La Bancaria anunció estado de alerta y movilización nacional ante despidos y cierres de sucursales, y definirá próximos pasos en la reunión del 31 de marzo. El sindicato advirtió que defenderá “hasta las últimas consecuencias cada puesto de trabajo y la dignidad de cada trabajador y trabajadora”, implementando las acciones gremiales necesarias. La Asociación Bancaria se declaró en estado de alerta y movilización nacional ante la ola de achiques, despidos y cierres de sucursales en distintas entidades financieras del país. Según el gremio, estas medidas afectan directamente los derechos laborales y ponen en riesgo cientos de puestos de trabajo. Mediante un comunicado, el gremio que conducen Sergio Palazzo y Carlos Cisneros repudió “el ajuste que pretenden imponer los bancos” y rechazó los cierres de sucursales y los despidos. Estiman unos 5.000 puestos destruidos desde diciembre de 2023, fecha de asunción del presidente Javier Milei. Entre 2024 y 2025 se cerraron unas 200 sucursales bancarias en el país, en un contexto de caída del empleo en el sector. Según Palazzo, los cierres se explican por el impacto de la digitalización y por fusiones como la de Itaú con Banco Macro y HSBC con Banco Galicia, que generaron sucursales superpuestas y aceleraron el ajuste. Con ese telón de fondo, el sindicato advirtió que defenderá “hasta las últimas consecuencias cada puesto de trabajo y la dignidad de cada trabajador y trabajadora”, implementando las acciones gremiales necesarias según cada caso. Alerta en La Bancaria: vigilia hasta el 31 de marzo El anuncio se tomó en el marco de la reunión del Secretariado Nacional, que resolvió declarar el estado de alerta y movilización mientras se aguarda la próxima reunión del Consejo Directivo, programada para el 31 de marzo, donde se definirán los pasos a seguir y las medidas concretas. La Bancaria también denunció “la inusitada presión y violencia” con que algunas de estas maniobras se han ejecutado, mencionando casos vinculados a bancos como Banco Patagonia, y advirtió que la situación pone en riesgo no solo los empleos sino también la estabilidad del sector. Según el sindicato, esta decisión busca visibilizar la problemática y generar presión sobre las autoridades y las entidades bancarias, con el objetivo de frenar despidos y cierres y garantizar la continuidad laboral de los trabajadores del sector. Mundo Gremial
Autor: Redacción General
En el marco del Mes de la Mujer, autoridades del Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (IPRODICH) compartieron este viernes un encuentro con residentes del Centro de Inclusión Social (CIS) N° 4 de Resistencia, en una jornada de escucha activa y acompañamiento. La actividad, impulsada por el Gobierno provincial, tuvo como objetivo fortalecer los vínculos con las mujeres con discapacidad que residen en este hogar de tránsito, así como profundizar el trabajo articulado con el Ministerio de Desarrollo Humano. La presidente del IPRODICH, Ana Mitoire, destacó el valor del encuentro como un gesto significativo en reconocimiento a las mujeres. “Estar aquí nos permite escuchar lo que necesitan y dar respuesta a sus demandas en este acompañamiento permanente del Estado”, expresó. Asimismo, remarcó que el eje “mujer y discapacidad” ocupa un lugar central en la gestión. “Instamos a las mujeres con discapacidad y a sus familias a que no bajen los brazos; en el Gobierno provincial van a encontrar el apoyo que necesitan”, sostuvo. En relación a la inserción laboral, Mitoire señaló que, a través del programa “Impulsar Chaco” y otras líneas nacionales, se observa una creciente participación femenina. “Hoy tenemos una demanda de empleo prácticamente equiparada entre varones y mujeres, lo que refleja el rol protagónico que cumple la mujer en la economía y en el sostén de su familia”, indicó. Presencia territorial Por su parte, la vicepresidente del IPRODICH, Mónica Morales, subrayó que estos encuentros permiten conocer de cerca los proyectos de vida de las beneficiarias y reafirmar el compromiso en todo el territorio provincial. “A través de nuestras sedes en General San Martín, Sáenz Peña, Villa Ángela, Castelli y Charata, brindamos respuestas a demandas de ayudas técnicas y mejoras habitacionales. Además, acompañamos a las familias para garantizar la inclusión educativa de niños con discapacidad y brindar asesoramiento a las madres que llevan adelante tareas de cuidado”, concluyó.
Esta obra emblemática es una construcción de tres pisos, reactivada en febrero de 2024 por la actual gestión y con financiamiento de FONPLATA. Tras el corte de cintas y el descubrimiento de placa, el mandatario provincial destacó el trabajo realizado desde el inicio de su gestión para reactivar esta obra emblemática. En ese sentido, recordó las gestiones realizadas junto a otras provincias y el Gobierno nacional para que Argentina retome su participación en FONPLATA. “Hoy estamos en este Centro de Innovación que representa el presente y el futuro de la provincia en un mundo globalizado”, afirmó Zdero. Asimismo, remarcó la necesidad de avanzar hacia una transformación profunda del sistema educativo: “El desafío es apostar al esfuerzo, a una educación de calidad que garantice el aprendizaje y el futuro de nuestros chicos”. El gobernador también subrayó que el nuevo espacio permitirá abordar áreas clave como la robótica, la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes. “La innovación debe romper los moldes tradicionales y contribuir a construir un Estado más eficiente, que acompañe el desarrollo”, sostuvo. El Centro de Innovación fue creado por Resolución N° 1155/2026 del Ministerio de Educación y albergará la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología. Además, ofrecerá espacios educativos destinados a promover el pensamiento científico-tecnológico en estudiantes de todos los niveles y modalidades, en el marco del eje de Alfabetización Integral. Por su parte, la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, destacó la decisión política del Gobierno provincial para concretar la obra. “Este espacio está pensado para transformar la educación y potenciar el aprendizaje. Apostar a la innovación es apostar a más oportunidades y a un mejor futuro para los jóvenes”, expresó. Por su parte, la subsecretaria de Ciencia y Tecnología, Claudia Pilar, celebró la inauguración del edificio, al que definió como un ámbito clave para el desarrollo de la educación, la ciencia y la tecnología en la provincia. Desde FONPLATA, la especialista en Proyectos de Infraestructura, Carolina Benítez, señaló que la obra forma parte del Programa de Inversión Social en Educación Pública y destacó el trabajo conjunto con la provincia. “Esperamos que este centro impulse el desarrollo de capacidades en innovación y tecnología para toda la región”, indicó. El edificio cuenta con laboratorios y aulas especializadas para programación, robótica, desarrollo de videojuegos y tecnologías emergentes, como impresión 3D y uso de drones. También dispone de salas de conferencias, espacios de capacitación docente y áreas destinadas a actividades interdisciplinarias. Ubicado en el Polo Educativo de Resistencia, el Centro de Innovación se proyecta como un espacio de referencia regional que fortalecerá la formación, el desarrollo tecnológico y las oportunidades de aprendizaje para estudiantes y la comunidad en general.
La última rueda de la semana tiene como fondo, una vez más, el conflicto de la guerra en Medio Oriente que parece estar lejos de una solución. El S&P Merval sube, pero los bonos soberanos operan negativo en la última jornada semanal y el riesgo país se enfila a anotar un nuevo máximo a nivel anual. A partir del recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente y la suba generalizada del petróleo, los mercados globales vuelven a acusar el impacto. A nivel local, los títulos en dólares anotan bajas generalizadas de hasta el 1,5% de la mano del Bonar 2041. A este le siguen el Bonar 2035 (-1,5%) y el Global 2041 (-1,2%). En este contexto, el riesgo país avanza 3,5% a 623 puntos básicos y roza un nuevo récord anual. Los Bonos CER avanzan hasta 1,3% en la jornada. Al respecto, el economista Javier Giordano destacó que una “fenomenal compresión de la curva de tasa fija en todos los tramos”, donde el tramo corto rinde actualmente por debajo de 28% TIR – 2,08% TEM, al timepo que todos los títulos cotizan por debajo de 32% TIR – 2,34% TEM. Desde PPI expresaron que “la dinámica responde a un contexto de liquidez holgada”, ya que, luego de alcanzar el miércoles niveles récord, cuando el stock de repos a un día trepó a $4,26 billones, el pasado jueves se ubicó en $3,44 billones. En ese sentido, destacan que el volumen elevado refleja la “abundancia de pesos en el sistema”, la cual “ejerce presión sobre los rendimientos de la curva en moneda local”. Por otro lado, en la jornada previa se conoció, a nivel local, que el superávit comercial se redujo a u$s788 millones en febrero, el nivel más bajo en nueve meses. La merma se produjo tanto por una contracción en las exportaciones, como por un repunte de las importaciones. ADRs y S&P Merval El S&P Merval trepa 0,4% hasta los 2.779.286,88 puntos en pesos, mientras que medido en dólares lo hace 0,3% hasta los 1.891,03 puntos. Los papeles locales operan mixtos: suben hasta 3,4% de la mano de Sociedad Comercial del Plata y caen 2,7%, lideradas por Central Puerto. En la semana, el selectivo local acumula una suba del 5,2% en pesos y otra igual en dólares, lo que implica el mayor avance semanal desde enero del corriente año. Entre los ADRs, la tendencia es bajista. Si bien YPF encabeza con un alza del 2,7%, Central Puerto retrocede 3,4% e IRSA cae un 2,9%. A su vez, la acción argentina Bioceres Crop vuelve a desplomarse hasta un 7,5%. La guerra en Medio Oriente dispara el crudo y golpea a Wall Street El pasado jueves, los mercados globales sufrieron un nuevo golpe tras confirmarse ataques directos contra infraestructuras energéticas clave en Medio Oriente. “El impacto en el yacimiento de gas South Pars, ha catapultado los precios del petróleo y profundizado el temor a un desabastecimiento a escala mundial. En este escenario de alta tensión bélica, que marca una grave escalada en el enfrentamiento entre Irán y la alianza conformada por Estados Unidos e Israel”, revelaron desde Wise Capital. Ámbito
Se trata de un paciente pediátrico que está internado en el hospital Juan Pablo II de la capital correntina, y de dos adultos, todos con buena evolución. Desde la Dirección General de Epidemiología, informaron que se están haciendo las tareas de control y prevención. El Ministerio de Salud Pública de la vecina provincia, a cargo de Emilio Lanari, notificó tres casos de Tos convulsa o Coqueluche en un paciente de tres meses que vive en el interior correntino y que está internado en el Hospital Juan Pablo II. También, dieron resultado positivo para dos adultos. La directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla indicó que “las muestras fueron analizadas en el Laboratorio Central y dieron positivo”. El bebé está siendo atendido en el Pediátrico, en sala, derivado de un hospital del interior. Los adultos no requirieron internación. Todos con buena evolución”. Se están realizando las acciones de control de brote que “consisten en la búsqueda activa de casos en los contactos familiares y de relación en los últimos 21 días previos. Además de monitoreo de vacunación y, completando dosis en caso de ser necesario”. A su vez, aseguró que se está realizando un trabajo articulado entre el equipo de Inmunizaciones, Vigilancia Epidemiológica provincial y el equipo local. La Tos convulsa o Coqueluche es una infección respiratoria altamente contagiosa causada por la bacteria Bordetella pertussis.Desde el Ministerio de Salud de Corrientes, se insiste en completar el Calendario Nacional Obligatorio. Corrientes Hoy
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta, uso y publicidad de una réplica del repelente de insectos “OFF!”, tras comprobar que no cuenta con registro sanitario y su procedencia es desconocida. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el repelente tenía las inscripciones integramente en chino y fue detectado en un comercio de la Provincia de Buenos Aires durante inspecciones del Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal del organismo.IP La empresa que fabrica el “OFF!” originalmente, Johnson & Son, confirmó que no participó en la elaboración, importación ni registro del artículo. No obstante, se desconoce la empresa que elaboró esta copia, por lo cual, no es posible garantizar su eficacia, seguridad ni que cumpla con los ingredientes permitidos por la normativa vigente. Esta medida fue dispuesta por el ANMAT en el Boletín Oficial e informó que se “prohíbese del uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos, del producto “Repelente de insectos” de la marca “OFF! con inscripciones íntegramente en idioma chino, sin datos de inscripción sanitaria ante la ANMAT”.
La Organización ambientalista Greenpeace pidió a la Justicia una medida cautelar para que se garantice la participación oral de los 100 mil inscriptos en las Audiencias Públicas previstas para el miércoles y jueves en la Cámara de Diputados. Se estima que podrán exponer solo 200 formal presencial en la primera jornada y otros 200 el jueves 26 en la audiencia virtual, con lo cual el resto lo tendrá que mandar por escrito o mandar un video de 5 minutos. La causa la tienen el titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº7 de la Capital Federal, que es subrogado actualmente por Enrique V. Lavié Pico. Si se acepta el pedido del juez se necesitarán 500 días para realizar las audiencias, según señalaron fuentes parlamentarias señalaron a la Agencia Noticias Argentinas, aunque desde la oposición señalan que se necesita un criterio intermedio entre 400 y 100 mil expositores. La organización ambientalista rechaza la resolución de los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoráz, que estableció que el miércoles 25 en forma presencial lo podrán hacer los primeros inscriptos de cada provincia, y lo mismo sucederá en la audiencia virtual. En el escrito, Greenpeace pide que se ordene “al Congreso de la Nación garantizar la participación oral de la totalidad de los inscriptos en la audiencia pública convocada a los efectos de recibir opiniones” sobre la reforma de la ley de Glaciares aprobada por el Senado. “A tales efectos, se solicita la readecuación del cronograma de audiencias previsto para el 25 y 26 de marzo, mediante su ampliación y/o realización de jornadas adicionales, así como la adopción de todas las medidas organizativas necesarias para permitir la participación oral y efectiva de las personas inscriptas”, agrega. También pide que “se requiere que el Congreso se abstenga de implementar mecanismos que sustituyan o restrinjan la participación oral –– como su reemplazo por presentaciones en formato audiovisual y/o el envío de un video a YouTube –– por resultar incompatible con los estándares más elementales de participación pública”. También solicitaron la designación de veedores judiciales que supervisen el desarrollo de la audiencia, tanto presenciales como virtuales, a fin de garantizar su adecuada realización conforme a los estándares establecidos en el Acuerdo de Escazú.
Se le impuso una pena de 5 años y 11 de meses de prisión en el marco de un acuerdo pleno promovido por la fiscalía. El caso se resolvió a solo tres meses de iniciado. El chofer del camión quedó detenido el 8 de diciembre último cuando, durante un control en la ruta nacional 14, un can antinarcóticos y efectivos de Gendarmería descubrieron la droga entre una carga de maderas. Como resultado de un acuerdo pleno celebrado entre la Sede Fiscal Descentralizada Paso de los Libres y la defensa, un camionero fue condenado a la pena de 5 años y 11 meses de prisión por el transporte de las más de tres toneladas y media de marihuana que llevaba ocultas entre una carga de maderas, cuando en diciembre pasado fue detenido en un control vehicular. Se trata de la primera condena desde la entrada en vigencia en el Distrito Corrientes del Código Procesal Penal Federal (CPPF), el 1° de diciembre pasado. El acuerdo pleno —sobre los hechos, la calificación y la pena— fue homologado, en una audiencia realizada el 13 de marzo pasado, por el juez federal de Garantías Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, luego de una investigación y un proceso que duró poco más de tres meses. En la audiencia, intervinieron en representación del Ministerio Público Fiscal, el fiscal federal interinamente a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada Paso de los Libres, Aníbal Fabián Martínez y la auxiliar fiscal Mirian Benítez. También participó, vía remota, el fiscal general con funciones de coordinación en la Fiscalía de Distrito Corrientes, Carlos Schaefer. El condenado es el camionero Carlos Javier Betancur, de 30 años, quien, durante la audiencia, prestó conformidad de manera libre, voluntaria e informada con el acuerdo y reconoció su responsabilidad en el transporte de 3.577,669 kilogramos de cannabis sativa, conducta penada por el artículo 5 inciso “c”, de la Ley N°23.737 de persecución del narcotráfico. El magistrado dispuso además el decomiso de documentación y dos teléfonos celulares secuestrados, la destrucción de la droga incautada y la preservación de las muestras y contramuestras del estupefaciente analizado. En tanto, ordenó mantener el secuestro del tractor del vehículo, el semirremolque y la carga de madera y diferir el tratamiento de su decomiso para otra oportunidad procesal. Asimismo, en atención a lo solicitado por la defensa y a las circunstancias personales del condenado, el juez ordenó gestionar el traslado de Betancur a una unidad penitenciaria cercana a su domicilio, en la provincia de Misiones. El caso De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio Público Fiscal, la investigación se inició el 8 de diciembre, alrededor de las 19.20, en el marco de un control vehicular de rutina realizado por la Sección Vial Paso de los Libres de la Gendarmería Nacional. En ese procedimiento se inspeccionó un camión con semirremolque que transportaba placas de madera desde Santo Tomé, Corrientes, con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante el control, y en presencia de testigos, un perro detector de narcóticos marcó el sector inferior de la carga. Ante ello, se dio intervención a la fiscalía y se dispuso el traslado del vehículo al Complejo Terminal de Cargas (COTECAR) de Paso de los Libres. Allí, mediante un escaneo no intrusivo, se detectaron bultos sospechosos ocultos entre la carga declarada. Con autorización judicial, personal del Escuadrón 7 de Gendarmería Nacional realizó un registro exhaustivo del rodado, que permitió secuestrar 3.695 paquetes de marihuana —algunos con forma de “panes” y otros amorfos— con el peso total ya mencionado de 3.577 kilogramos, que estaban ocultos debajo de las maderas. El narcotest orientativo realizado en el lugar arrojó resultado positivo para cannabis sativa, tras lo cual el conductor quedó detenido. La audiencia de formalización —de las primeras bajo el sistema acusatorio en las que intervino la sede fiscal descentralizada— se realizó a las 48 horas y, en ella, a instancia de los representantes del MPF, el juez Fresneda validó la legalidad de la detención y dictó la prisión preventiva para el ahora condenado. Fiscales
La Municipalidad de Resistencia clausuró el local de comidas ubicado en el predio del hipermercado ubicado en la esquina de avenidas Lavalle y Avalos, debido a la detección de la venta de alimentos vencidos y falta de higiene. Desde el área de Inspecciones informaron que este procedimiento se efectuó el jueves, tras un incidente producido por la presunta intoxicación de niños durante la celebración de un cumpleaños. Contando con la presencia de personal policial, los inspectores labraron el acta correspondiente con las multas por las infracciones detectadas y colocaron la faja de clausura. Las sanciones fueron por falta de higiene y presencia de alimentos con alteración de los caracteres organolépticas y vencidos. Además, descubrieron que parte del personal del local no contaba con el carnet obligatorio para manipular alimentos. Inspeccionaron el lugar de forma inmediata ante la denuncia, constatando irregularidades y clausurando el sector, además, por falta de higiene, informó el municipio.
El diputado nacional por el Chaco (UCR), Guillermo Agüero, impulsa un proyecto de ley para establecer una tarifa eléctrica diferencial en las provincias del Norte Grande, con el objetivo de reducir el impacto del consumo energético en zonas de altas temperaturas. “En el Chaco, la refrigeración no es un lujo, es una necesidad”, afirmó en declaraciones a CIUDAD TV. La iniciativa, que ya fue girada a comisiones de Energía, Economías Regionales y Presupuesto en el Congreso, plantea un esquema de subsidios para usuarios residenciales de zonas cálidas y muy cálidas, tomando como referencia criterios bioambientales establecidos por la norma IRAM 11.603. En el caso del Chaco, todo el territorio provincial está clasificado como “muy cálido”. El proyecto prevé una bonificación del 50% en el consumo de hasta 550 kilowatts para hogares cuyos ingresos no superen el equivalente a tres canastas básicas, lo que actualmente ronda los 4,19 millones de pesos. Además, contempla un adicional del 25% en los meses de mayor demanda —diciembre a marzo— y beneficios diferenciados para el resto del año. Según estimaciones, la medida alcanzaría a entre 200.000 y 220.000 hogares chaqueños, sobre un total de casi 369 mil viviendas ocupadas relevadas por el último Censo. También se incluyen beneficios para clubes de barrio, entidades de bien público y organizaciones sociales, con subsidios del 50% más un adicional del 25% sin tope de consumo, en línea con leyes nacionales vigentes. Agüero señaló que el proyecto busca equiparar la situación del Norte Grande con el régimen de “zona fría” que rige en el sur del país. “Hablamos de equidad y de un federalismo real, que se traduzca en políticas concretas para corregir asimetrías históricas”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que la propuesta fue diseñada contemplando partidas presupuestarias existentes para facilitar su viabilidad y lograr consensos en el Congreso. “Sabemos que el camino legislativo es largo, pero ya empezamos a trabajar con diputados de distintas provincias para sumar apoyos”, indicó. El legislador también destacó el acompañamiento inicial de su par Diógenes González y aseguró que continuará gestionando adhesiones para que la iniciativa avance hacia el recinto. Finalmente, subrayó la importancia del acceso a la energía en la región: “Somos provincias electrodependientes. Está en juego la salud, el descanso y la calidad de vida de la población, además del impacto económico en una región con profundas desigualdades”.
La Subsecretaría Legal de la Secretaría General respondió un pedido de información realizado por la Fiscalía a cargo de Eduardo Taiano. La contestación se incorporó al expediente. En el marco de la investigación judicial por el caso $LIBRA, el Gobierno nacional respondió a un pedido de la fiscalía y negó que exista un acuerdo entre el presidente Javier Milei y el empresario Hayden Davis vinculado al desarrollo de soluciones tecnológicas con criptomonedas. La respuesta fue enviada por la Secretaría General de la Presidencia a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°8, a cargo de Eduardo Taiano, luego de un requerimiento realizado al Gobierno el 24 de febrero pasado. En el oficio, la Justicia había solicitado que se informe si en los registros oficiales existía “un acuerdo confidencial” entre Davis y Milei, presuntamente firmado antes del lanzamiento del token “$LIBRA”, ocurrido el 14 de febrero de 2025, y que, en caso afirmativo, se remitiera la documentación correspondiente. Qué dijo el Gobierno sobre la existencia de un contrato entre Milei y Davis Desde el Gobierno, la contestación fue categórica. “No obran en sus registros antecedentes, constancias ni documentación vinculada con la existencia del acuerdo referido en el requerimiento judicial”, señaló el Subsecretario Legal de la Secretaría General, Juan Manuel Galli, en la nota oficial. El documento agrega que, para responder al oficio, se realizaron “las consultas pertinentes en el ámbito de competencia” de esa dependencia, sin que se encontraran registros que acrediten el vínculo contractual mencionado en la causa. La respuesta oficial se incorpora ahora al expediente que busca determinar si existieron acuerdos previos al lanzamiento del token $LIBRA y cuál fue el grado de participación de funcionarios o terceros en su desarrollo. En la pericia oficial que realizó la DATIP sobre el teléfono de Mauricio Novelli, el empresario amigo de Milei, sí se encontró un borrador de ese acuerdo para asesoramiento en criptomonedas entre otros temas. La causa sigue en etapa de recolección de pruebas, con foco en reconstruir los antecedentes del proyecto y los posibles vínculos entre actores privados y el entorno gubernamental. La prueba clave de la causa es la pericia sobre los elementos recuperados del teléfono de Novelli, cuyo contenido había sido borrado. Ámbito
El tramo de ida se pagó US$4.830 y la vuelta, US$4.200, cifra aproximada a la que anticipó este diario la semana pasada. El jefe de Gabinete y su amigo Marcelo Grandio habían dicho que el costo fue de US$3.600 para el primero y US$800 para el segundo, en todo concepto. Las facturas fueron emitidas a nombre de una productora de Grandio y a un tercero. El vuelo de Manuel Adorni a Punta del Este el 12 de febrero y el regreso el 17 del mismo mes costaron algo más de US$9.000, informaron fuentes judiciales a elDiarioAR. El dato surge de las primeras medidas de prueba solicitadas por el fiscal Gerardo Pollicita y el juez federal Ariel Lijo, quienes llevan adelante la investigación. El tramo de ida, desde el aeropuerto de San Fernando, fue facturado a nombre de la productora Imhouse SA, del periodista Marcelo Grandio, el quinto pasajero y amigo de Adorni, por un monto de $6,9 millones de pesos (US$ 4.830). El regreso desde el aeropuerto de Laguna del Sauce, Punta del Este, en el último día del feriado de Carnaval, sólo con los Adorni como pasajeros, fue por un monto algo inferior, contratado bajo otra modalidad y a nombre de un tercero, dijeron las fuentes. La vuelta formó parte de un paquete prepago de US$42.000 por diez viajes, es decir, US$4.200 por tramo, con lo que el periplo completo de Adorni, entre la ida del 12 y regreso del 17, tuvo un costo de unos US$9.000. El precio informado desmiente de plano la versión dada tanto por Adorni y Grandio desde que elDiarioAR, el 11 de marzo, hizo público el viaje del que participaron el jefe de Gabinete; su esposa, Bettina Angeletti; dos integrantes de su familia y el conductor de varios ciclos en la TV Pública desde la asunción de Javier Milei. La información dada por este medio indicó que el vuelo del Hondajet matrícula LVHWA tuvo un costo de US$10.000 entre ida y vuelta, de acuerdo a fuentes del mercado de la aviación privada y a un presupuesto emitido por la empresa Alpha Centauri, que operó el traslado de los Adorni, aunque faltaba —como se aclaró— corroborar el dato con una factura. Tras incurrir en un mar de contradicciones sobre quién pagó —él mismo, el jefe de Gabinete o el Estado—, Grandio consolidó la versión de que el vuelo había salido US$3.600 o US$3.800 a los Adorni, y que él había abonado su parte, unos US$800. Esa versión fue luego ratificada por voceros del Gobierno y el propio jefe de Gabinete en entrevista con LN+. El monto declarado por Grandio y Adorni (US$4.600 en total) resulta menos de la mitad del valor del mercado, y ahora se demuestra falso o premeditadamente incompleto, si ambos se refirieron sólo a la ida. El exsocio de Adorni y conductor de los ciclos Giros y Gritalo Mundial en la TV Pública explicó que el vuelo había sido contratado a la firma Alpha Centauri bajo el formato de “pata vacía”, que significa que las operadoras de vuelos hacen una oferta especial cuando son requeridas por un tramo e intentan amortizar el costo del regreso, cobrando mucho menos. De acuerdo a lo recabado por este diario con fuentes del mundo de la aviación y estatales, la explicación dada por Grandio no era cierta ni coherente. La causa radicada en el juzgado de Lijo se originó en una denuncia de los diputados Esteban Paulón (socialista), Pablo Juliano (UCR opositora) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). El dato de la facturación surge de las primeras medidas de prueba, pero la instrucción de la causa apunta en las próximas horas a dilucidar, por un lado, quién está detrás del pago de regreso por US$4.200 y si el jefe de Gabinete utilizó más cupos de los diez viajes contratados. Adorni y Grandio no respondieron las consultas de este medio. Mientras, surgen novedades sobre viviendas, gastos desorbitantes con tarjetas de crédito y contratos, en apariencia imposibles de abordar con los ingresos declarados del jefe de Gabinete y su esposa. elDiarioAR
El intendente de El Sauzalito, Jorge Monzón, describió un panorama crítico en la localidad del impenetrable chaqueño a raíz de la crecida del Río Bermejo. En diálogo con CIUDAD TV, aseguró que ya hay familias aisladas y que la situación podría agravarse en los próximos días. “Estamos atravesando momentos difíciles, como hace muchos años no ocurría en la zona”, afirmó el jefe comunal, al explicar que si bien las crecidas eran habituales tiempo atrás, en los últimos años el río había dejado de desbordar. Ahora, el agua volvió a avanzar sobre distintos sectores, generando cortes y aislamiento. El municipio, ubicado en el corazón del impenetrable y a unos 600 kilómetros de Resistencia, enfrenta además dificultades logísticas por su geografía: extensos caminos de tierra y grandes distancias entre parajes. Según detalló Monzón, el ejido municipal abarca un territorio amplio con varias delegaciones, lo que complica la asistencia. Actualmente, unas 30 familias están siendo asistidas con alimentos y traslados en canoas. “El agua sale en distintos puntos y deja a las personas aisladas. Nosotros estamos llevando mercadería y ayudando con el traslado en los sectores más complicados”, explicó. Uno de los focos más críticos es Fortín Belgrano, donde el desborde del río afectó la toma de agua y dejó a la comunidad sin suministro desde hace cinco días. “El río tapó todo y cayeron postes. Es imposible llegar ahora para reparar, hay que esperar que baje el agua”, señaló. Además, otras zonas rurales como Pozo del Gato, Recreo y La Fortuna también presentan aislamiento por el avance del Río Chico, lo que agrava la situación de familias criollas que quedaron rodeadas por el agua. El intendente advirtió que lo peor aún no llegó. “Creemos que el pico fuerte va a darse en cinco o seis días. Ahí recién vamos a tener una dimensión real de la situación”, sostuvo. En ese contexto, remarcó la falta de asistencia directa del gobierno provincial hasta el momento, aunque destacó la colaboración de la Policía, que aportó una lancha para emergencias. Entre las necesidades más urgentes, Monzón mencionó agua potable, alimentos y medicamentos, especialmente para los parajes más alejados. “Hay lugares a los que ni siquiera podemos llegar fácilmente, y eso complica mucho la asistencia”, concluyó.
El senador nacional por el Chaco, Jorge Capitanich, brindó una extensa entrevista a CIUDAD TV en la que detalló su agenda legislativa para el período en curso, que contempla la presentación de 100 iniciativas clasificadas en ejes internacional, nacional, regional y provincial. El senador nacional de Unión por la Patria y exgobernador del Chaco, Jorge Capitanich, hizo un pormenorizado repaso de la batería de leyes que impulsará desde el Congreso de la Nación y que apuntan especialmente al sector productivo, a la protección de las familias endeudadas y a la crisis de las pequeñas y medianas empresas provocada por las políticas económicas del gobierno de Javier Milei. También se refirió a la agenda del Partido Justicialista del Chaco, el cuál preside, y que está próximo a la reunión de su Congreso Provincial en San Bernardo. La agenda productiva: algodón, seguros y semillas El primer gran bloque de iniciativas apunta al sector agropecuario. Capitanich destacó como prioridad la restitución de la Ley 26.060 de Promoción Algodonera, derogada por el gobierno de Milei, y fue categórico al describir el impacto de esa decisión: “La provincia del Chaco, que durante un siglo mantuvo el liderazgo innegable en materia de promoción algodonera, hoy está en tercer lugar, después de Santiago del Estero y de la provincia de Santa Fe”. A eso sumó que la industria textil opera actualmente al 23% de su capacidad instalada, “peor que en el tiempo de la pandemia”, con desmontadoras de quebracho funcionando al 57%. El segundo punto del paquete productivo es la creación de un seguro multiriesgo con carácter obligatorio para productores agropecuarios. Capitanich explicó que el sistema vigente de emergencia agropecuaria no resuelve los problemas de fondo: “Si no tenés un seguro que compensa de forma automática, perdés todo. Cargás una deuda, si no tenés rentabilidad, si no tenés financiamiento, no podés producir”. Remarcó que la experiencia más exitosa en la materia fue precisamente en el Chaco, con el cultivo de girasol, y que ese modelo debería replicarse a nivel nacional. En cuanto a la administración del sistema, señaló que debería intervenir la Secretaría de Agricultura con un registro abierto de contratación que distribuya el riesgo entre compañías aseguradoras y reaseguradoras nacionales e internacionales. El tercer componente del paquete es la actualización de la Ley de Semillas 20.247, sancionada en 1973. Para Capitanich, el nudo del problema es la ausencia de incentivos a la innovación: “No existe ningún tipo de estímulos a la generación de patentes si no hay un pago de una regalía específica”. Pero también advirtió sobre la necesidad de proteger a los pequeños productores: “Hay que tener un equilibrio entre grandes productores y pequeños productores con el esquema del uso de semillas para consumo propio”. Fletes y retenciones diferenciales para el Norte Grande Dentro de la agenda productiva, Capitanich también incluyó un régimen federal de compensación logística para el Norte Grande, orientado a corregir la desventaja estructural que enfrentan los productores del norte del país frente a los de la región pampeana. Recordó que durante su gestión se avanzó en la recuperación del ramal ferroviario de cargas desde Salta hasta Timbúe, con renovación de 300 kilómetros de vía, pero reconoció que ese beneficio se lo apropiaron principalmente las empresas y no llegó directamente al productor. “No es lo mismo producir en la Pampa Húmeda que producir en la provincia del Chaco desde el punto de vista de los derechos de exportación que deberían pagar los productores”, señaló, y planteó que el reintegro por flete debería ser automático y acreditarse directamente en la cuenta del productor. INTA e INTI: financiamiento y defensa de los organismos técnicos Capitanich dedicó un tramo de la entrevista a defender la necesidad de fortalecer el financiamiento del INTA y el INTI, organismos que, en su diagnóstico, están siendo desmantelados por el gobierno nacional. Recordó que la ley que le dio autonomía financiera al INTA fue impulsada en 2001 y que él fue miembro informante en el Senado al momento de su sanción, estableciendo una afectación del 0,5% del valor CIF de las importaciones. En ese marco, propone elevar ese porcentaje al 0,7% para garantizar el funcionamiento adecuado del INTA, el INTI y el SENASA. “Es absolutamente imprescindible que los mecanismos de integración con el resto de los países del mundo tengan organismos súper calificados”, afirmó, y lo enmarcó en las exigencias técnicas que impone el acuerdo Unión Europea-Mercosur. PYMES y familias endeudadas El segundo eje de la agenda legislativa apunta a la crisis de endeudamiento que atraviesan tanto las empresas como las familias. Sobre las PYMES, Capitanich trabaja en una ley de emergencia que contempla moratoria previsional e impositiva, reestructuración de deuda financiera y tarifas diferenciales de servicios. Puso cifras sobre la mesa: “Ya han cerrado 22.000 empresas, eso ha generado un gran impacto en cerca de 200.000 empleos formales”. Respecto al endeudamiento de las familias, el senador chaqueño se apoya en experiencias internacionales —citó los casos de Colombia y Francia— para proponer un sistema de reestructuración automática de deudas. El mecanismo contempla la inscripción en un registro, topes a las tasas bancarias, períodos de gracia de entre tres y seis meses y límites a los descuentos que no superen el 30% del ingreso del deudor. La urgencia, para Capitanich, es sistémica: “Cerca del 10% de las personas tienen problemas con tarjeta de crédito. Los préstamos no bancarizados llegan a cerca del 27% en algunas compañías. Cuando la gente no puede pagar, eso baja el patrimonio neto del sistema bancario, genera un problema de confianza y puede generar una corrida de depósitos”. El acuerdo Mercosur-Unión Europea Consultado sobre el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, Capitanich defendió el voto favorable de su bloque y lo contextualizó históricamente: “Tenía 25 años de negociación y el 90% de las negociaciones fueron lideradas por nuestros respectivos gobiernos”. Señaló que, a diferencia del resto de los países del bloque, Argentina tiene saldo comercial positivo con Europa de casi 3.000 millones de dólares, y subrayó la importancia de la diversificación de mercados para
En la tarde de este jueves se realizó una inspección ocular en el predio Caraguatá, encabezada por el juez del Juzgado Civil y Comercial N.º 21, Dr. Julián Flores, con la participación de vecinos y vecinas, representantes de pueblos indígenas, activistas ambientales, funcionarios del municipio de Resistencia, concejales de la oposición y legisladores provinciales. Durante el recorrido se constató la grave regresividad ambiental provocada por la intervención del municipio de Resistencia mediante el uso de topadoras y maquinaria pesada. Estas acciones generaron un fuerte impacto en la biodiversidad, afectando humedales, hierbas medicinales utilizadas por comunidades indígenas y vecinos, y alterando el hábitat de especies autóctonas. La diputada Analia Flores expresó su profunda preocupación al detallar que “lo que encontramos es alarmante. El daño y la destrucción ocasionados no pueden naturalizarse. La protección de los recursos naturales es una responsabilidad indelegable del Estado y exige decisiones basadas en el derecho constitucional y en los principios rectores del ambiente, como los de progresividad y precaución”. En este contexto, Flores recordó el pedido de preferencia para la próxima sesión de la Legislatura, con el objetivo de que el cuerpo intervenga de manera urgente en la defensa del Parque Caraguatá. “La Legislatura debe garantizar que se respeten los derechos colectivos y que se detenga la destrucción de un área que constituye patrimonio ambiental y cultural de nuestra provincia. El Caraguatá no es solo territorio: es memoria, biodiversidad y vida. Su defensa es también la defensa de nuestra democracia ambiental y de los derechos de las generaciones presentes y futuras”, afirmó.
Hay varios sectores complicados por el agua y un monitoreo permanente por parte de los efectivos y las autoridades. De acuerdo a los datos aportados por la División Fluvial, alrededor de las 13.30 de este jueves los efectivos presentaron complicaciones para poder descender una embarcación en la zona afectada, lo que dificulta las tareas de asistencias a los pobladores. Uno de los puntos más comprometidos es el camino vecinal que conecta la localidad con el paraje Las Flores. Allí, el corte se inicia a unos 6 kilómetros del pueblo y se extiende aproximadamente 12 kilómetros cubiertos de agua, lo que impide completamente el tránsito vehicular. Debido a las complicaciones, unas 15 viviendas habitadas por familias criollas quedaron aisladas. Los residentes lograron movilizarse con caballos, y hasta el momento no se reportaron personas en riesgo ni viviendas anegadas. Por otra parte, la creciente también afecta el camino hacia la planta de agua potable, en la zona conocida como ex Pintado Viejo. En ese sector, el corte comienza a unos 5 kilómetros de la localidad, y dejó aisladas a cinco familias y a trabajadores de la planta potabilizadora. Actualmente, el cruce se realiza a pie o mediante medios propios. Desde la División Fluvial indicaron que se mantiene un contacto permanente con el delegado municipal Fidel Coria y el intendente de El Sauzalito, Jorge Monzón. Asimismo, informaron que tanto el personal policial como las embarcaciones se encuentran en estado de apresto ante una eventual situación de mayor gravedad. Durante las recorridas en el camino hacia la ex planta potabilizadora, los efectivos observaron a vecinos que trasladaban mercadería para asistir a familias afectadas. En ese contexto, se brindó acompañamiento y cobertura policial para garantizar el traslado seguro, debido a la profundidad de los sectores inundados. Las autoridades siguen de cerca la situación, mientras persisten las dificultades de acceso en la región.
El Tribunal Oral Penal N° 1 de Corrientes dictó la Sentencia N° 41, mediante la cual condenó a cuatro funcionarios policiales a la pena de diez años de prisión por el delito de abandono de persona agravado por el resultado de muerte, en perjuicio de quien en vida fuera Lautaro Rosé. El Tribunal Oral Penal N° 1 de Corrientes condenó a cuatro de los acusados como coautores del delito de abandono de persona seguida de muerte en el caso del joven Lautaro Rosé. Además, absolvió a los otros dos imputados por falta de acusación fiscal y por insuficiencia probatoria. Durante la audiencia, y en presencia de las partes, se dio lectura a la parte resolutiva del fallo. En ese marco, el Tribunal resolvió rechazar el pedido de falso testimonio vinculado a Ismael Maximiliano Meza. Condenas En el punto central de la decisión, se dispuso condenar a Carlos Alberto Prieto, Sergio Iván Barberán Robledo, Omar Guillermo Aguirre y Maximiliano Leonel Romero, como coautores del delito mencionado, previsto en los artículos 106 (tercer párrafo en función del primero), 40, 41 y 45 del Código Penal. Asimismo, hasta tanto la sentencia adquiera firmeza, el Tribunal ordenó a los condenados cumplir medidas de conducta, entre ellas: fijar domicilio, presentarse mensualmente ante los estrados y abstenerse de salir de la provincia sin autorización judicial. Absoluciones Por otra parte, el Tribunal resolvió absolver a Juan Daniel Aveiro del mismo delito por el que había sido acusado, al considerar que existía insuficiencia probatoria. En igual sentido, se dispuso la absolución de todos los imputados —Prieto, Barberán Robledo, Aguirre, Romero y Aveiro— en relación a los delitos de apremios ilegales e incumplimiento de los deberes de funcionario público, debido a la falta de acusación fiscal. También fue absuelto Vicente Manuel Pruyas Suárez, quien estaba imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por el mismo motivo. Finalmente, se estableció que los fundamentos del fallo estarán disponibles el 27 de marzo de 2026 a las 12:30 horas, y se ordenó comunicar lo resuelto a la Jefatura de Policía y al Registro Nacional de Reincidencia. Prensa STJ de Corrientes
Relatores de Naciones Unidas sostuvieron que el Gobierno debe reponer las instituciones que desmanteló y advirtieron sobre los beneficios a condenados por crímenes de lesa humanidad. A poco de que se cumpla medio siglo del último golpe de Estado, relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtieron que el Gobierno de Javier Milei está generando “alarmantes retrocesos” en materia de Memoria, Verdad y Justicia. Desde 1983, Argentina se consolidó como referente mundial en materia de justicia transicional. La creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), el Juicio a las Juntas, los 1231 represores condenados, el Banco Nacional de Datos Genéticos (NBDG), los 140 nietos que encontraron las Abuelas de Plaza de Mayo, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y los sitios de memoria son algunos de los elementos que hacen del país un modelo a seguir. “Lamentablemente hoy estamos observando un rápido deterioro del liderazgo mundial de Argentina”, señalaron en un comunicado distintos expertos de la ONU. Entre quienes firmaron la declaración, dada a conocer en vísperas de los 50 años del golpe, se encuentran Bernard Duhaime (relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición), Gabriella Citroni y el resto de los integrantes del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Morris Tidball-Binz (relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias), Alexandra Xanthaki (relatora especial en la esfera de los derechos culturales) y Alice Jill Edwards (relatora especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes). No es la primera vez que los relatores de la ONU le advierten al Gobierno sobre los retrocesos. Desde 2024 han enviado seis comunicaciones haciéndose eco de esta política de desmantelamiento. La administración de La Libertad Avanza (LLA) combina un discurso que niega o relativiza los crímenes con una política de desmantelamiento de las políticas de justicia y memoria. En ese sentido, ha llevado adelante medidas que eran pedidas por los perpetradores: desarmar los equipos de relevamiento de archivos de las Fuerzas Armadas, desmantelar las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos —que también fue degradada—, eliminar el cuerpo de peritos para los juicios de lesa humanidad, reducir la Conadi o vaciar los sitios de memoria. En esa línea, los expertos llamaron a “restablecer sin demora las instituciones y las políticas desmanteladas y a cesar las acciones que erosionan el legado histórico”. El Gobierno preparaba una provocación para este 24 de marzo desde el museo que funciona en lo que fue el núcleo del campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA): se pensaba estrenar un video en el que se pusiera el foco en la violencia previa al golpe de Estado como intento de desresponsabilizar a las Fuerzas Armadas en el plan sistemático de desaparición y muerte que llevaron adelante. Sin embargo, en el Ministerio de Justicia le dijeron a Página/12 que es una “idea que no va a materializarse”. “Las autoridades deben abstenerse de recurrir a la desinformación y al discurso de odio en relación con estos crímenes y sus víctimas. Intentar reescribir el pasado con narrativas negacionistas o revisionistas constituye otro retroceso alarmante y una violación de los derechos humanos”, puntualizaron. También recordaron que los indultos por graves violaciones a los derechos humanos están estrictamente prohibidos. “Argentina no puede cometer el mismo error otra vez. Por el contrario, debe consolidar y construir sobre su exitoso legado de justicia transicional”, afirmaron. En noviembre pasado, el Gobierno envió a su entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, a negar a los desaparecidos y relativizar la magnitud de los crímenes de la dictadura ante un cuerpo de Naciones Unidas, lo que permitió que los expertos vieran en vivo y en directo la avanzada negacionista que la administración libertaria viene impulsando desde que llegó al poder. Página/12
Un juzgado de garantías de la ciudad de Corrientes ordenó el procesamiento y la prisión preventiva de Gustavo Norberto Marcolli, de 58 años, acusado de haber abusado sexualmente con acceso carnal de un niño que tenía apenas cinco años de edad al momento del hecho. El caso se inició a fines de 2017 y se conoce como “Niño Rayo”. La resolución, firmada este 19 de marzo de 2026, pone fin a un largo recorrido judicial que comenzó con una denuncia realizada en diciembre de 2017 y que atravesó sobreseimientos, apelaciones y recursos hasta llegar a la Corte Suprema de la Nación. Según la resolución judicial, el hecho habría ocurrido entre el 8 y el 11 de febrero de 2016, en horas de la siesta, en el domicilio del imputado ubicado en el barrio Independencia de la capital correntina. La vivienda era frecuentada habitualmente por el niño y su hermano mayor, quienes eran amigos de los hijos de Marcolli. De acuerdo a lo reconstruido por la jueza a partir de las pruebas reunidas, mientras los demás niños jugaban en una habitación y la esposa del imputado miraba televisión con el volumen alto, Marcolli habría abordado a la víctima en el pasillo, al salir del baño, cometiéndole un abuso sexual con acceso carnal. El niño logró zafarse, corrió llorando hacia su casa y, acostado en su cama en posición fetal, le dijo a su madre que “Gustavo es malo”. El caso tardó casi dos años en llegar a la Justicia. Recién el 5 de diciembre de 2017, la madre del niño radicó la denuncia formal ante la División de Delitos contra la Integridad Sexual. En su testimonio ante el juzgado, la mujer explicó que la demora obedeció a una combinación de factores: el estado de shock en que quedó al enterarse de lo ocurrido, el temor a una reacción violenta del padre del niño, la proximidad con el domicilio del acusado —que vivía literalmente al lado de su casa— y los consejos de personas cercanas que la advirtieron sobre el impacto que podría tener en el niño verse obligado a declarar reiteradamente. La investigación judicial acumuló un extenso conjunto de pruebas. El examen físico practicado a la víctima el 15 de febrero de 2016 —apenas cuatro días después del hecho— constató la presencia de una pequeña fisura anal. Una médica perito explicó ante el juzgado que el orificio anal, por tratarse de una mucosa, cicatriza en entre cinco y siete días sin dejar evidencias, lo que explica que el examen realizado casi dos años después del hecho no haya arrojado hallazgos. El niño declaró en Cámara Gesell ante un psicólogo forense del Poder Judicial, relató los hechos con precisión de tiempo, lugar, modo y persona, e identificó a su vecino como agresor. Múltiples informes psicológicos, elaborados a lo largo de los años por distintos profesionales, concluyeron que el menor presentaba indicadores compatibles con abuso sexual infantil, y ninguno detectó signos de fabulación. También declararon el hermano mayor de la víctima, el padre y otros testigos, cuyas versiones resultaron coincidentes entre sí y con el relato del niño. Un proceso extenso y sinuoso El proceso judicial fue extenso y con múltiples obstáculos. En diciembre de 2021, el juzgado dictó falta de mérito a favor de Marcolli. En octubre de 2022, lo sobreseyó definitivamente. La parte querellante apeló y la Cámara de Apelaciones en lo Criminal de Corrientes confirmó el sobreseimiento en marzo de 2023. Sin embargo, en agosto de 2024, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes hizo lugar al recurso de casación presentado por la querella, anuló las resoluciones anteriores y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento. La defensa intentó llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante un recurso extraordinario federal, que fue rechazado en octubre de 2024, y luego a través de un recurso de hecho, desestimado por la Corte el 19 de febrero de 2026 por considerar que no se dirigía contra una sentencia definitiva. Con ese recorrido agotado, la jueza de instrucción dictó el nuevo pronunciamiento ordenado por el máximo tribunal provincial. Consideró que el conjunto de pruebas reunidas acredita con grado de probabilidad suficiente —el estándar propio de esta etapa procesal— tanto la existencia del hecho ilícito como la responsabilidad penal de Marcolli. Encuadró la conducta en el delito de abuso sexual con acceso carnal de un menor de cinco años, previsto en el artículo 119, tercer párrafo en función del primero, del Código Penal, y lo calificó como autor material. En la misma resolución, dispuso la prisión preventiva y ordenó su detención. Marcolli, de profesión psicólogo infantil, negó su participación en los hechos en su declaración indagatoria y alegó que en la franja horaria en que habrían ocurrido trabajaba en su consultorio particular. La jueza valoró que esa versión no cuenta con respaldo probatorio suficiente para contrarrestar el peso del plexo acusatorio. El imputado deberá quedar a disposición del Juzgado de Garantías que entiende en la causa, hasta que se defina su situación en el juicio oral, instancia en la que se buscará la certeza absoluta sobre lo ocurrido.
Trabajaron en conjunto con la Dirección Nacional de Migraciones. En horas del mediodía de este jueves, personal de la División Información de Personas Extranjeras realizó un operativo de control e identificación de ciudadanos extranjeros llevado a cabo en la Feria Paraná que se encuentra ubicada por calle Santiago del Estero al 55 en la ciudad de Resistencia. El procedimiento fue realizado de manera conjunta por personal policial y agentes de la Dirección Nacional de Migraciones (Delegación Corrientes), en el marco de tareas destinadas a verificar la permanencia legal de ciudadanos extranjeros en la zona. Durante el operativo, identificaron un total de 12 personas de distintas nacionalidades, entre ellas ciudadanos chinos, colombianos y senegaleses. En algunos casos se notificó a los involucrados para que comparezcan ante la Dirección Nacional de Migraciones con el objetivo de regularizar o actualizar su situación administrativa en el país. Además, las autoridades llevaron adelante un relevamiento de los comercios ubicados en el sector, centrado en el control de documentación correspondiente a las actividades comerciales. El procedimiento concluyó sin incidentes, en el marco de las acciones habituales de fiscalización migratoria en espacios de alta concurrencia.