Con esta intervención, la APA continúa fortaleciendo la infraestructura hídrica provincial y consolidando acciones preventivas destinadas a reducir riesgos de anegamientos, proteger a las comunidades y mejorar la capacidad operativa del sistema de drenaje ante contingencias climáticas. La incorporación de esta bomba permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante eventos climáticos y garantizar un funcionamiento más eficiente del sistema de desagües en una de las áreas estratégicas del área metropolitana. La Administración Provincial del Agua (APA) puso en funcionamiento una bomba completamente reacondicionada en la Estación de Bombeo Nº15 de Barranqueras, fortaleciendo el sistema de drenaje de excedentes hídricos en el barrio UCAL y zonas aledañas. El equipo tiene una capacidad de bombeo de 60.000 litros por minuto y forma parte del plan de mantenimiento y optimización de las defensas contra inundaciones que lleva adelante el Gobierno del Chaco. El presidente de la APA, Jorge Pilar, destacó que el organismo trabaja de manera sostenida en la ejecución del plan preventivo de inundaciones para el Gran Resistencia, complementando estas acciones con tareas de limpieza y mantenimiento de canales de drenaje en distintas regiones productivas de la provincia, en coordinación con Vialidad Provincial y los Consorcios Camineros. “Es fundamental que los equipos estén en óptimas condiciones para cumplir su función cuando sean necesarios, especialmente considerando las perspectivas vinculadas con el desarrollo del fenómeno climático de El Niño para los próximos meses”, señaló Pilar. Por su parte, el director de Sistema Hídrico de la APA, Omar Navarro, explicó que el equipo instalado corresponde a una bomba marca Flygt que fue reacondicionada integralmente y que cuenta con una capacidad de evacuación de hasta 60.000 litros de agua por minuto. La Estación de Bombeo Nº15 cumple una función clave dentro del sistema hídrico de Barranqueras, ya que permite el drenaje de la cuenca comprendida entre las avenidas 9 de Julio, Castelli, España y Mosconi. Además, recibe el aporte de un canal paralelo a las vías ferroviarias que descarga en las piletas de UCAL y se vincula posteriormente con la estación de bombeo ubicada sobre avenida Mosconi.
Autor: Redacción General
La concejal de Resistencia Ana María Verón se refirió al tratamiento del proyecto sobre la actividad de las personas que cuidan y lavan vehículos, anticipó posibles modificaciones para que la normativa sea aplicable y planteó alternativas de capacitación laboral. También habló de sus aspiraciones políticas para 2027, la situación de los servicios urbanos y respondió sobre la polémica por el kiosco municipal. Verón confirmó que el proyecto vinculado a cuidacoches y lavacoches aún deberá volver a discutirse en comisión antes de regresar al recinto del Concejo Deliberante, luego de que la sesión anterior fracasara por falta de quórum. En los estudios de CIUDAD TV, explicó el estado legislativo de la iniciativa, consideró que sufrirá modificaciones y sostuvo que el objetivo es lograr una herramienta “aplicable”. “Cuando una sesión cae, todo lo que está en el orden del día vuelve a comisión”, explicó la edil al referirse al proyecto sobre los cuidacoches, que había quedado incluido en el temario de una sesión que no pudo concretarse por falta de quórum. Según detalló, el expediente regresó a la comisión de Obras y Servicios Públicos, que ella preside, aunque todavía no ingresó formalmente al temario de tratamiento. “Seguramente la semana que viene ingresará al tratamiento en la comisión y dentro de la comisión uno puede ingresar las modificaciones que crea conveniente”, indicó. En ese sentido, anticipó que podría haber cambios al texto original luego de conversaciones con el Ejecutivo municipal. “La idea es sacar un proyecto superador en el sentido de que pueda ser aplicable”, sostuvo. Verón explicó que uno de los principales obstáculos radica en las competencias municipales. “El municipio no tiene el poder de policía”, señaló y remarcó que una eventual prohibición necesita incorporarse al Código Contravencional para tener herramientas de aplicación. “Si no, es una norma sin sentido porque no tiene la fuerza obligatoria”, afirmó. La concejal también se refirió a los operativos policiales recientes vinculados con personas que realizan actividades de cuidado de autos en la vía pública y aclaró que, según le informaron desde la fuerza, las actuaciones se dieron en el marco de averiguación de antecedentes y resistencia a la autoridad. “Tenemos muchas denuncias de particulares con respecto a cuestiones extorsivas o de violencia”, aseguró. No obstante, aclaró: “No son todos”, aunque señaló que existiría un relevamiento policial de entre 210 y 220 personas identificadas en esa actividad, algunas con antecedentes. Consultada sobre una propuesta de la oposición para registrar y regularizar a los cuidacoches, Verón planteó reparos y consideró que una inscripción formal implicaría reconocer la actividad. “Cuando uno hace una registración de algo lo está reconociendo una actividad”, expresó. Además, señaló que el Municipio trabaja en alternativas de inserción laboral para quienes hoy realizan tareas de cuidacoches. Según indicó, el secretario de Gobierno, Emilio Varisco, impulsa junto a la Fundación Soy Chaco capacitaciones en oficios y herramientas para emprendimientos. “No hay que romantizar la pobreza”, afirmó la concejal, y agregó: “Nosotros tenemos que crearle la oportunidad para que tenga otra salida y que no sea ese su final porque es lo que le tocó en la vida”. Escenario político y gestión legislativa En otro tramo de la entrevista, Verón confirmó públicamente su intención de competir por la Intendencia de Resistencia en 2027, aunque aclaró que acompañaría una eventual reelección del actual jefe comunal. “Yo le manifesté abiertamente mi intención de ser candidata a intendente de la ciudad de Resistencia”, reveló, al tiempo que contó que esa aspiración ya fue conversada con el intendente Roy Nikisch. Sin embargo, aclaró: “Si él decidía reelegirse en el 2027, yo sería una de las primeras que lo acompañaría”. Respecto de la ciudad, consideró que hubo mejoras en servicios, aunque reconoció cuestiones pendientes. Entre ellas, mencionó la necesidad de extender obras de ripio y reforzar la gestión de residuos. “Hay lugares donde no hemos llegado todavía”, dijo sobre la infraestructura vial y adelantó que el Municipio evalúa un convenio para ejecutar “1000 cuadras más de ripio”. Sobre la recolección de residuos, sostuvo que “la basura sigue siendo un tema pendiente”, aunque atribuyó parte de la problemática a conductas vecinales. “Tenemos vecinos que siguen sacando cualquier hora”, afirmó. Finalmente, fue consultada por la polémica generada en torno al kiosco municipal. Al respecto, señaló que el Concejo aprueba partidas presupuestarias, pero que la ejecución de obras corresponde al Ejecutivo. “Si la oposición o cualquiera considera que eso no está o hay algo oscuro y no se condice con la realidad, hay que ir a denunciar en los organismos pertinentes”, sostuvo, y remarcó que los mecanismos de control institucional deben actuar ante eventuales irregularidades.
La oposición denuncia que el libertario quiere ocultar los gastos tributarios del RIGI y que demora la revisión de la ejecución presupuestaria 2025. Fuentes libertarias justificaron el despliegue bajo la premisa de que “está bien auditar” con el argumento de la búsqueda de transparencia. Desde el peronismo alertaron que la maniobra del oficialismo es para “impedir el funcionamiento” de la OPC. Bertie Benegas Lynch mandó este martes un grupo de 10 asesores para iniciar una auditoría de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), un ámbito parlamentario que coteja la ejecución presupuestaria y suele incomodar a los gobiernos de turno. Entre los legisladores al tanto de la situación, al cierre de esta nota, se expandía la información sobre la irrupción de esa tropilla parlamentaria como un acto prepotente e intimidante. La intentona del legislador trascendió porque los empleados de la Cámara Baja alertaron al instante cuando las autoridades mandaron a los supuestos auditores. “¡En este momento! 10 personas, diciendo que son enviadas por las autoridades de la HCDN, ingresan sin previo aviso en la Oficina de Presupuesto del Congreso OPC, y anuncian que empieza en el acto una auditoría integral del organismo”, decía el mensaje que llegó a LPO. Un senador peronista comentó que recibió un aviso similar. “Acaban de caer, en malón, 10 personas a la OPC diciendo que son de la Auditoría de la HCDN”, era el contenido del chat. Lo más curioso es que Martín Menem negaba en la intimidad haber sido el responsable de la delegación que se atribuía la potestad de intervenir. El desembarco de los enviados de Bertie se produjo justo el mismo día en que se constituyó la comisión bicameral de Supervisión Parlamentaria de la OPC, bajo la presidencia del propio Benegas Lynch. En esa reunión de conformación, los legisladores del gobierno impulsaron una resolución para auditar la oficina, algo que despertó la resistencia del peronista Carlos Castagneto. Como el reglamento de ese cuerpo establece que debe integrarse por el titular de la comisión de presupuesto, su vice y su secretario y también sus pares del Senado, junto al economista libertario se sentaron Castagneto, la macrista Daiana Fernández Molero, y los senadores Agustín Monteverde y Silvana Schneider. De hecho, las resoluciones que quisieron incorporar Benegas Lynch y Monteverde al debate de la bicameral no estaban previstas en el temario. Castagneto, miembro del bloque UP, se negó a discutirlas: “ni siquiera se revisó la ejecución del Presupuesto y nos quieren hacer aprobar cosas sin leer”, se quejó. Como sea, la excusa del oficialismo para emprenderla contra la OPC sería la circulación de un rumor acerca de los servicios de una consultora vinculada a un legislador que ese ámbito habría contratado. “Se pusieron nerviosos”, dice un funcionario libertario. Un opositor deslizó ante LPO que “la patoteada injustificada en la OPC es un berretín de Benegas Lynch”. “No soporta que se publiquen informes con gastos tributarios que él quiere esconder”, señaló. En la misma sintonía, el peronista Guillermo Michel había publicado el fin de semana un informe por el cual estimó en 1 punto porcentual del PBI la pérdida por gasto tributario a causa del RIGI cada 100 mil dólares que ingresen, algo que podría salir a la luz en la OPC justo cuando el gobierno vuelve a la carga con un proyecto que reedita la iniciativa contenida en la Ley Bases. Fuentes de la OPC dijeron a LPO que “la oficina reporta a la comisión bicameral y, en el mismo momento de su constitución, ayer se produjeron una serie de resoluciones que incluyen el inicio de una auditoría”. Lo que podría ocurrir en los próximos días es que, en cumplimiento de esa decisión, Menem convalide el envío de auditores. La Política Online
El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) continúa avanzando en las acciones judiciales destinadas a recuperar la posesión del predio correspondiente al programa Casa Activa en la localidad de Margarita Belén. En este marco, autoridades judiciales llevaron adelante tareas de constatación y recolección de información en el lugar, un paso clave para el avance del proceso.El presidente del organismo, Fernando Berecoechea, destacó que la intervención judicial se desarrolla luego de superar distintos obstáculos administrativos que retrasaron las diligencias previstas originalmente. Según explicó, este constituye el segundo intento de constatación por parte de la Justicia. El primero debió ser reprogramado luego de que el Concejo Municipal de Margarita Belén aprobara una modificación en la nomenclatura catastral del inmueble pocos días antes de la fecha fijada para la inspección, situación que obligó a adecuar la documentación del expediente y postergar momentáneamente las actuaciones. Una vez subsanadas estas cuestiones administrativas y legales, la Justicia pudo retomar las diligencias correspondientes bajo los nuevos registros oficiales, avanzando así en la verificación de la situación del predio. Berecoechea remarcó que tanto los terrenos como las edificaciones forman parte de un convenio exclusivo entre organismos públicos y pertenecen al ámbito de competencia del IPDUV. Asimismo, recordó que el programa Casa Activa fue concebido originalmente como un complejo destinado a adultos mayores, integrado por un Centro de Día y unidades residenciales especialmente adaptadas para ese sector de la población. “El objetivo es garantizar que este proyecto pueda cumplir con la finalidad social para la que fue diseñado y financiado, brindando un espacio adecuado para la atención y el acompañamiento de los adultos mayores”, sostuvo el titular del organismo. Desde el IPDUV señalaron además que la obra permanece paralizada desde mediados de 2023, con un avance cercano al 50 por ciento de ejecución. En ese sentido, informaron que continúan las gestiones para reactivar los trabajos y finalizar la infraestructura prevista, en coordinación con los organismos competentes y las empresas contratistas involucradas. Finalmente, el organismo reafirmó su compromiso de resguardar el patrimonio público y garantizar que las inversiones realizadas se traduzcan en beneficios concretos para la comunidad, respetando el destino original del programa y el marco legal vigente.
Mariano Moro, subsecretario de Ambiente, confirmó que este miércoles fue levantada la veda extraordinaria que regía para un tramo del río Paraná, tanto en costa chaqueña como correntina, debido a la presencia de un cardumen de surubíes y con el objetivo de proteger esta fauna ictícola. Aclaró que la medida no se levantó por el reclamo sectorial que llevaron a cabo en esta misma jornada un grupo de malloneros, sino porque “la subsecretaría llevó adelante la tarea de control en territorio y verificó que el efecto se había disuelto, el cardumen no estaba más y no estaban las condiciones que habían habilitado la veda extraordinaria”. Remarcó que los malloneros “pueden seguir trabajando donde se había decretado” la veda. Agradeció la participación de la Policía del Chaco, la Prefectura Naval y a la Asociación de Pescadores de la Isla del Cerrito. “Lamentablemente, hoy en día estuvimos ante un hecho de público conocimiento, con una manifestación de un sector de pescadores debajo del puente (Chaco- Corrientes)”, dijo y aclaró que la protesta “no tiene nada que ver con la veda porque no regía en esa zona”. “No tiene nada que ver con la veda ni con el levantamiento de la veda. Es un reclamo por ora vía y es lamentable que lleguemos a esta situación porque perjudica a toda la sociedad”, sostuvo. Insistió en aclarar que la veda no se levantó por el reclamo y agregó: “Queremos que la sociedad sepa que estamos trabajando, pero que no vamos a ceder a reclamos extorsivos de ningún sector”. Recordó que la veda se decretó el viernes porque había un cardumen un sector del río. “Era necesario proteger el cardumen”, sostuvo el funcionario y reconoció el respaldo de la Asociación de Pescadores de la Isla del Cerrito, zona afectada por la presencia, “que acató la medida, colaboró con nosotros para verificar cómo estaba el cardumen y una vez que pasó el evento levantamos la veda, la levantamos hoy. Se protegió el recurso”. Con el mismo énfasis, remarcó que “así como se terminaron los piquetes en la ciudad, el gobierno va a garantizar el estado de derecho y los reclamos van a ser atendidos si son ejercidos por las vías del diálogo. Pero las acciones directas y violentas no van a ser consentidas por el Gobierno y la justicia ya está actuando en este sentido”.
En detalle, el pedido de la defensa de los empresarios busca dilucidar si hay indicios de clonación de la voz de Diego Spagnuolo – extitular de la agencia nacional – o modificación mediante IA. En esta línea, el exfuncionario ya había presentado su perito de parte, cuestiono la pericia y detalló que no aportará su voz. Los Kovalivker designaron como perito de parte a la licenciada Cecilia Vera, una especialista en informática. La defensa de Jonathan y Eduardo Kovalivker, de la Droguería Suizo Argentina designó una perito informática, solicitó ampliar los puntos de pericia sobre los audios atribuidos a Diego Spagnuolo en el caso ANDIS y pidió que la experta analice si el material pudo haber sido manipulado mediante herramientas de inteligencia artificial, clonación de voz o técnicas de edición digital avanzadas. En una presentación judicial, el abogado de la familia Kovalivker, Martín Magram, reclamó que la perito determine si los registros presentan “indicios de clonación de voz”, “modificación mediante inteligencia artificial”, “procesamiento mediante voice synthesis”, “deep voice manipulation” o “utilización de herramientas de postproducción automatizada”. El planteo busca que la pericia ordenada por el juez Ariel Lijo sobre los audios atribuidos a Spagnuolo en los que se describen hechos de corrupción en la ANDIS vaya más allá de la autenticidad básica de los archivos y avance sobre posibles intervenciones tecnológicas que podrían haber alterado el contenido difundido. “Dado que el material auditivo en cuestión haber sido: editado, segmentado, recompuesto, comprimido múltiples veces, retransmitido, o manipulado mediante herramientas digitales, resulta imprescindible que la fuerza pericial interviniente efectúe un análisis técnico completo bajo estándares internacionales de informática forense y acústica forense”, dice la presentación de los Kovalivker Además, la defensa pidió un análisis técnico destinado a establecer la existencia de múltiples generaciones digitales del material. En ese sentido, solicitó que se determine la “cantidad de recompresiones detectables”, el “tipo de codec utilizado”, la presencia de “alteraciones por exportación sucesiva” y posibles “incompatibilidades entre metadata y estructura digital”. Los Kovalivker designaron como perito de parte a la licenciada Cecilia Vera, una especialista en informática. Otro de los puntos incorporados apunta a reconstruir la historia de los archivos. Los abogados requirieron que se intente establecer la “secuencia temporal de edición”, identificar “puntos de corte”, eventuales “superposiciones de capas”, “inserciones no naturales” y posibles “pérdidas de continuidad lógica y acústica”. La presentación también reclama un análisis comparativo entre todas las versiones disponibles de los audios. Concretamente, pidió que se cotejen “los archivos obrantes en autos”, aquellos “difundidos en medios” y “cualquier otra versión circulante”, con el objetivo de detectar diferencias técnicas o modificaciones entre las distintas copias. Pedido de máxima preservación de la evidencia La defensa también hizo especial hincapié en la preservación de la prueba digital y solicitó medidas de resguardo para garantizar la integridad de los archivos. Entre otras cuestiones, requirió que “toda manipulación del material quede registrada”, que se documenten los accesos realizados por los especialistas y que se generen “hashes criptográficos” herramientas utilizadas para verificar que un archivo no haya sido alterado durante su análisis. Asimismo, pidió que se conserve una “bitácora completa de intervenciones” y que se evite “cualquier sobrescritura o alteración del soporte original”. Por último, reclamó que las tareas periciales se realicen únicamente sobre copias forenses verificadas y no sobre los archivos originales, una práctica habitual en investigaciones informáticas destinada a preservar la evidencia sin riesgo de modificación. Con esta propuesta de los puntos de pericia, los dueños de Droguería Suizo Argentina buscan que los expertos determinen no sólo si los audios son auténticos, sino también si pudieron haber sido editados, reconstruidos o modificados mediante herramientas digitales o inteligencia artificial. La droguería es nombrada en los audios, pero aún los Kovalivker, que fueron allanados al comienzo de la investigación, no fueron citados a indagatoria. En la causa está procesado Spagnuolo, entre otras personas. Ámbito
En un nuevo golpe al bolsillo, entraron en vigencia los aumentos previstos para Junio. En ese marco, la garrafa con carga de 10 kilos YPF que hasta este martes costaba $30.000 puesta en domicilio con servicio de repartidor, ahora tiene un valor de $32.000. Sin embargo los precios alcanzaron niveles récord en categoría tubos con carga de 45 kilos, que ahora cuesta $105.000; mientras el tubo con carga de 30 kilos se comercializa a $63.400. Las garrafas de 10 kilos como también de diferentes presentaciones, volvieron a subir en un contexto marcado por constantes aumentos de precios en productos y servicios de primera necesidad para la canasta básica de las familias. Además, se esperan fuertes aumentos para los próximos meses de invierno debido al faltante del producto por la guerra en Medio Oriente. De todos modos, hay alternativas más económicas en garrafas sin marca definida. Asimismo, también está disponible la opción de retirar en planta, donde la garrafa con carga de 10 kilos se comercializa a $25.000 según confirmaron a Periodismo365, fuentes de la empresa Ruvira Gas YPF, ubicada en Ruta Nacional Nº 16, kilómetro 181. Cabe remarcar que la última actualización se produjo el pasado 7 de marzo y la suba de este miércoles impacta directamente en los bolsillos de miles de familias y comercios gastronómicos, panaderías y otros rubros donde el gas es un insumo indispensable. Vale remarcar que la empresa Ruvira Gas YPF tiene disponible su catálogo de precios actualizado en diferentes plataformas para pedidos. Medios nacionales informan que el abastecimiento de GNL para la generación de energía eléctrica en este invierno entró en una zona de turbulencia por la guerra en Medio Oriente, dado que disparó el precio, lo cual impactará directamente en las tarifas que se pagarán durante los meses más fríos. El Gobierno nacional decidió que la importación de GNL, que antes realizaba ENARSA con fondos del Tesoro, ahora la realice una empresa privada a su costo y luego venda el fluido en el mercado interno. La estrategia fue diseñada antes de que se desatara el conflicto y con un escenario mucho más previsible que ahora se ha modificado. Sin embargo, por el momento el gobierno avanza con el mismo plan. Pese al desarrollo de Vaca Muerta, la infraestructura necesaria para el transporte no está terminada y, por ende, aún el país depende de la compra de cargamentos de GNL para sostener la demanda del invierno. Periodismo365
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas concluyó que los pagos observados por la oposición legislativa se ajustaron a los valores de mercado y descartó la existencia de perjuicio para el Estado. La actuación se originó a partir de una denuncia presentada por legisladores del Bloque Justicialista y del Frente Grande, quienes cuestionaron contrataciones realizadas entre octubre de 2024 y julio de 2025, señalando presuntas irregularidades vinculadas a sobrefacturación, direccionamiento de contrataciones y eventual perjuicio al erario público. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) de la Provincia del Chaco dispuso el cierre de la investigación iniciada contra el Directorio de Ecom Chaco S.A. mediante la Resolución N° 3107/26. El organismo concluyó que los pagos realizados por la empresa estatal en concepto de servicios notariales no fueron excesivos ni irrazonables, descartando la existencia de sobreprecios. Tras el análisis de documentación respaldatoria, comprobantes, actas de directorio, tablas arancelarias del Colegio de Escribanos de la Provincia del Chaco y una auditoría con intervención del Tribunal de Cuentas, la FIA desestimó las acusaciones formuladas. Conclusiones de la investigación En los fundamentos de la resolución, el fiscal general Gustavo Santiago Leguizamón sostuvo que los honorarios abonados a la profesional interviniente mantuvieron correspondencia con los valores de referencia establecidos por el Colegio de Escribanos. La auditoría determinó que los montos abonados superaron en aproximadamente un 11% el mínimo indicativo establecido por la entidad profesional, diferencia que fue considerada compatible con las prácticas habituales del mercado. A partir de estas conclusiones, la Fiscalía señaló expresamente que los importes analizados “no resultan excesivos ni irrazonables”, por lo que resolvió finalizar la investigación sin formular cargos, imputaciones ni remitir antecedentes a la Justicia Penal. El organismo también consideró que el incremento en la facturación observado durante el período investigado respondió a situaciones excepcionales de gestión, entre ellas la certificación notarial vinculada a la desvinculación formal de 86 trabajadores y la regularización de trámites institucionales ante la Inspección de Personas Jurídicas que permanecían pendientes desde 2018. Si bien la FIA validó la legalidad de las contrataciones y los montos abonados, efectuó recomendaciones orientadas a fortalecer los procedimientos internos de compras y contrataciones, sugiriendo la actualización de herramientas administrativas y mecanismos de control documental. Desde Ecom Chaco señalaron que esas mejoras forman parte de un proceso de modernización ya iniciado por la empresa. Avances en transparencia y digitalización Entre las acciones implementadas, la empresa destacó la utilización de la Subasta Electrónica Inversa, una herramienta digital que permite la competencia abierta entre proveedores mediante la reducción progresiva de precios en tiempo real. Según datos de la empresa, durante 2025 este sistema permitió generar ahorros superiores a los 300.000 dólares respecto de los valores de referencia iniciales de los procesos de compra realizados. Asimismo, Ecom Chaco informó que trabaja en la implementación de ECOMPRAS, un nuevo manual de adquisiciones y contrataciones que incorporará expedientes electrónicos trazables y mecanismos de publicación digital de los resultados de cada proceso comercial. Con el cierre de la actuación administrativa y la ausencia de observaciones sobre los montos investigados, la resolución de la FIA descartó la existencia de sobreprecios en las contrataciones que dieron origen a la denuncia.
Un joven de 22 años que cumplía tareas comunitarias por manejar borracho en la provincia de Buenos Aires volvió a estar en problemas cuando en un control se constató que de vuelta dio alcoholemia positiva. Durante el procedimiento dio una insólita justificación. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectó a un conductor que manejaba con 0,39g/l de alcohol en sangre durante un operativo de control realizado sobre la Ruta Nacional 8, a la altura del peaje Pilar. En la provincia de Buenos Aires rige la Ley de Alcohol Cero al volante, por lo que cualquier resultado positivo constituye una infracción. Conforme a la información aportada a la Agencia Noticias Argentinas, el joven reconoció que actualmente cumple tareas comunitarias por una alcoholemia positiva registrada el año pasado: “Tuve un quilombo que me hizo viral, imaginate”. Ante la consulta de los agentes sobre el resultado positivo, intentó justificar la situación argumentando que había consumido una ensalada con vinagre durante una reunión familiar y que también había tomado una copa de vino porque “me dio para probar el abuelo de ella”, en referencia a su novia. Aun así, los agentes a cargo del operativo, al ver la medición del alcoholímetro, le manifestaron de forma contundente que el resultado “no es por la ensalada. Esto es alcohol”. Vasos con alcohol dentro del vehículo y llamados desesperados Durante la fiscalización, el conductor llamó a sus padres para intentar resolver la situación: “¿Podés hablar con papá, por favor? Despertalo”, se lo escucha decir en una conversación registrada por las cámaras del operativo. Además, dentro del vehículo, donde viajaba acompañado por su novia, los agentes observaron vasos con bebidas alcohólicas, elementos que quedaron documentados como parte del procedimiento: “Yo no lo toqué, lo compré para ella”, se excusó. Como consecuencia de la infracción, se le retuvo la licencia de conducir. También deberá afrontar una multa de hasta $2.215.000 y enfrenta una nueva inhabilitación que puede extenderse entre 3 y 18 meses.
La Libertad Avanza y los bloques opositores acordaron hoy postergar hasta la próxima semana el pliego de la jueza Verónica Michelli, que ya tiene dictamen oficializado, y tratar mañana los dictámenes de 50 candidatos a la Justicia, sumado a proyectos de fondos buitres y de propiedad privada. Además hoy se presentará en mesa de entradas el dictamen firmado por opositores donde avalan a Michelli, que fue vetada por el presidente Javier Milei por ser la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas. Voceros señalaron que en la sesión de mañana deberá ingresar el pedido del Gobierno de retiro del pliego de Michelli y la próxima semana se pondrá a votación tanto esa solicitud que hoy no tiene los votos. Posteriormente el dictamen que podría reunir las mayorías necesarias. El debate sobre el temario se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria, donde el oficialismo y los bloques dialoguistas consensuar incluir los pliegos de 50 jueces y los proyectos de pago a dos fondos buitres y de propiedad privada. El encuentro se realizó un día después que se haya disparado una fuerte interna en el oficialismo, tras la decisión de la jefa de la LLA, Patricia Bullrich, de poner su renuncia a disposición a la jefatura del bloque, luego de haber criticado el veto del Gobierno al pliego de Michelli. Bullrich hoy intentó minimizar los alcances del conflicto interno del oficialismo al afirmar que “no hay riesgo de fractura y que “las divergencias son parte de la política”. Jueces La Comisión de Acuerdos elevó para tratar en la sesión unos 73 pliegos, pero mañana se tratarán solo unos cincuenta. En lista de espera también se encuentran los pliegos de Juan Galván Greenway y Alejandro Catania, que habían sido objetado por sus fallos que favorecieron al presidente de la AFA, Carlos “Chiqui” Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino, y de Juan Mejuto, cercano a Justicia Legítima.
La Sala 1 de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal dictó el sobreseimiento de Mariano Cúneo Libarona, exministro de Justicia de la Nación, en el marco de una causa iniciada a principios de 2025 tras una denuncia del fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani. El tribunal resolvió revocar de esta manera la resolución de primera instancia que había rechazado la excepción de falta de acción interpuesta por la defensa del exfuncionario. El fallo contó con los votos mayoritarios de los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, quienes determinaron la procedencia del planteo defensista al considerar que existía una “atipicidad manifiesta” en las conductas investigadas. La investigación penal penalizaba el presunto incumplimiento de deberes funcionales derivado del dictado de la Resolución 2024-377, mediante la cual la cartera de Justicia disponía la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en el ámbito jurisdiccional de Mar del Plata a partir de abril de 2025. La denuncia original argumentaba que dicha implementación se habría impulsado sin prever ni asignar los recursos económicos necesarios para garantizar su correcto funcionamiento. En su presentación ante la Cámara, la defensa técnica de C. L. sostuvo que el accionar cuestionado constituyó un acto de política criminal de competencia discrecional del Poder Ejecutivo y amparado por leyes vigentes, descartando la existencia de cualquier hipótesis delictiva. Al fundamentar su decisión de sobreseer al imputado, los magistrados Llorens y Bertuzzi argumentaron de forma contundente que el impulso normativo desarrollado por el exministro se basó en decretos del Poder Ejecutivo que estipulaban el calendario de puesta en marcha del nuevo código y en las propias obligaciones de su cargo. Según explicaron en el voto de la mayoría, resulta una contradicción jurídica insalvable reprochar penalmente la ejecución de una ley cuya estructura delictiva exige, justamente, que la norma no se cumpla. Asimismo, destacaron que el imputado obró en los límites de sus potestades respecto de un sistema de enjuiciamiento que lleva más de diez años de vigencia y que ha sido sostenido conceptualmente por las últimas cuatro administraciones nacionales. Por su parte, el tercer integrante de la Sala 1, el juez Leopoldo Bruglia, votó en disidencia parcial respecto del tratamiento inmediato del fondo de la apelación. El magistrado planteó que, atendiendo a las garantías del juez natural y dada la naturaleza de la denuncia —donde los efectos de la resolución ministerial se proyectaban concretamente en la jurisdicción marplatense—, correspondía examinar de manera preliminar la competencia territorial antes de emitir un veredicto penal. Por este motivo, propuso suspender transitoriamente el trámite y encomendar al juzgado de primera instancia que se pronuncie formalmente sobre la jurisdicción idónea para tratar el caso. Finalmente, de conformidad con las mayorías alcanzadas en el acuerdo general, el tribunal de alzada resolvió formalmente hacer lugar a la excepción por falta de acción por atipicidad manifiesta y dictar el sobreseimiento definitivo del exministro en los términos que prevé el Código Procesal Penal de la Nación. El fallo concluyó además con la expresa aclaración de que la tramitación de esta causa penal no afecta en modo alguno el buen nombre y honor del que goza el exfuncionario nacional implicado.
En el marco de un nuevo aniversario del movimiento Ni Una Menos, la diputada provincial Pía Cavana expresó su preocupación por la persistencia de los femicidios en la Argentina y reclamó fortalecer las herramientas de prevención, búsqueda y protección de mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia. La legisladora recordó que, a once años de la primera movilización masiva contra la violencia machista, los indicadores continúan mostrando cifras alarmantes. Según señaló, en lo que va de 2026 se registraron 105 femicidios en el país, mientras que más de 70 niñas y niños quedaron sin su madre. Además, advirtió que el Chaco figura entre las provincias con mayores niveles de incidencia de estos delitos. “Tenemos inteligencia artificial para casi todo, pero seguimos sin inteligencia política y judicial para evitar femicidios”, afirmó Cavana al analizar la situación actual. La diputada sostuvo que uno de los principales desafíos sigue siendo la capacidad de respuesta estatal frente a situaciones de riesgo ya detectadas. En ese sentido, señaló que las denuncias, antecedentes y señales de violencia suelen estar presentes antes de los crímenes, pero muchas veces no se logra intervenir de manera eficaz para prevenirlos. Como ejemplo, mencionó el caso de Agostina, la adolescente de 14 años asesinada recientemente en Córdoba, y consideró que el hecho volvió a poner en discusión la necesidad de fortalecer los mecanismos de búsqueda urgente ante la desaparición de niñas y adolescentes, entre ellos la Alerta Sofía. Asimismo, cuestionó que parte del debate público se concentre en la problemática de las falsas denuncias. Según indicó, distintos relevamientos judiciales muestran que este tipo de situaciones representan una proporción mínima de los casos analizados. Para Cavana, centrar la discusión en ese aspecto puede desviar la atención de las falencias existentes en los sistemas de prevención y protección de las víctimas de violencia de género. La legisladora también manifestó preocupación por la reducción de programas y dispositivos estatales destinados al abordaje de las violencias por razones de género. A su entender, el debilitamiento de equipos especializados y espacios de acompañamiento incrementa la vulnerabilidad de muchas mujeres que atraviesan situaciones de riesgo. En esa línea, planteó que la violencia de género no debe analizarse únicamente a partir de los femicidios consumados, sino también desde las condiciones estructurales que afectan la autonomía de las mujeres. Entre ellas mencionó la dependencia económica, la precarización laboral, la sobrecarga de tareas de cuidado y el incumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte de progenitores. “Hay miles de mujeres que sostienen solas a sus hijos porque los padres no cumplen con una obligación básica. También ahí hay una desigualdad estructural que condiciona proyectos de vida, limita la autonomía y dificulta salir de situaciones de violencia”, sostuvo. Finalmente, Cavana convocó a participar de las actividades y movilizaciones previstas para este 3 de junio y aseguró que los reclamos que dieron origen al movimiento Ni Una Menos continúan vigentes. Para la diputada, el desafío central sigue siendo construir mecanismos que permitan actuar antes de que la violencia llegue a sus consecuencias más extremas. “Una sociedad no retrocede únicamente cuando recorta políticas públicas; también retrocede cuando deja de reconocer las violencias que siguen atravesando la vida de miles de mujeres. Por eso seguimos marchando”, concluyó.
La vicepresidenta Victoria Villarruel recibió ayer a Verónica Michelli, la candidata a ocupar un cargo como jueza en un tribunal de La Plata. El pliego de Michelli, que ya pasó la Comisión de Acuerdos del Senado, está en discusión porque la Casa Rosada, a pedido del presidente Javier Milei, decidió retirarlo. Su razón radica en que Michelli es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, del diario La Nación, y que investiga el caso Libra, que involucra a Milei y a su hermana, Karina Milei. Esta acción de los Milei provocó que la jefa de bloque LLA en el Senado, Patricia Bullrich, saliera a desmarcarse de la decisión del Poder Ejecutivo. Villarruel se montó en esta polémica y le abrió las puertas de su despacho del primer piso de la Cámara alta a Michelli para mostrarle su apoyo.
La Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña informó que este miércoles 3 de junio recibió el segundo desembolso correspondiente al acuerdo celebrado con la Bolsa de Comercio del Chaco, por un monto de $60.858.824. Los recursos serán colocados en plazo fijo para continuar recomponiendo el fondo de emergencia. Cabe recordar que dicho acuerdo establece un plan de cobro y regularización de la totalidad del capital perteneciente al Municipio, más una tasa de interés equivalente a la de un plazo fijo del Banco Nación. Este nuevo pago da continuidad al esquema previsto y permite avanzar en la recuperación íntegra de los recursos municipales, incluyendo los intereses acordados. Asimismo, tal como se realizó con el primer desembolso, se elevará al Concejo Deliberante el informe correspondiente a esta nueva transferencia recibida, a fin de mantener el debido control y seguimiento institucional del acuerdo.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) concluye que la fórmula de actualización jubilatoria impuesta por el gobierno de Javier Milei mediante decreto resultó inferior a la ley que derogó, y que en junio de 2026 la jubilación mínima se ubica más de $87.000 por debajo de lo que hubiera correspondido con la normativa anterior. En abril de 2024, el gobierno de Javier Milei firmó el DNU 274/2024 y reemplazó la fórmula de movilidad jubilatoria establecida por la Ley 27.609, vigente desde 2021, por un mecanismo de actualización mensual atado al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) mide con precisión las consecuencias de esa decisión y concluye que, a esta altura del proceso, la fórmula anterior habría resultado superadora para los haberes jubilatorios, y que fue eliminada —deliberadamente, sostiene el informe— antes de que se produjeran las mejoras que la temporalidad de su aplicación hubiera generado. La comparación entre ambas fórmulas arroja datos concretos. En septiembre de 2024, diciembre de 2024, marzo de 2025, junio de 2025 y septiembre de 2025, los aumentos que hubiera dispuesto la fórmula de la Ley 27.609 habrían sido superiores a los efectivamente otorgados por el decreto de Milei. Recién en diciembre de 2025, marzo y junio de 2026 la fórmula vigente superó a la anterior. El resultado acumulado de esa trayectoria es elocuente: en junio de 2026, con el aumento del 2,6% correspondiente al IPC de abril, la jubilación mínima sin bono se ubica en $403.327. De haber continuado la ley derogada, se ubicaría en $490.621, es decir, un 21,6% por encima. Lo llamativo es que esa conclusión no proviene únicamente del CEPA. El propio Fondo Monetario Internacional, en su última revisión del acuerdo con la Argentina, reconoció abiertamente que los cambios en la fórmula de indexación “moderaron el gasto” en jubilaciones y pensiones. El texto del organismo es explícito: “si bien los recientes cambios en la fórmula de indexación de las pensiones han moderado el gasto —haciéndolo también más predecible—, se espera que las presiones demográficas y las debilidades estructurales amplíen las brechas de financiación a medio plazo si no se modifican las políticas”. En otras palabras, el propio FMI confirma que el objetivo de la medida fue el ajuste fiscal, y advierte que el problema estructural del sistema previsional sigue sin resolverse. El deterioro del ingreso jubilatorio no se explica solo por la fórmula de actualización de los haberes. Desde marzo de 2024, el bono compensatorio que percibe el 70% de los jubilados —aquellos con los haberes más bajos— quedó congelado en $70.000. Mientras los haberes se incrementaron un 200% entre marzo de 2024 y junio de 2026, la jubilación mínima con bono incluido apenas creció un 132%. El informe del CEPA calcula que, de haber sido actualizado en la misma proporción que los haberes, ese bono debería ascender en junio de 2026 a $209.994, exactamente el triple de lo que efectivamente se paga. El resultado combinado de ambas variables —la fórmula de actualización y el congelamiento del bono— se traduce en una pérdida concreta de poder adquisitivo. En el trimestre marzo-mayo de 2026, el poder de compra de las jubilaciones sin bono se ubica 2,5% por debajo del nivel del último trimestre del gobierno anterior, y el de las jubilaciones con bono cae 18,9% respecto de ese mismo punto de comparación. El informe aclara que la comparación trimestral es la metodológicamente correcta, dada la dinámica de actualización que tenía la fórmula derogada. El gobierno tuvo además la oportunidad de revertir parcialmente ese cuadro a través de la vía legislativa, pero optó por no hacerlo. En dos ocasiones el Congreso aprobó leyes que buscaban compensar el deterioro. La primera, sancionada como Ley 27.756, incluía una recomposición por única vez del 7,2% para todos los haberes, un haber mínimo equivalente al 109% de la Canasta Básica Total de un adulto y una cláusula gatillo anual vinculada a la recuperación real de los salarios. Milei la vetó. La segunda, aprobada en julio de 2025, contemplaba un aumento excepcional del 7,2% para completar la inflación de enero de 2024, la actualización del bono previsional a $110.000 con ajuste posterior por IPC, la prórroga por dos años de la moratoria previsional y la mejora de la Prestación Universal para Adultos Mayores (PUAM), permitiendo el acceso a partir de los 60 años para mujeres y su compatibilidad con empleo registrado y pensión por viudez. Milei la vetó también. A esa sucesión de vetos se suma otro dato de impacto estructural: en marzo de 2025 venció la moratoria previsional y el Poder Ejecutivo no la prorrogó, tal como había anticipado. Las consecuencias son de largo alcance: según el informe, nueve de cada diez mujeres y ocho de cada diez varones en edad de jubilarse que no cuenten con los años de aportes requeridos deberán conformarse con la PUAM, una prestación equivalente al 80% de la jubilación mínima que, además, no es pensionable. El CEPA sintetiza el cuadro con una conclusión de fondo: al atar las jubilaciones al IPC, el sistema garantiza que los haberes no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación futura, pero impide cualquier recuperación real. El terreno perdido durante el primer trimestre de 2024 —cuando la fórmula del decreto compensó parcialmente el golpe inflacionario— no volverá a recuperarse bajo las reglas actuales. La derogación de la Ley 27.609, concluye el informe, no fue una decisión técnica neutral: fue una elección política que trasladó el costo del ajuste fiscal a los sectores más vulnerables del sistema previsional.
Así lo expresó la senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza al ingresar esta mañana a la Cámara alta. “Las divergencias son parte de la vida política”, afirmó. La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, afirmó que “de ninguna manera” hay una fractura entre ella y el Poder Ejecutivo, y minimizó sus diferencias con el presidente Javier Milei al señalar que “las divergencias son parte de la vida política”. Bullrich se refirió de ese modo a su decisión de ejercer “la objeción de conciencia” para rechazar el pedido del Gobierno de retirar el pliego -enviado por el propio Poder Ejecutivo- que propone como jueza a María Verónica Michelli, cuya designación ya fue aprobada por la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta. “De ninguna manera hay una fractura, el bloque está consolidado en sus ideas, tiene un trabajo de unidad muy claro y por eso hemos votado todos los proyectos que el Poder Ejecutivo ha enviado”, manifestó Bullrich en diálogo con el periodismo al ingresar al Senado. La legisladora, según pudo conocer la Agencia Noticias Agentinas, explicó que “el Gobierno necesita proyectos y nosotros los vamos a seguir trabajando uno por uno”, y anticipó que “este jueves vamos a tener una sesión muy importante, porque no vamos a parar nuestra labor ni por el mundial, vamos a seguir trabajando”. Respecto de la actitud del Poder Ejecutivo, de remitir al Senado el pliego de Michelli y después pedir su retiro, negó que haya existido “impericia política” y expresó que “hacía años que un Presidente enviaba pliegos (de jueces) y luego otro Presidente los sacaba”. Indicó que el Gobierno de Milei hace algo diferente “y ha decidido hacer una revolución en la Justicia”, lo cual puede “haber traído algún problema, pero lo importante también es mirar todo el panorama”. “Este es el primer Gobierno que toma la decisión de no dejar a la Justicia como está ahora, con subrogantes, con problemas, con jueces que tienen que viajar 1.000 kilómetros de un lugar a otro”, subrayó. Explicó que debido a la gran cantidad de pliegos enviados al Congreso “en la masividad puede haber habido algún problema”, pero aclaro: “Yo lo dije con claridad y punto, el Presidente lo sabe”. “Ha salido una comunicación interna de la misma Libertad Avanza que para mí es muy importante, diciendo que en el marco de los acuerdos importantes que tiene nuestro proyecto, las divergencias son parte de la vida política”, sostuvo Bullrich. Fuente: NA
En el programa “Las provincias también existen”, el profesional expuso una visión estratégica sobre las obras de infraestructura necesarias para el desarrollo del Norte Grande Argentino y la integración logística y energética de América del Sur. Durante la entrevista se abordó el proyecto del puente Goya-Reconquista, iniciativa que cuenta con antecedentes y estudios ejecutivos desde hace años y que actualmente busca financiamiento e inversiones internacionales. En ese marco, se destacó la participación del intendente de Reconquista, Dr. Vallejos, en el Foro BRICS 2026 realizado en Xiamen, China, donde presentó el proyecto interprovincial de conexión vial entre Corrientes y Santa Fe, valuado en 800 millones de dólares, ante organismos de factibilidad chinos para su análisis técnico y financiero. José Sesma sostuvo que las obras de infraestructura preceden al desarrollo y remarcó que los puentes interprovinciales e internacionales deben proyectarse con carácter bimodal, incorporando tanto el componente vial como ferroviario. Explicó que la combinación de ambos sistemas permitiría reducir costos logísticos, optimizar el transporte de cargas y acelerar la amortización de las obras mediante el cobro de peajes y el transporte ferroviario de camiones. También desarrolló el concepto del sistema de “Camiones sobre trenes”, mediante el empleo de vagones espina de baja altura que permiten transportar semirremolques o incluso camiones completos. Según explicó, este modelo reduce significativamente el desgaste de rutas, disminuye el roce entre neumáticos y pavimento, baja los niveles de contaminación ambiental y mejora las condiciones laborales de los choferes, quienes podrían descansar en coches dormitorio durante los trayectos ferroviarios. En relación con el sistema ferroviario, presentó propuestas para la modernización y estandarización de las líneas de carga General Urquiza y Belgrano, mediante la unificación tecnológica de trochas, la incorporación de durmientes de polímeros reciclables con una vida útil estimada de 50 años y la ampliación de laderos dinámicos de 750 a 1.500 metros, lo que permitiría incrementar notablemente la capacidad operativa de los convoyes ferroviarios. Asimismo, explicó la necesidad de modernizar las locomotoras mediante kits de conversión de tecnología norteamericana que permitirían reemplazar motores antiguos por sistemas impulsados a Gas Natural, ya sea GNC o GNL. Señaló que esta reconversión energética posibilitaría reducir hasta un 60 % los costos operativos del transporte ferroviario, aprovechando la abundancia de Gas Natural existente en la Argentina y disminuyendo la dependencia del gasoil importado. Otro de los temas desarrollados fue la optimización logística del transporte de granos y cargas generales. Sesma cuestionó el sistema actual de vagones tolva cerealeros que retornan vacíos y propuso la utilización de Contenedores Tolva Modernos, capaces de transportar cereales y luego reutilizarse para cargas generales, eliminando así el denominado “falso flete” y mejorando la eficiencia integral del sistema ferroviario. La entrevista también abordó la problemática del transporte fluvial y el aprovechamiento de la Hidrovía Paraná–Tieté y la hidrovía Paraguay-Paraná. En ese contexto, Sesma vinculó el desarrollo regional con los proyectos energéticos estratégicos previstos en los tratados binacionales. Mencionó el interés del gobierno paraguayo y de potenciales inversiones taiwanesas vinculadas al desarrollo de proyectos de inteligencia artificial y grandes demandas energéticas, lo que revaloriza proyectos hidroeléctricos como Corpus e Itacuá. Especial énfasis puso en el Embalse Compensador Itá Corá–Itatí, contemplado en el Tratado de Yacyretá y en las leyes argentina Nº 20.646 y paraguaya Nº 433. Explicó que este proyecto permitiría no solo generar aproximadamente 16.000 MW mediante 32 turbinas tipo bulbo horizontales, sino también mejorar sustancialmente la navegabilidad del río Paraná aguas abajo de Yacyretá, eliminando problemas de estiaje y posibilitando el funcionamiento permanente del puerto de Ituzaingó durante los 365 días del año. Finalmente, Sesma presentó avances de su propuesta del Corredor Bioceánico en el Trópico de Capricornio, concebido como un corredor bimodal ferroviario y vial destinado a integrar el Norte Grande Argentino con el sur de Brasil, Paraguay, Chile y Perú, conectando el Atlántico con los puertos del Pacífico. Según explicó, se trata de un proyecto técnicamente viable, capaz de amortizarse en plazos razonables gracias a una infraestructura moderna, multimodal y energéticamente eficiente. La entrevista concluyó con una reflexión sobre la necesidad de impulsar propuestas concretas y realizables que permitan transformar al Norte Grande en un nuevo eje estratégico de desarrollo, integración y crecimiento para la Argentina y Sudamérica.
La medida alcanza a explotaciones rurales y producciones hortícolas afectadas por excesos de precipitaciones y desbordes de ríos, arroyos y cursos de agua. Los productores podrán acceder a los beneficios previstos en la legislación vigente para situaciones de emergencia y desastre agropecuario. El Ministerio de Economía oficializó este miércoles la declaración de emergencia y/o desastre agropecuario para distintas zonas de la provincia de Santa Fe afectadas por intensas lluvias, excesos hídricos y desbordes de cursos de agua. La medida fue dispuesta mediante la Resolución 819/2026, publicada en el Boletín Oficial, y tendrá vigencia desde el 1° de abril hasta el 30 de septiembre de este año. La decisión alcanza a todas las explotaciones agropecuarias ubicadas en localidades de los departamentos Vera, 9 de Julio y General Obligado que sufrieron daños como consecuencia de los eventos climáticos registrados en los últimos meses. Según la resolución, la declaración comprende a los distritos de Fortín Olmos, Garabato, Los Amores, Golondrina, Intiyaco, Cañada Ombú y Los Tábanos, en el departamento Vera; Gato Colorado, Villa Minetti, San Bernardo, Pozo Borrado, Tostado, Gregoria Pérez de Denis, Santa Margarita y Logroño, en el departamento 9 de Julio; y Villa Guillermina, en General Obligado. La medida también incorpora a la actividad hortícola desarrollada en el cinturón productivo de la ciudad de Santa Fe. En ese caso, la declaración de emergencia alcanza a los distritos Recreo, Monte Vera y Santa Fe, dentro del departamento La Capital, con excepción del subdistrito San José del Rincón, que quedó excluido de la resolución. La decisión fue adoptada luego de la recomendación de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, que analizó la situación presentada por el gobierno santafesino y avaló la aplicación de los beneficios contemplados en la Ley 26.509 de Emergencia Agropecuaria. Además, la resolución fijó el 30 de septiembre de 2026 como fecha de finalización del ciclo productivo para las explotaciones alcanzadas por la medida. A partir de esa declaración, los productores afectados podrán acceder a los mecanismos de asistencia previstos por la normativa nacional, siempre que acrediten su situación mediante los certificados emitidos por la autoridad provincial competente. El texto también establece que las entidades bancarias nacionales y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberán instrumentar los mecanismos necesarios para que los productores comprendidos en la emergencia puedan acceder a los beneficios contemplados por la ley. Por otra parte, se instruyó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca para que suscriba los convenios y actos administrativos necesarios para implementar la medida en el ámbito de sus competencias. La resolución lleva la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, y entró en vigencia este miércoles con su publicación en el Boletín Oficial. Ámbito
El informe de la Consultora Politikón demuestra que los desempeños de los Recursos Municipales por esquema de coparticipación en la provincia del Chaco – en el 1° trimestre de 2026 – tuvieron montos brutos asignados de un total de $121.413 millones en moneda corriente, incluyendo las asignaciones del Fondo de Participación Municipal como también de los Fondos complementarios. En el período enero–marzo de 2026, en términos acumulados, estos recursos presentaron una disminución del -14,9% real contra igual período del 2025, con mermas en todos los meses transcurridos del trimestre (enero -11,9%; febrero -18,0%; y marzo -15,2%). Como se indicó, los montos detallados previamente corresponden a la asignación bruta por esquema de coparticipación, pero sobre esos se practican retenciones vinculadas principalmente a obligaciones con el INSSSEP (que explicaron el 94% de las retenciones) y otros conceptos menores (como deuda, adelantos, etc. que explicaron el 6%). Durante el período analizado, las retenciones fueron por un total de $ 28.663 millones y representaron el 23,6% de la masa bruta a distribuir; respecto al primer trimestre 2025, las retenciones sobre la coparticipación municipal crecieron 4,6% en términos reales, que contrasta con la caída del 14,9% de la masa bruta, produciendo una reducción más profunda en los montos netos percibidos como se verá más adelante. Si se lo mira mes a mes, el principal diferencial se dio en marzo, donde las retenciones crecieron al 23,2% real interanual, mientras que en enero también habían crecido pero a menor ritmo (+2,4%) y en febrero habían tenido bajas (-7,4%). Descontadas las retenciones, el monto efectivamente acreditado a los municipios en el período de enero a marzo 2026 fue de $ 92.750 millones, cifra que implica una caída del 19,5% interanuales al medirlo en términos reales. Esta caída termina siendo más grande que la merma observada para la distribución bruta debido al incremento de las retenciones. Si se observa la evolución mes a mes, en todos los analizados para este período los montos netos mostraron bajas: en enero fue de -14,3%; en febrero de -21,2% y en marzo de -25,0%. Como se mencionó, el total de fondos brutos que compusieron la Coparticipación Municipal, en el período acumulado, totalizó $ 121.413 millones, cayendo 14,9% contra igual período del 2025 en términos reales. Dentro de estos, el 94% correspondió al Fondo de Participación Municipal (por $ 114.044 millones y -14,8% real interanual) que reciben la totalidad de los municipios chaqueños, mientras que el 6% restante corresponde a los Fondos Solidario y Compensador (por $ 7.369 millones y -16,5% real interanual) que reciben quince municipios. Por su parte, las Retenciones totalizaron $ 28.663 millones en el acumulado a marzo 2026, presentando una variación real del +4,6% respecto a igual período 2025. Las aplicadas para INSSSEP explicaron el 94% del total (por $ 26.972 millones y creciendo 5,4% real interanual); y el resto de las retenciones concentró el 6% restante (por $ 1.691 millones con una baja del 7,2% real interanual). De este modo, los Montos netos acreditados a los municipios del Chaco durante el primer trimestre 2026 fueron por $ 92.750 millones, presentando una merma del 19,5% real contra igual período 2024. Si medimos esta caída a precios de marzo 2026, equivalen a una pérdida de recursos por parte de los municipios de $ 23.324 millones en el período. ¿Cómo están estos envíos respecto a años previos? Si se comparan los datos del primer trimestre 2026 respecto a igual período de 2024, el Fondo de Participación Municipal bruto sufre una merma del 3,7% real mientras que los Fondos Complementarios caen 5,5%; esto produce que el total de los fondos brutos a distribuir presenten una baja del 3,8%. Por su lado, las retenciones aplicadas a INSSSEP de 2026 vs. 2024 crecen 59,1% y los otros descuentos lo hacen en +28,1%; de ese modo, el total de las retenciones aplicadas muestran una suba del 56,8%. De este modo, el total de transferencias netas de descuentos a municipios exhiben una merma de 14,0% en el primer trimestre 2026 respecto a igual período de 2024. A su vez, si se comparan los datos del primer trimestre 2026 respecto a igual período de 2023, el Fondo de Participación Municipal bruto cae 8,3% real y los Fondos Complementarios -8,5%, generando que el total de la masa bruta a distribuir descienda 8,4% real. Entre las retenciones, las aplicadas a INSSSEP crecen 11,6% aunque los otros descuentos disminuyen 57,6%; así, el total de las retenciones aplicadas muestran una suba del 1,8%. De este modo, el total de transferencias netas de descuentos a municipios exhiben una merma de 11,1% en el primer trimestre 2026 respecto a igual período de 2024. En términos de participación, los cinco municipios que captaron el mayor volumen de fondos en la distribución neta de retenciones fueron Resistencia (27,9% del total), Sáenz Peña (9,1%), Barranqueras (4,2%), Villa Ángela (3,6%) y Juan José Castelli (3,4%). Sin embargo, entre ellas hay diferencias respecto a su asignación bruta y el neto percibido: en los casos de Resistencia y Barranqueras, debido a un mayor peso de las retenciones, reciben menos que su asignación bruta (-0,7 puntos y -0,2 respectivamente); en cambio, Sáenz Peña ganan participación neta (+0,9 puntos); en los casos de Villa Ángela y Juan José Castelli, no hay diferencias de participación entre su asignación neta y bruta. ¿Como fue la variación de recursos por municipio? En primer lugar, los Montos Brutos mostraron caídas en los 70 municipios pero a dos velocidades: un conjunto de 67 municipios mostró una baja del 14,8%, pero otros 3 registraron bajas superiores: Machagai (-15,4%), Juan José Castelli (-16,0%) y Fontana (-16,5%). La razón detrás de esto está en la evolución de los fondos brutos por Fondo Solidario y Fondo Compensador: si bien no fueron los únicos municipios que captaron estos fondos, si mostraron un grado de retraso algo mayor en su asignación, provocando que el saldo global caiga con más fuerza. A su vez, al observar la evolución relativa de las Retenciones, el escenario es altamente heterogéneo. Por un lado, en 46 municipios
El intendente cuestionó que el Gobierno provincial haya anunciado el reinicio de la obra en la avenida Las Piedras sin convocar al municipio. También aseguró que la ciudad es discriminada en la distribución de recursos y reclamó falta de respuestas ante problemas hídricos y de infraestructura. El intendente de Barranqueras, Roberto Benítez, lanzó duras críticas contra la gestión del gobernador Leandro Zdero y denunció que el municipio sufre un constante “ninguneo” institucional por parte del Gobierno provincial. Sus declaraciones se produjeron luego del anuncio del reinicio de una obra vial en la ciudad, acto del que aseguró que la Municipalidad fue excluida. En una entrevista con CIUDAD TV, Benítez sostuvo que se trata de la obra en la avenida Las Piedras que comenzó a gestarse en 2022, cuya primera etapa se ejecutó durante 2023 y que quedó paralizada tras el cambio de gestión provincial. “Hoy vienen a anunciar nuevamente el reinicio de la obra, pero no nos invitaron ni nos hicieron participar. Es como que te invaden tu territorio”, afirmó. El jefe comunal aclaró que celebra la reactivación de cualquier proyecto de infraestructura para la ciudad, pero cuestionó las formas adoptadas por el Ejecutivo provincial. “Toda obra es importante para nuestros vecinos y ojalá se terminen todas las que están paralizadas. Lo que molesta es la falta de respeto institucional y la ausencia de coordinación”, señaló. Benítez fue más allá y aseguró que existe una contradicción entre el discurso oficial y las acciones concretas. “Hablan de coordinación, de solidaridad y de trabajo conjunto, pero después no responden a ninguno de los planteos que hacemos desde el municipio”, remarcó. “Nos sentimos discriminados” Consultado sobre la relación con la Provincia, el intendente afirmó que Barranqueras es objeto de un trato desigual. “Nos sentimos discriminados totalmente”, sostuvo. Como ejemplo, mencionó la crisis hídrica que atravesó la ciudad meses atrás y aseguró que no recibió asistencia provincial. También señaló que presentaron proyectos vinculados a obras de drenaje, ampliación de sistemas de bombeo y canalización sin obtener respuestas. “Barranqueras y Vilelas son el embudo de salida del agua de toda el área metropolitana. Presentamos proyectos y jamás nos contestaron”, afirmó. Además, cuestionó el destino de los recursos asignados a organismos provinciales para atender emergencias hídricas. “Se destinaron 1.500 millones de pesos al APA y nosotros no vimos respuestas en obras concretas”, expresó. Cruces por la situación de la ciudad El jefe comunal también respondió a las críticas de dirigentes provinciales y referentes opositores que participaron del acto de anuncio de la obra. “Hablan de una Barranqueras quebrada, sucia y sin gestión, pero faltan totalmente a la verdad”, afirmó. En ese sentido, defendió la administración municipal y destacó que el municipio mantiene al día el pago de salarios y aguinaldos pese a la caída de la coparticipación y la reducción de recursos. Asimismo, reconoció que la problemática de los residuos continúa siendo uno de los principales desafíos de la ciudad, aunque sostuvo que se trata de una situación que afecta a toda el área metropolitana y no exclusivamente a Barranqueras. Reclamo por la situación económica Durante la entrevista, Benítez también se refirió al contexto económico y aseguró que los municipios atraviesan una situación cada vez más compleja debido a la caída de ingresos y al deterioro de la capacidad contributiva de los vecinos. “La coparticipación baja y la gente cada vez tiene menos posibilidades de pagar tributos. Es una realidad que vivimos día a día”, explicó. Finalmente, atribuyó parte de las dificultades financieras a las políticas económicas nacionales y cuestionó la adhesión de la gestión provincial a ese esquema. “Estamos atravesando una crisis muy profunda y los municipios la sentimos todos los días”, concluyó.