El ministro de Gobierno, Carim Peche, en videollamada con los estudios de CIUDAD TV para informar de manera precisa las acciones que lleva adelante el Ejecutivo provincial a través del Comité de Emergencia que coordina Carolina Meiriño creado a fin de establecer un plan de contingencia frente a la llegada del fenómeno El Niño y los pronósticos que ponen en el centro de la escena al nordeste del país. Señaló que hay instrucciones “precisas” del gobernador Leandro Zdero para lograr un trabajo preventivo, en principio, en todos los frentes posibles, conjuntamente con cada uno de los municipios. Mencionó el funcionamiento del sistema de bombeo, la limpieza en el interior provincial del Río Muerto, “canal que hace escurrir el agua ace cubrir de varias localidades y que no se realizaba hacía prácticamente 17 o 18 años”. También la limpieza del Arazá en Barranqueras y Puerto Vilelas; el control del sistema de defensas un trabajo coordinado entre la APA y Vialidad Provincial. Además, “el armando de las defensas civiles en cada una de las localidades para que de esta manera haya una conexión directa entre los diferentes municipios”, una tarea que coordina en este caso la Subsecretaría de Municipios a cargo de Marcelo Barrios. Aseguró que de manera coordinada también se articula con el Gobierno nacional y que por ello hubo una reunión de todos los gobernadores para un plan conjunto. De allí surgió la limpieza de los bajos submeridionales, una acción que se planifica entre Chaco, Santiago del estero y Santa Fe. Destacó la aprobación en la Cámara de Diputados de una ley “que pone multas al taponamiento de estos canales que probablemente la provincia está invirtiendo más de $1000 millones”. “Preparados estamos, haciendo todos los trabajos que corresponden para amortiguar, si es que nos toca, el fenómeno de El Niño con planes de evacuación, lugares donde se va a evacuar a la gente, todo lo que se requiere en este tipo de fenómenos que no maneja el hombre. Y siguiendo de cerca, por supuesto, todos los estudios que se realizan a través de la APA y de servicios meteorológicos correspondientes. Se está siguiendo de cerca el fenómeno”. La colaboración de los municipios Peche remarcó que de los 70 municipios a los que solicitaron informes de relevamientos detallados sobre las zonas altamente vulnerables, solo 43 los entregaron. “Una cosa son los trabajos que puede hacer la provincia y otra cosa es lo que tiene que hacer el intendente de trabajo interno, es decir, si tiene que limpiar bien la cuneta, tiene que hacer cuneteo”, sostuvo. “Esta comunicación es en conjunto con los intendentes conjuntamente para que se trabaje en forma ordenada, simultánea y codo a codo. Porque cuando llega este problema del agua, no es de un gobierno provincial, sufre la gente, los chaqueños”, dijo y recordó las fuertes inundaciones que se produjeron en Castelli y la zona de El Impenetrable hace dos años atrás y la ayuda del Gobierno provincial sin señalar partido político. “Es muy fácil después patear la pelota para para arriba (…). El tema pasa por solucionar los problemas”, expresó el funcionario. Recalcó que la demora de estos 16 municipios en responder estos informes y articular con provincia acciones comunes provoca una demora a la hora de poder brindar respuestas certeras llegado el impacto de un fenómeno meteorológico. “Hay que saber primero cuál es el protocolo. Si llega a ocurrir, cuál va a ser la evacuación, a donde se va a llevar a la gente, los trabajos con Salud, con Educación. lo que menos se quiere es llevar a albergar a las escuelas para evitar que se suspendan las clases. Entonces, la idea es también tener todos estos puntos de evacuación, cuál es el protocolo, quién va a estar al frente de este protocolo. El comité está organizado para que la información se canalice a través del comité, que van a ser los únicos autorizados para recibir información y para tomar las decisiones”, acentuó. “Necesitamos exactamente la información de cada uno de los municipios y que constituya la defensa civil cada municipio. Entonces, constituido la defensa civil se trabaja en conjunto con defensa civil de la provincia que está aquí en el Ministerio de Gobierno”, apuntó Peche y destacó que “también se está trabajando conjuntamente con todas las fuerzas federales”. Consultado sobre el albergue en escuelas, aseguró que es un tema que aún está en estudio “y también los lugares alternativos, porque la idea es tener lugares alternativos como club de fútbol, cancha. Lo último sería derivar a las escuelas. Se está haciendo un trabajo con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y previendo el fenómeno se viene trabajando hace tiempo. Lo importante es que estemos preparados”, sostuvo. Además de las acciones concretas, advirtió que constantemente se sigue la altura de los ríos. Destacó la adquisición de bomberos de la Isla del Cerrito de un hidrodeslizador “que permite navegar en 4 o 5 cm por arriba de los camalotes, para llegar a lugares con camillas si hay que retirar gente”. “Se está previendo todo lo que está al alcance nuestro, el trabajo en conjunto con la Nación, los municipios se está haciendo”. “Las directivas del Gobernador fueron muy claras: ocuparse, prevenir, trabajar en forma conjunta porque no hay otra forma y que si nos llega a tocar estar preparados en todos los órdenes”, manifestó. “Día a día esto evoluciona, pero sí se calcula por lo menos fines de octubre, noviembre”, dijo al señalar el período en el que estaría ingresando este fenómeno a la región. En materia de comunicación, anticipó que la decisión es que “todo pase por el comité de emergencia. Entonces hay un equipo que recibe, un equipo que transmite y comunica para que haya un orden”. “Todo se va a informar”, anticipó.
Autor: Redacción General
El informe de la Consultora Politikón sobre la evaluación de empresas empleadoras indica que en junio de 2026 se registraron 476.750 empresas empleadoras privadas en Argentina, un 3,3% menos interanual, equivalente a 16.259 firmas menos. La contracción fue generalizada por sectores: Industria -5,5%, Comercio -4,5%, Agro -2,5% y Construcción -2,4%. A nivel provincial, el deterioro fue prácticamente generalizado: 23 de las 24 jurisdicciones redujeron su cantidad de empresas empleadoras, mientras que solo Neuquén mostró crecimiento (+0,2%). Más de 16 mil firmas se perdieron en el último año en todo el país En junio 2026, de acuerdo con las cifras oficiales difundidas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), se registraban 476.750 empresas empleadoras activas en el sector privado de todo el país, cifra que representa una caída del 3,3% respecto a igual mes del 2025 equivalente a una pérdida de 16.259 firmas en el período. Nota técnica 1: las empresas empleadoras se definen como aquellas personas humanas o jurídicas que registran al menos un trabajador declarado bajo cobertura del sistema de riesgos del trabajo. Para este análisis se tomó el total de empleadores informados por la SRT, excluyendo a los correspondientes a la Administración Pública, a las Organizaciones extraterritoriales y a los Hogares con servicio doméstico. De este modo, se delimita el universo estrictamente al sector privado formal empleador, aislando cualquier distorsión derivada de la dinámica del empleo público o del trabajo doméstico. Con esta caída de junio, ya son veintiocho meses consecutivos con descensos interanuales en este indicador, con la particularidad de que desde septiembre 2025 la velocidad de caída viene acelerando y, de hecho, la baja registrada en junio 2026, junto a la de mayo pasado, es la más fuerte de todo ese período. Visto por sectores de actividad, la Industria Manufacturera sufrió una merma del 5,5% interanual (-2.644 firmas), el Comercio -4,5% (-6.600), el Agro -2,5% (-1.287) y la Construcción -2,4% (-487); a su vez, el resto de las actividades, agrupadas, mostraron una caída del 2,3% (-5.241). De las 24 jurisdicciones subnacionales, en junio de 2026 respecto a igual mes de 2025, sólo una presentó crecimiento neto de empresas empleadoras: Neuquén, con un leve incremento del 0,2% que equivale a 20 nuevas firmas; el resto de los subnacionales, por su parte, exhibe retrocesos de distinta magnitud: van desde descensos menores al 2,0% como CABA (-1,2%), hasta bajas mayores al 10% como el caso de La Rioja (-18,0%). En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires explica la mayor pérdida, con 4.813 empresas menos (-2,9%), seguida por Córdoba que perdió 2.590 firmas (-5,2%), Santa Fe con -1.509 firmas (-3,1%) y CABA con -1.452 empleadores (-1,2%). Estos distritos presentan mermas profundas en términos absolutos debido a que son los que presentan al mismo tiempo el mayor volumen de empresas: en conjunto, estas cuatro jurisdicciones reúnen el 78% del total de empresas en el país. Por lo tanto, sus caídas no sólo impactan en términos locales, sino que arrastran el agregado nacional. Nota técnica 2: Dado que un empleador puede tener establecimientos y declarar personas trabajadoras en más de una jurisdicción, la sumatoria de los mismos por provincia no necesariamente coincide con el total nacional informado previamente. Hay 31.098 empresas empleadoras menos desde noviembre de 2023 Si se mide la cantidad de empresas empleadoras a junio 2026 respecto a noviembre 2023, mes previo al inicio de la actual gestión de gobierno nacional, la caída llega al 6,1%, lo que representa la desaparición de 31.098 firmas en el todo el país. Entre los diferentes sectores de actividad económica, la caída relativa más profunda está en la Construcción con -9,5%, equivalente a la pérdida de 2.068 firmas; en la Industria Manufacturera el descenso llega al -8,4% (-4.158 firmas), al -5,9% en el Comercio (-8.758), -4,5% en el Agro (-2.437) y -5,9% para el resto de los sectores agrupados (-13.677 empresas). Por jurisdicción subnacional, se repite el mismo escenario detallado anteriormente: solamente Neuquén muestra crecimiento en el período analizado, que llega al 1,5% (+132 empresas) al tiempo que en el resto de las provincias hay caídas de diferente intensidad: por un lado, CABA y Tucumán muestran los descensos más moderados (inferiores a -3,0%) pero, en el otro extremo, un grupo de seis provincias exhibe bajas de doble dígito, donde se destacan, por ser las más profundas, las de Tierra del Fuego (-14,2%), Catamarca (-14,7%) y La Rioja (-20,0%). Observando esta evolución pero en términos absolutos, los mayores volúmenes de pérdidas de empresas se vieron en la provincia de Buenos Aires (-8.437), Córdoba (-4.909), Santa Fe (-3.155) y CABA (-3.020), de nuevo explicado por ser los que concentran el mayor volumen de empresas de todo el país.
La Agencia de Inversiones Chaco anunció la participación de empresas chaqueñas en el Paraguay Business Week, que se realizará del 11 al 13 de noviembre. Además, se dictarán capacitaciones gratuitas para brindar herramientas de exportación, rondas de negocios y búsqueda de inversiones. Con el objetivo de internacionalizar la producción chaqueña, abrir nuevos mercados y generar nuevas oportunidades de exportación, la Agencia de Inversiones del Chaco anunció una nueva misión comercial a Paraguay, en el marco del Paraguay Business Week, que se desarrollará los días 11, 12 y 13 de noviembre. El presidente de la Agencia de Inversiones del Chaco, Martín Poccard, explicó que el encuentro permitirá a las empresas chaqueñas tomar contacto con importantes compradores e inversores de la región. “Seguimos trabajando para internacionalizar los productos chaqueños, abriendo nuevos mercados y nuevas oportunidades de exportación para las empresas chaqueñas”, señaló Poccard. Durante el Paraguay Business participarán importadores de Brasil y Paraguay, además de desarrollarse rondas de negocios, donde las empresas chaqueñas podrán presentar sus productos, generar contactos comerciales y negociar directamente con potenciales compradores. Asimismo, se llevarán adelante rondas de inversión, una instancia destinada a que las empresas puedan presentar sus proyectos y buscar inversores interesados en acompañar y potenciar emprendimientos chaqueños. Capacitación para exportar y negociar En este marco, Poccard destacó la importancia de preparar a las empresas y emprendedores antes de participar de estas instancias internacionales. “Necesitamos que las empresas chaqueñas tengan las herramientas necesarias para sentarse a negociar con importadores y para convencer a inversores de que apuesten por proyectos chaqueños”, afirmó. Por este motivo, se realizará un ciclo de capacitaciones denominado “Primeros pasos: cómo exportar y cómo participar en rondas de negocios”, destinado a brindar conocimientos y herramientas prácticas para quienes buscan dar sus primeros pasos en el comercio exterior. La primera capacitación será el 21 de septiembre, de 19 a 21 horas, en la Casa de las Culturas, mientras que una segunda jornada se realizará el 23 de septiembre en el Hotel Gualok, en Sáenz Peña, de la mano de la Subsecretaría de Emprendedurismo y Turismo. Una oportunidad para emprendedores y empresas Desde la Agencia de Inversiones remarcaron que la propuesta está abierta a empresas de todos los tamaños y emprendedores, con el objetivo de derribar la idea de que exportar es una posibilidad reservada exclusivamente para grandes compañías. “No hace falta ser una empresa grande. Hay que desmitificar que las exportaciones son solo para las grandes empresas. Los emprendedores están totalmente invitados y alentamos a que participen”, sostuvo Poccard. Las capacitaciones serán gratuitas y constituyen una instancia preparatoria para que empresas y emprendedores chaqueños puedan conocer las herramientas necesarias para avanzar hacia nuevos mercados, generar vínculos comerciales y acceder a oportunidades de inversión. El Gobierno del Chaco continúa impulsando una agenda orientada a la producción, la inversión y la inserción internacional, acompañando al sector privado en la generación de nuevas oportunidades para los productos y proyectos chaqueños.
Los títulos soberanos argentinos vuelven a mostrar debilidad en medio de un clima financiero global tenso, que golpea a Wall Street y a los bonos del Tesoro de EEUU. Los bonos soberanos en dólares extienden este martes su mala performance en Wall Street y operan con mayoría de bajas. Como consecuencia, el riesgo país amplía su repunte y vuelve superar los 500 puntos básicos. En tanto, los ADRs y las acciones de empresas argentinas que cotizan en el exterior exhiben también un predominio de las caídas. Esto ocurre en medio de un contexto financiero internacional tenso: el petróleo se consolidó por encima de los u$s100 por barril de Brent, los debates sobre la inteligencia artificial golpean las acciones tecnológicas y los bonos del Tesoro de Estados Unidos (EEUU) alcanzan picos de rendimiento. Todo eso, mientras los inversores descuentan que la Fed anunciará este miércoles una suba de tasas de interés. En ese marco, los bonos soberanos Globales (emitidos bajo legislación extranjera) cotizan con rojos generalizados de hasta 0,4%. En tanto, los Bonares (de jurisdicción argentina) alternan alzas y bajas más moderadas. De esta manera, el riesgo país argentino avanza otros 11 puntos básicos y alcanza las 504 unidades. Así, vuelve a quedar al borde del umbral de los 500 puntos básicos. Semanas atrás, el indicador medido por el banco J.P. Morgan se había ubicado por sobre ese nivel (entre el 18 de agosto y el 2 de septiembre) en un contexto de crecientes dudas de la city. Acciones y ADRs Por otra parte, las acciones y los ADRs de empresas que operan en Wall Street muestran una mayoría de rojos, encabezadas por Bioceres (-8,4%). En el otro extremo, YPF sube (+2,3%) y algunas energéticas acompañan el movimiento. En la bolsa local, el índice S&P Merval se mantiene prácticamente estable en 3.083.970,2800 puntos en pesos. En tanto, medido en dólares, el selectivo local pierde 0,1% a 1.937,75 puntos. Fuentes del mercado indicaron que los activos bancarios continúan presionados, al tiempo que la dinámica de los papeles bancarios permanece atada a la suerte del Brent que se acerca a los u$s110. Ámbito
Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego darán a conocer novedades sobre la presentación que realizaron a finales de julio ante el Comité de Derechos Humanos. En el documento pidieron que se revise la proscripción perpetua que se le impuso y que revean su condición de encarcelamiento domiciliario. Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner anunciaron este martes que aportarán nuevas pruebas a la causa Vialidad que sostienen la inocencia de la expresidenta. “Estabámos convencidos que la verdad iba a salir a la luz”, sostuvo Alberto Beraldi, en conferencia de prensa. Según los letrados, las empresas de Lázaro Baéz no habrían sido beneficiadas por los Fondos del Fideicomiso del Transporte, decreto por el cual fue condenada. “La imputación es falsa”, continuó Beraldi. En tanto, el brasileño Rafael Valim, agregó: “No hay ningún fundamento fáctico para condenarla”. Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego citaron a la prensa para comunicar “información de relevancia” referida a la comunicación individual que presentaron a finales de julio ante el Comité de Derechos Humanos de ONU, en la que documentaron un total de ocho violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el proceso judicial contra la exmandataria. En la presentación, los abogados aseguraron que el juicio constituyó una violación de múltiples garantías y remarcaron que “el proceso tuvo como finalidad la proscripción electoral” de Kirchner. “La condena perseguía impedir su candidatura en futuras elecciones”, afirmaron y agregaron que “la inhabilitación perpetua constituye una restricción indebida de sus derechos políticos”. En el documento elevado a la ONU también cuestionaron la legalidad de la condena. Consideraron que “se atribuyó la responsabilidad de actos administrativos que no le correspondían constitucionalmente” y que la sentencia “se basó en la firma del Decreto 54/2009, todavía vigente”. Además, denunciaron que “se impidió una adecuada defensa”. Las ocho violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Artículo 25: derecho a votar y ser elegido. Los abogados aseguran que el proceso tuvo como finalidad la proscripción electoral de Cristina Fernández de Kirchner para impedir su candidatura en futuras elecciones. Y que la inhabilitación perpetua es una restricción indebida de sus derechos políticos.Artículo 14: derecho a un juicio justo. La defensa señala que se atribuyó a la exmandataria la responsabilidad de actos administrativos que no le correspondían constitucionalmente. La condena se basó en la firma del Decreto 54/2009, todavía vigente. Se impidió una adecuada defensa.Artículo 14.1: derecho a un Tribunal competente, independiente e imparcial. Los órganos judiciales no fueron los jueces naturales, ya que, según afirman, hubo irregularidades en la asignación de causas. Acusaron a los jueces y fiscales de tener relaciones personales con políticos opositores.Artículo 14.2: derecho a la presunción de inocencia. Afirman que desde el inicio del proceso existió una presunción de culpabilidad.Artículo 14.3: derecho a tiempo y medios adecuados para preparar la defensa. Los abogados manifiestan que se incorporaron pruebas de otros procesos sin posibilidad efectiva de contradicción.Artículo 14.5: derecho a que la condena sea revisada por un tribunal superior. La Cámara de Casación no examinó realmente los agravios formulados por la defensa.Artículo 14.7: prohibición de juzgar o condenar dos veces a una persona por los mismos hechos (ne bis in idem). Los letrados afirman que 49 de las 51 obras públicas ya habían sido objeto de investigaciones anteriores concluidas mediante archivo o sobreseimiento.Artículo 2.3 a) y b): derecho a un recurso efectivo. El sistema interno no proporcionó un recurso judicial efectivo. La actual composición reducida de la Corte Suprema (tres miembros) impide un examen independiente. En el marco de la presentación, como medida cautelar, la expresidenta solicitó la suspensión de la inhabilitación perpetua. Consideró que la sentencia se basó en “evidentes arbitrariedades” y que “la perpetuidad incumple precedentes claros del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”. Además solicitó el restablecimiento de la integración legal de la Corte Suprema, al sostener que su actual conformación afecta el Estado de Derecho y el derecho a un recurso efectivo. Por último, en la presentación ante la ONU pidió que se modifiquen las condiciones de la prisión domiciliaria. Entre ellas, mencionaron el retiro de la tobillera electrónica, la eliminación de las restricciones de visitas, el acceso al aire libre, un tratamiento igualitario respecto de otras personas en prisión domiciliaria, el cese del trato discriminatorio y degradante y que las autoridades argentinas no la responsabilicen por las manifestaciones de terceros frente a su domicilio. Ámbito
Londres negó que la legislación argentina alcance a las compañías que operan en las islas y ofreció intervenir si enfrentan presiones en otros países por sus negocios. El documento constituye la primera respuesta directa a las sanciones y advertencias impulsadas por el presidente Javier Milei contra las compañías vinculadas con la explotación petrolera y pesquera del archipiélago. El Reino Unido publicó este martes una guía oficial para respaldar a las empresas que operan en las Islas Malvinas y rechazó que Argentina pueda aplicarles su legislación. La guía, titulada Hacer negocios con las Islas Falkland – según la denominación británica -, fue difundida por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO). El texto sostiene que el gobierno británico apoya “toda actividad económica legítima” en las islas y ofrece asistencia a compañías, subsidiarias y proveedores que enfrenten acciones argentinas en terceros países. La respuesta británica a las sanciones “Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre las Islas Falkland. La legislación argentina no se aplica dentro de las islas”, afirma el documento. Esa posición contradice el reclamo argentino y omite que la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce la existencia de una disputa de soberanía e insta a ambos países a negociar una solución pacífica. Londres también afirmó que no encuentra fundamentos para que tribunales de países distintos de Argentina puedan ejercer jurisdicción sobre las medidas adoptadas por Buenos Aires. La guía admite, sin embargo, que algunas empresas y particulares podrían recibir comunicaciones o amenazas de acciones legales por sus actividades en Malvinas. Ante esos casos, el gobierno británico recomienda obtener asesoramiento jurídico independiente. Además, ofrece una intervención política directa: el FCDO se manifestó dispuesto a exponer su posición ante cualquier empresa que busque garantías si ella, una subsidiaria o uno de sus proveedores enfrenta presiones en un tercer país. La publicación recuerda que sucesivos gobiernos argentinos aplicaron medidas destinadas a desalentar los negocios en las islas y argumenta que esas disposiciones no impidieron el crecimiento de la economía del archipiélago. Con ese antecedente, Londres busca transmitir a los inversores que las nuevas sanciones tampoco deberían alterar sus operaciones. Petróleo y pesca, en el centro La guía alcanza a las empresas que desarrollen actividades comerciales en Malvinas, suministren bienes o servicios o participen directa o indirectamente en la explotación de sus recursos naturales. Su alcance comprende, por lo tanto, a los sectores petrolero y pesquero. “El Gobierno del Reino Unido apoya plenamente el derecho de los habitantes de las Islas Falkland a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, en beneficio económico propio”, sostiene el documento. Londres encuadra esa potestad dentro del derecho a la autodeterminación de los isleños y afirma que esas actividades están reguladas por la normativa local y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Argentina rechaza esa interpretación. Su posición sostiene que la autodeterminación no resulta aplicable a los habitantes de Malvinas, a quienes considera una población implantada por la potencia colonial, y que la explotación unilateral de recursos naturales desconoce las resoluciones de la ONU sobre la disputa. La respuesta británica llegó 12 días después de que Milei anunciara el envío al Congreso de un proyecto de “defensa de la soberanía nacional”, con penalidades más severas para las empresas que extraigan petróleo sin autorización argentina en aguas reclamadas por el país. El Gobierno también busca extender las sanciones a proveedores, accionistas y directores, y prohibirles operar o celebrar contratos en territorio nacional. La disputa por el proyecto Sea Lion El principal objetivo de las medidas es Sea Lion, un yacimiento situado a unos 220 kilómetros al norte de las islas. El consorcio integrado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum proyecta iniciar la extracción en 2028 y obtener unos 170 millones de barriles durante su primera etapa. Milei calificó el emprendimiento como “un peligro claro e inmediato” para los intereses argentinos. Rockhopper, por su parte, aseguró que no espera que las medidas anunciadas por la Casa Rosada tengan un “efecto material” sobre el desarrollo petrolero. El Gobierno argentino informó este martes que ampliará la denuncia presentada contra empresas que estarían realizando actividades hidrocarburíferas ilegales en la Plataforma Continental Argentina. El vocero presidencial Adrián Ravier indicó que se incorporarán nuevas compañías, aunque no reveló sus nombres. La presentación anterior alcanzó a 15 empresas, directivos y accionistas vinculados con Navitas, Rockhopper, Borders & Southern, Eco Atlantic, Bluewater y Noble Corporation. La acusación se apoya en la Ley 26.659, que prohíbe realizar actividades petroleras en la Plataforma Continental Argentina sin autorización nacional. Además de las actuaciones administrativas, la ofensiva llegó a la Justicia federal. El fiscal Carlos Stornelli imputó este martes a directivos de compañías sancionadas por Argentina por su presunta participación en actividades hidrocarburíferas ilegales alrededor de las islas. El proyecto todavía no llegó al Congreso Mientras Londres difundía la guía, la administración libertaria continuaba con la revisión de la iniciativa anunciada por Milei. El proyecto se encuentra en la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal Murphy, y su envío al Congreso se demoró por ajustes técnicos. Consultado sobre posibles reclamos diplomáticos por las sanciones, el canciller Pablo Quirno aseguró que no recibió ninguno. “No ha habido absolutamente ninguna queja. Argentina está a derecho, cumpliendo con su legislación y tratando de agregar herramientas para la mejor defensa de nuestros intereses en Malvinas”, afirmó. La guía británica no constituye formalmente una protesta diplomática, pero muestra que Londres ya decidió responder a la ofensiva: desconoce el alcance de las medidas argentinas, respalda a las empresas y promete intervenir si las sanciones afectan sus negocios fuera del país. Bae Negocios
La evolución de El Niño durante 2026 mantiene bajo vigilancia al Litoral argentino por la posibilidad de precipitaciones superiores a las habituales y su eventual impacto sobre los principales cursos de agua de la región, especialmente el río Paraná. En ese contexto, el ingeniero hidráulico y civil Claudio Velazco elaboró una proyección sobre los niveles que podría alcanzar el Paraná ante un escenario de “Súper Niño” y comparó los resultados con la histórica crecida de 1983. El estudio comprende 24 ciudades costeras y plantea, en algunos puntos, alturas entre 20 centímetros y 1,20 metros superiores a los registros tomados como referencia de aquella creciente. Además, estima que la onda de crecida podría recorrer el río en aproximadamente 18 días entre Puerto Iguazú y San Fernando. Las cifras, sin embargo, no representan un pronóstico oficial ni significan que esas alturas necesariamente vayan a registrarse. Se trata de un escenario estimativo condicionado por numerosas variables meteorológicas e hidrológicas. Entre ellas aparecen la cantidad y distribución de las precipitaciones sobre la cuenca, los aportes de los diferentes ríos tributarios y el manejo de las represas de Itaipú y Yacyretá. Cuánto podría crecer el río Paraná con el Súper Niño 2026 Uno de los valores más significativos corresponde a Puerto Iguazú, donde la proyección alcanza los 17,60 metros, frente a los 16,40 metros tomados como referencia de 1983. La diferencia sería de 1,20 metros. En Posadas, el escenario plantea 11,47 metros frente a 10,27 metros, mientras que para Corrientes se estiman 10,20 metros contra los 9 metros de la referencia histórica. Estos son algunos de los niveles incluidos en la proyección: Puerto Iguazú: 17,60 m (1983: 16,40 m). Posadas: 11,47 m (1983: 10,27 m). Corrientes: 10,20 m (1983: 9,00 m). Barranqueras: 10,00 m (1983: 8,80 m). Paraná: 8,50 m (1983: 7,90 m). Santa Fe: 8,20 m (1983: 7,60 m). Rosario: 7,60 m (1983: 7,20 m). Tigre: 6,10 m (1983: 5,70 m). El análisis aclara además que las alturas están referidas al cero del Instituto Nacional del Agua (INA) y no al del Servicio de Hidrografía Naval (SHN), una diferencia que debe considerarse al interpretar y comparar los registros. Por qué El Niño pone al Litoral bajo mayor vigilancia El escenario coincide con las advertencias de especialistas sobre los posibles efectos de El Niño en la Argentina. La región del Litoral y buena parte de la cuenca del Plata se encuentran entre las áreas donde el fenómeno puede favorecer precipitaciones por encima de los valores habituales. Las provincias que requieren mayor seguimiento incluyen a Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Entre Ríos y Santa Fe. En este contexto, también aumenta la atención sobre el comportamiento de los ríos Paraná, Paraguay, Uruguay e Iguazú. El antecedente de 1982/83 adquiere especial relevancia porque aquel episodio de El Niño coincidió con una de las grandes crecidas del Paraná. Otro evento intenso, el de 1997/98, también estuvo asociado a importantes inundaciones en el Litoral. No obstante, un El Niño muy fuerte no implica automáticamente que se produzcan inundaciones históricas. El fenómeno modifica las probabilidades de determinados patrones de lluvia, pero por sí solo no permite establecer cuánto lloverá sobre una cuenca ni qué altura alcanzará el río en una ciudad determinada. Por ese motivo, las cifras proyectadas deben entenderse como un escenario posible para analizar riesgos y mejorar la preparación, y no como una predicción puntual para los próximos meses. La evolución de las precipitaciones, los tributarios y las condiciones de toda la cuenca será determinante para conocer el impacto real de El Niño 2026. Fuente: Tiempo Argentino
El régimen especial permite refinanciar deudas de adjudicatarios con cuotas sujetas a cláusulas de ajuste, con planes de pago de entre 120 y 360 cuotas. La iniciativa se implementa con atención personalizada, de manera que cada adjudicatario pueda conocer las condiciones correspondientes a su situación y acceder a una alternativa de pago acorde a sus posibilidades. El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) puso en marcha un régimen especial de refinanciación destinado a adjudicatarios de viviendas cuyas cuotas se encuentran sujetas a cláusulas de ajuste. La medida busca brindar una alternativa accesible para que las familias chaqueñas puedan regularizar sus obligaciones habitacionales y avanzar hacia una mayor previsibilidad en el pago de sus viviendas. El régimen contempla la posibilidad de refinanciar los saldos pendientes en planes de entre 120 y 360 cuotas, es decir, con plazos que pueden extenderse hasta 30 años, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada caso. Desde el IPDUV señalaron que esta herramienta tiene como objetivo acompañar a los adjudicatarios que mantienen deudas y facilitar su regularización, al tiempo que permite fortalecer la continuidad de las políticas habitacionales y garantizar el sostenimiento de los programas de vivienda. La iniciativa se implementa con atención personalizada, de manera que cada adjudicatario pueda conocer las condiciones correspondientes a su situación y acceder a una alternativa de pago acorde a sus posibilidades. Dónde realizar el trámite Los interesados pueden acercarse de manera presencial a los siguientes puntos de atención: El organismo recordó que el trámite se realiza de manera presencial, con asesoramiento del personal del IPDUV para evaluar cada situación y brindar información sobre las alternativas disponibles. El Gobierno provincial, a través del IPDUV, continúa generando herramientas para facilitar la regularización de las familias adjudicatarias y sostener el acceso y la permanencia en la vivienda propia.
La Sala I entendió que un juez no puede suspender cautelarmente la aplicación de una ley sancionada por el Congreso con efectos generales y destacó que esa decisión afecta el principio de división de poderes y el sistema de control difuso de constitucionalidad. También ordenó revisar la competencia del juzgado que intervino en el hábeas corpus. La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora revocó la medida cautelar que había suspendido durante 60 días la aplicación de la Ley 27.801 de Régimen Penal Juvenil en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. La nueva legislación, sancionada el 27 de febrero de 2026 y publicada el 9 de marzo, establece un régimen penal aplicable a adolescentes desde los 14 años y hasta antes de cumplir los 18 años y derogó el anterior régimen de la Ley 22.278. Su entrada en vigencia fue fijada a los 180 días de su publicación. La decisión revisada había sido dictada el 7 de septiembre por la jueza Marta Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, en el marco de un hábeas corpus colectivo y preventivo presentado por la Asociación Civil “No Seas Pavote”, integrante de la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. La acción buscaba suspender la aplicación de la nueva legislación en la Provincia hasta que se encontraran garantizadas las condiciones mínimas para implementarla conforme a los estándares constitucionales y convencionales aplicables a adolescentes. La magistrada había considerado que la ampliación del universo de adolescentes alcanzados por el régimen —en particular, la incorporación de jóvenes de 14 y 15 años— podía provocar una lesión grave e inminente de derechos fundamentales si no existían previamente condiciones materiales, institucionales y profesionales adecuadas para su implementación. Para adoptar la cautelar, describió deficiencias en los dispositivos de privación de libertad juvenil vinculadas con infraestructura, alimentación, provisión de agua potable, educación y formación profesional. En ese contexto, sostuvo que los establecimientos provinciales no se encontraban en condiciones de recibir una mayor cantidad de adolescentes sin riesgo de agravar su situación de vulnerabilidad. También había convocado a una audiencia a funcionarios provinciales para que informaran las medidas adoptadas y proyectadas para implementar el nuevo régimen. La decisión fue apelada por el Ministerio Público Fiscal. Entre sus cuestionamientos, sostuvo que la suspensión de una ley sancionada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo implicaba un avance sobre las atribuciones de otros poderes del Estado. También consideró que la medida se encontraba basada en consecuencias futuras sin que se hubiera demostrado una afectación ilegal o arbitraria concreta respecto de algún adolescente. El Fiscal General mantuvo el recurso y señaló que el hábeas corpus preventivo requiere una amenaza concreta a la libertad ambulatoria o a las condiciones en las que ésta se ejerce. Según sostuvo, una eventual afectación futura no resultaba suficiente para suspender preventivamente una ley nacional respecto de todas las personas comprendidas en su ámbito de aplicación. Al resolver, los jueces Miguel Carlos Navascués y Miguel María Alberdi recordaron que las leyes regularmente sancionadas gozan de presunción de legitimidad y que su inaplicabilidad requiere, en su caso, un control de constitucionalidad o convencionalidad efectuado en un caso concreto. En ese marco, consideraron inadmisible que mediante una medida cautelar provisoria se suspendiera la aplicación de la totalidad de una ley. La Cámara puso especialmente el foco en el principio de división de poderes y sostuvo que los tribunales no pueden prescindir de la aplicación de una norma vigente por considerar inconvenientes o desacertadas sus consecuencias, en particular cuando se trata de decisiones vinculadas con la política criminal, materia reservada primordialmente al Poder Legislativo. Para fundamentar esa conclusión, el tribunal recurrió al precedente “Thomas, Enrique c/ E.N.A. s/ amparo” de la Corte Suprema, dictado en 2010 con motivo de una cautelar que había suspendido la aplicación de la denominada Ley de Medios. La Cámara recordó que en aquella oportunidad la Corte señaló que el sistema argentino adopta un modelo difuso de control de constitucionalidad, en el cual los jueces pueden examinar la validez de una norma para resolver casos concretos, pero no cuentan con facultades para hacer cesar su vigencia con carácter general. Si esa potestad no existe al resolver definitivamente una causa, destacó el precedente, tampoco puede ejercerse de manera cautelar. A partir de esa doctrina, la Sala concluyó que suspender cautelarmente una ley sancionada por el Congreso en todo el territorio provincial, incluso por un plazo limitado, resulta incompatible con el sistema republicano de gobierno. Por ello, hizo lugar a la apelación y dejó sin efecto la suspensión por 60 días de la Ley 27.801. El tribunal aclaró, sin embargo, que esa conclusión no implica desconocer la situación de los adolescentes privados de libertad en la provincia de Buenos Aires. Señaló que, ante una situación concreta que pudiera agravar sus condiciones de encierro, corresponde al juez a cuya disposición se encuentre cada joven adoptar las medidas urgentes necesarias para proteger sus derechos. Asimismo, exhortó a la administración a proveer los medios y recursos necesarios para cumplir los estándares constitucionales y convencionales que rigen la privación de libertad de adolescentes. Finalmente, la Cámara introdujo otra cuestión relevante para la continuidad del proceso. Antes de abordar el recurso había advertido que el objeto de este hábeas corpus era distinto de otra acción anterior vinculada específicamente con las condiciones de detención del Centro de Recepción de Lomas de Zamora. Por ese motivo, además de revocar la cautelar, ordenó a la jueza de primera instancia que revise de manera urgente su competencia para continuar interviniendo en la causa. Palabras del Derecho
Ante el desvío del cauce del río Bermejo y la consecuente disminución del nivel de agua en el sector de captación, Sameep desplegó maquinaria especial y equipos técnicos y operativos en la zona de la toma de agua cruda de la Planta Potabilizadora de Puerto Lavalle. Las tareas tienen como objetivo encauzar y conducir el recurso hídrico hacia la toma, mediante trabajos de limpieza, profundización y canalización del cauce, con el propósito de sostener la captación, potabilización y posterior distribución de agua potable. La intervención permitirá preservar la producción de agua destinada a Puerto Lavalle, Fortín Lavalle, Juan José Castelli, Villa Río Bermejito, Miraflores y El Espinillo, localidades abastecidas por este sistema. Desde Sameep explicaron que el comportamiento del río Bermejo requiere un monitoreo permanente y respuestas operativas específicas, por tratarse de un cauce con variaciones que pueden modificar las condiciones de captación. ”Trabajamos para que el agua pueda llegar hasta la Toma” El presidente de Sameep, Nicolás Diez, destacó el trabajo que se lleva adelante en la zona y explicó que la intervención busca anticiparse a las dificultades que genera el cambio en el cauce.“El río Bermejo tiene un cauce muy cambiante y, ante este desvío, estamos trabajando con máquinas especiales para lograr que el agua pueda llegar hasta la toma. Es una intervención necesaria para cuidar la captación y sostener el servicio”. En este contexto, Sameep solicita especialmente a los vecinos de las localidades abastecidas hacer un uso responsable y cuidadoso del agua potable, evitando derroches y utilizando el recurso exclusivamente para las necesidades esenciales. La empresa remarcó que cada acción de cuidado contribuye a sostener la disponibilidad del recurso, especialmente frente a condiciones naturales que demandan un esfuerzo operativo adicional para garantizar la continuidad del servicio.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que la gestión de Milei “utilizará todos los medios para sancionara empresas y particulares vulneren la soberanía de la Argentina sobre las islas”. El vocero presidencial, Adrián Ravier, comunicó este martes que el Gobierno nacional ampliará las denuncias contra las empresas y también contra particulares que lleven a cabo actividades en las Islas Malvinas que atenten contra la soberanía argentina. “Se va a ampliar la denuncia judicial presentada la semana pasada para que alcancea otras compañías. El gobierno nacional continuará utilizando todos los medios quetenga a su disposición para sancionar e impedir que empresas o particularesdesarrollen actividades que vulneren los derechos y la soberanía de la Argentinasobre las islas”, aseveró el funcionario hoy en conferencia de prensa Luego se refirió a la construcción de la base naval en Tierra del Fuego y precisó: “La base va a incorporar diversas funciones logísticas relevantes. Por un lado, será un punto logístico estratégico para la proyección Argentina al Atlántico Sur que permitirá vigilar y controlar mejor nuestros recursos naturales y nuestra soberanía”. El vocero presidencial, Adrián Ravier, comunicó este martes que el Gobierno nacional ampliará las denuncias contra las empresas y también contra particulares que lleven a cabo actividades en las Islas Malvinas que atenten contra la soberanía argentina. “Se va a ampliar la denuncia judicial presentada la semana pasada para que alcancea otras compañías. El gobierno nacional continuará utilizando todos los medios quetenga a su disposición para sancionar e impedir que empresas o particularesdesarrollen actividades que vulneren los derechos y la soberanía de la Argentinasobre las islas”, aseveró el funcionario hoy en conferencia de prensa Luego se refirió a la construcción de la base naval en Tierra del Fuego y precisó: “La base va a incorporar diversas funciones logísticas relevantes. Por un lado, será un punto logístico estratégico para la proyección Argentina al Atlántico Sur que permitirá vigilar y controlar mejor nuestros recursos naturales y nuestra soberanía”. Además el pasado lunes, como informó Noticias Argentinas, los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio de la organización Reset Republicano, presentaron una denuncia ante la Justicia Federal en lo Penal Económico por “contrabando pesquero” contra empresas internacionales que operan en el mar argentino con permisos dados por las autoridades británicas en el área de las Islas Malvinas. Agencia NA
Desde este martes 15 de septiembre están habilitadas las inscripciones online para quienes quieran formar parte de la Policía del Chaco y del Servicio Penitenciario Provincial. Se ofrecen 200 cupos para la fuerza policial y 65 para el Servicio Penitenciario. La propuesta busca incorporar nuevos agentes al sistema de seguridad provincial, fortaleciendo las instituciones y ampliando las oportunidades de formación para los chaqueños. Las personas interesadas deberán realizar la inscripción exclusivamente de manera online, a través de los sitios oficiales correspondientes. Requisitos generales Entre las condiciones generales para participar de la convocatoria se encuentran: -Contar con título secundario. -No registrar antecedentes judiciales. -No registrar antecedentes contravencionales. -Cumplir con la edad establecida para cada curso. -Se contemplan cupos destinados a integrantes de pueblos originarios. 265 vacantes disponibles Policía del Chaco: 200 cupos. Servicio Penitenciario Provincial: 65 cupos. Las inscripciones para la Policía del Chaco se realizan exclusivamente a través de isspchaco.edu.ar, mientras que para el Servicio Penitenciario Provincial deben efectuarse mediante spp.chaco.gob.ar. La convocatoria representa una nueva oportunidad para quienes buscan incorporarse a las fuerzas de seguridad, acceder a una formación profesional y asumir el compromiso de servir a la comunidad.
En diálogo con CIUDAD TV, el diputado provincial del Frente Chaqueño, Sebastián Benítez Molas, ratificó la intención del bloque opositor de debatir en la Cámara de Diputados sobre proyectos que tengan que ver con la realidad cotidiana de los chaqueños y chaqueñas. El diputado provincial por el peronismo, Sebastián Benítez Molas, analizó el complejo escenario legislativo que atraviesa la provincia de Chaco ante la paridad de bancas en la Cámara de Diputados. En diálogo con CIUDAD TV, el legislador remarcó la distancia existente entre las demandas urgentes de la ciudadanía y la agenda parlamentaria que promueve el Poder Ejecutivo provincial. Benítez Molas explicó que la paridad en el recinto, dada por la presencia de 16 diputados oficialistas y 16 de la oposición, genera discusiones muy tediosas pero nutritivas en las comisiones previas. “Nosotros en esa paridad queremos encontrar siempre oportunidades y soluciones para los chaqueños y las chaqueñas; obviamente nuestras prioridades son muy distintas a las del Gobierno”, aseguró el legislador. En ese sentido, puntualizó que la bancada opositora busca enfocar la atención en “atender urgente el nivel de endeudamiento que están teniendo nuestras familias, atender urgente una crisis en salud mental que están padeciendo los chaqueños y las chaqueñas, y atender urgente el nivel de costo tarifario de los servicios”, mientras que el oficialismo insiste en tratar iniciativas como la ley de inversiones RINI. Respecto a esta última propuesta, advirtió que “en el Chaco no va a venir ninguna inversión si no tenemos calidad institucional, si tenemos todas nuestras rutas rotas y seguramente no tenemos un aparato productivo que esté con fuerza para salir adelante”. Rechazo a la suba de salarios a jueces y fiscales En cuanto al proyecto que busca la equiparación de haberes para magistrados y funcionarios del Poder Judicial, el diputado confirmó el rechazo del bloque del Partido Justicialista. “En principio para el gobierno provincial hay distintas categorías de trabajadores; nosotros creemos que todos los trabajadores tienen derecho a su dignidad, derecho a tener un salario que les permita en principio cubrir sus costos básicos vitales”, sostuvo, al tiempo que remarcó que desde el espacio no diferencian entre jueces y docentes a los cuales se les faltó a la palabra empeñada. Asimismo, Benítez Molas fue enfático al manifestar la negativa a elevar las remuneraciones de la cúpula judicial: “No estamos de acuerdo en otra vez subirle los sueldos a jueces y fiscales; me parece que hay cuestiones mucho más urgentes y sobre todo qué impacto va a tener esto en el salario de los trabajadores judiciales que tampoco se está teniendo en cuenta”. A su vez, rememoró los antecedentes de endeudamiento provocados por resoluciones similares durante la gestión de Ángel Rozas y exigió discutir la problemática con mayor profundidad: “Esto requiere un cálculo mucho más exhaustivo, pensarlo bien, hacerlo de cara a la gente, contarle a nuestro pueblo cuánto puede costar y también cuál es la contraparte; nosotros necesitamos mejorar la dinámica y el funcionamiento del Poder Judicial en general y no solamente estar pensando en los sueldos”. Cuestionamientos a la suspensión de las PASO El referente peronista también se refirió a la reciente aprobación de la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en una sesión extraordinaria convocada por el oficialismo. El legislador criticó el apuro del trámite y la conducta de la diputada Katia Blanc, representante del Frente Chaqueño que dio quórum y acompañó la iniciativa. “Obviamente, personally y políticamente, me siento decepcionado y desilusionado; no compartimos la decisión que tomó ella, no es la decisión que tenía el interbloque y mucho menos el bloque justicialista”, expresó el diputado. Para Benítez Molas, la medida “disminuye la calidad democrática de nuestra provincia y la calidad institucional también”, calificando de opacos los argumentos vinculados al costo fiscal del proceso electoral. “Con esta excusa del costo y de que la gente está cansada de votar, yo creo que se está tomando por tonta a una ciudadanía que obviamente valora el sistema democrático”, argumentó, proponiendo en cambio una enmienda constitucional para unificar los comicios provinciales con los nacionales como vía real para ahorrar recursos públicos. En relación con el marco disciplinario hacia Blanc, precisó que la diputada “formó parte de nuestra propuesta electoral como integrante del Frente Renovador” y no está afiliada al PJ, por lo que las acciones partidarias se limitaron al comunicado de censura ideológica emitido por el Consejo Provincial del partido. El peronismo rumbo al 2027 y las disputas internas De cara al armado para las elecciones provinciales de 2027, el diputado valoró positivamente la diversidad de dirigentes que recorren el territorio para articular propuestas. “A mí me da la sensación de que es una gran fortaleza que tiene el peronismo a nivel provincial, que tiene muchas propuestas, muchos candidatos y candidatas valiosos, con muchísimo coraje para encarar este nuevo camino”, remarcó, advirtiendo que “va a quedar tierra arrasada después de Zdero y Milei en nuestra provincia”. Consultado sobre las posturas críticas del dirigente Antonio “Penci” Morante hacia sectores de La Cámpora dentro de la interna del PJ, el legislador se desmarcó de esos cuestionamientos: “Escuché las declaraciones del compañero, no las comparto para nada. Más allá de eso está la libertad de pensar como quiera y mucho menos comparto la forma”. Además, agregó: “Me parece que hacerlo en un estudio, en el medio de un marco comunicativo, estaría bueno que lo hagamos puertas adentro; me parece que esa diferencia hay que normalizarla porque enriquece nuestro movimiento”. Concluyó llamando a la unidad frentista del espacio al instar a que “sobrevolemos esas diferencias y pensemos más en el fondo y no en la forma, pensemos en las cuestiones primarias para resolver y no en discusiones secundarias”.
El poemario, publicado por Ramaraíz Editora, reúne una escritura atravesada por la memoria, la identidad y la relación con lo vegetal. La preventa estará disponible hasta el 10 de octubre, con un 30% de descuento. ‘Crece de la nada’, el primer libro de poesía de Silvana Sanabria, ya se encuentra disponible en preventa a través de Ramaraíz Editora. La campaña estará vigente desde este 15 de septiembre hasta el 10 de octubre de 2026, con un valor promocional de $17.000. El poemario reúne una escritura construida a lo largo de los años, en la que naturaleza y cuerpo aparecen como territorios que se contaminan, se transforman y se reconocen mutuamente. Plantas, heridas, raíces, migraciones, memoria y pertenencia atraviesan un libro en el que lo vegetal funciona también como lenguaje para indagar en la propia identidad. “Crece de la nada es un herbario salvaje, chúcaro. Un cuerpo textual con heridas en las rodillas que se desgaja y recompone en la caída, mientras aplica primeros auxilios a un jazmín. Es también una botánica del asombro, un terreno fértil donde los límites entre tallo y piel, entre brote y palabra parecen disolverse”, escribe Washington Atencio en el texto de contratapa. Silvana Sanabria nació en la Ciudad de Corrientes en 1989. Es periodista y docente, y escribe poesía desde muy joven. En 2019, luego de una breve experiencia migratoria en Uruguay, se radicó en la provincia del Chaco, donde vive y trabaja actualmente. Su vínculo con la literatura comenzó durante la infancia, cuando encontró en la lectura una forma de compañía. La escritura apareció en la adolescencia y, con los años, se convirtió en un espacio de exploración, memoria y búsqueda identitaria. En 2016 y 2021 obtuvo el Premio UNNE para las Letras en la categoría Poesía. Además, integra Malezas y Trepadoras, un proyecto en dúo de artes visuales, y coedita Nocturnal Zine, dedicado al terror, las leyendas urbanas y las historias de internet. Sobre Ramaraíz Editora Ramaraíz es una editorial chaqueña dedicada a la literatura contemporánea y a escrituras que emergen por fuera de los centros editoriales tradicionales, con especial interés en su relación con el territorio, los cuerpos, la naturaleza y las formas de vida. Su catálogo se orienta hacia las disidencias, las perspectivas ambientalistas, las escrituras de sensibilidad política y las propuestas que experimentan con el lenguaje, los géneros y el libro-objeto. Preventa La preventa de Crece de la nada estará disponible hasta el 10 de octubre de 2026, con un 30% de descuento. El valor de cada ejemplar de preventa es de $17.000. Quienes deseen adquirirlo deben transferir ese monto al alias: ramaraiz. Una vez realizado el pago, se deberá enviar el comprobante a ramaraizeditora@gmail.com. El libro también puede reservarse a través de la tienda virtual de la editorial (https://ramaraizeditora.empretienda.com.ar/).
La Cámara Federal de Resistencia rechazó la excarcelación de Nicolás Clinis Canal y confirmó que continúe detenido en la causa conocida como “Exen Gym”. El tribunal consideró que aún existe riesgo de entorpecimiento por la prueba informática pendiente y los elementos que deben analizarse, algunos en el exterior del país. El tribunal reconoció que, de otorgarse la prisión domiciliaria, tal cual lo solicitó de manera subsidiaria su defensa, Clinis Canal podría llegar a contactarse con personas que eventualmente estarían involucradas en el expediente. La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia rechazó este martes el pedido de excarcelación presentado por la defensa de Nicolás Clinis Canal, uno de los imputados en la causa que investiga a la estructura vinculada con los gimnasios Exen Gym por presunto lavado de activos. El tribunal consideró que, aunque el peligro de fuga puede ser neutralizado mediante otras medidas, todavía existe un riesgo concreto de entorpecimiento de la investigación debido a la prueba pendiente de producir y analizar. La decisión fue adoptada por mayoría por la Cámara Federal de Resistencia, integrada en esta audiencia por las juezas Patricia Beatriz García y María Virginia Ise. La defensa había solicitado que se revoque la decisión de la jueza de primera instancia, Zunilda Niremperger, que rechazó la excarcelación de Clinis Canal y, subsidiariamente, que se le conceda el arresto domiciliario. El Ministerio Público Fiscal, representado por Adrián Nicolás Araujo, pidió que se confirme la resolución. La audiencia se realizó este martes 15 de septiembre de manera remota y bajo las reglas del artículo 454 del Código Procesal Penal de la Nación. Tras un cuarto intermedio, el tribunal expuso los fundamentos de su decisión y finalmente resolvió no hacer lugar al recurso de apelación y confirmar la resolución de la jueza de primera instancia. El peligro de fuga puede ser neutralizado Uno de los puntos destacados de la resolución es que la Cámara no consideró acreditado, en este momento del proceso, un peligro de fuga que por sí solo justifique mantener la prisión preventiva. Las juezas analizaron especialmente la situación de Clinis Canal, quien tiene residencia en Paraguay, pero ofreció un domicilio que permitió considerar subsanada esa circunstancia en relación con el arraigo. La Cámara también sostuvo que afirmar que existe peligro de fuga implicaría asumir que los mecanismos con los que cuenta el Estado para neutralizarlo no funcionan. En ese sentido, el tribunal señaló que eventualmente podrían utilizarse medidas menos gravosas, como una tobillera electrónica o restricciones de contacto, previstas en el artículo 210 del Código Procesal Penal Federal. Pero esa conclusión no fue suficiente para disponer la libertad. La investigación todavía tiene prueba pendiente La principal razón para mantener la prisión preventiva fue el riesgo de entorpecimiento de la investigación. La Cámara consideró que el proceso se encuentra todavía en una etapa prematura y que existen elementos de prueba que aún deben ser analizados. Entre ellos, mencionó información obtenida recientemente y otros elementos que se encuentran en el extranjero, circunstancias que, según el tribunal, dan cuenta de la complejidad de la investigación. En particular, las juezas pusieron el foco en la prueba informática que todavía debe producirse. Según señalaron, de ese material podrían surgir datos sobre terceras personas potencialmente vinculadas con la investigación, incluso algunas cuya participación todavía no habría sido identificada. “Se consideró que el arresto domiciliario no puede asegurar que el imputado no se comunique con determinadas personas aun ignoradas, siendo que existe prueba pendiente de producirse, como ser los elementos informáticos, de lo cual podrían surgir derivaciones aun no identificadas”, señalaron las juezas. “Por último, se consideró que estando pendiente de producción prueba informática, de la cual podría surgir algún dato de terceras personas potencialmente vinculadas a la presente investigación, el peligro de entorpecimiento se encuentra latente hasta el momento, por lo que corresponde confirmar la denegatoria de la excarcelación oportunamente solicitada”, remarcaron. Otro de los elementos destacados en la audiencia fue la referencia a la existencia de una estructura compuesta por una red de empresas vinculadas. El tribunal consideró que, desde esa perspectiva, hacer cesar la medida cautelar en este momento no resultaría prudente, debido a la posibilidad de que se produzca un entorpecimiento de la investigación. La decisión se produce pocos días después de que la jueza federal de Resistencia dictara el procesamiento con prisión preventiva de cinco imputados en la causa y ordenara embargos por más de $26 mil millones, en una investigación por presunto lavado de activos.
El reconocimiento como Miembro Honorífico del IPADEP y un Diploma de la AcademiaArgentina de Ciencias Penales destacaron su aporte a la difusión de las Ciencias Penales. La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) llevó adelante en su Sede de Resistenciauna jornada de actualización sobre Derecho Penal y Procesal Penal, que reunió a destacadosespecialistas del ámbito jurídico y propició un espacio de capacitación, intercambio y debatesobre las transformaciones que atraviesa actualmente el sistema penal. En el marco de la actividad, el rector de la UNCAUS, Doctor Especialista Abogado GermánOestmann, recibió importantes reconocimientos de instituciones vinculadas al estudio ydesarrollo de las Ciencias Penales, en virtud de su trayectoria y aporte a la difusión delconocimiento jurídico. Por acuerdo unánime de su Consejo Directivo, el Instituto Peruano Argentino de DerechoPenal (IPADEP) distinguió a Oestmann con el nombramiento de Miembro Honorífico. A estereconocimiento se sumó el otorgado por la Academia Argentina de Ciencias Penales (AACP),que le entregó un Diploma de Reconocimiento en mérito a su valioso aporte a la difusión delas Ciencias Penales, suscripto por el presidente de la institución, Profesor Doctor JorgeEduardo Buompadre, y el vicepresidente, Profesor Doctor Horacio Romero Villanueva. Los reconocimientos recibidos por el rector de la UNCAUS constituyeron uno de los momentosdestacados de una jornada que convocó a reconocidos juristas y especialistas para abordar lasprincipales novedades legislativas y procesales del ámbito penal. Bajo la denominación “Jornada de Novedades: Derecho Penal y Procesal Penal”, la propuestase desarrolló con participación libre y gratuita y contempló la entrega de certificados deasistencia. El encuentro tuvo como eje el análisis de las principales reformas, novedadesprocesales y transformaciones recientes del sistema penal, con especial atención al nuevomarco normativo en materia de Justicia Penal Juvenil. En este sentido, uno de los temas centrales fue el análisis del libro “Nuevo Régimen PenalJuvenil (Ley N.º 27.801/26)”, a partir del cual se promovió el abordaje de las modificacionesintroducidas por el nuevo régimen y sus implicancias en el ámbito jurídico. La jornada contó con la participación del rector Germán Oestmann y de reconocidosespecialistas como Ricardo Ángel Basilico, Analía Verónica Reyes, Juan Manuel Chiaradía, JorgeBuompadre, Lucía Orsetti, Horacio Romero Villanueva y Federico Nicolás De Flório, quienesaportaron sus conocimientos y perspectivas sobre las distintas temáticas abordadas. La actividad estuvo dirigida a abogados, estudiantes de Derecho, docentes, funcionarios,operadores judiciales y público interesado, consolidándose como un espacio de formación yactualización profesional que reafirma el compromiso de la UNCAUS con la generación ydifusión de conocimientos vinculados al Derecho y con el fortalecimiento de los ámbitos dedebate académico y jurídico.
El fiscal federal Carlos Stornelli avanzó sobre los responsables de Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Los delitos investigados contemplan penas de hasta 20 años de prisión. También solicitó reconstruir los movimientos económicos y financieros de las compañías. El fiscal federal Carlos Stornelli avanzó con la investigación penal contra las empresas que buscan desarrollar proyectos de exploración y explotación de petróleo en las Islas Malvinas y puso el foco en sus directivos. En el marco de una causa iniciada a partir de una denuncia del gobierno de Javier Milei, el fiscal requirió investigar a los responsables de Navitas Petroleum, de Israel, y Rockhopper Exploration, del Reino Unido, las dos compañías vinculadas al proyecto Sea Lion. El planteo de Stornelli apunta a determinar la eventual responsabilidad de los directivos que participaron de las decisiones relacionadas con las actividades hidrocarburíferas que el Gobierno considera ilegales por desarrollarse sin autorización nacional. La investigación no se limitará a determinar qué empresas participan de los proyectos. El fiscal también busca establecer quiénes intervinieron en las decisiones, qué sociedades fueron utilizadas y cuál fue el circuito económico detrás de las operaciones. En ese sentido, Stornelli pidió reconstruir los movimientos económicos y financieros de las compañías. La medida apunta a identificar el origen y destino de los fondos, las operaciones realizadas y las relaciones entre las distintas sociedades involucradas. El avance judicial alcanza a Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que participan del desarrollo de Sea Lion, un proyecto ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. La iniciativa contempla avanzar con la explotación de hidrocarburos en una zona cuya soberanía es reclamada por la Argentina. Los delitos bajo investigación contemplan penas que pueden alcanzar los 20 años de prisión, de acuerdo con las figuras penales que podrían aplicarse en caso de que se acrediten las conductas denunciadas. La imputación de los directivos supone un nuevo paso en la causa iniciada por el Gobierno. La estrategia oficial busca extender la responsabilidad más allá de las personas jurídicas y alcanzar a quienes tuvieron participación concreta en las decisiones empresariales. El proyecto Sea Lion es uno de los principales desarrollos petroleros en las aguas próximas a las Islas Malvinas. Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum están asociadas en su desarrollo y buscan avanzar hacia una etapa de producción. El Gobierno prepara nuevas denuncias contra las petroleras La presentación de Stornelli se produce en paralelo con el avance de nuevas acciones impulsadas por el Gobierno contra las empresas que participan de actividades hidrocarburíferas en Malvinas. El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó que se ampliarán las denuncias existentes y que se presentarán nuevas acciones contra compañías que, según la posición oficial, desarrollan actividades sin autorización argentina y en violación de la Ley 26.659. La primera denuncia de esta nueva etapa fue presentada contra Navitas Petroleum, sus subsidiarias británicas y las canadienses JHI Associates y Eco (Atlantic) Oil & Gas. El Gobierno sostiene que estas compañías participan de actividades hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas Norte sin contar con autorización de las autoridades argentinas. Ámbito
Según la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), en los últimos 12 meses las ventas cayeron 10 %. Se consumen casi 5 kilos menos de carne por persona que un año atrás. En la era Milei el consumo de carne vacuna en Argentina no hace más que bajar. Según datos de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), en el último año el consumo per cápita se redujo a 46 kilos anuales, 9,5 % menos que un año atrás, alrededor de 4,9 kilos menos por persona. De acuerdo con los datos, en los primeros ocho meses de 2026 se ubicó en 1,377 millones de toneladas res con hueso, unas 175.600 toneladas menos que en igual período de 2025. Como consecuencia, el consumo per cápita promedio de los últimos doce meses se redujo a 46 kilos anuales por habitante, un 9,5%, o 4,9 kilos por persona, menos que un año atrás. Además de los cambios en el consumo producto de los altos precios y las alternativas de proteínas más baratas, como el huevo, el pollo o el cerdo, que repuntaron con fuerza, hay también otro dato: la caída de las cabezas de ganado. Según la CICCRA, parte de la retracción tiene que ver con que hay una menor disponibilidad de hacienda. En agosto, los frigoríficos faenaron 1,011 millones de cabezas, un 12,9% menos que en el mismo mes de 2025. El empresario Alberto Samid dijo a Radio 750 que la caída en la hacienda explica otro factor de la suba del precio de la carne, que no cede a pesar de la baja del consumo. “El problema es que venimos perdiendo 500 mil cabezas. Nos quedamos sin vacas y sube el precio. A diferencia de Paraguay, Uruguay y Brasil. Somos los únicos que fuimos para atrás”, dijo. Y añadió: “Acá es todo libre. Para algunas cosas es bueno, pero para otras, no. Nos estamos quedando sin vacas. Tenemos 49 millones y teníamos más de 60. Llega a los mataderos la vaca preñada, a punto de parir. Y en vez de mandarla de vuelta al campo, no lo hacen, se faena”. Según dijo, esto se debe a que la intención siempre es exportar: “Principalmente en los frigoríficos que exportan para China. La vaca tiene la misma gestión que el ser humano. Y cuando tiene siete meses, la mandan al matadero. Porque tiene casi 200 kilos más y se vende por kilo”. “No cuidamos nada nuestro rodeo y nos estamos quedando sin vacas. Esto viene de todos los gobiernos. No es sólo de este Gobierno. Con este Gobierno se incrementa, pero viene desde hace 20 años atrás”, dijo. Una lágrima en el mostrador Por su lado, Gonzalo Moreira, dueño de carnicerías en Capital Federal, dijo atribuyó la caída en las ventas, además de la malaria, al cambio de hábitos de consumo. “Lamentablemente es así”, señaló. Y añadió: “Pero no sólo con este Gobierno. Hace muchos años. Hace 20 años el mostrador era 90 por ciento de carne y 10 por ciento de cerdo y pollo. Hoy la gente come mucho pollo, mucho más sano. Y el pollo y el cerdo son más económicos”. “Las dos variables llevaron para ese lado. En Caballito la gente come muchísima suprema, pero por elección. Más allá de que yo tengo promo de pechuga a 7 mil pesos. Y eso ayuda al bolsillo”, sostuvo. Tras lo que cerró: “Es más fácil llegar a fin de mes. Pero con lo que vendemos de carne… a mí no me sobra asado después del fin de semana. Un kilo de lomo está a 30 mil pesos el kilo. Yo no te estoy hablando del precio mío, sino del precio promedio”. Página/12
La iniciativa busca reunir a organismos públicos, profesionales, organizaciones y otros actores para unificar criterios y fortalecer las estrategias de prevención. Desde la Defensoría del Pueblo remarcaron la responsabilidad del Estado y señalaron que todavía existen dificultades para una intervención temprana. La abogada Sonia Sosa, integrante de la Defensoría del Pueblo del Chaco, destacó la realización del primer Congreso Provincial de Prevención del Suicidio y sostuvo que uno de sus principales objetivos será fortalecer las redes de apoyo y la articulación entre los distintos organismos que intervienen en situaciones vinculadas con la salud mental. En declaraciones a CIUDAD TV, Sosa explicó que la Defensoría acompaña la iniciativa en el marco del reconocimiento de la salud como un derecho fundamental previsto por la Constitución provincial, que contempla las dimensiones física, psicológica, ambiental y social. En ese sentido, consideró fundamental un abordaje “interinstitucional e interdisciplinario” de la problemática. El Congreso contará con la participación de distintos sectores vinculados con la prevención del suicidio, entre ellos integrantes del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, organizaciones religiosas, instituciones y profesionales que trabajan sobre consumos problemáticos, además de organizaciones de la sociedad civil. La actividad se realizará este miércoles a las 16 en la Casa de las Culturas y será de carácter gratuito. La inscripción puede realizarse a través del correo instituto.red.integral@gmail.com o al teléfono 3625-343835. La creación de redes de apoyo Uno de los ejes planteados para el encuentro será la creación y fortalecimiento de redes de apoyo en la provincia. Sosa explicó que se trata de una herramienta contemplada dentro del enfoque establecido por la Ley Nacional 27.130 de Prevención del Suicidio, que promueve el trabajo interinstitucional e interdisciplinario. “Se necesita trabajar con las familias” y con los factores que pueden incidir en una situación de riesgo, explicó la abogada, quien remarcó que el Estado tiene una responsabilidad directa en el abordaje de esta problemática. En ese sentido, sostuvo que resulta necesario generar “mesas de acuerdo” y espacios interdisciplinarios que permitan coordinar las intervenciones de los distintos actores. Para la representante de la Defensoría, el Congreso puede funcionar como un punto de partida para reforzar esas redes y mejorar su funcionamiento. También participarán el Colegio de Abogados, la vicepresidenta del Instituto de Derechos de la Mujer y Sectores Vulnerables, Yanina Mulet, y profesionales especializados en las distintas áreas relacionadas con la salud mental. “Las estadísticas son alarmantes” Sosa señaló además que las estadísticas vinculadas al suicidio resultan “alarmantes” y que esa situación motivó la necesidad de generar un espacio que permita compartir experiencias, aunar criterios y construir herramientas de prevención. Entre las organizaciones que participarán se encuentra Los Ángeles del Puente, cuyos integrantes intervienen ante situaciones de personas que atraviesan momentos de extrema vulnerabilidad en el puente General Belgrano. Para Sosa, esa experiencia también muestra la importancia de la intervención comunitaria y de la solidaridad ante situaciones de riesgo. Sin embargo, remarcó que el abordaje de la problemática requiere la participación de especialistas y de las instituciones responsables de la atención en salud mental. La abogada también planteó que durante mucho tiempo el suicidio y otras problemáticas vinculadas con la salud mental permanecieron como temas difíciles de abordar dentro de las familias y de la sociedad. A su criterio, la mayor visibilización permitió comenzar a discutirlos públicamente, aunque todavía persisten dificultades para lograr una respuesta coordinada. Las dificultades para una atención temprana Uno de los puntos más críticos de la entrevista estuvo relacionado con la falta de mecanismos claros para intervenir antes de que una situación de salud mental se transforme en una emergencia. Sosa señaló que actualmente existen servicios destinados a atender situaciones de crisis, pero planteó que muchas veces la intervención se activa cuando la persona ya se encuentra en una situación de riesgo grave. “Hay muchos grises que a veces no están contemplados”, sostuvo. En ese contexto, destacó la necesidad de avanzar en proyectos que contemplen atención inmediata y guardias específicas para cuestiones de salud mental. Según explicó, muchas familias atraviesan un proceso previo en el que comienzan a advertir cambios o situaciones preocupantes, pero no siempre cuentan con herramientas para saber cuándo y cómo solicitar asistencia. “Todavía se está hablando de un proyecto de atención inmediata, guardias inmediatas para cuestiones de salud mental”, afirmó, al considerar necesario evaluar este tipo de alternativas. La integrante de la Defensoría aclaró que se trata de una problemática que debe ser abordada por especialistas en salud mental, pero remarcó que desde el Estado resulta necesario garantizar los mecanismos para que las personas y sus familias puedan acceder a esa asistencia de manera oportuna. La articulación como desafío Otro de los problemas señalados fue la falta de coordinación entre los diferentes organismos e instituciones que pueden intervenir en una situación de riesgo. Sosa planteó que pueden existir especialistas y estructuras estatales, pero que si no hay una política pública clara que permita articularlas, la respuesta puede volverse lenta o insuficiente. El Congreso buscará precisamente avanzar en ese sentido: conocer los protocolos existentes, analizar qué herramientas faltan y discutir posibles proyectos para mejorar la prevención y el abordaje. Desde la Defensoría del Pueblo señalaron que cuentan con un área social que participa de una mesa interdisciplinaria vinculada con esta temática y que existe un equipo especializado que trabaja en el tema. Sosa invitó finalmente a la ciudadanía a participar del Congreso y remarcó que la prevención del suicidio se encuentra relacionada con otras problemáticas de salud mental, entre ellas la depresión, la ansiedad, los consumos problemáticos y las situaciones que atraviesan los adultos mayores. El objetivo, sostuvo, es que el encuentro permita generar mayor información, fortalecer los vínculos entre las instituciones y convertir esas redes de apoyo en herramientas eficaces para la prevención.
En declaraciones a CIUDAD TV, el subsecretario de Juventud del Chaco, Everest Jovanovich, explicó los alcances del programa +Futuro que ofrece un apoyo económico para estudiantes del último año del secundario que no adeuden materias. “No es un cheque en blanco, no es un regalo”, subrayó. El subsecretario de Juventud del Chaco, Everest Jovanovich, confirmó que hasta finales de septiembre se encuentra abierta la inscripción para el programa +Futuro destinado a estudiantes que cursan el último año de la escuela secundaria y no adeuden materias. Jovanovich aclaró que “no importa si son de una escuela céntrica, de aquí de Resistencia o de alguna escuela rural, la más alejada de la capital, es para todos, siempre y cuando estén en el último año del nivel secundario, no adeuden materias, no se excedan con las faltas y puedan cursar este trayecto complementario que está diseñado específicamente para ellos en inteligencia artificial y educación financiera”. En ese sentido, aseguró que “el espíritu del programa es reconocer y premiar el mérito de nuestros estudiantes y catapultarlos al futuro, que sea un puente hacia la vida que los espera una vez que terminan el secundario, que es la vida laboral, la vida universitaria, que ellos lo decidan, la vida en la cual empiezan a trabajar por sus proyectos”. El funcionario provincial reveló que los estudiantes “están muy contentos de que, como dicen, al fin nos premien y nos reconozcan a nosotros que nos quemamos las pestañas estudiando, que somos los que nos esforzamos, los que no nos da igual venir o no venir a clases”. Cómo inscribirse La inscripción está habilitada del 1 al 28 de septiembre a través de la plataforma DATA ÑACHEC. Los postulantes deberán presentar DNI frente y dorso, certificado de domicilio expedido por la Policía del Chaco, constancia de CUIL-cuando no figure en el DNI- y constancia de estudios máximos alcanzados. Toda la documentación tendrá carácter de declaración jurada y deberá contar con el visto bueno y aval de la institución educativa correspondiente. Posteriormente se realizará el procesamiento y validación de los datos. Entre el 18 de septiembre y el 2 de octubre se consolidará la información, mientras que desde el 28 de septiembre los postulantes comenzarán a recibir la notificación sobre el procesamiento de su inscripción. Entre el 3 y el 9 de octubre se transferirán los datos validados al Nuevo Banco del Chaco y entre el 10 y el 11 de octubre se formalizará la resolución administrativa. El pago a los postulantes que resulten validados está previsto entre el 15 y el 20 de octubre. El Gobierno provincial busca reconocer el esfuerzo, fortalecer la permanencia educativa y brindar a los jóvenes herramientas concretas para que puedan elegir y construir su propio futuro.