La medida fue dispuesta por el Juzgado Federal N°4 luego de que el Jurado de Enjuiciamiento lo destituyera y perdiera la inmunidad de arresto. El exmagistrado está procesado por actos de corrupción como presunto autor de los delitos de asociación ilícita, prevaricato, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. A requerimiento de la Unidad Fiscal de Rosario, el Juzgado Federal N°4 de ese distrito dispuso la inmediata detención del ahora exjuez federal Gastón Salmain, que estuvo a cargo del Juzgado Federal N°1 de Rosario, y está procesado como presunto autor de los delitos de asociación ilícita, prevaricato, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros hechos de corrupción. La medida se ordenó luego de que este jueves el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados del Consejo de la Magistratura resolviera destituirlo de su cargo y perdiera la inmunidad de arresto. La prisión preventiva deberá cumplirse en la modalidad de arresto domiciliario y con control de dispositivo electrónico. La medida de coerción estaba en suspenso a la espera del veredicto del Consejo de la Magistratura, porque ya se había dispuesto en el marco de las imputaciones que enfrenta Salmain en la denominada causa “Attila Fideicomiso SRL”, donde está acusado de cobrar coimas para facilitar el acceso al dólar oficial en el marco de un expediente que tramitaba en su juzgado. En una resolución de dos párrafos, el juez Carlos Vera Barros sostuvo que, con vistas a lo resuelto por el Consejo de la Magistratura en el marco del jury celebrado contra Salmain, y que deja sin efecto la inmunidad de arresto prevista en la ley 25.320 atento haber cesado el carácter de juez federal del imputado, “hágase efectiva la medida cautelar dispuesta mediante el auto de procesamiento del 26 de diciembre de 2025”, medida que, además, ya había sido confirmada por la Cámara Federal de Rosario el 27 de marzo de 2026. De ese modo, el juez ordenó la detención inmediata de Salmain y recordó que la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, al momento de resolver los recursos de apelación contra el auto de procesamiento dictado en su momento, dispuso que la modalidad de cumplimiento de la detención impuesta “fuera domiciliaria y con aplicación de un dispositivo de vigilancia electrónica”. El juez libró oficio a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para que efectivice la detención en un domicilio del barrio porteño de Belgrano y otro al Ministerio de Seguridad Nacional para la implementación del control a través de un dispositivo electrónico de monitoreo. La resolución de apartamiento de Salmain se sustentó en las acusaciones que afronta por actos de corrupción, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario, supuesto cobro de coimas para facilitar el acceso al dólar oficial en el marco de una causa que tramitaba en su juzgado, y por omitir al momento de concursar su cargo que tenía antecedentes de cesantía en el Poder Judicial. Hace dos semanas, el Colegio de Jueces de Revisión de Rosario ordenó la elevación a juicio oral y público del legajo penal en el que Salmain está imputado por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario. La Unidad Fiscal Rosario anticipó un pedido de pena de dos años de prisión, e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de ese tiempo. Según la acusación, le atribuyen haber utilizado su investidura y librado órdenes para conocer el estado de la causa donde fue imputado y procesado por favorecer a un fideicomiso para que pueda transferir 10 millones de dólares a cuentas del exterior, expediente en el cual se solicitó la medida cautelar que ordenó Vera Barros. La destitución El Jurado de Enjuiciamiento resolvió por unanimidad destituir a Salmain por mal desempeño, al considerar que había omitido informar, en 33 concursos para cargos judiciales, que había sido cesanteado del Poder Judicial en 2002. Aquella sanción había sido consecuencia de una causa penal en la que se investigó su intento de sobornar a una empleada judicial para manipular el sorteo de expedientes. El jurado consideró que la omisión de ese antecedente constituyó una grave inconducta ética. “Eligio qué declarar y qué callar”, estableció el jury, según la resolución leída en la audiencia de esta mañana, que se transmitió por el canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación. En cambio, el tribunal desestimó el cargo relacionado con el presunto cobro de coimas a cambio de resoluciones judiciales, al entender que esos hechos deben dilucidarse en el ámbito penal. Fiscales
Autor: Redacción General
Fue identificado tras tareas de investigación tecnológica y seguimiento. El jueves, alrededor de las 13:05, personal de la División Ciberdelitos contra la Niñez y Adolescencia detuvo a un hombre de 42 años en inmediaciones de un edificio ubicado sobre calle Colón al 185, en Resistencia, en el marco de una investigación por una presunta estafa. La causa se inició a partir de la denuncia de una mujer, quien manifestó que durante 2025 habría facilitado sus datos personales para gestionar operaciones financieras que posteriormente desconoció. Según lo denunciado, detectó préstamos y movimientos económicos que no había autorizado, con un perjuicio estimado en más de 4.600.000 pesos, más intereses. A partir de la denuncia, los investigadores realizaron tareas de análisis tecnológico y consultas en fuentes abiertas, que permitieron identificar al presunto involucrado, su ex pareja y establecer el lugar donde trabajaba. Con intervención del Equipo Fiscal 10, a cargo de la fiscal Lilian Beatriz Irala, se dispuso un operativo para localizarlo y proceder a su aprehensión. Durante el procedimiento, además, se secuestró un teléfono celular y 132.300 pesos en efectivo. Finalmente, el hombre fue notificado de su aprehensión en la causa por supuesta estafa y, tras las actuaciones correspondientes, será alojado en el Departamento de Investigaciones Complejas, informó la policía del Chaco.
Ocurrió en Pampa del Indio. Cuatro hombres fueron aprehendidos durante un operativo conjunto. Cerca de la medianoche, personal de la División Rural Pampa del Indio, junto con efectivos de Gendarmería Nacional, realizó un operativo preventivo en caminos vecinales y sectores cercanos al río Bermejo, en la zona rural de esa localidad. Durante los controles, los agentes interceptaron una camioneta Toyota Hilux en la que transportaban 67 ejemplares de sábalos, con un peso total de 79 kilos. Los peces estaban colocados en la caja del vehículo, a la intemperie y sin cadena de frío ni medidas sanitarias correspondientes. Además, secuestraron una red de pesca de aproximadamente 25 metros. Según las averiguaciones, los ocupantes del vehículo estarían ofreciendo los pescados a la venta a través de publicaciones en redes sociales. Finalmente, por disposición de la Fiscalía interviniente, los cuatro hombres fueron notificados de su aprehensión en una causa por presunta infracción al artículo 206 del Código Penal Argentino, vinculado a la violación de normas sanitarias. Todos fueron alojados en la Comisaría de Pampa del Indio. La camioneta quedó secuestrada bajo resguardo de Gendarmería Nacional.
Se trata de la comunidad El Tunal, que cuestiona una autorización provincial que beneficia a la empresa Agropecuaria Tomay S.A. Las topadoras avanzan sobre el monte nativo en tierras de la comunidad indígena El Tunal, del pueblo Vilela, a unos 30 kilómetros de Quimilí, en el norte de Santiago del Estero. Sus habitantes denuncian que la Dirección de Bosques provincial autorizó a la empresa Agropecuaria Tomay S.A. a desmontar parte de su territorio sin informar ni consultar previamente a las familias que lo habitan. El conflicto comenzó a fines de agosto, cuando integrantes de la comunidad lograron frenar el ingreso de una topadora que había empezado a trabajar en uno de los sectores de monte que todavía permanecen en pie. Días después, según denunció el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE-Vía Campesina), la maquinaria regresó con una autorización atribuida a la Dirección de Bosques y un grupo de personas que custodiaba las tareas. La organización reclamó ante organismos provinciales, la policía local y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y advirtió sobre la presencia de personas armadas en el lugar. Del mismo modo, exigió que se detengan los trabajos. El 19 de octubre, Greenpeace sumó su denuncia pública y señaló que las topadoras ya habían avanzado sobre cerca de 200 hectáreas de bosque nativo. La organización reclamó que se frenen las tareas y que las autoridades provinciales garanticen la protección del territorio y de las personas que lo defienden. Un territorio reconocido por el Estado Este conflicto por la ocupación de El Tunal tiene antecedentes oficiales. Mediante la Resolución 95/2020, el INAI dio por concluido el relevamiento técnico, jurídico y catastral de la comunidad y reconoció su ocupación actual, tradicional y pública sobre una superficie georreferenciada de aproximadamente 3.132 hectáreas. La comunidad, además, cuenta con personería jurídica inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas desde 2019. El relevamiento forma parte del procedimiento previsto para identificar y documentar las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos originarios. No equivale por sí solo a un título de propiedad comunitaria, pero constituye un antecedente oficial relevante para analizar el conflicto territorial. Mientras un organismo nacional reconoció la ocupación tradicional de esas tierras, la comunidad denuncia que otra dependencia estatal habilitó trabajos de desmonte en ese territorio sin garantizar su participación. El MOCASE-VC sostiene que la autorización fue otorgada sin consulta previa y cuestiona, además, la falta de estudios de impacto ambiental. La organización también denunció que la empresa no tendría títulos ni posesión sobre los lotes afectados. Qué dice la legislación ambiental La Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos establece en su artículo 19 que los proyectos de desmonte o manejo sostenible deben reconocer y respetar los derechos de las comunidades indígenas que tradicionalmente ocupan esas tierras. La misma norma dispone, en su artículo 26, que antes de autorizar desmontes deben garantizarse los mecanismos de audiencia y consulta pública previstos en la legislación ambiental, además del acceso a la información sobre las autorizaciones otorgadas. A esas obligaciones se suma el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), incorporado a la legislación argentina mediante la Ley 24.071. Su artículo 6 establece el deber de consultar a los pueblos indígenas, mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas, cuando se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente. En su denuncia, el MOCASE-VC señaló que ya había presentado reclamos por desmontes en el mismo sector durante 2023 y que, en aquella oportunidad, las tareas se habían detenido. La organización cuestiona que el conflicto haya vuelto a producirse y exige que se revisen las autorizaciones actuales. El caso se inscribe en un escenario de presión sobre los bosques nativos de la región. Según un relevamiento satelital citado por Greenpeace, durante 2025 se desmontaron 51.149 hectáreas de bosque nativo en Santiago del Estero, una de las provincias más afectadas por la pérdida de cobertura forestal. Tiempo Argentino
Investigan la presunta faena clandestina de un animal bovino. Este viernes, alrededor de la 1:10, personal de la División Rural La Leonesa intervino en un camino vecinal del paraje Florodora, en Las Palmas, tras recibir información sobre personas que trasladaban un carro por la zona. Al llegar, los efectivos encontraron un carro de fabricación casera abandonado a la vera del camino. En su interior había dos bolsas de arpillera con varios cortes de carne vacuna, aparentemente producto de una faena reciente. En el lugar se presentó una mujer que manifestó que la carne correspondería a una vaquilla de su propiedad, a la que criaba como guacha. Sin embargo, no contaba con marca o señal que permitiera acreditar fehacientemente la propiedad del animal. Finalmente, la Policía procedió al secuestro de la carne y del carro. Se continúan las tareas investigativas para establecer dónde se realizó la faena e identificar a los responsables, informó la policía del Chaco.
Sindicatos, carreras de comunicación y organizaciones civiles se movilizaron al Congreso. Reclamarom que traten los diversos proyectos legislativos para actualizar o prorrogar la vigencia del Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908). Sindicatos de prensa de todo el país, representantes de las carreras de comunicación y de organizaciones de la sociedad civil se movilizaron este jueves al Congreso para reclamar que traten los diversos proyectos legislativos para actualizar o prorrogar la vigencia del Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908). Su derogación fue pospuesta por la reforma laboral a partir del 1 de enero de 2027. “Senadores, diputados: no vendan el estatuto del periodista, la libertad de expresión y el derecho a la información”, pidieron dirigentes gremiales, periodistas y trabajadores y trabajadoras de prensa en la bandera que desplegaron en la puerta del Senado. La acción de visibilización fue impulsada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN). En el marco de la protesta, se presentó una solicitud formal dirigida a la senadora Carmen Álvarez Rivero, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, y a los legisladores que la integran. El documento exige la inmediata convocatoria a reunión de comisión para evitar que la inacción parlamentaria decante en un vacío legal, que termine exponiendo al periodismo en una situación de vulnerabilidad mayor a las presiones políticas, económicas y judiciales. La nota convoca a todos los miembros de la comisión a tratar los proyectos, pero puntualmente convoca a los legisladores que se comprometieron a discutir una actualización de la Ley 12.908 en el marco de la prórroga, como los senadores Carolina Losada, Eduardo Vischi, Sonia Rojas Decut, José Carambia, Flavia Royón, Carolina Moises, entre otros. “Desde la sanción de la reforma laboral, la Comisión de Legislación del Trabajo del Senado no se volvió a reunir ni una sola vez. Las y los senadores que muchas veces hablan de la regulación laboral no están haciendo su laburo”, sostuvo Agustín Lecchi, secretario general de SiPreBa. “En un contexto de gran ataque a la libertad de expresión, donde el Presidente de la Nación dice que nos quiere quemar en la hoguera, los empresarios de medios aprovechan la política laboral de este gobierno para derogar una ley que nos protege y resguarda la libertad de expresión”, dijo Carla Gaudensi, secretaria general de FATPREN. Los senadores que apoyaron al gremio de prensa Durante el acto expresaron su apoyo los senadores Mariano Recalde, Marcelo Lewandowski, Jimena López, Ana Inés Marks y María Teresa González, junto al diputado Esteban Paulon y el legislador porteño Gabriel Solano. Entre las organizaciones que acompañan el pedido al Congreso se encuentran la Federación Internacional de Periodistas (FIP), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA), la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social (FADECCOS), Periodistas Argentinas, la Red de Carreras de Comunicación Social (REDCOM) y la Carrera de Comunicación de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Tiempo Argentino
La jueza María Eugenia Capuchetti pidió informes sobre los controles migratorios y posibles alertas de Brasil. La justicia federal de Misiones desestimó la denuncia presentada por la diputada Pagano. Dos decisiones judiciales elevaron el volumen del escándalo de la huida de Flavio Bolsonaro con ayuda del gobierno de Javier Milei. La jueza federal de Comodoro Py María Eugenia Capuchetti pidió, por impulso de la fiscal Paloma Ochoa, la preservación de las imágenes de cámaras de seguridad de distintos momentos del ingreso del excandidato a presidente de Brasil (en el paso fronterizo, Migraciones, Aduana y en el Aeropuerto Internacional de Iguazú) y su salida hacia Estados Unidos. También le solicitó a la Cancillería y al Ministerio de Seguridad que informen si existían requerimientos o pedidos de cooperación extranjeros, alertas o algún tipo de restricción. En paralelo, el fiscal de Puerto Iguazú, Fabián Martínez, desestimó las denuncias que había recibido: dijo que —desde el punto de vista migratorio— no había nada irregular en la entrada del senador y su familia a la Argentina. Para establecer si desde el Poder Ejecutivo se cometieron delitos, mandó el expediente a los tribunales de Retiro. Aunque todo esto parezca una enormidad, en el juzgado de Capuchetti no hay una causa judicial propiamente dicha todavía. Las medidas que dispuso son solo “preliminares”. La fiscal Ochoa tiene que evaluar si impulsa el expediente, es decir, si entiende que se pueden haber cometido delitos, más allá de que sea ostensible que el gobierno ayudó a Bolsonaro a escaparse cuando el Poder Judicial de Brasil avanza con dos investigaciones judiciales comprometedoras para él. No parece algo que se pueda establecer de manera tan lineal. Una de esas causas brasileñas es por evasión y lavado de activos a través de plataformas de apuestas vinculadas a su amigo y abogado, Willer Tomaz, en la que ya se había dispuesto el bloqueo de 1.150 millones de dólares. En ese expediente, el juez Alexandre de Moraes le ordenó, una vez que se confirmó el resultado electoral, que entregue sus pasaportes (brasileño y diplomático), para que no saliera del país, medida que no acató. Pero no había un pedido de captura internacional. La otra causa también es por lavado, vinculada con unos 10 millones de dólares atribuidos al exbanquero Daniel Vorcaro, para la película “Dark Horse” sobre su padre, Jair Bolsonaro. Lo que debería haber sucedido en circunstancias más o menos normales es que, en cuanto Bolsonaro quisiera entrar a la Argentina, el gobierno consultara con las autoridades del país vecino correspondientes ante la situación judicial en la que se encuentra, que ya es ampliamente conocida, y en función de eso adoptar una decisión. Pero como está más que claro, el Poder Ejecutivo argentino decidió participar en todo el operativo para traerlo y para que viajara a Estados Unidos. Entonces no debería sorprender si el trámite migratorio se hizo en forma express y sin las exigencias para el común de los mortales. Ni parecer tan descabellada la participación directa de Santiago Caputo con dos peculiares personajes, empleados de Yaciretá. La Policía Federal de Brasil emitió un comunicado en el que dice que no hay registro de la salida de Bolsonaro del país, como si no hubiera pasado por los controles terrestres. Parece más que nada una justificación pública. La fuerza, que había alertado al juez por la posible huida de Bolsonaro, está atravesada por fuertes internas. Un sector sigue teniendo nichos bolsonaristas, arraigados en provincias con esa impronta, como Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul. Bolsonaro pasó por alguna de las dos primeras, si es que fue por tierra, o por algún atajo (que son muchos y conocidos en la frontera, que es zona de todo tipo de tráficos). Una hipótesis adicional dice que llegó ahí en un avión de Tomaz. La (no) causa en Misiones En la justicia federal de Puerto Iguazú habían presentado denuncias la diputada Marcela Pagano (bloque Coherencia) y un grupo de abogados. Allí rige el sistema acusatorio, de manera que el fiscal Martínez pidió una serie de informes migratorios y con eso le alcanzó para determinar que no había ninguna anomalía en la entrada de Bolsonaro, su esposa Fernanda y sus hijas Luiza y Carolina. Cotejó, además, si se había violado algún canal de cooperación regional, pero lo descartó. No había tampoco pedido de captura internacional. Este fiscal entendió que, si había decisiones políticas de por medio, no era asunto suyo. Incluso que, si se había incumplido con lo establecido por el DNU 366/25, que modificó los trámites migratorios, sería una irregularidad solo administrativa. Ese decreto establece el impedimento de ingreso y permanencia a la Argentina a quienes omiten informar sobre la existencia de causas judiciales. Para determinar si se violó la ley en algún otro aspecto, el fiscal misionero le mandó el resto de la causa a la jueza Capuchetti. Por ejemplo, para determinar si hubo un uso ilegal de la estructura y fondos del Estado. Su decisión, de todos modos, la puede evaluar un fiscal de revisión. Pagano no tardó en reaccionar en la red “X”: “Desde el Gobierno nacional están apretando a la justicia y a los funcionarios de Misiones para que no salgan a la luz las pruebas (fotos y videos) que involucran a funcionarios del Ejecutivo apoyando la fuga de Bolsonaro. Por eso, como imaginé que esto iba a pasar, les aviso algo: la denuncia también la radiqué en los tribunales federales de Brasil”. Pagano dice que recibió llamados en los que le relataban aprietes a efectivos policiales involucrados en la custodia de Bolsonaro hasta que despegó, dentro del aeropuerto y en otros lugares donde estuvo Caputo (un café y donde durmió). Cámaras e informes Las dos primeras denuncias que llegaron a Comodoro Py fueron presentadas por Gabriel Solano (del Frente de Izquierda) y por el diputado socialista Esteban Paulón. Fueron acumuladas en el juzgado de Capuchetti y la fiscalía de Ochoa. Esta última, ya en la noche del miércoles, pidió una lista de medidas preliminares para luego definir si hay razones
La plataforma Binance inició una investigación, debido a una vulneración de su sistema, que comprometió unos 5.800 millones de dólares en criptomonedas y desató un verdadero colapso, ya que se trata del mayor hackeo de la historia. La compañía, en consecuencia, se vio obligada a suspender los retiros y los depósitos, y arrastró al Bitcoin al nivel más bajo de los últimos meses, mientras se desplomaban sus acciones. De todas formas, sus directivos aseguraron que el dinero estaba a salvo; al mismo tiempo, Tether y Circle anunciaron que congelaban más de US$2.300 millones en activos vinculados al posible ataque. “Estamos trabajando sin descanso para resolver este problema. Binance cubrirá todas las pérdidas”, aseguró la empresa en un posteo publicado en la red social X, y agregó que “nuestro equipo sigue realizando controles de seguridad y colabora con las autoridades”. El Bitcoin, en consecuencia, se desplomó por debajo de los US$77.000, su nivel más bajo desde septiembre pasado, mientras que otras criptomonedas también sintieron el cimbronazo. Las primeras advertencias las planteó el investigador de blockchain Spreek, quien publicó en X que los activos de una billetera de Ethereum -vinculada a Binance- habían sido transferidos a una dirección recién creada mediante una llamada a un contrato supuestamente financiado por Tornado Cash. Posteriormente, Spreek informó que las billeteras conectadas con las transferencias habían comenzado a vender Tether USDt (USDT) a través de exchanges descentralizados. AgenciaNA
El Banco Central publicó el IPOM de septiembre y admitió que la economía cayó en el tercer trimestre, aunque espera un rebote en el cuarto trimestre. Las proyecciones de las consultoras siguen cayendo aceleradamente Es oficial: el BCRA reconoció que el tercer trimestre cerró con caída de la actividad económica y de esa forma el Gobierno dio el primer anuncio sobre el ingreso en recesión técnica, lo que ocurre cuando la economía anota dos contracciones consecutivas en la comparación trimestral desestacionalizada. La autoridad monetaria, al mismo tiempo, estimó que habrá un rebote en el cuarto trimestre, aunque afirmó que existen riesgos externos geopolíticos, financieros y de la demanda de exportaciones. El mercado ya preveía el ingreso en recesión y viene reduciendo sus proyecciones: espera una suba del PBI del 1% en 2026, debajo del arrastre estadístico. El BCRA publicó el Informe de Política Monetaria (IPOM) de septiembre. Ahí reconoció: “Para el cuarto trimestre se prevé una recuperación del PBI luego de la caída del tercer trimestre”. La actividad económica había caído un 0,6% trimestral desestacionalizado, según los datos del Indec, en el segundo trimestre. Si cae en el tercer trimestre, tal como ya anticipó el Central, es inevitable la recesión técnica. Precisamente, el Emae, que anticipa en forma mensual lo que arrojará el dato trimestral, ya había sido categórico, con una baja del 2,8% en julio y un rebote casi nulo del 0,1% en agosto. Septiembre debería anotar una mejora histórica del 8,5% para revertir la caída y el promedio del Emae, tal como estimó la consultora Vectorial, marca un ritmo del 0,5% mensual. En ese sentido, consultoras como Orlando Ferreres y Asociados, Equilibra y Analytica, que publican sus propias estimaciones en forma adelantada, observaron mejoras magras del 0,1%, del 0,5% y del 1% mensual desestacionalizado para septiembre, respectivamente. Ferreres dijo: “Pensando en los próximos meses, el deterioro de las perspectivas nos hace considerar que la recuperación de la actividad puede demorarse y ralentizarse. Analytica coincidió con el BCRA: “Si la actividad se mantuviera en el nivel de septiembre, el cuarto trimestre partiría con un arrastre estadístico de 0,7% respecto al tercero, lo que permitiría salir de la recesión hacia fin de año siempre que la mejora no se revierta”. Equilibra redujo en septiembre su proyección de actividad para el 2026 a una mejora del 1% en promedio interanual. El arrastre que había el final del 2025 era del 2,3%, por lo que, de ocurrir, se explicará por motivos meramente estadísticos. En la conferencia de prensa de presentación del IPOM, el presidente del BCRA, Santiago Bausili hizo una declaración interesante referida a las proyecciones de inflación de las consultoras y bancos de la city que refleja el REM: “Lo que más extraemos del REM es si el mercado está tranquilo o no. Miramos si es estable y en qué dirección muestra. Hoy es estable y va para abajo”. Las proyecciones de actividad económica en la que se está desarrollando esa desinflación no goza de las mismas características. El REM del BCRA proyectaba un 3,5% en diciembre y había bajado a un 3% en junio. Desde ahí entró en caída libre: 2,1% en agosto y 1,5% en septiembre. El próximo se publicará el 5 de noviembre, pero, como Equilibra, las consultoras van acercándose al 1%. LCG redujo su proyección del 1,5% al 1% tras conocerse el dato del Emae de agosto, el Grupo SBS hizo lo propio ese mismo día al 1,1%. Bae Negocios
El texto en discusión sufrió modificaciones aceptadas por el oficialismo con el fin de poder aprobarlo; se mantiene la prohibición de crear manicomios y la internación como una medida excepcional. La iniciativa fue aprobada poco antes de la 1 de la madrugada por 42 votos a favor, aportados por el oficialismo y sus aliados, y 21 en contra, todos del peronismo. El Senado aprobó y giró en revisión a la Cámara de Diputados la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental (26.657), un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo pero que sufrió severas modificaciones en el recinto mismo de la Cámara alta. El texto sometido a discusión es el dictamen de comisión impulsado por el oficialismo hace dos semanas que, no obstante, sufrió modificaciones hasta minutos antes del inicio del debate con la intención de conseguir los votos que permitan su aprobación. Por lo pronto, el proyecto que pasará en revisión a la Cámara de Diputados ya no es el que redactó la Casa Rosada con la intención de levantar la prohibición en la creación de manicomios que había establecido la ley sancionada por el kirchnerismo en 2010. Esa restricción seguirá vigente y se considera a la internación como una medida de carácter excepcional. La iniciativa genera mucha resistencia, como lo afirmó el peronista disidente Guillermo Andrada (Catamarca), quien destacó la voluntad de consensuar manifestada por el oficialismo, pero aseguró que “no alcanza con cambiar el criterio clínico de la internación de un paciente y con aplicar controles judiciales o de internación sino tenemos las herramientas necesarias para controlarlos”. “No vamos a cercenar garantías y no vamos a cejar para que el paradigma comunitario esté presente”, afirmó el senador catamarqueño, quien reclamó garantías de financiamiento al Estado nacional. En la misma sintonía, se manifestó el misionero Carlos Arce, quien también apoyó el pedido de financiamiento nacional para las provincias, al tiempo que destacó “la enorme importancia de una evaluación clínica integral”, instancia que se incorporó al texto como parte de la discusión entre los bloques del Senado. En el cierre del debate, la jefe del oficialismo, Patricia Bullrich (Capital), defendió la iniciativa y destacó las fallas del régimen vigente al recordar el caso de Juan Pablo Roldán, el policía de la Ciudad que murió asesinado a manos de Rodrigo Roza, un enfermo de esquizofrenia que había abandonado los medicamentos como consecuencia de la laxitud de la ley votada en 2010. La iniciativa en debate busca actualizar el marco regulatorio para garantizar la protección integral de la salud mental incorporando pautas específicas para la prevención, tratamiento, rehabilitación e inclusión comunitaria en todo el territorio argentino. Entre sus ejes conceptuales, el dictamen define a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, partiendo de la presunción legal de capacidad de todas las personas. Asimismo, reafirma la prohibición estricta de formular diagnósticos basados en criterios discriminatorios -tales como estatus socioeconómico, pertenencia cultural, identidad sexual o demandas familiares-, y establece que la existencia de un diagnóstico no implica por sí misma presunción de riesgo o restricción de la capacidad. En lo relativo a la conformación de los equipos de atención, el texto dispone que la asistencia estará a cargo de profesionales interdisciplinarios de la salud que incluyan obligatoriamente a un médico psiquiatra, junto a psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros y terapistas ocupacionales. Como innovación relevante, ante la imposibilidad de garantizar la presencia física del psiquiatra en determinadas jurisdicciones, se autoriza su intervención remota a través de teleconsultas sincrónicas para avalar evaluaciones y tratamientos. Respecto a las modalidades asistenciales, la iniciativa reafirma que la internación es una medida terapéutica de carácter excepcional que solo procede cuando ofrece mayores beneficios que los abordajes ambulatorios. Para evitar la institucionalización indefinida, se estipula que desde el primer día de diagnóstico debe elaborarse un plan de egreso que integre la historia clínica, fijando el límite de 180 días para considerar una internación como prolongada, supuesto que activa la intervención de oficio del Órgano de Revisión. El régimen para internaciones involuntarias exige la verificación de un riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros, evaluado bajo un criterio situacional e interdisciplinario con la firma de dos profesionales. Dichas medidas deberán ser notificadas en un plazo máximo de 24 horas al juez competente y al órgano de revisión, otorgando al magistrado un lapso de tres días para convalidar la medida, requerir peritajes adicionales o disponer la inmediata externación. En materia de infraestructura, las internaciones deberán efectuarse en hospitales generales o centros especializados en psiquiatría y salud mental, prohibiéndose expresamente la creación de nuevos manicomios o el desarrollo de prácticas manicomiales. El proyecto reconoce la facultad de fijar directivas anticipadas sobre tratamientos futuros y adecuar el consentimiento informado a pautas de pleno discernimiento. En paralelo, se contemplan los derechos de los familiares a recibir psicoeducación y apoyo, al tiempo que se establece la obligación legal de los representantes o allegados de presentarse al momento del alta hospitalaria para acompañar el proceso de externación. Para la franja infantojuvenil y el abordaje de consumos problemáticos en menores, se fijan salvaguardas específicas que imponen la atención en dispositivos diferenciados de los adultos, restringiendo las internaciones en unidades de adultos únicamente a casos excepcionales y por el tiempo mínimo. Asimismo, la normativa garantiza la autonomía progresiva, el derecho a ser escuchado y la no criminalización de las situaciones de consumo en niños, niñas y adolescentes. Por último, el proyecto incorpora un esquema de financiamiento federal mediante el cual el Estado nacional brindará asistencia técnica y económica a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de convenios bilaterales. Estos recursos, coordinados en el ámbito del Consejo Federal de Salud (COFESA), se destinarán prioritariamente al fortalecimiento de personal, desarrollo de telemedicina, dispositivos comunitarios y partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud de la Nación. La Nación
La docente de 52 años sufrió una “muerte extremadamente violenta”, según informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas. La autopsia de Nancy Godoy, la docente de 52 años encontrada muerta en la provincia de Corrientes y en cuyo caso hay cinco detenidos, tres de ellos acusados por femicidio, reveló que la víctima sufrió una “muerte extremadamente violenta”, al tiempo que los presuntos asesinos le provocaron “múltiples lesiones punzocortantes”. Según informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, la necropsia indicó que algunas heridas con “signos macroscópicos de haberse producido cuando aún estaba con vida, en cara, cuello, abdomen, miembros superiores e inferiores”. Los datos fueron transmitidos a la familia por el decano del Instituto Médico Forense (IMF) del Poder Judicial de Corrientes, José Luis Gálvez, y la fiscal María Andrea González desde la UFIC de Esquina a través de una videoconferencia. “Además de esas lesiones, el cuerpo sufrió seccionamientos, por caso de las partes blandas de la región abdómino pélvicas y de los glúteos. También le amputaron la mano izquierda, luego agravado por acción de los predadores de la zona”, detalló el informe. Asimismo, se estableció que “la multiplicidad y morfología de las lesiones permiten inferir al menos varias armas”, al tiempo que “en antebrazo presenta típicas lesiones de lucha o defensa”. En relación a la posibilidad de que la docente haya sido víctima de un abuso sexual, Gálvez explicó que “las maniobras de seccionamiento descritas –y también el estado de descomposición– son obstáculo para determinar” esa posibilidad, aunque aclaró que “aún así, mediante modernos procedimientos se buscan establecer marcadores biológicos y material genético que pueda vincular a los autores”. “El Instituto Médico Forense realiza un abordaje interdisciplinario del caso y a la vez inter institucional ya que ha solicitado al Instituto Médico Forense de Córdoba para llevar adelante estudios entomológicos que podrían dar más exactitud en el tiempo de muerte”, detalló. Y añadió: “El Laboratorio de Medicina Genómica de la Facultad de Medicina de la UNNE (Universidad Nacional del Nordeste) ya colabora con los estudios genético que restan”. “Con lenguaje claro y accesible, Gálvez explicó a los familiares, que asistieron acompañados de sus abogados, que toda otra información que circule por fuera de lo que se les dijo, no responde a los verdaderos hallazgos del Instituto Médico Forenses”, indicaron las fuentes judiciales. “Mi único deber es con ustedes y el sistema de justicia”, les dijo. NA
DISPOSICIÓN N° N-000724 en el marco del Expte. E-5-2025-11864-Ae. Resistencia, 07 de octubre de 2026. El director de defensa al consumidor resuelve: “Artículo 1°) SANCIONAR a la firma VOLKSWAGEN SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS CUIT 30-56133268-8 con multa de CUATRO canastas básicas totales hogar 3 a fecha del mes de Julio de 2026 (INDEC) que asciende a la suma de PESOS SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON DIECISEIS CENTAVOS($6.582.947,16), por haber incurrido en infracción a lo establecido en el artículo 19° de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, por los considerandos expuestos” Fdo. Dr. Raúl Giovanni Tessaro – A/C Dirección de Defensa al Consumidor.
Docentes se manifestaron, este jueves, en el Obelisco y llevaron a cabo un paro general en todo el país para exigir justicia por el crimen de Nancy Godoy, la maestra hallada muerta en la provincia de Corrientes, caso por el que hay cinco detenidos, tres de ellos acusados de femicidio. Desde CTERA indicaron que la medida de fuerza tuvo una adherencia “altísima” como hacía “mucho tiempo” que no sucedía. La decisión que logró movilizaciones a nivel federal fue impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), junto a otros gremios docentes como UTE, CEA, UEPC y SADOP, luego de que se encontrara el cuerpo de la mujer, después de varios días de rastrillajes. Desde CTERA indicaron que la medida de fuerza se realizó con el fin de exigir justicia y esclarecer de lo sucedido, al mismo tiempo en que comunicaron que la adhesión fue “altísima” como hacía “mucho tiempo” no sucedía. En el interior del país, sobre todo en escuelas públicas, la ausencia de clases fue significativa: por ejemplo, en la provincia de Córdoba, la Unión de Educadores cordobeces (UEPC) informó un acatamiento de entre el 67% y el 70% según datos oficiales, mientras que el gremio aseguró que la cifra fue superior al 90% en la capital. Con respecto a los colegios privados, la adhesión al paro fue más dispar, aunque muchos establecimientos se sumaron al cese de tareas. Según declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, los sindicatos tienen pensado tomar otras iniciativas vinculadas al pedido de justicia para Godoy, pero, hasta el momento, están coordinando con el sindicato correntino de docentes: “Todavía no hay nada definido”, aseguraron. El paro sin asistencia por 24 horas, sumado a la jornada de duelo de este jueves, se decretó para exigir una investigación con perspectiva de género para esclarecer el femicidio de la docente, además de mayores condiciones de seguridad y presupuesto en las escuelas rurales. Nancy Godoy fue encontrada sin vida en la zona de los bañados, a cinco kilómetros de la estancia El Curupi, en la localidad correntina de Esquina. Por el momento, la justicia mantiene a cinco personas detenidas y sospechadas por el femicidio, mientras avanza la investigación del caso. NA
Un informe de Coninagro advierte que los costos operativos avanzan por encima de los precios de los granos y deterioran el poder de compra de los productores. El gasoil, el transporte de granos y la mano de obra son los ítems con mayor alza. La campaña agrícola 2026/27 comienza con perspectivas productivas favorables, impulsadas por una mayor disponibilidad de agua y la presencia del fenómeno El Niño. Sin embargo, detrás de las proyecciones de crecimiento, los costos operativos vuelven a encender una señal de alerta para los productores, especialmente por el encarecimiento del gasoil, el transporte y la mano de obra. Un informe de Coninagro advierte precisamente que el incremento esperado en la producción, de acuerdo con la cosecha récord proyectada por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, no necesariamente se traducirá en una mejora de los resultados económicos. Por el contrario, el análisis de las relaciones insumo-producto de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria muestra que, durante septiembre, la capacidad de compra de la soja y el maíz se deterioró frente a varios de los principales costos de la actividad, en un contexto en el que los gastos avanzaron por encima de los precios de los granos. Poder de compra bajo presión En su informe mensual, Coninagro evaluó la evolución del poder adquisitivo de siete productos representativos de la producción agropecuaria argentina: soja, maíz, trigo, ternero, novillito, leche y yerba mate. El indicador permite medir cuántas unidades de cada producto se necesitan para adquirir insumos, cubrir costos operativos o afrontar inversiones, desde herbicidas y fletes hasta maquinaria y otros componentes de la estructura productiva. El objetivo es seguir de cerca la relación entre los precios que reciben los productores y los valores que deben afrontar para sostener la actividad. Los datos también pueden consultarse de manera gratuita e interactiva en el Monitor Agropecuario, una herramienta que permite observar la evolución de estas relaciones y analizar la competitividad del sector. “En septiembre, los precios disponibles de ambos cultivos registraron aumentos interanuales, aunque insuficientes para compensar la presión de determinados costos. La soja alcanzó los US$ 371,1 por tonelada, un 19% más que un año atrás, mientras que el maíz se ubicó en US$ 196,6, con una suba del 9%“, indicó el informe. La diferencia entre la evolución de los granos y la de los costos explica el deterioro de las relaciones de compra. El impacto fue particularmente marcado en el maíz, que necesita una mayor cantidad de kilos para cubrir varios gastos operativos, en especial los vinculados con el combustible, el transporte y el trabajo rural. Gastos, fletes y salarios: los costos que más pesan El gasoil se consolidó como uno de los principales factores de presión sobre los números de la campaña. En septiembre, su precio aumentó un 58% interanual y se ubicó un 32% por encima del promedio de los últimos cinco años. El encarecimiento afecta de manera directa las labores agrícolas, pero también repercute en el transporte de insumos y granos, ampliando su incidencia sobre los costos de producción. “En términos de poder de compra, adquirir un litro de combustible demandó 4,4 kilos de soja, un 33% más que en septiembre de 2025 y un 23% por encima de la media quinquenal. Para el maíz, la relación fue todavía más exigente: se necesitaron 8,4 kilos por litro, un 45% más que un año atrás y un 35% por encima del promedio histórico”, sostienen desde Coninagro. El transporte también mostró una evolución desfavorable. El costo de un flete de 300 kilómetros aumentó un 15% interanual. Para cubrirlo, fueron necesarios 106 kilos de soja, una relación un 7% más exigente que su promedio histórico. En el caso del maíz, el requerimiento llegó a 200 kilos, un 17% por encima de la media de los últimos cinco años. A esa presión se sumó el encarecimiento de la mano de obra rural, cuyo costo subió un 29% interanual. Para afrontar este gasto se necesitaron 2,2 toneladas de soja, un 9% más que en septiembre del año pasado, y 4,1 toneladas de maíz, un 19% más. De esta manera, incluso con precios de los granos en alza, los productores debieron destinar una mayor proporción de su producción para cubrir estos componentes esenciales de la actividad. Fertilizantes y herbicidas En tanto, el comportamiento de los insumos agrícolas presentó diferencias respecto de los costos operativos. En el caso del glifosato, el precio llegó a US$ 4,7 por litro, con un incremento interanual del 19%, aunque permaneció un 32% por debajo de su promedio histórico. Esta diferencia permitió mantener una relación de compra relativamente favorable para los productores. Para adquirir un litro de glifosato se necesitaron 12,7 kilos de soja, una relación estable frente al año anterior y un 34% más favorable que el promedio de los últimos cinco años. En maíz, el requerimiento fue de 23,9 kilos por litro, un 9% superior al de septiembre de 2025, pero todavía un 27% inferior a la media quinquenal. “Los fertilizantes también mostraron un escenario dispar, aunque con relaciones de compra que, en términos generales, resultaron más favorables que las observadas para el combustible y el transporte. El fosfato monoamónico (MAP) alcanzó los US$ 990,2 por tonelada, con subas del 4% interanual y del 2% respecto del promedio histórico. Como esos incrementos quedaron por debajo de los registrados por la soja y el maíz, mejoró la capacidad de compra de ambos cultivos frente a este insumo”, aclaró el analisis. Por su parte, la urea se ubicó en US$ 624,8 por tonelada, prácticamente sin cambios respecto de un año atrás y un 15% por debajo de su promedio histórico. Esta evolución favoreció especialmente la relación de compra del maíz frente al fertilizante. Mientras el clima y las proyecciones productivas alimentan las perspectivas de crecimiento, la evolución del gasoil, los fletes y los salarios será determinante para establecer cuánto de ese mayor volumen podrá convertirse efectivamente en rentabilidad para los productores. Infocampo
El Hospital Perrando, junto a su directora Andrea Mayol, continúa avanzando en el fortalecimiento de sus servicios de alta complejidad con la incorporación de nueva tecnología. En esta oportunidad, se realizó la colocación de dos marcapasos en el Servicio de Angiología e Intervencionismo Percutáneo, que funciona en el Centro de Alta Complejidad recientemente inaugurado. Si bien estos procedimientos ya se realizaban en el Hospital Perrando, la incorporación de nuevos recursos tecnológicos permite optimizar las prácticas médicas, mejorar la precisión de las imágenes y desarrollar las intervenciones en condiciones más seguras. El servicio cuenta con equipamiento de alto nivel que brinda imágenes de mayor calidad y precisión, herramientas fundamentales para acompañar el trabajo de los profesionales y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario. Estos avances permiten continuar mejorando las prestaciones del Hospital Perrando y ampliar las posibilidades de atención especializada para los pacientes que requieren procedimientos de mayor complejidad. El Hospital Perrando, ubicado en la ciudad de Resistencia, ratifica así su compromiso con la incorporación de tecnología y el fortalecimiento de sus servicios, con el objetivo de brindar una atención sanitaria segura, eficiente y de calidad.
El diputado nacional del Partido Justicialista se refirió a las internas partidarias convocadas para el 4 de julio de 2027, planteó la necesidad de recuperar la unidad del peronismo chaqueño y anticipó que, si llega a gobernar la provincia, lo hará por un solo mandato. En el ámbito nacional, cuestionó al Gobierno nacional por el caso Flavio Bolsonaro y las modificaciones al proyecto de soberanía nacional. El diputado nacional Aldo Leiva confirmó su decisión de competir en las internas del Partido Justicialista del Chaco como precandidato a gobernador y aseguró que comenzó a trabajar para reunir adhesiones entre la dirigencia, los afiliados y la militancia. En CIUDAD TV, sostuvo que su postulación responde a una trayectoria de más de 40 años dentro del justicialismo y afirmó que está dispuesto a disputar la candidatura con otros referentes del espacio, aunque aclaró que respaldará a Jorge Milton Capitanich si el exgobernador decide presentarse. “Después de una larguísima militancia dentro del Partido Justicialista, hoy estoy cumpliendo un rol en el Congreso de la Nación y ahora me he planteado el desafío de presentarme a las internas del justicialismo el próximo año como precandidato a gobernador de la provincia”, expresó. En esa línea, explicó que buscará “generar las condiciones para lograr la mayor adhesión posible” y conversar tanto con los dirigentes como con las bases partidarias. “Fundamentalmente con nuestra militancia, que es de donde yo vengo”, remarcó. Según indicó, ya comunicó su decisión a Capitanich, a los intendentes y al conjunto de la dirigencia justicialista. Leiva recordó que la convocatoria a elecciones internas del PJ chaqueño es para el 4 de julio de 2027 y explicó que, a partir de esa fecha, la Junta Electoral partidaria deberá establecer el calendario y los requisitos para las precandidaturas. “Se arma todo un esquema desde la Junta Electoral del Partido Justicialista, que entre otras cosas prevé una determinada cantidad de firmas que adhieren a los diferentes precandidatos. Después se va estableciendo fecha también para el cierre de las afiliaciones”, detalló. En ese marco, anticipó que en los próximos días se conocerá el cronograma con las condiciones y los plazos para que los distintos sectores puedan organizar su participación. El legislador aclaró que la fecha establecida por el justicialismo no está vinculada directamente con las elecciones primarias nacionales. “Las internas del 4 de julio son una decisión interna del Partido Justicialista que no tiene relación con las PASO nacionales”, puntualizó. Asimismo, vinculó la convocatoria con la decisión del Gobierno provincial de suspender las PASO en Chaco. “Los partidos políticos tenemos que adaptarnos a esa decisión. Por lo tanto, volvemos a un esquema que fue tradición en el justicialismo, que es la elección de sus candidatos con el voto de los afiliados y los independientes”, señaló. El dirigente detalló que en la interna de julio se definirán las candidaturas a gobernador y vicegobernador, diputados provinciales, intendentes y concejales, además de las autoridades partidarias del Consejo Provincial y el Congreso Provincial. La definición de las candidaturas a diputados nacionales dependerá de lo que ocurra con el calendario electoral nacional. “Una vez que se defina el cronograma nacional, nosotros podríamos adoptar que en esa misma fecha también elijamos a nuestros candidatos a diputados nacionales”, indicó. Si se suspenden las PASO nacionales, consideró que podrían resolverlo dentro de la misma jornada partidaria; de lo contrario, deberán analizar otro mecanismo. Al explicar los fundamentos de su precandidatura, Leiva reivindicó su trayectoria dentro del PJ y recordó que presidió el partido en 2007, cuando el justicialismo recuperó la gobernación chaqueña. “Aldo Leiva es un militante del justicialismo con más de 40 años de historia, una historia que siempre me tuvo dentro de las estructuras partidarias. Jamás he votado a otra fuerza política que no haya sido el justicialismo”, manifestó. También destacó que fue el último presidente del PJ chaqueño elegido por el voto de los afiliados y afiliadas. En ese sentido, recordó que las conducciones posteriores estuvieron definidas mediante acuerdos internos y aclaró que no cuestiona esa modalidad cuando existe consenso. “Me tocó someterme a la voluntad de los afiliados de toda la provincia del Chaco y los afiliados me dieron la responsabilidad de conducir ese proceso del justicialismo que, lógicamente, encontró en Coqui Capitanich el mejor candidato, que después se convirtió en el mejor gobernador de la historia política del Chaco”, expresó. Leiva sostuvo que pondrá su experiencia y su militancia al servicio de la construcción electoral, primero para reunir el respaldo de los peronistas y de los independientes y luego para ampliar la convocatoria al conjunto de la sociedad chaqueña. En ese marco, hizo un compromiso sobre el eventual ejercicio de la gobernación: “Si me toca gobernar, asumo el compromiso público de que lo haré por un solo mandato. De la misma forma, le digo a los compañeros y compañeras, si me toca representarlos, seguramente también lo voy a hacer por un solo mandato porque creo en el traspaso generacional, creo en las oportunidades para las nuevas generaciones, creo en el peronismo”. “Estoy convencido de que después de Coqui Capitanich, quien les habla, es el mejor candidato que puede tener el peronismo de la provincia del Chaco”, aseveró Leiva. Consultado sobre la posibilidad de que Capitanich vuelva a competir por la gobernación, el legislador aseguró que no tendría inconvenientes en retirar sus aspiraciones para acompañarlo. “Seré el primero en alinearme detrás de su candidatura. No tengo términos medios”, afirmó. Para fundamentar su posición, mencionó el nivel de conocimiento público del exgobernador, sus resultados en las encuestas y la convocatoria que generan sus reuniones y actos políticos. “Sería necio decir que tengo mejores condiciones”, reconoció, aunque insistió en que quienes aspiran a sucederlo deben recorrer la provincia, conversar con los compañeros y presentar propuestas. Leiva señaló que, hasta que Capitanich no defina su postura, continuará trabajando en su propia candidatura. Si bien dijo que el exgobernador manifestó que no se presentará, consideró que durante los próximos meses distintos sectores del peronismo podrían pedirle que intente recuperar la gobernación. “Si él dice que
La irregularidad de la deuda en las empresas subió a 3,82%, aunque la de las familias bajó 4,1% frente al mes previo. Además, la refinanciación en los hogares crece y ya alcanza los $2,9 billones. La morosidad en las familias bajó por segundo mes consecutivo: pasó del 12,8% en agosto al 12,2% en septiembre, una caída de 0,6 puntos porcentuales, según el adelanto del indicador de 1816, elaborado sobre la base de la Central de Deudores del BCRA (CENDEU). Con el stock total de préstamos estancado, la baja del ratio refleja una reducción de la deuda en situación irregular. En tanto, la mora total del sector privado no financiero fue del 7,50% en septiembre frente al 7,75% en agosto, mientras que subió la irregularidad en las empresas: pasó del 3,80% al 3,82%. Otra buena noticia es que, a nivel agregado (familias más empresas), el porcentaje de deuda con entidades financieras con atrasos de hasta 90 días (situación 2), que no se considera irregular, volvió a bajar en septiembre hasta el 2,52% y alcanzó su nivel más bajo en más de un año. Cabe recordar que la irregularidad agregada era de apenas el 1,5% en octubre de 2024, mientras que se ubicaba en el 2,5% en el caso de las familias y en el 0,7% en el de las empresas. “Cuando miramos a nivel de entidad financiera, el ratio de irregularidad de familias bajó en septiembre en todas y cada una de las 12 principales entidades en materia de créditos a hogares, lo que refleja que la caída del mes fue extendida a nivel sistema”, destacaron desde 1816. Asimismo, se hizo hincapié en que las refinanciaciones volvieron a subir y representaron en septiembre el 3,9% del crédito total a las familias, mientras que en las empresas esa proporción fue del 0,9%. Según cálculos de 1816, las familias ya refinanciaron deudas por $2,9 billones. Ámbito
Organizaciones de América Latina se reunieron en La Matanza para cerrar el Encuentro Regional con una declaración colectiva que reafirma a “la Tierra, el Techo y el Trabajo como derechos sagrados”. En el documento para León XIV, movimientos populares y enviados del Vaticano convocaron a organizarse “contra la deshumanización” Reunidos en la Ciudad Papa Francisco, en el partido bonaerense de La Matanza, organizaciones populares de América Latina, de la Iglesia argentina y enviados del Vaticano, la prefecta Alessandra Smerilli, representante del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano envió un comunicado. Es el documento colectivo que harán llegar al papa León XIV en su visita a la Argentina prevista entre el domingo 8 al miércoles 11 de noviembre como parte del Encuentro Regional de Movimientos Populares – Capítulo Argentina 2026. Fue el corolario de dos jornadas intensivas que incluyó una peregrinación al asentamiento “Las 3T”, ubicado en el barrio Puerta de Hierro, y una misa presidida por el arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, y el arzobispo Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, uno de los máximos responsables de la organización de la llegada de León XIV al país. El documento Los movimientos populares de Argentina han preparado un documento que entregarán al Papa León XIV durante su visita al país en noviembre. “El documento, elaborado colectivamente a partir de las reflexiones y discusiones del Encuentro, reafirma el compromiso con la Tierra, la Vivienda y el Trabajo como derechos sagrados y subraya la necesidad de fortalecer la organización de los pueblos frente a la desigualdad, la precariedad laboral, la concentración de la riqueza y las nuevas formas de exclusión”, afirma un comunicado. “Hace once años, el Papa Francisco nos dijo que este sistema ya no se puede tolerar. Hoy, las desigualdades se han agravado y la deshumanización y la crueldad se han convertido en un rasgo distintivo de nuestro tiempo”, señala el comunicado. Ante este panorama, los movimientos populares proponen construir una sociedad que ponga a los trabajadores, las comunidades y las personas más empobrecidas en el centro. Durante el encuentro en Argentina, el padre Mattia Ferrari, coordinador del Encuentro Mundial de Movimientos Populares, recordó la conexión del Papa Francisco con los trabajadores de base, y en particular con los cartoneros argentinos, recolectores de materiales reciclables. “Solo a través de los movimientos de base los pobres y excluidos se convierten en sujetos activos, y solo cuando son sujetos y no objetos es posible avanzar hacia la justicia social”. El arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, también enfatizó la importancia de construir un camino compartido entre la Iglesia y los movimientos de base: “Quisiera destacar la invitación del Papa Francisco y del Papa León XIII a que la Iglesia y los movimientos de base recorran juntos su camino. Un camino orientado a cuidar a los vulnerables y defender la dignidad de los pueblos”, afirmó. El documento completohttps://chacodiapordia.com/wp-content/uploads/2026/10/DECLARACION-FINAL-DEL-ENCUENTRO-REGIONAL-DE-MOVIMIENTOS-POPULARES.docx Infobae/ANSA/Utep
Este 30 de octubre, a las 21, la cantante y actriz Elena Roger se presentará en el escenario del Complejo Cultural Guido Miranda (Colón 164) como parte de su Tour 2026, una gira que contempla únicamente veinte conciertos en distintos escenarios del país. Luego del exitoso recorrido nacional e internacional realizado durante 2025, que incluyó funciones con localidades agotadas en Santiago de Chile, Madrid, Barcelona, Valencia, Montevideo y diversas ciudades argentinas, la artista retoma los escenarios con una propuesta que invita a recorrer algunos de los momentos más destacados de su trayectoria. Reconocida como una de las principales figuras del teatro musical y una de las voces más singulares de la música argentina, Roger ofrecerá un espectáculo de formato íntimo acompañada por el prestigioso pianista Nicolás Guerschberg, en un concierto donde la interpretación y la emoción serán protagonistas. El repertorio reunirá canciones que marcaron distintas etapas de su carrera y clásicos de la música internacional, entre ellos No llores por mí, Argentina (Don’t Cry for Me Argentina), Je ne regrette rien, La vie en rose, Te quiero, Parole, Loving You y Balada para un loco, entre otras obras que dialogan con la sensibilidad y el amplio registro interpretativo de la artista. Las entradas se encuentran a la venta a través de la plataforma Passline y en la boletería del teatro, de 17 a 21.
For Ever se enfrentará este sábado a Racing de Córdoba en el “Juan Alberto García” y realizó un llamado para colaborar con donaciones que serán entregadas a las familias afectadas por la crecida de los ríos en Vilelas, Barranqueras, Isla del Cerrito, Antequeras y otras localidades de la provincia. Se podrán acercar donaciones al estadio a partir de las 15, a los puntos de recolección en los ingresos a las tribunas de platea, por calle 14 y calle 15. ¿Qué podés donar?Alimentos no perecederos.Insumos de primeros auxilios.Productos de limpieza.Ropa y calzado.Pañales.Agua potable en botellas o bidones.Alimentos para mascotas. “Cada granito de arena cuenta. A veces, algo que para nosotros parece pequeño puede significar muchísimo para una familia que hoy necesita ayuda. Cada aporte suma y nos permite acercar lo más urgente a quienes están atravesando este difícil momento. “Hoy, más que nunca, necesitamos estar unidos y demostrar que, cuando nos juntamos por una misma causa, podemos hacer la diferencia”. “¡Te esperamos! Sumate y ayudanos a ayudar. Porque Chaco nos necesita a todos”. Sábado desde las 15 hGigante de la Avenida.