha. Tras una persecución controlada por la ruta nacional 118, realizó una maniobra en “U” y, según consta en el acta, intentó embestir al móvil policial. Finalmente, el vehículo fue interceptado a la altura del kilómetro 1150. Al descender del auto, Tabares intentó darse a la fuga haciendo movimientos como si fuera a sacar algo de la cintura, lo que motivó que uno de los efectivos le efectúe un disparo. Finalmente, fue detenido y recibió atención médica. Durante la inspección del vehículo, en el baúl se hallaron 601,575 kilogramos de marihuana distribuidos en 729 envoltorios rectangulares tipo “ladrillo” envueltos
“La gestión del gobernador Zdero es un claro ejemplo de improvisación e incapacidad para conducir el Estado. Un gobernador no solo es el jefe administrativo, sino también el conductor político del Estado. Cuando no se tiene la capacidad para hacerlo, se fracasa”, sostiene José Mongeló. “En el Chaco, vemos una gestión estatal ausente, dedicada a quitar derechos a los trabajadores y solo responde directivas nacionales de ajuste y achicamiento. Los despidos masivos de agentes públicos y la alta conflictividad con sectores gremiales, productivos y educativos son síntomas de una implosión del Estado por incapacidad absoluta de gestión”, señaló el licenciado en Gestión de Políticas Públicas y exdiputado nacional del Frente para la Victoria. Mongeló advirtió que “la crisis social extrema que vivimos se profundiza aún más frente a la falta de capacidad de los funcionarios provinciales, que mantienen gastos superfluos y exorbitantes mientras los trabajadores públicos sobreviven con sueldos de hambre. Esta desconexión con la realidad es inaceptable y resquebraja el tejido social. Sin obras públicas y con una obra social quebrada”. En ese contexto, el dirigente justicialista consideró que “frente a ésta cruda realidad, es hora de construir un nuevo liderazgo en la política y en el peronismo chaqueño. Necesitamos un hombre o mujer con probada capacidad para plasmar un nuevo modelo de gestión y conducir políticamente el Estado. Esto es responsabilidad de todos los partidos, como instrumentos fundamentales del sistema democrático”.
Lo resolvió la Cámara Federal de Resistencia al rechazar un recurso de los tres condenados en la provincia de Formosa por el asesinato de un yaguareté. Deberán pagar 5 millones de pesos cada uno para acceder a la libertad condicional. La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia rechazó el recurso de queja presentado por la defensa de Viterman Ponce de León, Walter Hugo Ponce de León y Claudio Hugo Cisneros, los tres cazadores condenados en Formosa por la muerte de un yaguareté, especie emblemática en peligro crítico de extinción en la región. El tribunal confirmó así la decisión del Juzgado Federal N°1 de Formosa que, en diciembre pasado, denegó el recurso de apelación interpuesto por los defensores y mantuvo firme el requisito de acreditar el pago de una reparación económica de cinco millones de pesos por cada condenado, destinada a un programa de conservación de la especie, como paso previo para analizar su solicitud de libertad condicional. El caso se originó el 15 de agosto de 2025, cuando el juez federal de primera instancia dictó sentencia condenatoria contra los tres imputados, imponiéndoles la pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo por infracción a la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna. En un apartado novedoso de la resolución, el magistrado estableció dos obligaciones complementarias: en primer lugar, el pago individual de cinco millones de pesos en un plazo de 90 días, con destino específico al Programa de Conservación del Yaguareté dependiente del Ministerio de la Producción y Ambiente de Formosa. En segundo término, la exigencia de que los condenados culminaran una capacitación vinculada a la protección y convivencia con la especie Panthera Onca, así como con otras especies protegidas, en un establecimiento educativo cercano a sus domicilios. El 29 de octubre del mismo año, la defensa técnica de los nombrados, a cargo de los doctores Eduardo Cristaldo y Pablo Cardozo, solicitó la libertad condicional de sus pupilos al amparo del artículo 13 del Código Penal. Frente a este pedido, el juez de ejecución dictó una providencia simple en la que resolvió que, previo a dar tratamiento a la solicitud, los defensores debían acreditar en un plazo no mayor a cinco días el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la sentencia, bajo apercibimiento de revocar la condicionalidad de la condena. Contra esta decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación, argumentando que la resolución impugnada afectaba directamente la libertad ambulatoria de sus representados al supeditar el tratamiento del pedido al pago de una obligación económica, bajo amenaza de revocación. Los letrados sostuvieron que ello configuraba un gravamen actual e irreparable, ya que la privación de libertad no podría ser reparada ulteriormente, y que se vulneraban principios constitucionales como el debido proceso y la prohibición de prisión por deudas, además de tratados internacionales de derechos humanos. Calificaron la decisión del juez como arbitraria, irrazonable y contraria a la jurisprudencia de la Corte Suprema, al impedir la revisión por un tribunal superior. Sin embargo, el juez a quo no hizo lugar al recurso, fundamentando su negativa en el artículo 449 del Código Procesal Penal de la Nación, que establece taxativamente los supuestos de procedencia del recurso de apelación, limitados a los autos interlocutorios, las resoluciones declaradas apelables o aquellas que causen gravamen irreparable. En el caso, el magistrado consideró que se trataba de una providencia simple, es decir, una medida de mero trámite, y dispuso además correr vista al Ministerio Público Fiscal y a los querellantes ante un posible incumplimiento de las condiciones del acuerdo oportunamente arribado entre las partes. Ante esta denegatoria, la defensa articuló un recurso de queja directa ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, insistendo en los argumentos esgrimidos previamente y solicitando la revocación del proveído atacado y la concesión de la apelación denegada. Al analizar la cuestión, el tribunal de alzada comenzó por recordar que el artículo 432 del CPPN establece como parámetro general que las resoluciones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos por la ley, criterio de taxatividad que rige las impugnaciones. En ese marco, la Cámara coincidió con el juez de primera instancia en que la providencia cuestionada no se encuadraba en ninguno de los supuestos que habilitan la apelación según el artículo 449. Los camaristas fundamentaron su posición señalando que el proveído se limitaba a ordenar una medida de impulso y constatación previa, dirigida a integrar constancias que el juzgado consideró necesarias para encauzar el trámite del planteo de libertad condicional. En ningún momento resolvía el fondo del pedido ni disponía, por sí mismo, una modificación material ya ejecutada del régimen de cumplimiento de la condena. “No se configura en esta etapa un gravamen irreparable que habilite la apelación”, sostuvieron los jueces, añadiendo que ello no obstaba a la revisión que pudiera corresponder frente a una decisión posterior que efectivamente concretara un escenario posible de agravamiento. En consecuencia, el tribunal resolvió por mayoría no hacer lugar al recurso de queja interpuesto por la defensa, confirmando la denegatoria de la apelación y manteniendo firme la exigencia del juez de primera instancia de que los condenados acrediten previamente el cumplimiento de las obligaciones ambientales impuestas en la sentencia para acceder al beneficio de la libertad condicional. El fallo adquiere especial relevancia en el contexto de la provincia de Formosa, donde la preservación del yaguareté se ha convertido en una prioridad ambiental ante la alarmante disminución de ejemplares en la región. La especie, considerada en peligro crítico de extinción en Argentina, encuentra en el Gran Chaco uno de sus últimos refugios, y la caza furtiva constituye una de las principales amenazas para su supervivencia. La decisión de la Cámara implica que los condenados, para acceder a cualquier beneficio que implique su libertad, deberán primero cumplir con la reparación económica destinada a la conservación de la especie que cazaron ilegalmente, así como con la capacitación ordenada. De lo contrario, permanecerán privados de su libertad, en los términos dispuestos en la sentencia condenatoria.
El diputado provincial radical, Dr. Carlos Salom, en su visita a los estudios de CIUDAD TV, se explayó sobre proyectos de su autoría que buscan proteger al personal de la guardias médicas en los nosocomios; como el de modificar la Ley 850-J para sancionar a los padres que incumplan el Calendario de Vacunación de niños y jóvenes. Apoya, además, las medidas nacionales como la modernización laboral y la reducción de la edad de responsabilidad penal El legislador lamentó los graves sucesos ocurridos días atrás en la guardia del Hospital Perrando donde hubo un violento enfrentamiento entre bandas que incluso amenazaron de muerte al personal, sosteniendo que, ”a todas estas cuestiones hay que tratar de ponerle un freno y para eso estamos los legisladores”. ”En otra circuntancia casi trágica y muy triste fuimos noticias nacional. Pero esto habla un poco de que la Legislatura por ahí no está a la altura y al ritmo que demanda la sociedad. Tenemos un proyecto ya tiene unos cuantos meses de ser elevado, porque uno como legislador tiene que ir un poco delante del problema, anticipándose y previniendo”, agregó. Indicando que esa iniciativa surge de su permanente contacto en sus visitas a los Centros de Salud, Hospitales y salas, ”donde tengo un intercambio por mi propia profesión y donde los reclamos o demandas que tiene el trabajador es algo que yo también lo padecía cuando estaba en la guardia”. ”Es una suerte de violencia o agresividad que llega no solo de los pacientes, sino del círculo que lo acompaña, y que muchas veces a veces está alcoholizado o con consumo sustancias tóxicas. Por eso desde el personal me pedían que saquemos algo para protegerlos, porque es una situación incomodísima donde se rompe esa relación médico-paciente y resulta muy difícil afrontarlo”, reveló. Adelantado que las reformas propuestas en el proyecto de Ley buscan proteger a los trabajadores de la salud con sanciones que incluyen arresto, multas severas y cumplimiento obligatorio de servicio comunitario para los agresores. Cumplir con el Calendario de Vacunaciones En ese sentido, el diputado Salom también propuso modificar la Ley 850-J para sancionar a los padres que incumplan el Calendario de Vacunación para nuestros jóvenes y niños. “A raíz de toda esta cuestión que tuvimos con esa guerra mundial que fue el COVID, que no debemos olvidarla y debemos incluso seguir con algunas prácticas de protección, una de las herramientas que tenemos es la vacunación. He sido siempre pro vacuna, porque han salvado al mundo de lo que era una de las pandemias contemporáneas más terribles que hemos tenido. Por eso sé y lo digo desde siempre, aprendiendo de nuestros maestros, que la mejor medicina y la más económica es la preventiva”, recordó. ”Y una de las herramientas fundamentales que tenemos en nuestro país es el Calendario de Vacunación, el más generoso del planeta y que son gratuitas por otra parte; pero que sus aplicaciones también son obligatorias, sobre todo para nuestros niños y adolescentes. Personas que no tienen la decisión, si no la tienen los padres, los tutores, quienes sean”, apuntó Aclarando que, ”por eso presentamos un proyecto de ley para aplicar sanciones muy fuertes, como arrestos, mulyas y tareas comunitarias, cambiando de alguna manera el Código de Faltas de nuestra provincia, la Ley 850 J, para que se sancionen a estos irresponsables”. El arranque legislativo 2026 Carlos Salom, en este punto de la entrevista, aseguró que sus aportes como diputado provincial desde el conocimiento directo de la realidad chaqueña y con la convicción de quien vive la política como un servicio con fecha de vencimiento. Apuntando que la complejidad que hoy tiene el funcionamiento estatal exige desde el plano político un equilibrio tan fino que cualquier “obstruccionismo” se siente como un freno de mano para la gestión de Leandro Zdero. ”En el principio de año lo veo de algún modo, pero también ocurrió a fin de año, que hay una oposición que permanentemente está obstruyendo el trabajo del gobernador Leandro Zdero. Observo también de que tienen una animosidad para ir oradando la difícil situación que pasa nuestra gestión. A veces es como una suerte de miseria política de los mismos que provocaron el desastre en nuestra provincia, el caos y el desequilibrio financiero y económico. Hoy parecería que quieren dar cátedra de cómo gobernar y sobre todo este criticando lo que ellos mismos fueron causales iniciales de todo esto”, criticó. ”A mí me preocupa esto. Por eso llamo a la madurez política, además porque este año no hay elecciones”, sintetizó Médico y legislador Consultado sobre su responsabilidad política y la profesión médica que ejerce como cirujano y gastroenterólogo, Salom aseguró que con las dietas que percibe en el primer caso, ”ningún diputado puede decir que está tirando manteca al techo. Lo hacemos con responsabilidad y no importa lo que se gane, porque en realidad el mayor compromiso y el mejor pago es obtener buenos resultados y estamos en ese camino”. En cuanto a su profesión, aseguró que, “es un poco el motivo que tengo para estar en política. No quiero despegarme de este otro compromiso que tengo con la sociedad de ser médico”. ”Todas las veces he tenido la decisión de que cuando terminaba mi mandato político, vuelvo a mi casa, a mi consultorio y a mi trabajo habitual. No me quedo pegado y enganchado de los cargos públicos y tampoco los repito”, recalcó. La realidad nacional ”Creo que la política nacional está sufriendo felizmente un sacudón muy fuerte, de aggiornarse, de actualizarse y de buscar caminos alternativos a lo que nos llevaron algunos errores sustanciales y secuenciales en el país. Esto de la reforma laboral o la modernización laboral, pónganla como quieran, está apuntando justamente a terminar un poco el lastre que tenemos en este sector”, comenzó respaldando. Mostrando además su acuerdo a la nueva ley penal juvenil, ”porque es un tema de una sensibilidad extrema que toca la fibra más delicada de la sociedad: la seguridad frente a la protección de la infancia”. Y admitió que hoy la
La justicia prorrogó este jueves la cautelar que impide el corte del servicio de agua y cloacas a usuarios residenciales, por falta de pago. Se trata de una ampliación temporal de la demanda colectiva presentada por la Unión de Usuarios y Consumidores (UUyC) junto a Consumidores Libres. La justicia prorrogó este jueves la cautelar que impide el corte del servicio de agua y cloacas a usuarios residenciales, por falta de pago. Se trata de una ampliación temporal de la demanda colectiva presentada por la Unión de Usuarios y Consumidores (UUyC) junto a Consumidores Libre, luego de que a mediados de 2025, el Gobierno nacional publicara el decreto para avanzar con la privatización de la empresa prestadora AySa, que modificó las condiciones para habilitar la interrupción del suministro: desde el segundo vencimiento, en caso de una mora mínima de 60 días para los usuarios residenciales, y de 15 para los usuarios no residenciales. “La morosidad en el pago de los servicios públicos se incrementó de manera significativa en los últimos meses, especialmente en el conurbano bonaerense. En ese escenario, permitir el corte de agua y cloacas implicaba dejar a miles de familias sin acceso a un servicio esencial”, explicaron desde la organización civil en defensa de los usuarios. En la resolución adoptada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12, “no habiéndose modificado las causas que provocaron la cautelar por seis meses, se prorroga por tres meses más” la aplicación de los artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia 493/2025 publicado el 22 de julio del año pasado, que autoriza la baja de la prestación ante la acumulación de facturas impagas. “Los argumentos de la jueza amparan a todos los usuarios del sistema de agua y cloacas, en un contexto donde las dificultades para cumplir con el pago de los servicios son cada vez más acuciantes”, aseguró a Página/12 Claudio Boada, titular de la UUyC. Puntos destacados La decisión judicial también dictó la protección para todos los inmuebles residenciales alcanzados; estableció una especial tutela para hogares donde viven niñas, niños o adolescentes, personas mayores o personas con discapacidad; ordenó el restablecimiento inmediato del servicio en caso de haberse interrumpido, cuando se acrediten esas situaciones y determinó la vigencia de la medida por tres meses o hasta que se dicte sentencia definitiva, lo que ocurra primero. “La cautelar vencía el 13 de febrero. Los fundamentos de la prórroga -basada en que las circunstancias siguen en forma idéntica- permiten que la protección continúe mientras dure el proceso”, detalló Boada. El caso pasó del Juzgado Federal N° 2 de San Martín, a cargo de Martina Forns, al Juzgado Federal N° 12, que encabeza Macarena Marra Giménez. Ambos magistrados consideraron la “nulidad absoluta e inconstitucionalidad” del Decreto 493/2025 en tanto sus disposiciones “imponen a los usuarios de los servicios de agua y desagües cloacales una regresión normativa que afecta al medio ambiente en general y en forma directa a la vida, salud y seguridad de los usuarios”. La privatización avanza Desde el Ejecutivo, intentan que AySa se convierta en la primera empresa privatizada de la gestión. La Ley Bases funciona como facilitadora de la maniobra, en el marco de la emergencia pública. El cambio en más de 100 regulaciones, sin necesidad de tratamiento legislativo dejaron a la compañía proveedora de los servicios de saneamiento a tiro del mejor postor. Sin embargo, los inversores piden más: achique de personal y disminución de los retrasos en los pagos de las facturas. Durante la primera privatización del servicio, en los años 90´, los cortes por boletas impagas estaban prohibidos. Milei acelera y en el camino restringe derechos. La operadora de agua y saneamiento del área metropolitana, en los dos años que van de la administración libertaria, recortó subsidios y aplicó aumentos de más del 300 por ciento en 2024, mientras que en 2025 fijó actualizaciones mensuales del 1 por ciento. Para este año, ya anunció incrementos del 4 por ciento entre enero y abril. Los principales interesados en quedarse con AySa son los consorcios brasileños Sabespy Río+Saneamento; el grupo local Roggio y firmas francesas. Lo esencial, invisible a Milei “El acceso al agua potable y al saneamiento no es un privilegio: es un derecho humano básico, reconocido por normas constitucionales y tratados internacionales. Autorizar cortes masivos en tiempos de crisis económica no sólo profundiza la desigualdad, sino que afecta directamente condiciones mínimas de salud, dignidad y vida”, advierte la UUyC. La cautelar se dictó en el marco de la demanda colectiva iniciada por las entidades contra el Estado Nacional, cuestionando la validez de los artículos del DNU que habilitaban el cese del servicio. “Esta ampliación de la medida representa una noticia positiva en un panorama complejo para los derechos de usuarios y consumidores”, agregó la organización UUyC.
Desde el organismo informaron que la inscripción permanecerá abierta hasta el 25 de febrero, por lo que instaron a los vecinos a completar el trámite dentro del plazo establecido. El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) anunció la apertura de inscripción para participar de un próximo sorteo de viviendas en Coronel Du Graty, destinado a familias que buscan acceder a su casa propia. Para postularse, los interesados deberán acreditar ingresos mínimos familiares de $800.000. La inscripción se realiza de manera 100% online y digital, a través del sitio oficial ipduv.chaco.gob.ar o mediante la plataforma Tu Gobierno Digital. Asimismo, el IPDUV dispondrá de un equipo técnico que brindará asesoramiento presencial en el municipio el miércoles 18, con el objetivo de asistir a quienes necesiten ayuda para realizar la inscripción online o evacuar dudas vinculadas al proceso. Para más información, los interesados pueden consultar el sitio web oficial del organismo o acercarse al municipio en la fecha indicada.