La subsecretaria de Desarrollo Territorial, Alicia Ogara, explicó que el Gobierno provincial trabaja junto a municipios, organismos técnicos y provincias vecinas para anticiparse a los posibles efectos del fenómeno El Niño. Destacó la limpieza de canales, la compra de equipamiento y el llamado a la colaboración de la comunidad. La subsecretaria de Desarrollo Territorial, Alicia Ogara, aseguró que el Gobierno del Chaco lleva adelante un plan de prevención ante la posible llegada del fenómeno climático El Niño, que podría generar un incremento de las precipitaciones en gran parte del país. En los estudios de CIUDAD TV, la funcionaria explicó que las acciones comenzaron luego de recibir informes técnicos elaborados por la Facultad de Ingeniería, que monitorea el calentamiento del océano Pacífico en coordinación con universidades de Brasil y Estados Unidos. “Vienen monitoreando desde hace un tiempo el calentamiento del Pacífico en la zona norte y este calentamiento es el que produce este fenómeno denominado El Niño”, indicó. A partir de esos informes, el Gobierno provincial conformó un comité de emergencia coordinado por la secretaria coordinadora de Gabinete, Carolina Meiriño, con participación de distintas áreas del Estado. “Se realizó un comité de emergencia donde participamos varias áreas del Gobierno provincial que somos las caras visibles, pero existen otros ministerios que también están trabajando y monitoreando este fenómeno”, señaló. Uno de los ejes de la estrategia fue advertir con anticipación a los municipios para que comiencen a preparar sus sistemas de respuesta. “Hemos realizado varias reuniones con los intendentes. La más importante fue en Sáenz Peña, en junio, donde se les pidió que se preparen y se los alertó de esta situación”, sostuvo. En ese marco, explicó que se recomendó a los gobiernos locales revisar el funcionamiento de los sistemas pluviales y adquirir equipamiento esencial. “Es importante que los intendentes tengan sus sistemas pluviales en condiciones, que se doten de equipamiento, que compren bombas, cables y tableros, porque todavía no sabemos si El Niño será leve o fuerte, pero ese calentamiento se está produciendo”, afirmó. Otra de las medidas priorizadas es la limpieza de la red de canales que atraviesa la provincia: “Había sectores con taponamientos y otros donde era necesario abrir los canales. A partir del trabajo coordinado entre Vialidad Provincial y la Administración Provincial del Agua se establecieron prioridades y se están ejecutando las tareas de limpieza”. Ogara también destacó el trabajo junto con las provincias de Santiago del Estero y Santa Fe debido a la situación de los Bajos Submeridionales, una cuenca compartida por las tres jurisdicciones. Recordó que el gobernador Leandro Zdero convocó a sus pares de ambas provincias para analizar un plan hidráulico elaborado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), cuyo seguimiento continúa. Además, anticipó que la próxima semana funcionarios provinciales participarán de una reunión en la Ciudad de Buenos Aires con el CFI para definir el financiamiento de equipamiento y obras preventivas. “Estamos cerrando el listado de necesidades porque la provincia va a tener que disponer de fondos y elementos como bombas, grupos electrógenos, alcantarillas, drones, horas de vuelo de helicóptero y también una sala de monitoreo que estará en Villa Ángela para seguir la situación de los Bajos Submeridionales”, detalló. La funcionaria remarcó que el trabajo preventivo requiere también del compromiso de la comunidad. “Es importante que la comunidad sepa que se está trabajando, pero también que se prepare”, expresó. “Tomemos conciencia porque el Estado municipal y el Estado provincial estamos trabajando, pero el vecino también se tiene que preparar y evitar que los plásticos y las bolsas de residuos terminen flotando en las lagunas”, manifestó. Agregó que la limpieza del riacho y de los sistemas de desagüe del área metropolitana resulta fundamental, aunque advirtió que el mantenimiento depende también del comportamiento de los vecinos. “Los residuos los retiran los municipios, pero todos tenemos que colaborar”, afirmó. Respecto de las zonas que podrían verse más afectadas, Ogara señaló que las principales áreas de riesgo son el sur provincial y las localidades ribereñas. “Los sectores más conflictivos son los Bajos Submeridionales y todos los municipios litoraleños, como Isla del Cerrito, Vilelas y las localidades en contacto con los ríos, porque a las lluvias se pueden sumar las crecidas”, indicó. Asimismo, recordó que desde mayo se solicitó a los municipios avanzar en la compra anticipada de insumos para enfrentar posibles emergencias. “No solamente bolsas de arena, sino también cableado, tableros y bombas, porque hoy contar con ese equipamiento es fundamental para los municipios ubicados sobre los ríos”, señaló. Visita de autoridades nacionales Ogara adelantó también que la próxima semana la provincia recibirá la visita de autoridades del Gobierno nacional en el marco de las acciones de coordinación ante una eventual emergencia climática. La reunión será encabezada por el ministro de Seguridad del Chaco, Hugo Matkovich, y contará con la participación del comité de emergencia provincial. Según indicó, está prevista la llegada de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; del ministro del Interior, Diego Santilli, y de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva. Además, señaló que también fueron invitadas autoridades de Santa Fe y Santiago del Estero, aunque aún no contaba con precisiones sobre su participación. “Ante la emergencia tenemos distintas escalas: la local de los municipios, la provincial y la nacional”, explicó la funcionaria. En ese sentido, señaló que el encuentro permitirá coordinar el trabajo conjunto con organismos nacionales como el Ejército Argentino, la Prefectura Naval Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional y Vialidad Nacional, que intervienen cuando una situación supera la capacidad de respuesta provincial. “Ya la estructura se va ampliando y nosotros vamos a complementar eso”, sostuvo Ogara, al remarcar la importancia de fortalecer la articulación entre los distintos niveles del Estado frente a un posible escenario de lluvias intensas.
Autor: Redacción General
En los estudios de CIUDAD TV el economista Cristian Ocampo analizó el anuncio en cadena nacional del proyecto de ley de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, además de nuevas reformas que adelantó el presidente Javier Milei y que darán a conocerse en los próximos días. “Para mí, como acostumbra este Gobierno, el anuncio no fue un mensaje para el pueblo argentino sino para los mercados”, sostuvo y puntualizó en los tenedores de deuda. “Ahora entiendo la visita de Kristalina Georgieva. Vino a dejar las instrucciones de que pongan por escrito ciertas cuestiones que siempre claramente benefician al propio Fondo Monetario porque lo que está buscando asegurarse con esta ley es que el Banco Central no pueda ayudar al Estado argentino en situaciones como la que hemos visto, por ejemplo, en pandemia, con el señoreaje de la emisión monetaria. En ese entonces fue para financiar un mundo que estaba quieto, no había actividad económica y la gente tenía que seguir viviendo”, analizó. Recalcó que, “con esta medida, lo que busca el Fondo Monetario es que el Banco Central cumpla con un solo rol: asegurarse los fondos para el repago de la deuda a quien es su principal deudor en el mundo”. “El Banco Central no tiene hoy todavía espalda, en caso de que los mercados den la espalda, de afrontar los vencimientos. Creo que más que medidas que tiendan a modificar algo o general expectativas de crecimiento, son medidas de garantía hacia los tenedores y sobre todo al Fondo Monetario que es el principal acreedor de Argentina”, afirmó. Dijo que tampoco es una buena noticia “cercenar en su potestad al financiamiento interno no es una buena noticia, sobre todo para las provincias. . Lo más probable es que no haya obra pública y esto es una mala noticia para las provincias que hoy vemos la crisis del agua por ejemplo acá en la provincia por las obras que no se pueden concluir como el acueducto”. “No me deja nada positivo este anuncio que hoy el Gobierno podría hacer sin enviar un proyecto de ley. Para no financiar al Tesoro no hace falta una ley. La independencia del Banco Central estaría dada con la no intervención del Gobierno en sus asuntos, tampoco necesita ley. Pero quien es el Presidente del Banco Central es socio del propio ministro de Economía en su consultora. Es medio dudosa esa independencia que se quiere crear. Es más, se quiere blindar la permanencia de la Presidencia pos gobierno de Milei. Por lo cual, me parece que es una ley más que de independencia, de blindaje y de asegurar la permanencia de los propios dentro del Banco Central Mercado interno depresivo Trazó una analogía con la reforma laboral que impulsó el Gobierno y aseguró que “la generación de empleo no va a venir por la modificación de la normativa”. “Hoy tenemos dos argentinas: la Argentina que crece, la Argentina de la explotación extractiva de los recursos naturales; y la otra Argentina que está partida que es la de la industria, la de la construcción, la que está cayendo, la del mercado interno depresivo”. “Por más reforma laboral donde le quites todos los derechos a los trabajadores no se va a generar empleo. No hay quien demande empleo”, acentuó. Reforma del BCRA al Congreso Ocampo analizó por último el escenario en el Congreso de la Nación, en principio, en la Cámara baja. “En Diputados, por la necesidad de los gobernadores, logra conseguir la mayoría con la billetera. Las provincias, con algunas excepciones, hoy dependen de la billetera del Estado nacional. Sin la billetera del Estado nacional no podrían pagar los sueldos. Yo creo que puede pasar, después habría que ver si puede ser ratificado o no por el Senado donde hay más paridad”, indicó. No obstante ello, reiteró que “claramente, no es un mensaje para el pueblo argentino sino para los tenedores de la deuda argentina que el Gobierno necesita renovar imperiosamente el año que viene”.
Desde que Javier Milei asumió la presidencia de la Argentina, el total de los empleos públicos que se redujeron continúa en ascenso y alcanza a casi 70.000 puestos menos. Desde diciembre de 2023 se contabilizaron 341.465 empleos públicos, mientras que en junio se registraron 271.696. De esta manera, son 69.769 los puestos que se perdieron en el sector público, en línea con la política de “motosierra” que mantiene el Gobierno. Los datos corresponden al informe sobre la Administración Pública Nacional (APN), empresas y sociedades que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Particularmente en junio se perdieron 1.656 puestos de empleo, lo que significó una contracción de 0,6% contra mayo y 6% contra el mismo mes del último año (reducción de 17.477 empleos). En cuanto a empresas y sociedades del Estado, se eliminaron 369 puestos de trabajo en relación a mayo (-0,4%) y 4.848 contra junio de 2025 (-4,5%). Así, el primer semestre cerró con una caída de 7.148 puestos de trabajo, lo que representó una contracción de 2,56%. NA
El abogado Miguel Vigier analizó el decreto de necesidad y urgencia 681/2026, que prevé sanciones para extranjeros que realicen expresiones consideradas ofensivas contra la Argentina. Sostuvo que la medida presenta serias objeciones constitucionales, vulnera la libertad de expresión y excede las facultades del Poder Ejecutivo. El abogado Miguel Vigier cuestionó el contenido del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026, mediante el cual el Gobierno nacional estableció sanciones para extranjeros que formulen expresiones consideradas ofensivas hacia la Argentina o sus símbolos, incluyendo la posibilidad de impedir su ingreso, cancelar residencias o disponer su expulsión. En los estudios de CIUDAD TV, el especialista sostuvo que la iniciativa entra en conflicto con principios constitucionales básicos y con tratados internacionales de derechos humanos. “Los extranjeros tienen los mismos derechos civiles que los nacionales y esto lo dice nuestro artículo 20 de la Constitución Nacional”, recordó. En ese sentido, señaló que entre esos derechos se encuentra la libertad de expresión, a la que definió como “un presupuesto que hace posible vivir en democracia”. Para Vigier, el decreto presenta una primera objeción constitucional porque restringe derechos que la Constitución reconoce expresamente a los extranjeros. “Ahí hay una posible incompatibilidad con el artículo 20”, afirmó, y agregó que también existe una afectación general a la libertad de expresión, un derecho que consideró esencial para el funcionamiento democrático. Otro de los cuestionamientos apuntó al uso del DNU como herramienta normativa. El abogado sostuvo que “claramente este no es un tema que tenga urgencia” y recordó que la Constitución solo habilita este mecanismo excepcional cuando el Congreso no puede tratar una ley con la celeridad que requiere una situación de emergencia. En esa línea, advirtió que el Poder Ejecutivo no puede optar discrecionalmente entre enviar un proyecto de ley al Congreso o legislar mediante un DNU cuando están en juego derechos constitucionales. Según explicó, el decreto alcanza tanto a residentes temporarios y permanentes como a quienes pretendan ingresar al país. Vigier también cuestionó la amplitud de los conceptos utilizados en la norma. Explicó que la referencia a los llamados “discursos de odio” resulta difícil de delimitar jurídicamente y advirtió que la falta de precisión abre un amplio margen de discrecionalidad para la autoridad encargada de aplicar la medida. Asimismo, señaló que la referencia a los agravios contra los símbolos patrios resulta redundante porque esos hechos ya se encuentran tipificados en el Código Penal y alcanzan tanto a argentinos como a extranjeros. “Siempre es peligroso cuando de la formulación textual de las normas ambiguamente surgen consecuencias restrictivas o lesivas de derechos personales”, expresó, al advertir que el decreto podría derivar en la pérdida de una residencia legalmente otorgada. Respecto del control institucional, consideró que el mecanismo más eficaz para frenar la medida es la intervención del Congreso. Explicó que, una vez dictado un DNU, el Poder Legislativo tiene la facultad de ejercer un control político sobre su validez y rechazarlo si no reúne las condiciones previstas en la Constitución. También criticó el uso creciente de los decretos de necesidad y urgencia. Según sostuvo, la Justicia, y particularmente la Corte Suprema, ha evitado revisar de manera sistemática este tipo de normas, lo que ha contribuido a que su utilización se vuelva cada vez más frecuente. En el plano internacional, Vigier afirmó que el decreto también sería incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Recordó que el artículo 13 protege especialmente la libertad de expresión y que, según la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cualquier restricción debe surgir de una ley sancionada por el Congreso y no de un DNU. “Los extranjeros deben tener en nuestro territorio los mismos derechos humanos que reconocemos a cualquier persona humana”, remarcó. Durante la entrevista, el abogado calificó la iniciativa como una decisión política sin sustento jurídico. “En una opinión personal, creo que esto es para la tribuna. Esto no es política pública”, afirmó, y consideró que se trata de “una medida absolutamente demagógica” que banaliza el funcionamiento de las instituciones republicanas. Reforma del Banco Central Consultado además sobre los anuncios vinculados al proyecto de reforma del Banco Central, Vigier consideró positivo avanzar hacia una mayor autonomía de la autoridad monetaria respecto del Poder Ejecutivo. Explicó que resulta saludable impedir que el Banco Central financie al Tesoro mediante emisión monetaria y concentrar sus funciones en la política monetaria y la defensa del valor de la moneda. Sin embargo, expresó reparos sobre la posibilidad de modificar el mecanismo de remoción de las autoridades del organismo. A su entender, someterlas al juicio político sería incompatible con la Constitución, ya que ese procedimiento solo alcanza a los funcionarios expresamente previstos en el artículo 53 de la Carta Magna.
La conducción nacional de la Unión Cívica Radical resolvió expresar formalmente su rechazo al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, conocido como ley de tierras, y solicitó a los senadores del partido que voten en contra de la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional. La decisión profundiza las dificultades del oficialismo para reunir la mayoría necesaria en el Senado y coloca en duda el tratamiento previsto para comienzos de agosto. La decisión fue comunicada por el Comité Nacional, presidido por Leonel Chiarella, que además mantuvo reuniones con los integrantes del bloque para transmitir la posición partidaria y procurar una postura unificada de cara al tratamiento previsto en el Senado. La definición del radicalismo introduce un nuevo escenario en la discusión parlamentaria y complica las posibilidades del oficialismo de alcanzar la mayoría necesaria para otorgar media sanción al proyecto. De acuerdo con fuentes vinculadas a las conversaciones internas del partido, el presidente de la UCR mantiene diálogo permanente con los bloques legislativos de ambas Cámaras. “Hay buen diálogo de Chiarella con los bloques tanto en Diputados como en el Senado”, señaló una fuente cercana a las negociaciones. La misma fuente agregó que “Desde hace unas semanas que se está conversando. Peteco – por Eduardo Vischi, presidente del bloque – participó de la mesa nacional. Hay buen diálogo”. Desde el Comité Nacional explicaron a los senadores los fundamentos del rechazo al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo e insistieron en la necesidad de votar en contra durante la sesión prevista para su tratamiento. El relevamiento realizado dentro del bloque radical refleja distintas posiciones entre los legisladores. “Hay tres sectores. Unos que ya hasta lo dijeron públicamente, otros que están en veremos y un tercero que apoya la provincialización. Estamos tratando de convencer a los últimos dos sectores”, indicaron desde la conducción partidaria. Hasta el momento, Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama manifestaron públicamente su decisión de rechazar la iniciativa, mientras que otros siete senadores aún no definieron su postura. Desde el radicalismo también sostuvieron que “Nosotros queremos sumar más senadores por la negativa, hasta ahora hay tres pero podría haber alguno más. Con esto ya vemos muy difícil su aprobación”. Debate parlamentario y fundamentos del rechazo La postura adoptada por la UCR afecta el panorama legislativo del oficialismo, que continúa negociando apoyos para alcanzar los 37 votos necesarios en el Senado. Aunque el proyecto fue modificado en reiteradas oportunidades desde su presentación y ya acumula quince borradores, distintas fuentes del Congreso señalaron que todavía no existen los respaldos suficientes para garantizar su aprobación. En ese contexto, La Libertad Avanza busca sumar el respaldo de legisladores pertenecientes a bloques provinciales, especialmente en distritos donde la cuestión territorial presenta particular sensibilidad por tratarse de provincias fronterizas o con importantes superficies de recursos naturales y grandes espejos de agua. Según diversas fuentes del Palacio Legislativo, incluso permanece en duda la realización de la sesión prevista para el 6 de agosto debido a la falta de los votos requeridos. En el comunicado difundido por el Comité Nacional, la UCR sostuvo que “la soberanía se defiende cuidando nuestra tierra” y expresó su rechazo a la iniciativa al considerar que elimina límites “razonables” para la adquisición de tierras y “compromete la soberanía nacional, el control sobre las fronteras y los recursos estratégicos del país”. Como parte de los argumentos expuestos ante los senadores, dirigentes partidarios afirmaron que “Nosotros hicimos un relevamiento de la postura de los EEUU, Australia, Francia y Brasil, que en el primero de los casos es el país referencia de este gobierno y en los otros casos son países de estructura similares a la Argentina. En la mayoría de los casos actualizaron sus normas en los últimos 24 meses. Estados Unidos lo tiene prohibido y el resto le pone límites. El Gobierno acá busca eliminar los límites y la tierra es algo finito, una vez que se vende ya no hay vuelta atrás”. Durante las reuniones encabezadas por Chiarella también se analizaron las diferencias existentes dentro del partido respecto de la disciplina legislativa. Desde el Comité Nacional reconocieron que en otras oportunidades algunos senadores privilegiaron posiciones vinculadas a sus provincias por encima de la definición institucional del partido.
Con amplia participación y casi la totalidad de las organizaciones gremiales presentes, la central obrera chaqueña hizo un balance de su plan de visibilización y fijó fecha de elecciones para el próximo 20 de agosto. Con la presencia de casi la totalidad de las organizaciones gremiales que la componen, la Confederación General del Trabajo Regional Chaco llevó adelante su Plenario Provincial. El encuentro estuvo encabezado por sus secretarios generales, Adrián Bellomi e Isaías Alegre, y tuvo como eje central realizar un balance del trabajo desarrollado en materia de visibilización de las problemáticas de los trabajadores. Durante el plenario, los representantes de los distintos sectores coincidieron en destacar el crecimiento significativo de la unidad del movimiento obrero de la provincia del Chaco, y el hecho de que todas las organizaciones han tenido la posibilidad de expresar y poner en agenda sus problemáticas, amplificando su voz ante la sociedad. Como cierre de la jornada, se definió por consenso avanzar en el fortalecimiento institucional de la central, estableciendo el próximo 20 de agosto como fecha para la realización de elecciones en la CGT Chaco.
El Ministerio de Salud del Chaco llevará adelante la campaña “No Más Cataratas”, una iniciativa destinada a detectar y evaluar casos de cataratas en personas mayores de 50 años que no cuenten con obra social, con el objetivo de facilitar el acceso al tratamiento quirúrgico y mejorar la calidad de vida de los pacientes. La pesquisa oftalmológica se realizará los días viernes 7 y sábado 8 de agosto, de 9 a 17, en dos centros de atención: -Hospital “Eva Perón”, de Barranqueras.-Hospital “Luis Fleitas”, de Fontana. Durante ambas jornadas, médicos especialistas efectuarán las evaluaciones necesarias para detectar casos de cataratas y determinar qué pacientes reúnen las condiciones para acceder a la cirugía. Como continuidad de la campaña, las intervenciones quirúrgicas para las personas seleccionadas se realizarán los días 24, 25 y 26 de septiembre en el Hospital “Dr. Julio C. Perrando” de Resistencia. La iniciativa es organizada en forma conjunta por la Asociación Chaqueña de Oftalmología (ACHO), el Consejo Argentino de Oftalmología (CAO) y la Fundación Elena Barraquer/FacoExtrema, con el acompañamiento del Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Salud. Desde la cartera sanitaria destacaron la importancia de la detección temprana de esta patología, ya que las cataratas constituyen una de las principales causas de disminución de la visión en adultos mayores y, mediante una intervención quirúrgica oportuna, es posible recuperar la visión y mejorar significativamente la autonomía y la calidad de vida de los pacientes. Por ello, se invita a todas las personas mayores de 50 años que no cuenten con obra social y presenten dificultades visuales compatibles con cataratas a acercarse a cualquiera de los dos hospitales en las fechas y horarios establecidos para acceder a la evaluación gratuita.Acompañaron al Dr. Ricardo Mayol, la Dra. Mariana Salom (oftalmóloga); Federico Pradel, Subsecretario de Redes de salud; la Dra. Andrea Mayol, Directora del Hospital Perrando; Gerardo Gemetro, Director de Oftalmología del Hospital Perrando; el Dr. Facundo Rodrigo, Presidente de Acho ( Asociación Chaqueña de Oftalmología).
Camiones que cargan miles de litros para la reventa y camionetas de vecinos de nuestra ciudad, forman parte de la interminable fila de vehículos que pasado el mediodía de este caluroso viernes esperaban su turno para cargar agua en la planta ubicada en Colectora Norte del Barrio Lamadrid. En contexto de reventa de agua potable, fuentes consultadas por Periodismo365 explicaron que “primero hay que ir a las oficinas donde se compran los vales de agua a granel. Luego uno va con su camión y retira el agua. Los 8 mil litros cuestan 57.000 pesos pero se están vendiendo a 100.000 y hasta 120.000 pesos al contado efectivo. Cada día cuesta más caro al no haber agua. Pero generalmente se juntan entre varios vecinos y hacen ‘una vaca’ para pagar”. La escasez de agua potable en amplios sectores de esta ciudad genera un creciente malestar entre los vecinos, que desde hace varios días conviven con un servicio restringido debido a las obras que Sameep ejecuta sobre el sistema del Segundo Acueducto. A la poca cantidad del recurso se suma otro problema: el fuerte incremento en el costo del agua transportada por camiones particulares, que en algunos casos llega a cobrarse entre $50.000 y $70.000 por cada mil litros en el marco de las avivadas de costumbre por un poco de agua. La postal se repite desde el inicio de la semana en la planta potabilizadora de Sameep, ubicada sobre Colectora Norte de la Autovía de la Ruta Nacional Nº 16, Barrio Lamadrid. Allí, largas filas de automóviles, camionetas, camiones y acoplados con tanques, tambores y recipientes de todo tipo esperan durante horas para cargar agua y trasladarla hasta sus viviendas. Sin embargo, desde la empresa provincial recordaron que el abastecimiento en la planta es totalmente gratuito. “A todos los vecinos que vienen a buscar agua no se les cobra un solo peso”, remarcaron desde Sameep, al tiempo que solicitaron comprensión mientras avanzan las obras de infraestructura. La interrupción parcial del servicio responde a los trabajos que se desarrollan de manera simultánea en distintos puntos estratégicos del sistema, entre ellos el cruce del puente sobre el río Negro, en cercanías de Makallé; la Planta 4 de Barranqueras, la obra de toma del Segundo Acueducto y la cisterna de Sáenz Peña. Según informó Sameep con varios días de anticipación, las tareas se extenderán hasta este viernes 31 de julio e incluyen intervenciones técnicas destinadas a optimizar el funcionamiento del sistema de distribución. Durante ese período, el Segundo Acueducto permanece fuera de servicio, mientras que el abastecimiento se sostiene únicamente con el Primer Acueducto. Pero en las últimas horas, se conoció la información brindada por el Ingeniero José Martín quien aseguró que recién el miércoles 5 de agosto se estaría normalizando el servicio. Sin embargo, para muchos vecinos la explicación técnica no alcanza para aliviar una situación que ya lleva varios días. “Desde el lunes no sale una gota de agua por las canillas”, relató una vecina que aguardaba su turno para cargar en la planta. Otros señalaron que en algunos barrios apenas logran recibir un pequeño caudal durante la madrugada, suficiente únicamente para completar parcialmente el tanque domiciliario. El negocio En medio de la emergencia apareció otra preocupación que alimentó el enojo de los vecinos: el elevado precio que cobran algunos transportistas particulares por distribuir agua a domicilio. Quienes no disponen de un vehículo para acercarse hasta la planta de Sameep deben recurrir a camiones cisterna privados, donde el costo por mil litros oscila entre $50.000 y $70.000. Y el camión completo $120.000, precios inalcanzables en medio de una tremenda crisis económica. Las quejas comenzaron a multiplicarse rápidamente en redes sociales, grupos de Whatsapp y medios de comunicación, donde numerosos usuarios denunciaron lo que consideran un aprovechamiento de la situación. “Es imposible pagar esos valores, pero tampoco podemos quedarnos sin agua”, resumió uno de los vecinos afectados. Mientras tanto, quienes esperan durante horas en la planta consultan permanentemente al personal de Sameep sobre cuándo volverá a normalizarse el servicio. Los empleados responden que desconocen una fecha precisa, ya que las tareas se ejecutan a más de cien kilómetros de la ciudad y dependen de los equipos técnicos que trabajan en la zona de Makallé. Fuentes: Norte y Periodismo365
El gobernador Leandro Zdero estuvo verificando la obra de pavimentación de la avenida Las Piedras y el avance de los trabajos que ejecuta la Dirección de Vialidad Provincial con financiamiento íntegramente del Gobierno del Chaco. La intervención contempla la pavimentación de la arteria, mejoras en el sistema de iluminación y la adecuación de los desagües pluviales, con el objetivo de optimizar la conectividad, fortalecer la seguridad vial y brindar una mejor infraestructura para vecinos y quienes transitan diariamente por el lugar. Durante la recorrida, el gobernador destacó que la obra responde a un compromiso asumido con la comunidad. “Nos habíamos comprometido con los vecinos de la avenida Las Piedras y hoy estamos cumpliendo. Estas son las obras que mejoran la calidad de vida de la gente, ordenan la ciudad y generan mayor seguridad para quienes circulan todos los días”, expresó. Uno de los aspectos centrales del proyecto es la intervención en el sector donde funcionan un Jardín de Infantes, una biblioteca y una escuela primaria. Por esa razón, los trabajos comenzaron en ese tramo, priorizando la seguridad y la accesibilidad de la comunidad educativa, especialmente durante el ciclo lectivo. La obra permitirá mejorar las condiciones de circulación para peatones y vehículos, optimizar el escurrimiento de las aguas de lluvia mediante la ejecución de desagües pluviales y dotar al sector de un sistema de iluminación más eficiente, contribuyendo también a reforzar la seguridad. El Gobierno provincial ratificó que continuará ejecutando obras de infraestructura urbana con recursos propios, dando respuesta a demandas históricas de los vecinos y fortaleciendo la conectividad en uno de los sectores más transitados de la ciudad.
La oposición rechazó la propuesta presidencial de reformar la carta orgánica del Central. Además, advierten sobre el peligro del shutdown del Estado que promueve Milei. En cadena nacional, Javier Milei anunció la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central con el objetivo de blindar a su presidente, Santiago Bausili, designado por decreto, y la política de ajuste del gobierno libertario. En paralelo, presentó el proyecto de “grillete fiscal”, un shutdown argentino para supuestamente “devolver las cuentas al equilibrio”, una reedición de la Ley de Déficit Cero impulsada por Domingo Cavallo. El proyecto llegará al Congreso recién el martes e ingresará por la Cámara de Diputados. Tras el anuncio, la oposición cuestionó la reducción de las capacidades del Banco Central y los nuevos mecanismos de remoción de sus autoridades. El Gobierno quiere que el Senado trate cuanto antes el pliego de Bausili. Si la iniciativa prospera, para removerlo harán falta dos tercios de los votos de ambas Cámaras, “casi lo mismo que para destituir al Presidente”, ironizaron desde la oposición. Durante la cadena nacional, que se extendió por unos veinte minutos, Milei volvió a cargar contra el Congreso, al que definió como “el gran aliado del gasto público”, y defendió la reforma como una herramienta para impedir que futuros gobiernos utilicen al Banco Central para financiar el déficit fiscal. Los principales cuestionamientos apuntaron a la eliminación del “mandato múltiple”, que hoy tienen la mayoría de los bancos centrales del mundo, que, además de preservar el valor de la moneda, incorporan objetivos vinculados al empleo, el crecimiento o la estabilidad financiera. La diputada de Unión por la Patria Julia Strada adelantó a Página/12 algunas de las conclusiones del informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre el proyecto del presidente Milei. Según este trabajo, que compara los bancos centrales de varios países del mundo, el “mandato único” es una excepción. El informe detalla que sólo el Banco Central de Reserva de Perú (BCRP) o el Banco de la República de Colombia se asemejan a esta situación, siendo casos poco frecuentes. “La mayoría de los países contemplan otros objetivos, además de la estabilidad del valor de la moneda. Entre ellos, el crecimiento económico, el pleno empleo, la estabilidad financiera, la supervisión del sistema de pagos y la equidad social”. El proyecto libertario es aún más extremo. “La iniciativa toma de Perú la prohibición del financiamiento monetario directo, pero incluso ese país mantiene una cláusula acotada para comprar títulos públicos en el mercado secundario. El proyecto de Milei elimina también esa posibilidad y, además, incorpora sanciones penales para la emisión monetaria”, señaló. Esas sanciones estarán contempladas en otro proyecto denominado “Grillete Fiscal”, una regla fiscal permanente que, según planteó el Presidente, buscará impedir que la Argentina sancione presupuestos deficitarios. Se trata de una reedición de iniciativas como la Ley de Déficit Cero de Cavallo, del año 2001, que establecía que el gasto público no podía superar la recaudación. Sobre el shutdown copiado de Estados Unidos, Miguel Ángel Pichetto cuestionó: “La idea de Milei de cerrar el Estado por falta de presupuesto es de total gravedad. Significaría que la Argentina se queda sin seguridad, sin salud y sin educación. Son ideas disparatadas, copiadas de Estados Unidos, donde funciona un verdadero federalismo”. Consultado por este diario, el extitular del Banco Central Alejandro Vanoli insistió en que “Estados Unidos y China, que son los países que más han crecido, tienen doble mandato” y cuestionó la nueva gobernanza propuesta por el Gobierno, es decir, el endurecimiento de los mecanismos para remover a las autoridades de la entidad. “Quieren dejarle un caballo de Troya al próximo gobierno. Cuando yo era presidente del Banco Central, en 2015, no tuvieron ningún problema en reemplazar a las autoridades con el cambio de gestión. Ahora pretenden blindar a los actuales funcionarios, que además no se caracterizaron precisamente por su independencia”, señaló ante este diario. Casualmente, la palabra “independencia” no apareció una sola vez en toda la cadena nacional. El diputado socialista Esteban Paulón sostuvo que el Gobierno terminó abandonando la promesa de cerrar el Banco Central para avanzar en un esquema destinado a preservar su orientación ideológica. “Milei prometió dinamitar el Banco Central y ahora impulsa una modificación de su estatuto para fortalecer exclusivamente su función monetaria y, al mismo tiempo, dejar de manera permanente su propia línea ideológica al frente de la institución”, afirmó. Desde Unión por la Patria, el diputado Sebastián Galmarini relativizó las posibilidades parlamentarias del oficialismo. “Es toda una gran bolsa de humo. Que le avisen a Milei que no va a conseguir los dos tercios de ambas Cámaras en lo que resta de su mandato. Con esa mayoría hace años que ni siquiera se logra designar a los jueces de la Corte Suprema o al Procurador General”, ironizó. Si bien las medidas ingresarán por Diputados, en el Senado ya existe un proyecto alternativo. Guillermo Andrada, senador nacional por Catamarca e integrante del bloque Convicción Federal, recordó que presentó junto con la senadora Carolina Moisés un proyecto para modificar la composición del directorio del Banco Central incorporando representantes de las provincias. “Fortalecer el Banco Central no pasa sólo por discutir sus facultades, sino también por hacerlo más federal. Si las decisiones del organismo impactan en cada una de las provincias, las provincias también deben tener voz en el organismo que las toma”, sostuvo. La iniciativa propone sumar al directorio dos representantes designados por el Senado y un delegado de los gobernadores propuesto a través del Consejo Federal de Inversiones. Para Myriam Bregman, “es otra más de sus políticas para blindarse hacia adelante, blindar su política y sus funcionarios para proteger lo que lograron conseguir. La agenda de Milei consiste en dos cosas: blindar a su gobierno y garantizar su impunidad posterior (BCRA, reforma electoral, designación de jueces con cómplices que le dan los votos); y entregar todo (ley de extranjerización, RIGI, Súper RIGI para el criminal Peter Thiel, entre otras)”, dijo a Página/12. Página/12
Con el objetivo de anticiparse a la temporada de mayor circulación del mosquito Aedes aegypti, el Ministerio de Salud del Chaco lanzó la campaña “No esperes al verano, vacunate ahora”, una iniciativa destinada a fortalecer la prevención del Dengue mediante la promoción de la vacuna Qdenga y la concientización sobre las medidas de cuidado. La campaña busca que la población actúe con anticipación, ya que la prevención comienza antes del aumento de las temperaturas. En ese sentido, la cartera sanitaria recuerda que la vacunación es una herramienta fundamental para reducir el riesgo de enfermar y que, junto con la eliminación de criaderos de mosquitos, constituye una de las estrategias más efectivas para combatir el Dengue. La vacuna Qdenga está disponible para personas de 15 a 59 años, de acuerdo con los criterios establecidos por el Ministerio de Salud, y puede aplicarse en los hospitales y centros de salud de toda la provincia.Desde la cartera sanitaria invitan a la comunidad a verificar su esquema de vacunación y acercarse al establecimiento de salud más cercano para recibir asesoramiento y acceder a la inmunización. Asimismo, se recuerda que la prevención requiere del compromiso de toda la comunidad. Por ello, se recomienda eliminar recipientes que acumulen agua, mantener limpios patios y jardines, destapar canaletas, renovar periódicamente el agua de floreros y bebederos de animales, y utilizar repelente para reducir el riesgo de picaduras. El Ministerio de Salud remarcó su compromiso con la prevención y el cuidado de la salud pública, promoviendo acciones anticipadas que permitan disminuir el impacto del dengue en la próxima temporada estival. No esperes al verano, vacunate ahora. Anticiparte también es una forma de cuidarte y proteger a tu familia.
Fabián Salvioli afirmó que si el organismo concluye que hubo vulneración de garantías, el Estado argentino deberá adecuar su actuación y la defensa podrá impulsar la revisión de la condena contra la expresidenta. La explicación del constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Si alguien planteaba dudas sobre el alcance que podría tener un pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas frente a la presentación de Cristina Fernández de Kirchner, uno de sus expresidentes, Fabián Salvioli, se encargó de despejarlas en varias entrevistas, donde precisó algunos conceptos: “El comité resuelve si el Estado ha violado los derechos contemplados en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos” (que en Argentina tiene rango constitucional) “y puede tomar medidas de reparación como la revisión de un juicio, la anulación del mismo o la celebración de uno nuevo (…) Son recomendaciones, pero son vinculantes”. El jurista no fue el único que se refirió al asunto: hasta Francisco Oneto, abogado de Javier Milei, escribió un posteo en “X” donde señala que “un dictamen favorable (a CFK) habilitaría la acción de revisión. La cosa juzgada no es el muro que dicen”. Como informó este diario, la estrategia internacional que emprendió la expresidenta se juega en el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que tiene 18 integrantes y sesiona en tres períodos al año, que recientemente se han reducido a dos. Para esta etapa, CFK designó como abogados al español Javier Borrego y el brasileño Rafael Valim, que actúan junto con Carlos Beraldi. Lo primero que pidieron al Comité son tres medidas cautelares: una que deje en suspenso la prohibición perpetua de ejercer cargos públicos que surgió de la sentencia en el juicio conocido como Vialidad (que la Corte Suprema dejó firme); otra que revierta las condiciones de la detención domiciliaria con tobillera electrónica y visitas restringidas (algo que no rige para la mayoría de los genocidas); y una tercera se refiere a la integración del máximo tribunal, en el que apenas tres personas toman decisiones con enormes consecuencias, una condición que estos juristas señalan como un rasgo de baja calidad democrática. Para llegar a estos planteos, los juristas hicieron un repaso exhaustivo de la falta de imparcialidad con la que, consideran, se llegó a las distintas decisiones judiciales respecto de la expresidenta en el caso de la obra vial en Santa Cruz. Ellos consideran que la sentencia condenatoria tuvo como objetivo primordial sacar a la exmandataria de la vida política. Qué puede hacer el Comité Salvioli explicó que el Comité “resuelve si el Estado ha violado el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. No declara ni la culpabilidad ni la inocencia de nadie. No es una instancia penal, no es una instancia de apelación, no es una cuarta instancia”. El especialista, que integró el Comité hasta 2016, señaló que se seguirá el trámite habitual, “evaluando las posiciones de la peticionaria y el posicionamiento del Estado y, de acuerdo con las pruebas, definirá si se han violado o no los derechos establecidos en el pacto”. Las decisiones sobre una “comunicación individual”, como se llama a este tipo de presentaciones, pueden demorar cuatro o cinco años, indicó. Pero, como en cualquier proceso, las medidas cautelares deberían ser de resolución más expeditiva. “El comité puede dictar cautelares, en menos tiempo, que por su naturaleza son urgentes. La mayoría son por pena de muerte, ejecuciones extrajudiciales o torturas. No tiene antecedentes de medidas cautelares por derechos políticos. Solo el de Lula, donde sí otorgó una medida cautelar, pero la dictó después de que la Corte Suprema de Brasil decretara que había habido violaciones al debido proceso en la causa del Lava Jato”, detalló ante la consulta de Página/12. Las cautelares, agregó, no son resueltas habitualmente por el Comité en plenario. “Las analiza la relatoría de nuevas comunicaciones. El comité reposa en lo que el relator, cuando registra el caso, puede considerar. No sé si será factible en este tipo de asuntos. Quizá espere a resolver con el resto del comité, hay que esperar”, dijo. ¿Qué pasa con las decisiones de fondo, una vez que se producen? “En el caso de que determine que hay violaciones de derechos, puede tomar diversas medidas de reparación. Esto puede ser la revisión de un juicio, la anulación del mismo o la celebración de uno nuevo, dependiendo de lo que el comité entienda como pertinente”. Salvioli es autor del libro La edad de la razón: el rol de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos, y el valor jurídico de sus pronunciamientos. Explica que el solo hecho de que un Estado haya ratificado un tratado internacional lo compromete, más aún si tiene jerarquía constitucional. “El Poder Judicial tiene que acatar lo que diga el Comité, a menos que piense que no es un poder del Estado, lo que sería ridículo”, señaló. “En este país, donde todo se confunde, me parece importante transmitir información seria. Así como el comité no decide la inocencia de nadie, también dice que las decisiones que toma son objetivas, razonables y vinculantes (…) El comité puede decir que hubo una sentencia arbitraria, pero no puede decir si los que la llevaron adelante fueron idóneos o no. No corresponde que el comité se manifieste políticamente, lo que hace es evaluar las vulneraciones que se le hacen a todas las personas con respecto al Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Las decisiones que toma el cuerpo son confiables”. Insistió con este concepto: “Al ser la última instancia, lo lógico es que sea considerado vinculante, porque un Estado no puede ser juez y parte”. Las reglas procesales locales El constitucionalista Andrés Gil Domínguez compartió un extenso posteo donde expone, en el mismo sentido, que cuando un Estado ratifica un tratado sobre derechos humanos y reconoce la competencia de los órganos de control, habilita a que toda persona, una vez que se agoten los recursos en los tribunales locales, pueda presentar una denuncia o petición. En nuestro sistema, dice, la obligatoriedad de acatar es doble: una internacional por la jerarquía constitucional del
Beber caña con ruda el día de la Pachamama es una costumbre que busca prevenir enfermedades o los “males del invierno”, ya que “julio los prepara y agosto se los lleva”, indica un refrán popular. El ritual de beber caña con ruda (Ruta graveolens) tiene cada vez más adeptos en todo el país bajo la creencia de que realizarlo el 1 de agosto ayuda a prevenir “los males del invierno”, aunque pertenece a la cultura del nordeste argentino (NEA). Por su parte, en el noroeste argentino (NOA) la cuestión se centra en la peligrosidad de la Pachamama o Madre Tierra, razón por la cual se le ofrece una ceremonia en la que se le proveen alimentos a cambio de protección en la salud. “Julio los prepara y agosto se los lleva”Un refrán popular indica que dichos males “julio los prepara y agosto se los lleva”. La creencia sostiene que en agosto se manifiestan las enfermedades y epidemias, y que es el mes de mayor cantidad de males y muertes repentinas. Ideas similares también se extienden por Paraguay. Cómo y cuándo se bebeSe deben tomar tres sorbos, uno largo o una copita entera, pero siempre en ayunas el 1 de agosto. Asimismo, la tradición permite a quienes no puedan tomar ese día, hacerlo hasta el 15 de agosto, siempre y cuando alguien que sí haya tomado les convide. Cómo preparar caña con rudaPara poder realizar este ritual hay que tener en cuenta que se deben dejar macerando las hojas o ramas de ruda (macho) junto a la caña -o licor de caña-, con al menos un mes de anticipación. Las cualidades de la rudaAntiespasmódica, antivenenosa, anticonvulsiva, antiséptica, contra las dificultades para respirar, la ciática, enfermedades oftalmológicas y renales, son algunas de las cualidades de esta planta medicinal que también es utilizada en rituales y ceremonias para curar enfermedades ocasionadas por causas sobrenaturales. La ruda en la antigüedadLa ruda es una hierba originaria del Mediterráneo, introducida en América tras la conquista española. “Fue uno de los medicamentos privilegiados en la antigüedad. Sus cualidades medicinales fueron reseñadas por los más antiguos autores en esta materia como Hipócritas, Plinio y Dioscórides”, indica la investigación ‘La Ruda en la Medicina Folclórica del Norte Argentino’, de Pastor Arenas y Guido Galafassi. Dicha publicación halló que muchos de los usos que se le daba a esta poderosa hierba en la antigüedad -así como también en la España de la época colonial- fueron adoptados en nuestro país: “Es probable que esta planta haya sido incorporada tempranamente en la farmacopea del Río de la Plata. Los jesuitas han mencionado a la ruda como parte integrante de los remedios utilizados, y también dejaron constancia de que crecía espontáneamente e la zona”, documentan los autores. Fuente: Agencia NA
Los animales fueron entregados por disposición de la justicia a una ciudadana de la localidad. Alrededor de las 9, efectivos de la Comisaría de Basail finalizaron un allanamiento ordenado por el Juzgado de Paz y Faltas de la localidad en un inmueble ubicado en la zona rural de La Palmira, en el marco de una causa por presunto maltrato animal. El operativo contó con la participación de personal de la dependencia jurisdiccional y del Departamento Canes, cuyos especialistas realizaron la inspección y el examen veterinario de los animales hallados en el lugar. Como resultado del procedimiento, se secuestraron cuatro perros que permanecían en el inmueble. Por disposición de la magistratura interviniente, los animales fueron entregados en carácter de depósito judicial provisorio a una vecina de la localidad, quien quedó a cargo de su cuidado y resguardo hasta que se resuelva su situación.
La secretaria gremial de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Nordeste (Codiunne), Verónica Pedersen, brindó una entrevista a CIUDAD TV donde ratificó la adhesión del sector universitario al paro nacional educativo y advirtió sobre el persistente deterioro salarial y presupuestario que afecta a las casas de altos estudios. Pedersen explicó que la medida de fuerza se concreta en el marco de una convocatoria conjunta de todo el arco educativo nacional, sumando el respaldo de federaciones como CONADU y CONADU Histórica en acompañamiento al reclamo planteado por CTERA. La referente sindical subrayó que el sector se encuentra nuevamente en estado de alerta ante el incumplimiento de los compromisos por parte de la administración central. Según detalló la dirigente, el Gobierno Nacional sigue sin acatar medidas cautelares ni dar respuestas efectivas en relación con la recomposición de los salarios de docentes y no docentes, así como tampoco respecto a las becas estudiantiles. Al analizar la situación salarial y el costo de vida, la secretaria gremial de Codiunne fue contundente respecto al impacto inflacionario sobre los trabajadores universitarios. “Este mes nos volvemos a encontrar con que el Gobierno Nacional no ha cumplido con los compromisos asumidos”, afirmó Pedersen, agregando que el escenario actual se caracteriza por una “fuerte pérdida de poder adquisitivo de justamente todo lo que es el salario docente y no docente en general”. Asimismo, expresó su preocupación por las condiciones de la comunidad estudiantil, remarcando “la situación precaria en la que están muchos de los estudiantes y las estudiantes con las limitaciones en cuanto a becas y los magros montos con los cuales intentan plantear que es posible sostener una carrera universitaria”. Respecto a la distribución del presupuesto y la existencia de programas específicos para determinadas áreas académicas, Pedersen aclaró que las medidas parciales resultan insuficientes para resolver el problema estructural que padece el sistema superior. “La situación sigue siendo precaria porque no hay una recomposición de todo el sistema en general”, aseveró la dirigente. Sobre el diálogo con el Poder Ejecutivo, remarcó la urgente necesidad de convocar a paritarias para encauzar el conflicto. “Hay una fuerte recesión en el sentido de que no hay un acompañamiento por parte del Gobierno Nacional para trabajar en pos de la recomposición; no se ha llamado todavía a paritaria nacional, que es lo que estamos pidiendo desde hace ya varios meses, y en función de eso prevemos que probablemente sigamos con el conflicto en puerta”, advirtió. Consultada sobre las movilizaciones masivas y la falta de soluciones definitivas por parte de la cartera de Capital Humano, Pedersen advirtió que “la universidad pública en particular forma parte de un entramado social que lamentablemente está en un proceso de crisis, en una situación crítica muy fuerte, donde los destinatarios, que son los trabajadores y trabajadoras de nuestra sociedad en general, son quienes deberían tener ese acceso”, argumentó la gremialista. En ese contexto, justificó la articulación de las demandas universitarias con otros reclamos sociales y sindicales. Finalmente, sobre la duración del plan de lucha y las perspectivas a futuro, Pedersen precisó que la medida se planteó inicialmente por 24 horas, aunque supeditada a la evolución del contexto social. “Todavía no se habla de una extensión, pero se vienen dando una serie de movilizaciones sociales que responden a diferentes sectores a los cuales vamos a acompañar porque formamos parte de este entramado social y respondemos a las necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas”, concluyó la representante de Codiunne.
En línea con el paquete de reformas anunciado en junio pasado, el Consejo de Ministros de Cuba publicó el decreto que reordena las actividades económicas permitidas para el sector privado y la inversión extranjera, que ahora podrá involucrarse en la extracción de crudo y gas natural, aunque con condiciones. La medida reduce de 125 a 44 las actividades prohibidas al sector privado. Sumido en una profunda crisis energética y económica y bajo presión de Estados Unidos, Cuba oficializa su mayor apertura a la inversión privada. Un decreto del Consejo de Ministros, publicado en la Gaceta Oficial de la República, dictaminó el reordenamiento de las actividades económicas permitidas para empresas estatales, pequeñas privadas cubanas, extranjeras y cuentapropistas, ampliando los ámbitos de actividad para el sector privado, en línea con el paquete de 176 reformas, aprobado en junio pasado para liberalizar y descentralizar la economía. Uno de los cambios más sensibles es que, a partir de agosto, el Gobierno comunista de la isla permitirá la participación de empresas privadas y extranjeras en la extracción de petróleo y gas natural, aunque solo mediante concesión administrativa para “asociación económica y empresas mixtas nacionales y las modalidades de inversión extranjera”. En esa línea, las micro, pequeñas y medianas empresas (conocidas como mipymes) podrán administrar estaciones de servicio, luego de recibir una autorización condicionada y con un socio estatal. En tanto que la gran minería será permitida a capitales privados únicamente “mediante asociación económica e inversión extranjera”. Otra de las aperturas se da en el sector energético, acuciado por una situación crítica en la que se combinan factores históricos (un sistema eléctrico obsoleto y una falta crónica de inversión) con el bloqueo de EE. UU., agravado por el asedio petrolero desde enero. En un país que este miércoles alcanzó el triste récord de tener sin luz al 74% del territorio en el momento de mayor demanda, el sector privado podrá, con autorización previa, participar de la transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. Con restricciones y “condicionada” a permisos correspondientes, los privados también podrán acceder a la fabricación de sustancias químicas y de productos farmacéuticos. Cubanos se esperanzan con el acceso de privados al sector de farmaciasDe las 125 actividades que estaban prohibidas para el sector privado, la nueva normativa permite el acceso sin restricciones a 46 y flexibiliza las condiciones de operación de otras 35. Las pequeñas y medianas empresas cubanas –que actualmente son más de 15.600 autorizadas a operar– podrán fabricar y ensamblar ciclomotores, motocicletas, triciclos, remolques y semirremolques; explotar terminales, estaciones ferroviarias, carreteras, peajes, puentes y túneles “mediante concesión administrativa, arrendamiento y demás derechos reales sobre activos estatales”; o sumarse al desarrollo de energías renovables, entre otras ramas. Aunque la lista de sectores que permanecen bajo únicamente control estatal se redujo a 44 actividades, en ellas se incluyen la defensa, la educación formal (aunque se permiten guarderías, clases de idiomas y tutorías), la seguridad, las telecomunicaciones, el periodismo, el ámbito editorial, el comercio mayorista y el transporte marítimo internacional, de crucero y turístico. Lo mismo ocurre con uno de los emblemas de la revolución castrista, la salud pública. La atención médica sigue habilitada solo para actores estatales y la actividad profesional y técnica en los servicios de salud “sigue estando regulada estatalmente”. La gran novedad, sin embargo, es que mipymes, cooperativas no agropecuarias y firmas privadas podrán acceder a la gestión de servicios farmacéuticos, aunque cumpliendo los requisitos del Ministerio de Salud Pública, que incluyen contar con locales adecuados, personal cualificado, licencia operativa y medicamentos con registro sanitario. María Luisa Pérez, una mujer de 77 años, le aseguró a la agencia AFP que le parece “bien” esa apertura porque “en la farmacia casi nunca hay medicamentos”. “Cuando uno va a buscar, no hay, y entonces la gente los vende por la calle”, afirmó. Ana Diego, una cubana de 66 años que tuvo que volver a trabajar después de haberse jubilado, también consideró positivo el anuncio porque “todo el mundo sabe que en este momento nosotros estamos subsistiendo por las mipymes”. Cuba hace equilibrio entre el control del Estado y la economía de mercadoAl abordar las nuevas regulaciones, los medios estatales recalcaron que amplían “de manera considerable el espectro de acción para los emprendedores y empresarios privados”. No obstante, la presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, Lázara López Acea, señaló que estas medidas “no están yendo a la privatización de la economía” porque la empresa estatal comunista mantiene su “papel fundamental”, y agregó que lo que se está haciendo es dar “más participación a los actores económicos no estatales”. Con una economía que se ha contraído un 15% entre 2020 y 2025 (por factores combinados como la pandemia, el endurecimiento de las sanciones de EE. UU. y las fallidas políticas monetarias y económicas), el gobierno de Miguel Díaz-Canel se vio empujado a encarar una apertura, frente a la asfixia aplicada por la Administración de Donald Trump y a la luz de la escasez de alimentos, combustible, agua potable y medicinas. En esa línea, la Asamblea Nacional del Poder Popular comenzó este miércoles una sesión ordinaria de dos días para estudiar proyectos de ley de reorganización administrativa, legislación laboral y descentralización de la economía, un paso meramente formal porque el legislativo cubano siempre aprueba por unanimidad las propuestas realizadas por el Gobierno y avaladas por el Partido Comunista, el único del país. Uno de los más destacados se da en el sector agrícola, donde, si bien se mantendrá la propiedad estatal de la tierra, se prevé una ampliación significativa de las condiciones de usufructo para agricultores, cooperativas y empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras. Otro proyecto ligado a la vivienda propone ampliar el peso del sector privado en la construcción, habilitar a los cubanos a poseer hasta dos casas (hasta ahora solo podían una), permitirá las hipotecas y reconocerá derechos para cubanos residentes en el extranjero. Además, se abordarán cambios propuestos en el paquete de 176 reformas, entre ellos, la autorización de mayor participación del capital privado en la actividad financiera,
La mujer de 63 años fue la única en sumar los cinco aciertos durante el sorteo de la Quiniela Poceada Chaqueña del pasado 25 de julio, por lo que se alzó con un primer premio acumulado de 376 millones de pesos. “Es un sueño, con esto voy a poder refaccionar mi casa”, dijo esta vecina de Villa Berthet que había registrado su apuesta ganadora en la Sub-Agencia 135-12 cuyo permisionario es Jorge Ricardo Ravadich. Su golpe de suerte vino de la mano de una apuesta automática, compuesta por los números 02, 41, 59, 81 y 90, gracias a lo cual esta ama de casa se hizo con un espectacular pozo de 376.575.914 pesos durante la edición 2335 de la Poceada Chaqueña, que se jugó el pasado sábado 25 de julio.
La Argentina cerró 2025 con un récord histórico de exportaciones de alfalfa: 168.915 toneladas despachadas por US$65,5 millones. En comparación con 2024, el volumen de las ventas al exterior aumentó en 16.085 toneladas, un 10,5% más, mientras que el valor creció en US$13,3 millones, un salto del 5,5%. Córdoba consolidó su posición como principal polo con el 91% de los negocios con el exterior y un informe destaca los desafíos del sector. De esa manera, ingresó al grupo de los principales proveedores mundiales, pero debe resolver dos desafíos claves para un nuevo salto exportador, según un informe del Clúster Alfalfa Córdoba junto al Grupo Alfalfa de INTA Manfredi y Córdoba Custom Service. El mercado global está en plena reconfiguración. El año pasado movilizó 8,4 millones de toneladas por unos US$2770 millones. Las cifras incluyen tanto heno de alfalfa como de otras especies forrajeras. La alfalfa representa 44% del comercio debido a su elevado contenido proteico, alta digestibilidad y aporte de vitaminas y minerales. Es un insumo estratégico para los sistemas intensivos de producción de leche y carne. El crecimiento argentino está vinculado a factores como la caída de las exportaciones de Estados Unidos, afectadas por el conflicto arancelario con China a la vez que hay una creciente demanda estructural de los sistemas intensivos de producción de leche y carne en Asia y Medio Oriente. A ese panorama se agrega un alza en el interés de numerosos países compradores por diversificar sus fuentes de abastecimiento para reducir la dependencia de unos pocos orígenes. Esto abrió posibilidades para la Argentina y, en ese contexto, Córdoba consolida su posición como principal polo exportador del país, con 91% de los embarques. En todo el mundo el negocio está en expansión A la hora de analizar destinos, China es el principal importador mundial de alfalfa, con 1,5 millones de toneladas. Le siguen Arabia Saudita (617.500 toneladas) y Emiratos Árabes Unidos (399.000 toneladas), ambos países donde las limitaciones de tierra y agua hacen del comercio internacional de forrajes un componente estratégico para sostener sus sistemas ganaderos. En paralelo se consolidan demandantes emergentes como Vietnam, Indonesia, Tailandia, Brasil y Egipto, que representan nuevas oportunidades para diversificar las exportaciones argentinas y reducir la dependencia de unos pocos destinos. Gastón Urrets Zavalía, coordinador del Clúster Alfalfa Córdoba y referente en Henificación del Grupo Alfalfa de INTA Manfredi, explica que si bien Estados Unidos y España lideran ampliamente el comercio mundial, la Argentina reúne condiciones para continuar creciendo gracias a sus 3,2 millones de hectáreas implantadas, la producción en contraestación respecto del hemisferio norte y la experiencia técnica acumulada. Logística, clave En la investigación se advierte que el próximo salto exportador ya no dependerá únicamente de producir más alfalfa, sino de transformar una mayor proporción de esa producción en una oferta exportable estable y de alta calidad. Para eso es clave ampliar la capacidad de secado, recompactado, pelletizado y acondicionamiento industrial, además de incorporar tecnologías a campo que permitan reducir pérdidas y cumplir con los estándares exigidos por los mercados internacionales. Otro de los desafíos es la logística. Actualmente, colocar una tonelada de alfalfa premium en destinos como Emiratos Árabes implica costos cercanos a US$155 por tonelada, equivalentes a alrededor del 41% del valor final del producto, una brecha que limita la competitividad frente a otros países exportadores. Para Urrets Zavalía, el desafío ya no pasa únicamente por producir más, sino por construir una cadena cada vez más competitiva: “Este tipo de informes nos permiten mostrar, con datos, el presente y el potencial de la alfalfa argentina. Desde el Clúster de Alfalfa de Córdoba y el INTA, buscamos acompañar el desarrollo y la profesionalización del sector para que se consolide como un generador estratégico de divisas y valor agregado”. La Nación
Se consolidó la recuperación turística en vacaciones de invierno, mientras se avanza en medidas preventivas ante crecidas del río Iguazú por el fenómeno El Niño. El mes de julio finalizó con un balance positivo para la actividad turística en Puerto Iguazú, impulsado por el receso invernal: en la última semana del mes el Parque Nacional Iguazú superó los 143 mil visitantes, evidenciando una fuerte recuperación durante la segunda quincena. En este contexto de alta afluencia turística, y en función de las proyecciones meteorológicas asociadas al fenómeno El Niño (ENOS), se avanzó en medidas preventivas para resguardar la infraestructura del Área Cataratas, priorizando los estándares de seguridad para los visitantes y equipos de trabajo de las empresas prestadoras de servicios turísticos. En el marco de una acción conjunta para la gestión integral del riesgo, la empresa concesionaria Iguazú Argentina S.A. solicitó a la Administración de Parques Nacionales la autorización para iniciar el repliegue preventivo de las pasarelas del Circuito Garganta del Diablo. La decisión se sustenta en los pronósticos y análisis técnicos que anticipan crecidas del río Iguazú en los próximos meses. En ese sentido, las empresas encargadas del monitoreo climático e hidrológico del sistema fluvial en la cuenca de Brasil coincidieron en señalar que durante septiembre y octubre se prevén caudales elevados, con potencial de generar inundaciones extraordinarias que podrían afectar la infraestructura de ese sector. PN Iguazú finaliza julio con buena actividad turística Frente a este escenario, Iguazú Argentina S.A. presentó un protocolo específico que contempla el retiro de los pisos y barandas del circuito, con el objetivo de preservar estos elementos para su posterior reinstalación. El operativo de repliegue preventivo comenzará el lunes 3 de agosto y se desarrollará de manera progresiva. Cada componente será trasladado a un sector seguro en la estación ferroviaria Garganta del Diablo, donde permanecerá acopiado hasta que las condiciones del cauce permitan, desde el punto de vista técnico, avanzar con el rearmado del sistema de pasarelas.
En el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Trata de Personas, la subsecretaria de Género y Diversidad, Sonia Valenzuela, advirtió sobre el crecimiento de las captaciones a través de redes sociales y anunció una campaña de prevención dirigida a estudiantes secundarios. También destacó el trabajo articulado con fuerzas de seguridad y organismos federales para asistir a las víctimas. La subsecretaria de Género y Diversidad del Chaco, Sonia Valenzuela, aseguró que una de las principales preocupaciones actuales en la lucha contra la trata de personas es el aumento de las captaciones mediante redes sociales y plataformas digitales. En ese contexto, adelantó que, una vez finalizado el receso invernal, el Gobierno provincial pondrá en marcha una campaña de concientización en escuelas secundarias para prevenir este tipo de delitos. Las declaraciones fueron realizadas en CIUDAD TV tras las actividades organizadas en Resistencia por el Día Internacional de la Lucha contra la Trata de Personas, celebrado cada 30 de julio. La jornada se desarrolló en la plaza central de la ciudad con la participación de la Municipalidad de Resistencia, la Policía del Chaco y distintos organismos que integran la Red Federal de Lucha contra la Trata. Valenzuela recordó que la trata de personas constituye uno de los delitos más lucrativos para las organizaciones criminales a nivel mundial y destacó la importancia de las acciones coordinadas entre las provincias. Explicó que cada jurisdicción cuenta con “puntos focales” que permiten articular la asistencia y el traslado de las víctimas hacia sus lugares de origen cuando son rescatadas. Asistencia a las víctimas La funcionaria señaló que la Subsecretaría interviene principalmente en la contención y acompañamiento de las personas rescatadas. Durante la actual gestión, indicó, hubo pocos casos con víctimas chaqueñas, aunque sí se brindó asistencia a personas provenientes de otras provincias. Precisó que la mayoría de los casos detectados en la región están vinculados a la explotación laboral, especialmente en ámbitos rurales. En esos casos, explicó, suelen intervenir organismos de inspección laboral que detectan situaciones de vulnerabilidad y las ponen en conocimiento de la Justicia Federal. Como ejemplo, recordó un caso ocurrido en 2024 en la localidad de Las Palmas, donde fue rescatada una adolescente paraguaya de 15 años que era trasladada hacia Buenos Aires bajo una historia que despertó sospechas de los investigadores. Promesas de trabajo y captación por redes Durante la entrevista, Valenzuela advirtió que las falsas ofertas laborales continúan siendo uno de los principales mecanismos de captación. “La promesa de una paga importante tiene que llamar la atención”, sostuvo, y explicó que muchas organizaciones criminales aprovechan situaciones de vulnerabilidad económica para ofrecer supuestos empleos con salarios muy superiores a los habituales. Luego, las víctimas terminan sometidas a condiciones de explotación, endeudadas por los gastos de traslado, alojamiento y alimentación. En ese sentido, mencionó el caso de tres trabajadores chaqueños que fueron llevados a Entre Ríos con la promesa de percibir 300 mil pesos y condiciones laborales excepcionales, pero finalmente fueron encontrados viviendo en un contenedor. La funcionaria remarcó además que las redes sociales se convirtieron en una nueva vía de captación, especialmente entre adolescentes. “Lo que estamos viendo últimamente es también la captación a través de las redes”, afirmó. Por ese motivo, adelantó que la próxima campaña de prevención estará orientada a estudiantes de nivel secundario, con el objetivo de brindar herramientas para identificar engaños y evitar situaciones de riesgo. El rol de las fuerzas de seguridad Valenzuela explicó que las investigaciones son encabezadas por las fuerzas federales, mientras que la Policía del Chaco recibe las denuncias e impulsa las primeras actuaciones antes de que intervenga la Justicia Federal. Asimismo, destacó el trabajo de Gendarmería Nacional en los controles de rutas y zonas de frontera, donde con frecuencia se detectan movimientos sospechosos de personas. Según señaló, la experiencia de los agentes permite identificar situaciones en las que las víctimas viajan engañadas o incluso sin ser plenamente conscientes del peligro al que están siendo expuestas. Finalmente, insistió en que la trata de personas sigue siendo un delito vigente y muchas veces invisibilizado. “Parece muy fantasioso, parece muy de películas, pero sigue sucediendo”, concluyó.