La iniciativa busca reunir a organismos públicos, profesionales, organizaciones y otros actores para unificar criterios y fortalecer las estrategias de prevención. Desde la Defensoría del Pueblo remarcaron la responsabilidad del Estado y señalaron que todavía existen dificultades para una intervención temprana. La abogada Sonia Sosa, integrante de la Defensoría del Pueblo del Chaco, destacó la realización del primer Congreso Provincial de Prevención del Suicidio y sostuvo que uno de sus principales objetivos será fortalecer las redes de apoyo y la articulación entre los distintos organismos que intervienen en situaciones vinculadas con la salud mental. En declaraciones a CIUDAD TV, Sosa explicó que la Defensoría acompaña la iniciativa en el marco del reconocimiento de la salud como un derecho fundamental previsto por la Constitución provincial, que contempla las dimensiones física, psicológica, ambiental y social. En ese sentido, consideró fundamental un abordaje “interinstitucional e interdisciplinario” de la problemática. El Congreso contará con la participación de distintos sectores vinculados con la prevención del suicidio, entre ellos integrantes del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, organizaciones religiosas, instituciones y profesionales que trabajan sobre consumos problemáticos, además de organizaciones de la sociedad civil. La actividad se realizará este miércoles a las 16 en la Casa de las Culturas y será de carácter gratuito. La inscripción puede realizarse a través del correo instituto.red.integral@gmail.com o al teléfono 3625-343835. La creación de redes de apoyo Uno de los ejes planteados para el encuentro será la creación y fortalecimiento de redes de apoyo en la provincia. Sosa explicó que se trata de una herramienta contemplada dentro del enfoque establecido por la Ley Nacional 27.130 de Prevención del Suicidio, que promueve el trabajo interinstitucional e interdisciplinario. “Se necesita trabajar con las familias” y con los factores que pueden incidir en una situación de riesgo, explicó la abogada, quien remarcó que el Estado tiene una responsabilidad directa en el abordaje de esta problemática. En ese sentido, sostuvo que resulta necesario generar “mesas de acuerdo” y espacios interdisciplinarios que permitan coordinar las intervenciones de los distintos actores. Para la representante de la Defensoría, el Congreso puede funcionar como un punto de partida para reforzar esas redes y mejorar su funcionamiento. También participarán el Colegio de Abogados, la vicepresidenta del Instituto de Derechos de la Mujer y Sectores Vulnerables, Yanina Mulet, y profesionales especializados en las distintas áreas relacionadas con la salud mental. “Las estadísticas son alarmantes” Sosa señaló además que las estadísticas vinculadas al suicidio resultan “alarmantes” y que esa situación motivó la necesidad de generar un espacio que permita compartir experiencias, aunar criterios y construir herramientas de prevención. Entre las organizaciones que participarán se encuentra Los Ángeles del Puente, cuyos integrantes intervienen ante situaciones de personas que atraviesan momentos de extrema vulnerabilidad en el puente General Belgrano. Para Sosa, esa experiencia también muestra la importancia de la intervención comunitaria y de la solidaridad ante situaciones de riesgo. Sin embargo, remarcó que el abordaje de la problemática requiere la participación de especialistas y de las instituciones responsables de la atención en salud mental. La abogada también planteó que durante mucho tiempo el suicidio y otras problemáticas vinculadas con la salud mental permanecieron como temas difíciles de abordar dentro de las familias y de la sociedad. A su criterio, la mayor visibilización permitió comenzar a discutirlos públicamente, aunque todavía persisten dificultades para lograr una respuesta coordinada. Las dificultades para una atención temprana Uno de los puntos más críticos de la entrevista estuvo relacionado con la falta de mecanismos claros para intervenir antes de que una situación de salud mental se transforme en una emergencia. Sosa señaló que actualmente existen servicios destinados a atender situaciones de crisis, pero planteó que muchas veces la intervención se activa cuando la persona ya se encuentra en una situación de riesgo grave. “Hay muchos grises que a veces no están contemplados”, sostuvo. En ese contexto, destacó la necesidad de avanzar en proyectos que contemplen atención inmediata y guardias específicas para cuestiones de salud mental. Según explicó, muchas familias atraviesan un proceso previo en el que comienzan a advertir cambios o situaciones preocupantes, pero no siempre cuentan con herramientas para saber cuándo y cómo solicitar asistencia. “Todavía se está hablando de un proyecto de atención inmediata, guardias inmediatas para cuestiones de salud mental”, afirmó, al considerar necesario evaluar este tipo de alternativas. La integrante de la Defensoría aclaró que se trata de una problemática que debe ser abordada por especialistas en salud mental, pero remarcó que desde el Estado resulta necesario garantizar los mecanismos para que las personas y sus familias puedan acceder a esa asistencia de manera oportuna. La articulación como desafío Otro de los problemas señalados fue la falta de coordinación entre los diferentes organismos e instituciones que pueden intervenir en una situación de riesgo. Sosa planteó que pueden existir especialistas y estructuras estatales, pero que si no hay una política pública clara que permita articularlas, la respuesta puede volverse lenta o insuficiente. El Congreso buscará precisamente avanzar en ese sentido: conocer los protocolos existentes, analizar qué herramientas faltan y discutir posibles proyectos para mejorar la prevención y el abordaje. Desde la Defensoría del Pueblo señalaron que cuentan con un área social que participa de una mesa interdisciplinaria vinculada con esta temática y que existe un equipo especializado que trabaja en el tema. Sosa invitó finalmente a la ciudadanía a participar del Congreso y remarcó que la prevención del suicidio se encuentra relacionada con otras problemáticas de salud mental, entre ellas la depresión, la ansiedad, los consumos problemáticos y las situaciones que atraviesan los adultos mayores. El objetivo, sostuvo, es que el encuentro permita generar mayor información, fortalecer los vínculos entre las instituciones y convertir esas redes de apoyo en herramientas eficaces para la prevención.
Autor: Redacción General
En declaraciones a CIUDAD TV, el subsecretario de Juventud del Chaco, Everest Jovanovich, explicó los alcances del programa +Futuro que ofrece un apoyo económico para estudiantes del último año del secundario que no adeuden materias. “No es un cheque en blanco, no es un regalo”, subrayó. El subsecretario de Juventud del Chaco, Everest Jovanovich, confirmó que hasta finales de septiembre se encuentra abierta la inscripción para el programa +Futuro destinado a estudiantes que cursan el último año de la escuela secundaria y no adeuden materias. Jovanovich aclaró que “no importa si son de una escuela céntrica, de aquí de Resistencia o de alguna escuela rural, la más alejada de la capital, es para todos, siempre y cuando estén en el último año del nivel secundario, no adeuden materias, no se excedan con las faltas y puedan cursar este trayecto complementario que está diseñado específicamente para ellos en inteligencia artificial y educación financiera”. En ese sentido, aseguró que “el espíritu del programa es reconocer y premiar el mérito de nuestros estudiantes y catapultarlos al futuro, que sea un puente hacia la vida que los espera una vez que terminan el secundario, que es la vida laboral, la vida universitaria, que ellos lo decidan, la vida en la cual empiezan a trabajar por sus proyectos”. El funcionario provincial reveló que los estudiantes “están muy contentos de que, como dicen, al fin nos premien y nos reconozcan a nosotros que nos quemamos las pestañas estudiando, que somos los que nos esforzamos, los que no nos da igual venir o no venir a clases”. Cómo inscribirse La inscripción está habilitada del 1 al 28 de septiembre a través de la plataforma DATA ÑACHEC. Los postulantes deberán presentar DNI frente y dorso, certificado de domicilio expedido por la Policía del Chaco, constancia de CUIL-cuando no figure en el DNI- y constancia de estudios máximos alcanzados. Toda la documentación tendrá carácter de declaración jurada y deberá contar con el visto bueno y aval de la institución educativa correspondiente. Posteriormente se realizará el procesamiento y validación de los datos. Entre el 18 de septiembre y el 2 de octubre se consolidará la información, mientras que desde el 28 de septiembre los postulantes comenzarán a recibir la notificación sobre el procesamiento de su inscripción. Entre el 3 y el 9 de octubre se transferirán los datos validados al Nuevo Banco del Chaco y entre el 10 y el 11 de octubre se formalizará la resolución administrativa. El pago a los postulantes que resulten validados está previsto entre el 15 y el 20 de octubre. El Gobierno provincial busca reconocer el esfuerzo, fortalecer la permanencia educativa y brindar a los jóvenes herramientas concretas para que puedan elegir y construir su propio futuro.
La Peregrinación Juvenil del NEA hacia Itatí reunirá a miles de personas durante el sábado 19 y domingo 20 de septiembre. Los contingentes llegarán desde distintas diócesis de la región para participar de las actividades religiosas. La edición 47º se desarrollará bajo el lema “Caminamos con María para sanar, soñar y servir”. El encuentro tendrá como destino la Basílica de Nuestra Señora de Itatí, considerada la casa de la Patrona del Nordeste Argentino. Estos son los horarios desde Corrientes capital Los peregrinos de las distintas diócesis saldrán de forma escalonada. Durante el fin de semana, la Basílica de Itatí ofrecerá distintas celebraciones para recibir a los peregrinos. El cronograma incluye misas durante el sábado y el domingo, con horarios distribuidos entre la mañana, la tarde, la noche y la madrugada. Además, se espera que la Misa Central se desarrolle el domingo a las 9. El Litoral/Noticias Itateñas
Una de las empresas más importantes e históricas del transporte de pasajeros del país atraviesa horas de mucha tensión. Tras una restructuración, paralizó recorridos, no pagó sueldos, pero la familia Koropeski niega estar en quiebra y reconoce un conflicto doméstico. Mientras los trabajadores avanzan con medidas de fuerza en Buenos Aires, Posadas, Misiones, entre otros. Una de las empresas más importantes e históricas del transporte de pasajeros del país atraviesa una gran crisis. Los trabajadores, que eran 1.200 a principio de año, y hoy no llegan a 400, denuncian que la empresa paralizó los recorridos de Crucero del Norte, Turismo Parque, Crucero del Sur, Crucero del Este, Expreso Río Paraná y Expreso Paraguay. Medios del norte afirman que hay una crisis familiar producto de diferencias de criterio entre los hermanos Julio y Hugo Koropeski, propietarios de la firma junto con la madre de ambos, Beatriz. Sin embargo, los dos hermanos aseguran que la empresa está lejos de una situación que pudiera calificarse como crítica y respaldan esa afirmación con documentos que indican que las empresas del grupo están en situación 1 (la más favorable) de acuerdo a la calificación crediticia que hace el Banco Central. A la empresa de micros de larga distancia nacional e internacional fundada en 1949 por Demetrio Koropeski, la continúan hoy sus hijos Hugo y Julio, quienes supieron construir un grupo que reúne diferentes marcas: Crucero del Norte, Turismo Parque, Crucero del sur, Crucero del Este, Expreso Río Paraná y Expreso Paraguay. “Todas están paralizadas”, denuncian los empleados. Dicen que los dueños no se comunicaron con ellos, pero Julio Koropeski dijo al medio local ‘Misiones Online’ que “no se trata de una crisis económica y política, es de índole familiar. Ni tampoco de quita de subsidios, porque la política de subsidios del Gobierno cayó hace tiempo. Todas las operaciones se encuentran supeditadas a que se resuelvan las diferencias existentes dentro del directorio. En nombre mío, el de mi madre y como me enseñó mi padre, don Demetrio, que ya no está entre nosotros, voy a honrar hasta el último compromiso que asumimos”. Uno de los delegados, Leonardo Figueredo, contó que trabaja “en Crucero del Norte y estamos con 40 compañeros haciendo retención de tareas en la base de La Tablada. Julio Koropeski nos dijo que hay plata, pero no nos pagan. Además están llamando a compañeros para que firmen una cesantía. Creo que los hermanos quieren hacer un vaciamiento”. Cierto que la situación del sector no escapa a la general. Se venden menos pasajes. Y lo dijo el propio Julio Koropeski hace unos tres meses atrás al hablar de una “profunda reestructuración”: “Nuestros clientes son los de la clase media endeudada con la tarjeta de crédito y con Mercado Pago. Y el que puede, vuela en Flybondi, ahora que está en problemas, podemos recuperar flujo, pero recién para fin de año”, detallaba. Y ante la triste foto de la terminal de Retiro vacía un martes por la mañana como prueba de la adversidad, mencionó: “Es una reestructuración interna, hacemos más chicos para sostener la empresa”. Crucero, al igual que otras empresas, redujo frecuencias y servicios entre Misiones y Buenos Aires. Otra empresa misionera dejó de viajar a Córdoba. Es una “ventaja” de la flexibilización que habilitó el Gobierno de Javier Milei: las empresas pueden decidir frecuencias, cantidad de servicios y precios, que de cualquier modo, no se pueden aumentar ante la caída de la demanda. “Vamos a reducir frecuencias y readecuarnos. Venimos golpeados desde 2024, porque el cliente está sobreendeudado”, explicaba Koropeski. Mientras corrían también rumores de una posible venta o fusión con uno de los gigantes del mercado nacional, pero Koropeski la descartó: “Es una reestructuración operacional por baja ocupación como todo el sector de larga distancia”, dijo al sitio ‘Economis’. Hoy, hablan solo de las dificultades que tuvieron este mes para liquidar los sueldos pero lo atribuyeron a factores puntuales, más concretamente embargos por juicios laborales e indemnizaciones por accidentes que quedaron fuera de la cobertura de los seguros y otro embargo por parte de la ARCA que le reclama aportes patronales impagos. Dice que los embargos que sufrieron fueron millonarios, lo que les provocó un agujero financiero que, insisten, debería resolverse en el corto plazo. “En nombre mío, el de mi madre y como me enseñó mi padre, don Demetrio, voy a honrar hasta el último compromiso que asumimos”, dijo. Se muestran incluso sorprendidos por la dimensión de la protesta y afirman que otras empresas están pagando en peores condiciones y el sindicato de choferes (UTA) no acciona de la misma manera. “Siempre fuimos respetuosos con el gremio, pero esta vez nos sorprendió su reacción”, afirman, mientras aseguran que se van a ir regularizando los sueldos y que los servicios volverán a operar normalmente una vez que se levante el paro. De hecho los trabajadores de la empresa se manifiestan desde hace más una semana en reclamo de atrasos en el pago de salarios, y luego de que la empresa anunciara oficialmente una “suspensión hasta nuevo aviso” de todos los servicios con salida desde Buenos Aires. Aunque denunciaron que la empresa además cerró puntos de venta y retiró la cartelería de algunas de sus dependencias. Según el comunicado, “debido a un cese de actividades dispuesto por la empresa Crucero del Norte S.R.L., ningún servicio de la empresa tendrá salida desde Buenos Aires hasta nuevo aviso” y se indicó que el Call Center se comunicaría con los pasajeros para devoluciones y reprogramaciones. Y esa medida llegó además después de un fuerte conflicto laboral registrado el 26 de agosto, cuando trabajadores iniciaron un cese de actividades en reclamo por salarios y aportes adeudados, con bloqueo de los accesos en la sede de Garupá, sobre Ruta 12. La interna familiar por el traspaso de líneas internacionales En lo que puede interpretarse como un episodio en la disputa familiar de la empresa, según publicó el sitio ‘Misiones online’, Julio Koropeski y su madre Beatriz solicitaron a la subsecretaría de Transporte Automotor que las líneas internacionales de
Está abierta la convocatoria para adoptar a una adolescente de 13 años a fin de que continúe su desarrollo dentro de una familia en un marco de amor y contención (expediente 203/2026-6-M). La joven recibe educación secundaria de manera virtual, le gusta dibujar, jugar a la pelota y hacer actividades recreativas. Expresó su deseo de incorporarse a una familia y que le gustaría tener un hermano y un perro. Las personas interesadas pueden acompañarla en su crecimiento, brindarle contención afectiva, atender sus necesidades, proporcionarle un entorno amoroso en el que pueda desplegar su potencial y garantizar el abordaje interdisciplinario que requiere. Informes Quienes estén dispuestos a cuidarla, construir un vínculo para que sea sostenida, amada y acompañarla en su camino de la juventud a la adultez, respetando su individualidad, gustos e historia de vida pueden comunicarse con el Registro Centralizado de Adoptantes (0362-4453870, internos 166 o 167) o el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia Nº 2 de Juan José Castelli (0364-4472535) de 7 a 13 en días hábiles. También pueden escribir a los correos electrónicos registroadoptantes@justiciachaco.gov.ar o juzfamilia2.jjc@justiciachaco.gov.ar.
“El salario no alcanza para llegar a fin de mes. Ese es el tema. Todo lo demás viene después”, sintetizó el diputado provincial Luciano “Lucho” Moser al plantear los tres ejes que marcan la agenda de su bloque en la Legislatura: endeudamiento, tarifa y cláusula gatillo. “¿Cuánto te vino la luz este mes? ¿Te alcanzó el sueldo? ¿Estás pagando una tarjeta con otra tarjeta? Esa es la conversación real que hay en cada casa del Chaco, y es la que tiene que entrar al recinto”, agregó. El legislador apuntó al centro del problema: “Este gobierno hizo las dos cosas al mismo tiempo. Aumentó la luz, el agua y el transporte, y al mismo tiempo dejó el sueldo quieto. Ingreso planchado y servicios por las nubes: así no hay familia que aguante”. “Las familias chaqueñas no se endeudaron por gastar de más: se endeudaron para comprar comida y pagar la boleta de luz. Lo que necesitan hoy no es un sermón, es refinanciación”, sostuvo Moser. El diputado impulsa un régimen de refinanciación y saneamiento de deudas de las familias chaqueñas, con plazos accesibles, tope a los descuentos sobre el salario y freno a las prácticas de cobranza abusiva. “Una familia que puede refinanciar vuelve a comprar. Una familia ahogada no compra nada”, planteó. “Hay que parar el aumento. Pedimos el congelamiento de las tarifas de luz y agua por 180 días, para que la gente y los comercios respiren y podamos revisar cómo se están calculando esas facturas”, afirmó. Para Moser, la tarifa es hoy el principal factor de caída del ingreso disponible: “Lo que antes se iba en la compra del mes, hoy se va en servicios. No es una sensación: está en la factura”. Respecto a la cláusula gatillo docente Moser aseveró que “no es un capricho gremial” y agregó que “Zdero, que hoy se niega a restituirla, es el mismo que la impulsó cuando era diputado, la prometió en campaña, pero que estando en el Gobierno la eliminó”. Moser remarcó que las tres medidas no son sólo una respuesta social, sino una decisión económica: “Cuando la gente puede refinanciar, paga una tarifa razonable y recupera el salario, esa plata no se guarda: se gasta en el comercio de la esquina, en la panadería, en la ferretería, en el taller”. “El sueldo que no llega es la venta que no se hace. Recomponer el ingreso es la manera más rápida y más barata de reactivar el consumo y defender a las pymes chaqueñas, que hoy están cerrando por falta de ventas”, concluyó.
Desde 2027 habrá requisitos de formación, evaluaciones y desempeño para los ascensos. El Gobierno nacional anunció el lunes que creará, mediante decreto presidencial, un nuevo Estatuto para el Personal de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) con el objetivo de profesionalizar a sus agentes y establecer una carrera de inteligencia basada en criterios de selección, formación y desempeño. La reforma apunta a conformar el denominado Cuerpo de Inteligencia de la Nación, integrado por perfiles seleccionados mediante procesos abiertos y concursos, y busca que el organismo tenga una estructura profesional y despolitizada, según se informó oficialmente. “Durante décadas, la Inteligencia de nuestro país sufrió las consecuencias de la improvisación, la degradación institucional y la ausencia de una política a largo plazo”, indica el comunicado de la SIDE. Además, destaca: “Por primera vez, la SIDE contará con una verdadera Carrera de Inteligencia, con un proceso de ingreso abierto y transparente, con mecanismos rigurosos de selección, competitivos y despolitizados.” En ese sentido, a la hora de establecer ascensos, la antigüedad dejará de ser el único criterio y se tendrán en cuenta períodos mínimos de permanencia, aptitud psicofísica, capacitación obligatoria y evaluaciones de desempeño favorables. El nuevo régimen comenzará a implementarse a partir de 2027. El cambio, que según la SIDE, “no consiste solamente en modernizar estructuras”, sino que “implica recuperar una capacidad esencial del Estado argentino”, ocurre en medio de preparativos del organismo que deberá garantizar la seguridad del papa León XIV en su visita a la Argentina, prevista entre el 9 y el 11 de noviembre. Fuente: Agencia NA
Este martes, a partir de las 9, el organismo provincial acompañará a las familias beneficiarias del programa Casa Propia- Construir Futuro en la formalización de la documentación de sus viviendas. La jornada se desarrollará en el Barrio Plan 216, correspondiente al cupo de 72 viviendas, específicamente en las manzanas 39, 40, 41 y 42. Allí, los equipos técnicos del organismo provincial acompañarán a los adjudicatarios en la entrega y formalización de la documentación correspondiente a las unidades habitacionales. El operativo tiene como objetivo garantizar un proceso transparente, ordenado y claro, brindando asesoramiento personalizado a las familias durante las distintas instancias vinculadas con la adjudicación de sus viviendas. Desde el IPDUV remarcaron que los agentes estarán debidamente identificados y verificarán la documentación necesaria para completar cada trámite. Documentación a presentar Los adjudicatarios deberán concurrir con copias legibles de la siguiente documentación: -DNI del grupo familiar: fotocopias del titular solicitante y de todos los integrantes del grupo conviviente, frente y dorso. -Estado civil: acta de matrimonio o acta de unión convivencial, según corresponda. -Acreditación de ingresos: últimos recibos de sueldo de los integrantes del hogar que se encuentren trabajando. -Acta de adjudicación: copia del acta de entrega de la vivienda. El Gobierno provincial, con este tipo de operativos a través del IPDUV, fortalece el acompañamiento territorial a las familias chaqueñas y avanza en procesos de adjudicación con transparencia, cercanía y orden administrativo.
Personal de la Comisaría de Santa Sylvina intervino tras una denuncia por supuesto hurto y logró localizar la totalidad del dinero denunciado como sustraído de una vivienda. El hecho fue denunciado por una ciudadana de 56 años, quien manifestó que se había ausentado de su domicilio y, al regresar, constató el faltante de $1.271.000 que se encontraba en el interior de su vivienda. Según explicó, no se habían observado signos de violencia en el ingreso y el domicilio no contaba con cámaras de seguridad. A partir de la denuncia, los efectivos realizaron distintas averiguaciones y lograron establecer que el dinero se encontraba oculto debajo de ladrillos, en un terreno baldío lindante a la vivienda. Los agentes realizaron el acta de constatación y procedieron al secuestro del efectivo, que posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N° 3. Por disposición del fiscal Sergio Ramón Ríos, el dinero fue entregado nuevamente a la denunciante mediante el acta correspondiente. La investigación continúa con el objetivo de determinar quién ingresó al domicilio y sustrajo el dinero, informó la policía del Chaco.
La desprotección en el mercado laboral afecta mayormente a jóvenes, mujeres y adultos mayores. La desprotección laboral alcanza al 45,2% de los trabajadores, por lo que más de cuatro de cada diez trabajadores realizan tareas sin aportes jubilatorios, sin estabilidad ni estructura propia, según expuso un informe del Instituto Argentina Grande (IAG). El reporte advierte sobre un profundo desequilibrio en el mercado laboral argentino a partir de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC y registros del SIPA, con mayor impacto en los jóvenes, las mujeres y los adultos mayores. Sobre una población económicamente activa proyectada en 22,5 millones de personas, 5,7 millones son asalariados informales, 5,6 millones son cuentapropistas, de los cuales 3,4 millones no facturan, y 9,6 millones corresponden a asalariados registrados. De este último total, hay 6,6 millones del sector privado y 3 millones del ámbito estatal. A través de un indicador propio que evalúa estabilidad, aportes, antigüedad y capital, el estudio determina que el 45,2% de los ocupados se encuentra en situación de desprotección laboral. En contraste, el sector privado protegido abarca al 39% de los ocupados y el empleo público representa el 15,7%. El estudio destaca un quiebre en la dinámica del empleo desde el cambio de gobierno al señalar que en dos años se registran 626.000 nuevos puestos desprotegidos, acompañados por la pérdida de 56.000 empleos privados protegidos y 212.000 empleos públicos. Adicionalmente, los 350.000 nuevos ocupados volcados al mercado desde 2024 lo hicieron íntegramente en tareas desprotegidas. Por otro lado, el relevamiento introduce el indicador de “desempleo blue”, el cual mide la desocupación encubierta al identificar a las personas que buscan empleo, trabajan muy pocas horas en la semana y lo hacen dentro de una actividad precaria o desprotegida. Mientras que la tasa de desempleo oficial se sitúa en el 7,8%, la adición del desempleo ampliado (7,7%) eleva el desempleo blue al 15,5% en el primer trimestre del año, alcanzando su valor más alto desde el cambio de gestión. Este indicador se incrementó 1,5 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2024, reflejando a quienes realizan “changas” mientras buscan una ocupación formal. En relación al rango etario, el trabajo expuso que los jóvenes de 18 a 26 años resultan el grupo más perjudicado. Al respecto, reveló que en dos años, la tasa de desprotección laboral en esta franja pasó del 53% al 61,6%. Durante dicho período desaparecieron 160.000 puestos entre jóvenes, con un mayor impacto en los varones, quienes perdieron 126.000 empleos formales (30.000 públicos y 96.000 privados protegidos). Asimismo, el desempleo blue en este segmento alcanzó el 27,7%, más de 10 puntos porcentuales por encima del promedio general. Por ramas de actividad, la pérdida de empleo protegido en la juventud muestra caídas marcadas. En comercio registró 88.525 puestos protegidos menos, lo que representa la caída del 43% del empleo de calidad que tenía la juventud en este rubro hace dos años. En la construcción, los jóvenes perdieron 9.896 puestos protegidos (-30%). La desprotección laboral creció con mayor fuerza entre las mujeres, cuyo volumen en el sector privado desprotegido aumentó un 14,1% en dos años, frente a un incremento del 9,3% en varones. Esto se explica en parte por el recorte en el empleo público, donde de los 212.000 puestos destruidos, 132.000 correspondieron a mujeres. Además, el deterioro salarial en sectores feminizados vinculados a la paritaria pública (salud y educación, cuyos salarios perdieron entre 9% provincial y 36% nacional) impulsó la brecha salarial horaria de género a un récord del 10% en contra de las mujeres. Por otro lado, desde el IAG detallaron que la formación universitaria completa actúa como atenuante, ya que la tasa de desprotección para personas con título universitario es del 18% tanto para varones como para mujeres. En contraste, para quienes no completaron el secundario la desprotección llega al 66%, y para quienes tienen secundario completo se ubica en el 45%. Entre las personas de 66 años o más, el reporte indicó que la masa de activos creció un 14% en los últimos dos años debido a los bajos ingresos de las jubilaciones. Al reinsertarse mediante tareas precarias de pocas horas, el desempleo blue en jubilados tocó un récord del 12,6%. Fuente: Agencia NA
La Cámara Federal de Resistencia rechazó los recursos de apelación presentados por la defensa pública oficial y confirmó, en todos sus términos, el procesamiento con prisión preventiva dictado en junio contra un grupo de represores chaqueños acusados de integrar una asociación ilícita de carácter estatal que operó durante la última dictadura cívico-militar. En el interín se produjo el fallecimiento del represor Ernesto Simoni, quien fue sobreseido por extinción de la acción penal. Había sido condenado a perpetua por la Masacre de Margarita Belén y a 10 años en la causa “Conscriptos”. La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó este lunes los procesamientos de trece represores y del exfiscal federal de Resistencia, Roberto Mazzoni, por el delito de asociación ilícita para la comisión de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar en la provincia del Chaco. La resolución, a la que tuvo acceso LITIGIO, lleva las firmas de las juezas Rocío Alcalá, María Virginia Ise y Patricia García, y rechaza los recursos de apelación interpuestos contra el auto de procesamiento dictado el 12 de junio pasado por la jueza federal Zunilda Niremperger, que había atribuido a catorce personas la integración de una asociación ilícita (artículo 210 del Código Penal) en el marco del terrorismo de Estado en la provincia del Chaco. Así, quedan confirmados los procesamiento del mencionado Mazzoni y de César Pablo Casco, Luis Alberto Patetta, José Francisco Rodríguez Valiente, José Marín, José Tadeo Luis Betolli, Ángel Jorge Ibarra, Jorge Daniel Rafael Carnero Sabol, Germán Emilio Riquelme, Horacio Losito, Ricardo Guillermo Reyes y Aldo Héctor Martínez Segón, además de mantener las prisiones preventivas y sus respectivas modalidades de cumplimiento. La asociación ilícita no exige manifestación expresa del acuerdo El recurso presentado por la Defensoría Pública Oficial cuestionaba, en lo esencial, la falta de fundamentación de la resolución de primera instancia y la ausencia de los elementos típicos exigidos por el artículo 210 del Código Penal, al considerar que no se habría acreditado un acuerdo de voluntades ni un aporte concreto de cada imputado a la organización investigada. También impugnaba la valoración de la prueba testimonial —calificada por la defensa como “particularmente frágil”— y las prisiones preventivas dispuestas. La Cámara rechazó cada uno de esos agravios. En cuanto a la falta de fundamentación, sostuvo que la resolución apelada satisface el estándar de motivación exigido por el artículo 123 del Código Procesal Penal de la Nación, al haber examinado los hechos en su contexto histórico y valorado de manera individual la situación de cada encausado. Sobre la tipicidad de la asociación ilícita, el tribunal reiteró que la figura no exige una manifestación expresa del acuerdo asociativo, sino que este puede inferirse de la actuación coordinada y de la reiteración de conductas convergentes, y remarcó —citando el precedente “Pertusio” de la Sala IV de Casación Federal— que la asociación ilícita puede configurarse en el seno de una estructura estatal formalmente lícita cuando dentro de ella se organiza una subestructura orientada a delinquir. En ese sentido, los jueces destacaron que la investigación permitió reconstruir un circuito represivo articulado bajo el Área Militar 233, con centros clandestinos de detención en la Brigada de Investigaciones y en la Dirección de Investigaciones de esta ciudad, y con la coordinación de personal del Ejército, la Policía del Chaco, el Servicio Penitenciario Federal y, en determinados casos, funcionarios judiciales. Respecto del planteo de ne bis in idem introducido por Horacio Losito —quien había invocado su condena anterior por asociación ilícita ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes—, la Cámara remitió a una decisión previa propia, de octubre de 2025, que ya había descartado la identidad fáctica y procesal entre ambos objetos procesales por tratarse de estructuras represivas con ámbitos territoriales y operativos distintos, y recordó que el recurso de casación contra esa decisión fue declarado inadmisible en noviembre de 2025. Un examen caso por caso El fallo dedica un apartado a cada uno de los doce imputados cuyos procesamientos quedaron confirmados, cruzando los elementos reunidos en esta causa con las condenas ya dictadas en procesos conexos —”Caballero I, II, III y IV”, “Conscriptos” y “Margarita Belén”— para sostener, en cada caso, un aporte funcional concreto y no una mera pertenencia institucional. Respecto de Mazzoni, por ejemplo, el tribunal ponderó el testimonio de María Gregoria Pérez y documentación de la época para atribuirle un rol de cobertura judicial de las prácticas ilegales; sobre Casco, retomó las condenas por tormentos en la Unidad N° 7 y su identificación como jefe de una guardia vinculada a los operativos previos a la Masacre de Margarita Belén. Manader y Simoni: dos situaciones distintas El tribunal declaró desistido el recurso interpuesto en representación de Gabino Manader, al constatar que su defensa técnica no presentó el memorial sustitutivo del informe oral previsto por el artículo 454 del Código Procesal Penal de la Nación pese a estar notificada de esa carga procesal, lo que —conforme esa norma— produce el desistimiento automático de la apelación. En el caso de Ernesto Jorge Simoni, la Cámara declaró abstracto el recurso, dado que el 2 de septiembre el juzgado de primera instancia ya había dispuesto su sobreseimiento por extinción de la acción penal a raíz de su fallecimiento. Prisiones preventivas: se mantienen las modalidades diferenciadas El tribunal confirmó también las prisiones preventivas y descartó que la buena conducta procesal de los imputados alcance, por sí sola, para neutralizar los riesgos procesales ponderados en la instancia anterior. Se mantuvo la detención en unidades del Servicio Penitenciario Federal para Ángel Jorge Ibarra y José Marín (Unidad N° 7) y para Jorge Daniel Rafael Carnero Sabol (Unidad N° 34, Campo de Mayo), mientras que para el resto de los procesados —bajo prisión domiciliaria por razones de edad y salud— se ratificaron las condiciones ya dispuestas, con prohibición de ausentarse del domicilio bajo apercibimiento de traslado a una unidad carcelaria.
Moderada por Carolina Moisés, la reunión volverá a debatir la nueva propuesta de marco normativo para la actividad periodísticas en la República Argentina. Esta vez, fueron invitados representantes del FOPEA. A menos de cuatro meses de la derogación, la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de la Cámara de Senadores recibe este miércoles desde las 11 a representantes del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) para debatir sobre la confección de nuevo Estatuto del Periodista Profesional. El encuentro será moderado por la presidenta del organismo legislativo, Carolina Moisés, y contará con la exposición del presidente del FOPEA, Fernando Stanich; el vicepresidente Claudio Jacquelin; y la secretaria Paula Moreno. Será la segunda reunión vinculada a la Ley 12.908 derogada a partir del 1 de enero del 2027 por la Ley de Modernización Laboral, sancionada por el Congreso en febrero pasado. El 9 de junio pasado el Salón Arturo Illia fue el escenario de la presentación de un proyecto de Estatuto del Periodista Profesional. Aquel encuentro contó con la presencia de delegados de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Cordoba (CISPREN), la Asociación de Periodistas de Corrientes, la Asociación de Prensa de Santa Fe y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA). Vale aclarar que el expediente de propuesta de nuevo Estatuto del Periodista Profesional también tiene giro a la Comisión de Trabajo y Previsión Social que preside la senadora oficialista Carmen Álvarez Rivero. Según informaron a parlamentario.com, la cordobesa no tendría en carpeta la convocatoria a un plenario junto a Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión. A diez semanas de finalizar el período ordinario y sin respuestas del oficialismo respecto al tema, el senador chaqueño Jorge Capitanich presentó un proyecto de prórroga por un año más de la vigencia del Estatuto del Periodista Profesional. Los detalles de la propuesta El texto tiene como principal punto distintivo al artículo 23, orientado a la regulación de la Inteligencia Artificial en la actividad periodística. Como primera propuesta, establece el uso de la IA como herramienta complementaria del trabajo periodístico, pero prohíbe la sustitución o reemplazo de manera total de la producción informativa. Del mismo modo obliga a quienes utilicen esta tecnología a referenciar la autoría y a supervisar los resultados obtenidos. Asimismo, exige que los empleadores garanticen capacitaciones en uso de IA y de tecnologías generativas automatizadas. La otra novedad del proyecto de ley está relacionada a la incorporación de los derechos del teletrabajo. La nueva propuesta legislativa da lugar a que las partes acuerden voluntariamente los tiempos de conexión hogareña. Así y todo, advierte que empleador y empleados deben pactar el derecho a la desconexión y compensación de gastos. El Capítulo IV, el último de la propuesta de los gremios de prensa, define las áreas profesionales de generación y redacción de contenido; generación de imagen; intervención técnica, visual y sonora; presentación y emisión; técnica de intendencia y control, y administración de pauta publicitaria; y labores administrativas en medios de comunicación y empresas de medios. Parlamentario
Desde este martes ya no podrán depositar ni pagar con cheques desde sus cuentas bursátiles. La operatoria les permitía a las empresas el eludir el impuesto a los débitos y créditos. Fuerte reacción negativa entre los agentes bursátiles y Cámaras del sector El gobierno de Javier Milei decidió frenar una operatoria que beneficiaba a las pequeñas y medianas empresas que buscan financiamiento. A partir de una resolución general de la Comisión Nacional de Valores (CNV), las empresas ya no podrán depositar estos instrumentos en sus cuentas bursátiles, lo que les permitía eludir el pago del impuesto a los débitos y créditos bancarios. La reglamentación 1.166 dispuso que “la transferencia será la única modalidad habilitada para la recepción y entrega de fondos de y hacia los clientes”. Y agregó detalles al indicar que “la medida busca asegurar la disponibilidad inmediata de los fondos, eliminar eventuales rechazos asociados al uso de cheques y, al mismo tiempo, fortalecer los mecanismos de control y prevención frente a posibles conductas disvaliosas”. La decisión se tomó por la abrupta caída en la recaudación del denominado impuesto al cheque, que se cobra cada vez que se realiza un cobro o un pago en una cuenta corriente bancaria. El tributo es el 0,6% en el momento del débito y otro 0,6% al acreditarse los fondos. Se trata de un impuesto creado por el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, en la emergencia del 2001 y sólo se extendería por solo 90 días, pero ya lleva 26 años, pese a tratarse de unos de los tributos más distorsivos que aplica la administración nacional. La CNV hizo referencia a cuestiones relacionadas con la transparencia del mercado y la trazabilidad de las operaciones. Pero, en el fondo, la preocupación oficial pasa por el impacto negativo que la medida estaba teniendo en los ingresos mensuales de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En agosto, por ejemplo, la recaudación del impuesto a los créditos y débitos bancarios se había hundido 9% en términos reales, según detalló el economista de la consultora Romano Group, Salvador Vitelli, mientras que la actividad económica presenta una suba de casi 2 por ciento. Como la operatoria se había vuelta cada vez más generalizada, el agujero en los ingresos fiscales hubiera crecido mes a mes. La medida que permitía utilizar al cheque como medio de pago a través de una Alyc (sociedad de Bolsa) fue dictada el 13 de mayo pasado. Pocos días después se puso un tope de dos cheques por día y por cliente. Y ayer finalmente se eliminó por completo esta posibilidad. Eso significa en la práctica las pymes tendrán que obligatoriamente volver a depositar los cheques en cuentas bancarias, quedando automáticamente sujetos al gravamen. La medida desató fuertes reclamos en redes sociales y también en todo el circuito relacionado con las Alycs, aunque no hubo pronunciamientos oficiales. “Se trata de otra medida en contra de las pymes del sector manufacturero. No solo le sacan un medio de pago sino que los obligan a pagar impuesto al cheque para todo. Encarecen la operatoria cuando algunos hasta están al descubierto para comprar mercadería”, indicó un usuario en la red X. Una de las Alycs líderes del mercado realizó estas aclaraciones a sus clientes ayer a última hora: “En la práctica, esto significa que para depositar fondos en su cuenta deberán transferir desde una cuenta bancaria propia (o de la que sea cotitular) o desde un CVU asociado a su CUIT. Ya no se aceptan cheques”. Y para retirar fondos de una cuenta comitente “los pagos se realizarán exclusivamente por transferencia a una cuenta bancaria o CVU a su nombre”. Por otra parte, indicaron que “esta modificación no afecta la posibilidad de operar con cheques de pago diferido como instrumento de inversión (comprarlos o negociarlos en el mercado). Lo que se elimina es únicamente su uso como medio para depositar o retirar fondos de su cuenta”. Infobae
El documento destaca que “por cada persona que muere por suicidio, hay un promedio de 25 intentos. La mayoría de los casos no llegan a consumarse, por lo que la prevención es posible”. Sobre esa base, se apunta a dar herramientas a profesionales de la salud para la intervención rápida. A medida que se habla más del tema y se dimensiona la gravedad que muestran las estadísticas, es necesario disponer de más herramientas contra el suicidio. Sobre todo en la franja etaria que más registra su incremento: la juventud. Con ese objetivo, la Facultad de Psicología de la UBA presentó la Guía breve para la prevención, detección y abordaje de la conducta suicida en jóvenes. El equipo de profesionales que impulsó la Guía está encabezado por Martín Etchevers, titular de la Secretaría de Investigaciones de esa casa de altos estudios. Se trata de un trabajo que unifica criterios de detección temprana en la población juvenil: “El objetivo principal de esta guía es asistir a los profesionales de la salud en la prevención y detección rápida de señales de alerta de riesgo suicida en adolescentes y adultos jóvenes y en la implementación de respuestas inmediatas”. “La prevención es posible” La guía detalla los indicadores disponibles sobre esta problemática que crece a nivel global en general y en Argentina en particular. “En general, la ideación suicida es mucho más frecuente que los intentos de suicidio, los cuales, a su vez, superan ampliamente la consumación del suicidio”, señala el documento. Aproximadamente, por cada 100 adolescentes con ideación suicida, entre 10 y 20 realizan un intento de suicidio, y por cada 25 intentos, uno resulta en la consumación del suicidio. Las mujeres presentan el doble de ideación e intentos de suicidio que los hombres, pero ellos tienen una tasa de suicidio consumado hasta tres veces mayor que ellas. Según los últimos datos nacionales publicados, entre abril de 2023 y octubre de 2025 se notificaron 22.249 intentos de suicidio al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud: el 61 % correspondió a mujeres. La proporción de intentos con resultado mortal fue del 2,1 % en las mujeres y del 10,8 % en los varones. Es decir, una letalidad aproximadamente cinco veces mayor en el sector masculino. Las tasas más elevadas de notificación se concentraron en adolescentes y jóvenes: el grupo de 15 a 19 años presentó 124 intentos cada 100.000 habitantes, seguido por el de 20 a 24 años, con 114 cada 100.000. Entre los 15 y 19 años, la tasa de intentos en mujeres duplicó la de los varones; sin embargo, ellos presentaron una proporción mayor de intentos con resultado mortal. A partir de los datos, la Guía destaca que “por cada persona que muere por suicidio, hay un promedio de 25 intentos. La mayoría de los casos no llegan a consumarse, por lo que la prevención es posible”. Una guía con pautas para profesionales La Guía analiza el peso de los “factores de riesgo” y los “factores protectores”, así como su entrecruzamiento, como aspectos a tener en cuenta para la prevención y abordaje. Entre los factores de riesgo incluye antecedentes familiares y personales, rupturas interpersonales, problemas económicos y financieros, acceso a métodos letales, falta de apoyo, consumo de sustancias, etcétera. Entre los factores protectores se encuentran el apoyo comunitario y familiar, el acceso a asistencia sanitaria, las creencias, la resiliencia y las habilidades de afrontamiento. La Guía da pautas para las instancias de entrevista profesional, establece los indicadores de riesgo alto, moderado y bajo, así como recomendaciones de preguntas, evaluaciones y acciones en cada caso. Evolución constante El estudio realizado por el equipo que encabeza Etchevers resalta que “su desarrollo se basa en la mejor evidencia científica disponible hasta la fecha de su redacción, junto al aporte de destacados profesionales e investigadores de nuestro país”. En ese sentido, explica que “además, para su elaboración se tuvieron en cuenta las características del contexto específico y se propusieron instrumentos de evaluación adaptados y validados para Argentina”. Con una aclaración: “Dado que el conocimiento en esta área evoluciona constantemente, se recomienda efectuar su revisión y actualización de manera regular para garantizar que continúe reflejando los avances científicos y las mejores prácticas en la identificación temprana del riesgo suicida”. Tiempo Argentino
Los puestos de trabajo perdidos en lo que va de la gestión de Javier Milei superan los 246.000, según un informe privado. El sector privado perdió casi 46.000 empleos asalariados en el primer semestre del año y los puestos perdidos suman más de 246.000 desde que asumió la administración de Javier Milei, según reflejó un informe de la consultora Invecq. El reporte precisó que entre diciembre de 2025 y junio de 2026 las empresas del sector privado dieron de baja a más de 7.500 trabajadores por mes, con recortes en todos los meses desde junio del año pasado, salvo en febrero pasado cuando se mantuvieron estables. Al considerar toda la gestión de Milei, el reporte señala que la pérdida en el sector privado formal alcanza los 246.300 empleos desde noviembre de 2023. En paralelo, las estadísticas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), difundidas por la Secretaría de Trabajo, elevan la destrucción total a más de 354.000 empleos asalariados registrados, en paralelo a un crecimiento del 8% en el número de monotributistas. La consultora atribuye esta merma en los puestos de trabajo a la marcha general de la economía y a cómo se distribuye la ocupación entre los distintos rubros productivos. En ese sentido, puntualizó que en la industria, la construcción y el comercio, que representaban cerca del 50% del empleo asalariado privado en 2025, acumulan una pérdida de aproximadamente 93.000 puestos de trabajo desde junio del año pasado. En el caso del agro, la minería y el petróleo, la intermediación financiera y las actividades inmobiliarias, que concentran alrededor del 23% del empleo registrado, registran una baja cercana a los 18.100 empleos desde junio de 2025. En cuanto a los sectores ganadores, el informe señaló que dejaron de mostrar una caída constante a comienzos de este año pasando a alternar altas y bajas. En junio se ubicaron un 0,2% por encima del nivel de diciembre de 2025. A pesar de esta modesta mejora, la actividad en estos rubros continúa por debajo de los valores de noviembre de 2023. A estas variables se suman transformaciones estructurales, como la incorporación de inteligencia artificial y la búsqueda de aumentos de productividad en un contexto de inflación más baja, factores que llevan a las empresas a priorizar la eficiencia por sobre la incorporación masiva de personal. En este marco, el informe remarcó que el impacto global sobre el mercado laboral exhibe una migración de trabajadores hacia actividades no registradas. Si bien el empleo público cayó un 2,6% en comparación con el cierre de 2023, el empleo informal registró una suba del 4,8% en el mismo lapso. Por este motivo, el empleo total muestra una baja del 0,7% respecto de noviembre de 2023. Hacia adelante, la consultora planteó que las probabilidades de una recuperación sustantiva en lo que resta del año son escasas. Pese a que la actividad económica acumuló un crecimiento interanual del 1,9% en el primer semestre de 2026, la medición desestacionalizada de junio indicó una contracción del 1,1% respecto a diciembre pasado. Ante este escenario, desde Invecq expresaron que “alcanzar el crecimiento proyectado para 2026 exigirá una mejora clara de la actividad en la segunda mitad del año” y al contemplar los datos poco alentadores de los últimos meses, anticiparon que “difícilmente se vean mejoras sustantivas del empleo privado formal” en lo que queda de 2026. NA
El Cine del Centro Cultural Guido Miranda presenta su programación para esta semana con dos propuestas que invitan a recorrer universos cinematográficos muy diferentes: una nueva función del ciclo “Random: Universos Paralelos” y una nueva película del Espacio INCAA. Random: Universos paralelos El miércoles 16 continúa “Random: Universos Paralelos”, el ciclo que propone salir de lo conocido y encontrarse con distintas cinematografías, estilos y universos autorales. Esta vez viajamos al particular mundo de Wes Anderson con Asteroid City, una película de estética inconfundible, colores pastel, personajes excéntricos y una historia que combina humor, melancolía y un inesperado encuentro extraterrestre. Espacio INCAA: Guerra de verano El viernes 18 y sábado 19, el Espacio INCAA presenta Guerra de verano, de Alicia Scherson, una propuesta del cine latinoamericano que llega a la pantalla del Guido para seguir acercando al público nuevas miradas y relatos. Dos películas, dos universos y una misma invitación: apagar las luces, entrar a la sala y dejarse llevar por el cine. Agenda | 16 al 19 de septiembre Miércoles 16 – 20 hsCiclo Random: Universos ParalelosASTEROID CITY, de Wes AndersonEntrada general: $4000 Viernes 18 y sábado 19 – 20 hsEspacio INCAAGUERRA DE VERANO, de Alicia SchersonEntrada general: $4200 / Estudiantes y jubilados: $2100 Las funciones se realizarán en el Cine del Centro Cultural Guido Miranda, Colón 164, Resistencia.
Este lunes, el gobernador Leandro Zdero encabezó en Quitilipi la entrega de viviendas a familias chaqueñas, que esperaban desde hace tiempo acceder al techo propio. La iniciativa contempla especialmente a familias en situación de vulnerabilidad, madres solas con hijos y hogares que cuentan entre sus integrantes con personas con discapacidad. “Hoy le vamos cumpliendo el sueño a familias que tanto lo necesitan”, destacó Zdero, quien remarcó que el Gobierno provincial continúa avanzando con distintas modalidades para atender el déficit habitacional en todo el territorio chaqueño. Durante la jornada, el mandatario remarcó la emoción de las familias al recibir las llaves de sus hogares y señaló que esa alegría también representa una satisfacción para quienes trabajan desde el Estado para generar soluciones habitacionales. “Es mucha emoción ver a familias que estaban esperando hace mucho tiempo y a las que hoy se les cumple el sueño del techo propio, del cobijo para sus familias y para sus hijos. La emoción de ellos también es nuestra felicidad”, expresó. Zdero explicó que la Provincia desarrolla diferentes operatorias para ampliar el acceso a la vivienda y alcanzar a sectores que históricamente no tenían posibilidades de acceder a una solución habitacional. En este sentido, mencionó créditos para ampliación, refacción y terminación de viviendas, viviendas sociales, programas de ayuda mutua y operatorias destinadas a familias con cuotas que puedan afrontar. También destacó la articulación público-privada para facilitar el acceso a la vivienda a sectores de clase media y profesionales, mediante propuestas que permiten realizar aportes durante el proceso de construcción y luego acceder al inmueble a través de un esquema de cuotas. “Vamos generando soluciones al déficit habitacional y también abarcando a un sector que nunca tenía la posibilidad de acceder”, sostuvo el Gobernador. Más de 25 localidades con obras habitacionales Por su parte, el presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), Fernando Berecoechea, destacó la importancia de acompañar a las familias y destacó el esfuerzo de los chaqueños que sostienen con sus aportes los recursos destinados a la construcción de viviendas. “Es una felicidad enorme seguir cumpliendo más sueños para más familias chaqueñas”, afirmó. Berecoechea informó que actualmente el IPDUV tiene presencia con obras en más de 25 localidades de la provincia, a través de las distintas operatorias impulsadas por el Gobierno provincial. En total, son casi 900 viviendas en construcción, algunas próximas a finalizar. Además, anticipó que en los próximos días se iniciarán nuevas obras en la zona rural de Quitilipi y se continuará con el cronograma de entregas en distintas localidades chaqueñas, entre ellas Puerto Tirol, Presidencia de la Plaza, Coronel Du Graty y Pampa Almirón. En Quitilipi también se avanza con viviendas bajo el esquema de esfuerzo compartido entre el Municipio y el Instituto de Vivienda, donde la Provincia aporta los materiales y el gobierno local la mano de obra. Esta modalidad permite ampliar el alcance de las políticas habitacionales y acelerar la construcción de hogares para familias que necesitan una respuesta concreta. Finalmente, Berecoechea agradeció a las familias chaqueñas que cumplen con sus responsabilidades y destacó que esos recursos permiten continuar fortaleciendo las políticas de vivienda. “Es una responsabilidad civil devolverle al Estado lo que el Estado hizo por ellos, y nosotros retribuimos ese esfuerzo de las familias chaqueñas construyendo más viviendas para más familias”, concluyó. Acompañaron al Gobernador en esta entrega de viviendas, el ministro de Gobierno, Carim Peche; el intendente, Ariel Lovey; la vicepresidente de IPRODICH, Mónica Morales; el diputado provincial, Edgardo Reguera; el vocal del IPDUV, Daniel Monti; y familiares de beneficiarios.
El Ministerio de Educación concretó el ofrecimiento de 40 cargos de supervisión para escuelas secundarias comunes, Educación Técnica Profesional y Servicio Bibliotecario. La medida forma parte del proceso de ordenamiento del sistema educativo y fue posible a partir del trabajo articulado con las Juntas de Clasificación. Se trata de un hecho largamente esperado por la comunidad docente, ya que hacía 20 años que no se realizaban concursos de ascenso de jerarquía en el Nivel Secundario. Del total de cargos ofrecidos, 29 corresponden a supervisores de escuelas secundarias comunes, 7 a la modalidad de Educación Técnica Profesional y 4 al Servicio Bibliotecario. La ministra de Educación, Sofía Naidenoff, acompañó de manera virtual el acto de apertura, realizado de forma presencial en el Centro de Innovación ELE de Resistencia, donde participaron directores y vicedirectores de escuelas secundarias de distintas localidades de la provincia. Durante la apertura, destacó que este avance es resultado del proceso de ordenamiento que lleva adelante la cartera educativa y del trabajo articulado con las Juntas de Clasificación de los distintos niveles y modalidades. En ese sentido, explicó que la decisión fue posible luego de analizar la situación del sistema y, teniendo en cuenta la legislación de excepción vigente, avanzar en una respuesta concreta a una necesidad que atraviesa a las escuelas: contar con supervisores que puedan acompañar, asesorar y estar presentes en territorio. Naidenoff destacó especialmente el compromiso de las Juntas de Clasificación de Nivel Secundario, Educación Técnica y Bibliotecas, y recordó el trabajo iniciado el año pasado junto a estos organismos y la Mesa Técnica para implementar la Ley del Plan de Estabilidad y Garantías Laborales del Docente, proceso que permitió avanzar en la titularización de docentes de prácticamente todos los niveles y modalidades. En esa línea, remarcó que este acto de titularización es posible “gracias al ordenamiento iniciado”, y constituye una parte fundamental del ordenamiento del sistema educativo provincial. Finalmente, planteó la necesidad de sostener este camino para evitar que vuelvan a pasar años sin que se concreten concursos y ascensos. “No permitamos otra vez que tengan que pasar los años para hacer lo que está bien, no retrocedamos”, expresó. Más supervisores para acompañar a las escuelas La subsecretaria de Descentralización Educativa, Marta Fassano, quien estuvo a cargo del acto, destacó la satisfacción de todo el Ministerio de Educación por la recuperación de cargos de supervisión para escuelas secundarias, técnicas y bibliotecas, y recordó que el último concurso de directores titulares, requisito para acceder a la supervisión, se había realizado en 2007. La funcionaria explicó que, ante la falta de supervisores y la necesidad de acompañamiento que tienen las instituciones, una ley sancionada por la Cámara de Diputados permitió avanzar de manera excepcional con el ofrecimiento de cargos a directores que cumplían con las condiciones establecidas. “Las escuelas secundarias son más de 200. Entonces, estaban totalmente desprotegidas de esta función tan importante que es la que tiene el supervisor”, señaló. Fassano adelantó además que el próximo año está previsto realizar el concurso de directores de Nivel Secundario, con el objetivo de consolidar posteriormente los cargos de supervisión. También anticipó que, en el marco del proceso de ordenamiento del sistema educativo, se continuará avanzando con los concursos de directores de los niveles Inicial y Primario y del Servicio Bibliotecario. A su vez, adelantó que próximamente se anunciará el concurso de ascenso para el Nivel Secundario, uno de los sectores que más tiempo lleva esperando una instancia de este tipo. “Todo esto se logra cuando respetamos el Estatuto”, sostuvo la subsecretaria, al remarcar la importancia de garantizar las condiciones para que los docentes puedan desarrollar su carrera, trasladarse y acceder a mejores oportunidades dentro del sistema educativo. Una nueva etapa en la carrera docente Entre quienes participaron del acto estuvo Francisco Rubén Capdevila, supervisor de la Regional Educativa 9 con sede en Villa Ángela, quien destacó que con estas designaciones la región podrá completar su equipo de supervisión y valoró la posibilidad de que, en esta instancia excepcional, pudieran participar vicedirectores titulares y directores interinos. Asimismo, destacó el rol de la supervisión como una función vinculada directamente al acompañamiento de las instituciones. Por su parte, Karina Maggio, directora de la EET N° 2 “General San Martín” de Barranqueras, se mostró “agradecida por esta oportunidad” y expresó su satisfacción por acceder a un nuevo escalón en su carrera docente. “Tenía la expectativa de poder llegar a la supervisión. Afortunadamente pudimos trabajar y llegar para seguir trabajando siempre para la educación técnica”. También compartió su emoción Miriam Rolón, directora interina de la EES N° 60, quien adjudicó un cargo de supervisora en la Dirección Regional Educativa 10ª. “Es vivenciar la política educativa desde otro lugar, seguir trabajando por la educación desde otro lugar”, expresó, y definió este momento como el cierre de una extensa trayectoria docente y el acceso al último escalón de su carrera. La jornada contó además con la presencia de la subsecretaria de Educación, Isabel Sanchuk; el subsecretario de Ciencia y Tecnología, Facundo Benítez; la subsecretaria de Coordinación Presupuestaria y Financiera, Belén Pelaez Alcalá; la directora General de Gestión Educativa, Mirta Candia; la directora General de Evaluación y Control, Elba Altamiranda; la directora General de Planeamiento y Evaluación Educativa, María Luisa Gómez; directores de niveles y modalidades y directores de las Regionales Educativas.
El ente recaudador nacional mantiene bajo seguimiento a grandes contribuyentes con obligaciones fiscales pendientes. Cinco compañías concentran más del 30% del pasivo relevado y el sector de la salud aparece entre los más comprometidos. La deuda impositiva de las grandes empresas volvió a quedar bajo la lupa sin profundizar los problemas que tienen. Un relevamiento sobre los principales contribuyentes con obligaciones pendientes ante ARCA muestra una concentración particularmente fuerte, 50 empresas privadas acumulan más de $500.000 millones de deuda tributaria, mientras que otro grupo de 50 compañías públicas suma alrededor de $42.000 millones. En paralelo con las obligaciones fiscales pendientes, aumentó la cantidad de compañías que presentan atrasos en el sistema financiero y se profundizaron las dificultades de las pequeñas y medianas empresas para sostener la cadena de pagos. ¿Cuánto deben las empresas que están bajo la lupa de ARCA? Las 50 compañías privadas que encabezan el relevamiento concentran una deuda superior a $500.000 millones. El monto equivale, de acuerdo con la información relevada, a unos US$400 millones. Pero el dato más llamativo aparece cuando se observa cómo está distribuida esa deuda. Las cinco empresas ubicadas en los primeros lugares reúnen más del 30% del total. Es decir, más de $200.000 millones están concentrados en apenas cinco firmas. La compañía que ocupa el primer lugar registra una deuda superior a $40.000 millones y atraviesa un proceso concursal. El relevamiento contempla empresas de diferentes actividades, entre ellas comercio, servicios, industria y transporte. La situación tampoco es homogénea desde el punto de vista financiero. Algunas firmas enfrentan procesos de reestructuración, achicamiento o cierre, mientras que otras continúan desarrollando sus actividades pese al peso de las obligaciones tributarias acumuladas. ARCA y las empresas públicas: ¿Qué ocurre con los otros $42.000 millones? El relevamiento también identifica a 50 empresas públicas con obligaciones tributarias pendientes por unos $42.000 millones. Entre ellas aparecen compañías vinculadas con servicios públicos provinciales. En estos casos, la situación presenta una dificultad adicional para el Estado, avanzar sobre una empresa que presta un servicio esencial puede tener consecuencias que exceden la relación estrictamente tributaria. Una eventual ejecución fiscal sobre una compañía pública vinculada con servicios básicos puede involucrar activos y recursos cuya afectación impactaría indirectamente sobre la prestación a la población. Por ese motivo, el cobro de esas obligaciones presenta características diferentes de las que enfrenta ARCA frente a una empresa privada sin participación estatal. ¿Por qué ARCA encuentra tantos deudores dentro de la salud? Uno de los datos más sensibles del relevamiento es la presencia del sector de la salud entre las actividades con mayor cantidad de empresas dentro de los principales deudores privados. La situación coincide con las dificultades financieras que atraviesan distintos prestadores sanitarios. El problema no es nuevo y se arrastra desde antes de la pandemia, aunque la presión sobre los costos, los ingresos y las obligaciones acumuladas volvió a colocar al sector en el centro de la discusión. De hecho, ARCA implementó durante 2026 un régimen especial de facilidades de pago para establecimientos de salud con internación. La Resolución General 5858/2026 permite regularizar obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad social bajo determinadas condiciones. El organismo establece que el acceso al beneficio requiere una caracterización específica en el Sistema Registral y la presentación de las declaraciones juradas correspondientes. El plan contempla obligaciones vencidas hasta el 31 de mayo de 2026. El dato resulta relevante porque demuestra que la administración tributaria reconoce particularidades financieras dentro de determinadas actividades, aunque eso no implica una condonación general de las deudas. La mora empresarial se disparó y ARCA no es el único acreedor Un informe de Equilibra basado en información del sistema financiero muestra que la cantidad de personas jurídicas con créditos en mora pasó de 16.212 en agosto de 2024 a 37.482 en julio de 2026. Esto representa el 13,4% de las empresas endeudadas. En el mismo período, la morosidad del crédito comercial pasó del 0,7% al 3,7%. Aunque el nivel continúa por debajo del máximo registrado durante la crisis de 2020, la velocidad del deterioro constituye una señal de alerta para el sector productivo. Las pequeñas y medianas empresas aparecen particularmente expuestas. La cantidad de PyMEs con avales de Sociedades de Garantía Recíproca que ingresaron en mora pasó de 3.354 a 9.679 en dos años. El comportamiento de los pagos también muestra que las empresas tienden a preservar determinadas obligaciones antes de dejar de cumplir con otras. Según los datos citados por Equilibra a partir del Observatorio PyME, los atrasos en impuestos llegaron al 17,3%, mientras que los incumplimientos con proveedores alcanzaron el 15,3% y la mora bancaria, el 8,6%. ¿Qué herramientas tiene ARCA para cobrar las deudas? La existencia de una deuda no significa automáticamente que ARCA avance con una ejecución. Las empresas pueden acceder a distintos mecanismos de regularización, dependiendo del tipo de contribuyente y de las obligaciones involucradas. El organismo mantiene un régimen permanente de facilidades de pago y durante 2026 incorporó planes específicos para determinados sectores y situaciones. En septiembre, ARCA informó entre sus alternativas vigentes el plan permanente, un régimen especial para PyMEs y pequeños contribuyentes y el programa destinado a establecimientos de salud con internación. La tasa también es un elemento central. Para septiembre de 2026, ARCA publica una TNA de referencia del 21,50% para sus planes de financiación, junto con otros indicadores utilizados para determinar las condiciones aplicables. urgente24
La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAus) se prepara para llevar a cabo una nueva edición de la Expo Carreras 2026. La jornada está diseñada para dar a conocer su propuesta educativa y acompañar a jóvenes y adultos en el proceso de elección de una carrera universitaria. El encuentro tendrá lugar este miércoles 16 de septiembre, de 8:00 a 17:00 horas, en el Estadio Arena UNCAUS, ubicado en calle Comandante Fernández Nº 755 de Presidencia Roque Sáenz Peña. Aunque la convocatoria está dirigida principalmente a estudiantes de nivel secundario y a sus familias, la participación se encuentra abierta a todo el público interesado. Un espacio de orientación y experiencias universitarias Durante el desarrollo del evento, los visitantes podrán recorrer diversos estands informativos atendidos por directores de carrera, docentes, investigadores y alumnos avanzados. En estos espacios se brindarán detalles sobre los planes de estudio, el perfil profesional, el campo laboral y la dinámica académica. Además, el programa incluye demostraciones prácticas e iterativas vinculadas a las distintas disciplinas. La grilla de actividades destaca dos ponencias centrales en la jornada: La organización del evento está a cargo de la Secretaría Académica de la institución, en trabajo articulado con las demás secretarías, áreas administrativas, cuerpo docente y el claustro estudiantil. Propuestas académicas presenciales y virtuales En la actualidad, la UNCAUS dispone de una oferta de 20 carreras de grado y pregrado en modalidad presencial, a las que se suman 7 propuestas de cursado virtual. Asimismo, el área de Posgrado mantiene abierta una agenda formativa que abarca doctorados, maestrías, especializaciones, ciclos de complementación curricular y cursos de capacitación. La Expo Carreras 2026 se consolida así como una instancia clave para resolver inquietudes, tomar contacto directo con el ámbito universitario y proyectar el futuro educativo en la región.